martes, 30 de junio de 2015

Presupuesto base cero: más recortes y empobrecimiento


Ante la pérdida de ingresos tributarios y petroleros, el gobierno federal ha optado por el presupuesto base cero y el balance fiscal cero. Con ello se sacrificará de nuevo el gasto público: el social, de salud, de educación, las pensiones, el empleo. No se tocarán las grandes fortunas, que seguirán eludiendo al fisco. Así, las capas sociales más bajas serán víctimas de la ausencia de crecimiento, del bajo empleo formal y de la menor capacidad de consumo local

Un predicador a la antigua pronunciando el sermón de los domingos
Milton Friedman, Capitalismo y libertad
En agosto de 2011, a propósito de la reforma pactada entre el social-neoliberal José Rodríguez Zapatero y el neofranquista Mariano Rajoy, que elevó a rango constitucional el compromiso del equilibrio fiscal y de pagar la deuda pública española, el entonces diputado socialista Antonio Gutiérrez, el único de su partido que votó en contra en esa ley, dijo: “así empiezan las ocurrencias, que es muy distinto de las ideas políticas cabalmente pensadas”.
La “ocurrencia” desesperada de Rodríguez Zapatero, después seguida por Rajoy –cuyo partido pregona la doctrina del déficit cero desde 2001–, fue ubicar el pago de la deuda estatal como la “prioridad absoluta” para todas las administraciones, por encima del resto de los egresos públicos no financieros. Esto implicó subordinar el gasto social, el de salud, de educación, las pensiones, el empleo, el seguro del desempleo o el productivo a la liquidación puntual de los intereses y el principal de los pasivos externos.
Para echarle sal en la herida, como diría el periodista español Alejandro Bolaños, además, las nuevas leyes “no admiten la iniciativa popular para su elaboración o modificación”.
El castigo del gasto programable y la elevación de los impuestos –y la creación de nuevos– y de los precios públicos tenían, por tanto, una meta clara: reducir el déficit fiscal global, el cual cayó de 11 por ciento a 4.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) entre 2009 y principios de 2015 y el primario (la diferencia entre el ingreso y el gasto, menos los intereses), que bajó de 9.6 por ciento a 1.6 por ciento del PIB, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). El propósito es que el primero sea de cero y el otro superavitario para generar los excedentes financieros necesarios para cubrir dicho servicio.
Paradójicamente, la deuda pública total del gobierno español no se reduce. Aumentó de 728 mil millones de euros a 1.1 billón de euros entre 2009 y 2014; del 67 por ciento del PIB a 103 por ciento. La del gobierno central subió de 582 mil millones de euros a 930 mil millones de euros; de 54 por ciento a 88 por ciento del PIB. Esto debido a los créditos obtenidos para evitar la quiebra del zombi sistema financiero.
El ajuste es drástico. Pero para la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) es insuficiente. Ellos exigen que el déficit fiscal no supere el 3 por ciento del PIB y que el endeudamiento público no sea mayor a 60 por ciento del PIB. A menos que suceda algo, España necesitará, quizá, un par de años más de sacrificios.
El costo de la política fiscal austera fue la recesión de 2009-2013 (la tasa media real anual fue de -4.5 por ciento) con alto desempleo (su tasa media subió de 18 por ciento en 2009 a 23 por ciento al primer cuatrimestre de 2015, de 2.6 millones de personas a 5.2 millones). Aunque el desempleo de los jóvenes pasó de 847 mil a 755 mil, su proporción dentro del total de este segmento de la población aumentó de 43 por ciento a 53 por ciento. En Europa esos datos desastrosos sólo son superados por Grecia.
El costo político del programa presupuestario antisocial fue la salida de los socialneoliberales del gobierno. Rajoy no tarda en replicar ese destino. Ambos serán derrotados electoralmente por los indignados, arrojados a la oposición con el colapso sistémico del neoliberalismo de 2008-2009 y las subsecuentes medidas autoritarias de la austeridad.
El futuro de la austeridad se vuelve incierto en Grecia y España, sin descartarse el “efecto contagio”.

Del fracaso a las ocurrencias

En el caso de México, lo único que no se les puede objetar a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray es su destreza para allanar el camino a las reformas estructurales neoliberales –entre ellas el desmantelamiento y reprivatización del sector energético–, que sólo han beneficiado a las corporaciones, sin ayudar al crecimiento económico.
Después, como Rodríguez Zapatero, sólo han mostrado una peculiar habilidad para el fracaso y las ocurrencias.
Prometieron crecimiento y, sin embargo, la política fiscal y económica se basa en los cánones de la ortodoxia neoliberal que lo obstaculizan.
La conducción económica, responsabilidad de Videgaray, es un desastre.
Educado en la tradición monetarista y del fundamentalismo del “libre mercado”, y adiestrado en la tijera disciplinaria fiscal y la modernización privatizadora estatal por su paso en tierras de caciques mexiquenses, cuando fue secretario de Finanzas, Planeación y Administración del entonces gobernador Peña Nieto (2005-2009), Luis Videgaray sólo aprendió un par de lecciones. Una es la de la austeridad presupuestaria. Otra es, como diría Yanis Varoufakis, el ministro griego de Finanzas, ayudar a “legitimar la usurpación del poder y la riqueza por parte de un grupo social determinado”, a poner el aparato del Estado en beneficio de los poderosos”. OHL es un buen ejemplo del nuevo trato de los negocios público-privados, y Videgaray algo debe saber… Ese conocimiento ahora lo emplea desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por ello, no es extraño que la política económica y fiscal en 2013-2018 sea de astringencia presupuestal, más que anticíclica y promotora del crecimiento, tarea transferida al capital privado.
En 2013 propuso una reducción del gasto público programable real en 1.4 por ciento y se ejerció con retraso entre enero y agosto, comparado con el aplicado en el mismo lapso de 2012. Después lo aplicó precipitada y desordenadamente. Al cierre del año creció 2.8 por ciento; el del gobierno federal en 4.6 por ciento, sin efectos sobre la aletargada economía.
En 2014, con su “reforma” de impuestos extravagantes, dijo que el gasto programable sería contracíclico: 9.4 por ciento. Al final, el del sector público creció 3.6 por ciento y el del gobierno federal 4.5 por ciento.
Con ese presupuesto se estimaba un crecimiento de 3.5 por ciento y 3.9 por ciento en 2013 y 2014. Pero su variación fue de 2.2 por ciento y 2.5 por ciento. El promedio fue de 2.3 por ciento, contra la tasa de 2.4 por ciento de 1983-2012.
A partir de 2015 todo se ha convertido en una tragicomedia.
Se planea un aumento del gasto programable de 0.3 por ciento, el cual se volvería en un decremento en caso que la inflación superase la tasa de 3 por ciento. Pero no será necesario esperar esa desviación. Hacienda adelantó un recorte por 124 mil millones de pesos y otro por 135 mil millones de pesos para 2016, por lo que en este año, con relación al PIB se ubicará en su nivel más bajo en 8 años.
Hacienda también revalúa a la baja su meta de crecimiento. En 2015, de 3.9 por ciento a 3.3-4.3 por ciento. Para 2016, de 4.9 por ciento a 3.3-4.3 por ciento. El Banco de México (Banxico) ha reducido la primera de 2.5-3.5 a 2-3 por ciento, y la segunda de 2.9-3.9 a 2.5-3.5 por ciento.
En parte, el desastre se debe a que Hacienda fue incapaz de observar y analizar la tendencia del mercado petrolero –el alza especulativa de los precios del crudo (2009-2012), su declinación (2012-2014), su colapso a partir del segundo semestre de 2014 y su bajo nivel de 2015, con expectativas inciertas, a raíz de la “guerra de cotizaciones” y la sobreoferta de crudo– y otros factores económicos internos y externos que llevan al endurecimiento fiscal.
En pleno colapso petrolero, Videgaray y sus muchachos planean como si estuvieran frente a otro catarrito carstense. En los Criterios de política económica de 2015 enviados al Congreso de la Unión en septiembre de 2014, estimaban un precio de 81 dólares por barril (db) para la mezcla mexicana de exportación, de 80 db en 2016, de 85 db en 2017 y de 87 db en 2018. En noviembre, el precio aprobado para el presupuesto fue de 79 db, justo cuando éste ya había perdido casi una cuarta parte de su valor en el mercado con relación a junio (cayó de 98.79 db a 75.23 db), era impredecible su “piso” y era ligeramente menor al de la cobertura contratada (76.4 db).
El ajuste oficial en la cotización evidencia que el gobierno aún no se convencía de esa nueva realidad que percibía como transitoria y se escapaba caprichosamente a su designio y raciocinio.
Ahora estiman un precio del crudo de 50 db para 2015 y de 55 db para 2016. Sobre ese supuesto proyectan el páramo fiscal que caracterizará lo que resta del peñismo.
La tesis de doctorado en economía de Videgaray, de 1998, obtenida en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, versa sobre La respuesta fiscal a los choques petroleros (The fiscal response to oil shocks).
Por lo visto, merced a la actual crisis petrolera, Videgaray no encontró la respuesta fiscal adecuada para tratar de adelantarse preventivamente a esa conmoción y, por añadidura, tampoco halló las opciones pertinentes que, en la medida de lo posible, permitieran sortear sin graves daños sus secuelas perniciosas. No obstante es doctor, es secretario de Estado, y al parecer sueña con la herencia presidencial.
El derrumbe de los precios del crudo y la pérdida de esos ingresos lo tomó desprevenido y lo forzó a actuar después del diluvio como canguro lampareado.
Las soluciones que ha encontrado no son doctoralmente originales. Son triviales. Una es la recuperación del ajuste fiscal tradicional recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuyos efectos recesivos y antisociales son conocidos desde la década de 1980, cuando éstos programas se impusieron intensivamente a escala mundial. Es decir, el recorte del gasto público en el monto necesario para ajustarlo al nivel de ingresos disponibles, afectados por la caída de los recursos petroleros, y al equilibrio fiscal.
Según Fernando Galindo, subsecretario de Egresos, se busca “un déficit público decreciente” que alcance su “equilibrio en 2017”. En 2014 fue de 1.5 por ciento del PIB, excluyendo las inversiones de Petróleos Mexicanos (Pemex), y se espera que baje a 1 por ciento del PIB en 2015, y a 0.5 por ciento del PIB en 2016.
En lo que resta del sexenio, por tanto, privará la austeridad.
La coartada para justificar el ajuste es tediosa: “Atemorizan con que el gasto público y déficit son causas de la inflación y la recesión, lo que exige disminuir los subsidios y reducir la expansión fiscal en las cuentas referidas al empleo público, salarios y cobertura previsional. Ése es el recorrido”, dice el economista Alfredo Zaiat.
Como dice el economista Alejandro Nadal: “La austeridad fiscal, el brutal recorte del presupuesto, tiene por objeto principal calmar las inquietudes de los dueños de las reservas”, es decir, los inversionistas. “La retórica de que el gobierno es como cualquier familia y no puede vivir por arriba de sus recursos es falsa. Ninguna familia tiene la capacidad de recaudar ingresos tributarios. En el fondo, la austeridad fiscal sacrifica la economía real y sólo sirve para que la economía mexicana siga manteniendo su función de espacio de servidumbre financiera”.
Videgaray nunca podría ser ministro de Finanzas del griego Alexis Tsipras o la argentina Cristina Fernández, renegados de la austeridad neoliberal y militantes del activismo fiscal keynesiano, que desafía la ortodoxia de las finanzas y busca ampliar la autonomía restringida de la política económica.

