miércoles, 20 de agosto de 2014

Proyecto encubierto de Occidente para expulsar a los cristianos del Oriente

Proyecto encubierto de Occidente para expulsar a los cristianos del Oriente Ante la persecución desatada contra los cristianos en la ciudad irakí de Mosul, Francia propone acogerlos en su territorio, renunciando así a defenderlos y uniéndose de hecho al proyecto de Estados Unidos e Israel contra los cristianos del Oriente
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/08/cristianos.jpg http://bit.ly/1tjqw6l http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/08/21/proyecto-encubierto-de-occidente-para-expulsar-los-cristianos-del-oriente/

martes, 19 de agosto de 2014

Alerta de violencia de género, a expensas de la voluntad gubernamental



A diario, siete mujeres son asesinadas. No obstante, ninguna de las 10 solicitudes de Alerta de Violencia de Género promovidas, de 2008 a la fecha, por organizaciones civiles ha sido declarada. Pese a que el mecanismo cuenta con al menos 5 millones de pesos, los promoventes señalan que el gobierno “obstaculiza” y “dilata” su aplicación. Pablo Navarrete, abogado del Instituto Nacional de las Mujeres, responde: “El enemigo de esta causa no son las instituciones del Estado: no somos el Inmujeres ni la Segob. El monstruo a combatir es la cultura machista, misógina”

La vida de muchas mujeres en México pende de un constante golpeteo entre el empuje de las organizaciones de la sociedad civil, que buscan perfeccionar sus estrategias para hacer efectiva la Alerta de Violencia Género, y la “resistencia” de los gobiernos por reconocer que la violencia feminicida es tal que a diario cobra 7.2 vidas, tanto de niñas como de jóvenes, adultas y adultas mayores.

A principios de 2007 –de la mano de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)– fue concebida la Alerta de Violencia de Género, mecanismo de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Figura jurídica “novedosa” que, sin embargo, ha devenido en instrumento decorativo.

La Alerta de Violencia de Género data de hace 7 años. Aunque la sociedad civil ha promovido 10 solicitudes de Alerta, ésta jamás ha sido declarada, facultad que compete a la Secretaría de Gobernación (Segob). La declaratoria implicaría la puesta en marcha de un conjunto de acciones gubernamentales preventivas, de seguridad y de justicia para enfrentar o abatir la violencia feminicida en el territorio en alusión.

La primera solicitud de Alerta de Violencia de Género data del 30 de abril de 2008. Fue promovida por el Observatorio Ciudadano Nacional del Femincidio (OCNF) con motivo de la violencia feminicida y los secuestros de niñas y mujeres en la zona triqui de Oaxaca. Después vendrían las de Guanajuato (5 de junio de 2009), Estado de México (8 de diciembre de 2010), Nuevo León (13 de enero de 2012), Hidalgo (11 de marzo de 2013), Guanajuato (15 de agosto de 2013), Morelos (4 de septiembre de 2013), Chiapas (25 noviembre 2013), Guanajuato (20 de marzo de 2014) y Morelos (27 de mayo de 2014).

Ante la supuesta inacción de las instancias oficiales, organizaciones civiles como el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas y el OCNF han asumido el papel que corresponde al Estado: con recursos propios han decretado alertas ciudadanas en Chiapas y Estado de México. Su batalla ha llegado incluso a los tribunales: se han amparado luego de la negativa institucional de emprender, siquiera, la investigación para determinar la procedencia o no de la Alerta de Violencia de Género.

El Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género se creó en 2008 con un presupuesto de 15 millones de pesos. En virtud del subejercicio de estos dineros, la Segob se dio a la tarea de constituir el Fideicomiso Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género, que para 2013 contaba ya con 21 millones de pesos, de acuerdo con información proporcionada por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados (Contralínea 350).

Hoy, el destino de esos recursos es incierto, e incluso la cantidad con la que actualmente cuenta el Fideicomiso podría haber disminuido, señalan los entrevistados.

Verónica Cruz Sánchez, directora Ejecutiva del Centro las Libres de Información en Salud Sexual, comenta que, a través de los instrumentos de transparencia, la Segob le reportó que el recurso para la operación de la Alerta de Violencia de Género es de 5 millones de pesos.

—Dado que el mecanismo de Alerta ha resultado inoperante, ¿qué ocurre con el presupuesto que tiene destinado? –se le pregunta a Pablo Navarrete, quien desde hace 7 años se desempeña como coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

—Eso es un tema que lleva [la Secretaría de] Gobernación y yo ahí suplicaría que más bien le preguntaran a ellos –responde, tajante, el funcionario.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Segob, guarda silencio. Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con Alejandra Negrete Morayta, titular de la misma, pero “por cuestiones de agenda” la funcionaria no accedió a la petición. No obstante, la Segob –en voz de Karla Olmos, directora de Relaciones Públicas– se comprometió a responder por escrito el cuestionario elaborado por este semanario. Al cierre de la edición no hubo respuesta.

En el Reglamento, los obstáculos

Los principales obstáculos para la operación de la Alerta de Violencia Género están inscritos en el Reglamento de la LGAMVLV, elaborado por el Ejecutivo federal, entonces representado por Felipe Calderón Hinojosa. Por eso, el 25 de noviembre de 2013 fue reformado. Como lo reconoce Pablo Navarrete Gutiérrez, el procedimiento anterior “rayaba en lo arcaico”, “constituía un conflicto de intereses” y “provocaba una politización excesiva”. En contraste, el nuevo Reglamento permitiría que ahora sí se decrete la Alerta y se protejan los derechos humanos de las mujeres.

Dos solicitudes han sido promovidas bajo las nuevas reglas –una para Guanajuato y otra para Morelos– pero la efectividad del Reglamento vigente permanece anclada a la duda.

Por tercera ocasión, las integrantes del Centro las Libres de Información en Salud Sexual solicitaron al Inmujeres la activación de la Alerta de Violencia de Género para Guanajuato. De 2013 a marzo de 2014, 85 mujeres habrían sido asesinadas en la entidad por razones de género.

La organización dirigida por Verónica Cruz Sánchez logró, por primera vez, el reconocimiento oficial del incremento de la violencia contra las mujeres en Guanajuato y, como consecuencia, el compromiso del gobierno local, encabezado por Miguel Márquez Márquez, de cumplir con las 13 propuestas “mínimas” que le dirigió el grupo de trabajo y que quedaron plasmadas en el Informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el estado de Guanajuato.

A pesar de los logros citados, la directora Ejecutiva del Centro las Libres, considera que el nuevo Reglamento no garantiza por sí mismo un avance. La evolución de la solicitud de Alerta para el caso de Guanajuato obedece más bien a la solidez de los datos presentados por las peticionarias y a la “buena voluntad” de las académicas del grupo de trabajo, quienes, además de poner dinero de sus bolsillos para la investigación (no obstante la existencia del Fideicomiso Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género), denunciaron “para que la Segob no le bajara el tono a las recomendaciones”.

A través de una carta abierta fechada el 2 de julio, Yessica Ivet Cienfuegos Martínez y Rosalba Vázquez Valenzuela, de la Universidad de Guanajuato, se quejaron, asimismo, de la “falta de interés y formalidad” por parte de las representantes del Inmujeres y la Conavim, lo que se reflejó en comentarios tales como que “no tienen tiempo, que tienen cosas más importantes, que tienen un horario de trabajo, que están de puente o de vacaciones, o simplemente que no las pongamos a trabajar con nuestras peticiones”.

En conferencia de prensa posterior, las especialistas en violencia de género se refirieron también al actuar del Instituto de la Mujer Guanajuatense y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ambos, parte del grupo de trabajo. Respecto del primero, apuntaron que lejos de representar los intereses de las mujeres se mostró incondicional con el gobierno de Guanajuato. En tanto, la CNDH, en contravención con lo que estipula el Reglamento, se “autodefinió como observadora” por lo que se abstuvo de voto.

Al cierre de esta edición, la solicitud para el caso de Morelos, presentada ante el Inmujeres el pasado 27 de mayo, ya había sido admitida y se encontraba en etapa de investigación. Promovida por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, alude a los 530 feminicidios que se habrían perpetrado en el estado durante los últimos 13 años.

Las inquietudes respecto del procedimiento de esta solicitud brotaron casi de inmediato. El 2 de julio, en conferencia de prensa, las peticionarias destacaron la importancia de la admisión de la solicitud –siendo que la primera que promovieron fue desechada–, pero se quejaron de falta de transparencia en el proceso de conformación del grupo de trabajo. Comentaron que ni el Inmujeres ni la Conavim les explicaron cómo fueron seleccionadas las académicas locales del grupo de trabajo, luego de que se declarara desierta la convocatoria para la conformación del mismo.

Inmujeres: el enemigo no es el Estado, es la cultura machista

 “El enemigo de esta causa no son las instituciones del Estado: no somos el Inmujeres ni la Segob. Somos aliados. El monstruo a combatir es la cultura machista, misógina, que ha sido el componente para que esta espiral de violencia se vaya incrementado”, enfatiza Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres.

En entrevista con Contralínea asegura que el compromiso del gobierno de la República para con la vida y seguridad de las mujeres es real; tanto, que la primera acción de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en particular de Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Inmujeres, fue “destrabar” la modificación al Reglamento de la LGAMVLV, misma que se venía “arrastrando” desde hace 3 años.

El funcionario dice lamentar las “inquietudes” expresadas por “algunas” de las académicas que integran el grupo de trabajo de Guanajuato. No obstante, considera que “es natural, tratándose del primer ejercicio” con el nuevo Reglamento. Y agrega: “Yo plantearía que dejáramos que se operaran las recomendaciones; que perfeccionáramos ese mecanismo. Y que esa sea la lógica, porque no es sano descalificar a priori un mecanismo que ni siquiera hemos puesto en práctica”.

—¿El Inmujeres, en su carácter de coordinadora del grupo de trabajo, realizó algún llamamiento a la CNDH que, so pretexto de su “autonomía”, declinó su voto? –se le pregunta.

