jueves, 30 de junio de 2016

América Latina: en la lucha ambiental se defienden los derechos humanos

En 16 países, 185 ambientalistas fueron asesinados en 2015, reporta Global Witness. América Latina es la región más peligrosa, pues ahí ocurrió el 60 por ciento de los crímenes. Aumentan los conflictos entre pobladores e industrias minera, madera y la agroindustrial


Tharanga Yakupitiyage/IPS


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Nueva York, Estados Unidos. El asesinato de 185 personas defendiendo el ambiente en 16 países en 2015 convirtieron a ese año en el peor de la historia por el número de ambientalistas que perdieron la vida en el mundo, concluye el más reciente informe de Global Witness.


Los asesinatos del año pasado, registrados en el informe En terreno peligroso, representan 59 por ciento más que los de 2014.


 “El ambiente se convierte en el nuevo escenario donde se defienden los derechos humanos”, dijo a IPS el responsable de campaña para defensores de la tierra y el ambiente de Global Witness, Billy Kyte.


 “A muchos activistas los tratan como si fueran enemigos del Estado, cuando deberían tratarlos como a héroes”, opinó.


El aumento de ataques obedece, en parte, al incremento de la demanda de recursos naturales, la que aviva los conflictos entre pobladores de zonas ricas y alejadas e industrias como la minería y la de madera, así como la agroindustria.


Una de las regiones más peligrosas para los ambientalistas es América Latina, donde ocurrió el 60 por ciento de los asesinatos en 2015. En Brasil, concretamente, perdieron la vida 50 defensores del ambiente, el mayor número de víctimas registradas ese año en el mundo.


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La mayoría de los asesinatos en el gigante suramericano ocurrieron en los estados de la Amazonia, de gran diversidad biológica y donde la intrusión de las haciendas, las plantaciones agrícolas y la tala ilegal propiciaron el aumento de la violencia.

El informe señala que bandas criminales “aterrorizan” a las comunidades locales a instancias de las “compañías madereras y de los funcionarios corruptos”.


El último asesinato fue el de Antônio Isídio Pereira da Silva. El líder de una pequeña comunidad agrícola del estado amazónico de Maranhão había sufrido varios intentos de asesinato y recibido amenazas de muerte por defender su tierra de la tala ilegal y de otros acaparadores. A pesar de las denuncias, nunca recibió protección y la policía no investigó su muerte.


Las comunidades indígenas, que dependen de la selva para vivir, soportan la mayor parte de la violencia. Casi 40 por ciento de los ambientalistas asesinados pertenecían a algún pueblo original.


Eusebio Ka’apor, integrante del pueblo Ka’apor en Maranhão, fue asesinado de un disparo por dos hombres armados y encapuchados que se desplazaban en una motocicleta. Las razones de su muerte: patrullar e impedir la tala ilegal en sus tierras ancestrales.


Un líder de ese pueblo señaló a la organización de derechos humanos indígenas Survival International, que los madereros les habían dicho que era mejor entregar la madera que dejar que “muriera más gente”.


 “No sabemos qué hacer porque no tenemos protección. El Estado no hace nada”, se lamentó el líder Ka’apor.


Miles de campamentos para la tala ilegal se montaron en la Amazonia para extraer madera valiosa, como caoba, ébano y teca. Se estima que 80 por ciento de la madera de Brasil es ilegal y representa 25 por ciento de la que circula de forma ilegal en los mercados del mundo, la mayoría de la cual se vende en Estados Unidos, Gran Bretaña y China.


 “Los asesinatos que quedan impunes en las aldeas mineras de difícil acceso o en la selva profunda aumentan al influjo de las opciones que eligen los consumidores en la otra punta del mundo”, puntualizó Kyte.


También denunció una “creciente connivencia” entre los intereses corporativos y estatales y un alto nivel de corrupción como responsables de los ataques contra los defensores del ambiente.


Un reflejo de ello es el actual caso de corrupción que involucra al megaproyecto de la hidroeléctrica en la localidad brasileña de Belo Monte, que siguió adelante a pesar de los reparos por sus consecuencias sobre el ambiente y las comunidades locales que, además, se usó para generar 40 millones de dólares para los partidos políticos.


Aun frente a la posibilidad de un escándalo público, apuntó Kyte, la legislación ambiental siguió debilitándose en Brasil.


El nuevo gobierno interino, encabezado por el exvicepresidente Michel Temer, propuso una enmienda que reduciría el proceso de otorgamiento de licencias ambientales para infraestructura y el desarrollo de megaproyectos con el fin de recuperar la atribulada economía brasileña.


En la actualidad, Brasil tiene un proceso que consta de tres etapas y en cada una de ellas se puede interrumpir un proyecto por motivos ambientales.


Conocida como PEC 65, la enmienda propone que las compañías sólo envíen una declaración de impacto ambiental preliminar. Una vez cumplida esa etapa, los proyectos no podrán ser demorados ni cancelados por motivos ambientales.


El debilitamiento de importantes instituciones de derechos humanos también supone una amenaza para el ambiente y sus defensores.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraviesa un grave déficit financiero que podría derivar en la pérdida de 40 por ciento de su personal para fines de julio, con serias consecuencias para la continuación de su labor. De hecho, ya suspendió las visitas a los países y podría verse obligada a interrumpir sus investigaciones.


Muchos países de América Latina dejaron de contribuir a la CIDH por discrepancias con sus investigaciones y sus conclusiones.


En 2011, la Comisión solicitó a Brasil “la inmediata suspensión de la licencia” al proyecto de Belo Monte a fin de consultar y proteger a grupos indígenas.


La respuesta del gobierno brasileño fue romper sus vínculos con la CIDH retirando su aporte económico y llamando a su embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de la cual funciona la Comisión.


 “Cuando la CIDH anuncia que tiene que recortar 40 por ciento de su personal y cuando los Estados ya se retiraron de la Corte Interamericana, ¿realmente tenemos una comunidad internacional?”, preguntó en mayo el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en el Consejo de Derechos Humanos.


 “¿Existe cuando se tira de los hilos que la forman y el tejido, nuestro mundo, se deshace? ¿O sólo son comunidades fragmentadas con intereses encontrados, estratégicos y comerciales, operando tras bambalinas con fingida adhesión a las leyes y las instituciones?”, insistió.


Zeid Ra’ad Al Hussein pidió a los Estados que defiendan y apoyen económicamente a la CIDH, “una socia estratégica y una inspiración para todo el sistema de la ONU”.


Global Witness urgió al gobierno de Brasil y a los de América Latina a proteger a los ambientalistas, a investigar los crímenes que se cometen en su contra, a exponer los intereses corporativos y políticos detrás de su persecución y a reconocer formalmente los derechos de los indígenas.


Kyte subrayó, en particular, la necesidad de investigaciones internacionales que expongan los asesinatos de ambientalistas y señalen a los responsables, y destacó el caso de Berta Cáceres, la indígena ambientalista de Honduras, cuyo homicidio concentró la atención internacional y generó indignación en todo el mundo.


En marzo, Cáceres, quien se oponía a la hidroeléctrica Agua Zarca, fue asesinada en su casa por dos hombres del ejército hondureño.


Una persona denunció que la ambientalista figuraba en una lista negra entregada a unidades del ejército de Honduras y entrenadas por Estados Unidos. (Traducido por Verónica Firme)


Tharanga Yakupitiyage/IPS


[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]


Contralínea 494 / del 27 de Junio al 02 de Julio 2016


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América Latina: en la lucha ambiental se defienden los derechos humanos

miércoles, 29 de junio de 2016

Daesh y los homosexuales

Los ataques homofóbicos no sólo ocurren en Estados Unidos. En Siria, el Emirato Islámico (Daesh) pretende destruir la larga historia de integración de los homosexuales. En el conflicto entre Daesh y la República Árabe Siria se enfrentan dos formas de sociedades: la primera, bajo el dominio de los hombres, mientras que la segunda reconoce los mismos derechos a todos


Thierry Meyssan/Red Voltaire


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Damasco, Siria. La matanza de Orlando, Estados Unidos, ha sacado a la luz el tratamiento que el Emirato Islámico (Daesh) reserva a los homosexuales. Sin embargo, el asesino que se identificaba como miembro de ese grupo terrorista era al mismo tiempo cliente de la discoteca gay y había tenido relaciones sexuales con al menos otro cliente. Parece, por consiguiente, que su intención era atacar una discoteca, no una discoteca gay.


