jueves, 11 de agosto de 2016

Se vende la biodiversidad en América Latina

México, a la cabeza de los países de Latinoamérica que otorga permisos a trasnacionales (principalmente de capital estadunidense) para apropiarse de material genético de seres vivos. Pueblos indígenas, despojados de su sabiduría milenaria


Emilio Godoy/Inter Press Service



En julio de 2015, el gobierno mexicano concedió un permiso a una firma estadunidense sobre uso de material genético obtenido en su territorio con fines comerciales y no comerciales, en un caso de los que avivan la preocupación en América Latina sobre el enfoque mercantil de la biodiversidad.


El acuerdo, catalogado con el identificador único de Absch-Ircc-Mx-207343-2, fue  avalado por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y beneficia a la empresa estadunidense BioN2, Inc, de la que no hay muchos detalles.


Se asegura que se obtuvo el consentimiento previo e informado de la organización o individuo que posee los derechos de acceso al material, pero el expediente oculta, por ser confidenciales, la identidad de tal titular y del material genético obtenido.


Éste es un ejemplo de prácticas de confidencialidad que generan inquietud sobre la aplicación adecuada del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización, firmado en esa ciudad japonesa en 2010 y vigente desde 2014.


Ese instrumento, complementario a la Convención sobre Diversidad Biológica que está en vigor desde 1993, se enfoca en el cuidado de la biodiversidad y el reparto de beneficios por el aprovechamiento de los materiales genéticos de todos los seres vivos.


Por América Latina y el Caribe, sólo Cuba, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay lo han ratificado.


Entre otros aspectos, el Protocolo estipula que cada país parte adoptará medidas para asegurar el acceso a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos que están en posesión de comunidades indígenas y locales.


Ello se hará, precisa, mediante “el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación” de esos grupos, y con el establecimiento de condiciones mutuamente acordadas.


 “Las expectativas de los indígenas no están bien cubiertas por el Protocolo”, dice a Inter Press Service (IPS) la investigadora Lily Rodríguez, del Instituto para los Alimentos y Economía de los Recursos de la pública y alemana Universidad de Bonn.


La experta subraya desde la ciudad alemana que el protocolo es “la oportunidad de ‘reconocer’ los conocimientos tradicionales como parte del patrimonio de cada nación y de establecer mecanismos para respetar las decisiones que ellos quieran tomar en cuanto a compartir sus conocimientos o no”.


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América Latina y el Caribe es la región con la mayor diversidad biológica en el planeta, al albergar a varios de los países megadiversos, como Brasil, Colombia, Ecuador y México.

Los temas del Protocolo de Nagoya formarán parte del debate de la 13 Conferencia de las Partes de la Convención, que se desarrollará en el sudoriental balneario de Cancún entre el 4 y el 17 de diciembre.


Las críticas de pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil al Protocolo versan sobre el reconocimiento de propiedad intelectual a los llamados bioprospectores, los centros de investigación o empresas que buscan la información biológica para su eventual aprovechamiento.


Además, el reparto de los eventuales beneficios monetarios y no monetarios a pueblos y comunidades indígenas se basa en los “términos mutuamente acordados”, pactados, en contratos con empresas e investigadores. Eso puede situarlos en desventaja.


En Guatemala, organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios han forjado al rojo vivo su postura de excluir a ese país centroamericano del Protocolo de Nagoya, al cual pertenece desde 2014.


En junio, una resolución provisional de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal nacional, suspendió esa incorporación.


 “Nos oponemos porque faltó el número necesario de diputados para aprobarla, no se consultó a los pueblos indígenas y da permisividad para la experimentación, trasiego y consumo de transgénicos”, resume Rolando Lemus, dirigente de la no gubernamental Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala.


El activista, cuya organización surgió en 2004 y que agrupa a unas 60 entidades, manifiesta a IPS, desde el departamento guatemalteco de Chimaltenango, que el uso de la biodiversidad es parte de la cultura y la vida diaria de los grupos ancestrales mayas, en cuya cosmovisión “no se permite lucrar con el conocimiento ancestral”.


Guatemala había acogido tres solicitudes de investigación con la planta medicinal b’aqche’ (Eupatorium semialatum), cedro y caoba. La primera, usada contra dolencias estomacales como los parásitos, estaba en evaluación y las otras dos recibieron el aval en octubre de 2015 para su investigación por la privada Universidad del Valle de Guatemala.


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Al ser subsidiario de la Convención, el Protocolo acoge también actividades que se realizaron desde la década pasada, reguladas por las legislaciones nacionales, en diferentes países de América Latina y que recoge un estudio regional publicado en 2014.


Por ejemplo, Brasil ha concedido al menos 1 mil permisos para investigación no comercial desde 2003 y 90 comerciales desde 2000.


Entre 2000 y 2005, Bolivia autorizó 10 contratos de acceso, de unas 60 solicitudes presentadas y de las cuales varias versaron sobre la quinoa y otros cultivos andinos.


De ellos, dos fueron para fines comerciales. Pero a partir de leyes aprobadas desde 2010, en la nación sudamericana se veta que los sistemas de vida y los procesos que los sustentan se puedan mercantilizar, ni convertirse en propiedad privada.  Eso supone un freno a su adhesión al Protocolo.


En Colombia existen permisos para recolectar muestras y para enviar material al extranjero. Desde 2003, esa nación ha otorgado 90 contratos, sobre 199 solicitudes, y ha rubricado un contrato para investigación comercial.


Aunque Costa Rica no ha avalado licencias para acceso al conocimiento tradicional o recursos genéticos en territorios indígenas, ha posibilitado 301 permisos para investigación básica para el acceso a recursos genéticos y 49 para bioprospección y acceso a recursos genéticos desde 2004.


La bioprospección define la búsqueda sistemática, clasificación e investigación de nuevos elementos con valor económico en el material genético. El Protocolo debe evitar que ella no prive a los guardianes originarios de su conocimiento y de sus beneficios.


Ecuador ha recibido 19 solicitudes desde 2011 y en 2013 negoció un contrato comercial.


Por su parte, México ha autorizado 4 mil 238 permisos para colección científica desde 1996, con un bajo porcentaje de peticiones denegadas.


Finalmente, Perú requiere un contrato para todos los tipos de acceso. Desde 2009, ha autorizado 10 contratos, de más de 30 solicitudes, y 180 permisos para investigación de recursos biológicos.


Ecuador es un buen ejemplo regional del expolio de material genético, según la denuncia de sus propias autoridades.


En el Primer informe sobre biopiratería en el Ecuador, divulgado en junio por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se reveló que Alemania, Australia, Bélgica, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda e Israel han explotado indebidamente esa riqueza biológica.


De 128 patentes identificadas, empresas estadunidenses poseen 35, alemanas 33, holandesas 17, australianas 15 y el resto se reparte entre varias naciones.


“Todo depende de cómo los gobiernos de cada país protegen a los indígenas, según sus propios marcos legales”, plantea Rodríguez.


A su juicio, “si la legislación dice que ellos solos van a negociar el consentimiento fundamentado previo –incluyendo cláusulas de condiciones mutuamente acordadas– si no están en la capacidad de negociar, sería bueno que el gobierno los apoye para que esa negociación sea más equitativa y favorable para los pueblos tradicionales”.


Lemus confía en que la suspensión en Guatemala quede en firme. “Pensamos en otras acciones. Los pueblos deben poder tener mecanismos para protegerse de la propiedad intelectual y la contaminación genética”, asevera.


Emilio Godoy/Inter Press Service


[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: MEDIO AMBIENTE]


Contralínea 500 / del 08 al 13 de Agosto 2016


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Se vende la biodiversidad en América Latina

miércoles, 10 de agosto de 2016

El pensamiento indígena contemporáneo, emancipatorio**

Los pueblos indígenas habitan territorios con gobiernos sin reconocimiento del poder central. Se encuentran en desventaja frente a los grupos dominantes. Persiste en México un Colonialismo interno. Las relaciones entre culturas son finalmente de poder: el sometimiento de una a otra. El pensamiento indígena, para que se reclame contemporáneo, debe alimentarse de la realidad de los pueblos y contribuir a su descolonización


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I


Cuando nos cuestionamos si existe un pensamiento indígena contemporáneo no podemos ignorar que nuestro país atraviesa por una crisis a la cual bastantes científicos han calificado como una crisis civilizatoria, misma que se manifiesta de múltiples formas: predominio del capital sobre la soberanía de los Estados, calentamiento de la Tierra como nunca antes, devastación de la naturaleza para sacrificarla en el altar del mercado, grandes migraciones humanas que ya constituyen una de las más profundas tragedias de la historia, la desigualdad social, entre ellas.


A ellas hay que agregar las intenciones del capital de controlar la vida de los pueblos para explotar sus recursos naturales, los únicos que le quedan al país, porque los otros ya se los expropiaron hace años. Las evidencias son alarmantes, las empresas mineras controlan cerca de una tercera parte del territorio mexicano, y de ésta un 20 por ciento corresponde a los territorios indígenas; a ellas se suman los parques generadores de energía eólica, los proyectos para la extracción de hidrocarburos, los de comercialización del agua –el alimento indispensable para la vida–, y las industrias interesadas en apropiarse de la biodiversidad.


Al ocuparnos de las maneras en que las y los intelectuales indígenas racionalizamos o imaginamos la realidad en que transcurre la vida de los pueblos a los que pertenecemos no podemos ignorar esta situación, porque las ideas no nacen de la nada; al contrario, nacen y se desarrollan de las situaciones concretas en que nos desenvolvemos y en la que se desenvuelven los pueblos a los cuales pertenecemos; se nutren de su relación con ideas externas, las que nos llevan a reflexionar y a fortalecer o debilitar nuestro pensamiento, retomando elementos de aquellas para incorporarlos a las nuestras, o perdiendo elementos que fueron importantes pero si no se usan socialmente pierden su importancia.


