sábado, 31 de enero de 2015

Justicia selectiva

Justicia selectiva
 
 
 
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La humillación de las Fuerzas Armadas de México

La humillación de las Fuerzas Armadas de México
La situación política que agobia a la nación bajo el imperio de la corrupción, la impunidad, la oligarquía, el autoritarismo y la represión de un régimen reaccionario, neoliberal y traidor a los más caros anhelos de la Revolución... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/opinion1.jpg http://bit.ly/1680rQo http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/02/01/la-humillacion-de-las-fuerzas-armadas-de-mexico/

El “Réquiem” de Mozart en honor a Julio Scherer García

El “Réquiem” de Mozart en honor a Julio Scherer García Para Julio Scherer Ibarra
La mañana del 7 de enero de 2015 me llama telefónicamente Alejandro Capdevielle Flores y me entera del fallecimiento del reportero –que lo fue hasta su última inserción periodística– Julio Scherer García (1926-2015).... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/10/defensor-del-periodista-300x300.jpg http://bit.ly/16804oY http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/02/01/el-requiem-de-mozart-en-honor-julio-scherer-garcia/

Ayotzinapa: insuficientes consignaciones

Ayotzinapa: insuficientes consignaciones
Con premura y exasperación, el gobierno federal pretendió dar por concluida la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Con base en consignaciones dudosas y con endebles pruebas científicas, quiso dar carpetazo a... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/opinion1.jpg http://bit.ly/167ZDew http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/02/01/ayotzinapa-insuficientes-consignaciones/

La guerra de precios del crudo: la guerra hegemónica por otros medios

La guerra de precios del crudo: la guerra hegemónica por otros medios
En un artículo reciente, “Por qué Estados Unidos va a perder la guerra de precios del petróleo”, la empresa estadunidense Bloomberg señala que “quizá sea hora de que el gobierno de Estados Unidos evalúe si quiere subir la apuesta en... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2012/07/marcos-chavez-e1365212767398.jpg http://bit.ly/167Z5Fm http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/02/01/la-guerra-de-precios-del-crudo-la-guerra-hegemonica-por-otros-medios/

La reforma energética excluyó las energías renovables

La reforma energética excluyó las energías renovables
Atareados en dar celeridad a la aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias, los diputados y senadores olvidaron poner en la mesa de las discusiones y análisis el tema de las energías renovables, sobre el cual nuestro país ha firmado acuerdos... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/08/martin-esparza.jpg http://bit.ly/167YdRk http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/02/01/la-reforma-energetica-excluyo-las-energias-renovables/

Caso de 43 estudiantes evidencia (además) racismo mexicano

Caso de 43 estudiantes evidencia (además) racismo mexicano
Emilio Godoy/IPS
La primera lengua del indígena Celso García, de 51 años, es el mixteco. En su niñez, este padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos hace 4 meses, tuvo que aprender el español para desenvolverse entre mestizos, la mayoría... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/opinion1.jpg http://bit.ly/1uKzqYM http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/02/01/caso-de-43-estudiantes-evidencia-ademas-racismo-mexicano/

Boko Haram es más letal que el Estado Islámico

Boko Haram es más letal que el Estado Islámico
José Ángel Escamilla Rodríguez*
La masacre de 12 personas en las instalaciones de la revista satírica Charlie Hebdo despertó reacciones de solidaridad y polémica en torno a la situación de la población musulmana en Europa y la libertad de... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/opinion1.jpg http://bit.ly/1uKzaZT http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/02/01/boko-haram-es-mas-letal-el-estado-islamico/

Voto nulo o abstención favorece al mal gobierno

Voto nulo o abstención favorece al mal gobierno Ganaremos nosotros,/ los más sencillos/ ganaremos,/ aunque tú no lo creas/ ganaremos
Pablo Neruda
México sufre una grave crisis humanitaria, social, política, económica y nacional. La fusión de los principales partidos políticos nos ha hundido,... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2012/07/moctezuma-barragan.jpg http://bit.ly/1uKyRhM http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/02/01/voto-nulo-abstencion-favorece-al-mal-gobierno/

“Turbulencias” en muchas partes

“Turbulencias” en muchas partes
No se resuelven los casos que agitaron al país y lo seguirán haciendo: Tlatlaya, Ayotzinapa, las casas de Angélica Rivera y Luis Videgaray, entre los más sonados. Tampoco el panorama económico está más terso, ya que siguen los problemas del... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/07/melendez-preciado-300x300.jpg http://bit.ly/1uKyzYg http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/02/01/turbulencias-en-muchas-partes/

2015: el rearme nuclear

2015: el rearme nuclear
Adrián Mac Liman*/Centro de Colaboraciones Solidarias
La administración estadunidense dio la nota cuando brilló por su ausencia en la manifestación multitudinaria de repulsa al terrorismo celebrada en París, Francia. Recordemos que una cincuentena de jefes de... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/opinion1.jpg http://bit.ly/1uKy9ku http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/02/01/2015-el-rearme-nuclear/

Los asesinatos de París: una trampa mortal

Los asesinatos de París: una trampa mortal
Roberto Savio*/IPS
San Salvador, Bahamas. Es triste ver cómo un continente que fue cuna de varias civilizaciones está marchando ciegamente hacia una trampa: la de una guerra santa contra el Islam. Para eso bastaron tres terroristas musulmanes y un ataque asesino al semanario... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/opinion1.jpg http://bit.ly/1uKrOWg http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/02/01/los-asesinatos-de-paris-una-trampa-mortal/

“El federalista”: los magníficos ensayos del constitucionalismo como medios para los fines democráticos

“El federalista”: los magníficos ensayos del constitucionalismo como medios para los fines democráticos
para Perla Díaz y Antonio Ruiz Chávez
I. Hay que leer y estudiar el histórico legado del 1789 estadunidense, la otra cara del 1789 francés, los dos faros que siguen alumbrando la teoría y práctica de la vía jurídica del derecho... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2015/01/fines-democraticos300.jpg http://bit.ly/1uKrmHJ http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/02/01/el-federalista-los-magnificos-ensayos-del-constitucionalismo-como-medios-para-los-fines-democraticos/

Fórmula 1 en México: recursos públicos, ganancias privadas

Fórmula 1 en México: recursos públicos, ganancias privadas Los más de 3 mil millones de pesos que en 5 años erogará el gobierno federal como “gasto” para promover la marca México generarán ganancias hasta por 10 veces el monto de lo invertido, pero para las empresas beneficiadas
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2015/01/contralinea-422-fb.jpg http://bit.ly/1zGHfpV http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/02/01/formula-1-en-mexico-recursos-publicos-ganancias-privadas/

viernes, 30 de enero de 2015

Contralínea 421

Contralínea 421
 
 

 
 
Bancomext, “consultorías” para mejorar “imagen” por 16.8 MDP
25. enero, 2015    Autor: Érika Ramírez @erika_contra    Portada,    Rendición de... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2015/01/contralinea-421-fb.jpg http://bit.ly/1ygUtUm http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/01/25/contralinea-421/

jueves, 29 de enero de 2015

El wahabismo, instrumento contra el propio Islam

El wahabismo, instrumento contra el propio Islam En marcha, la imposición de un tipo de islam en todo el mundo musulmán. El avance de los terroristas ocurre a costa del islam tradicional y de otras manifestaciones de esta religión
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Libaneses, entre el Estado Islámico y el abandono gubernamental

Libaneses, entre el Estado Islámico y el abandono gubernamental A pesar de la guerra, los libaneses se esfuerzan en seguir trabajando, construyendo, conviviendo
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Mancera: sus candidatos y sus acarreados

Mancera: sus candidatos y sus acarreados
I. El desgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y clon de Peña a punto de matrimoniarse con una estrella de Televisa, a la par del doctor (lo ha de ser en marrullerías al estilo del chuchismo perredista, pero con su propio sello) Miguel Ángel Mancera Espinosa pugnan por... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2012/06/Conjeturas-e1349911595538.jpg http://bit.ly/1wGmR0q http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/01/29/mancera-sus-candidatos-sus-acarreados/