La moda del presupuesto autista base cero

A su falta de creatividad, Videgaray añade un aderezo ocurrente: el llamado “presupuesto base cero” (PBC), el cual no es una propuesta innovadora; de mejor calidad demostrada en otros países donde se hayan aplicado.
Jorge E Dávila, de la Confederación de Cámaras de Comercio, dijo en 2010: “Ya no queremos el incremento de tasas impositivas, vamos por la revisión de los egresos de los gobiernos. [Queremos] presupuestos base cero y no inerciales”. Ello pese a que Claudio X González, “el energúmeno que estigmatiza a los maestros, desacredita la enseñanza pública e intimida a quienes no se supediten a su agenda y sus deseos” (Luis Hernández Navarro dixit), reconoce en ese momento que la experiencia internacional ha dejado resultados mixtos.
¿Qué es el presupuesto base cero? Es la revaluación, la “reingeniería” de “cada uno de los programas y gastos, partiendo siempre de cero”. El presupuesto “se elabora como si fuera la primera operación y se evalúa y justifica el monto y necesidad de cada renglón del mismo. Se olvida del pasado para planear con plena conciencia el futuro”. Se basa “únicamente en las expectativas para el año siguiente, sin referencias a los años anteriores, sin base de datos históricos”, en nuevas operaciones [diferentes] a las habituales de la empresa. Significa “la reorientación de los recursos con mayor efectividad”, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
Será un simpático presupuesto históricamente amnésico. “Es como decir borrón y cuenta nueva y volvemos a asignar todas las prioridades de gobierno asignándoles cierto tipo de presupuesto dependiendo de las prioridades que se presentaran”, dice Sunny Villa, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Como se sabe, el PBC (zero base-budgeting), visto por Videgaray como la panacea, fue inventado por Peter A Pyhrr a finales de la década de 1970 y lo aplicó en la empresa Texas Instruments. Después fue adaptado en otras corporaciones con resultados diversos, los cuales han sido mitificados. Sobre todo a partir de que Jimmy Carter lo convirtiera en moda al aplicarlo en el estado de Georgia, del cual fue gobernador (1971-1975). Pyhrr fue contratado para diseñar el presupuesto base cero.
Carter dijo que logró un ahorro por más de 55 millones de dólares en el cuatrienio, monto nada espectacular. Sin embargo, en 2004 alguien aclaró que, en realidad, el ahorro fue de apenas de 5 millones de dólares, si a aquella cantidad se le restan los costos de la elaboración de los presupuestos bajo la nueva figura (Steven F Hayward, “The real Jimmy Carter”, Regnery Publishing, 2004). Como presidente (1977-1981), Carter quiso imponerlo en el terreno federal, pero a menudo los costos administrativos y de gestión no compensaban los ahorros. Cuando Reagan llegó a la Casa Blanca lo desechó.
La técnica presupuestal inercial, es decir, su variación anual según la inflación y los recursos disponibles por programas definidos o de PBC va de la mano de la política. No es neutral. En realidad, la primera es un instrumento de la segunda que define los objetivos e instrumentos de la política económica; la prioridad de los diferentes conceptos del gasto público, en el corto y largo plazo; la manera en que se obtendrán los ingresos para financiar los egresos; la existencia o no del equilibrio de las finanzas estatales; la relación de la política fiscal con el resto de los programas económicos.
Más allá de las dificultades técnicas que implicará su aplicación en México (evaluación, definición de programas y paquetes y su costo-beneficio, recursos que se destinarán y la supervisión de su ejercicio, el papel de los operados, etcétera), en los tres niveles de gobierno, el federal, estatal y el municipal, vale la pena destacar otros hechos relevantes, de evidente contenido político, que los peñistas pretender oscurecer.
Uno de ellos es la pretensión de manejar el PBC como si fuera una empresa y Videgaray su gerente (aunque ya lo sea, pero de la Casa Blanca, el FMI y el Banco Mundial), donde todo se reduce a una visión técnica de la política fiscal, cuantitativamente mensurable, por medio de la optimización de la relación costo-ahorro-eficiencia-productividad-beneficio.
Con ese sesgo ideológico-político busca sustituir al Estado como concepto político que involucra una forma de organización social, económica y política, a las instituciones que lo representan, las formas en las que se relacionan los diferentes sectores de la población, entre otros elementos. En la que la política fiscal no es más un instrumento que forma parte de la política económica, cuyos objetivos –unos mensurables, otros inmensurables– e instrumentos que emplea para conseguirlos definen la orientación de las políticas del Estado, los compromisos sociales que representan.
Esa oblicuidad tecnocráticamente “inocente” es otra tentación autoritaria que pretende agudizar el control político del Ejecutivo sobre los poderes Legislativo, Judicial y sobre la sociedad. La política fiscal y sus componentes, el ingreso y el gasto público, son resultados de los acuerdos sociales históricos, de compromisos e intereses, cambiantes en el tiempo. Con ese y otros instrumentos se define la relación Estado-mercado-sociedad, las pautas del desarrollo y el ciclo económico, su importancia para la producción, el empleo, los precios. La imposición del neoliberalismo como proyecto de nación implicó la destrucción y sustitución del surgido de la Revolución Mexicana.
La imposición “técnica” del PBC, bajo el principio del “gobierno austero”, como dicen Videgaray o Galindo, representa, asimismo, otra fase de las reformas estructurales neoliberales iniciada en la década de 1980 y que modificó el papel del Estado: la reducción de su tamaño y sus funciones; las privatizaciones de entidades públicas y de sectores estratégicos, la asociación público-privada.
Galindo es claro: “Hoy se nos presenta una oportunidad para poder revisar cuál debe ser el tamaño óptimo del gobierno, acorde a nuestra nueva realidad presupuestal”; todo programa, proyecto y “todas las estructuras administrativas del gobierno” serán modificadas, reducidas, fusionadas o desaparecidas, aun cuando se pierdan empleos. Ya se sabe cómo se vencerán las resistencias.
La disciplina fiscal descansa en un fatalismo: la pérdida de ingresos tributarios y petroleros ante la cual no se puede hacer nada más que resignarse; y en dos principios voluntarios inmodificables: la decisión de no elevar ni inventar impuestos, ni de recurrir al endeudamiento.
El presupuesto base cero y el balance fiscal cero, por tanto, sacrifican el gasto público. En ese sentido, la austeridad se convierte en una indestructible camisa de fuerza para el Estado, Peña Nieto y las promesas de crecimiento, el empleo, el bienestar.
Nada se dice que el problema no es de gasto, sino fundamentalmente de la restricción del lado de los ingresos públicos, como consecuencias de la caída de éstos con relación al PIB en los últimos 32 años. Esto debido a la política fiscal regresiva que redujo las cargas fiscales a las grandes empresas y a los sectores de altas rentas y que no afecta sus mecanismos de elusión fiscal. La ausencia de crecimiento, de bajo empleo formal y de contribuyentes, la menor capacidad de consumo local refuerzan el deterioro de la recaudación, una de las más bajas del mundo.
La petrodependencia fiscal se magnifica ante la vulnerabilidad de los ciclos del mercado petrolero internacional. Los bajos ingresos fiscales sintetizan el fracaso de las sucesivas “reformas fiscales integrales” aplicadas desde 1983.
De manera general, ellas son reflejo de la mecánica de la política económica y del modelo de nación.