—No nos corresponde enjuiciar la actuación de un órgano autónomo. Lo que sí es cierto es que valoramos mucho la presencia de todas y todos en este órgano colegiado.

“No estoy justificando a la CNDH porque no soy su vocero ni me toca. Pero yo no plantearía como un escenario catastrófico el que se abstuvo porque argumentó que era un órgano autónomo”.

—¿Podría ser calificado de ilegítimo el grupo de trabajo de Morelos, dado que el proceso de selección de las dos personas de la academia local careció de transparencia?

—Al no haberse inscrito ninguna académica local en el caso de Morelos, lo que teníamos que hacer era preservar la legalidad del procedimiento que dice que, una vez admitida la solicitud, el grupo de trabajo tiene que reunirse en un plazo de 5 días. Como ya no había tiempo para emitir una nueva convocatoria, se hizo uso de la atribución plasmada en el artículo 36 [del Reglamento] que establece que el Inmujeres coordinará y realizará las acciones necesarias para la conformación del grupo de trabajo. No hay ningún acto de ilegalidad.

 “Además yo no objetaría a los dos académicos locales, una mujer y un hombre. Son del CRIM [Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias] de la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México]; intachables ética y moralmente; con toda la confianza y el prestigio social”.

—¿Si el compromiso gubernamental es tan genuino como usted refiere, por qué cuesta tanto el encuentro con las organizaciones de la sociedad civil, con las víctimas y sus familiares, y ahora, incluso, con sectores de la academia?

—Porque hay un déficit muy claro de confianza y credibilidad que se viene arrastrando desde hace muchos años. Yo lo tengo que reconocer. Si yo te dijera lo contrario, estaría faltando a la verdad.

 “Es preocupante este proceso de descalificación, que creo que ha sido producto de falta de comunicación profunda con las organizaciones para hablar el mismo lenguaje. Yo ofrezco, desde el Inmujeres, abrir estos canales… Porque no están cerrados, corrijo. Reiterarles que, como siempre, el Inmujeres está abierto al diálogo franco y abierto. Creo que podemos hacer mucho juntos, en la lógica de que también hay ciertos marcos normativos que tendríamos que respetar”.

Organizaciones civiles pugnan por una nueva reforma al Reglamento

Los avances para el caso de Guanajuato no lograron contener las críticas al Reglamento de la LGAMVLV del 25 de noviembre de 2013. Ya desde la víspera de su publicación, las integrantes del OCNF habían manifestado que las observaciones de la sociedad civil fueron eliminadas en su mayoría, y que lo único que logró el nuevo procedimiento fue “legalizar los obstáculos” que ya impedían la aplicación de la Alerta de Violencia de Género.

Pese a ello, Pablo Navarrete asegura que el Reglamento vigente es producto de un amplio consenso y que recoge la exigencia de la sociedad civil en el sentido de hacer efectiva la Alerta. Enseguida precisa que esto no significa necesariamente que hayan quedado al ciento por ciento reflejadas las opiniones de todas y todos los que participaron. Lo que se hizo, dice, es “concentrar las ideas que pudieran resultar más ágiles, dinámicas, innovadoras y menos burocráticas”.

Para el representante gubernamental, el mayor avance consistió en quitarle al Estado la posibilidad de decidir sobre la Alerta, “gesto de compromiso democrático público y abierto frente a las mujeres de este país”.

Con el antiguo Reglamento, el fallo de la declaratoria recaía en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), integrado sólo por funcionarios: los titulares de 10 dependencias de la administración pública federal y de los 32 mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas. Ahora quien decide es el grupo de trabajo, conformado por un representante del Inmujeres, uno de la Conavim, uno del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres de la entidad de que se trate, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cuatro de instituciones académicas o de investigación especializadas en violencia contra las mujeres (dos nacionales y dos locales).


A decir de Pablo Navarrete, esta nueva composición otorga legitimidad al mecanismo, pues las instituciones del Estado que participan en el grupo de trabajo son minoría. “La mayoría la tienen las académicas, es decir, cualquier votación la ganan ellas. Ya no es el Estado el que determina qué acciones se van a implementar; son las académicas a partir de un proceso de profunda conciencia ética, de criterios de carácter científico y técnico, y ya no político”.

La lectura de la sociedad civil es otra. María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora Ejecutiva del OCNF, considera que con el viejo y con el nuevo Reglamento la investigación está en manos del Estado. Y es que, dice, “de qué sirve que estén las investigadoras si al final el voto de calidad lo tiene el Instituto [Nacional de las Mujeres]”. Efectivamente, el artículo 36 del Reglamento modificado otorga esta prerrogativa a la coordinadora del grupo, que es el Inmujeres.

Para la también integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, es imperativo reformar de nueva cuenta el Reglamento para que el mecanismo de Alerta de Violencia de Género cuente con un cuerpo autónomo que sea el encargado de la investigación. Un cuerpo en el que no participen las instancias gubernamentales que únicamente “obstaculizan” y “dilatan”, tal como se demostró en el caso de Guanajuato, en donde las académicas testificaron lo complicado que resultó emitir las mínimas recomendaciones
.
En el mismo sentido se pronuncia Verónica Cruz Sánchez. La directora ejecutiva del Centro las Libres de Información en Salud Sexual comenta que, dado que “el Estado es el responsable de la violencia feminicida, no puede ser investigador”, función que debe recaer exclusivamente en un grupo de académicas expertas con ética profesional. “Sólo así –dice– la sociedad civil va a confiar en que las investigaciones estén bien hechas, en que haya transparencia y capacidad”.

Rosalba Vázquez Valenzuela, académica parte del grupo de trabajo de Guanajuato, considera, por otro lado, que debe ampliarse el tiempo destinado a la investigación, ya que los 30 días que contempla el Reglamento para ello se convierten más bien en una “trampa para no acabar de hacer la investigación”.

—¿Considera que el nuevo mecanismo de Alerta de Género debe ser objeto de otros ajustes o que así como está sirve para garantizar la vida de las mujeres? –se le pregunta a Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres.

—Yo no me atrevería a descalificarlo ni a ponerle estrellitas. Dejemos que se desahoguen algunas de las solicitudes bajo este nuevo Reglamento para poder tener una valoración más objetiva de qué hay que modificar. De que hay que modificar, hay que modificar, pero es muy prematuro ahorita hacer una descalificación a priori del procedimiento. Yo suplicaría que nos permitieran desahogar las investigaciones en curso, y que esto pueda llevarnos a una reforma integral no sólo del reglamento, sino de la propia ley.

—¿Sobre la marcha han identificado ya algunas cuestiones concretas a modificar? ¿Cuáles?

—Por ejemplo, el plazo de 30 días para investigar, que resulta insuficiente.

—¿Ustedes apoyarían una modificación acorde con lo que plantea la sociedad civil: que el gobierno no participe de la investigación?

—¿Por qué participan las instituciones de Estado en este mecanismo? La razón fundamental es jurídica. Yo no puedo sacar a Gobernación, al Inmujeres ni al Instituto local del grupo de trabajo porque le resto peso jurídico a las decisiones que se toman ahí, y colocaría en una situación de vulnerabilidad y riesgo a las académicas, en el sentido de que tendrían que entrar a un proceso de investigación de un tema complicado.
El funcionario comenta que la participación del Estado en el grupo de trabajo se justifica porque en él recae la facultad de vincular y obligar las recomendaciones. De lo contrario, advierte, los gobiernos locales podrían deslegitimar la personalidad jurídica de las académicas y, en consecuencia, negarse a asumir sus propuestas.

Estado de México y Chiapas, investigados por el mecanismo de Alerta

De 2008 a la fecha, las organizaciones de la sociedad civil han promovido 10 solicitudes de Alerta de Violencia de Género: ocho de ellas bajo las reglas del viejo Reglamento.

La de Oaxaca fue desechada en la primera etapa del procedimiento pues, de acuerdo con la versión oficial, no se presentó ante la instancia correspondiente. La primera solicitud para el caso de Morelos dio un paso más, pero el Inmujeres la rechazó porque adolecía de una firma por parte de las peticionarias.

Las solicitudes de Guanajuato (5 de junio de 2009), Estado de México (8 de diciembre de 2010), Nuevo León (13 de enero de 2012), Hidalgo (11 de marzo de 2013), Guanajuato (15 de agosto de 2013) y Chiapas (25 noviembre 2013), libraron los dos primeros filtros, el de la recepción y verificación de los requisitos, pero en la tercera fase del procedimiento fueron, asimismo, descartadas. El SNPASEV, integrado sólo por representantes gubernamentales, votó por su improcedencia.

En tres de estos casos (Estado de México, Chiapas y Nuevo León) la decisión del Sistema fue impugnada por medio del recurso de amparo.

El OCNF y el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, organizaciones peticionarias de las solicitudes para el Estado de México y Chiapas, respectivamente, ganaron la batalla legal. El Poder Judicial ordenó al SNPASEV realizar una investigación en cada entidad. Es así que ambas solicitudes se encuentran en etapa de cumplimiento de la sentencia; ambas son procesadas bajo las reglas del viejo marco normativo.
El plazo para que el SNPASEV notificara los resultados de la investigación para el Estado de México ha vencido, pero las peticionarias no han sido informadas siquiera de la metodología empleada para la investigación. De lo único que tienen certeza, una certeza que incrementa su preocupación, es que el grupo de investigación se integra por la Segob, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Frente a ese panorama, las integrantes del OCNF han optado por decretar la Alerta de Género Ciudadana en territorio mexiquense.

Pablo Navarrete, representante jurídico del Inmujeres, considera “positivo” el hecho de que el mecanismo de Alerta sea sometido a un instrumento de control, como lo es el amparo. Esto lo “fortalece” y “evita cualquier sospecha”, apunta.