En todo caso, el Emirato Islámico no tiene el monopolio de las masacres de homosexuales. Éstas son, en realidad, una práctica común entre numerosos grupos sectarios que se identifican con diferentes religiones, principalmente grupos islamistas. En ese caso se hallan, por ejemplo, el Ejército de Resistencia del Señor, en Uganda, que se identificaba como defensor de Jesús, en la década de 1990, y los diversos grupos yihadistas que se identifican hoy con Mahoma. Más generalmente, gran parte de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes consideran que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son un “pecado”, aunque admiten que no se escoge la persona de quien uno “se enamora”.


Desde un punto de vista etnológico, la condena de la homosexualidad en nombre de esas religiones viene acompañada de una visión de la sociedad donde los hombres dominan a las mujeres y no existe en las sociedades donde todos los individuos gozan de los mismos derechos.


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Dos concepciones de la sociedad


Como ya escribí, hace 1 año, “el apoyo que ha encontrado [el Emirato Islámico] entre ciertos sirios no tiene nada que ver con el Corán ni con la lucha de clases. Es la rebelión de un modo de vida que está desapareciendo, de una sociedad violenta y dominada por los hombres contra un modo de vida donde se respeta a las mujeres y se abre la puerta al control de la natalidad (“La CIA se ve desbordada ante el inesperado apoyo de civiles al Emirato Islámico”, Red Voltaire, 16 de marzo de 2015).


A partir de ahí, la matanza de homosexuales se ha convertido para los yihadistas en un argumento destinado a “conquistar los corazones y las mentes”.


El jefe de los negociadores de los “moderados” en las negociaciones de Ginebra, Mohamed Aluche, se dio a conocer arrojando de los techos de Duma, localidad de las afueras de Damasco, personas acusadas de homosexualidad, pero su historial no ha causado la menor protesta de parte de sus padrinos occidentales. Su grupo –el Ejército del Islam (Yesh al-Islam)– está financiado por Arabia Saudita y dirigido en el plano militar por consejeros militares británicos, y el propio Mohammed Aluche estuvo asesorado permanentemente en Ginebra por el encargado de negocios de Francia en Siria. Ese diplomático francés –no olvidemos que Francia es una república laica– incluso intervino para que el hotel suizo donde se alojó la oposición “moderada” retirara cuadros y cubriera estatuas cuya desnudez podía perturbar a este “demócrata” modelo. Claro, este diplomático francés –quien, por cierto, vive como pareja con otro diplomático del mismo sexo– probablemente estima que los crímenes de Mohammed Aluche son menos graves que lo que hace el “régimen de Bashar [al Assad]”.


Sin embargo, hoy en día, en el mundo árabe –minoritario en relación con toda la población musulmana a través del mundo– sólo Siria, el sultanato de Omán y algunos miembros de los Emiratos Árabes Unidos aceptan la homosexualidad.


Es muy importante recordar aquí que, contrariamente a la imagen que ha sido impuesta sin que haya sido objeto de discusión, la República Árabe Siria nunca persiguió a nadie por razones de índole privada. Todos los crímenes, reales y más frecuentemente imaginarios, que se le atribuyen están vinculados única y exclusivamente con la represión contra islamistas, ya sean los miembros de la Hermandad Musulmana o –más recientemente– sus franquicias Al-Qaeda y el Emirato Islámico.


En febrero de 2016, el diario libanés financiado por la Unión Europea L’Orient-Le Jour, cuya parcialización antisiria es notoria, dedicaba una serie de artículos a comparar la vida gay en Líbano y en Siria. Mientras en Líbano la policía arresta a los jóvenes –a menudo respondiendo a denuncias de sus familiares–, verifica el contenido de sus teléfonos celulares en busca de fotografías comprometedoras, envía citaciones oficiales a sus amigos para interrogarlos, aplica a los “sospechosos” un examen médico que supuestamente determina el grado de dilatación del ano y los somete a golpizas hasta que uno acabe acusando al otro, ese diario observa que en Siria, “bajo el régimen de Bashar al-Assad, la comunidad gay vive feliz” (“J’ai caché mes pantalons roses et jaunes, et je me suis entraîné à marcher d’une façon masculine”, Chérine Yazbeck, L’Orient-Le Jour, 8 de febrero de 2016).


Los sirios no abordan la homosexualidad como una cuestión de tolerancia o de intolerancia sino como parte de la vida privada. Y miles de años de civilización les han enseñado que sólo pueden sobrevivir en esta parte del mundo viviendo juntos, y que eso sólo es posible respetando la vida privada de cada cual. Es por lo tanto posible declarar desprecio por los homosexuales en general y, al mismo tiempo, no permitirse acusar a nadie en particular de ser gay.


Aunque las disposiciones del Código penal de 1949 no han sido derogadas, el partido del presidente Bashar al-Assad, el Baas, ha instaurado una cultura basada en el respeto de las diferencias, casi única en un país árabe. De tal manera que el diario libanés L’Orient-Le Jour se asombraba de oír a un refugiado sirio gay recordar su servicio militar como unos de los “años más bellos de su vida” y contar “las fiestas en salas de bodas alquiladas por parejas gays para celebrar su unión”. Fue sólo con la aparición del Emirato Islámico que se vio obligado a “esconder sus pantalones rosados y amarillos y entrenarse en caminar de manera masculina”.


Aunque los fundadores del Baas se inspiraron inicialmente en la Revolución Francesa, su ideología es principalmente fruto de la cultura siria. Y, al contrario de los demás países árabes, Siria tiene una larga tradición de respeto por los modos de vida diferentes.


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Las religiones bíblicas y la sexualidad


El judaísmo fue fundado en el reino de Jerusalén. El cristianismo fue fundado por Pablo de Tarso en Damasco. El islam fue revelado a Mahoma en Arabia, pero el Corán sólo se escribió una veintena de años después de su muerte, bajo la autoridad de un tercer califa, Otman (también llamado Utma), en Damasco. De hecho, las tres grandes religiones bíblicas surgieron en la Siria geográfica.


Tres pasajes de la Torá mencionan la homosexualidad en forma explícita. Según el Levítico: “No te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación” (18:22) y “el varón que se acuesta con varón como con mujer, abominación cometida por los dos, tendrán que morir, su sangre caerá sobre ellos mismos” (20:13). Finalmente, el Deuteronomio estipula: “No habrá ramera entre las hijas de Israel, ni habrá sodomita de los hijos de Israel” (23:17).


Vistos en su contexto, los dos primeros pasajes provienen de la concepción patriarcal de las tribus de la época, el tercero es una condena de la prostitución sagrada practicada en los templos de otras tribus y, por consiguiente, interpretada como idolatría. Actualmente, los judíos reinterpretan su religión para abandonar los aspectos tribales y no tienen dificultades en integrar a los homosexuales. A menudo interpretan la relación entre Ruth y Naomi, y la relación entre el rey David y Jonatán, como relaciones homosexuales. Pero los que se dicen partidarios de la Alianza de Dios únicamente con las tribus de Israel persisten en ver esas relaciones como una “abominación”. Es decir, aunque el Estado de Israel integra a los homosexuales, el grupo Levaha protesta todos los años contra la Gay Pride y, en 2015, un judío ultraortodoxo apuñaló a seis homosexuales durante la Gay Pride de Jerusalén.


Según los Evangelios, Jesús de Nazareno criticó incansablemente las prohibiciones y el formalismo del judaísmo antiguo, pero nunca criticó el paganismo romano. Promovió una forma de espiritualidad basada en el amor y el sacrificio y nunca abordó la cuestión del sexo. No existe, por consiguiente, en las escrituras ninguna base que justifique las condenas de las iglesias cristianas contra la homosexualidad.