Otro aspecto que no podemos ignorar a la hora de reflexionar sobre nuestro quehacer es que somos producto de la historia. Una historia la mayoría de las veces violenta. Desde la invasión europea a las tierras del Anáhuac hasta la actualidad, con sus particulares en cada etapa histórica, los pueblos de los cuales provenimos se asoman hacia el resto de la sociedad por heridas que no dejan de sangrar y por lo mismo no cicatrizan. Todavía en el siglo XXI nuestros pueblos siguen subordinados a poderes externos que deciden su presente y su futuro. Siguen siendo colonias. Ésta es una situación que desde el poder no se reconoce porque cuestiona la ideología de igualdad, pero tampoco lo hacen muchos movimientos emancipatorios porque choca con su idea de futuro.


Lo cierto es que los pueblos indígenas, en su mayoría, habitan territorios con gobiernos sin reconocimiento por parte del poder central. Se encuentran en una situación de desventaja frente a los grupos dominantes, a quienes se reconoce su derecho de administración económica, política y jurídicamente, impidiendo que los representantes de los pueblos se incorporen a ellos, a menos que sea en calidad de “asimilados”, y sus derechos así como su situación económica, política social y cultural son regulados e impuestos por el gobierno central. Por más que a algunos sectores sociales les incomode reconocerlo, esto se llama colonialismo interno.


En estas condiciones históricas y presentes de subordinación es que nos proponemos reflexionar sobre el pensamiento indígena contemporáneo. Con base en ellas propongo que comencemos preguntándonos: ¿qué significa para los integrantes de los pueblos indígenas pensar la realidad de nuestros pueblos y de la humanidad en general desde la óptica de los pueblos?, ¿cómo se está elaborando ese pensamiento?, ¿cuál puede ser la mejor forma de fortalecerlo y difundirlo? Y, sobre todo, ¿para qué? ¿Estamos pensando en clave indígena la construcción de un futuro distinto?


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II


Para buscar respuestas a las anteriores interrogantes podemos comenzar asumiendo que los pueblos a los que pertenecemos representan sociedades contemporáneas, que no están atrasadas frente a ninguna otra. En consecuencia el pensamiento de los intelectuales indígenas, en cada una de las etapas de nuestra historia, ha sido contemporáneo. Si no, ¿cómo se explicarían los grandes avances científicos, tecnológicos, culturales y espirituales en la invasión europea que asombraron a los conquistadores y que en mucho eran superiores a los de ellos, que se consideraban sociedades avanzadas, y desconocían? ¿Cómo se explicaría la obra poética de Netzahualcóyotl, el Chilám Balam de los mayas o los códices mixtecos? El mundo indígena además de contemporáneo concibe la historia de manera cíclica, no lineal, por eso el pasado y el futuro siempre están en juego en cada coyuntura y el futuro depende más de nuestros actos que de nuestras palabras.


Hemos hablado del pasado prehispánico pero lo mismo sucedió en el periodo de la Conquista y los años que siguieron a la independencia. Aunque del primero se desconocen los aportes intelectuales de los miembros de los pueblos indígenas, debieron ser muchos y muy novedosos como para justificar las rebeliones contra la dominación. En el segundo ya se nota el discurso indígena aunque enmascarado en el discurso nacional. La prueba palpable de que la realidad en que vivimos permea nuestras ideas es que, viviendo como vivieron, tiempos turbulentos de amenaza extranjera, su pensamiento no estuvo en relación con los derechos de los pueblos a los que pertenecían, sino en la forja de un estado fuerte, capaz de atender las necesidades de su población y también de hacerse respetar por otros Estados del mundo.


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En el siglo XX las cosas fueron un tanto distintas. Con la creación del indigenismo como política de Estado, muchos indígenas vieron en él una oportunidad para desarrollar su pensamiento y se colocaron del lado del poder, alejándose de las posibilidades de reflexionar sobre las necesidades de los pueblos de los que formaban parte. Como resultado de este comportamiento se formó una élite intelectual que en lugar de posicionar el pensamiento de los pueblos de los que provenían, contribuyeron a legitimar las políticas del Estado, porque su pensamiento sólo era parcial y subordinado. Al final de cuentas, pocos fueron los pensadores indígenas que desde esa posición desarrollaron ideas acordes con las culturas de sus pueblos, dando origen a un tipo específico de indígenas que después se acuñó como “el indio permitido”.

Pero no era la única forma de generar pensamiento propio sobre los pueblos indígenas. Hubo quien lo hizo desde el lado de los pueblos pero sus reflexiones quedaron marginadas. Un caso excepcional fue el movimiento intelectual surgido en la Sierra Norte y la región mixe del Estado de Oaxaca. Alimentado por la lucha de los pueblos en defensa de sus recursos naturales y la construcción de gobiernos propios, es decir, la construcción de formas emancipatorias de vida, se generó un movimiento intelectual que llegó a conocerse como comunalidad, mismo que todavía sigue dando mucho de qué hablar, a veces hasta de manera romántica o idílica, por su pretensión de que aporte más explicaciones de las que puede dar.


Con el advenimiento de la apertura comercial, el Estado mexicano modificó sus formas de legitimación y prescindió de este tipo de intelectuales, porque ya no hablaría de indigenismo sino de multiculturalismo. Los intelectuales indígenas colocados de su lado tuvieron que transformar su quehacer y los que no lo hicieron quedaron fuera de ese espacio, muchos de ellos regresaron al lado de sus pueblos. Ahora el discurso folclorizante ya no era suficiente, había que suplantar a los pueblos indígenas en el reclamo de sus derechos, reduciéndolos al ámbito cultural, en el sentido más estrecho del término, neutralizando sus luchas y arrebatándoles el carácter de sujetos políticos.


De lo anterior puede sacarse una conclusión, que ya otros han presentado con anterioridad pero que es necesario tener siempre presente: las relaciones entre culturas son, en última instancia, relaciones sociales, es decir relaciones de poder. El incremento de la cultura impuesta y de la cultura enajenada, visible hoy en muchas comunidades indígenas, no es el resultado de la confrontación entre elementos culturales, como frecuentemente se pretende hacer aparecer, sino del sometimiento de una cultura a otra.


III


Hoy nos encontramos ante el reto de pensar, de pensarnos como pueblos indígenas y como sociedades diferentes en un contexto donde muchas de las condiciones son adversas para hacerlo. Ése es el desafío que tenemos enfrente y al que habrá que darle respuesta. Un reto similar al que enfrentan los pueblos de los cuales provenimos, para hacerse visibles y reclamar su derecho a seguir siendo pueblos pero remontando la situación de colonialismo en que viven. Pueblos con derechos, entre ellos la libredeterminación.


Ahí hay un primer horizonte para guiar nuestro pensamiento. Si queremos que sirva para construir un futuro distinto para nuestros pueblos y para el país, tenemos que construir a partir de los proyectos de futuro que imaginan nuestros pueblos. Ésa es la primera condición. Las otras son las bases para esa construcción: entre estas podemos encontrar todos los valores culturales que los pueblos han construido a través de la historia, mismos que se reflejan en la vida cotidiana: el servicio para el bien colectivo, la ofrenda para el bienestar de los hermanos y hermanas, la ayuda mutua para la satisfacción de necesidades, el servicio comunal para que el pueblo funcione, entre otros.


Todas estas prácticas encuentran sustento en los mitos de origen de cada pueblo, en sus ideas sobre el orden social, la justicia, la reciprocidad para lo construcción de igualdad. Todo esto tiene que ver con la forma en que se conciba el conocimiento. En los últimos años ya se demostrado que tanto el mito como el logos tienen su propia racionalidad y uno no es la negación o superación del otro sino una forma racional distinta de explicar los fenómenos de la vida, que obedecen a situaciones históricas concretas, cada una con su propia sabiduría, entendida como la capacidad de exponer de manera ordenada los componentes de las respuestas fundamentales de la vida.


Si aceptamos lo anterior también podemos aceptar que para la construcción del pensamiento indígena contemporáneo contamos con los elementos míticos, científicos, tecnológicos humanistas y filosóficos construidos por los pueblos a través de la historia; igual que con los avances de la ciencia, la tecnología el pensamiento humanista y filosófico generado por la sociedad en general. Porque no se trata de negar lo ajeno sino de revalorar lo propio para, en conjunto con otros conocimientos y en igual de valorizaciones, proyectar un futuro mejor.


Requerimos de la construcción de un conocimiento que genere conciencia social de que los pueblos son pueblos, que tienen derecho a seguir siéndolo, y nadie tiene el derecho de negárselos; que su fortaleza está en su diferencia del resto de la sociedad dominante, que esa sociedad ha convertido la diferencia en pivote para la subordinación y que ahora los pueblos deben convertirla en instrumento de emancipación.


Necesitamos construir un pensamiento que vaya a contracorriente de las tendencias dominantes, porque ése es el camino que transitan los pueblos y también las naciones que se reclaman soberanas. En los escenarios de lucha donde unos piensan que la historia sólo tiene un sentido y el futuro de la humanidad es el de la dominación del capital sobre la vida, debemos construir escenarios donde el centro de todo sea la vida. Y en eso los pueblos tienen mucho que enseñarle al resto de la humanidad. Es nuestra responsabilidad poner nuestros esfuerzos a esa causa.


Nuestro pensamiento, el pensamiento indígena, para que se reclame contemporáneo debe alimentarse de la realidad de los pueblos y contribuir a su transformación. Debe aportar elementos teóricos que sirvan de guía a los pueblos en su lucha por la descolonización y nutrirse de ella, pues resulta un contrasentido un discurso de la descolonización que carezca de una práctica descolonizadora. Pero no puede encerrarse en sí mismo, debe dialogar con otros pensamientos de otras culturas que persigan los mismos fines, lo cual solo será posible si los pueblos logran emanciparse.


Eso es lo que concibo como pensamiento indígena contemporáneo.