Gurría, Videgaray, Ruiz Esparza: Salinas, PRI y Peña los crearon

Gurría, Videgaray, Ruiz Esparza: Salinas, PRI y Peña los crearon
I. En los 2 años perdidos que lleva el peñismo, José Ángel Gurría Treviño –quien se ostenta como secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos– y Luis Videgaray Caso parecen... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2012/06/Conjeturas-e1349911595538.jpg http://bit.ly/1Kc4LdX http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/01/28/gurria-videgaray-ruiz-esparza-salinas-pri-pena-los-crearon/

miércoles, 28 de enero de 2015

Terrorismo en Francia, para intervenir en Oriente Medio

9. enero, 2015         Línea Global


Más allá de la filiación “islamista” de los autores materiales del atentado terrorista contra el semanario francés Charlie Hebdo, los autores intelectuales no parecen ser islamistas ni de Oriente Medio. Con el atentado, salen fortalecidos, además de la ultraderecha, los sectores a favor de un intervencionismo militar mayor de Europa Occidental y Estados Unidos en la región. El terrorismo islámico, aliado de la OTAN desde la década de 1980

Stella Calloni/Prensa Latina


Buenos Aires, Argentina. El brutal atentado contra el semanario gráfico humorístico Charlie Hebdo en Francia el pasado 7 de enero, que dejó 12 muertos y una decena de heridos, instaló en ese país y en Europa una sensación similar a lo sucedido en los tiempos que siguieron al derrumbe de la Torres Gemelas en Estados Unidos en septiembre de 2001.

La actuación de dos o tres hombres encapuchados, armados con fusiles de guerra que al grito de “Allahu Akbar” (Dios es grande) acribillaron a las víctimas con una estricta sincronización militar, fue juzgada con la rapidez del relámpago con la hipótesis más simple: “son islamistas”, musulmanes ofendidos por las portadas donde se ridiculizaba la figura de Mahoma, algo que no sucedía por primera vez en ese semanario.

Semejante baño de sangre no resiste la rapidez de las conclusiones elaboradas por la inteligencia francesa, que de inmediato salió a la caza de “sospechosos”; fueron publicadas fotos de dos hermanos franco-argelinos, que terminaron muertos 2 días después, algo muy conveniente para no conocer la verdad.


Todo esto sucedió en el marco de versiones del poder mediático que hablan de un “comando” ligado a Al Qaeda o al Estado Islámico. Nadie puede desconocer en estos momentos que tanto Al Qaeda como el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas y mercenarias están siendo utilizadas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña y otras potencias, para llevar adelante las guerras coloniales, destinadas a imponer el plan geoestratégico de lo que llaman un “Oriente Medio Ampliado” y controlado.

Al Qaeda o los talibanes de Afganistán, utilizados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) estadunidense en su guerra contra la extinta Unión Soviética en ese territorio, eran enemigos declarados de Irak, de Libia, como del actual gobierno sirio, todos estados no confesionales. Pero llegaron a Irak, Libia y ahora a Siria de la mano de las Fuerzas Militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Por lo tanto si este comando brutal pertenece a algunas de estas invaluables creaciones de los servicios de inteligencia de las potencias, habría que buscar a los responsables intelectuales del hecho y descartar un atentado de bandera falsa, como los que se han utilizado para aterrorizar al mundo en los últimos años.

De la misma manera debe revisarse la historia del terrorismo de las décadas de 1960, 1970 y 1980 en Europa, tiempos en que la OTAN manejaba los ejércitos secretos de mercenarios en toda esa región.

La severa investigación del académico suizo Daniele Ganser, Los ejércitos Secretos de la OTAN, realizada con base en fuentes de investigaciones parlamentarias, informes de investigación, juicios, documentos y entrevistas le permitieron rastrear la red, que en Italia actuó bajo el nombre de Operación Gladio y con otras denominaciones en la mayoría de los países europeos. Los ejércitos secretos de la OTAN cometieron crímenes, y atentados terroristas, dejando centenares de víctimas, atribuyendo luego estas acciones a algunas organizaciones radicales de la izquierda europea que actuaban en esos años, como se comprobó.

Quedó establecido de la misma manera que las inteligencias estadounidenses (Agencia Central de Inteligencia, CIA por su sigla en inglés) y británicas (SIS o M16), encabezando a las de otros países europeos, crearon estas redes secretas que asumieron el terrorismo como método.

 “Esta meticulosa, concienzuda e incisiva investigación revela por primera vez la lúgubre historia, la dimensión y las amenazas que significan los ejércitos secretos creados por la OTAN”, escribe Noam Chomsky en la contraportada del libro de Gánser (El viejo topo, 2005).

La OTAN está seriamente implicada ahora en la creación de grupos supuestamente “rebeldes” integrados por mercenarios (ahora llamados ejércitos privados) que utilizaron para crear parodias de guerras civiles en los países que invadieron y ocuparon en este siglo, en nombre –falsamente invocado– de la “democracia” y “los derechos humanos”.

Al menos cuatro genocidios se han cometido en este siglo, y crímenes de lesa humanidad como lo reconoce el último resumen publicado en Washington con relación al uso de la tortura, que revela sólo algunas páginas del informe sobre la ilegal actuación de la CIA en ese país y en el resto del mundo.

Cuando suceden hechos como estos terribles atentados en Francia, hay que evaluar cuáles son los objetivos. Hay varias líneas a debatir en este caso. ¿A quién favorece este terrible atentado, hecho en que han perdido la vida periodistas, dibujantes prestigiosos, incluyendo el director de ese medio, lo que significa un ataque al corazón de la cultura francesa?

Se podrá decir que los fundamentalistas islámicos no hacen este tipo de análisis, pero por eso mismo resultan los mejores cuadros que reclutan las potencias, para conformar una maquinaria de guerra constante que necesita el poder hegemónico con la finalidad de recordar a Europa que debe acompañar su expansión bélica por todo el mundo, disfrazada de “acciones a favor de la humanidad”.

Es necesario recordar que en estos últimos tiempos hubo diversas demandas políticas y populares reclamando una explicación a los gobernantes europeos, que gastaron cifras millonarias en las guerras de la OTAN y destinaron tropas, mientras los pueblos fueron dejados a la deriva bajo la aplicación de políticas neoliberales, ya fracasadas en el mundo y derrotadas en América Latina. Las consecuencias de la aplicación del neoliberalismo rampante sobre cualquiera de los pueblos del mundo deja miles de víctimas. De hecho actúa como una metodología terrorista de exterminio de poblaciones, de asimilación y de control cultural.

Por estas horas nadie recuerda que el 9 de enero de 2013 París fue también escenario de otra masacre, en que fueron asesinadas tres activistas kurdas exiliadas en Francia en un atentado en el Centro de Información Kurdo de París. Un analista del Kurdistán recuerda que “el asesino material fue encarcelado tiempo después, pero la responsabilidad de los servicios de inteligencia de Turquía, que llevan a cabo un genocidio y guerra sucia contra el pueblo kurdo hace más de 35 años, no fue siquiera mencionada, como tampoco lo fueron la responsabilidad de los estados francés, alemán y belga, cuyos servicios de inteligencia, está demostrado, tuvieron conocimiento y al menos una participación cómplice en el triple feminicidio”.

Es importante unir ambos hechos, especialmente por la forma en que actuaron los atacantes, por cómo huyeron en una ciudad tan vigilada. Se dijo en el caso de Charlie Hebdo que los encapuchados iban en el automóvil exhibiendo sus armas. Importantes analistas europeos han advertido que lo actuado no concuerda con la metodología de los grupos “yihadistas”.

 “En el caso de las compañeras kurdas, el objetivo principal era arruinar las conversaciones de paz entre el PKK [Partido de los Trabajadores de Kurdistán] y el gobierno de Turquía, aniquilando a Sakine Cansiz, la más alta lideresa del movimiento de liberación de las mujeres kurdas”, señala el analista del Kurdistán.