Respecto de la metodología empleada en la investigación para el Estado de México y Chiapas, el funcionario considera que no hay nada que aclarar, puesto que el “procedimiento está claramente fijado en el Reglamento”. Y agrega: “si el tema de preocupación es que sólo hay instituciones del Estado, el propio Reglamento prevé la posibilidad de abrirse a expertas académicas independientes como auxilio al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, justo para darle la transparencia y la legitimidad que requiere una herramienta de esta naturaleza”.
Flor Goche, @flor_contra


 Contralínea 399 / 17 agosto de 2014


lunes, 18 de agosto de 2014

De 15 mil pesos, déficit del salario mínimo


19. agosto, 2014     Capitales,    Semana

Un salario mínimo debería bastar para satisfacer las necesidades normales de una familia en el orden material, social, cultural y educativo, indica la Constitución Política. Pero no es así. El salario mínimo vigente es de 1 mil 913 pesos mensuales, pero para cumplir con el mandato constitucional se necesitan 16 mil 445 pesos, revela estudio universitario

 
En materia de salarios mínimos, la brecha entre lo que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la realidad es de 14 mil 532 pesos.         
El hallazgo es fruto de la investigación del Observatorio de Salarios, de la Universidad Iberoamericana Puebla. En su Informe 2014, el equipo dirigido por Miguel Reyes Hernández, doctor en Economía, asigna un valor monetario al conjunto de bienes para los que, de acuerdo con el Artículo 123 de la Carta Magna, debe alcanzar un salario mínimo: las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y la provisión de la educación obligatoria de los hijos.
El costo de estos satisfactores para la familia mexicana promedio (tres adultos y un niño), asciende a 16 mil 445 pesos, pero el salario mínimo de la clase trabajadora mexicana es de apenas 1 mil 913 pesos mensuales.
El cálculo de los especialistas parte de una metodología propia basada en el diseño de tres canastas de consumo: la canasta de alimentos (CA), la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica no alimentaria (CBNA). Éstas resultan en el salario mínimo constitucional, que busca establecer un umbral mínimo de bienestar: el suficiente para acceder a un nivel de vida digno y humano.
El más innovador de estos instrumentos es la CBA. Incluye, además de los alimentos para el consumo familiar, los artículos indispensables para su preparación, consumo y conservación. “Hasta ahora, las canastas alimentarias construidas en México y América Latina y el Caribe sólo han considerado el valor de los alimentos crudos y sin elaboración”, acotan los investigadores Humberto Morales, Jeffrey Bortz, Cecilia Salgado, José Bretón, Miguel Calderón y Marcos Águila.
La CA, por su parte, contempla el conjunto de alimentos que cumplen con la ingesta calórica recomendada para el consumo de cada uno de los integrantes de la familia y que proporcionan un balance acorde con los requisitos de una dieta correcta, además de sal y agua. En tanto, la CBNA, alude a los satisfactores de carácter material, social, cultural y educativo.
De acuerdo con el cálculo de quienes integran el Observatorio de Salarios, para 2014 el costo mensual de la CBA para el consumo de la familia mexicana promedio es de 6 mil 563.14 pesos. A esto se adhiere el valor monetario de la CBNA, que es igual a 9 mil 881.62 pesos. El total, 16 mil 444.62 pesos, equivale al salario que un jefe de familia debería percibir para satisfacer el conjunto de necesidades contempladas en la Constitución. Éste, a su vez, contrasta con el salario mínimo vigente que es de apenas 1 mil 913.10 pesos.
Como puede observarse, el salario mínimo no alcanza siquiera para proveer el 30 por ciento de los alimentos a las familias en México. En contraste, el sueldo de Basilio González Núñez, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), que asciende a 173 mil 436 pesos mensuales, es 10.54 veces mayor que el salario mínimo constitucional.
Ya desde 1994, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas lamentó que la Conasami no ajustara el alza del salario mínimo, ya que en aquel momento había que ganar alrededor de cinco veces este salario para adquirir la canasta básica constitucional.


55 por ciento, sin cubrir necesidades mínimas

A partir de los datos que arroja la Encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares (ENIGH) de 2012, los integrantes del Observatorio de Salarios determina que tan sólo el 45 por ciento de los hogares cuyos ingresos corresponden a remuneraciones al trabajo asalariado está en posibilidad de adquirir el conjunto de bienes contemplados en la CBA y la CBNA. El otro 55 por ciento se queda al margen del mandato constitucional.
Este cálculo no toma en consideración el hecho de que debe ser el jefe de familia quien perciba todo el ingreso necesario para satisfacer las necesidades mínimas constitucionales, aclaran los especialistas.
Así las cosas, para 2014 sólo los ingresos de trabajadores con estudios de posgrado lograron estar por encima del umbral mínimo en materia salarial. Es decir, ya no es suficiente cursar la licenciatura para satisfacer las necesidades normales de una familia en el orden material, social, cultural y educativo.
 “Es imperativo que el Estado mexicano, bajo un proyecto alternativo y una visión distinta de país, comience a tomar en cuenta el salario mínimo como la herramienta de mayor importancia de la política social”, consideran los académicos Miguel López, Jorge Abascal, Eduardo Bermejo, Rosalío Valseca, Danae Díaz, María Escobar, Claudia Fuentes y Liliana Reyes, también parte del equipo del Observatorio de Salarios.

En 38 años, el salario pierde el 75 por ciento de su valor

En su Informe 2014, el Observatorio de Salarios revela la magnitud de la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo de octubre de 1976 (cuando alcanzó su mayor nivel histórico) a la fecha. Concluye que es de 74.8 por ciento.
Los estudiosos de la economía definen como pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo al bajo crecimiento de los salarios respecto del comportamiento de los precios.
De no haber perdido poder alguno, el salario mínimo sería hoy en día de 10 mil 800 pesos y no de 1 mil 913 pesos como lo es en realidad. Si aunado a ello, el salario hubiese tenido un aumento real de 1.38 por ciento anual durante los últimos 38 años, para 2014 el salario mínimo vigente sería de la misma magnitud que el salario mínimo constitucional.
La caída de los salarios tiene implicaciones que van desde el aumento de la pobreza hasta el estancamiento del mercado interno, precisan los integrantes del Observatorio de Salarios. Las repercusiones del fenómeno se ven reflejadas también en la incorporación de los distintos miembros de la familia al mercado laboral (un sólo salario ya no es suficiente), como un “mecanismo para mantener el ingreso del hogar constante y paliar los efectos de la pauperización salarial”.
Los investigadores de la Universidad Iberoamericana Puebla explican que la caída del poder adquisitivo no ha sido exclusiva de los salarios mínimos, puesto que la fijación de éstos es la base de negociación de los incrementos salariales en cualquier rama o sector de la actividad económica.

Conasami, “ineficaz”

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), presidida desde hace 23 años por Basilio González Núñez, es el órgano encargado de la fijación de los salarios mínimos en el país. Aunque el presupuesto anual asignado a la instancia descentralizada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) asciende a 41 millones 414 mil 55 pesos, ésta incumple su cometido.
De acuerdo con los artículos 561 y 562 de la Ley Federal de Trabajo, corresponde a la Dirección Técnica de la Conasami “practicar las investigaciones y estudios necesarios y apropiados para que el Consejo de Representantes pueda fijar los salarios mínimos”. Dichos estudios estarían enfocados a la determinación de, por lo menos, “la situación económica general del país, los cambios de mayor importancia que se hayan observado en las diversas actividades económicas del país, las variaciones en el costo de la vida por familia y las condiciones del mercado de trabajo y las estructuras salariales”.
No obstante, señalan los integrantes del Observatorio de Salarios, el órgano a cargo de Basilio González “dilapida millones de pesos en supuestos estudios inexistentes”, además de que desde hace más de 20 años determina los aumentos salariales sólo con base en la inflación esperada, y no a partir de las investigaciones y estudios que está obligada a ejecutar.
Con ello, la Conasami no sólo violenta “el marco legal en materia salarial, sino que funciona como el mecanismo de redistribución de la riqueza social que ha legalizado que, con la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, exista una ganancia en el otro lado del espectro de las relaciones de producción que son los empresarios”.
Silvano Aureoles Conejo, coordinador General del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, considera que la metodología que emplea la Conasami para determinar los incrementos salariales y el salario mínimo “no tienen razón de ser”.
En consecuencia, pugna por la desaparición de la instancia a cargo de Basilio González y por la eventual creación de “un nuevo sistema de actualización permanente de las percepciones de los trabajadores”. Además, porque más allá de actualizar los salarios mínimos, se legisle sobre el establecimiento de “salarios máximos”.
El diputado federal asegura que el salario mínimo es un “autoengaño” puesto que no se corresponde con la realidad, además de que, en muchas ocasiones, ni siquiera se aplica. En tanto, la metodología para determinarlo consistente en anclar el incremento de los salarios mínimos a la inflación esperada, es “tramposa” en el sentido de que no refleja la realidad, pues si lo hiciera “no estaríamos ante un escenario de pérdida del poder adquisitivo de más de 70 puntos porcentuales”.
Consultado respecto de las acciones programadas por parte de la bancada perredista en el tema, Aureoles Conejo comenta que aunque no es un “asunto de leyes de Cámara”, sino administrativo del gobierno federal: desde la Cámara de Diputados pedirán que se revise. Puntualiza que se trata de “uno de los grandes temas pendientes de país” y que su redefinición implicará la modificación de muchos ordenamientos.
A mediados de julio pasado, Alejandra Barrales Magdaleno, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, presentó ante el pleno de esa Cámara la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo. Pretende la recuperación “real y progresiva” del poder adquisitivo de los salarios mínimos.
Para ello, prevé, entre otras acciones, modificar el procedimiento mediante el cual se definen los salarios mínimos en el país. Que sea la Cámara de Diputados, y no la Consami, la que apruebe la fijación de los salarios mínimos. Esto no implica la desaparición de dicha Comisión pero sí su modernización a partir de la redefinición de sus facultades e integración.
Entre los cambios propuestos para la Conasami, que bajo el nuevo esquema se encargaría de presentar a los legisladores el dictamen con la propuesta de determinación de los salarios mínimos, destaca la trasformación de su régimen jurídico, al otorgarle autonomía respecto de su organización y toma de decisiones para romper con la “subordinación” que actualmente guarda con el Ejecutivo federal. También que sus sesiones sean públicas y que la “facultad discrecional” de elegir a su presidente ya no recaiga en el titular del poder Ejecutivo, sino en el voto de las dos terceras partes del pleno de los integrantes de la Comisión.
A través de su iniciativa –misma que ya fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado–, Alejandra Barrales, senadora por el Partido de la Revolución Democrática, manifiesta que la determinación de los salarios mínimos, “una tarea tan delicada”, no puede seguir en manos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos , instancia “ha dado muestras de ineficacia”.
Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con por Basilio González Núñez, presidente de la Conasami. Al cierre de esta edición no hubo respuesta. La gestión se realizó a través de Armando Segura Martínez, director de Información de la Secretaría del Trabajo.