Marcos Chávez M*, @marcos_contra
*Economista
[CAPITALES]

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Contralínea 443 / del 29 de Junio al 05 de Julio 2015


lunes, 29 de junio de 2015

OTAN-Rusia: el inicio de la guerra híbrida

28. junio, 2015        Opinión


El pasado 18 de junio de 2015, en la localidad de Zagar, Polonia, se llevó a cabo un simulacro militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) llamado Noble Jump (Salto Noble) donde se ensayó la capacidad de reacción de la alianza militar con la participación de nueve naciones (Alemania, Bélgica, Lituania, los Países Bajos, Noruega, Polonia, República Checa, Hungría y Estados Unidos) con un total de 2 mil 100 soldados participantes. Este ejercicio militar de dimensiones históricas, nunca antes visto desde la Guerra Fría, responde a la operación Punta de Lanza (Spearhead en inglés), que planea erigir un ejército en común para la rápida intervención de la OTAN en los países de la periferia de la Organización, situados a escasa distancia del enclave ruso de Kaliningrado.

La ministra de Defensa de Alemania, Ursula von der Leyen, afirmó durante el simulacro militar en Polonia que “nos es importante, como país líder de la Fuerza Punta de Lanza de la OTAN, aquí en Polonia, enviar una señal clara. Hay que enviar una señal a los socios orientales, que les vamos a brindar protección. Nueve naciones han demostrado su interoperabilidad, como el conocerse y tenerse confianza”. Junto con sus homólogos presentes –el ministro de Defensa polaco, Tomasz Siemoniak, la neerlandesa Jeanine Hennis-Plasschaert, la noruega Ine Marie Eriksen Søreide, además de la presencia del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg– pusieron por primera vez en obra una práctica de la denominada Very High Readiness Joint Task Force (Fuerza de Choque Conjunta de Alta Disposición Operativa, VJTF), con el fin de coadyuvar a la creación de una respuesta rápida para la asistencia de los Estados miembros de la coalición militar bálticos y fronterizos a la Federación Rusa. El general alemán de la OTAN, Hans-Lothar Domröse declaró al periódico alemán Die Welt: “Nosotros deberíamos proveer a nuestros aliados con armas modernas y potentes, como helicópteros, obuses, tanques, sistemas de cohetes antiaéreos y equipo pesado de punta, además de entrenarlos en su uso”.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su lado, anunció en el Salón Militar Ejército-2015 en Moscú, a mediados de junio, que más de 40 nuevos misiles balísticos intercontinentales capaces de resistir a los sistemas de defensa antiaérea más sofisticados serán desplegados por las Fuerzas Armadas rusas. A lo que el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, respondió declarando que esta medida era “innecesaria y poco constructiva”. La posible presencia militar de 3 mil efectivos de Estados Unidos en los Países Bálticos (Estonia, Letonia, Lituania), Polonia, Bulgaria y Rumania parece ser una de las razones, para el Kremlin, de tomar decisiones tan drásticas de rearme.
La guerra híbrida presentada por la ministra Ursula von der Leyen en la pasada Conferencia de Seguridad en Múnich, Alemania, sería la combinación de diferentes formas de guerra simultáneas, es decir, la acción militar con la presión económica y el uso de propaganda con fines desestabilizadores. Estas tres medidas ya están en marcha, sobre todo la presión económica, dado que el miércoles 17 de junio, en una reunión en Luxemburgo, la Unión Europea decidió prolongar las sanciones económicas hasta enero de 2016, además de prolongar la prohibición de invertir en la península de Crimea por parte de la iniciativa privada hasta junio de ese mismo año. Estas sanciones que tenían como origen un carácter temporal debido a la crisis en Ucrania, parecen ahora convertirse en permanentes ante la lucha frontal contra la nación euroasiática. Cuando ya se están viendo los daños colaterales que ocasionan estas medidas en las economías europeas con la caída de sus exportaciones e importaciones hacia esa nación y la consecuente pérdida de mercados y, por lo tanto, pérdidas cuantiosas para las empresas sancionadas así como de puestos de trabajo, Estados Unidos apenas se ve afectado por su mínimo intercambio comercial con Moscú, es decir, las naciones europeas sí están viendo los costos en la realidad.
“El ejercicio Salto Noble fue planificado para probar y cerciorarse de la capacidad de las tropas de intervención rápida de la OTAN bajo condiciones de operación, para ver que nuestros conceptos y procedimientos funcionaran en caso de una crisis verdadera”, explicó el general estadunidense Philip M Breedlove, del Comando Superior Aliado de Europa, en una publicación del Ministerio de Defensa Alemán. Los mensajes enviados a través de los medios representan hoy el frente propagandístico de la llamada guerra híbrida.
La región de Kaliningrado, donde opera la base naval rusa más importante sobre el Mar Báltico, situado entre Lituania y Polonia, a las puertas de donde la OTAN fue a realizar su ejercicio militar, es probablemente el puesto de primer choque, donde de hecho ya se han visto encuentros entre aviones de caza rusos y de la OTAN en el pasado. La presencia de submarinos atómicos y misiles balísticos intercontinentales a tal cercanía de países miembros de la OTAN, sin duda es un escenario poco alentador para los estrategas de la alianza transatlántica, y una posible razón para reforzar de forma tan ostentativa las capacidades en los países bálticos.
La modernización del Ejército ruso tiene contemplada la incorporación de “[…] unidades de blindados Armata, Kurganets y Bumerang, además de los cañones autopropulsados Koalitsia SV”, según comenta el mandatario ruso en el marco del Salón Militar Ejército-2015. La adquisición de cohetes balísticos intercontinentales como de un submarino atómico se adiciona a estas iniciativas de rearme de las Fuerzas Armadas rusas. La respuesta mutua de ambas partes por equipararse al otro en términos militares parece como una reminiscencia de la Guerra Fría, que condujo entonces a una carrera armamentista sin precedente en la historia.
Cuando los representantes de ambas partes de la contienda pasan a acciones cada vez más concretas de rearme, y la posibilidad de un diálogo y una solución diplomática pasan a un segundo término, es cuando las preocupaciones sobre el estallido de un verdadero enfrentamiento militar se dibujan cada vez con más claridad.
Las sanciones y contrasanciones en pie actualmente –como las medidas de rearme militar en Rusia como en la OTAN misma– parecen forjar el panorama actual de la política internacional. Desde la Cumbre de Gales del Grupo de los Siete en 2004 se ha ido perfilando la operación Punta de Lanza contra la supuesta amenaza rusa. Los aires de guerra que vienen soplando desde ya casi 2 años se están intensificando inexorablemente. Lejos de prometer una solución pacífica a la vista, dan el tono de que la inevitable confrontación está en marcha, que los tiempos de negociaciones se están agotando de a poco. Pese a la inicial prudencia por parte del Kremlin, las tensiones siguen al alza, y la altísima concentración de efectivos y material militar en la zona del Báltico está en auge.
Independientemente del cumplimiento de los Acuerdos de Minsk II, firmados en febrero 2015, la acción militar comienza a primar a la contención. Con una crisis en Ucrania, donde además se está surtiendo de armas al régimen de Kiev en una guerra civil sin salida aparente, los occidentales podrían seguir así su política justificada por una supuesta agresión rusa por un tiempo indeterminado.

Axel Plasa*, @axel_contra
[OPINIÓN]
*Periodista

Contralínea 443 / del 29 de Junio al 05 de Julio 2015


Reforma educativa: ¿evaluación o simulación?



 El tema de la educación en México se ha trivializado y cualquiera se atreve a repetir sin reflexión alguna lo que machacan día y noche los noticiarios de los consorcios mediáticos. Los especialistas del ámbito educativo no son escuchados. Si en verdad existiera un debate acerca de la reforma “educativa”, los expertos podrían ofrecer precisiones epistemológicas, pedagógicas y metodológicas de la educación. Y, en efecto, lo que necesitamos es que el tema se aborde sin apasionamientos ni visceralidades, mucho menos que sean los esbirros del poder los que dirijan el debate.