En el atentado brutal contra el semanario humorístico francés, que ha sido condenado por toda la comunidad internacional sin excepciones, lo que surge de inmediato es un claro recrudecimiento de la islamofobia, del odio contra el inmigrante, de la necesidad de justificar la continuidad de una supuesta guerra “contra el terrorismo” en las actuales invasiones coloniales y agitar los más nefastos nacionalismos.

Hay que recordar que Estados Unidos y Europa aplicaron a Ucrania los juegos contrainsurgentes de las infernales primaveras árabes, para comenzar la intervención y ocupación instalando en el poder y en el terreno militar no a neonazis, sino a nazis confesos.


Basta ver lo sucedido con la creación de los mercenarios del supuesto Estado Islámico cuando engañando a sus propios pueblos los países de la OTAN bombardearon infraestructuras y poblaciones sirias, supuestamente para combatir a los “islamitas del Estado Islámico”.

En realidad fue la última tentativa de tratar de doblar la heroica resistencia Siria, en momentos en que avanza la propuesta de Rusia para una solución que ponga final a la tragedia de más de 200 mil víctimas sirias.
Apoyando, financiando y dirigiendo a fuerzas mercenarias de Al Qaeda, el Estado Islámico –y otros cada vez más abiertamente– se logra instalar el terror y paralizar al mundo, y en el esquema de guerra sicológica ponen a los pueblos ante la alternativa de elegir entre la “buena civilización occidental” y el “fundamentalismo islámico” o “terrorista”.

El atentado de París se produce cuando Francia y la Unión Europea han reconocido al Estado Palestino, algo que disgustó abiertamente al gobierno israelí, como así también el hecho de que Palestina acaba de ingresar a la Corte Penal Internacional (CPI).Es un elemento clave a tener en cuenta al analizar la tragedia de París. Pero especialmente entender la indignación de los gobiernos que bajo el mandato de la gran potencia mundial son los protagonistas activos de estas guerras del siglo XXI, porque advierten en el mundo un agotamiento, un cansancio ante la barbarie y el horror. Un hecho como éste es un perfecto guión para justificar todo lo actuado y lo que se proponen para los tiempos cercanos: recobrar el dominio del terror, para paralizar a los pueblos que comienzan a dar señales de rebelión y rechazo a las amenazas del fundamentalismo imperial de llevar a una Tercera Guerra Mundial

 “Todos somos Charlie”, pero para serlo debemos exigir verdad y justicia y no columnas de humo y metodologías de guerras sicológicas para paralizar a los pueblos y hacerlos cómplices de guerras crepusculares y de la instalación del sueño imperial de encabezar una gobernanza mundial.
Stella Calloni/Prensa Latina

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Contralínea 421 / del 25  al 31 de Enero 2015


martes, 27 de enero de 2015

Comisión del Congreso para el caso Ayotzinapa, simulación


28. enero, 2015       Sociedad

La comisión especial para el caso Ayotzinapa, integrada por siete diputados federales, fue instalada el 8 de octubre de 2014, a escasos días de los hechos de violencia en Iguala en contra de estudiantes rurales. Durante el primer mes de labores, la Comisión sostuvo dos reuniones internas y ocho diligencias con diversos servidores públicos y representantes de instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, no así con familiares de las víctimas ni con sobrevivientes de los ataques. Desde su instalación, la Comisión se declaró “en sesión permanente”. No obstante, no registra actividad alguna desde el pasado 13 de noviembre. Lilia Aguilar Gil, integrante de esta Comisión, reconoce que la labor de este organismo no ha contribuido en nada a la resolución del conflicto

 

 “No hemos hecho nada”. Así responde la legisladora Lilia Aguilar Gil, cuando se le pregunta sobre las acciones emprendidas por la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala, Guerrero, a Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, cuya creación fue resuelta el 7 de octubre de 2014 por el pleno de la Cámara de Diputados.

En entrevista con Contralínea, la diputada federal precisa el sentido de sus palabras. Explica que si bien los legisladores que integran dicha Comisión –ella incluida– han sostenido una serie de diligencias con autoridades federales y estatales, así como con representantes de instancias nacionales e internacionales de derechos humanos para allegarse de información, su labor no ha contribuido en nada con la resolución del conflicto.

 “Esta Comisión ha tenido muchas reuniones. ¿Útiles? Muy pocas. ¿Qué resultados ha tenido en la resolución del conflicto? Ninguno.”

El 8 de octubre de 2014, la Comisión para el caso Ayotzinapa fue instalada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede principal del Congreso de la Unión en México. Los buenos deseos emergieron durante la ceremonia de aquel día. Sin excepción, los presentes participaron en vehementes discursos. José Guillermo Anaya Llamas, en su carácter de presidente, fue el primero en hablar. Conminó al equipo a ser la excepción a la regla, es decir, a romper con la inercia de que las comisiones especiales no funcionan. Asimismo, pidió a sus colegas tener la sensibilidad necesaria para estar en permanente comunicación con las familias de las víctimas.

A casi 4 meses de creación, la Comisión ni siquiera se ha reunido con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente, tampoco con los sobrevivientes de la embestida policial que tuvo lugar los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, siendo que, como lo señala Aguilar Gil, “no hay fuente de información más importante que ellos”.

A la Comisión le ha faltado voluntad y decisión para establecer contacto con estas personas –no así con la parte oficial–, sostiene la diputada por el Partido del Trabajo. Este hecho, aunado a que al interior ha privado la idea de no acudir a Iguala bajo el argumento de que “es peligroso”, la ha imposibilitado para obtener información de primera mano, según refiere la legisladora.


La Comisión para el caso Ayotzinapa fue declarada en sesión permanente. Así lo resolvieron, por unanimidad, los siete diputados que la integran, representantes de distintas fracciones políticas. No obstante, ésta no ha registrado actividad desde el pasado 13 de noviembre, cuando se desahogaron reuniones con Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, y con Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas.

 “He de confesarles que después de la reunión con Cienfuegos, la Comisión cayó en un cierto letargo, es decir, no se han realizado más reuniones”, reconoce, en su calidad de miembro, Ricardo Mejía Berdeja, diputado por Movimiento Ciudadano.

Así las cosas, han transcurrido más de 2 meses de absoluta inactividad de la Comisión, situación que contrasta con el esfuerzo cotidiano de los padres y las madres de familia por encontrar a sus muchachos desaparecidos forzadamente. Marchas, mítines, conferencias de prensa, incluso acciones de búsqueda ciudadana en territorios permeados por la delincuencia organizada.

En materia legislativa, la Comisión para el caso Ayotzinapa tampoco ha hecho nada. De acuerdo con la tabla disponible en el apartado de asuntos turnados de su micrositio electrónico, a casi 4 meses de funciones, la Comisión no ha turnado, aprobado, desechado ni atendido una sola minuta, iniciativa o proposición.

Los ceros que predominan en dicha tabla, reflejo de inactividad legislativa, contrastan, asimismo, con las percepciones de los diputados mexicanos. Cada uno recibe del erario un sueldo mensual –identificado como dieta neta mensual– de 73 mil 911 pesos, además de apoyos económicos por asistencia legislativa (para el desempeño de las funciones legislativas) y por atención ciudadana (por las labores de gestoría que realizan en su carácter de representantes populares), que juntos ascienden a 74 mil 558 pesos, a los que se adhieren 2 mil 780 pesos por vales de despensa y un cupón de alimentos de 170 pesos por cada día de sesión.

A decir de Lilia Aguilar Gil, lo único positivo que ha hecho la Comisión para el caso Ayotzinapa es poner sobre la mesa institucional que los hechos ocurridos en Iguala configuran, entre otros, el delito de desaparición forzada, en el sentido de que el crimen perpetrado contra los estudiantes de esa normal es obra de agentes del Estado.