Francisco López Bárcenas*


*Abogado; especialista en derecho indígena, y asesor agrario


**Discurso que se leerá durante la apertura del Coloquio sobre Pensamiento indígena contemporáneo, organizado por la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, los días 9 y 10 de diciembre de 2016 en el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM


[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: SOCIAL]


Contralínea 500 / del 08 al 13 de Agosto 2016


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El pensamiento indígena contemporáneo, emancipatorio**

martes, 9 de agosto de 2016

El inquietante desequilibrio externo de la economía mexicana

El desequilibrio de la cuenta corriente se ha elevado inquietantemente: ya alcanzó los 30 mil millones y se mantendrá por arriba de ese nivel en lo que resta del sexenio. Para financiarlo se requiere anualmente el ingreso de capitales por un monto similar. Pero la nueva recesión mundial, el menor comercio y la inestabilidad financiera pueden detonar otra crisis económica



Para una economía subdesarrollada como la mexicana, históricamente deficitaria en su intercambio comercial, subordinada y dependiente de la dinámica de la economía mundial, en especial de la estadunidense, y crónicamente adepta a los flujos de capitales externos para financiar su desequilibrio externo de la balanza de pagos, cualquier desorden de los mercados internacionales suele resultar catastrófico.


Esa anarquía capitalista conlleva a crisis globales –de diversos grados de intensidad– especulativas en los mercados bursátiles, de dinero y cambiarios, la fuga masiva de capitales, devaluatorias, comerciales y productivo-recesivas. Ellas se transmiten con extraordinaria facilidad hacia el resto del mundo y se sobredimensionan en los países atrasados como el nuestro, merced a la eliminación indiscriminada de las barreras comerciales y financieras, así como por la pasividad de los gobiernos, convictos y confesos del “dejar hacer, dejar pasar”. Así sucedió en México con los colapsos financieros, fiscales, de deuda externa y de balanza de pagos de 1982-1983 o 1994-1995. Entre 2014 y 2016, este gobierno ha observado importantes aprietos en las cuentas externas.


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Dada la incapacidad estructural del aparato productivo para generar las divisas necesarias que sufraguen las importaciones requeridas por el crecimiento y el desarrollo, a través de las exportaciones de bienes y servicios, y que refleja el fracaso de las contrarreformas estructurales neoliberales, México depende de la continuidad creciente de los recursos financieros externos para evitar la crisis como la actual.


Como se sabe, la balanza de pagos está integrada por la cuenta corriente: el saldo neto (diferencia entre los ingresos y egresos) de la balanza de mercancías y la de servicios; el saldo neto de capitales o financiero, que incluye la inversión extranjera directa y de cartera, el endeudamiento público y privado, y las inversiones de mexicanos en el extranjero; el renglón de errores y omisiones, que no es más que ajuste estadístico de las discrepancias o fallas en el registro contable de las cuentas anteriores y la existencia de transacciones de origen desconocido como el contrabando y los movimientos de capitales furtivos. Algunos analistas consideran que cuando las diferencias son menores al 2 por ciento del valor absoluto de las importaciones representan realmente “errores y omisiones” diversos, y cuando superan ese porcentaje reflejan flujos de capitales oscuros.


El saldo neto de la cuenta de capitales sirve para compensar el déficit corriente. Si lo supera o es menor, se reflejará en las variaciones anuales positivas o negativas de las reservas internacionales del banco central y, por tanto, en el aumento o la reducción de su saldo acumulado en el tiempo.


Las posibilidades de financiar un creciente déficit corriente dependerá de la continuidad del ingreso de capitales y que su cuantía permita financiarlo, en caso de que la economía no logre aumentar sus exportaciones de bienes y servicios o reducir su dependencia de sus importaciones. La alteración de ese escenario, que afecte las ventas externas o provoque la escasez y el ingreso de capitales, o ambas cosas, prende los focos amarillos.


Algunos gobiernos respetuosos del “libre mercado”, como el mexicano, se convierten en espectadores pasivos del actuar de los especuladores y se limitan a esperar que la moneda y las demás variables financieras y económicas se estabilicen por sí mismas luego de los ataques especulativos.


Sólo se les ocurre sacrificar las reservas internacionales para tratar de atemperar la inestabilidad cambiaria y contener al crecimiento y las importaciones, en espera de mejores tiempos, por medio del recorte del gasto público, como lo hace Luis Videgaray; y el alza de los réditos, como actúa Agustín Carstens, que con el castigo adicional de la demanda busca contener los efectos inflacionarios postdevaluatorios, aunque ambas medidas redunden en la fase recesiva con alto desempleo, dinámica ya explicada, entre otros economistas, por Paul Krugman y Lance Taylor en su trabajo Efectos contraccionistas de la devaluación, de 1978.


Pero cuando la volatilidad de los de capitales se convierte en una tormenta, en los ciclos especulativos de los mercados bursátiles, de dinero y cambiarios, en violentas devaluaciones cambiarias inflacionarias y en la fuga masiva de capitales, entonces se prenden los focos rojos, ante el riesgo de una crisis fiscal del estado, de insolvencia de pagos, del financiamiento de las cuentas externas.


México enfrenta un escenario descompuesto de focos amarillos ante los nuevos síntomas deflacionarios internacionales (recesión con caída de los precios), el bajo comercio mundial, las menores exportaciones mexicanas por la caída de su demanda y de los precios de las materias primas, lo que provocado un rápido desequilibrio externo y el débil crecimiento económico interno.


Según datos del Banco de México (Banxico) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el déficit corriente en el primer trimestre de 2016 fue de 7 mil millones de dólares (mmd). Si bien fue menor en 16 por ciento con relación al mismo lapso del anterior (8.3 mmd), para este año se proyecta un signo negativo del orden de 30 mmd. En 2015, fue de 31.9 mmd. En los trimestres citados la economía creció 2.6 por ciento.


En los Criterios generales de política económica de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó un déficit corriente por 31.6 mmd, equivalente a 2.6 por ciento del producto interno bruto (PIB). El 26 de julio, en su Estudio económico de América Latina y el Caribe 2016, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) lo proyectó en 3.1 por ciento del PIB, unos 30 mmd.


El déficit externo de 2015 y 2016 casi duplica al registrado al inicio del gobierno de Enrique Peña, el cual fue de 17 mmd, 1.4 por ciento del PIB.


Como porcentaje del PIIB, dicho déficit es el más alto desde 1998 cuando fue de 3.2 por ciento. (16 mmd).


En dólares corrientes, el déficit de 2015 y 2016 es comparable al de 1994, el año del colapso neoliberal salinista-zedillista, cuando llegó a 29.7 mmd, su máximo histórico, aunque equivalió a 5.6 por ciento del PIB.


Para 2017 y 2018, en los Criterios citados, Hacienda pronosticaba un saldo corriente negativo de 2.5 por ciento del PIB en 2017 y 2018, lo que lo ubicaría por arriba de los 30 mmd cada año.


En su World economic outlook database, el Fondo Monetario Internacional estima que el déficit corriente será de 28 mmd, 2.6 por ciento del PIB, en 2016; 29.8 mmd, 2.6 por ciento del PIB, en 2018; y 36.4 mmd, 3 por ciento del PIB, en 2018.


La tasa real de crecimiento económico en 1994 y 1998 fue igual: 4.7 por ciento, según datos del Inegi; la de 2012 de 4 por ciento; la de 2015 de 2.5 por ciento. Para 2016, Hacienda la revaluó de 2.6-3.6 a 2.2-3.2 por ciento; el Banxico, de 2.5-3.5 a 2-3 por ciento; la Cepal, de 2.5 a 2.3 por ciento; en su actualización del 19 de julio de su informe de Perspectivas de la economía mundial, el FMI la elevó de 2.3 a 2.4 por ciento. Con las contrarreformas estructurales, Hacienda proponía un crecimiento de 3.5-4.5 por ciento para 2017 y de 4.5-5 por ciento para 2018. Pero esas metas ya fueron desbordadas por la trágica realidad. El Banxico fijó su meta de 2017 de 3-4 a 2.5-3.5 por ciento. El FMI propone las tasas de 2.6 y 2.8 por ciento para 2018.


Los ajustes citados testimonian los síntomas recesivos de este año que atenúan, pero no corrigen el desajuste externo.


Los datos señalados anteriores arrojan al menos tres puntos:


1) La economía crece cada vez menos y, sin embargo, el déficit externo es mayor anualmente y alcanza niveles históricos. Entre 2012 y 2015, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 3.2 por ciento y las importaciones en 6.5 por ciento. Desde 1983, cuando se inició el ciclo neoliberal, aquellas se elevaron en 1 mil 227 por ciento y las otras en 1 mil 632 por ciento.


Los únicos momentos en que el déficit externo estructural se volvió superavitario (1983-1985) o se redujo sensiblemente (1995-1996, 2003-2006 y 2009-2010) fue después de que, al volverse insostenible, financiable, desencadena las grandes crisis devaluatorias, fiscales, recesivas e inflacionarias. Su corrección se debe al ajuste fiscal del lado del gasto, la contención de la demanda y el aumento de los réditos. Pero con la reactivación vuelve a reaparecer otra vez.


2) Se suponía que con las reformas estructurales neoliberales México se volvería una potencia exportadora neta, que desaparecería tal déficit o este se reduciría sensiblemente y sería fácilmente financiable. Pero en promedio, entre 1983 y 2015, por cada dólar exportado en bienes y servicios se importan 10 dólares, según datos del Banxico.


3) Los funcionarios pensaron que con las reprivatizaciones, entre ellas la energética, llegarían los capitales necesarios para financiar el déficit externo y el crecimiento. Pero todo se desvaneció en el aire.


Sin duda, el desequilibrio del comercio exterior ha sido importante en el déficit corriente. Mientras que éste se redujo en el primer trimestre de 2016, el comercial casi se duplicó entre mayo de 2015 y 2016 al pasar de 3.3 mmd a 6.6 mmd. Su deterioro en este sexenio ha sido dramático: el superávit por 18 millones de dólares de 2012 se convirtió en un déficit por 14.6 mmd en 2015 y posiblemente este año cierre en unos 16 mmd.