Realizamos estas precisiones con el objetivo de empezar a abordar el tema que en los últimos días ha causado polémica política, debido a los comentarios a favor y en contra de la evaluación educativa como uno de los ejes rectores de la tan ya sonada reforma, la cual desde sus inicios se mostró como una imposición gubernamental, sin consenso de las bases magisteriales y con un atropello a las garantías laborales de los docentes. Fue realizada por un colectivo de intelectuales orgánicos carentes de conocimientos pedagógicos y epistemológicos que les permitiera realmente generar cambios en los planes y programas de educación básica y fortalecer y actualizar al gremio magisterial.
El Ejecutivo, a través de su secretario de Educación Pública, quien funge como un dictador ignorante de toda pedagogía, esbirro del régimen priísta y dinosaurio antagónico de viejas prácticas abusivas y entreguistas al régimen neoliberal, se atreve a retar al gremio magisterial con el discurso alevoso de que llueva o truene la evaluación educativa va, “pues de no hacerlo sería ofender al presidente”. Más allá de la lambisconería, el discurso es demagógico, indigno de quien ocupa el puesto que en otras épocas ocuparon José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet y algunos otros hombres ilustres que tenían la firme idea de que la educación es uno de los estandartes para que el país realmente progrese.
Es importante destacar que, antes de las elecciones intermedias, el gobierno peñista había suspendido la evaluación docente, esto como un distractor para que los docentes acudieran a las urnas a votar y no se ejerciera presión en contra del voto. Sin embargo, los empresarios de Mexicanos Primero y de Televisa y otros se encargaron de atizar la hoguera con comentarios, se lanzaron contra la decisión por mostrar a un gobierno “débil” y condescendiente a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sus agremiados.
Los comentarios y las presiones al final fructificaron para ejercer la represión en contra del magisterio y evaluarlo por la fuerza y a costa de la violación de sus derechos laborales. Lo peor es que se trata de una evaluación carente de elementos pedagógicos y epistemológicos reales, pues como lo mencionó la directora del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hace algunos meses, este organismo aún no se encuentra preparado para llevar a cabo una labor de tal magnitud, es decir, no se tiene verdaderamente un instrumento que evidencie fehacientemente si un profesor es o no apto para ejercer la docencia.
Esta evaluación docente, como elemento motor de la reforma educativa, es un instrumento que vigila y castiga al gremio, pero que nunca va a mejorar la calidad de la educación en México. Una verdadera reforma –y evaluación– sólo será posible cuando sea elaborada por un grupo de verdaderos expertos en materia educativa.

Miguel López Ortigoza*
*Sociólogo educativo; doctor en enseñanza superior y profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
[OPINIÓN]

Contralínea 443 / del 29 de Junio al 05 de Julio 2015

La silenciosa expansión de China en África

28. junio, 2015        Opinión
 

José Carlos García Fajardo*/Centro de Colaboraciones Solidarias

Nigeria es uno de los países más ricos de África con una de las poblaciones más pobres del mundo. Con una superficie equivalente al doble de España (923 mil 768 kilómetros cuadrados), tiene 120 millones de habitantes, lo que significa que uno de cada seis africanos es nigeriano. Con un 43 por ciento de analfabetismo y un médico por cada 6 mil habitantes no es de extrañar que la mortalidad infantil supere los 95 cada 1 mil. La población está concentrada en el Sur y tiene una densidad urbana cercana al 40 por ciento. Los ingredientes son explosivos.

Es el mayor productor de petróleo de África y el quinto del mundo con la mejor calidad en octanaje. De ahí procede el 90 por ciento de sus divisas, lo que explica su dependencia del mercado internacional controlado por las siete majors que deciden su inestabilidad política, las sucesivas dictaduras militares y una de las administraciones más corruptas del Continente. La economía de Nigeria está en manos de Shell, Mobil, Chevron, Texaco, Elf, Total y Agip, que extraen cerca de 2 millones de barriles diarios. La Shell tiene un papel preponderante en el delta del Níger y está acusada de genocidio contra el pueblo ogoni así como con los ijaws. En 1995 hicieron ahorcar al escritor Ken Saro-Wiwa, que promovía el movimiento de resistencia Ogoni, mientras el Premio Nobel Soyinka tuvo que exiliarse. Sus reservas de gas se estiman en 3.6 billones de metros cúbicos, lo que lo convierten en el tercero del mundo. Tiene una deuda externa de 35 mil millones de dólares, cuyo servicio consume el 40 por ciento de sus exportaciones. El producto nacional bruto ha descendido a 260 dólares por habitante. Pero Nigeria ha sido uno de los países clave para el Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con Colombia, Indonesia y Ucrania, cuya evolución habrá que seguir de cerca. La población está compuesta por numerosas etnias que inducen a la confusión. Predominan los hausas y fulanis, seguidos de los yorubas y de los ibos. Los hausas significan la mitad de la población y, más que un pueblo, se trata de una lengua poderosa hablada por más de 100 millones de personas con un rico y secular pasado cultural unificador. Si perdemos esto de vista, nos perderemos entre el piélago de noticias con las que nos intoxican: siempre hablan de querellas interétnicas y conflictos religiosos. Hablemos más bien de intereses foráneos, de corrupción sostenida y de uno de los Estados más artificiales de África, que obtuvo su independencia en 1960 de Inglaterra, que dominaba desde 1914. Pocos pueblos en el mundo se pueden equiparar en culturas conocidas desde el siglo IX, con estructura estatal, monarquías controladas por asambleas, alcaldes al frente de municipios con poderes efectivos. En contacto con el Imperio de Mali se islamizaron durante los siglos XII y XIV y se convirtieron en los mayores exportadores de esclavos y de eunucos para los clientes árabes del Norte. Son impresionantes las terracotas y esculturas en bronce de los siglos X y XI de Ifé, Oyo, Ilorín y Benin. Francia estimuló el separatismo de los ibos del Sur para hacerse con sus yacimientos de petróleo. No olvidemos que el origen del movimiento de cooperación internacional surgió con la terrible guerra de Biafra, en 1967, que causó cerca de 1 millón de muertos. Una serie de dictaduras militares promovidas por las multinacionales del petróleo han mantenido una inestabilidad que ahora se reviste de conflicto religioso. El problema es que algunos intereses buscan una secesión de las tierras del Sur y el conflicto de Nigeria sólo es abordable en la relación geopolítica con sus vecinos musulmanes del Norte profundizando en la federación de Estados y no en el desmembramiento de las zonas ricas en minerales e hidrocarburos. Los pueblos africanos tienen derecho a repensar su estructura sociopolítica de nuevo. Pero todos los demás pueblos tenemos que permanecer alertas y denunciar la imparable y silenciosa conquista china de esas fuentes de riqueza y de bienestar para los africanos, y controlar sin ambages los efectos deletéreos de una explotación salvaje para el medio ambiente.

José Carlos García Fajardo*/Centro de Colaboraciones Solidarias
*Profesor emérito de historia del pensamiento político y social por la Universidad Complutense de Madrid; director del Centro de Colaboraciones Solidarias
[OPINIÓN]


Contralínea 443 / del 29 de Junio al 05 de Julio 2015

Movimiento de Regeneración Nacional va

28. junio, 2015        Opinión


Tras el desplome electoral del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sobre todo en el Distrito Federal, algunos de sus miembros se lanzaron con todo contra el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).


Los perredistas Miguel Barbosa (coordinador de los senadores) y Pablo Gómez (representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE) argumentan que Morena no es un partido político nuevo: Andrés Manuel López Obrador lleva ya muchos años en la política nacional.

Lo mismo se puede decir de personalidades como Martí Batres, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Clara Brugada: “¿Cómo va a ser un partido nuevo? [En realidad] el PRD compitió dividido [en las elecciones]”, sentenció categóricamente Barbosa en el Senado.
Bajo esa misma perspectiva, Pablo Gómez declaró en entrevista, en la víspera de las elecciones intermedias, que si bien es cierto que hay varios partidos que la representan, la izquierda mexicana es una sola.
En ese sentido, también están quienes piensan que si se sumaran los votos alcanzados por el PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, en realidad el porcentaje de votación de la izquierda mexicana habría superado los 25 puntos. Ese porcentaje los colocaría en competencia con el Partido Acción Nacional (PAN), y en plena capacidad de derrotar a la maquinaria corporativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Sin embargo, los dirigentes perredistas omiten señalar que la mayoría de los militantes de base de Morena nunca formaron parte de las filas del PRD. Olvidan que tanto en 2006, como en 2012, los votantes apoyaron fundamentalmente el programa de gobierno presentado por Andrés Manuel López Obrador.
Los chuchos se niegan a reconocer que López Obrador ha servido de arrastre a la votación de la coalición de las izquierdas y no al revés. En política, la suma de alianzas no es aritmética y tampoco inversamente proporcional. En 2006 el PRD obtuvo más de 100 legisladores y, sin embargo, su papel como oposición fue marginal en el Congreso de la Unión.
A pesar de que Carlos Navarrete (en ese momento coordinador de los senadores del llamado sol azteca) se comprometió a hacer valer el programa de transformación encabezado por Andrés Manuel, tiempo después –con la aprobación de la reforma energética de 2008–, estaba claro que los integrantes de la corriente Nueva Izquierda estaban urgidos por estrechar sus vínculos con el gobierno espurio de Felipe Calderón.
Ya durante la administración de Enrique Peña Nieto, la dirigencia del PRD suscribió el Pacto por México, un acuerdo cupular, que aunque se anunció como un mecanismo para garantizar la “estabilidad política” y la “viabilidad económica” de nuestro país, en los hechos representó la claudicación de las causas que dieron origen al PRD. Las consecuencias de las reformas estructurales están a la vista: no sólo la economía no crece, sino que el descontento social ha aumentado en contra de todos los partidos firmantes de dicho Pacto.
Después de su derrota de junio del año en curso, la dirigencia perredista convoca a la “unidad de la izquierda”, a preparar el terreno para, finalmente, conquistar la victoria en la elección presidencial de 2018. Cargan sus baterías contra Andrés Manuel, culpándolo de alentar la “división” e imponer “voluntades personales”. Es indudable que de haber ido en alianza con el PRD, Morena habría restado su nivel de votación. ¿Qué confianza inspira hoy en día el PRD tomando en cuenta sus posicionamientos de los últimos 3 años? ¿A quiénes representa? ¿Cuál es su fuerza?
Sin lugar a dudas, las tareas de Morena no serán fáciles. A partir de octubre, ya como gobierno, es urgente que marque distancia con la corrupción e ineptitud de los partidos del Pacto por México, ya no sólo con discursos, sino a través de acciones. Ejecutar políticas distintas que construyan empoderamiento popular: establecer una nueva agenda económica nacional y mantener a raya las intenciones de Enrique Peña Nieto de seguir entregando el patrimonio nacional. Si no lo hacen, habrán traicionado la confianza de sus votantes.
En el Congreso es urgente que Morena se constituya como oposición de cara a las reformas estructurales que vienen (privatización del agua, aumentos de impuestos a través de una nueva reforma fiscal, etcétera). Sin abandonar los principios de la izquierda, Morena debe concentrar sus esfuerzos en la propuesta, en sumar voluntades para reivindicar el uso del poder a favor del pueblo.
El PRD traicionó los ideales de la izquierda. Ésa es la razón fundamental de su fracaso. ¿Por qué sus dirigentes no buscan recuperar el apoyo social con acciones concretas? No lo harán porque ya compraron boleto de impunidad con el PRI y el PAN. Ahora que se han visto disminuidos ante Morena, pretenden hacer lo mismo.
El pasado 7 de junio, un significativo porcentaje de la población votamos por el partido encabezado por López Obrador, casi 9 por ciento, en apenas 1 año de vida de esa organización política. El desafío principal consiste en ganar fuerza nacional con base en la demostración de que sí es posible transformar el estado de cosas. Mientras tanto, Morena va…