Frente a este panorama, la diputada enfatiza en la necesidad de replantear la Comisión –facultad que compete al Legislativo–, de tal manera que cambie de presidente, que se le otorguen atribuciones de investigación y que establezca fechas puntuales para el complimiento de su plan de trabajo.

 “Nuestro papel como legisladores no se está cumpliendo y, como consecuencia, tenemos estas crisis en las calles. La gente ya no confía en las instituciones. No confía en el presidente pero tampoco en los diputados”, sentencia Aguilar Gil.

Ricardo Mejía Berdeja, diputado, refiere que además de la tarea de emisión de un informe final de conclusiones y hallazgos, a la Comisión para el caso Ayotzinapa corresponde contribuir con el esclarecimiento de los hechos así como con la presentación con vida de los estudiantes. En este sentido, comenta que no se han cumplido a cabalidad los objetivos, no obstante que la Comisión ha ayudado a visibilizar el tema.

 “Se atravesó el fin del periodo pero nosotros vamos a presionar para que volvamos a retomar el dinamismo de los primeros momentos. No vamos a permitir que se quiera dar cerrojazo a la Comisión o dejarla que muera de inanición a raíz de que el tema pueda ir perdiendo vigencia ante hechos nuevos. No vamos a quitar el dedo del renglón para que la Comisión emita un informe lo más sólido posible”.

Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, tres alumnos de la normal de Ayotzinapa (Daniel Solís Gallardo, Julio Cesar Ramírez Nava y Julio César Mondragón) fueron asesinados en Iguala por servidores públicos. En el mismo episodio de violencia, 43 muchachos normalistas fueron víctimas de desaparición forzada.

Estos hechos motivaron la creación y posterior instalación, al interior de la Cámara de Diputados, de la Comisión para el caso Ayotzinapa, integrada por siete legisladores: José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática; y Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México.

Entre las 17 acciones específicas encomendadas formalmente a esta Comisión –misma que estará vigente hasta el término de la presente legislatura–, destacan: contribuir a facilitar, agilizar y completar la búsqueda de personas desaparecidas; verificar que las investigaciones procedan en apego al estado de derecho, a los derechos humanos y a los principios de buena fe, transparencia, rendición de cuentas, protección de las víctimas, probidad, honradez y objetividad; impulsar y dar seguimiento a las investigaciones, programas, medidas y acciones para facilitar los trabajos y conclusión de la investigación que lleven a esclarecer los hechos; y supervisar y verificar que, en caso de que se determine responsabilidad a servidores públicos, se inicien, desarrollen y resuelvan los procedimientos civiles, penales y/o administrativos correspondientes.

A partir de su instalación, la Comisión para el caso Ayotzinapa ha tenido dos reuniones internas: una para diseñar su programa de trabajo y otra para evaluar los resultados obtenidos. Además, ha desahogado ocho diligencias con diversos funcionarios y representantes de instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.

Del 13 de octubre al 13 de noviembre de 2014, los integrantes de la Comisión se reunieron con Jaime Rochin, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; con Jesús Murillo, procurador general de la República; con Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad Pública; con Iñaki Blanco, fiscal general de Justicia del estado de Guerrero; con Ángel Aguirre, exgobernador del estado; con Jesús Martínez, secretario general del estado; con algunos diputados del Congreso local; con Jesús Peña, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; con Raúl Plascencia, expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; con Perseo Quiroz, director Ejecutivo de Amnistía Internacional; con Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional; y con Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).


De la revisión del programa de trabajo de la Comisión en cuestión se desprende que aún están pendientes las siguientes diligencias: con las víctimas de los hechos, tanto con estudiantes sobrevivientes como con todos los familiares de los desaparecidos forzadamente, ejecutados extrajudicialmente y torturados; con el director y los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; con los representantes legales de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; con el Equipo Argentino de Antropología Forense que ha coadyuvado en las investigaciones. Falta, asimismo, realizar una inspección ocular en el lugar de los hechos, en compañía del personal de servicios periciales de la Procuraduría General de la República desplegado en la zona.

Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con cada uno de los diputados de la Comisión para el caso Ayotzinapa . Sólo dos accedieron a la petición. Los demás comunicaron a este semanario, a través de su personal, la negativa de entrevista por cuestiones de agenda o, simplemente, porque al cierre de esta edición aún se encontraban de vacaciones.

Omisiones y responsabilidad

Con fecha del 3 de noviembre de 2014, la Comisión para el caso Ayotzinapa emitió el documento Resumen de actividades, por medio del cual presenta un balance preliminar de sus acciones.

El legajo de 42 cuartillas deja entrever algunas de las principales omisiones de las instancias federales, estatales y municipales con relación a los hechos y consecuencias de la violencia de Estado ejercida el 26 y 27 de septiembre pasados en Iguala en contra de estudiantes normalistas.

A la hora de apuntar las responsabilidades institucionales, la Comisión para el caso Ayotzinapa dedica especial atención al gobierno local así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No ocurre lo mismo cuando se refiere a la federación, ya que únicamente señala que, tal como lo reconoció Osorio Chong, secretario de Gobernación, no se tomaron las medidas adecuadas para evitar que el alcalde de Iguala, su esposa y el director de Seguridad Pública del municipio se sustrajeran a la acción de la justicia.


En contraste, Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional, destaca dentro de las observaciones que compartió a la Comisión que “no debe olvidarse que tras los hechos ocurridos en Ayotzinapa, la responsabilidad es del Estado mexicano en su conjunto, pues hasta ahora se ha omitido observar las recomendaciones formuladas a nivel internacional para la creación de una ley general de desaparición forzada de personas y aceptar la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de [la Organización de las] Naciones Unidas”.

La Comisión Especial para el caso Ayotzinapa destaca en su Resumen de actividades los que considera los resultados sustantivos preliminares de su labor. Así, señala que de la lectura de los informes rendidos por el gobierno de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General del Estado, se desprenden múltiples contradicciones relativas al número potencial y total de víctimas presentes en el lugar de los hechos; a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos relacionados con la detención arbitraria o ilegal, uso ilegal de la fuerza y posteriores ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada de los estudiantes; a los nombres de los estudiantes; y a la manera o vía por la cual las autoridades locales tuvieron conocimiento de los hechos.

Al respecto, apunta: “Llamó fuertemente nuestra atención que en todos los informes existen diversos momentos que no tienen una conexión directa o lógica en la secuencia de los hechos, contando las narraciones con diversas omisiones y, particularmente, con la ausencia, a veces hasta por varias horas, de qué sucedió entre cada uno de los hechos”.

En el tema de la desaparición forzada de personas, las observaciones de la Comisión para el caso Ayotzinapa coinciden con las de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las de Amnistía internacional. Todas ellas advierten sobre la dilación institucional para calificar la conducta delictiva como desaparición forzada y, en consecuencia, la aplicación de diligencias incongruentes con este delito.

Por ello, como parte de las observaciones presentadas a la Comisión para el caso Ayotzinapa, Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reitera las recomendaciones que diversos órganos de la ONU han dirigido a México en la materia.

Entre ellas, impulsar cambios legislativos e institucionales; reconocer la dimensión del problema de las desapariciones forzadas; establecer un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con protocolos; eliminar obstáculos jurídicos y fácticos que reduzcan la efectividad de la búsqueda de personas; crear un instituto nacional de servicios forenses autónomo; aprobar una ley general e integral sobre desapariciones; así como no estigmatizar a las víctimas de la violencia.