Desvincular el salario mínimo de las sanciones pecuniarias

La naturaleza del salario mínimo, una de las principales conquistas sociales de la Revolución Mexicana, se ha desvirtuado al grado de ser utilizado como referente para calcular el pago de multas, contribuciones y otras sanciones pecuniarias.
Así, el salario que fue concebido esencialmente como un beneficio a favor de la clase trabajadora, como base suficiente para solventar el costo de la vida, ha virado en un “mecanismo a favor del Estado para hacerse llegar recursos económicos”.
Esta práctica –que se ha hecho extensiva a la mayoría, si no es que a la totalidad, de los ordenamientos– ha limitado, en los hechos, el crecimiento del minisalario, bajo el argumento de que al estar indexado a dichos conceptos, éstos también se incrementarían.
Con base en esta exposición, la iniciativa con proyecto de decreto que busca la recuperación “real y progresiva” del poder adquisitivo de los salarios mínimos, pretende, asimismo, que el salario mínimo, como “concepto independiente”, deje de ser tomado como base para la determinación del pago de obligaciones públicas e, incluso, privadas.
La nueva unidad de cálculo sería determinada anualmente por el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados.
 “La caída de la suficiencia salarial es un fenómeno multifactorial en el que inciden, en mayor o menor medida, los avances tecnológicos, la globalización y la expansión de los mercados financieros, así como el deterioro de la representación sindical, la cual afecta el poder de negociación de los trabajadores. Pero en ese esquema no se puede dejar de considerar la responsabilidad oficial, sea por acción o por omisión”, se lee en el cuerpo de la iniciativa.



Flor Goche, @flor_contra

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 Contralínea 399 / 17 agosto de 2014


sábado, 16 de agosto de 2014

Esquela

Esquela
 
 
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Más cargos en Estados Unidos contra Susumo Azano

7. agosto, 2014 Oficio de Papel 

Ninguna nación puede vivir en democracia cuando los gobernantes pretenden sustentarla en la injusticia, la corrupción y la impunidad. Por ejemplo, mientras en México el empresario José Susumo Azano Matsura –quien vendió sin licitación al gobierno federal equipo de inteligencia para la seguridad nacional por miles de millones de dólares– demandó a la Secretaría de la Defensa Nacional por incumplimiento de contrato ante la falta de pago, en Estados Unidos un jurado de la Corte de San Diego reportó la semana pasada que este intermediario del gobierno mexicano enfrenta 26 cargos por financiamiento ilegal de campañas electorales en ese país, además de imputarle delitos por falsificación de registros, sobornos y hasta posesión de armas.

Es decir, en México Susumo Azano goza de prestigio como contratista del gobierno federal, al grado de haber estado a punto de firmar multimillonarios contratos para vender nuevo equipo de intercepción e inteligencia para las áreas de seguridad nacional, antes de que se conociera el proceso que se le sigue en Estados Unidos y que lo mantiene con arresto domiciliario desde principios de este año por acusaciones de otorgar donativos a políticos gringos por más de 500 mil dólares.

Fuentes cercanas al empresario explican que ha tratado de justificar ese financiamiento ilegal bajo el argumento de que fue su empresa creada en Estados Unidos de donde salieron dichos recursos, lo que según él lo exime de que se trate de fondos personales. En ese país hay disposiciones legales que impiden a extranjeros dar donativos para campañas políticas.

En las investigaciones que el gobierno mexicano se ha visto obligado a realizar para quedar bien con su vecino del Norte indagan acusaciones de que Azano Matsura habría constituido empresas en el extranjero para triangular recursos federales a través de prestanombres, lo que constituiría delitos por presunto lavado de dinero, sobornos y corrupción con exfuncionarios del gobierno panista de Felipe Calderón.

La duda que surge es si este empresario financió campañas políticas en un país en donde la legislación es rigurosa, qué habrá entonces financiado en México para que el gobierno de Calderón le otorgara contratos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública por miles de millones de dólares. Acaso los sobornos de Susumo Matsura alcanzan a Los Pinos. Este espinoso caso para los panistas puede ser una buena oportunidad para el gobierno de Enrique Peña Nieto de sentar un precedente de justicia y abrir un maxiproceso a exfuncionarios mexicanos que se beneficiaron con dinero público destinado a las áreas de inteligencia y seguridad nacional durante el sexenio pasado.

En 2013 publicamos en esta columna que había un acuerdo en el gobierno federal para que no procediera alguna acusación en contra de exmiembros del gabinete de Felipe Calderón, para evitar así que el Partido Acción Nacional (PAN) se levantara de la mesa de negociaciones mientras no se aprobaran las reformas constitucionales y sus leyes reglamentarias en materias energética y de telecomunicaciones. Esto ha concluido, como lo anunció el presidente Peña Nieto la semana pasada, y ahora sí podríamos ver acciones legales en contra de actos de corrupción cometidos por el gobierno calderonista.

El año pasado el reportero Abel Barajas dio a conocer, en el diario Reforma, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo del mexiquense Alberto Bazbaz Sacal, investigaba una intrincada red de lavado de dinero y fraudes fiscales supuestamente comandada por el empresario José Susumo Azano, quien ha sido uno de los principales proveedores de equipo de espionaje para el Ejército y para la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal. Esto implicaría a militares y funcionarios en actos de corrupción para el otorgamiento de contratos a la empresa Security Tracking Devices (de la cual ya hemos hecho referencia en otras columnas), propiedad de Susumo Azano.

De acuerdo con ese trabajo de investigación del reportero Barajas, en la averiguación previa UEIORPI/AP/189/2013, por la que habían sido encarcelados el empresario Carlos Ambe Buzali y el mensajero Pedro Vega, ambos de Comercializadora Piter, la Procuraduría General de la República (PGR) descubrió que esta empresa recibió 33 millones de pesos de Security Tracking Devices. El dato vincula supuestamente a Susumo Azano en operaciones de blanqueo de capitales para la delincuencia organizada y la venta de facturas apócrifas para deducir impuestos.

Como es público, la UIF es uno órgano de inteligencia adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, por consiguiente, está bajo las órdenes del influyente secretario Luis Videgaray, responsable de indagar todas las operaciones relevantes que puedan estar vinculadas con dinero ilícito o fraudulento. Por ello, la información de esta unidad es confidencial e importante.

El caso es tan preocupante que discretamente otros órganos de inteligencia (como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional) han intervenido en las indagatorias. De esos expedientes se desprende que las primeras investigaciones provienen de Argentina y vinculan el “caso México” con una red internacional en donde aparecen actividades e inversiones de otros empresarios, y allí se investiga al abogado Gonzalo Pascual, quien según la prensa de Argentina tiene procesos abiertos en ese país suramericano y ha aparecido en los expedientes de la UIF por sus operaciones en México vinculado presuntamente con Susumo Azano.

Las autoridades argentinas solicitaron al gobierno mexicano su cooperación para investigar y ubicar a Pascual en sus actividades en este país, lo que coincide con la investigación que lleva a cabo la UIF en coordinación con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, sobre probables actividades de lavado de dinero y evasión fiscal en que podría haber incurrido Gonzalo Pascual en México, a través de la empresa Fidemont México, SA de CV SOFOM. Una fuente cercana a Pascual explica que este abogado abandonó el país cuando supo de las indagaciones en su contra.

Esta investigación se originó al detectarse movimientos “relevantes e inusuales” en diversas cuentas de dicha empresa y de otras en las que se ha descubierto la intervención de Gonzalo Pascual, con transferencias millonarias a otras empresas catalogadas como fantasma o espejos, ubicadas en diversos países de Europa, con la intención de blanquear grandes sumas de dinero de políticos, empresarios y contratistas del gobierno mexicano.

Hasta ahora, señalan los informes confidenciales, se ha logrado la ubicación de al menos cuatro empresas fantasma establecidas en Suiza, Holanda y Hungría: Cooperativa Verening Global Mutual, STR; Trademar KS Management Consultinng, BV; C&O Consultancy, BV, e Intercandy Investment Centauros, BV.

En los informes preliminares que arroja esta investigación se ha establecido que supuestamente por conducto de dichas empresas se han blanqueado cantidades millonarias de distintos servidores públicos de alto nivel del gobierno mexicano, así como de empresarios.

Una de las líneas de investigación apunta hacia la empresa Security Tracking Devices, SA de CV, propiedad de Susumo Azano, la cual sería la matriz de una intrincada red financiera para blanquear cantidades millonarias de funcionarios de alto nivel del gobierno federal que han recibido “contraprestaciones” de parte de este empresario, por los contratos asignados a sus empresas.

Esas cantidades podrían haber sido transferidas al extranjero, trianguladas mediante las empresas señaladas y constituidas ex profeso para el blanqueo de capitales, realizar transferencias e incluso evadir al fisco.

Los expedientes revelan que hasta el momento se tienen datos preliminares de algunas transferencias en euros, realizadas principalmente desde cuentas donde aparece como socio el empresario, a varias de las empresas señaladas. Estas operaciones financieras son rastreadas por los gobiernos de México y de Holanda, donde al parecer se constituyeron dichas empresas, para conocer los nombres de quienes las representan, así como sus apoderados en las instituciones bancarias y sus beneficiarios.