No obstante, el principal factor desequilibrante corresponde al otro componente de la cuenta corriente: los servicios. En 2012 su déficit fue de 39.3 mmd y en 2015 de 41.2 mmd. Sólo en el segundo año citado equivalió a casi 3 veces al déficit comercial y duplica al déficit corriente. En el primer trimestre de 2016, el saldo negativo de la balanza de servicios fue de 9.1 mmd, 2.3 veces el déficit comercial y 1.3 veces el del corriente.


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La balanza de servicios se integra por los ingresos y egresos de los servicios no factoriales –transportes diversos, turismo y excursionistas–, los factoriales –intereses de la deuda pública y privada y las utilidades de las empresas– y las transferencias, que incluye las remesas de los trabajadores migratorios.


El déficit de los servicios no factoriales pasó de 13.4 mmd a 9 mmd entre 2012 y 2015. En el primer trimestre de 2016, también mostró una reducción. Esto se debe al turismo, cuyo superávit subió de 5.2 mmd a 8.5 mmd entre 2012 y 2015. En parte refleja los efectos de la devaluación. Pero los saldos de los servicios del transporte y de los excursionistas son negativos.


Aunque han declinado desde su máximo histórico de 2007, cuando sumaron 26 mmd, las remesas se han convertido en una importante fuente aportadora de divisas para la economía. En 2012 proporcionaron 22.4 mmd y en 2015 24.8 mmd. Sus montos superan, por separado, a las exportaciones agropecuarias y mineras, y desde 2014, inclusos superaron a las petroleras. En el primer trimestre de 2016 entraron 6.2 mmd por este concepto y superaron los ingresos captados por turismo y los excursionistas.


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Los servicios factoriales representan el principal factor de desestabilización de las cuentas externas. Su déficit pasó de 25.8 mmd a 32.5 mmd entre 2012 y 2015. En cada caso representó el 66 por ciento y el 78 por ciento del déficit de servicios; además, superó al déficit corriente.


En dicha subcuenta, el saldo entre los intereses recibidos y los pagados por el sector público y privado se elevó de 17.6 mmd a 23 mmd entre 2012 y 2015. Los intereses totales pagados se elevaron de 20.5 mmd a 25.8 mmd; los del estado subieron de 11.7 mmd a 13.4 mmd y los del sector privado de 8.7 mmd a 12.4 mmd. Su incremento ya manifiesta el alza de las tasas de interés internacionales.


En el primer trimestre de 2015 y el mismo periodo de 2016, los intereses totales fueron de 5.5 mmd; los públicos de 5.2 mmd y los privados de 2.1 mmd a 2.4 mmd.


En lo que resta del año y posiblemente del sexenio actual puede esperarse una mejoría en el desarreglo externo.


En sus Perspectivas, el FMI redujo el ritmo de crecimiento mundial para este año de un mediocre 3.2 por ciento a 3.1 por ciento; en 2014 la tasa fue de 3.4 por ciento. La tasa de Estados Unidos la redujo de 2.4 por ciento a 2 por ciento. Asimismo, también disminuyó su meta de la expansión del comercio internacional de 3.1 por ciento a 2.7 por ciento. esa Situación se combinará con la inestabilidad de los mercados financieros internacionales.


Marcos Chávez M


[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: ECONÓMICO]


Contralínea 500 / del 08 al 13 de Agosto 2016


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El inquietante desequilibrio externo de la economía mexicana

Video: La resistencia de los pueblos indígenas

Los pueblo indígenas de México se enfrentan a la imposición de diversos proyectos en sus propias tierras;  las empresas mineras, por ejemplo, controlan cerca de una tercera parte del territorio mexicano, y de este un 20 por ciento corresponde a los territorios indígenas; a ellas se suman los parques generadores de energía eólica; los proyectos para la extracción de hidrocarburos; los de comercialización del agua –el alimento indispensable para la vida-, y las industrias interesadas en apropiarse de la biodiversidad.





Video: La resistencia de los pueblos indígenas

Indígenas en su “día”, sin acceso a los derechos y servicios básicos

En México, siete de cada 10 personas hablantes de una lengua indígena se encuentran en situación de pobreza, según la medición de 2015 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esta cifra demuestra la situación de vulnerabilidad en la que viven. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 24.4 millones de personas mayores de 3 años se autorreconocen como parte de un pueblo indígena. Todas presentan dificultad para acceder a los servicios y derechos básicos.



En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas –9 de agosto–, el Inegi presentó una serie de estadísticas relacionadas con la identidad y la conformación de la población indígena del país; esto porque, según sus criterios, “es importante disponer de cifras sobre ella, su ubicación y características sociodemográficas, con la finalidad de que este grupo no quede al margen de las políticas públicas que implementa el Estado”.


Sin embargo, los datos del instituto demuestran que los esfuerzos de las autoridades en materia de inclusión han sido insuficientes. Existen 494 municipios del país reconocidos como indígenas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, que continúan con un amplio rezago en el acceso a derechos como la educación, la información, la vivienda, la salud y el empleo.


En materia educativa, según la encuesta intercensal 2015 del Inegi, el 23 por ciento de los hablantes de una lengua indígena –contabilizados como poco más de 7 millones de indígenas, lo que representa el 6.5 por ciento de la población total a nivel nacional– es analfabeta. Este porcentaje destaca por su comparación con el grado de analfabetismo del grupo de los no hablantes, en donde únicamente el 4.2 por ciento se encuentra en dicha situación.


A pesar de que, de acuerdo con las Naciones Unidas, “la educación es un derecho humano, un factor que reduce las desigualdades sociales e impulsa el desarrollo individual y colectivo”, los hablantes indígenas sólo tienen la posibilidad de estudiar, en promedio, 5.7 años, mientras que los no hablantes pueden alcanzar los 9.4 años de estudio.


El organismo internacional también reconoce que “los bajos niveles de escolaridad se traducen en bajos niveles de ingreso”; muestra de ello son las oportunidades empleo y las actividades económicas en las que se ocupa la población hablante indígena. Destaca que poco menos de la mitad, 46.9 por ciento de los indígenas mayores de 15 años, es económicamente activa, es decir, “desempeña alguna actividad laboral o busca trabajo”.


Del grupo de indígenas que posee un empleo, 37.7 por ciento laboran como empleados u obreros, 28.7 por ciento trabaja por su cuenta y 11. 5 por ciento desempeña actividades del campo, esto es, son jornaleros o peones. Además, el Inegi constató que 15 de cada 100 hablantes de una lengua indígenas son trabajadores sin pago, mientras que dentro de los no hablantes, esta cifra se reduce a sólo dos de cada 100.


A su vez, los bajos ingresos significan para las comunidades indígenas una menor posibilidad de acceder a una vivienda digna, que tenga los servicios básicos como el agua potable y el drenaje. De acuerdo con la información recabada por el Inegi, el 25.5 por ciento del total de viviendas con residentes hablantes de una lengua indígena no tiene drenaje; en comparación con el 4.1 por ciento de las viviendas sin población indígena que se encuentra en la misma condición.


En relación con la disponibilidad del agua, sólo el 40.2 por ciento de las viviendas de los hablantes indígenas cuentan con el servicio –dentro de los no hablantes, el porcentaje de acceso casi se duplica, pues asciende al 77 por ciento–, y en el 14.3 por ciento de ellas el agua no es entubada.


Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), “la falta de agua entubada y el piso de tierra en la vivienda son variables que se asocian con una alta morbilidad por enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias”. Esta situación se agrava debido a la dificultad que enfrenta la población indígena para acceder a las instituciones de salud; de acuerdo con la información de la encuesta intercensal 2015, 15 de cada 100 personas indígenas no se encuentran afiliadas a un servicio de salud en el país.


Las carencias en el tema de salubridad se traducen, al mismo tiempo, en un rezago de información sobre sexualidad que afecta, principalmente, a las mujeres indígenas. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) de 2014, mientras que una mujer no hablante de una lengua indígena tiene, en promedio, 1.6 hijos, una mujer hablante espera 2.5 hijos; la diferencia es de un hijo entre unas y otras.


Dicha discrepancia puede tener su origen en la falta de información que las mujeres indígenas poseen acerca de los métodos anticonceptivos y, en general, de salud reproductiva. De acuerdo con la información de la Enadid, 52.6 por ciento del total de mujeres hablantes de una lengua indígena de entre 15 y 49 años no utilizaron algún método en su primera relación sexual por desconocimiento, mientras que sólo el 22.5 por ciento lo hizo porque deseaba embarazarse.


Destaca también que del bajo porcentaje de mujeres indígenas que utiliza métodos anticonceptivos, la mayoría –seis de cada 10– emplea uno de carácter irreversible como la Oclusión Tubería Bilateral (OTB, conocida como salpingoclasia y ligadura de trompas). Diversos especialistas han documentado que esto se debe a que “en algunas comunidad indígenas aisladas, el acceso a la variedad de métodos anticonceptivos es frecuentemente limitado”.


Finalmente, el Inegi evidencia una mayor vulnerabilidad en los indígenas monolingües, es decir, aquellos que no dominan el idioma español; las cifras muestran que 13 de cada 100 indígenas sólo hablan su lengua materna. Además, apunta un aumento considerable en los indígenas del sur que, actualmente, migran hacia los estados del norte para laborar en las actividades de la agricultura industrializada.



Indígenas en su “día”, sin acceso a los derechos y servicios básicos

lunes, 8 de agosto de 2016

Río 2016: Canal Once beneficia a Carlos Slim

A título gratuito, el convenio entre América Móvil y Canal Once –clasificado como confidencial– para la transmisión de Río 2016. Antes de iniciados los Juegos, el Inai garantizó opacidad a las televisoras públicas en sus tratos con Slim



Tan sólo 8 días antes del encendido del pebetero olímpico en Río de Janeiro, Brasil, el Canal Once –del Instituto Politécnico Nacional (IPN)– anunció formalmente su inclusión en el plan de América Móvil (AMX) para transmitir los Juegos Olímpicos de 2016 a través de la red de televisoras públicas.