      
  
Flor Goche, @flor_contra

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Contralínea 421 / del 25  al 31 de Enero 2015

Imprecisiones de la secretaría de la Defensa Nacional sobre Ayotzinapa

27. enero, 2015    Conjeturas 


I. El director general de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional (cuyo titular, junto con el secretario de Marina, entró a la polémica sobre la misteriosa desaparición de los 43 estudiantes del caso Ayotzinapa, para criticar al movimiento de protesta, echándole más leña y gasolina al incendio del malestar social por la inseguridad calderonista-peñista) ha enviado sus “precisiones” al periódico La Jornada (7 de enero de 2015), no como carta a los reyes, sino a la veraz reportera Sanjuana Martínez con relación al reportaje de ésta sobre las declaraciones de dos investigadores que trabajan sobre la hipótesis (hipótesis, señor general de Brigada del Estado Mayor, títulos con los que apantalla el soldado) de los crematorios del Ejército y crematorios privados. Primero, en el caso de los normalistas de Guerrero, como en todos los demás, se deben explotar todas las posibilidades, hipótesis y sospechas. Y los mexicanos no tenemos pruebas de que en las zonas militares –zonas prohibidas y cotos cerrados a la información– existan o no crematorios.

II. En segundo lugar, desde la Guerra Sucia del diazordacismo y con los despotismos de los Figueroa en Guerrero, sabemos que dentro de esas zonas militares fusilaban a los detenidos y los echaban al mar –práctica que llevaron a Chile y Argentina–, o que los enterraban clandestinamente, como prueban las innumerables fosas encontradas en Guerrero, donde los militares no han querido acabar con el negocio de las drogas, raíz de las delincuencias en todo el país. Dice el general brigadier diplomado de Estado Mayor Martín Terrones Calvario que “ninguna instalación militar del país cuenta con crematorios”. Lo cual está por comprobarse si se les permite una inspección tanto al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, como a organizaciones no gubernamentales. La palabra escrita del director de comunicación de la Secretaría de la Defensa Nacional debe ser corroborada con pruebas. Desde 1968 supimos los mexicanos que en el Campo Militar 1 desaparecían ciudadanos capturados por policías y militares que eran incómodos a los gobiernos presidenciales y a uno que otro desgobernador.  

III. Con o sin crematorios, los militares (soldados-marinos) llevan más de medio siglo intensificando su participación, no para defender la soberanía nacional en asuntos civiles, sino en graves represiones por órdenes del tlatoani en turno, y ahora de los peñistas. Y la información de la reportera Sanjuana Martínez (La Jornada, 4 de enero de 2015) –que cuando dice y publica que la burra es parda, es porque tiene los pelos en la mano–, no puede ser echada abajo con una “precisión” que contiene imprecisiones. La Secretaría de la Defensa Nacional debe permitir ser inspeccionada por instituciones privadas de derechos humanos y los padres de los 43 desaparecidos… Y no me vaya a aclarar el general brigadier que son 42. Los mexicanos atentos a los acontecimientos del malestar social por la impunidad y encubrimientos, y los que participan en las protestas cons-ti-tu-cio-na-les, insistimos en que ni los militares están exentos de la información ni de las investigaciones e inspecciones. ¿Está claro general brigadier de Estado Mayor?
*Periodista


Martes, 27 de Enero 2015

lunes, 26 de enero de 2015

Denuncian ante PGR al titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje



l actual presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Diódoro Siller, fue denunciado ante la PGR y la Secretaría de la Función Pública por supuestamente incurrir en ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, delitos contra la administración de la justicia y desvío de recursos humanos y financieros. Las acusaciones fueron interpuestas por dos de los 11 altos mandos suspendidos de su cargo por la actual administración, a quienes se les abrieron procesos administrativos. Por este caso, los denunciantes también han interpuesto quejas en la CNDH  



El 15 de enero pasado se presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y delitos contra la administración de la justicia, así como por el desvío de recursos humanos y financieros “que ha cometido Diódoro Siller Argüello”, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
Antes de ello, el 6 de enero de 2015, se interpusieron quejas de responsabilidad ante la Secretaría de la Función Pública contra el mismo servidor público y contra sus colaboradores José Francisco Maciel Amaya, Mara Adriana Mayo Río, Luis Guillermo Pineda Bernal, Pedro Urbano Sánchez (de la Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades), Magdalena Kabsch Vela y los que resulten responsables.
Los hechos que han originado las denuncias, tanto penal como administrativa, se refieren a las suspensiones temporales supuestamente injustificadas en contra de Federico Gabriel Acevedo Flores, quien se desempeñaba como secretario auxiliar para el Apoyo y Control Procesal de Juntas Especiales, y Adriana Llaca Sánchez, secretaria general de Conciliación y Asuntos Individuales de la JFCA.
Otros funcionarios de alto nivel también han sido suspendidos, denuncian los funcionarios: Carlos Mauricio Salazar Douglas, coordinador general administrativo; Ricardo Quevedo Astudillo, secretario Auxiliar de Peritajers y Diligencias; Lucía Barrera Gil, quien se desempeñaba como presidente de la Junta Especial 8 Bis; Celia Calderón Esparza, presidenta de la Junta Especial 18, con sede en Guadalajara, Jalisco; María Patricia de Ibarrondo Miranda, presidenta de la Junta Especial 42, ubicada en Torreón, Coahuila; Juan José Marques Valerio, presidente de la Junta Especial 53, de Zacatecas; Alicia Sahagún Linares, presidenta de la Junta Especial 57,  ubicada en Colima; Alejandro Sirahuen González y Vera, presidente de la Junta Especial 12 Bis; Catalina Zavala Olivares, de la Junta Especial 54, con sede en Orizaba, Veracruz, y Miguel Rutilio Zambrano Pérez, presidente de la Junta Especial 47, ubicada en Cananea, Sonora.
Los denunciantes –Llaca Sánchez y Acevedo Flores– aseguran que en la Junta Federal radican alrededor de 400 mil casos laborales colectivos e individuales en espera de ser resueltos.
Tras su destitución, ambos interpusieron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, identificadas con los folios 126257 y 134129, y también amparos indirectos.

Los hechos

En la Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la JFCA se resuelven no sólo los procedimientos administrativos en contra de Federico Gabriel Acevedo Flores y Adriana Llaca Sánchez, sino también de Carlos Mauricio Salazar Douglas, Ricardo Quevedo Astudillo.
Los funcionarios habrían sido suspendidos temporalmente de sus cargos debido a supuestas “quejas y denuncias promovidas por trabajadores, patrones y funcionarios” de la propia Junta Federal, informó el órgano de impartición de justicia laboral a través de un escueto comunicado fechado el 14 de diciembre y dado a conocer en medios de comunicación el 15 de diciembre de ese mismo año.
En uso de su derecho de réplica, Salazar Douglas, Federico Acevedo y Adriana Llaca aseguran que el comunicado oficial emitido por la Junta Federal es parcial, deforme y omiso.
Quienes se desempeñaban por nombramiento del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, como coordinador general de Administración; secretario auxiliar para el Apoyo y Control Procesal de Juntas Especiales; secretario auxiliar de Peritajes y Diligencias, y secretaria general de Conciliación y Asuntos Individuales, respectivamente, aclaran que el escrito fue emitido 15 días después de que se les sacara por la fuerza de las oficinas.
A través de dos comunicados, los servidores públicos informan que fue el viernes 28 de noviembre de 2014, aproximadamente a las 14:30 horas, cuando un grupo de alrededor de 20 personas –encabezadas por Luis Guillermo Pineda Bernal, quien, dicen, fungía como presidente de la Junta Especial 37 de Ciudad Victoria, Tamaulipas, misma que ahora aparece como vacante en el portal de internet; José Francisco Maciel Amaya, presidente de la Junta Especial 16; Mara Adriana Mayo Río, presidenta de Junta Especial 3; María Magdalena Kabsch Vela, funcionario conciliador en Asuntos Individuales de la Junta Especial 16– tomó y selló sus oficinas, sin que a la fecha se les permita el paso.
Según narran, no se les notificó del procedimiento en su contra ni de la suspensión, sino hasta horas después del desalojo, en algunos casos días después o, incluso, no fueron notificados.