Entre las transferencias donde ha quedado acreditada, para las autoridades de la UIF, la ruta iniciada desde territorio mexicano, destacan las siguientes:

1. Transferencia por un monto de 2 millones 350 mil euros, realizada el 13 de octubre de 2011, a la compañía C&O Consultancy, BV.

2. Transferencia por 2 millones 182 mil 990 euros, realizada el 4 de noviembre de 2011 a la compañía Trademar KS Management Consulting, BV.

3. Transferencia por un monto de 1 millón 873 mil 370 euros, realizada el 4 de noviembre de 2011 a la compañía Cooperative Verening Global Mutual, STR.

4. Transferencia por 2 millones 350 mil 60 euros, realizada el 26 de abril de 2012, a la compañía C&O Consultancy, BV.
5. Intercandy Investment Centauros, BV, en proceso de investigación en sus movimientos
 bancarios.

Esta investigación se aceleró recientemente a raíz de la publicación en diversos medios de comunicación de los múltiples contratos millonarios que varias dependencias del gobierno federal le asignaron durante el sexenio anterior a las empresas de Susumo Azano. Aquí se indaga si hubo, como se afirma, una estrecha relación de este empresario con el expresidente Felipe Calderón.

Asimismo, se tienen informes de que una de las distintas cuentas que se están rastreando es la número 197-5982242, del banco Banamex, que está registrada a nombre de Gonzalo Pascual, y que tenía un saldo de 16 millones 325 mil pesos. En dicha cuenta, Pascual proporciona un domicilio particular ubicado en la calle Bosque de Tecojotes, 73, departamento 401, Bosques de las Lomas, en el Distrito Federal.

La empresa Fidemont México, SA de CV SOFOM, está ubicada en la calle Montes Urales número 720, piso 3, colonia Lomas de Chapultepec. Cuenta con la Clave Casfim 693604 del Sector Sociedades Financieras de Objeto Múltiple ENR, y cuya cédula del Registro Federal de Contribuyentes es FME120118NI5.

Esta empresa forma parte del conglomerado Fidemont Group Offices, que cuenta además con oficinas en diversos países y algunos paraísos fiscales, como Islas Vírgenes Británicas, Curacao, Holanda, Nueva Zelanda, Singapur, España, Suiza, Inglaterra y Estados Unidos (Miami).

Miguel Badillo*
*Periodista

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 Contralínea 399 / 17 agosto de 2014


Panistas en Puerto Vallarta: doble moral

17. agosto, 2014    Opinión 


La otra cara del conservadurismo suele ser la hipocresía y el abuso. Por eso no es extraño que los políticos panistas practiquen exactamente aquello que condenan como contrario a lo que ellos llaman “la moral y las buenas costumbres”.

Hace apenas unas semanas, dos panistas, funcionarios de la delegación Benito Juárez, fueron detenidos en Brasil por recurrir a la violencia y al abuso sexual. Ambos se habían dado a conocer como moralistas intransigentes y radicales antes de cometer sus desmanes que los condujeron a la prisión en el país suramericano.

Ahora, algunos medios han exhibido un video donde se muestra a varios panistas, algunos de ellos bien conocidos como santurrones y mojigatos, nada menos que en una lujosa fiesta en Puerto Vallarta, emborrachándose y divirtiéndose con bailarinas de centros nocturnos.

Tanto ellos como sus defensores se escandalizan no por la incongruencia de su comportamiento, sino porque al difundirse ese material se ha evidenciado su doble moral.

Para que no se les critique, invocan el respeto a su vida privada, precisamente ellos que siempre han negado a la ciudadanía el derecho a tomar decisiones personales en el ámbito de la sexualidad, en temas como el aborto, la educación sexual, los espectáculos eróticos, el uso de anticonceptivos y el matrimonio homosexual.

Esa doble moral panista va más allá del ámbito sexual, y se extiende a la esfera de sus negocios privados y de su quehacer político, como demuestra el hecho de que en la fiesta participó también un personaje vinculado al narcotráfico y sospechoso de un crimen político.

Zapata Perogordo y sus amigos

En enero de este año, los legisladores panistas se corrieron su parranda en la lujosa Villa Balboa, cuya renta cuesta alrededor de 50 mil pesos por noche (noticaribe.com.mx, 11 de agosto de 2014). Uno de los participantes en la fiesta, donde los recatados panistas bailaron con alegres mujeres en minifalda, fue Alejandro Zapata Perogordo, coordinador de Grupos de Enlace del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) y miembro de ese partido desde 1982.

Zapata Perogordo, quien ha sido diputado y presidente municipal de la capital potosina, se dio a conocer desde principios de la década de 1990 por comulgar con la sexofobia derechista. En 1992, cuando fungía como secretario del ayuntamiento de San Luis, apoyó la embestida de grupos conservadores contra los proyectos de educación sexual en la entidad; en aquel tiempo amenazó con encarcelar a quien distribuyera en esa ciudad materiales de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) (El Sol de San Luis, 15 de junio de 1992).

Los grupos conservadores se escandalizaban de que, según ellos, la educación sexual atentaba contra el pudor de los jóvenes, pues les presentaba la masturbación y otros hechos de la vida sexual como algo natural y no como un pecado.

Perogordo fue así uno de los alcaldes mochos que dieron inicio a lo que en esa época sería la furiosa campaña moralista de la derecha, que incluyó desde la oposición al aborto y a los anticonceptivos, hasta la censura de obras de teatro (como La Tarea, precisamente en San Luis), exposiciones fotográficas, espectáculos eróticos y hasta el uso de prendas “impúdicas” como la minifalda, pues así lo dictaron los panistas en Guadalajara en 1995, lo mismo que en reglamentos municipales en Monterrey y en Mérida, así como las persecuciones contra prostitutas en varias ciudades gobernadas por el PAN.

Veinte años después, vemos al pudoroso Zapata Perogordo en compañía de mujeres ataviadas con la demoniaca minifalda, en una costosa fiesta, en compañía de otros panistas.

Zapata Perogordo fue también uno de los derechistas promotores de la reforma al Artículo 24, consumada en 2012, misma que se opone al Estado laico y fortalece la injerencia del clero católico en los asuntos públicos (http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2011/03/asun_2750408_20110317_1300417043.pdf).

Otros panistas que, en lugar de irse a rezar, asistieron al divertido evento en Puerto Vallarta fueron Martín López Cisneros, de Nuevo León; Máximo Othón Zayas, de Sonora; Jorge Iván Villalobos, de Sinaloa; así como Jorge Alberto Labastida Cuadra y Luis Alberto Villarreal Garza, excoordinador de los diputados panistas.

Luis Alberto Villarreal, de Guanajuato, es uno de los panistas que han defendido las leyes que, por imposición de la jerarquía católica, castigan con penas de prisión a las mujeres que deciden abortar.

Esta situación es especialmente grave en Guanajuato, donde grupos conservadores, como el autodenominado Sumando Vidas, exigen que se castigue con todo rigor a las mujeres que recurren al aborto.

Luego de que la publicación Reporte Índigo diera a conocer, el pasado 11 de agosto, el video donde se muestra a los panistas en su orgía, Luis Alberto Villarreal envió a ese medio una carta en la que, en lugar de mostrarse avergonzado por el hecho de que panistas como él, con su doble moral y su derroche dañan y ofenden al pueblo de México, hasta se permite amenazar a quienes se atreven a dar a conocer el verdadero comportamiento de los panistas.

Dice la misiva: “Lamento el uso en política de una(s) grabaciones ilegales que tienen por objeto dañar a las personas y su vida privada. En su momento exigiré a las autoridades correspondientes la investigación del origen de las propias grabaciones” (www.sexenio.com.mx/articulo. php?id=51024).

Totalmente incongruente, el panista pretende ignorar que las prohibiciones que su partido ha impuesto en estados como Guanajuato atentan contra la libertad y la privacidad de las mujeres y, en general, de la población; pero sí exige respeto a su propia privacidad.

Por su parte, el empresario y legislador Martín López Cisneros, al lado de otros panistas, se opuso en 2007 a la despenalización del aborto en 2007, con el argumento de que “no es la solución de los problemas que enfrentan las mujeres mexicanas” (www.eluniversal.com.mx/ciudad/ 83800.html).

En espacios de internet se ha criticado a quienes “se la dan de integrantes de la Sociedad de Sociedades Pías y de la Vela Perpetua… quienes mientras en sus discursos públicos pontifican en favor de las buenas costumbres, respeto a la persona y demás banderolas, comercian con sexo, interactúan con meretrices y derrochan en francachelas recursos del erario”.

Prosigue el comentario: “Para los efectos de Sonora, uno de los galancetes de pacotilla es nada más y nada menos que el diputado federal Máximo Othón Zayas, integrante destacado de la reserva de talentos del oficialismo panista…” (www.encuentro29.com/vernoticias.php?artid =149735&relacion=&cat=350).
Por añadidura, el diputado se ha ganado el apodo de Máximo Dormilón, por entregarse al sueño durante las sesiones legislativas.

El tercer hombre

En la fiesta de Puerto Vallarta, Martín López al igual que Jorge Iván Villalobos Seáñez, departen con Edelmiro Sánchez Hernández, detenido en Nuevo León en 2004 por llevar 87 kilos de mariguana en su camioneta. Este personaje también estuvo implicado en el crimen de un diputado local del Partdio Acción Nacional en Nuevo León, cometido el 7 de septiembre de 2012.

 “En los videos de la pachanga panista, Edelmiro aparece sonriente, platicando con los diputados Martín López, de Nuevo León, y Jorge Iván Villalobos, legislador por Sinaloa y vicecoordinador de la fracción panista.

 “Incluso, Edelmiro sonríe y se burla de cómo el legislador, López, desliza su mano sobre los glúteos de una de las bailarinas.