Ariel Noyola Rodríguez*
*Economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México
[OPINIÓN]


Contralínea 443 / del 29 de Junio al 05 de Julio 2015



Mancera y su ilusión de ser candidato presidencial

28. junio, 2015        Contrapoder

El domingo 31 de mayo se cubrió de acarreados el Zócalo de la Ciudad de México, paralizando los servicios de limpia y desazolve (¡en época de lluvias torrenciales e inundaciones, más los baches como trampas para peatones y automovilistas!), porque el doctor en derecho –no del escrito, del positivo, que entonces debió acatar, sino del derecho divino de los hombres en el poder autoritario– estuvo a punto de apadrinar el acto masivo para, de una vez por todas, rasgarse las vestiduras al estilo Superman y enseñar en su pecho el logotipo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que es lo único que queda, pues, tras un pasado que prometía cuando el cardenismo se desprendió del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en realidad ya es un partido al agua.
El todavía vigente político Daniel Cosío Villegas nos cuenta en su libro El sistema político mexicano las escisiones que, por crisis internas, ha tenido el PRI; y que, según parece, a la fecha han sido cuatro. La primera fue “la del general Juan Andreu Almazán en 1940, la de Ezequiel Padilla en 1946 y la del general Miguel Enríquez Guzmán en 1952”. En el texto además adelanta que “si alguna vez surgiera un nuevo partido, sería un desgajamiento del PRI y no algo ajeno a él”. Este “desgajamiento”, vemos pues, ya se frustró tras la fundación del PRD en aquel emblemático 1989 (bicentenario de la gloriosa Revolución Francesa y la caída del muro de Berlín anunciando el final del comunismo ruso y el del socialismo chino y ahora cubano).
Extraordinario documento el audio del chuchista Carlos Navarrete en reunión con perredistas, sepulturero del PRD “entre cuatro zopilotes (Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Heladio Aguirre y los Abarca) y un ratón de sacristán (la corrupción iniciada por René Bejarano, continuada por Rosario Robles-Carlos Ahumada)”. Navarrete sentencia que dentro de 3 años el PRD perderá la jefatura de gobierno del Distrito Federal. La gana el PRI o el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) –agregó– tras 18 años con los Mauricio Toledo, el prototipo de canalla en las delegaciones, los Bejarano, la Nueva Izquierda, los manceristas, ahora encabezados por el prepotente Héctor Sánchez, la mano que ejecuta lo que ordena Mancera. Se ha podrido el PRD porque pusieron en los cargos y en la representación de la Asamblea Legislativa a la degradación política que se agandalló el poder, abusó de él y se ha enriquecido.
Han sido más y peor de lo mismo, hermanos de sangre y de mamar del priísmo, que ahora es oposición. Y con todo, Morena no garantiza para 2018 con su favorito Monreal, al que, inclusive, López Obrador quiere ungir como su candidato suplente. Y Mancera será el catafalco del PRD. Ha sido un político gris, mediocre y sin estrategia, sin táctica; sin un programa administrativo ni mucho menos político y absolutamente carente de un plan económico, a pesar de su demagogia por aumentar el salario mínimo. Mancera es un funcionario que se ha burocratizado; y protagónico, anda luciéndose en carreras deportivas, para que no digan que su cirugía a corazón abierto –que lo tuvo al borde de la muerte física– lo va a llevar a la muerte política cuando se autopostule candidato presidencial peñista contra Andrés Manuel López Obrador o Ricardo Monreal.
Hacerle este favor al mexiquense es la promesa de Mancera. Llegó a su nivel de incompetencia cuando fue procurador defeño. Y de donde Ebrard lo sacó para hacerlo su heredero y creyó que, también, su fiel seguidor. Pero es ahora quien busca ponerlo ante los tribunales, con el beneplácito de los defeños y la alegría de Enrique Peña al que –dicen– sacó al balcón con el asunto de la casa blanca de doña Angélica Rivera, alias la Gaviota. Al llevar a los empleados de base del gobierno federal –voluntariamente a fuerza– para apoyar a los candidatos del PRD, Mancera quiere postrar su músculo electorero. Eran acarreados a los que vitoreó Jesús Ortega echándole agua bendita a López Obrador como exorcismo, porque lo acusa de lo que los Chuchos han hecho para hundir al PRD, al que Carlos Navarrete ya dio la extremaunción.
“En un audio, al que tuvo acceso El Universal, grabado a mediados de mayo pasado, el líder nacional perredista asegura ante militantes y exmilitantes en una reunión privada que sostuvo en sus oficinas de la calle Madrid, que ve cercano el momento de la alternancia en la capital del país y el PRD podría regresar a la oposición como antes de 1997, cuando el PRI gobernaba el Distrito Federal […] ‘no veo en 2018 ni personajes, ni un partido con capacidad de renovación para repetir la jefatura de gobierno […] o nos la gana el PRI o nos la gana Morena, veo esa perspectiva’, se escucha decir al dirigente Carlos Navarrete”. Éste, empero, fue escogido por los Chuchos para salvar al perredismo, pero con todo y su voz engolada, el desastre de Aguirre-Abarca en Guerrero, le dio el tiro de gracia a un partido moribundo, incapaz de ser un ave fénix. Y mucho menos con Mancera, el “doctor”, sin nada que recetar, a menos que sea el sálvese quien pueda.
En el que Marcelo Ebrard no debe estar incluido, pues debe pagar sus abusos y excesos (de los que su hermano en la vicepresidencia de Walmart ha sido socio-cómplice, ambos refugiados en Europa). Con su vocecita y su pose de mosquita muerta, Mancera no saldrá bien librado de la mediocre, corrupta e ineficaz administración en el Distrito Federal, donde sus habitantes padecen el desmoronamiento del perredismo, también por delegados que le han puesto la soga al cuello al mancerismo.

Álvaro Cepeda*
*Periodista
[CONTRAPODER]



Contralínea 443 / del 29 de Junio al 05 de Julio 2015


En 14 años, 10 mil 688 quejas por tortura y otros tratos crueles

28. junio, 2015          Portada,     Sociedad

De 2001 a mayo de 2015, la CNDH recibió 10 mil 688 quejas por tortura y otros tratos crueles; en promedio, dos cada día. A partir de 2008, estos hechos comenzaron a repuntar y alcanzaron su punto más crítico en 2011. Uno de esos casos, el de Moisés Cordero, es acompañado por Amnistía Internacional México y ya es de conocimiento de la CNDH, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. El exescolta habría sido torturado en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Puebla con el objetivo de que se confesara partícipe de un feminicidio que, asegura, no cometió