El caso de Salazar Douglas

Carlos Mauricio Salazar Douglas, quien se desempeñaba como coordinador general de Administración desde el 1 de marzo de 2014, niega que exista un procedimiento administrativo en su contra.
Nombrado por Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Salazar Douglas presentó su renuncia el 1 de diciembre de 2014 “por decisión personal y ante las diferencias en criterios con Diódoro Siller Argüello por la arbitrariedad, irresponsabilidad y falta de probidad con la que se conduce como presidente de la Junta Federal”, refiere.
“Al día de hoy no tengo conocimiento sobre procedimiento administrativo ni notificación alguna en mi contra y, en consecuencia, suspensión decretada por ese motivo, además de que resultaría imposible suspenderme al haber presentado mi renuncia previamente. De existir algo, por supuesto estaría viciado de origen y sería irregular al no habérseme notificado en tiempo y forma como lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.”

La denuncia de Adriana Llaca

“Fui suspendida por no concordar y acceder a los intereses personales, oscuros y corruptos del titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”, afirma Llaca Sánchez en el escrito.
El 1 de diciembre Adriana Llaca fue notificada de la suspensión temporal por causas, dice, no justificadas como graves para imponer una suspensión de funciones.
Llaca Sánchez enfrenta dos procedimientos administrativos bajo el expediente QU/704/2014. En concordancia con el Acuerdo de Suspensión Temporal –al que Contralínea tuvo acceso– 48 servidores de la Junta habrían promovido la queja por presuntas irregularidades administrativas “consistentes en tomar decisiones arbitrarias, negligentes y caprichosas; realizar destituciones de presidentes de Junta Especial y de personal jurídico del Tribunal Federal Laboral; llevar a cabo cambios de adscripción e imposición de secretarios auxiliares, presidentes de Junta Especial, funcionarios conciliadores, secretarios de Acuerdos, actuarios, etcétera, neófitos en materia laboral […]. Y, además era del conocimiento general del personal de la Junta el historial que tenía la presunta responsable, respecto a su conducta abusiva, de discriminación y prepotencia con la cual se conduce con todo el personal; y que para lo anterior, ha utilizado amenazas, miedo y terrorismo laboral, obedeciendo a intereses particulares y no de esta Junta Federal”.
Adicionalmente enfrenta un procedimiento de destitución (PAD/315/2014) ante el que ya recurrió al Juicio de Nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La defensa de Quevedo Astudillo

Designado secretario auxiliar de Peritajes y Diligencias, Quevedo Astudillo, el 1 de julio de 2014 fue suspendido temporalmente, acusado de la supuesta sustitución de un perito en grafoscopía y documentoscopía. El expediente QU/713/2014 apunta: “No existió nunca tal sustitución y antes de verificar los datos que obran en el expediente de mérito y ante la Junta Especial 11, Daniel Ornelas Salazar emitió la suspensión pese a que no es un hecho grave”.
 

Impugnación de Federico Acevedo

Federico Gabriel Acevedo, designado como secretario auxiliar para el Apoyo y Control Procesal a Juntas Especiales el 1 de julio de 2014, se encuentra también bajo proceso con el expediente QU/714/2014.
Según se lee en el Acuerdo de Suspensión Temporal, el expediente administrativo “se motiva por una queja promovida por David Orlando Piza Avilés, apoderado de Servicios Profesionales Unilever, S de RL de CV, y Unilever de México, S de RL de CV, contra Federico Gabriel Acevedo por presuntas irregularidades administrativas, consistentes en que de manera sorpresiva y sin fundamento legal alguno el expediente laboral 963/2011 ha estado desde hace aproximadamente 3 meses de manera inexplicable en el área de la Secretaría General de Conciliación y Asuntos Individuales y la Secretaría Auxiliar para el Apoyo y Control Procesal de Juntas Especiales, sin que las personas encargadas de dicha área den una causa justificada o legal, por lo que se tiene el temor de que dicho expediente pueda ser manipulado o resuelto de manera irregular”.
Contralínea solicitó entrevista con el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Diódoro Siller Argüello, por medio de Nancy Serratos y Miriam Rosado; al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
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Contralínea 421 / del 25  al 31 de Enero 2015


sábado, 24 de enero de 2015

Sacrificio

Sacrificio
 
 
 
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Las andanzas de De la Madrid



Ante la grave crisis económica que atraviesan los países productores de petróleo, que en el caso mexicano ha causado una severa afectación en los programas sociales sobre pobreza, educación, alimentación, salud y vivienda, el gobierno federal se ha comprometido a mantener este año un presupuesto austero y recortado que evite despilfarros sobre los escasos recursos públicos, y esto es lo menos que exige la población y lo menos que la Presidencia de la República debe promover.

Sin embargo, uno de los principales responsables de las políticas públicas en materia económica, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, quien ha explicado la necesidad de hacer recortes al gasto público para hace frente a la caída de más del 50 por ciento en los precios de la mezcla del petróleo crudo mexicano, será uno de los participantes el próximo miércoles 28 de enero en la presentación del libro México en la generación del desarrollo, cuya autoría es de Enrique Octavio de la Madrid Cordero, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) e hijo del expresidente Miguel de la Madrid, quien no escatimó en el uso de recursos públicos del banco para dicha presentación.

El titular de Hacienda prologa ese libro que será presentado en el lujoso Club de Industriales en la zona de Polanco del Distrito Federal, y cuyo moderador será el periodista Leonardo Curzio. Para su realización fueron distraídos de sus labores un grupo de 10 trabajadores de Bancomext:?en primer lugar el secretario particular de De la Madrid, Salvador Leal, quien ha coordinado los trabajos para que nade falte el día indicado. A esto hay que sumar el costo que representa para el banco dicha presentación del libro, su edición, la contratación del salón, invitaciones, vino, bocadillos y otros gastos nada menores.

En Bancomext deberían saber que hay disposiciones de carácter legal que prohíben el derroche de dinero y de bienes públicos, así como el empleo de funcionarios en actividades privadas que nada tienen que ver con su labor oficial, lo cual viola los decretos de austeridad emitidos por el gobierno federal a través del mismo prologuista del libro, Luis Videgaray.

La intención del libro, que seguramente fue elaborado por sus asesores, es promover a De la Madrid en estos momentos que se habla de cambios en el gabinete presidencial, pues quienes conocen al titular de Bancomext aseguran que “su sueño” es primero ser secretario de Estado y después aspirar a la candidatura priísta por la Presidencia de la República. Otro con sueños guajiros. O a caso piensa que ya se olvidó su época panista, cuando en el gobierno de Felipe Calderón ocupó el cargo de director general en Financiera Rural.

Y para aquellos que piensen que en estos tiempos de austeridad obligada el gasto por la edición y presentación del libro es mínimo, hay otros abusos y excesos del director de Bancomext dignos de comentar.

En la edición de Contralínea de esta semana, en su nota principal elaborada por la reportera Érika Ramírez, refiere que este banco de desarrollo “gastó más de 16 millones de pesos en estudios, consultorías y diagnósticos en imagen. Consulta Mitofsky, Zimat y Estrategia Total, los principales beneficiados de siete contratos, tres de ellos adjudicados de manera directa. Según fuentes del Banco, Enrique Octavio de la Madrid, director general de la institución, trabaja en su imagen con miras a la Presidencia de la República en 2018”.

En esa investigación periodística se documenta puntualmente cómo Bancomext utilizó 16.8 millones de pesos del erario para pagar a tres empresas privadas dedicadas a la “consultoría y comunicación” y promover y medir la imagen de aceptación del director y del banco.

La reportera muestra documentos oficiales sobre siete contratos firmados con empresas líderes en sondeos de opinión, encuestas y estrategias de comunicación. Una de ellas es Consulta Mitofsky (Consulta, Consultores Asociados en Investigación de Opinión, SA de CV), a la cual le han sido signados contratos por más de 13 millones de pesos. Le siguen Zimat Consultores de Comunicación Total, SA de CV, con 2.6 millones de pesos, y Asesoría Estrategia Total, SC, con 960 mil pesos.