 “Luego, cuando pasa una chica, el diputado de Nuevo León toca con su mano los glúteos de la bailarina, a lo que Edelmiro responde con una sonrisa e imita el movimiento de la mano de López, simulando un exceso de delicadeza por parte del legislador neoleonés.

 “El diputado Villalobos se ríe de la broma de Edelmiro y levanta su mano para pedirle a éste un condón, el cual le es entregado” (www. zocalo.com.mx/seccion/articulo/ademas-de-teiboleras…-narcos-en-fiesta-de-diputados-panistas-1407857899).

El panista Jorge Iván Villalobos no sólo ha demostrado su doble moral en el caso de la fiesta de Puerto Vallarta, sino que se ha señalado que en 2011 hizo trámites en favor de un casino vinculado a los diputados guanajuatenses Ricardo y Luis Alberto Villarreal (otro de los asistentes a esa fiesta), según se desprende de grabaciones telefónicas.

 “En una conversación con David Preciado, entonces jefe de oficina de la Subsecretaría de Gobernación, ocurrida entre agosto y septiembre de 2011, Villalobos le pide ayuda para que el negocio de los Villarreal opere con un permiso irregular…” (Reforma, 13 de mayo de 2014).

Asimismo, en noviembre del año pasado, Villalobos Seáñez fue acusado de agredir verbalmente a su esposa, en el aeropuerto internacional de Culiacán. “En entrevista telefónica, el legislador reconoció que tuvo una discusión con su pareja porque ella tenía que estar en la Ciudad de México lo antes posible, y la aerolínea no lo dejó abordar por tener aliento alcohólico”.

Tramposamente, restó importancia al hecho, del que dijo: “Es un incidente menor que no me dejaron abordar porque venía de una comida y traía aliento alcohólico”. Versiones de testigos reportaron que el diputado trató de usar su cargo para no ser detenido por los policías federales que se encuentran de manera permanente en el aeropuerto (Milenio, 27 de noviembre de 2013).

Villalobos es conocido también por la forma grosera y prepotente en que se dirige a sus compinches y subordinados, tema que ameritó un artículo de Humberto Mussachio en la revista Siempre! (“El florido Jorge Iván Villalobos Seáñez”, 31 de mayo de 2013), donde se le atribuyen expresiones como éstas: “Mira, pinche delegado: para empezar, tú a mí me pelas el quiote, cabrón. Para empezar yo te nombré y tú me respetas, cabrón…”

En fin, panista de tan pulcro lenguaje y comportamiento también ha dicho que Andrés Manuel López Obrador no tiene “autoridad moral” para encabezar la oposición a la llamada reforma energética de Enrique Peña.
Según la moral de los panistas.

Edgar González Ruiz*
*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México




 Contralínea 399 / 17 agosto de 2014


La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para estar atenta y hacer recomendaciones sobre el ejercicio de las libertades, con sus derechos y obligaciones, de los periodistas en los 35 países de América Latina, mantiene una Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que incluye a Canadá y Estados Unidos, sobre el que tiene una investigación y recomendaciones en “el debate que se produce a partir de las denuncias de Edward Snowden y el juicio militarpenal a la soldado Manning, que implican trabas al acceso a la información”. Pero, es a partir de México hacia América Latina donde durante la gestión por terminar de la abogada colombiana Catalina Botero esa Relatoría ha tenido denuncia tras denuncia y problema tras problema, en cuanto a censuras, limitaciones, restricciones y de plano cancelación de la libertad de prensa. Y son señalados Ecuador, Cuba y Venezuela como los Estados donde está más cercada esa libertad, presentando reclamaciones que la Relatoría transformó en recomendaciones a esos gobiernos para que permitan el trabajo periodístico en la prensa escrita, audiovisual, por la radio e internet, si como sostienen sus documentos constitucionales son regímenes democráticos.

En el domicilio de la Relatoría en Washington, Catalina Botero afirmó a la reportera Silvia Ayuso (El País, 26 de julio de 2014) que “esas democracias suponen un mínimo de derechos para todas las personas que viven en esos Estados, y esos derechos corren peligro, sin duda, si no existe la posibilidad de vigilar lo que hacen los poderes públicos y privados, y de discutir abiertamente y controlar a través de esos procesos de control social. Y, sobre todo, la prensa, vigila lo que hacen estos poderes. Un Estado que prohíbe la protesta social, que no establece mecanismos de acceso a la información pública, en el que una persona pueda ser enviada a la cárcel por decir o hacer algo que pueda ofender a un funcionario, o que pueda, literalmente, llevar a la bancarrota a un medio de comunicación crítico para evitar que circulen informaciones incómodas, es un Estado en el cual será imposible que los grupos más desfavorecidos puedan salir a la calle, publicar sus críticas, cuestionar las políticas de gobierno y exigir soluciones reales a sus problemas. Esa voz que es su mejor instrumento, podrá ser fácilmente suprimida”.

Al relevo en la Relatoría entra el uruguayo Edison Lanza, dentro de 3 meses (en octubre), y tendrá una doble tarea: continuar lo hecho por la colombiana y superarlo, atendiendo, con decisiones rigurosas en sus recomendaciones, la crisis de las libertades de prensa, de expresión y de información que están constantemente amenazando la función de los medios de comunicación. Amenazas, incluso, cumplidas, con homicidios de periodistas (en México, durante la última década van más de 70 asesinados en el cumplimiento de su trabajo). En los 35 países, con mayor o menor democracia, reporteros, ante todo; analistas, columnistas críticos, y hasta las instalaciones corren grave peligro. Los censores, que casi siempre son funcionarios que tiran la piedra y esconden la mano, atacan para suprimir la información que, cuando es veraz y contrastada, sustentada en el periodismo de investigación, genera más la ira gubernamental. Y no titubean en utilizar los medios delincuenciales para tratar de silenciar a la prensa y privar de la vida a los periodistas. Magnífico ha sido el desempeño de la relatora que está por entregar su misión al tratar los asuntos de su competencia con imparcialidad y drásticamente, con recomendaciones que se hacen públicas buscando corregir los abusos de los poderes públicos y hasta privados que quieren un periodismo blando.

Cuenta Catalina Botero que su agenda tuvo, y tendrá hasta el final de su tarea, cinco desafíos. “El primero tiene que ver con la violencia contra las personas que ejercen su libertad de expresión. El segundo es el uso del derecho penal como mecanismo de responsabilidad ulterior por el ejercicio de la libertad de expresión. El tercer desafío es la censura indirecta, el uso del poder estatal para premiar a los medios amigos, complacientes y castigar a los críticos. El cuarto es el acceso a la información. Y el quinto, la diversidad y el pluralismo. También hemos impulsado la protección de las radios indígenas, de sectores marginados, para que estén todas las voces ejerciendo la libertad de expresión”. La titular de la Relatoría de la CIDH, Catalina Botero, cumplió con su deber y el saldo es que mantuvo en todo lo alto la bandera de las libertades de expresión en todos los medios de comunicación.

Álvaro Cepeda Neri *
*Periodista

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 Contralínea 399 / 17 agosto de 2014

“Contrarreforma” energética: la incubación del descontento y la violencia social


Era la hora del cinismo de los vencedores
Daniel Bensaïd

Mientras que en cada nación una clase restringida de hombres detente los grandes medios de producción y de intercambio, mientras que esa clase pueda imponer a las sociedades que domina su propia ley, (…) habrá siempre gérmenes de guerra
.
El capitalismo lleva en sí mismo la guerra como las nubes llevan la tormenta

Jean Jaurès

En su arrebatado discurso en la Cámara de Senadores del pasado 15 de julio, el tribuno perredista Fernando Mayans Canabal conjuró al último e inquietante ariete que le queda a las mayorías para enfrentar a un sistema político mexicano cada vez más cerrado, más absolutista, dominado por los partidos siameses de la derecha radical, avasallados por la parasitaria oligarquía depredadora, que con sus enfurecidas contrarreformas estructurales neoliberales, y con sus tentaciones políticas y desmesuras despóticas, que se han vuelto socialmente más insultantes y más descaradas en su subversión del orden constitucional, han arrasado los últimos harapos que quedaban de la quimera democrática: “A lo mejor y a tiros les vamos a revertir la reforma energética” (http://prd.senado.gob.mx/wp/?p=34414)


La indignada expresión del tabasqueño Mayans siguió a su remembranza de una de las legendarias chulerías de Fidel Velázquez, el difunto capo di tutti capi del aún vigente sindicalismo corporativo y franquicia de conveniencia ante el gobernante en turno y los empresarios. Ella sintetiza la única salida democrática que se le deja a la sociedad para tocar a vuelo las campanas por un sistema presidencialista autoritario que, en su ciclo bicéfalo, se niega a ocupar su lugar en el ominoso basurero de la historia del despotismo y aspira alcanzar la achacosa vida política centenaria, si se considera como punto de referencia al manco de Celaya, Álvaro Obregón, o al fundador del Partido Nacional Revolucionario (PNR), el antecesor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Plutarco Elías Calles: “¡A tiros llegamos al poder y a tiros nos tendrán que sacar!”

Por cierto, la bravuconada de Velázquez no fue más que una parodia de una bravata de Francisco Franco, quien en su momento dijo: “A tiros gané la guerra y sólo a tiros podrán echarme”. El facho llamó “guerra” al baño de sangre al que sometió a su pueblo para destruir a la segunda república española –apoyado por Adolfo Hitler y Benito Mussolini–, al gobierno democrático de 1931-1939 que sustituyó a la despótica monarquía de Alfonso XIII, y encaramarse en el poder durante 39 años.

El exabrupto y la petrificada imagen postrera del capo sindical senilmente postrado en su silla de ruedas son la metáfora hiriente de lo que es el régimen político mexicano realmente existente: obscenamente decrépito; orientalmente despótico; resistente al cambio republicano a través del arte de la política, del cauce institucional y constitucional.