Los primeros cristianos se dividían en dos grupos: los judíos que consideraban a Jesús como su mesías y los “gentiles” (los paganos. Los términos “gentil” o “goy” aún son utilizados por los judíos para referirse a los no judíos) que lo veían como ejemplo de un hombre perfecto. Los primeros estaban organizados en Jerusalén alrededor de Jacobo, el “hermano de Jesús” (también designado como Jacobo el Justo o Santiago el Justo), mientras que los segundos se estructuraron en Damasco y Antioquía. Los primeros se negaban a celebrar la misa con los segundos por considerarlos “impuros”, ya que eran goy. El primer grupo fue exterminado en Jerusalén durante la represión romana, y sólo sobrevivió el segundo.


En la Antigüedad, incluso durante los primeros siglos del cristianismo, los amantes de un mismo sexo estaban integrados a la sociedad, y por ende a la iglesia. En el siglo III, Sarkis, el comandante de la Schola gentilium (tropa de élite que sustituyó a la guardia pretoriana), y su ayudante, Baco, fueron martirizados por orden del emperador Maximiano, cerca de Raqqa (ciudad siria hoy considerada la capital del Emirato Islámico), por haberse convertido al cristianismo y por haberse negado a ofrecer sacrificios a los dioses romanos. Sarkis y Baco eran amantes y habían sido reconocidos como tal por la iglesia, que celebró para ellos la adelphopoiia, un rito equivalente al que se ofrecía en la sociedad romana a las parejas del mismo sexo. Baco, que había sido degradado y flagelado hasta la muerte, se le apareció a Sarkis cuando este último también fue sometido a la tortura. Enfundado en su uniforme de oficial romano, Baco animó a su amante a no renunciar a su fe y a morir como un soldado de Cristo. Posteriormente, el culto a Sarkis (san Sergio) y san Baco se extendió por todo el Levante.


No fue hasta el siglo XI, y especialmente con la Contrarreforma, que los cristianos condenaron la homosexualidad. Roma retomó entonces la filosofía vitalista de los últimos tiempos del Imperio Romano, que considera que la razón de ser de la sexualidad es la reproducción de la especie. Los cristianos de Occidente justificaron ese retroceso recurriendo a las epístolas de Pablo a los Corintios (VI:9-10) y a los Romanos (I:26-28), o sea volviendo al Levítico y al Deuteronomio. Pero, además de que esos textos probablemente tienen un significado muy diferente, tampoco tienen la autoridad de Cristo. En todo caso, la integración de los homosexuales prosiguió entre los cristianos del Levante hasta el siglo XVIII.


El islam se presenta como una intervención de Dios que aclara la confusión teológica reinante en Arabia. El Corán, retomando el mito de la Génesis (19), menciona en seis ocasiones el mito de Sodoma y Gomorra (7:80-81, 21:74, 26:165-166, 27:54-55, 29:28-30 y 54:33-34). Es reciente la interpretación de esos versículos para condenar el “crimen de Lot”, lapidar a los homosexuales y arrojarlos de lo alto de precipicios. En realidad, el mito de Lot no tiene nada que ver con las relaciones entre personas del mismo sexo sino que estigmatiza a la vez el no respeto de la hospitalidad y la violación que los beduinos consideraban una forma de sometimiento. Además, el Corán no condena a Lot –a quien presenta como uno de los profetas del islam–, ni tampoco a los visitantes, que resultan ser ángeles, sino a los habitantes de Sodoma. Numerosos artistas de la edad de oro del islam celebraron amores homosexuales y varios califas, como Al-Amin, Al-Mutasim y Al-Wathiq, expusieron públicamente sus amores con otros hombres.


¿Quién no tiene problemas con la homosexualidad?


Actualmente, el Emirato Islámico hace campaña contra quienes practican “el crimen de Lot”. Por iniciativa de Washington y de Santiago de Chile, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó, el 24 de agosto de 2015, una reunión sobre las ejecuciones que la organización terrorista ha realizado contra la homosexualidad en Irak y en Siria.


Pero algunos miembros del Consejo de Seguridad vacilaron cuando se habló de condenar esos crímenes de los yihadistas. Angola (80 por ciento de su población es cristiana) y Chad (país mayoritariamente musulmán) pidieron a sus embajadores que no participaran en la reunión, mientras que otros miembros del Consejo de Seguridad exigieron que se hiciera a puertas cerradas, lo cual significa que no disponemos del acta de esa reunión y que el Consejo se abstuvo de toda conclusión pública.


No se sabe, por tanto, si el Consejo de Seguridad de la ONU examinó únicamente los crímenes del Emirato Islámico o si extendió sus investigaciones a los actos de otros grupos yihadistas. En todo caso, en septiembre de 2013, el Frente al-Nusra (al-Qaeda), bajo las órdenes de oficiales turcos y franceses, trató de apoderarse de la pequeña ciudad de Maalula –a 40 kilómetros de Damasco. Maalula no tenía ninguna importancia estratégica, incluso carece de valor táctico, pero es el símbolo de los cristianos del Oriente. Es la ciudad cristiana más antigua del mundo, convertida en el año 35 por Pablo de Tarso y Santa Tecla. Maalula pretende conservar la tradición del cristianismo original, independientemente del cisma entre católicos y ortodoxos. Los yihadistas se ensañaron allí con todas las representaciones de la fe cristiana, principalmente contra la gran estatua de la Virgen (a pesar de que el Corán la celebra), las reliquias de Santa Tecla (reconocida por los católicos como una santa ya que impartía los sacramentos como un hombre pero que los ortodoxos consideran como el apóstol trece) y los monasterios de San Sarkis y San Baco. Las iglesias católica y ortodoxa, que expresaron su apoyo a los habitantes de Maalula, pusieron, sin embargo, especial atención en no mencionar este aspecto de lo sucedido.


En definitiva, los occidentales parecen muy poco sinceros, sin toda su algarabía sobre la integración de los homosexuales. La han convertido en un símbolo de las sociedades libres y han manipulado ese tema para hacer creer que la República Árabe Siria es un “régimen represivo”. A pesar de ello, tanto el engaño de la “Gay Girl in Damascus” como el intento de manipular a Subhi Nahas terminaron en fracasos. Pero no han tenido ningún reparo en apoyar a Al-Qaeda cuando sus terroristas atacaron los monasterios de San Sergio y San Baco o cuando Mohammed Aluche arrojaba homosexuales desde los techos.


Thierry Meyssan/Red Voltaire


[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: INTERNACIONAL]


Contralínea 494 / del 27 de Junio al 02 de Julio 2016


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Daesh y los homosexuales

Video: Convenio empresarios militares en Seguridad Nacional



Video: Convenio empresarios militares en Seguridad Nacional

martes, 28 de junio de 2016

Cuando la mafia asumió el poder en Guatemala

Las investigaciones contra el gobierno que encabezaban Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti avanzan y demuestran que fue un auténtico cártel el que gobernó el país. Pero también queda claro que las condiciones para que eso sucediera siguen intactas


Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina


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Guatemala. Guatemala parece predestinada a nunca más descansar desde las marchas masivas que dieron un vuelco a la historia, reconocidas por llevar a la cárcel a su élite estatal corrupta.


Cuando parecía que casi todo estaba dicho en torno al desparpajo de quienes llegaron al poder en nombre del Partido Patriota (PP) en 2012, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, afloraron nuevos elementos de prueba que evidencian lo incalculable del grado de desidia alcanzado por ambos y sus cómplices.


La labor mancomunada de quienes desde abril de 2015 comenzaron a poner sobre la mesa incontables evidencias de la corrupción organizada, practicada e impulsada por la expareja presidencial, continúa dando réditos y con ello gana vida la indignación ciudadana que colmó una veintena de sábados la Plaza de la Constitución.


De hecho, este 11 de junio el movimiento civil de protesta volvió a reactivarse y varios parques centrales de distintas ciudades de Guatemala fueron tomados de nuevo por miles de personas empeñadas en que gane celeridad la aplicación de justicia contra quienes defalcaron las finanzas públicas en su beneficio.