María Juana aún guarda el trozo mal cortado de papel de estraza que alguna vez fue envoltorio de torta. La caligrafía de puño que tiene impresa por ambos lados ha resentido la marcha del tiempo: algunas de las letras escritas en tinta negra lucen escurridas. A pesar de ello, el mensaje de mayúsculas ligeramente recargadas hacia la derecha resulta legible. El escaso empleo de signos de puntuación o su atropellada ortografía, quizá producto de las circunstancias, no interfieren con su significado:
 “moises cordero fui torturado fisica y sicologicamente para que firmara la declaracion estoy incomunicado desde el 25. feb. me detuvieron por falta de portacion de arma segun ellos y luego me torturaron 6 ocaciones para que dijera loque ellos querian tambien me acusaron de cohecho no es cierto me arraigan para que se me quitaran las huellas de golpes yo no hice nada…” (sic).
Una flecha de punta alargada indica que la escritura continúa en la parte posterior del papel marrón: “…y nunca me han dejado hacer una llamada solicito me dejen utilizar abogado y acudan alguien de derechos humanos la tortura se hizo con agua toques sin ropa bendado y esposado con manos atras, golpes con sus puños asficia con una bolsa en la cabeza me pusieron franelas en la boca y nariz para ahogarme y todos los conosi” (sic). Un punto bien ennegrecido marca el fin del mensaje.
Como el acordeón que se comparte, discreto en periodo de exámenes escolares, así depositó Moisés Cordero este trozo de papel en las manos de su esposa. No se estaba jugando una calificación; urgía ayuda luego del tormento al que fue sometido por servidores públicos.
María Juana ya lo sabía. La escritura sólo le brindó los detalles. Lo descubrió unos minutos antes cuando Moisés, quien se encontraba arraigado en una habitación del hotel Kyoto de la ciudad de Puebla, le rehuyó al abrazo y, ella, desconcertada, nerviosa, le levantó la playera. Entonces pudo constatar el lienzo de violencia en que se había convertido el cuerpo de su marido y que erosionaba en un gran hematoma plantado a la altura de la boca del estómago.
El lienzo se prolongaba en la parte trasera del tronco del hombre con quien María Juana procreó cuatro hijos, todos varones. Ahí, sin embargo, las marcas eran distintas, como si la técnica de grabado hubiera sido otra. Parecían como pellizcos, como pequeñas quemadas, como si a la espalda se hubieran aplicado choques eléctricos, relata la mujer.
—¿Qué te hicieron? –le preguntó ella, consternada y en voz baja, con los ojos clavados en cada pincelazo de violencia.
Él no respondió. La agente del Ministerio Público que atestiguaba el encuentro se mantenía alerta.
 “¿Te golpearon, verdad?”, insistió ella, esperando que el dicho confirmara la evidencia visual.
 “Sí”, alcanzó a decir Moisés, con voz diminuta. También, aunque de forma escueta, señaló que la tortura practicada en el sótano de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Puebla le arrancó la confesión de culpabilidad de un crimen que, asegura, no cometió: el homicidio de una mujer de nombre Karla.
La entrega del papel de estraza terminó con el tema. Después vino la advertencia: “Cuídate de la [agente del] ministerio público. Ella estuvo presente durante la tortura”, dijo Moisés a su esposa.

Tortura, práctica vigente

De 2001 a mayo de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 10 mil 688 quejas por tortura y trato cruel, inhumano o degradante, en promedio dos cada día. Así consta en sus Informes de actividades anuales y en su Sistema Nacional de Alerta.
Durante el mismo periodo, el organismo autónomo emitió 973 recomendaciones en total por diversos hechos violatorios de derechos humanos, dentro de los cuales se documentan 240 de tortura y trato cruel, inhumano o degradante.
En diciembre de 2014, Juan E Méndez, relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que la “tortura es generalizada en México” y que ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, con motivo de castigar y extraer confesiones e información incriminatoria.

La estadística de la CNDH muestra un incremento considerable de los hechos de tortura y trato cruel, inhumano o degradante a partir de 2008, año en que esta instancia recibió 1 mil 8 quejas en la materia respecto de las 399 que procesó en 2007. La problemática, sin embargo, se agudizó en 2011, con 1 mil 668 quejas, lo que representa el registro más elevado.
Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el total de quejas por tortura y trato cruel, inhumano o degradante fue de 7 mil 55, es decir, 466 por ciento más que las 1 mil 514 reportadas en el gobierno de Vicente Fox Quesada.
A la fecha, estas prácticas continúan latentes. En poco más de 2 años de la gestión de Enrique Peña Nieto, la CNDH ha recibido un total de 2 mil 119 quejas en la materia, entre ellas la de Moisés Cordero. Ésta fue presentada con anterioridad, el 5 de marzo de 2014, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (expediente 2460/2014-C), instancia que, según refiere María Juana Bautista, esposa de Moisés, le dio carpetazo.
La mujer comenta que días después de la visita que el personal de la Comisión estatal realizó a su esposo, el licenciado asignado al caso, José Luis Morales, le comunicó, vía telefónica, “que todo estaba bien y que no podía hacer nada”.
Si bien algunos casos de tortura y malos tratos se atribuyen a autoridades policiales y ministeriales –ya sean federales o locales­–, en los últimos 14 años es el Ejército el que ocuparía el primer sitio.
Como puede corroborase en los informes de actividades anuales de la CNDH, de 2001 a la fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha recibido un total de 103 señalamientos en los expedientes de queja por tortura, seguida de la Procuraduría General de la República, con 63, y la Policía Federal, con 20. La Sedena también destaca como la dependencia con más recomendaciones en la materia.
En su Informe de actividades 2014, la CNDH, que preside Luis Raúl González, concluyó que México atraviesa por un “periodo de crisis” como consecuencia de “un espiral de violencia”. Entre las graves violaciones a los derechos fundamentales que, a decir de la CNDH destacan en este periodo, se encuentran las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, mismas que, asevera, “han lastimado sensiblemente el tejido social”.

Protocolo de Estambul confirma tortura

La tarde del 25 de febrero de 2014, cuando transitaba por el Periférico de la capital poblana, Moisés Cordero, quien en ese momento se desempeñaba como escolta y chofer de la esposa de Enrique Agüera Ibáñez, exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), sería interceptado por una cuadrilla de policías ministeriales.
Los servidores públicos lo obligarían a detener la marcha del Chevy rojo que conducía, propiedad de sus patrones, y, por la fuerza, lo treparon en una camioneta Jeep Patriot para, posteriormente, trasladarlo a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, ubicada entre Boulevard Héroes del 5 de Mayo y 31 Oriente. Ahí, en el sótano del recinto público, viviría seis episodios de tortura.
Moisés cargaba una pistola .380, la herramienta que empleaba para su oficio de escolta. Esa situación sería el pretexto de su detención. “Algo anda mal con tu portación”, le habrían dicho los agentes que lo privaron de su libertad, sin importar que él les mostrara el permiso que lo autorizaba para portar un arma de fuego, además de un oficio expedido por la corporación de seguridad privada Grupo Maya, que acreditaba que en ese momento se encontraba comisionado al servicio del exrector universitario.
Casi 1 año y medio ha transcurrido desde esa tarde de febrero. Moisés permanece recluido en la celda 203 del Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, procesado por los delitos de feminicidio, aborto y robo. Durante su estancia en este lugar, se le ha aplicado, en dos ocasiones, el Protocolo de Estambul, manual que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para determinar, a partir de la valoración médica y sicológica, si una persona fue víctima de tortura o algún mal trato.
El 29 de mayo de 2014, Moisés Ramírez Briones, perito médico legista certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, concluyó, luego de la confronta entre el examen médico que le practicó y el Protocolo de Estambul, que efectivamente “hay indicios de tortura”.
Esto porque a pesar de no encontrar en el cuerpo de Moisés Cordero evidencia de lesiones externas visibles, como equimosis o excoriaciones –lo que se explica por el tiempo transcurrido entre su detención y el momento en que se le practicó la prueba médica: 93 días–, sí le detectó síntomas crónicos, como cefalea, lumbalgia y dolor muscular, mismos que, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, son indicativos de tortura.
El perito a cargo, también catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tuvo acceso a los resultados de un examen médico practicado a Moisés Cordero el 1 de marzo de 2014, cuando aún se encontraba arraigado en el hotel Kyoto. Dicho dictamen, en el que constan tres equimosis –una en la región lumbar y dos en la espalda–, así como una excoriación en la palma de la mano izquierda, le permitió confirmar su diagnóstico. Ello porque, según señala, las lesiones que entonces se le detectaron tienen una “enorme similitud” con los síntomas crónicos que él le descubrió.
A decir del médico legista, la evidencia de tortura recae también en el trastorno de estrés postraumático que Moisés Cordero padece, y que se desprende de su reexperimentación del trauma (con frecuencia escucha las voces de los policías ministeriales que lo golpearon) y de la depresión en que se encuentra sumido (se siente desganado, sin interés por la vida e incluso ha contemplado la posibilidad del suicidio).
El 24 de febrero de 2015, a Moisés Cordero se le aplicó, por segunda ocasión, el Protocolo de Estambul. Esta vez a cargo de María del Carmen Castaneira, perita médica criminalista. El resultado fue similar. La especialista determinó que “la ausencia de signos físicos no excluye la posibilidad de que se le hayan infligido torturas o malos tratos”. Y es que, según asienta en el dictamen que emitió a 11 meses de la detención de Moisés Cordero, por el tiempo transcurrido “ya no es factible encontrar lesiones o la presencia de dolor”, no así secuelas sicológicas, mismas que, acota, “son difíciles de desaparecer”.
De acuerdo con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes –instrumento de derechos humanos de la ONU firmado y ratificado por el Estado mexicano–, se entenderá por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un servidor público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