Según Laura Aguilera Fierro, directora de Comunicación y Relaciones Públicas de la emisora, fue el martes 26 de julio cuando se firmó el convenio a título gratuito con la trasnacional, propiedad del magnate Carlos Slim.


Dos días después, en el centro Cultural Brasil-México, funcionarios, conductores de Canal Once e invitados especiales se vistieron de gala. Caipirinhas zarandeadas por la batucada. Sonrisas, abrazos que estrujan los trajes bien cortados y los vestidos entallados. Los nombres de Televisa y Tv Azteca se pronuncian con muecas y risillas entre las mesas de coctel.


 “Por primera vez en la historia, Canal Once del Instituto Politécnico Nacional es Televisora Oficial de los Juegos Olímpicos, motivo por el cual reconocemos el apoyo de América Móvil para establecer esta alianza” (sic), anunció el boletín oficial.


 “Gracias a América Móvil”, remarcó en su mensaje grabado Jimena Saldaña, directora de la emisora. Nada mencionó sobre la gratuidad para AMX, hecho que confirma la funcionaria Aguilera Fierro.


 “¿Se compartirá con la prensa una copia del convenio?”, se le pregunta a la anfitriona, en ausencia de la directora.


Cálida en la recepción, quien delicada invita a seguir por el vestíbulo a cada asistente, endurece la sonrisa e intercambia miradas con Salvador Cristerna Romo, jefe de División de Prensa y Difusión del Canal Once, parado al pie de su jefa.


—¿Por qué se daría [el documento]? –responde con extrañeza la funcionaria.


—Pues porque el Canal Once es un ente público.


—¿Qué partes quisieras saber? –tercia Salvador Cristerna, con una seca amabilidad y con la mirada resguardada por los lentes de pasta gruesa.


—Solicité el contrato y los anexos. Por lo menos una versión pública.


Silencio. La voz del jefe de prensa se agrava y la de la directora de comunicación se agudiza. Los asistentes pasan por un lado hacia el patio de atrás de la casa de la colonia Insurgentes San Borja.


—Está reservado –dice al fin Laura Aguilera.


—¿Por qué?


—Porque tiene partes confidenciales.


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Agustín Ramírez, abogado especialista en derecho de la información, explica en entrevista que para poder reservar un documento, se necesita elaborar una prueba de daño. “¿Y qué significa esta prueba de daño? Significa elaborar una hipótesis de cuál sería el daño que se le podría causar a la institución si la información se hiciera pública”.

Para el expresidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la emisora politécnica no tiene un argumento para reservar los acuerdos con América Móvil. “La verdad que no, porque seguramente lo que ellos están suponiendo es que al suscribir un contrato de esta naturaleza se firma una cláusula de confidencialidad. Pero la confidencialidad se refiere estrictamente a puntos específicos del contrato”.


En el caso del Canal 22, dirigido por Ernesto Velázquez, se amparó en la Ley de la Propiedad Industrial aduciendo que los intereses del magnate se verían perturbados por la publicación del acuerdo.


 “Los convenios que están firmados entre la entidad pública con las entidades privadas no pueden aceptar tal secreto. No hay know how qué proteger y la Ley de la Propiedad Industrial no tiene que proteger una producción específica que, además, es una transmisión”, apuntó a este semanario la doctora Issa Luna Pla cuando el mismo canal, bajo la batuta de Raul Cremox hizo lo mismo con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 (“La ‘rendija’ de Carlos Slim para entrar a la televisión abierta”, Contralínea 375).


Menos aún procedería la reserva al ser un acuerdo gratuito para AMX, explica Ramírez. “Porque si no va a haber contraprestación alguna, entonces no habría siquiera alguna situación que pudiera poner en desventaja a América Móvil en relación con otros competidores. Si lo único que se trata es que la audiencia del Canal Once tenga la posibilidad de ver los Juegos Olímpicos, no hay reserva alguna que sea suficiente porque en todos los casos la Ley de Transparencia es muy clara. Es totalmente inadecuado que las autoridades de Canal Once y Canal 22 hagan esto”.


la permisionaria del Instituto Politécnico Nacional prefirió negar cualquier relación con el emporio de Slim hasta ocho días antes del inicio de los Juegos, ya con la programación lista, los enviados dispuestos, y efervescencia mundial por las competencias”



Relación con AMX, negada por el IPN hasta el último momento


Desde marzo de 2013, América Móvil adquirió del Comité Olímpico Internacional (COI) los derechos de transmisión de los Juegos de Sochi (Rusia) y Río (Brasil) para la zona de América Latina, a excepción del país amazónico.


Ese mismo año las cadenas internacionales ESPN y Fox Sports celebraron sendos acuerdos para emitir la justa de verano de 2016, incluido México. Desde el anuncio del COI en beneficio de Carlos Slim, especialistas y fuentes internas de AMX dieron por hecho que ni Televisa ni Tv Azteca pasarían por sus pantallas el evento.


En noviembre de 2015 trascendió que Canal 22 repetiría como televisora oficial, como ya lo había hecho en los juegos invernales de Rusia, aunque no lo admitió formalmente sino hasta marzo del siguiente año.


El 6 de mayo de 2016, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México (Red) dio a conocer que las “41 televisoras de los 61 medios públicos que conforman esta Red, transmitirán a través de sus 437 estaciones repetidoras la justa deportiva más importante del planeta”. Como miembro de la Red, la noticia incluía a Canal Once.


Antes y después del anuncio hecho por la Red, Contralínea solicitó en varias ocasiones copias de todos los documentos sobre la relación entre el canal politécnico y América Móvil. La respuesta siempre fue la misma: “La Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal [sic] no ha firmado ningún documento relacionado para la transmisión de los Juegos Olímpicos de Río 2016”, aseguró Nancy Rivero Rosales, directora de Asuntos Jurídicos de la permisionaria. Era 25 de mayo de 2016, 3 semanas después de lo comunicado por la Red.


“El martes lo firmaron… este martes 26 de julio”, dicen al alimón Laura Aguilera y Salvador Cristerna. “Pero las pláticas vienen de meses atrás”.


—Entonces debió haber alguna carta de intenciones o documentos previos –se les comenta a los encargados de las relaciones públicas de la estación politécnica.


—Sí… sí.


Pero la permisionaria del Instituto Politécnico Nacional prefirió negar cualquier relación con el emporio de Slim hasta 8 días antes del inicio de los Juegos, ya con la programación lista, los enviados dispuestos, y efervescencia mundial por las competencias.


Inai, opacidad a la carta


El objetivo tanto de América Móvil como de las televisoras públicas que le sirven de comodín en su incursión en televisión abierta era que se mantuvieran en total oscuridad los acuerdos firmados, o cuando menos que no salieran a la luz antes del encendido del fuego olímpico en Río de Janeiro. Para ello contaron con la anuencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).


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Tras rechazar un primer recurso de revisión. El 17 de marzo de 2016, la comisionada Areli Cano Guadiana admitió el expediente RDA 1444/16, presentado ante la etiqueta de “confidencial” emitida por el Canal 22 (Televisión Metropolitana).

Semanas, meses transcurrieron sin que se diera una resolución. El periodo común duraría 40 días, pero la ponencia de la comisionada decidió alargarlo al límite permitido, con una prórroga de 20 días. Así, la fecha límite, con forme a la Ley de Transparencia, era el 23 de mayo, 60 días después de iniciado el proceso (descontando las jornadas de asueto).


Pero más semanas, y más meses pasaron. La antorcha olímpica recorrió el mundo. En la sede del Instituto, el caso apenas se movió.


 “Se trata de un asunto político. No debemos olvidar que el Inai también [está] dentro de este esquema político. Las comisionadas deben ser cautas porque tienen intereses de toda naturaleza”, apunta el abogado Agustín Ramírez. Y añade:


 “Pueden retrasarla [la resolución] o retardarla justamente bajo una serie de argumentos legales que no deberían existir, porque es el órgano garante y es, digamos, la última instancia que tiene el ciudadano para acceder a la información.”


Tras la insistencia de Contralínea de entrevistar tanto a la comisionada Guadiana como a Ximena Puente de la Mora, presidenta del Inai –que a su vez recibió otro recurso idéntico sin que se posicionara de ninguna manera del primero–, Leticia Salas, directora general de Comunicación Social del Instituto se comunicó para explicar la situación.


La funcionaria aclaró que el expediente a cargo de Areli Cano se encuentra “en tiempo”, “que el plazo no se ha vencido”, que incluso fue resuelto el 29 de junio de 2016. La llamada de la encargada del área de comunicación se realizó el 1 de agosto, más de 1 mes después de dicha resolución.


Al día siguiente, el Inai notificó formalmente la modificación de la respuesta. Esperó 34 días para enterar al recurrente que dentro de las semanas siguientes tendrá una versión pública del convenio firmado entre el Canal 22 y América Móvil.


Los himnos se habrán cantado, las medallas colgado de los pechos. Y el cometido de la trasnacional y sus socios públicos se habrá cumplido… con la oficiosa mano del Inai para garantizar una opacidad cronometrada en cuanto a los acuerdos.


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Directora del Canal Once, de aventura en Río


 “La directora no va a estar en todo agosto”, dice telefónicamente Antonio Nava, secretario particular de Jimena Saldaña. El subalterno de la directora del canal politécnico se esfuerza en justificar la negativa a la solicitud de entrevista presentada.


—Es que… es que la ingeniera va a estar en Brasil –agrega con nervio.


—¿En Río?


—Es que va a estar en la cobertura.


En el evento de presentación de la transmisión de los Juegos por la emisora universitaria, Saldaña dio la enhorabuena por medio de una grabación: lamentablemente no pudo asistir, se disculpó, debido a su participación en la reunión anual de la red TAL de Televisoras Públicas de América Latina en Montevideo, Uruguay.


 “No estará [en México]”, responde Laura Aguilera cuando se le reafirma la intención de entrevista a la directora.


—¿Porque estará en Brasil?


—Ejem… no sé, no sé.