La rabia contenida contra todo lo que simbolizan Pérez Molina y Baldetti, en prisión preventiva hace más de 9 meses tras ser acusados de defraudar las aduanas en el caso identificado como La Línea, ascendió con creces desde el 2 de junio de 2016.


En esa jornada la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) dieron a conocer otros resultados parciales de sus pesquisas y sugirieron que finalmente se armaba el rompecabezas de estafas, fraudes, sobornos, lavado de dinero y otros delitos cometidos por el cártel que dirigieron.


Durante el último jueves de Cicig, como llaman muchos a ese día por la tendencia a ser el elegido para este tipo de denuncias, el comisionado Iván Velásquez, y la titular del MP y fiscal general, Thelma Aldana, explicaron todo lo relacionado con el caso al que denominaron Cooptación del Estado de Guatemala.


Si para abril del año precedente el avance de las investigaciones apenas mostró al expresidente y a su exvicepresidenta como líderes de una red criminal que defalcó las aduanas, con apoyo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), los detalles ofrecidos esta vez fueron más graves todavía.


Ambos revelaron que el PP nunca fue un proyecto político como tal, sino que surgió y operó como cártel de la mafia con un sólo propósito: acumular la máxima cantidad de dinero para financiar la campaña electoral de Pérez Molina y de Baldetti mediante lavado de dinero y expoliar las arcas estatales al llegar al poder.


La develación de este caso, primero de su tipo en Guatemala y quizás uno de los pocos en el mundo, demostró la podredumbre del sistema supuestamente democrático en este país y la fragilidad de una institucionalidad que tiene mucho por ganar para responder de manera eficaz a la población.


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Caso cooptación del Estado en Guatemala


Según las investigaciones, tanto el exmandatario como su vicepresidenta articularon desde 2008 la red criminal de recaudación de fondos, en la cual estuvieron implicados grandes banqueros, dueños de medios y otros pertenecientes a lo más encumbrado del empresariado en Guatemala.


Acorde con ello fueron giradas órdenes de captura contra el expresidente de la Cámara de la Construcción del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Álvaro Mayorga; y contra los presidentes de Banrural, Fernando Peña; y del Banco G&T Continental, Flavio Montenegro.


También contra el gerente general de Claro, Enrique Castellanos; Alba Lorenzana, esposa del dueño de los Canales 3, 7, 11 y 13 y de Radio Sonora, Ángel Martínez; el ejecutivo de la Mina Montana de San Marcos, Eduardo Villacorta; y los representantes legales de las constructoras Lanello, HW y Sigma.


En total sumaron 50 las órdenes de aprehensión contra empresarios y exfuncionarios ligados a la administración del PP, que camuflaron o garantizaron la entrega de dinero vía empresas de cartón a ese consorcio criminal con disfraz de partido y a sus capos, engalanados de políticos.


Datos aportados reflejan que los involucrados en esta estructura delincuencial lograron agenciarse con sus artimañas alrededor de 500 millones de quetzales (65.5 millones de dólares).


Para consultores, esto explica por qué en los últimos 4 meses de la campaña de 2011 el noveno binomio presidencial de la etapa democrática en Guatemala sobrepasó por partida triple el techo presupuestario fijado por el Tribunal Supremo de Elecciones y logró acaparar todo el control del Estado.


Pérez Molina y Baldetti llegaron a legitimarse como gobernantes de este país después de erigirse como líderes o cabecillas de un cártel político empeñado en acumular financistas, que a la larga les permitieron darse todo tipo de lujos.


Pero a la vez vale recordar que el exmilitar y la comunicadora casi llegaron a terminar sus cuatro años de mandato y esto les dio tiempo suficiente para pagarle a muchos de sus contribuyentes con contratos ventajosos. Las exautoridades del PP negociaron cerca de 450 contratos entre diversas empresas, reales y de cartón, con distintas entidades estatales y gracias a la complicidad de empresarios, funcionarios, operarios e incluso bancos, precisó Velásquez.


Para muestra un botón: en los casi 3 años de esta administración la Radiotelevisión Guatemala, la Sociedad Anónima (Canal 3) y Televisiete, SA (canal 7), ganaron 216 millones de quetzales con el Estado, es decir, unos 28 millones 800 mil dólares.


Esa cifra equivale al 69 por ciento de lo que los anaranjados –por el color emblemático de su partido– supuestamente invirtieron en publicidad televisiva, pagada a González, quien aportó lo suficiente para que el cártel adquiriera para su campaña 10 camiones, cuatro camionetas Toyota, un microbús y un Chevrolet.


Paralelo a esto tuvieron lugar múltiples pagos sistemáticos por debajo del tapete de la mesa y uno que otro regalo de consideración en calidad de resarcimiento a quienes dieron todo tipo de posibilidades a las corporaciones de ampliar sus inversiones y por ende, sus riquezas.


Pérez Molina y Baldetti se apropiaron de las instituciones del Estado y convirtieron la administración pública en un negocio, subrayó Velásquez.


Mas hasta ese momento faltaba por decir que los mismos que articularon el fraude en torno a un contrato irregular otorgado a la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y a la presunta descontaminación del lago de Amatitlán, llegaron más lejos.


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La cooperacha


Los exjerarcas de los patriotas, con la colaboración del exsecretario privado de la vicepresidencia de Guatemala, Juan Carlos Monzón, diseñaron una suerte de modelo de gestión perverso para agenciarse cada año el aporte en dinero de exministros y funcionarios cercanos agradecidos de su gestión.


De acuerdo con lo develado el sábado 11 de junio, poco antes de iniciar la reedición de la protesta anticorrupción en la Plaza de la Constitución, casi siempre en torno a los cumpleaños de ambos –1 de diciembre y 13 de mayo, de manera respectiva–, los dispuestos a cooperar entregaban a Monzón su tributo.


Al estilo de la vieja mafia estos funcionarios públicos participaron de forma repetida en esa componenda con la intención agradar a sus capos, permanecer dentro de la jerarquía y garantizar el permiso de operación en cada una de las carteras de gobierno o instituciones bajo su mando, coincidieron el MP y Cicig.


La cooperacha, como llamaron a su retribución, se realizaba en efectivo, en cajas o bolsas y en las instituciones donde laboraban los contribuyentes para ocultar las transacciones y no dejar rastro del dinero, lo cual prueba el interés de ocultar origen y destino de los fondos, opinaron las autoridades.


Monzón entregaba luego los resultados de la recaudación a Baldetti, quien definía qué se compraría.


La inversión fue creciendo a tal punto que Pérez Molina recibió como compensación una lancha por cerca de 300 mil dólares; una casa en la playa de Taxisco, departamento sureño de Santa Rosa, valorada en 1 millón de dólares; y un helicóptero Bell 470GX, modelo 213, de unos 3.5 millones de dólares.


Éstos y otros donativos al exgobernante llegaron a representar un valor de 33 millones de quetzales, es decir, más de 4 millones 400 mil dólares y las evidencias acumuladas prueban que ello se debió a entregas por encima de los patrimonios reportados por sus compinches en sus declaraciones de probidad.


Pero Pérez Molina también resarció tamaña prueba de lealtad de Baldetti y, utilizando el mismo esquema, organizó el aporte para ella, que le permitió entregarle vía Monzón un inmueble en Pristine Bay, en la caribeña isla de Roatán, en Honduras.


Aseguró Monzón haber recibió 500 mil dólares para su jefa como aporte de los mismos funcionarios organizados con el propósito de recaudar los fondos para los regalos del expresidente.


El MP y Cicig dejaron en claro, además, que los miembros de esta red abusaron de sus calidades como funcionarios públicos y desarrollaron acciones por medio de las cuales tomaron las instituciones de Estado como un botín, del cual dispusieron con toda discrecionalidad.


La conducta de éstos, así como la de la expareja presidencial, evidencia el total irrespeto de esta estructura por el buen destino y ejecución de los recursos del Estado, agregaron.


Entre los implicados en esta trama están los exministros de Defensa Ulises Anzueto (2012) y Héctor Manuel López Ambrosio (2013-2014), el de Gobernación (2012-2015) Héctor Mauricio López Bonilla; así como los extitulares de Energía y Minas Erick Archila, y el de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi.