La tortura en México, impune y sin registro

En México no existe un registro nacional que refleje la totalidad de casos de tortura y trato cruel que se comenten. Así lo verificó Juan E Méndez, relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, durante la visita de trabajo que realizó al país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014.
La estadística oficial existente obra en los registros de la CNDH, las comisiones estatales de derechos humanos –26 de las cuales recibieron para el periodo 2008-2013 un total de 2 mil 323 quejas por tortura y otros malos tratos que derivaron en 392 recomendaciones, según revela Amnistía Internacional México– y las contadas denuncias que se presentan ante las instancias de procuración de justicia dado que, como observó Juan E Méndez, “muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza, y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad”.
De 2006 a 2014, la sociedad civil mexicana ha documentado alrededor de 500 casos de tortura y trato cruel, inhumano o degradante.
En su informe Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México, Amnistía Internacional México alude a 25 casos de tortura: Claudia Medina; Alejandro Lugo; Jorge González; Wilbert Terán; Bárbara Italia Méndez y otras; José Esqueda y Gustavo Fuentes; Inés Fernández y Valentina Rosendo; Ramón y María Guadalupe Durán y Javier Delgado; Ángel Colón; Israel Arzate; Adrián Vázquez; Luis Ángel Zazueta; Juan Gerardo Sánchez; Germán Heredia; 25 policías municipales de Tijuana; Óscar Valle; Benjamín y Juan Pablo Ortiz; Luis Adrián, Jesús Iván y Juan Antonio Figueroa; Noé Fuentes, Rogelio Amaya, Ricardo Fernández y Gustavo y Víctor Manuel Martínez; Jethro Ramsés Sánchez; Miriam López; Ramiro y Rodrigo Ramírez, Ramiro López y Orlando Santaolaya; Cristel Piña; Gerardo Torres y otros; y Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González. Además, en fechas próximas, la organización dará a conocer cinco nuevos casos que acompaña, entre ellos el de Moisés Cordero.
Por su parte, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), en voz de Raymundo Díaz Taboada, su coordinador estatal en Acapulco, refiere que, en los 10 años que tienen de existencia, han acompañado 416 casos de tortura y trato cruel inhumano y degradante. Detalla que en 282 de ellos las víctimas son mujeres.
En entrevista con Contralínea, Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, coincide, pese a la postura oficial, en que la tortura en el país es práctica generalizada. Esto porque, como explica, se da a lo “largo y ancho del territorio nacional”, es decir, no hay una sola entidad de la República exenta de estos casos. Además, porque no hay corporación policial, judicial o cualquier otra fuerza encargada de hacer cumplir la ley, que no haya sido señalada como responsable de esta práctica.
Respecto de si, en el contexto mexicano, es posible o no definir a la tortura como una violación grave a los derechos humanos, el defensor explica que aunque ésta consta entre los delitos contenidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, para que pueda considerarse como violación grave debe cumplir con dos requisitos técnicos: ser generalizada y sistemática.
En ese sentido, acota, “desde Amnistía Internacional decimos que hay una práctica generalizada y tolerada por el Estado mexicano, pero no tenemos la evidencia suficiente para comprobar una práctica sistemática”.
Para Díaz Taboada, la tortura en México resulta, igualmente, generalizada, dado que “se da en toda la geografía del país”. Se trata, asimismo, de un mal endémico en el sentido de que se encuentra profundamente arraigado al actuar de los servidores públicos, quienes no sólo son verdugos sino, en algunos casos, víctimas también de tortura con el objeto de deshumanizarlos.
La tortura, asegura el coordinador estatal del CCTI, cumple también con características de sistematicidad, ya que, por ejemplo, sus víctimas predilectas cumplen con determinado perfil, en el que destaca –como también lo señaló el relator de la ONU– la condición de pobreza o de sector social marginado; además de que la forma de proceder en los casos de tortura parece responder a un patrón específico.
En México la tortura se tolera, permite, fomenta y, para rematar, se mantiene en la impunidad, asevera Díaz Taboada. Su dicho cobra sentido a la luz de la estadística oficial –revelada en el Informe del relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E Méndez, documento fechado el 29 de diciembre de 2014–, según la cual, sólo se dictaron cinco sentencias condenatorias por tortura entre 2005 y 2013.
Asimismo, se observa que es mínimo el número de recomendaciones que la CNDH emite respecto de las quejas por tortura y malos tratos que recibe. Por ejemplo, frente a las 8 mil 746 quejas que en la materia registró entre 2005 y 2013, el organismo autónomo tan sólo determinó 223 recomendaciones.

Moisés Cordero

El 25 de febrero de 2014, minutos después de su detención, Moisés Cordero, expolicía auxiliar, fue ingresado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla por un supuesto problema con su portación de arma de fuego, según se le dijo.
La preocupación del hombre de 43 años de edad iba en ascenso. El tiempo transcurría y traía consigo un panorama cada vez más irregular. Ya no era sólo la detención arbitraria, si no la negativa de permitirle hacer una llamada; las esposas con las que le fueron sujetadas ambas muñecas.
El interrogatorio empezaría ese mismo día, en una pequeña habitación, al margen de todo ruido. Un hombre de traje oscuro sentado frente a un escritorio; dos personas sujetando a Moisés Cordero por ambos costados. En este contexto, emanaría el primer golpe en su contra: un puñetazo directo al estómago. Después, y ante su negativa de responder a un listado de preguntas que no alcanzaba a comprender, un puñetazo más que lo dejaría tendido, boca arriba, con todo y silla, sobre el piso del sótano de la Procuraduría.
Éste sería apenas el preámbulo de la tortura. Lo peor estaba por venir: la bolsa de plástico, transparente y gruesa, que le colocaron sobre la cabeza con el fin de obstaculizarle el aliento; la sensación de desprotección y sometimiento que le produjo la obligación del desnudo –un cuerpo a expensas–; el episodio en el que, estando tendido boca arriba, le cubrieron la boca y la nariz con una franela sobre la cual le vaciaron agua a chorros; el terror sicológico que le infundieron las amenazas de violación sexual y de daño a su familia; los constantes golpes sobre los riñones, el estómago, los muslos, los codos; y, para rematar, la prolongada sesión de descargas eléctricas con blanco en los riñones y testículos.
De acuerdo con la versión de Moisés Cordero, la tortura de la que fue objeto se prolongaría a seis sesiones suministradas durante varios días y noches. Sus verdugos: cuatro policías y un comandante de nombre Rafael.
Como consecuencia del daño físico y sicológico infligido, Moisés Cordero habría orinado sangre en cuatro ocasiones y firmado una declaración en la que acepta su participación en el feminicidio de Karla López Albert, mujer de 31 años de edad y en condición de embarazo que, a principios de febrero de 2014, apareció muerta en la vía pública de la delegación Tláhuac, en la Ciudad de México.
María Juana Bautista comenta que a la fecha no ha interpuesto denuncia penal por la tortura a la que fue sometido su esposo, puesto que desconocía que podía hacerlo.
Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, así como con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Flor Goche, @flor_contra
[PORTADA]
[SOCIEDAD]

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Contralínea 443 / del 29 de Junio al 05 de Julio 2015


jueves, 25 de junio de 2015

Supuesto conflicto de interés en Secretaría de Pesca de Baja California

25. junio, 2015        Rendición de cuentas


Mediante la compra de implementos de pesca a una empresa de su propiedad, el secretario de Pesca y Acuacultura de Baja California, Matías Arjona Rydalch, estaría incurriendo en un conflicto de interés y, supuestamente, violando la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Al tiempo, el funcionario enfrenta una denuncia en la cual se le señala de pretender apoderarse de la cuota de pesca de atún de aleta azul autorizada para este año por la Comisión Interamericana del Atún Tropical, en supuesta complicidad con otras empresas para dejar fuera del programa a productores pesqueros de la región

 


El secretario de Pesca y Acuacultura de Baja California, Matías Arjona Rydalch, podría estar inmerso en un conflicto de interés e incurrir en violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California, ya que a pesar de ser funcionario de primer nivel estaría participando en compras de motores fuera de borda que se adquieren con recursos públicos a una empresa que es de su propiedad.

Además, Arjona pretendería apoderase, junto con otras dos empresas pesqueras, de las 3 mil toneladas del atún de aleta azul autorizadas para este año por la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) mediante el tráfico de influencias que utilizaría desde su posición al frente del gobierno local, según la denuncia presentada por el representante legal de Tunamax, SA de CV, Raúl Villela Camargo.

El funcionario es propietario de la Agencia Arjona, distribuidora exclusiva de equipo marítimo para el sector pesquero, acuícola e industrial de la península de Baja California y sus colindancias marítimas que incluyen las zonas productivas de Sinaloa, Sonora y Colima. Su negocio es el de distribuidor autorizado de los motores Suzuki, los mismos que se han estado entregando a diversos pescadores que participan en las convocatorias oficiales y en proyectos productivos, señalan fuentes allegadas al caso.

Un ejemplo serían los 60 motores fuera de borda Suzuki 115, marca de la cual Arjona es su distribuidor exclusivo en Baja California y Baja California Sur, además de las 16 embarcaciones que fueron entregadas el pasado 25 de febrero al pueblo pescador indígena Cucapá, lo que significa una compra por 9 millones 133 mil pesos mediante una inversión de Conapesca, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) y la Secretaría de Pesca del Estado de Baja California (Sepesca).


Desde 2014, los integrantes de la etnia Cucapá, debido a las malas condiciones del camino de acceso a la zona de pesca que pertenece a la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California, no podían acudir a pescar debido a las fracturas del camino de hasta 30 metros de profundidad, por lo que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo del estado se comprometió a reconstruir el camino de terracería; y al no cumplir con este compromiso, el gobierno del estado les pidió que no se arriesgaran a pescar así y les ofreció 60 motores para modernizar sus equipos de pesca.

Debido a que los recursos aplicados a la adquisición de este equipamiento para el pueblo pescador indígena proceden de los tres niveles de gobierno, celebraron un acuerdo con el titular de la Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, Francisco José Yáñez Centeno; con el comisionado de Conapesca, Mario Aguilar Sánchez (institución que aportó el 40 por ciento del costo de los motores); con el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, y con la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, dependencia que aportó el 30 por ciento del valor de los motores y las embarcaciones. El restante 30 por ciento de los 9 millones de pesos, los aportó la Sepesca, a través de su titular Matías Arjona.