—¿No va a participar en la cobertura?


—Puede ser.


Los encargados del área de prensa y relaciones públicas dicen no saber qué hará exactamente Jimena Saldaña durante las siguientes semanas. Por lo pronto inició su aventura desde la 159 sesión del Comité Olímpico Internacional en Río de Janeiro.


Si se desea sacar una cita con la directora –subordinada de Mario Vázquez Raña durante 25 años–, ésta no será sino hasta septiembre, cuando la funcionaria vuelva de su viaje, en el que vivirá –con cargo al erario– los Juegos Olímpicos desde la barrera.



Mauricio Romero


[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: CONTRAGOLPE]



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Contralínea 500 / del 08 al 13 de Agosto 2016


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sábado, 6 de agosto de 2016

Tecnicismos

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Domingo, 07 de Agosto 2016


 


Contralínea 500 / del 08 al 13 de Agosto 2016


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Tecnicismos

Seguridad Nacional: México, al borde del colapso

El diagnóstico de país que ofrece la Agenda Nacional de Riesgos –“documento confidencial” bajo custodia del Cisen– revela un escenario de desastre: riesgos emergentes e incapacidad gubernamental de enfrentarlos. Lo peor, que los principales “riesgos” son los mexicanos que se organizan y protestan


/ primera de 13 partes


 



 


La Agenda Nacional de Riesgos 2015 para la seguridad nacional del país retrata al gobierno federal como vulnerable, incapaz, represivo, corrupto e impune frente a una sociedad sumida en el hartazgo, la desesperación y al borde de una revolución silenciosa, sutilmente llamada por el presidente Enrique Peña Nieto como “coraje social”.


Y no es para menos. El orden prioritario de los riesgos y amenazas a la seguridad nacional contenidos en este “documento confidencial” (considerado el primero como el de mayor prioridad y así sucesivamente) son: delincuencia organizada; conflictos agudos focalizados; anarquismo; terrorismo; flujos migratorios descontrolados; corrupción e impunidad; ciberseguridad; tráfico ilícito de mercancías en fronteras y mares; desastres naturales y pandemias, y subversión.


Aunque en los últimos 10 años el Estado Mexicano ha invertido presupuesto, hombres y tiempo en combatir al crimen organizado, sigue siendo éste el mayor riesgo para el país, lo cual confirma que las acciones emprendidas por el aparato de gobierno en la última década han sido insuficientes por no atender los problemas de fondo como son educación, empleo y desarrollo social.


Considera también posible que se registren atentados terroristas en México contra blancos e intereses de Estados Unidos, así como la cooptación de miembros de la delincuencia organizada por terroristas.


En la versión de 2014 de dicha Agenda Nacional de Riesgos –que contiene los mismos temas que la de 2015, aunque varían en orden de importancia y jerarquía en una escala del 1 al 10– se incluyó por primera vez como nueva amenaza a la seguridad nacional la “corrupción e impunidad”, capaces de vulnerar la capacidad de respuesta de los tres niveles de gobierno frente a los problemas nacionales y el bienestar de la sociedad.


En su contenido, la Agenda Nacional de Riesgos 2013 advierte literalmente que el país está inmerso en un coctel de riesgos y amenazas que “atentan contra la seguridad nacional, socavan el estado de derecho, generan un grave descontento social y crean situaciones de ingobernabilidad”.


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El documento del Cisen de 2013, caracterizado como “estratégico, confidencial y de circulación restringida”, confirma la vigencia actual de los riesgos a la seguridad nacional: terrorismo y armas de destrucción masiva; violencia provocada por la delincuencia organizada; vulnerabilidad cibernética; porosidad de la frontera sur; limitaciones para la atención a desastres naturales; ingobernabilidad por movilizaciones sociales; violencia provocada por la subversión y anarquistas; incapacidad frente a pandemias y epidemias, y deterioro del medio ambiente, en ese orden. (Ver cuadro).


Los escenarios de riesgo son alarmantes para el Estado mexicano y considerados como graves por el gobierno federal debido al grado de conflictividad que representan. El Cisen clasifica los temas de la Agenda Nacional de Riesgos en los niveles de 2, “bajo”; 3, “medio”; y 4, “alto”. Y reconoce “la vulnerabilidad del gobierno para enfrentarlos por incapacidad, corrupción de autoridades del gobierno, la falta de herramientas y mecanismos para frenar su ocurrencia y desarrollo”.


Los expertos en seguridad nacional Guillermo Garduño, Emilio Vizarretea, Martín Barrón y Edmundo Salas consideran que la pobreza, la crisis política, la deuda externa, la dependencia alimentaria, las reformas estructurales, la penetración del crimen organizado en los procesos electorales, en las fuerzas armadas y en las estructuras de gobierno como atentatorios a la seguridad del país. Empero, el Cisen no los incluye en la ANR porque no son de interés del gobierno de Estados Unidos y de los organismos internacionales.


Del mismo modo, el documento no registra la actividad de los grupos de presión empresariales ni las operaciones encubiertas de organismos del gobierno de Estados Unidos, como la agencia antidrogas (DEA) o el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y las funciones de espionaje que realizan en nuestro país y que vulneran la soberanía nacional, por las mismas razones.


En el tema del narcotráfico, el análisis de riesgos 2013 resalta la violencia en territorios controlados por el crimen organizado, pero omite  temas colaterales como el lavado de dinero, los delitos financieros y de cuello blanco, los grandes fraudes financieros, así como empresas y empresarios vinculados a este fenómeno como parte de los riesgos a la seguridad nacional, y a “incipientes esquemas de investigación orientados a los vínculos financieros y políticos de los grupos delictivos”.


Académicos y expertos en seguridad nacional advierten del caldo de cultivo que vive el país en estos tiempos, en donde no sólo está en juego la Presidencia de la República para 2018, sino frente a algo mucho más grave y delicado: el surgimiento de revueltas sociales en varias regiones del país.


La lista de amenazas a la seguridad nacional (en el argot de la inteligencia significan peligros ya existentes) contenidos en la Agenda Nacional de Riesgos 2013 es interminable, y se conjuga con la incapacidad de las instituciones para enfrentarlas y resolverlas a fondo. “Son sistémicas, peligros potenciales, riesgos”, comenta el doctor Vizarretea González.


El panorama se complica si se toma en cuenta que los principales miembros de la estructura del Cisen –cuyo director general Eugenio Ímaz Gispert está delicado de salud por cáncer y en la mira presidencial para ser sustituido–, carecen de experiencia en sus áreas de trabajo, pese a que son los funcionarios mejor pagados del gobierno federal (Contralínea 336).


Para muestra, basta señalar el embrollo en que está inmerso el gobierno federal con la reforma educativa y sus tufos de represión frente a la incapacidad de respuesta de los secretarios de Educación y de Gobernación, Aurelio Nuño Mayer y Miguel Ángel Osorio Chong, respectivamente.


Aquí, un resumen del diagnóstico de la Agenda Nacional de Riesgos del aparato de inteligencia del gobierno federal, del que Contralínea desarrollará cada tema.


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CNTE, SME, normalistas… alteran el “orden social”


La Agenda Nacional de Riesgos advierte que existen diseminadas por el país organizaciones que “alteran deliberadamente el orden social; que adoptan tácticas de presión y motivaciones opuestas al interés colectivo con capacidad de reducir los márgenes de gobernabilidad en zonas específicas y cuyo comportamiento de algunas de ellas buscan generar crisis recurrentes de gobernabilidad”.


Se refiere a los movimientos de sociales, a los cuales, lejos de solucionar sus demandas, el régimen los considera nocivos. Agrega que hay “injerencia de actores vinculados a la subversión o grupos anarquistas en movimientos sociales tradicionales (magisterio disidente, colectivos estudiantiles, organizaciones de defensa de derechos humanos, agrupaciones campesinas e indígenas, así como iniciativas frentistas multisectoriales)”.


Para el Cisen, estas organizaciones tienen nombre y apellido: son la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra; el Movimiento de Liberación Nacional; el Frente Popular Revolucionario; el Frente Amplio Social; la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre; las normales rurales, y poblaciones que se oponen a obras de infraestructura.


De tal manera que el principal órgano de inteligencia del país vislumbra la “consolidación de un frente multisectorial de amplio alcance, que articule a otros movimientos que han venido actuando por la vía institucional y que genere la percepción de una inconformidad generalizada hacia el sistema político, económico y social que el país ha adoptado”.


La Agenda advierte de la existencia de conflictividad regional en el país, donde se registran acciones de obstrucción de proyectos de infraestructura; rechazo a la explotación minera; violencia provocada por pugnas entre las comunidades por la tenencia de la tierra.


En este contexto de ingobernabilidad y crisis social, la Agenda reconoce “la débil capacidad de respuesta de los gobiernos estatales y municipales para resolver los conflictos”.


Subraya el surgimiento de nuevas expresiones de inconformidad en el contexto de las reformas energética y fiscal, así como de las modificaciones a la Ley General de Educación y su instrumentación en varios estados de la república: Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México.


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Terrorismo y ciberterroristas


Los topos del Cisen han detectado objetivos de interés con vínculos con integrantes de la organización vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA), que operan en 15 estados del país, “infiltrados” en organizaciones no gubernamentales y de izquierda.


En ese contexto considera la posibilidad de atentados terroristas en el país  contra blancos e intereses de Estados Unidos; y la cooptación de miembros de la delincuencia organizada por terroristas.


 “Grupos de hacktivistas como Anonymous y LulZec han dirigido ataques informáticos diversos y de frecuencia creciente a las infraestructuras tecnológicas del país a través del correo electrónico para robo de información personal y financiera, suplantación de identidad y denegación de servicios.”


Frente a esto, existe una marcada carencia de esquemas de protección, reacción y coordinación consolidados entre las autoridades competentes para hacer frente a los ataques cibernéticos que afecten las infraestructuras críticas o sensibles del país, mismas que no están plenamente identificadas, ni para contrarrestar las convocatorias a acciones violentas bajo el anonimato de redes sociales que complica la actuación gubernamental.