Junto a ellos presuntamente contribuyó de manera sistemática a la coperacha el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Juan de Dios Rodríguez, quien permanece en la cárcel ligado a otros casos de corrupción.


Asociación ilícita, lavado de activos, cohecho pasivo y fraude, son los delitos imputados de forma indistinta a cada uno de los señalados en este grupo.


Al margen de apelativos más o menos acertados para identificar cada expediente o caso relativo a las maniobras realizadas por Pérez Molina y Baldetti, ambos son apenas la cara visible de un fenómeno que por décadas ronda los intríngulis del poder político y económico en Guatemala.


En correspondencia con el Índice de Percepción de la Corrupción, calculado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI), este país es el quinto más afectado por ese flagelo a nivel nuestroamericano luego de registrar una caída de ocho posiciones.


Esta clasificación responde a la caída estrepitosa del año pasado, que lo ubicó en la casilla 123 de los 168 países evaluados, mas esa posición no dista tanto de la 115 exhibida en 2014, ni del puesto 120 obtenido en 2005, como refieren informes anuales de la agrupación con sede en Berlín, Alemania, y ramificaciones en unos 70 países.


 “La corrupción no es un desastre natural, es el robo frío y calculado de oportunidades a los hombres, mujeres y niños menos capaces de protegerse a sí mismos”, define TI, para cuyos directivos esta problemática afecta lo mismo a países ricos y pobres, frena el desarrollo económico, espanta a los inversores extranjeros y alimenta la pobreza.


Por esas razones el analista del Instituto de Investigaciones sobre el Estado (ISE), Vicerrectoría de Investigación y Proyección, Universidad Rafael Landívar, Mario Sosa, cuestiona la tesis de la cooptación del Estado de 2012 a 2015.


A su juicio la corrupción o la cooptación constituyen características consustanciales del Estado en Guatemala, que contiene la primera como un mecanismo y una norma tácita en la gestión de la política pública.


 “La corrupción ha sido uno de los contenidos de las relaciones económicas y políticas que se articulan en las instituciones y las políticas de Estado. Un mecanismo exacerbado a tal punto que un grupo criminal tuvo la capacidad de organizarse como partido político, ganar las elecciones y llevar a cabo uno de los despojos del erario público más grandes registrados en la historia del país”, señala.


Pero el asunto va más allá de la banda criminal del PP, opción electoral de varios de los grupos corporativos en las elecciones de 2011, subraya el antropólogo, para quien el mediano y gran capital guatemalteco creó, controló y negoció hasta ahora los mecanismos de corrupción a fin de acumular riquezas.


En su opinión, los casos de corrupción revelados evidencian un mecanismo histórico utilizado por aquellos que desde sus empresas, grupos corporativos y gremios controlaron siempre el Estado, decidieron leyes, políticas y garantizaron altas tasas de ganancia, con lo cual profundizaron la miseria en el país.


Con base en esa visión, Sosa comulga con varios sectores que manifiestan su preocupación por lo difícil que será barrer con la corrupción en Guatemala, a menos que estos grupos sean desplazados del control estatal y se avance en la creación de un Estado capaz de garantizar el bien común.


Modificar la estructura de base


Mientras, el filósofo y sicólogo Marcelo Colussi llama a cuidarse de mirar sólo a través de los espejitos de colores, en medio de tanta fanfarria por estos estacazos contra la corrupción.


 “Luchar contra la corrupción, tal como ahora parece haberse ¿puesto de moda?, es algo políticamente correcto. Encomiable incluso. Pero tiene el inconveniente de no servir realmente para modificar la estructura de base”, advierte.


Colussi destaca que si bien una lucha frontal contra la corrupción se estableció en la agenda política del país –no por la población protestando en la calle, sino por los medios de comunicación– cabría preguntarse qué porcentaje real queda en los bolsillos de la burocracia de Estado y si es la corrupción la verdadera causa de la pobreza histórica de Guatemala.


 “Lo importante de estos dos casos es que se hayan destapado, develado, lo que medio mundo veía y se hacía toda clase de babosos”, comentó a Prensa Latina el excolumnista del Diario de Centroamérica y de Nuestro Diario Gustavo Adolfo Bracamonte.


Pero, añadió, “lo fundamental es romper, desquebrajar el sistema corrupto y las formas mafiosas de hacer política en el país. Por otro lado y siempre lo manifesté, cada cuatro años surgían otros ricos y se empobrece el país. Se debe cambiar el sistema, de lo contrario seguirán saqueando el país”.


Justo en esa posición coinciden de cierta manera varios actores sociales en Guatemala, los cuales reconocen la necesidad de dejar a un lado viejas prácticas e impulsar una transformación en distintos órdenes, que contemple como prioridad al ser humano y posibilite a todas las personas ejercer ciudadanía.


 “En la medida en que cambiemos las condiciones del país estaremos más integrados y seremos más felices. Hay que humanizar la economía, hay que humanizar el mercado, hay que humanizar la empresa y si logramos hacerlo, vamos a tener más puntos en común que si focalizamos en sectores”, declaró el ministro de Economía, Rubén Morales.


Para la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Raquel Zelaya, resulta perentorio analizar los elevados índices de informalidad y la falta de acceso a la inclusión social vinculada a ello; así como contemplar en el debate político lo fijado en los Acuerdos de París 2015.


También sugirió considerar el movimiento cooperativo que siguen los 48 cantones de Totonicapán y Sololá, en el occidente del país, por su forma de operar más cercana a una modalidad asociativa.


En respuesta a Prensa Latina, la reconocida economista expresó que el monto recaudado a partir de los tributos o impuestos no resolverá la falta de recursos del Estado para enfrentar los problemas esenciales nacionales y es preciso reevaluar de una vez el tema de la carga impositiva.


Otra cuestión a priorizar es la inclusión educativa, para que pueda elevarse a niveles aceptables, subrayó Zelaya.


Los otros miembros del panel organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), a propósito de la presentación de un nuevo número de la revista American Quarterly, dedicado a la situación del empleo y de la juventud en Centroamérica, igual aportaron sus consideraciones al respecto.


 “Guatemala viene transformándose económicamente, pero es necesario acelerar el ritmo de inclusión de personas””, reconoció el vicepresidente de Fundesa, Salvador Paiz, mas recomendó agregarle a eso tecnología, mercados y nuevos servicios, entre otros.


Con igual énfasis aludió a la carga emocional arrastrada por la sociedad guatemalteca, que salió de una cruenta guerra interna hace apenas dos décadas, y alentó a “buscar el modo de sanar heridas y recuperar la dignidad que nos han dañado”.


En tanto el secretario de Política Criminal del Ministerio Público, Rootman Pérez, mencionó el esfuerzo que desde esa cartera y del Gobierno realizan con base en cuatro ejes esenciales: la prevención, la investigación, la sanción penal –no entendida como venganza–, y la reeducación y reinserción social de los exreclusos.


 “Como democracia estamos diciendo: ya no se puede más, hasta aquí. Necesitamos un país distinto”, aseveró el presidente de Fundesa, Felipe Bosch, aunque en aparte con Prensa Latina admitió la disparidad de opiniones en cuanto a cómo organizar, viabilizar y concretar esa transformación en Guatemala.


Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina


[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]


Contralínea 494 / del 27 de Junio al 02 de Julio 2016


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Cuando la mafia asumió el poder en Guatemala

Tortura sexual, una práctica generalizada contra las mujeres reclusas mexicanas

De una muestra de 100 mujeres que actualmente se encuentran en prisión, 72 afirman que fueron víctimas de tortura sexual durante su arresto. Sin embargo, en 6 años, de 2010 a 2015, sólo 15 agentes federales de seguridad –integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal– han sido “sancionados” por su participación en algún delito relacionado con violencia sexual. El resto continúa en el anonimato y sin castigo. La tortura y la impunidad son parte de un mismo fenómeno.