La retórica de Mayans no es más que consecuencia, por un lado, del fracaso de los grupos de oposición a las reformas neoliberales del peñismo, la laboral, la educativa, la energética, de telecomunicaciones y la penal, entre otras. Entre ellos pueden citarse a la masa parlamentaria informe. Calificada a sí misma como “izquierda dialoguista” –según Jesús Ortega, líder de la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática, PRD (El Universal, 3 de agosto de 2014)–, de buenos modales, pese a la toma de la tribuna, que con el tiempo se ha convertido en un circo infecundo, la cual, de todos modos, irrita a las buenas conciencias; aséptica; carente de miras subversivas; de tintes social-neoliberales; presupuestalmente fiel al sistema de partidos y otras migajeras cuotas de poder.

También se puede citar a la “izquierda fanática, intolerante, populista, demagógica, anacrónica” y practicante de “un nacionalismo pernicioso, anclado en el siglo XIX”, como calificara Ortega al Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Quizá la belicosidad de los chuchos en contra de ese movimiento se deba a un resentimiento adelantado: el inminente desfondamiento electoral del PRD y la pérdida de prebendas y cuotas de poder, ante la emergencia electoral de ese nuevo partido, merced a la claudicación de sus ideales primigenios progresistas, con todo y sus limitaciones impuestas por el sistema de partidos, que permitieron agrupar a diversas corrientes a su alrededor, en 1988, y en su conversión en un furgón de cola del régimen priísta-panista.

Por otro lado, es producto de la manera con que ha operado lo que Mayans calificó como el “congreso de borregos”. Esa mayoría nominal integrada por el PRI-PAN-Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-Partido Nueva Alianza (Panal) y alguno que otro desbalagado cordero mercenario de la “izquierda”, que no sólo envileció al Poder Legislativo al evidenciar hasta dónde están dispuestos a denigrarse para someterse a los dictados del Ejecutivo y los intereses de la oligarquía nacional –encabezada por Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego y Claudio X González, entre otros–, el capital trasnacional, que afila las garras para enterrarlas en los sectores de las telecomunicaciones y el energético –los hidrocarburos, la eléctrica, la eólica–, geopolíticos y de seguridad nacional estadunidenses.

También ese bloque pervirtió el proceso legislativo, al violentar sus normas; imponer arbitrariamente tiempos ridículos al análisis y la discusión de las leyes constitucionales y secundarias que se aprobaron, con el objeto de evitar cambios a las mismas que alteraran los contenidos deseados por el Ejecutivo y los grupos empresariales que se beneficiaran de ellas; evitar la participación efectiva de los congresistas de la oposición y de la sociedad. Impermeables a las razones nacionales, aprobaron mecánicamente cuantas leyes se les pusieron enfrente, aún con sus aberraciones jurídicas. En precipitado tropel, se llevaron entre las patas al orden constitucional.

El objetivo fundamental de Elías Calles al fundar el PNR fue poner orden a las belicosas facciones posrevolucionarias que se disputaban el poder a sangre y fuego, como recordaba Fidel Velázquez. De esa manera pacificó –los que no lo aceptaron fueron pasados a mejor vida– e integró a la “gran familia revolucionaria” dentro del partido único, y sentó las bases para un reparto “civilizado” de las cuotas de poder entre caciques y caudillos, a escala regional y nacional, práctica que ha subsistido desde que la Revolución se bajó del caballo y se subió en un Cadillac, se modernizó y se tecnificó, se sacudió definitivamente el polvo nacionalista de aquellos tiempos y se volvió “global”.

Como nada es eterno, la fortaleza de ese status quo mostró sus límites y sus fisuras. Primero con la gran escisión priísta de 1988, que llevó a la creación del PRD y obligó al régimen a robarse las elecciones presidenciales de ese año, y que algunos calificaron como un “golpe de Estado técnico”. Luego con el levantamiento zapatista de 1994: ese mismo año el régimen priísta volvió a ajustar cuentas a balazos y sobre los cadáveres de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu restableció un orden precario. Finalmente, desde 2000, el sistema se vio obligado a sobrevivir con el amasiato PRI-PAN, a cuyo lecho recientemente se ha encaramado el perredismo chuchista.

Enrique Peña Nieto, sin embargo, logró –y no se le puede mezquinar el mérito– lo que ni en sus “más salvajes sueños” hubiera esperado Ernesto Zedillo: imponer las contrarreformas constitucionales necesarias para garantizar la contrarreforma energética, para terminar de desmantelar y destruir la nacionalización petrolera y eléctrica, reprivatizarla y entregarla a las corporaciones extranjeras que habían sido expulsadas por Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, en 1938 y 1960, respectivamente.

Es obvio que ese “salvaje sueño” era compartido por Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón. Todos ellos contribuyeron al desmantelamiento y la destrucción del sector energético, y abrieron gradualmente sus puertas de acceso al capital privado local y foráneo, violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y respaldados por los poderes Legislativo y Judicial. Pero ninguno pudo culminar el proceso en su respectivo sexenio. No por falta de ganas. No lo lograron, en parte, porque la movilización social lo impidió. Pero sobre todo, debe reconocerse, porque no alcanzaron el consenso necesario en el “congreso de borregos”, para emplear las palabras de Mayans. Fueron los mismos legisladores y las tribus priístas, que aún portaban los últimos andrajos nacionalistas, en alianza con la oposición, los que obstaculizaron la reprivatización y la extranjerización energética.

La virtud de Peña Nieto fue reagrupar a la “gran familia contrarrevolucionaria ampliada”, el PRI-PAN-PVEM-Panal bajo los blasones reprivatizadores. Unos se sumaron por convicción. Otros por negocios. El resto, como aventajados mercenarios, vendieron sus voluntades para asegurar la continuidad de su carrera política u obtener otras ganancias nada republicanas. Al cabo, hace tiempo murieron las ideologías y los principios. Actualmente sólo vale la rentabilidad política y del capital. Con su traición, todos prácticamente acabaron con la tradición ideológica del nacionalismo construida por el priísmo.

El consenso logrado por Peña Nieto recuerda al alcanzado por los dictadores militares o los gobernantes autoritarios como Augusto Pinochet, Rafael Videla, Carlos Salinas, Alberto Fujimori o Carlos Menem
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El senador panista Javier Corral señala que se vive un “mandarinato legislativo”, según había calificado Porfirio Muñoz Ledo a los congresistas.

“El mandarinato”, agrega, es “un sistema de apropiación de la vida parlamentaria a manos de un reducido grupo de legisladores que manejan a su antojo los métodos de procesamiento de las iniciativas, los dictámenes y las formas de discusión de las leyes en el Congreso. La China imperial es emulada por los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras del Congreso [de la Unión], con una diferencia esencial, nuestros mandarines tienen su principal instrumento de operación en el dinero, no los conocimientos que los hacen selectos entre los escogidos”. Esos mandarines controlan al Congreso por medio de canonjías, viajes pagados, asesores autorizados, bonos por asistencia y trabajos realizados, préstamos, meses adicionales pagados y otras compensaciones, gracias a los miles de millones de pesos que manejan con “absoluta secrecía”.

Esa secrecía se extiende hasta lo que se legisla, las formas y los tiempos en que se realiza el proceso. “Como nunca –añade Corral– se han atropellado las reglas básicas de nuestra normatividad, la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento”. La discusión de las telecomunicaciones y las leyes energéticas, afirma, estuvieron plagadas de aberraciones durante “los asaltos de la nocturnidad legislativa” (El Universal, 29 de julio de 2014).

Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, Jorge Luis Preciado y Luis Alberto Villarreal son los mandarines del PRI y el PAN, y a su vez son vasallos de Enrique Peña y de oligarcas como Azcárraga o Salinas Pliego. De ese vasallaje no se escapa Miguel Barbosa, coordinador de los senadores perredistas que, a decir de Corral, promocionó los intereses de Televisa.

Con la correa firmemente atada al cuello de la mayoría de casi todos los siervos congresistas, los mandarines cumplieron exitosamente la tarea que les asignaron el señor comendador de los Pinos, el Limantour Luis Videgaray y los robber barons (barones ladrones) oligárquicos. El montón de iniciativas, entre ellas las energéticas, fueron aprobadas por la obscena manada. A veces sin cambiar ni una coma y sin corregir las aberraciones constitucionales y jurídicas cometidas por quienes cortaron y confeccionaron rústicamente el apolillado traje reprivatizador energético neoporfirista. Se cumplió hasta el envilecimiento. La priísta Irma Elizondo, sin metáforas, lo hizo hasta el pie de la tumba.

Enterraron a Lázaro Cárdenas y a Ruiz Cortines. O al menos así lo creyeron. Porque el Cid Campeador tuvo su batalla postrera.

La actual legislatura ha sido una de las más ominosas del México posrevolucionario. Su desvergüenza no tiene límites y la calidad moral (para ellos es un simple árbol que da moras) de diversos congresistas está contradicha por el artículo 8 fracción XII de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que dice: “Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.

René Torres-Ruiz, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, afirma que “el conflicto de interés, en sentido estricto, es un acto de corrupción, ya que todo acto de corrupción tiene esa intención de utilizar un poder público en beneficio de los intereses privados”. La corrupción es posible a la impunidad y una y otra aceitan el funcionamiento de los tres poderes del Estado (Sin embargo, 4 de agosto de 2014).

Ese cuestionable papel es jugado por legisladores como David Penchina, Javier Lozano Alarcón, Juan Bueno Torio, Arely Gómez o Ninfa Salinas, por citar a algunos, anomalía compartida por Pedro Joaquín Coldwell o el exteleviso Humberto Castillejos, copartícipe en la creación telegénica del engendro llamado Enrique Peña Nieto, y actual titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que estuvo muy activo en el Congreso durante la simulación de las “negociaciones” de las contrarreformas.

¡Qué importa que la sombra de la corrupción gravite sobre el Congreso si todo el sistema es cómplice!

En la edición 1969 de la revista Proceso se informa que los partidos señalados anteriormente, junto con el PRD, recibieron 359.2 millones de pesos por avalar las contrarreformas laboral, educativa, fiscal y de telecomunicaciones (www.proceso.com.mx/?p=378480).