 “Éste es un gasto que supuestamente respondería al interés del funcionario priísta con el afán de posicionar su imagen. La intención es buscar la candidatura a la Presidencia de la República y seguir los pasos de su padre, Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de México de 1982 a 1988”, comentan fuentes del banco.
En este espacio escribimos que hasta el año pasado (2014) había en ese banco seis direcciones generales adjuntas y una Coordinación Técnica de la Dirección General, con sueldos que oscilan alrededor de 200 mil pesos mensuales más prestaciones y lo que puedan pescar por sus buenos oficios.

En ese despilfarro de dinero público hay que incluir aviadores, pagos irregulares a la función del banco, compromisos políticos, estructura paralela de outsourcing, gastos innecesarios, compras indebidas, tráfico de influencias y sobornos por créditos otorgados.

En esa columna, escrita en julio de 2014, comentamos algunas de las “prioridades” de De la Madrid:

En un correo electrónico de Ana Sainas Serrano –quien era directora de Diesa, filial de Bancomext, pero en sus comunicados y correos firma como “Coordinadora Técnica de la Dirección General de Bancomext” (aunque el responsable real de este cargo desde mayo de 2012 es Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez)– enviado a Constanza Montserrat Munlloch Noguera, directora de Comunicación Social del banco, y Salvador Leal, secretario particular, les advierte de un asunto “muuuuuuuuuuuy importante”, pues se trata de instrucciones directas de Enrique de la Madrid para promover su imagen en columnas periodísticas de diarios nacionales dispuestas a escribir lo que les ordenen desde Bancomext.

El correo de Sainas Serrano enviado a Montserrat Munlloch y cuya copia fue entregado a esta columna dice textualmente:

 “Le volví a preguntar a Emc [abreviatura usada entre directivos del banco para referirse a Enrique de la Madrid Cordero] lo del cacareo y me dijo que ya habíamos quedado que una vez por semana Montse [directora de Comunicación Social] le tiene que llevar las propuestas de cacareo de la semana de Arana, Hoyo y Siliceo, todas las semanas y que eso tiene que aparecer A FUERZAS con un columnista, que eso era lo hablado y lo acordado [sic].

 “Que quiere una explicación breve de en qué consiste cada tema para poder escoger.

 “Que tiene que haber una estrategia de por qué se está escogiendo a determinado columnista. Y, recado textual, ‘que no lo quiere volver a repetir’.

 “Que la semana que entra quiere ya que aparezca una columna con esto y que no ha recibido aún las propuestas.

 “Eso es independiente de los tuists [sic] de él, los de Presidencia [de la República] y demás.
 “Besos.

 “Ana Sainas Serrano

 “Coordinadora Técnica de la Dirección General” (sic).

Expedientes negros de Bancomext

En información documental obtenida de Bancomext a través de los órganos de transparencia se documenta ampliamente la corrupción de Amado Yáñez y su empresa Oceanografía. Hay créditos que ese empresario obtuvo mediante engaños y simulaciones del banco por más de 30 millones de dólares, al utilizar cinco facturas apócrifas de Petróleos Mexicanos que sirvieron de garantía para obtener financiamiento ilegal de dicha institución financiera. Esto lo hizo en 2004 y 2005.

Las evidencias son un par de oficios enviados por el coordinador de Recursos Financieros de Pemex Exploración y Producción (PEP), Pedro Martínez Alonso, al gerente de Auditoría B del Órgano Interno de Control de Bancomext, Raúl Muñoz Becerra, en donde le solicita su intervención para esclarecer el caso relativo al contrato PEP-0-IE-504/05 de la empresa Oceanografía.

Otros casos se documentan desde el 16 de noviembre de 2005, cuando la Secretaría de la Función Pública, bajo el mando de Eduardo Romero Ramos, ejerció su facultad de atracción sobre varias auditorías e investigaciones que se llevaron a cabo en el Bancomext, cuyo titular era Héctor Reyes Retana, y que involucraban a unas 12 empresas en fraudes por 38 millones de dólares, algo así como 500 millones de pesos, al presentar documentación apócrifa para la obtención de créditos.

Eduardo Romero es un panista de Chihuahua que siempre estuvo cobijado por su paisano y antecesor en Función Pública, Francisco Barrio Terrazas. Fue él directamente quien ordenó al director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Jesús María Robledo Sosa, enviar el oficio DG/311/2008/2005 al Órgano Interno de Control en el Bancomext, solicitándole la remisión del expediente original y todas sus constancias, mismo que fue enviado mediante el oficio 06/305/OIC-139/05, con fecha 23 de noviembre de 2005.

Esos casos con pruebas de evidente corrupción se mantienen en el anonimato desde hace muchos años, por eso es relevante dar cuenta de ellos, pues esos expedientes atraídos por Función Pública fueron ocultados y guardados en los archivos de esa Secretaría de Estado para proteger a funcionarios corruptos y encubrir millonarios desfalcos cometidos por empresarios cómplices en perjuicio del patrimonio del Bancomext.

¿Cuántos casos más oculta la Secretaría de la Función Pública para proteger a funcionarios que en lugar de servir a la nación se han servido del presupuesto público para enriquecerse junto con amigos y familiares?

El fraude del FACE

El 27 de marzo de 2001 se solicitó al Consejo Directivo del Bacomext la autorización del esquema de Financiamiento Automático de la Cartera de Exportación (FACE) bajo el supuesto de que esta institución no asumiría riesgos crediticios en estas operaciones porque recaían en la aseguradora de crédito o en la empresa garante.

Pero omitieron informar al Consejo que la aseguradora únicamente indemnizaría hasta el 90 por ciento de la pérdida neta y sólo cubría el riesgo de mora prolongada, quiebra o suspensión de pagos del comprador, a pesar de lo cual el Consejo autorizó instrumentar el FACE.

El conflicto de interés radicó en que los mismos funcionarios del Banco que habían hecho la propuesta al Consejo integraban la administración de la aseguradora de crédito.

Desde el inicio de la presentación y operación del FACE hubo múltiples fallas, como efectuar el descuento de documentos sin realizar el estudio de crédito y el Banco quedaba al margen de la cobertura del seguro al no comprobar la revisión o validación de los documentos presentados por las empresas, muchos de los cuales eran apócrifos.

Como consecuencia de las fallas estructurales y operativas, funcionarios del Bancomext, en complicidad con empresarios, cometieron irregularidades administrativas en perjuicio del patrimonio de la institución.

Las operaciones del FACE se iniciaron en 2001, cuando el director general del Bancomext era José Luis Romero Hicks, y para el 31 de marzo de 2005 había 45 empresas acreditadas por 74 millones de pesos y 34.7 millones de dólares, de los cuales se enviaron confirmaciones a 21 empresas y se determ

inó que 12 compañías presentaron documentación apócrifa para disponer de 457 millones de pesos.

Un ejemplo fue lo ocurrido en 2003, cuando funcionarios del Banco tuvieron conocimiento de que el cliente final de la acreditada Ditumex no existía y el área jurídica del Bancomext no informó al área de promoción de crédito del fraude cometido, a fin de que ésta estableciera los controles necesarios para evitar nuevos quebrantos patrimoniales.

En aquella ocasión, sólo presentaron una denuncia de hechos en contra de Ditumex, que ocasionó un perjuicio al Banco por 1.7 millones de dólares.

En el periodo 2003-2004 se descubrieron siete acreditadas del programa FACE que cayeron en cartera vencida, por un monto de 60.9 millones de pesos, pero, en opinión del área jurídica, en seis casos había fraude con utilización de facturas falsificadas. En marzo de 2005 hubo un caso más de cartera vencida y fraude por 107.9 millones de pesos.