Además de los motores fuera de borda, existen otros rubros que también entrarían en las autocompras de Arjona, como los equipos de comunicación con alta tecnología para el ámbito marino, civil, terrestre y aéreo; accesorios de navegación; equipos de buceo industrial, desde equipo básico hasta equipo especializado para buceo técnico; herrajes marinos, ferretería marina, pintura industrial y marina; cabos, redes, señalamientos marítimos y todo para la pesca deportiva: un negocio redondo para quien firma las convocatorias públicas para modernizar equipos de pesca y determina los recursos destinados a ello.

Con la intención aparente de buscar que se beneficiara el mayor número de pescadores posible, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Baja California, ha impulsado un programa de modernización de flota menor, donde supuestamente se pretende incrementar los niveles de eficiencia de los pescadores, a través del apoyo subsidiario de bienes de capital estratégico para equipamiento, para la mejora de artes de pesca, equipo de navegación, seguridad marítima y sustitución de motores.

La explicación oficial para promover este tipo de equipamiento, que no se ofertaba anteriormente, es que, con los nuevos motores fuera de borda, se busca sustituir unidades por otras más modernas a fin de reducir el consumo de combustible, atenuar la contaminación del medio marino y evitar accidentes por descomposturas en altamar; por lo que los productores pueden adquirir motobombas, compresores, equipo hidráulico para embarcaciones, radios, geoposicionadores satelitales, ecosondas, antenas, implementos de conservación (hieleras), chalecos salvavidas, botiquín de primeros auxilios, remos, entre otros.

A través de comunicados oficiales, se justifica este tipo de apoyos para fomentar la productividad pesquera y acuícola, así como la modernización de embarcaciones menores. Tan sólo en mayo y junio de 2014, el gobierno del estado, a través de Matías Arjona, otorgó recursos por cerca de 14 millones de pesos a pescadores ribereños de la entidad, a fin de combatir el rezago en el que se encuentra el estado en materia de equipamiento marítimo, por lo que distribuyó más de 135 apoyos directos en motores, artes de pesca, equipos de seguridad y radiocomunicación, así como depósitos de almacenamiento provisional, accesorios que se ofertan en la agencia de su propiedad.

Por lo que corresponde al Programa Estatal de Modernización de Embarcaciones Menores, de acuerdo con la convocatoria publicada el 20 de junio de 2014 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el gobierno del estado y los productores aportaron 4.6 millones de pesos para adquirir 20 motores fuera de borda, 11 artes de pesca, cuatro hieleras, dos equipos de seguridad y 13 sistemas de pesca, para dar un total de 50 apoyos.

Asimismo, como parte del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, dentro del rubro de impulso a la capitalización del sector, se adquirieron 48 motores, 25 embarcaciones, cuatro hieleras, 10 radios de comunicación con geoposicionadores satelitales, un total de 87 beneficios. En este programa el sector gubernamental aportó recursos por más de 7.3 millones de pesos, mientras que los productores destinaron 5.6 millones de pesos, todo con base en los requerimientos debidamente acreditados por los beneficiarios.

Ésta es una situación que ya estaba prevista por otros tres proveedores de material y equipo naval que existen en el estado, quienes tuvieron una reunión con el gobernador Francisco Vega, a quien señalaron que podría estar incurriendo en violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que en la página institucional de la Sepesca se exhibían fotografías de motores fuera de borda marca Suzuki.

Además, Arjona Rydalch aparecía en el sitio virtual en fotografías con sus amigos, entre ellos el exdirector general de la Administración Portuaria Integral (API) y extitular de la Aduana, Fernando Pérez Azcárraga, en una visita al buque Lady Tuna. En el pie de foto oficial se leía que se trataba de uno de los barcos frigoríficos más modernos del mundo, que ha estado en dos ocasiones en Ensenada, y del que, sostuvieron los comerciantes, Arjona es socio. A los pocos días actualizaron la página.

Arjona es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; cuenta con maestría en alta dirección por el Colegio Graduados en Alta Dirección de México; es consultor independiente de diferentes empresas extranjeras y mexicanas dedicadas a la acuicultura y maricultura; es administrador único de la Agencia Arjona, SA de CV, y de Acuacultura de Baja California, SA de CV (empresa filial de Mitsubishi Corporation); y es Miembro del Consejo de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Ensenada.

El secretario de Pesca estatal es, además, miembro activo del Consejo Consultivo Nacional de Grupo Financiero Banamex, SA, así como miembro activo del comité técnico del Centro Regional para la Competitividad Empresarial y consejero del Instituto Educativo del Noroeste, AC, y del organismo administrador del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys Universidad).

Captura de atún, otro supuesto “botín”

Además de lo anterior, el funcionario enfrenta otro señalamiento. Y es que ante la reducción de la cuota de captura de atún aleta azul a 3 mil toneladas para México en 2015, derivada de los acuerdos internacionales de la Comisión Interamericana del Atún Tropical con la Conapesca, éste se habría convertido en un “botín” para Servax Bleu, Baja Aqua Farms y Acuacultura de Baja California, SA de CV, propiedad de Arjona Rydalch, denunció Raúl Villela Camargo, apoderado legal de Tunamax.

El secretario de Pesca de Baja California, dijo Villela Camargo, se quiere llevar la tajada del león para asegurar sus cuantiosos ingresos en dicha empresa, aprovechando el tráfico de influencias que realiza Arjona desde su posición como funcionario de alto nivel en el estado con las autoridades de la Conapesca.

Sin embargo, refiere, el conflicto de intereses que existe al respecto no le preocupa mucho al secretario Matías Arjona, quien presume de su amistad con el gobernador Francisco Vega de la Madrid.

El apoderado legal de Tunamax resaltó que el secretario de Pesca de Baja California no ha tomado en cuenta que no sólo son tres las empresas pesqueras de maricultura que pueden tener acceso a la cuota de las 3 mil toneladas, sino que existe una cuarta empresa que él representa y que ha sido ignorada por el funcionario del sector pesquero de la entidad.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Título Segundo “Responsabilidades Administrativas”, Capítulo I, artículo 8 señala que todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, con relación al conflicto de intereses:

 “XI. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

 “XII. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto.

“Esta prevención es aplicable hasta 1 año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

 “Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.

 “XIV. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI.”

Matías Arjona es concesionario consultor de Mitsubishi, actividad que combina con el cargo de secretario de pesca. Dicha trasnacional de origen japonés comercializa el 52 por ciento del atún fresco en el mundo, es decir, controla el atún a nivel mundial.

El mercado potencial de productos marinos de Baja California en el que participa Arjona asciende a más de 120 mil toneladas anuales de diversas especies con calidad de exportación (atún, almeja, mejillón, abulón, etcétera), con posibilidades de expandirse en el mercado de Brasil, según el resultado de una agenda de trabajo desarrollada por la Secretaría de Pesca y Acuacultura del estado, entre empresarios y productores del sector.

El empresario-funcionario señaló para una entrevista con el diario Ensenada Zoom (http://ensenadazoom.com/agencia-arjona-empresa-100-ensenadense/):

 “Después me topo con Mitsubishi, que es una de las empresas japonesas más grandes del mundo que hace de todo: carros, electrónica, programa espacial, aviones, petróleo y tiene una división que se llama Living Essentials, que es la división de alimentos, y ellos están metidos en el tema del atún en el mundo; para que se den una idea, una filial de Mitsubishi comercializa el 52 por ciento del atún fresco en el mundo, es decir, controla el atún y para ellos trabajo desde 2003. Primero me contratan por mi trabajo en Agencia Arjona y mi relación con la Flota Atunera Mexicana y me contratan como consultor, para que me encargue de algunas cosas como permisos y trámites ante la autoridad federal y la municipal y al final de cuentas soy administrador único de tres de sus empresas en México, que son Acua Cultura de Baja California, Acua Cultura de Aleta Amarilla, que ya es propietaria de tres barcos: el Don Matías, que le pusimos en honor a mi padre, el María Liliana, en honor a mi esposa, y el tercero el Domex, que es nuestra marca del atún que exportamos a Japón.

“[…] Entonces, por ese lado, por la maricultura estoy al frente de esas empresas, que son fuertes, y tenemos cultivos en otros países como Malta, Croacia, en el Mediterráneo y acá en México, que me toca administrar a mí. También estoy desarrollando un proyecto de cultivo de jurel, con inversionistas noruegos, estadunidenses y australianos. Éste va para Baja California Sur y estamos ya en el proceso de echarlo a volar; recordemos que el jurel no es un atún, es una sardina grande […]”.

Así, el secretario de Pesca, Tomás Arjona –quien rechazó la solicitud de entrevista que le hizo Contralínea, a través de su oficina de prensa, para conocer su versión respecto de los señalamientos en su contra– forma parte del selecto grupo de empresarios-funcionarios que utilizan su puesto para incurrir en violación a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, denunció el apoderado legal de Tunamax, Raúl Villela Camargo, quien advirtió que acudirá ante el gobierno federal para reclamar sus intereses.
José Réyez, @jose_contra

[RENDICIÓN DE CUENTAS]

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 Contralínea 442 / del 22 al 28 de Junio 2015