Migración sin control


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La porosidad de la frontera Sur de México presenta un panorama complicado atribuido a sus características geográficas, las limitaciones para su desarrollo y la asistemática atención gubernamental.

Dicha situación se agrava por las condiciones de Centroamérica, región que atraviesa por una situación crítica y de vulnerabilidad que compromete la viabilidad de esos Estados; debido a sus limitadas capacidades institucionales, la acción de la delincuencia organizada, el aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, así como de la corrupción.


Flujo migratorio indocumentado (guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, en mayor medida), fortalecimiento de las organizaciones de tráfico y trata de personas y contrabando de mercancías que impacta en las economías formales. Además, debilidad institucional, corrupción y escasez de recursos de los gobiernos locales de la zona limítrofe México-Centroamérica.


EPR, ERPI, penetración de movimientos sociales


A pesar de que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) conserva capacidad operativa y de que ha declarado el fin de la tregua adoptado unilateralmente, dice el documento, prefiere la vía política para penetrar movimientos sociales a fin de radicalizarlos o bien, generar conflictos comunitarios que pueda escalar.


En las regiones de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, células del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y del crimen organizado comparten zona de presencia. Destaca también la eventual  participación de actores subversivos en movimientos sociales.


Las disputas por tierras entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), “grupos desafectos” y exzapatistas mantienen conflictos sociales permanentes en Chiapas, según el documento. El EZLN intenta conservar presencia territorial y reclutar nuevos integrantes. El reposicionamiento y la nueva iniciativa política de dicho grupo busca que las redes de apoyo zapatistas repliquen el modelo de autonomía en diversas zonas del país.


Anarquismo “salvaje”


Las células anarquistas perfilan un lento escalamiento en sus niveles de radicalidad. Se refiere a la posibilidad de que se organicen atentados “contra objetivos humanos”.


Señala la “posibilidad” de acciones violentas de alto impacto (atentados con  explosivos y contra blancos humanos) y expansión de grupos anarquistas debido a la ausencia de un esquema de coordinación interinstitucional consistente para atender el tema.


En jaque, sistema de salud pública


Está en riesgo la sustentabilidad de las instituciones de salud pública por el incremento en la demanda de servicios asociados a enfermedades crónico degenerativas. Mutaciones del virus de la influenza con alta patogenicidad (gripe aviar, variantes de influenza H1 y H5).


En el documento se contempla la posible aparición de enfermedades infectocontagiosas exóticas en territorio nacional que afectan a humanos y animales; reintroducción o reemergencia de cólera y sarampión; así como la persistencia de la transmisión de dengue en zonas de baja y mediana altitud.


Frente a este flagelo, se observa una limitada capacidad de respuesta gubernamental (salud, seguridad pública y Fuerzas Armadas o del personal de áreas estratégicas) ante un contagio masivo.


Desastre ambiental


México vive un escenario de deterioro acelerado de ecosistemas por contaminación ambiental. Los delitos ambientales son facilitados por corrupción de autoridades: tala clandestina y deforestación provocada por deficiente supervisión; invasión de áreas naturales protegidas y contaminación por métodos riesgosos en la explotación minera.


En el diagnóstico se observa una limitada capacidad gubernamental para atender los ilícitos ambientales vinculados a grupos de interés (tala ilegal, sobreexplotación de acuíferos, tráfico de vida silvestre y manejo de residuos).


Se prevé, asimismo, un incremento de la movilización social por el acceso y usufructo de recursos naturales, con énfasis en  la carencia de agua.


Narcotráfico y contrabando, crisis social


La delincuencia organizada ha provocado el incremento de homicidios  y las disputas por el control de las rutas para el trasiego de drogas, precursores químicos, armas y dinero; y crea condiciones de crisis social en zonas de arraigo de organizaciones del narcotráfico.


Todos estos fenómenos desestabilizadores del orden social, económico y político configuran un país que se dirige hacia la ingobernabilidad, mayor intolerancia, mayor criminalización  de movimientos sociales y de derechos humanos y, de plano, aumento de la represión incluso contra quienes demandan servicios básicos para sus comunidades, advierte Guillermo Garduño.


2013-2015, mismos riesgos, nuevas amenazas


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La Agenda Nacional de Riesgos, definida por el Cisen como el documento vital para la Seguridad Nacional, es un producto de inteligencia estratégica en México, de planeación y definición de las acciones preventivas y reactivas para salvaguardar los objetivos e intereses nacionales que se vean amenazados por agentes internos o externos, señala un análisis interno del aparato de seguridad del Estado, considerado como “reservado” para la población y del que Contralínea tiene copia.

El documento confidencial explica cómo se elabora anualmente la Agenda Nacional de Riesgos: origen y evolución; temática, calendarización, metodología, organigrama y estructura de los funcionarios que participan en la toma de decisiones para la preservación de la seguridad nacional.


Expone que los “decisores estratégicos” o agentes de inteligencia del Cisen modifican y jerarquizan cada año los 10 temas de la Agenda que debe ser aprobada por el presidente de la República y el Consejo de Seguridad Nacional.


Para el Cisen, el documento es la “herramienta básica para la planeación estratégica”. Tiene dos caracteres: “normativo, ya que ordena programar y otorgar prioridades y recursos a cada uno de los temas de atención, según su nivel de riesgo, es decir, por su relevancia y posibilidad de ocurrencia; y prospectivo, dado que establece los escenarios en los que previsiblemente se desarrollarán los temas de atención del servicio de inteligencia en un periodo determinado”.


Además de la Agenda Nacional de Riesgos, el Cisen produce la Agenda Trimestral de Riesgos, la Agenda Estratégica Semanal, el Análisis de Coyuntura Semanal, los Informes Internaciones y Portales Informativos Institucionales, entre otros documentos relevantes confidenciales para la toma de decisiones del primer mandatario y el Consejo de Seguridad Nacional.


Dicho Consejo está conformado por los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu; de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; de Marina, Vidal Francisco Soberón; de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray; de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; de Función Pública, vacante; por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez; y el director general del Cisen, Eugenio Ímaz.


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La evolución de la Agenda Nacional de Riesgos (1982-2016]


De acuerdo con el documento confidencial del Cisen, la Agenda Nacional de Riesgos pasa por diversas fases de producción, las cuales se pueden dilucidar a partir de dos parámetros: los contenidos y la manera en que se elabora. Las fases son: histórica; de definición; elaboración; temática; evaluación, y aprobación.


Fase histórica.


De 1982 a 1988. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se circunscribió a la inteligencia política; la gobernabilidad era el eje. Se concebía por un grupo de expertos de la Secretaría de Gobernación (Manuel Bartlett Díaz) y de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISN). Se le presentaba al presidente de la República y su difusión era nula.


De 1989 a 1994. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a la inteligencia política (Fernando Gutiérrez Barrios) se le añadió la inteligencia sobre el narcotráfico (Jorge Carpizo). El procedimiento de elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos era similar al anterior, aunque ahora se incluía a más especialistas del Cisen, dado el paso de la DGISN a Cisen y a la ampliación de su estructura y de la temática. La forma de concebirla incluyó a autoridades de la Secretaría de Gobernación de seguridad nacional.


De 1994 a 2000. Con Ernesto Zedillo los asuntos de seguridad nacional eran prácticamente los mismos. Se añadió el tema de la subversión (EZLN, EPR) y se ampliaron las bases de datos. Se abrieron mesas para la integración de asuntos, con la concurrencia de funcionarios de diversas secretarías. Al respecto, cabe destacar que “los retos internos a la seguridad nacional reconocidos por el Plan Nacional de Desarrollo zedillista lo constituyen el desempleo, la pobreza, la injusticia y la demanda de más y mejor democracia. Los retos o amenazas externas a la seguridad nacional son el crimen internacional, el tráfico ilegal de armas y personas y la explotación ilegal de los recursos marinos; las amenazas modernas las conforman el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo”. (José Luis Piñeyro, “La seguridad nacional de México con Ernesto Zedillo”, http://archivo.estepais.com/inicio/historicos/145/11_Propuesta11_Seguridad_Pin%CC%83eiro.pdf). Además, en su libro Poder y seguridad nacional (Cesnav-Senado de la República, 2013), Emilio Vizuarreta Rosales destaca que “Zedillo heredó la pugna de dos corrientes político-policiacas que buscaban controlar la seguridad nacional. Por un lado, las de José Córdoba (coordinador de la Oficina de la Presidencia), quien promovió a su equipo para el control del Cisen; por otro, el grupo encabezado por Fernando Gutiérrez Barrios, quien siendo secretario de Gobernación fue despojado de atribuciones y facultades de las que dispuso para controlar el aparato de seguridad nacional en el país. Estas dos tendencias continúan latentes incluso en la alternancia gubernamental panista”.


De 2000 a 2006. Con Vicente Fox, se promovió las inteligencias política y del narcotráfico, y se le añadió la criminal. La temática era concebida en el Cisen. Con la creación de la Ley de Seguridad Nacional (2005), nacieron la Secretaría Técnica, adscrita a la Presidencia, y la Comisión Bicameral, y se incluyó al Poder Judicial (autorización para las intervenciones de comunicaciones). La estructuración de la Agenda Nacional de Riesgos quedó a cargo del Cisen, y al Secretariado Técnico de la Presidencia, que encabezaba Luis René Souverville, se le asignó su presentación en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN). De tal forma que la agenda de seguridad nacional devino en la Agenda Nacional de Riesgos.


De 2006 a 2012, con Felipe Calderón en la presidencia, la Secretaría Técnica del CSN de la Presidencia emitió el segundo Plan de Seguridad Nacional. La Secretaría de Gobernación y el Cisen configuraron la Agenda Nacional de Riesgos y la enviaron a la Secretaría Técnica para su ratificación.