Es decir, Bancomext siempre ha estado vinculado con hechos de corrupción y, al parecer, en este gobierno no es diferente.
Miguel Badillo*
*Periodista


Contralínea 421 / del 25  al 31 de Enero 2015



Ataques a la prensa alternativa en Baja California Sur



La práctica de la minería tiene consecuencias positivas y negativas, como toda actividad industrial extractiva, pero en nuestro país esta práctica es ejercida con leyes a modo en el mejor de los casos y, en otros, violando toda legalidad. La experiencia en la minería terrestre ha sido desastrosa a lo largo de nuestra historia y ha tenido un altísimo costo social y medioambiental, sólo comparable con las riquezas que les ha generado a unos cuantos empresarios nacionales y a las grandes trasnacionales, sobre todo a las canadienses que en los últimos años han acaparado ese rubro. Si lo anterior ha sido la cotidianidad de la minería terrestre, para la cual se tienen ciertas consideraciones en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se cuenta con la Ley Minera de 1992 (aunque ésta fue confeccionada muy a modo para permitir la entrada de las trasnacionales y que éstas practicaran una minería a gran escala), por sentido común debemos prever un escenario más catastrófico en el rubro de la minería submarina, pues esta práctica no está específicamente legislada en México. Por lo anterior, el trabajo periodístico en este tema es fundamental, pues si el gobierno desconoce la materia y su práctica aún no está legislada es muy conveniente que en un asunto de tal envergadura se tomen en cuenta todas las voces concernientes; y es aquí donde el trabajo de un reportero y su medio de comunicación son fundamentales para la comunidad y para el gobierno mismo.

Es de todos sabido que algunos medios de comunicación en el país tienen ciertas agendas compaginadas con los tiempos políticos y con las intenciones de algunos sectores de la oligarquía empresarial y que otros son críticos al sistema y basan su proceder en el acontecer social más allá de intereses partidarios o económicos. Con el uso del internet han surgido a lo largo y ancho del país medios de comunicación independientes que están concentrados en la cobertura de sus localidades y estados. Es el caso de BCS Noticias (www.bcsnoticias. mx), medio alternativo que inició funciones en noviembre de 2013, dirigido por Erik Murillo y en cuyo equipo de periodistas se encuentra Carlos Ibarra, quien es encargado de cubrir las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. A Ibarra lo conocí a través de uno de sus reportajes (Carlos Ibarra Meza, El Independiente, http://diarioelindependiente.mx/portal/2014/04/tres-empresas-interesadas-en-mineria-marina-en-comondu/ ). Desde entonces he seguido sus trabajos, sobre todo aquellos referentes a la minería submarina; y fue a partir del reportaje mencionado que escribí un artículo al respecto (http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/05/25/mineria-marina-en-baja-california-sur-riesgo-ambiental-social-inminente/ ). Ibarra ha dado una especial cobertura al asunto de la minería submarina que se pretende llevar a cabo en el corredor pesquero San Carlos-Las Barrancas-San Juanico, en Baja California Sur, en la costa del Océano Pacífico.

Desde ese primer reportaje y hasta ahora –que forma parte de BCS Noticias–, Ibarra ha generado alrededor de 2 decenas de ellos (la mayoría pueden ser consultados en la página de BCS Noticias) sobre el conflicto social generado a partir de las intenciones gubernamentales y privadas de realizar minería submarina en la zona mencionada. El trabajo de Ibarra ha consistido en atender la mayoría de los asuntos relacionados con esto, dando voz en sus textos a las diversas personas y facciones involucradas, tales como las cooperativas de pescadores de la zona, las universidades que han realizado diversos estudios y emitido comunicados al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ambientalistas y activistas, así como a representantes de las empresas mineras y por supuesto a los gobernantes municipales y estatales de Baja California Sur. En suma, ha dado una cobertura amplia al tema atendiendo a los diversos sectores involucrados, ni más ni menos que lo que le corresponde a un periodista cuando hace un trabajo honesto.

A través del diario El Sudcaliforniano, el 12 de noviembre de 2014 se publicó una entrevista con el licenciado Luis Manuel Guadarrama (http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n3603622.htm ), quien además de exponer diversas situaciones a favor de Exploraciones Oceánicas, S de RL de CV (principal interesado en realizar minería submarina en Baja California Sur), habla sobre supuestos ataques recibidos por esta corporación a través de la página de BCS Noticias (cabe señalar que la entrevista no está firmada); y entre muchas otras cosas y personas a la que el licenciado Guadarrama se refiere, menciona que Carlos Ibarra dirige un blog (BCS Noticias) y que en esta plataforma ha difamado, distorsionado y expuesto mentiras a medias sobre el asunto de la minería submarina, además de decir que forma parte de un grupo delincuencial que se dedica a extorsionar a diversas empresas entorpeciendo el desarrollo de sus proyectos a cambio de dinero. En una “entrevista” que suena muy a modo para hacer parecer a la corporación minera como un mártir que sufre de los despiadados ataques de “seudoambientalistas corruptos y codiciosos” se deja entrever las intenciones de linchamiento contra un medio de comunicación alternativo y comprometido del que Carlos Ibarra forma parte y en particular contra el trabajo periodístico del reportero, persona a la que entre otras, se menciona es objeto de denuncias por sus “criminales” trabajos periodísticos. ¿Será acaso intimidación contra el trabajo honesto de un reportero? Después de leer la seudoentrevista puedo concluir que el mayor enemigo de la empresa minera en cuestión es el trabajo periodístico veraz y comprometido. De los otros asuntos, como las bondades de la minería submarina que se mencionan en la seudoentrevista ya el lector podrá juzgar al consultarla.

Con respecto a esta entrevista a modo, el director de BCS Noticias ejerció su derecho de réplica y El Sudcaliforniano publicó la misma en www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n3606268.htm . Réplica en la que Ibarra también expone su postura contra las acusaciones recibidas a través de El Sudcaliforniano. Por mi parte puedo decir que he dado seguimiento al desarrollo de diferentes conflictos sociales que ha generado la megaminería y la minería submarina en Baja California Sur, y que en mis incursiones de investigación y documentación al respecto tuve el agrado de conocer a Carlos Ibarra, quien a través de ese primer reportaje mencionado me hizo interesarme en lo concerniente a la minería submarina, lo que me llevó a adentrarme en el tema y a ver lo pernicioso de esta forma de extracción de minerales.

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, ha señalado que para ejercer esta práctica: “Se requiere elaborar un marco jurídico respetuoso del medio ambiente y de los derechos de quienes quieran explorar y explotar el fondo marino, así como desarrollar los conocimientos científicos y técnicos para hacerlo de manera eficiente, liderazgo de las autoridades y capital privado para hacer que estas aventuras resulten rentables” (www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/9937-boletin155-13 ). Lo que constata la falta de conocimiento del gobierno sobre la minería submarina. Además de lo anterior también creo que sería necesario generar un marco jurídico respetuoso de las comunidades que viven y dependen del entorno del medio marino que se pretende explotar, y legislar sobre todas las implicaciones que una actividad de este tipo puede generar –que no son pocas– y que en su mayoría son altamente nocivas, algo que debe hacerse mucho antes de dar entrada a proyectos de este tipo. Pero eso sería lo ideal y lo ideal no sucede en México, al menos en la minería, y por supuesto no es lo que está sucediendo en Baja California Sur.

Como he esbozado en las líneas anteriores, la minería submarina es un asunto de suma importancia, en mi opinión más por lo nociva que puede ser, que por los “beneficios” que puede dar a la sociedad, y sobre todo es una materia poco conocida en nuestro país. Es por ello que el trabajo periodístico a este respecto es fundamental, pues la sociedad depende del mismo para poder generar una idea de lo que representa en todos sentidos. Es por ello que el trabajo periodístico de BCS Noticias y de su reportero Carlos Ibarra deben ser respetados y deben ser considerados de la mayor importancia para la sociedad sudcaliforniana y para nuestro país. Además de que la prensa comprometida y honesta debe manifestar su inconformidad contra los ataques mediáticos a un medio de información o a un comunicador que sólo realiza su trabajo.
Roberto E Galindo Domínguez*

*Maestro en ciencias en exploración y geofísica marina, licenciado en arqueología especializado en contextos sumergidos y buzo profesional; licenciado en letras hispánicas; licenciado en diseño gráfico



Contralínea 421 / del 25  al 31 de Enero 2015