Estas cifras provienen del informe elaborado por Amnistía Internacional, Sobrevivir a la muerte: tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México. El documento es el resultado de una investigación realizada con base en 100 casos de mujeres reclusas en cárceles federales de los estados de Nayarit y Morelos; el propósito es dar cuenta de la situación generalizada de tortura que se vive a nivel nacional, la cual, según el organismo internacional, tiende a ser con mayor frecuencia de índole sexual cuando se trata del género femenino.


De acuerdo con los datos obtenidos por Amnistía Internacional a través de la Ley General de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de los 15 militares vinculados con delitos por violencia sexual, 11 de ellos son soldados adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); siete que entre 2012 y 2013 fueron juzgados por violación y cuatro cuya averiguación sigue en curso por abuso sexual. El resto son marinos que pertenecen a la Secretaría de Marina (Semar); en 2013 tres marinos fueron suspendidos por abusar sexualmente de una mujer, y uno más fue “inhabilitado temporalmente de sus funciones por 5 años” en 2015 debido al mismo delito.


Sin embargo, gracias a la información recuperada por la organización, se sabe que la mayoría de esas “sanciones” están sumergidas en la irregularidad. Por un lado, el Ejército reconoció que varios de los soldados juzgados por el delito de violación fueron procesados por la jurisdicción militar y que ninguno de ellos fue suspendido de sus funciones mientras eran investigados. Por otro lado, aunque la Semar informó sobre cuatro casos, Amnistía Internacional presume que uno de los marinos podría recuperar su trabajo luego de cumplir su condena, pues sólo fue declarado como “inhabilitado temporalmente de sus funciones”.


Sin castigo y sin registro


De las 100 mujeres entrevistadas por el grupo de investigadores de Amnistía Internacional, el 72 por ciento aceptó haber sido víctima de tortura sexual y 33 por ciento, específicamente, de una violación por parte de miembros de la Policía Federal, el Ejército o la Marina. No obstante, el efecto de “bola de nieve” que describe Madeleine Penman, investigadora para México de Amnistía Internacional y una de las autoras del informe, refleja que la violencia sexual puede ser la norma que aqueja a las más de 13 mil mujeres que, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad, habitan las prisiones tanto federales como estatales del país.


 “Empezamos con seis testimonios, terminamos con 100 y pudieron ser más, pero desafortunadamente las autoridades no lo permitieron”, cuenta Penman en entrevista con Contralínea.


A pesar del elevado número de casos, Amnistía Internacional señala en el informe que “en la Ley Federal Contra la Tortura vigente no existe un aparatado específico que hable acerca de la violencia sexual”. Además, el organismo internacional evidencia que no hay registros disponibles ni de las víctimas ni de los integrantes de las fuerzas de seguridad que son confirmados como agresores.


Ante la solicitud del organismo para conocer el número de elementos de la Policía Federal que desde 2010 hasta 2015 habían sido suspendidos por abuso o violencia sexual, la Unidad de Asuntos Internos  dijo que sólo sabían que se habían suspendido a más de 4 mil por “mala conducta”. Sin ahondar en las particularidades de  su sistema de registro o control, este cuerpo de seguridad se limitó a asegurar que “de los miles de expedientes disciplinarios abiertos contra policías, la violencia de la policía contra mujeres no era uno de los temas que más les ocupaban”.


En ese sentido, Madeleine Penman asegura que “es preocupante que el gobierno no pueda dar cifras desagregadas por género”. Esta situación se agrava debido a que, de acuerdo con la investigadora, “la violencia sexual tiene una característica muy particular: las huellas tienden a borrarse rápidamente”.


Esto se contrapone con otra de las fallas que el equipo de Amnistía Internacional logró documentar  en su informe: la deficiencia del diagnóstico médico. En los casos de violencia sexual, los cuales según Penman “deberían ser investigados de inmediato por un cuerpo especializado de médicos y sicólogos”, se ha demostrado que las pruebas se realizan meses o, incluso, años después.


Según información obtenida por la organización a través de los testimonios de abogados defensores, denunciantes de tortura y sus familiares, las respuestas de la Procuraduría General de la República (PGR) ante la solicitud de un examen forense oficial para una víctima de tortura sexual son que “hay un lista de espera de más de 3 mil” o que “no pueden realizar ningún examen hasta 2020”.


De acuerdo con Amnistía Internacional, las mujeres con bajos ingresos y bajo nivel educativo; las madres solteras y las trabajadoras sexuales son las más vulnerables ante la tortura sexual. Esta práctica es definida en el Manual de las Naciones Unidas para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes –el Protocolo de Estambul– como amenazas verbales, insultos, burlas sexuales y cualquier clase de toqueteos.


Los abusos van desde los tocamientos hasta la violación; Penman observa que en el sistema de justicia mexicano “el cuerpo de la mujer es un blanco; sobre todo en un contexto en el que dentro del combate a la delincuencia organizada se les ve como objetos desechables. En muchas ocasiones, a las mujeres se les acusa porque se cree que son cómplices de los detenidos sólo por ser sus novias o sus acompañantes. Se les juzga así, sin mayor fundamento, lo cual es bastante arbitrario”.


Además, Amnistía Internacional señala que dentro de las mujeres –un grupo que ya por sí mismo es vulnerable– preocupa la violencia sexual cometida contra aquellas que se encuentran embarazadas o que se declaran homosexuales.


Práctica generalizada


La violencia sexual es una de las formas de una práctica que se ha expandido en todo el país: la tortura. De la muestra de 100 mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional, además del 72 por ciento que vivió tortura sexual, la totalidad señaló haber sufrido violencia verbal o sicológica, el 97 por ciento física y en 41 casos se presentaron métodos como la semiasfixia.


Los datos reflejan que el número de casos de tortura va exponencialmente en aumento, lo que para Andrés Díaz Fernández, abogado e investigador del área de derechos humanos del Centro de Análisis e Investigación Fundar, se debe a factores como la impunidad, la falta de capacitación de los servidores públicos para investigar más allá de las confesiones forzadas y la falta de voluntad política del estado.


 “La impunidad aumenta las posibilidades de que los crímenes que comete el Estado sean reproducidos una y otra vez. La ausencia de sanciones cuando se cometen actos de tortura se convierte en una especie de permiso para que esta práctica siga operando”, asegura Díaz Fernández.


Tan sólo de 2013 a 2014, las denuncias por tortura ante autoridades federales se duplicaron. Además, de acuerdo con el informe, el Instituto Nacional de Estadística declaró en diciembre de 2015 que “la tortura y otros malos tratos eran la segunda violación a los derechos humanos más denunciada, –sólo después de la detención arbitraria– ante las comisiones estatales de derechos humanos en los 32 estados mexicanos y la Comisión Nacional”.


La investigadora de Amnistía Internacional Madeleine Penman coincide en que el incremento de casos de tortura en México tiene que ver con “una cultura de encubrimiento y una falta de castigo al respecto”. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe titulado Situación de derechos humanos en México, desde 1991 sólo en 15 casos de tortura se han alcanzado sentencias condenatorias penales federales para los agresores.


El número de denuncias por tortura aumenta, pero el de sanciones no. Y este es el patrón que permite la reproducción de una práctica que “conlleva que no exista el derecho a la verdad: ni para las víctimas del delito ni para las nuevas víctimas de delito, esta vez cometido por el estado: la tortura”, explica Andrés Díaz, colaborador de Fundar y de otras organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).


Agrega que “independientemente de si una persona es responsable o no, el hecho mismo de la tortura vicia todo contenido de prueba. Cuando hay tortura se habla de una doble violación a los derechos humanos: el acceso a la justicia tanto para las víctimas del delito como de la tortura. Además, a la sociedad se le priva la posibilidad de acceder a la verdad”.


Legislación pendiente


Aunque la fecha límite para su aprobación venció en enero de este año, la Ley General contra la Tortura que se “discute” desde hace ya varios meses en el Congreso continúa formada entre los pendientes de los senadores. Apenas el pasado 26 de junio, el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, la CNDH emitió una recomendación para exigir la pronta atención de los legisladores en este rubro durante su próximo periodo de sesiones.