La legisladora Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano (MC), preguntó, desde la Cámara de Diputados a los coordinadores parlamentarios, durante la parodia de discusión de la contrarreforma energética: “¿De cuánto será su partida especial en esta ocasión? ¿Cuánto vale su dignidad y su disciplina? ¿De cuánto será su bono especial por traicionar a la patria y votar esta reforma a favor?”

Lo único claro es que la “dignidad” y la “disciplina” son tasables.

Es la corrupción e impunidad institucionalizada lo que aceita el funcionamiento de la maquinaria.

La “dictadura perfecta” de Mario Vargas Llosa cambió de piel. Se hermanó con la derecha leal clerical panista y parte de la “izquierda” que la combatían desde trincheras encontradas. ¿Los revolucionarios de antaño se sumaron a las filas de los dictadores perfectos?

En su impotencia, Fernando Mayans señaló que con la destrucción de la nación se “está provocando la indignación nacional que engendrará desordenes y luchas, que llegaría a poner en peligro a la integridad del país y ustedes van a ser los responsables. No habrá tranquilidad mientras no haya justicia [ni] orden social”.
Pero ni siquiera el propio Mayans se escapó a la servidumbre. Él mismo terminó votando la aprobación de la contrarreforma.

Sin embargo Mayans tiene razón. La contrarreforma energética incubará amplios focos de malestar y de desórdenes económicos y sociopolíticos.

1. El universo de los potenciales damnificados por el despojo de la tierra y otras propiedades es un buen caldo de cultivo para la crispación política. La extensión de tierra susceptible de ser afectada está calculada en unos 400 mil kilómetros, según la legisladora perredista Dolores Padierna. Las eventuales víctimas serán millones de personas, asentadas en 12 estados y 260 municipios. Dirigentes campesinos dicen que la “ocupación temporal” de tierras será resentida por el 60 por ciento de los 31 mil 941 ejidos existentes, y unos 15 mil ejidos seguirán los sórdidos procesos legales para tratar de evitar el despojo. Si es que es posible.

Porque la contrarreformadora Ley de Hidrocarburos peñista considera a esta industria como de “utilidad pública” y tendrá preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de terrenos afectos a aquellas”.

Qué importa un sector agropecuario con su dilatada crisis estructural, la miseria que agobia a la mayoría de los productores, la inflación del precio de los alimentos y el deterioro en el acceso a esos bienes por parte de la mayoría de la población depauperada.

La explotación energética será realizada por el capital privado local y trasnacional, y Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad serán convertidas en enanas como paso previo a su eutanasia. De rectoras de su ramo, serán reducidas a simples “empresas productivas”, encadenadas al trato “asimétrico” que se les aplicará, para facilitar que las corporaciones las superen, dilapiden a placer los recursos energéticos y saqueen los bolsillos de los consumidores. Sin la sombra molesta de un Estado que reculó de sus arcaicos principios constitucionales.

Al que se oponga se le aplicará la torcida “razón de Estado” estractivista. O la modificada ley penal que considera a los descontentos como “terroristas” de la seguridad nacional.

Como el concepto “expropiación” de tierras empleado por la ultraderecha del senado resultaba socialmente a una declaración de guerra, sus pares diputados lo sustituyeron con otros términos más inodoros que no eliminan el hedor a despojo despótico. Así, la confiscación de la propiedad comunal y ejidal, que será extensiva a la producción de electricidad, se llamará higiénicamente: “uso, gozo, afectación, adquisición de terrenos, bienes y derechos, o servidumbres”.

Así, inodoramente, se construirá lo que Ricardo Monreal, coordinador de MC, calificó como el “latifundismo petrolero” privado y extranjerizado. De linaje neoliberalmente neoporfirista.

Quieran o no, los futuros propietarios despojados tendrán que aceptar un pago por la afectación, la previsión de los daños y los perjuicios que puedan sufrir, según sus actividades habituales. La retribución puede ser en efectivo; con la contratación laboral de los afectados si sirven para algo; la compra de bienes, insumos o servicios fabricados, suministrados o prestados por las víctimas, si es que tienen algo que ofrecer y les interesa a los contratistas; el compromisos de tomarlos en cuenta en los proyectos.

La reprivatización de la tierra salinista, la marginación y la miseria neoliberal, abonarán el terreno para la aceptación del pillaje.

¿Cuánto recibirán? No se sabe. Sólo de habla ambiguamente del “valor comercial” de la tierra si es comprada, de una renta por la ocupación, servidumbre y uso de la tierra, y un porcentaje de 0.5 por ciento a 2 por ciento en el caso de la extracción de hidrocarburos, y de 0.5 por ciento a 3 por ciento por el shale gas, después de los pagos previos al Estado.

¿Cuánto? Lo único claro es los pagos se ajustarán a los intereses de las corporaciones y de los dueños de las propiedades, porque aquellos se desalientan fácilmente ante cualquier cosa que afecte su máxima tasa de ganancia. El mismo gobierno tampoco ve con buenos ojos que sus ingresos fiscales sean menoscabados.

Si no se acepta pacíficamente, el despojo será a la fuerza. El gobierno se encargará del realizarlo en nombre del asignatario o el contratista que lo exija (artículo 106 de la Ley citada). La “servidumbre legal” será decretada por la “vía jurisdiccional o administrativa” (artículos 108, 109 y 110).

Para simular ante las comunidades y los pueblos indígenas, se dice que se les consultará para que, brincando como enanos de felicidad, acepten el desvalijamiento (artículo 120).

Los indígenas zapatistas, los yaquis o los huicholes, para citar a algunos de los pueblos originarios, conocen de sobra la lógica metodológica de la “acumulación por desposesión” como diría David Harvey.
También nos han mostrado el camino para recuperación de la dignidad.


¿Y la libertad neoliberal de elegir?

Se reduce a la desposesión y la servidumbre.

La “generosidad” del pago esperado rememora al pillaje minero: los escasos pesos que da por el uso de la tierra; los mezquinos salarios sufragados, en las más infamantes condiciones laborales; la destrucción ambiental. Todo bajo la protección del Estado que, a cambio, recibe avaras contribuciones fiscales.

¿Quién no recuerda las movilizaciones de las comunidades indígenas que ha provocado y que han sido aplastadas a sangre y fuego?

La minería es el espejo de Jano de lo que pasará con los energéticos reprivatizados: las corporaciones que imponen sus condiciones a un Estado débil y complaciente y a una sociedad desprotegida, apática.

El oligarca Germán Larrea, del Grupo México, con sus decenas de trabajadores mineros muertos, con una fortuna de 14.7 mil millones de dólares, la más importante de México después de la de Carlos Slim (72 mil millones de dólares), es paradigmático del curso que seguirá la reprivatización y desnacionalización energética.

Una ecuación se invirtió. Antaño, las nacionalizaciones de justificaban en el interés público. Ahora ampararán al interés privado.

2. La promesa del crecimiento, el empleo y el bienestar es otra fábula que aguzará el malestar. El oligarca Claudio X González es elocuente: “No esperemos un resultado inmediato. Los beneficios de la reforma energética tendrán un periodo de maduración de 4 a 5 años”. Hacia el 2020, si llegan. Sin definirse su cuantificación.

3. El futuro de los precios de los energéticos (gasolinas, gas, electricidad y otros derivados) irritará aún más a la sociedad. Primero se dijo que bajarían con la contrarreforma. Luego que lo harían en el futuro.

En 2014-2017, el precio de las gasolinas seguirá siendo manipuladas por Videgaray, según los costos del transporte, las formas de distribución, la inflación esperada, los precios externos y los subsidios otorgados (transitorio 14). Es decir, subirán como ocurre actualmente. A partir de 2018 lo determinará el “mercado”. Es decir, aquellos mismos puntos, menos la eliminación de los subsidios, más los costos y las ganancias de las empresas.

Lo mismo ocurrirá con el gas, que seguirán aumentando hasta 2016. Después lo fijará el “mercado” y la baja de subsidios. Y con la electricidad.

¿Algún ingenuo espera que se reduzcan? La eliminación de los subsidios podría más que duplicarlos.

4. La irritación cundirá entre los trabajadores electricistas y petroleros, alrededor de 142 mil y 60 mil, respectivamente. Ellos verán afectados sus salarios y prestaciones, su estabilidad laboral, su edad de retiro sus pensiones privatizadas. Mediáticamente ya han sido linchados por una infamia: tener mejores beneficios que la mayoría de los asalariados y no compartir sus miserias que les ofrece el neoliberalismo.

Es obvio que los intereses de sus líderes Carlos Romero Deschamps y Víctor Fuentes serán afectados por el desmantelamiento de los sindicatos. Pero son parte del sistema y serán protegidos. Su estela de corrupción se mantendrá incólume. Al igual que la de los funcionarios de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

De hecho, varios responsables de la destrucción de las paraestatales se preparan para el jugoso saqueo o ya participan en él: Pedro Aspe, el tutor de Luis Videgaray, José Andrés de Oteyza, Carlos Ruiz Sacristán, Jesús Reyes Heroles González, Emilio Lozoya, Georgina Kessel, Juan José Suárez Coppel o Luis Ramírez Corzo, por citar a algunos.

Nadie se extrañe que después aparezcan Enrique Peña Nieto o Luis Videgaray como glamorosos empresarios de los energéticos, junto con Pedro Joaquín Coldwell.

Cerradas las puestas de la democracia y el estado de derecho, que en realidad nunca han existido, ¿qué le queda a la población?

 “La única esperanza está en hacerse revolucionarios: es la única forma de librarse de su vergüenza o de responder a lo intolerable”, diría el filósofo francés Gilles Deleuze. Aunque, agrega, “últimamente está de moda condenar los horrores de la revolución. No es nada nuevo”.

Marcos Chávez M*
*Economista

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 Contralínea 399 / 17 agosto de 2014