De 2012 a la fecha, con Enrique Peña Nieto como presidente, heredó la Agenda Nacional de Riesgos de Felipe Calderón. Se mantuvo prácticamente la misma temática, pero se agregaron corrupción e impunidad como factores que atentan contra la seguridad nacional, y varió la jerarquización e importancia de los riesgos entre 2014 y 2015. (Ver cuadro).


Definición


Para la definición de los temas de Agenda Nacional de Riesgos, el documento confidencial, reservado por el Cisen por 12 años en respuesta a la solicitud de información 0410000028715 hecha por Contralínea, señala que es necesaria la activación del Ciclo de Inteligencia: planeación; recolección; procesamiento y análisis; difusión y explotación, en el entendido de que “el Ciclo de Inteligencia tiene que adecuarse a las nuevas condiciones que marca la fase histórica actual”.


La activación y orientación de la inteligencia debe realizarse en función de a) seguridad: la generación de datos para detectar, prevenir, disuadir, contener y posibilitar la activación de Amenazas; y b) desarrollo: la generación de datos para la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo del Estado mexicano, de conformidad con los lineamientos que establezca el Consejo (de Seguridad Nacional).


Temática


De acuerdo al marco legal, la dirección del Cisen, con base en los procesos de recolección y concentración de productos de inteligencia e información; de su evaluación y valoración, para los periodos 2013-2014-2015 estableció 10 temas de la Agenda Nacional de Riesgos, como puede verse en el cuadro 1.


Cuadro. Amenazas a la seguridad nacional, según la Agenda Nacional de Riesgos


La Agenda Nacional de Riesgos, de acuerdo con el documento confidencial reservado  por el Cisen, está conformada por cuatro apartados: “1. Agenda Nacional de Riesgos”; “2. Ciclo de Inteligencia”; “3. Integración”; y “4. Documento estratégico”.


 

Ver/ocultar:

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Agenda Nacional de Riesgos


Desde la perspectiva de la Seguridad Nacional del país, la Agenda Nacional de Riegos es un instrumento estratégico, geopolítico, sensible, vital e imprescindible para identificar, precisar y valorar los antagonismos que puedan obstaculizar o vulnerar los esfuerzos de las instituciones de la sociedad, para la consecución de los objetivos y los intereses que dan cuerpo al proyecto nacional.


El antagonismo está considerado en el documento como categoría que “eslabona la relación ascendente de antagonismo-presión-riesgo-amenaza. Su identificación es necesaria para la generación de conocimientos orientados a prevenir, alertar y actuar de manera coherente y consistente en los asuntos de seguridad nacional, para la preservación y expansión de los intereses nacionales. Puede ser real y/o potencial; puede haber sido originado en los ámbitos interno y/o externo; en algunos de los campos del poder nacional del sistema; y tener como punto de partida un sujeto (estatal o no estatal), un fenómeno o un desastre natural”.


Ciclo de Inteligencia


Para elaborar la Agenda Nacional de Riesgos, los decisores estratégicos, metodológicamente, deben activar el Ciclo de Inteligencia, cuya aplicación tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias que generan, en lo interno, el grado de articulación de intereses nacionales, y en lo externo, los procesos de articulación de los mercados globales; la reorganización del poder en las organizaciones supranacionales y las agendas de seguridad internacional y de seguridad humana.


El Ciclo de Inteligencia inicia mediante la planeación y/o diagnóstico de la situación de los componentes constitutivos de los cuatro campos de poder del país: político, económico, social y militar, cuyo análisis de cada uno de ellos forma parte de la administración estratégica de la Seguridad Nacional. Tienen autonomía relativa y son interdependientes, es decir, son sistémicos.


Cabe destacar que actualmente la comunidad de inteligencia nacional debate ampliar los campos de poder con la incorporación del ecológico y el cultural.


La seguridad nacional está configurada por espacios multi, trans e interdisciplinarios, e institucionales en los cuatro órdenes de gobierno (municipal, estatal, federal y supranacional).


Esto quiere decir que el ciclo de inteligencia tiene que operar con una gran diversidad de instrumentos teórico-conceptuales, misiones institucionales y variables empíricas, con implicaciones en el diseño de políticas públicas que tienen que atender una compleja gama de asuntos políticos, económicos, sociales y militares de carácter sistémico, identificando autonomías relativas e interdependencias, en escala interna y externa.


Integración


En la integración de la Agenda se deben resolver dos cuestiones: que el Ciclo de Inteligencia se active con información y conocimiento con alto grado de certeza y objetividad científica; y el problema político-administrativo, mismo que se apoya en fundamentos doctrinarios que cohesionan a los miembros de la comunidad de inteligencia de la seguridad nacional.


Tiene que ser estratégica, con perspectivas de mediano y largo plazos, toda vez que su carácter es integral y sistémico. De manera complementaria, el Estado necesita otra agenda de menor temporalidad que atienda los antagonismos apremiantes e inmediatos. Esta agenda de menor temporalidad, también se integra con la misma metodología, es decir, con la aplicación del ciclo de inteligencia y las directivas centrales de desarrollo y seguridad.


Los métodos de evaluación


En cada uno de los temas de la Agenda Nacional de Riesgos, los insumos de información que utiliza el Cisen provienen del sistema de información abastecido por las delegaciones y subdelegaciones (despliegue territorial); las representaciones en el extranjero; las bases de datos institucionales; los estudios de opinión; la Red Nacional de Información; y los grupos de Coordinación Interinstitucional.


Los técnicos del Cisen utilizan varias metodologías y categorías de evaluación de riesgos, para observar la evolución de un riesgo en el tiempo, hacer comparaciones entre los mismos y ordenar las prioridades.


Entre los métodos de evaluación, se encuentran: el cualitativo, el plano cartesiano; la evaluación por efectación: población, territorio, gobernabilidad democrática, desarrollo sustentable; algoritmo de evaluación por dispersión: efecto catalítico por dispersión territorial); matriz de impacto cruzado, y la tabla de ponderación, entre otros.


Las dimensiones analíticas son: Evento detonante (E); Vulnerabilidad (V); Impacto o consecuencia. La manera de relacionar estas dimensiones es multiplicativa: R=E x V x 1, para establecer el rango de riesgo (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto).


Los pasos del proceso de elaboración de la Agenda


Para la integración de la Agenda Nacional de Riesgos, el Cisen activa 12 procesos internos entre los meses de septiembre y marzo (el plazo puede variar entre un año y otro), procedimiento que contempla los siguientes pasos:




  1. Solicitud a las coordinaciones de Inteligencia, Contrainteligencia, Operaciones, Desarrollo Tecnológico y Vinculación Nacional e Internacional, así como a las áreas analíticas de sus aportaciones para la Agenda Nacional de Riesgos, en función del guion establecido por la dirección del Cisen.




  2. Recepción y sistematización de la información en las áreas concentradoras, dada la especialidad: Investigación; Contrainteligencia; Operaciones; Desarrollo tecnológico; Delincuencia organizada; Atención al terrorismo; Seguridad institucional; Asuntos internacionales.




  3. Elaboración de los análisis cuantitativo y cualitativo; ajustes; e interpretación.




  4. Revisión de las correcciones e integración del análisis de riesgo de cada una de las áreas para la configuración de la Agenda.




  5. Presentación de la versión integrada de la Agenda Nacional de Riesgos al coordinador General de Inteligencia, Gerardo García Benavente, y al director general, Eugenio Ímaz.




  6. Revisión, correcciones y elaboración final de la Agenda aprobada por el director general.




  7. Presentación de la Agenda Nacional de Riesgos a la Comisión Bicameral del Poder Legislativo (actualmente la encabeza el priísta Ismael Hernández Deras; como secretario, el senador panista Fernando Yunes Márquez; y los integrantes son el senador Alejandro Encinas Rodríguez y el diputado Waldo Fernández González, ambos perredistas; así como los diputados Enrique Jackson Ramírez y Jorge Ramos Hernández, priísta y panista, respectivamente.




  8. Revisión y atención de las observaciones de los legisladores, así como ajustes a la Agenda Nacional de Riesgos.




  9. Presentación del proyecto de la Agenda Nacional de Riesgos al Secretario Técnico del CNS (febrero).




  10. Revisión y atención de las observaciones, así como ajustes a la Agenda (febrero).




  11. Aprobación de la Agenda por parte de la Presidencia de la República (marzo).




  12. Publicación en el portal.




Amenazas


Se definen como amenazas a la Seguridad Nacional, a los fenómenos intencionales generados por el poder de otro Estado, o por agentes no estatales, cuya voluntad hostil y deliberada pone en peligro los intereses permanentes tutelados por la seguridad nacional, en parte o en todo el país, y cuestionan la existencia del mismo Estado.


De acuerdo con lo que señala la Ley de Seguridad Nacional, se entienden como amenazas a la Seguridad Nacional, actividades relacionadas con:


Espionaje, sabotaje, terrorismo (incluyendo actividades de financiamiento), rebelión, traición a la patria, genocidio, tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva, y actos en contra de la seguridad de la aviación y la navegación marítima.


Actos tendientes a obstaculizar o neutralizar actividades de inteligencia o contrainteligencia.


Destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.


Interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano y actos que atenten en contra del personal diplomático.


Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, incluyendo la obstrucción de operaciones militares o navales contra la misma.


Acciones tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación.



Riesgos


Los riesgos a la Seguridad Nacional se refieren a una condición interna o externa generada por situaciones políticas, económicas, sociales o agentes no estatales, así como por desastres naturales, de origen humano o epidemias, que sin tener carácter de amenazas pudieran poner en entredicho el desarrollo nacional.


La Ley de Seguridad Nacional no establece de manera expresa los riesgos a la Seguridad Nacional, toda vez que no tienen un carácter permanente y se actualizan periódicamente dependiendo de los fenómenos coyunturales por los que atraviesa el país. Adquieren su fundamento en la Agenda Nacional de Riesgos aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional.


José Réyez / primera de 13 partes


[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIONES: PORTADA / SEGURIDAD]


Contralínea 500 / del 08 al 13 de Agosto 2016


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Seguridad Nacional: México, al borde del colapso