Junto con el proyecto de Ley sobre Desaparición Forzada, la Ley General contra la Tortura lleva ya algún tiempo “olvidada” entre las prioridades de los diputados y senadores de la República. Sin embargo, tanto los familiares de las víctimas como algunos organismos internacionales –tal es el caso de la CIDH– no han dejado de evidenciar las razones por las que la aprobación de dichas legislaciones es inminente.


Para Andrés Díaz, la Ley General contra la Tortura tiene que garantizar “en primer lugar, que cualquier prueba que sea obtenida bajo tortura e, inclusive, bajo tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes debe ser eliminada totalmente de los procesos judiciales. En segundo lugar, que la tortura, así como los tratos crueles, inhumanos o degradantes deben ser investigados, es decir, no solamente excluir este tipo de confesiones, sino también denunciar al servidor público que agredió e investigar por qué se produjeron estos hechos”.


Además, el investigador destaca otros factores de la ley, tales como “el Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura, el cual descansa en la CNDH, y con el que se espera que miembros de esta institución visiten los centros de detención y comiencen a documentar los casos de tortura, pero sin la presencia de los agentes policiacos. Asimismo, es fundamental que la nueva legislación incorpore y valide por completo los peritajes independientes, por ejemplo, el Protocolo de Estambul”.


A estas demandas se suman una serie de recomendaciones que el equipo de Amnistía Internacional presenta en su informe. Sin embargo, según Madeleine Penman, autora del documento, urge que “el gobierno mexicano utilice sus herramientas para asegurar que el sistema de seguridad y justicia del país no depende de la tortura”: En ese sentido, la investigadora de Amnistía Internacional destaca el seguimiento al mecanismo contra la tortura sexual de la Secretaría de Gobernación (Segob), el cual desde su aprobación en septiembre de 2015, “se encuentra adormecido”.


Ana Laura Bañuelos


 



Tortura sexual, una práctica generalizada contra las mujeres reclusas mexicanas

lunes, 27 de junio de 2016

Fracasa en 99 por ciento la reforma energética de Peña

La reforma energética fracasó: lejos de capitalizar a la industria, la está endeudando cuatro veces más. Las autoridades se empeñan solamente en impulsar la rama extractiva petrolera. Para ello, subastarán reservas que ni siquiera existen: aunque las reservas probadas no superan los 8 mil millones de barriles de aceite, se licitarán más de 100 mil millones de barriles


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A 3 años de su inicio, la reforma energética de Enrique Peña Nieto ha fracasado. Este gobierno ha entrado a su segunda mitad y, al repasar las licitaciones efectuadas y las nuevas empresas operando los campos, puede concluirse que es imposible que esta última inserción del capital privado extranjero y nacional pueda revertir la caída de la extracción de hidrocarburos en México.


Lo anterior considerando los objetivos del propio gobierno. Al atender los intereses nacionales, la política petrolera no puede medirse por los volúmenes extraídos y entregados al extranjero a precios envilecidos. Lo que se requiere es utilizar los recursos para desarrollo regional, que puede lograrse con el incremento en proveeduría de bienes y servicios, especialmente contratando a las pequeñas y medianas empresas que pueden proveer de calzado, ropa, refacciones, transporte y otros servicios e incluso recibir adiestramiento para que participen en insumos cada vez más sofisticados.


Desde luego una política petrolera que atienda los intereses nacionales, se mediría por el incremento de los volúmenes que se transforman en bienes industrializados refinados y petroquímicos.


La reforma actual está empeñada en impulsar solamente la rama extractiva. Lo único que ha sido exitoso es el saqueo que puede medirse por el incremento de la deuda de Pemex que, en los 3 años del gobierno de Enrique Peña, la incrementó en cuatro veces, afectando a las pequeñas y medianas empresas, con resultados catastróficos para centros petroleros como Ciudad del Carmen y Poza Rica.


 


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Todo mundo coincide en que el fracaso de la reforma obedece a la crisis de los precios en el mercado internacional, pero tenemos que reflexionar que precisamente ello demuestra el fracaso del extrativismo, política que coloca al país inerme, indefenso ante los vaivenes del mercado, incapaces de ninguna medida para amortiguar sus efectos, imposibilitados hasta para observar que hoy mismo, en otros países, se emprenden medidas para agregar valor a la materia prima y defender parte del empleo.


Lo que se necesita entonces, es un cambio a fondo, y esto sólo se lograría modificando ciento por ciento la política de Peña.


A la mitad del sexenio es pertinente un balance de la que fue considerada la más importante de las reformas: la energética. Ofrecemos algunos indicadores que permitan medir la distancia entre los objetivos quinquenales y la realidad a la fecha, en un intento de cuantificar los resultados en:


  1. Volumen de recursos y reservas licitados,

  2. La superficie que Enrique Peña ha entregado del territorio nacional y de las aguas territoriales de México,

  3. El número de campos en los que el capital privado ahora funciona como nuevo operador.

  4. El más patente: contraste entre las ilusas proyecciones de elevar la extracción a 3 millones de barriles diarios de aceite y el desplome acelerado que, cotidianamente, constatamos.

Enrique Peña pretende licitar 107 mil millones de “recursos prospectivos”, mientras que el capital privado sólo ha aceptado el 1 por ciento.


El documento Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, 2015-2019 –publicado por la Secretaría de Energía en 2015 y cuya lectura consideramos imprescindible para todos los mexicanos– revela las pretensiones de realizar en un quinquenio, cuatro rondas y licitar recursos de hidrocarburos por un volumen de más de 107 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que estima se encuentran en una extensión de más de 178 mil kilómetros cuadrados, contabilizando incluso segmentos de la Planicie Abisal del Golfo de México.


Es necesario adelantar un comentario inicial: las reservas probadas actuales de nuestro país ascienden a la fecha, según nuestras estimaciones, a unos 8 mil millones de barriles de aceite (omitiendo la argucia de utilizar cifras de petróleo crudo equivalente); así, la pretensión de licitar más de 100 mil millones de barriles implica que los asesores de Peña tienen la idea verdaderamente absurda de que en el subsuelo del país existe un potencial más de 10 veces mayor.


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¿Cuánto han logrado licitar?


La licitación 1, efectuada el 15 de julio de 2015, ha sido la única que ha ofrecido áreas de exploración. Como se sabe, fue desairada y el gobierno sólo ha podido licitar 604 millones de “recursos prospectivos”; respecto del objetivo quinquenal de 107 mil millones, es apenas el 0.57 por ciento, es decir, menos del 1 por ciento.


Ante este resultado, en las dos siguientes subastas ofreció campos con reservas probadas; en la tercera licitación ofreció incluso campos que se encuentran en producción.


La información de que se subastarían este tipo de campos fue conocida hasta que toda la legislación había sido aprobada y la reforma ya se encontraba en la etapa de las primeras licitaciones. Es decir, fue un madruguete, un ardid, porque cuando se inició la propaganda sobre la reforma, se aseguraba que el capital privado no venía a desplazar a Pemex sino a ampliar las operaciones en nuevas áreas que requerían tecnologías de las que la empresa estatal carecía.


Más tarde, en la tercera licitación, cuya subasta se realizó el 15 de diciembre de 2015, el gobierno intentó entregar 25 campos; seis meses más tarde ha tenido que reconocer que 25 por ciento de los supuestos contratistas ya se “arrepintieron” y, a la fecha, sólo ha podido firmar 19 contratos.


Como no les cobró bono a la firma, regalándoles dólares que no son del gobierno y violentando sus propias leyes que acababan de imponer, además de que les concedió toda la columna geológica, hubo un amontonamiento de pequeñas empresas, algunas creadas pocos días antes y esa licitación aparentemente fue la más exitosa, pero tampoco se ha revelado información de lo que realmente ocurrió en ella.


Para contar con cifras que puedan entrar en la definición de la Sener como “áreas de extracción”, sumamos las reservas probadas, probables y posibles licitadas en las subastas 2 y 3. Nuestra suma: 479 Millones de barriles de reservas 3P, efectivamente licitadas es el 0.7 por ciento de los 68 mil 205 millones, objetivo del Plan Quinquenal.


 


 


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Comparando objetivos y resultados en kilómetros cuadrados


Sumando los kilómetros cuadrados efectivamente aceptados por los contratistas, en las tres licitaciones tenemos mil 533 kilómetros cuadrados, los que, respecto a los 178 mil 554 kilómetros cuadrados del Plan Quinquenal, son el 0.85 por ciento, otra vez ni siquiera el uno por ciento respecto a las expectativas del gobierno de Peña.


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Comparando el número de bloques


Otra manera de expresar los resultados a la fecha es sumando el número de bloques licitados y compararlos con el número total que establece como objetivo del citado Plan Quinquenal.


El documento señala que su objetivo es licitar 914 áreas. A la fecha sólo ha logrado, en las tres licitaciones, que el capital privado acepte 24 bloques, es decir el 2.6 por ciento (Véase la tercera columna del cuadro anterior número 5.)


Se propone entregar 244 campos y a a fecha ha licitado el 10 por ciento.


Otra comparación podría ser contando el número de campos. El Plan Quinquenal se propone licitar 244 campos y a la fecha sólo ha conseguido traspasar seis en la licitación dos y 19 en la tercera; en total 25, es decir un 10.2 por ciento.


La expresión más evidente del fracaso es la imposibilidad de elevar la producción.


Al comenzar el sexenio de Peña Nieto, la extracción en 2012 fue, en promedio, 2 millones 548 mil barriles diarios; tres años después se ubica en 2 millones 214 mil barriles; es decir, cada año está perdiendo más de 100 mil barriles, y de mantenerse esta tasa de declinación, el sexenio terminará en 2018 debajo de 2 millones de barriles al día.


La política petrolera durante el gobierno de Peña Nieto ha acentuado los rasgos depredadores, limitando inversiones necesarias en mantenimiento. La caída de precios también ha provocado suspensión de proyectos; la producción de los CIEPS también se ha reducido; de modo tal que el gobierno inició una nueva etapa de acelerada declinación de la extracción.


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¿Las licitaciones 2 y 3 elevarán a producción?


La primera licitación sólo logró que un consorcio encabezado por la extraña empresa Sierra Oil ganara dos bloques para exploración, pero ni siquiera ha comenzado trabajos de sísmica, por lo que cualquier pronóstico de producción carecería de sustento.


Como adelantamos, el fracaso de ese primer evento provocó que, ante el temor de quedarse con los bloques desiertos, el gobierno iniciara un proceso de “flexibilización” de los términos y condiciones contractuales; la segunda licitación ofreció campos con cifras elevadas de reservas probadas que, según la información oficial, lograría elevar la producción en 90 mil barriles diarios. Posiblemente en tres o cuatro años los italianos de ENI por un lado y el consorcio Fieldwood Energy y Petrobal, que ganaron los bloques 1, 2 y 4, con cinco campos en total, inicien actividades en este mismo sexenio, e incrementen la extracción.


La tercera licitación corresponde a 19 campos maduros, algunos en producción, otros cerrados desde hacía años. Los trabajos de rehabilitación que podrían elevar su producción actual, implican inversiones elevadas que, de prolongarse la crisis de los precios impedirán su realización. Pero aún en el supuesto de que todos sean exitosos, lo que podrían aportar a la declinante extracción aceitera mexicana es 35 mil barriles diarios, según las estimaciones oficiales, esa proyección, a pesar de su modestia, tiene escasas posibilidades de cumplirse.


Adicionalmente, en esa tercera licitación se observaron extraños fenómenos, como una competencia exagerada ofreciendo tasas muy elevadas de regalías para el gobierno, lo que ha suscitado temores de que algunos contratistas intenten renegociar o abandonar sus bloques, todo lo cual presagia que, lo que parecía la más exitosa licitación, se les seguirá desmoronando.


Una primera aproximación a las causas del fracaso.


Una primera explicación es que el desplome de los precios obligó a la Secretaría de Energía a modificar el calendario original de las licitaciones.


El siguiente cuadro ilustra los cambios.


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Fabio Barbosa


[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: ENERGÉTICO]


Contralínea 494 / del 27 de Junio al 02 de Julio 2016


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Fracasa en 99 por ciento la reforma energética de Peña

domingo, 26 de junio de 2016

De Granados Chapa: Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica

Para Julio Scherer Ibarra


I. De entre los libros periodísticos, con prosa gramaticalmente impecable como medio para los fines políticos y culturales escritos por Miguel Ángel Granados Chapa, quien según Tomás Granados Salinas generó más de 45 mil cuartillas, el libro: Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México, continúa siendo piedra de toque de la memoria de la prensa escrita, donde Buendía-Granados fueron y son un binomio del columnismo como contrapoder, y aliado de las cuestiones más democráticas enraizadas en los derechos a la crítica, a dar y recibir información desde la perspectiva social, amparados en los Artículos 6, 7 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, con todo y sus reformas y sobre todo contrarreformas, mantiene esas conquistas políticas como principios (Artículo 136) que norman la conducta, más de los gobernados que de los gobernantes, quienes se coluden en la corrupción e impunidad. En la página cultural de El Financiero (16 de octubre de 2012), Leonardo Frías Cienfuegos nos regaló apuntes de la biografía del abogado y periodista por la Universidad Nacional Autónoma de México: Granados Chapa (1942-2011); aunque su legítima biografía es su periodismo.


exlibris-493II. Con esos recursos nos dejó su investigación política-periodística sobre el homicidio de Buendía que confirmó la alianza de intereses entre funcionarios y narcotráfico que tiene en los 43 [estudiantes desaparecidos] de Ayotzinapa otro capítulo de esa criminalidad: del 30 de mayo de 1984 al 25-26 de septiembre de 2015. Este mayo se han cumplido 32 años de que los periodistas se reúnen en la Plaza (Pública) Francisco Zarco, para mantener encendida la indignación por el asesinato de Manuel Buendía. Del que Granados Chapa desenreda el teje y maneje del crimen ordenado o al menos consentido desde los pasillos de Gobernación y Los Pinos, por medio de ese siniestro personaje y sus sicarios: Zorrilla Pérez; en los tiempos de Manuel Bartlett y Miguel de La Madrid. Por cierto que De la Madrid se enredó en el crimen de Buendía, como ahora Enrique Peña en el de Ayotzinapa; y éste, con su clásica estupidez política dice que no ha “logrado entender cuándo pasó el gobierno a ser señalado como culpable en el caso de Ayotzinapa” (La Jornada, 23 de mayo de 2016). En este libro, Granados Chapa va narrando la vida y obra del reportero, que todos los periodistas llevan dentro.


III. Buendía como Granados Chapa lo llevaron como oficio en todas sus tareas en la prensa escrita; para con sus lecturas del más amplio espectro cultural, fundamentar el trabajo diario desempeñado en las columnas que ambos nos regalaban; Buendía con su Red Privada y Granados Chapa con su Plaza Pública. “Trabajó intensamente en él en los meses finales de su vida”, escribe en la nota editorial del libro Tomás Granados, como que Granados Chapa no quería concluir su vida sin esta crónica-reportaje como un testimonio más de los crímenes de los gobernantes, blindados con la impunidad. Fue un homicidio que silenció a un periodista; cuya estafeta tomó Granados Chapa para continuar hasta las últimas consecuencias, un periodismo implacable contra las inquisiciones de censura y los abusos del poder contra la sociedad, contra el pueblo de la democracia directa, víctima de la democracia representativa. Un libro sobre el asesinato de Buendía que nos revela todos los hilos que conducen a los autores intelectuales, mediatos e inmediatos, que privaron de la vida a Manuel Buendía Téllezgirón, el columnista que ofreció sus conocimientos, investigaciones y crítica a la opinión pública individual y colectiva de la nación.


Ficha bibliográfica:


Autor:             Miguel Ángel Granados Chapa


Título:             Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México


Editorial:         Grijalbo


Álvaro Cepeda Neri


[BLOQUE: MISCELÁNEO][SECCIÓN: EX LIBRIS]


Contralínea 494 / del 27 de Junio al 02 de Julio 2016


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De Granados Chapa: Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica