viernes, 24 de junio de 2016

Modernización de armas nucleares compromete el desarme

Pese a los riesgos, los nueve Estados nucleares no sólo se rehusan a renunciar a sus arsenales nucleares, sino que ahora los modernizan y amplían. Tan sólo Estados Unidos planea gastar 348 mil millones de dólares, entre 2015 y 2024, en este propósito


Thalif Deen/IPS


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Naciones Unidas, Nueva York. El arsenal de armas nucleares del mundo sigue disminuyendo: pasó de 15 mil 850 ojivas, a principios de 2015, a 15 mil 395, en 2016, según los últimos datos divulgados por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri, por su sigla en inglés), pero el mundo sigue lejos de llegar a deshacerse de estas armas letales.


Las malas noticias son que ninguno de los nueve Estados nucleares –China, Corea del Norte, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, India, Israel, Pakistán y Rusia– está dispuesto a renunciar a su arsenal ni ahora ni en un futuro próximo.


La disminución de las ojivas se debe principalmente a que Estados Unidos y Rusia, que concentran 93 por ciento de las bombas atómicas, siguen reduciendo su inventario de armas nucleares estratégicas.


Pero la disminución es lenta, a pesar de la instrumentación a partir de 2011 del bilateral Tratado sobre Medidas para Impulsar la Reducción y la Limitación de Armas Ofensivas Estratégicas (Start), indicó Sipri.


Otra mala noticia es que tanto Estados Unidos como Rusia continúan modernizando sus armas nucleares.


Los detalles del programa ruso no son públicos, pero Estados Unidos tiene previsto gastar 348 mil millones de dólares entre 2015 y 2024 en la modernización de su arsenal nuclear.


Pero hay estimaciones que elevan ese costo a 1 billón (1 millón de millones) de dólares en los próximos 30 años, según Sipri.


Alice Slater, asesora de la Fundación para la Paz en la Era Nuclear e integrante del comité de coordinación de Abolición 2000, dijo a IPS que Estados Unidos se comprometió a gastar 348 mil millones de dólares en los próximos 10 años en dos nuevas fábricas de bombas, nuevas ojivas y en mejorar los sistemas de lanzamiento desde aviones, submarinos y misiles en tierra, lo que eleva el presupuesto a 1 billón de dólares en los próximos 30 años.


A pesar de que el presidente Barack Obama subrayó la necesidad de construir un mundo sin armas nucleares en un discurso dado en abril de 2009 en Praga, y que le valió un premio Nobel de la Paz, a pesar de que dijo que podría “no ocurrir durante su vida”, hizo una ínfima reducción del arsenal nuclear en comparación con sus antecesores, observó Slater.


Y la probable presidenciable para las elecciones de noviembre por el gobernante Partido Demócrata, Hillary Rodham Clinton, citó mal a Obama siendo secretaria de Estado (canciller) y dijo que Obama había dicho que un mundo sin armas nucleares podría no ocurrir “en varias vidas”, agregó.


Por su parte, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, reiteró en mayo pasado su llamado a construir un mundo sin bombas atómicas.


 “El desarme forma parte del ADN de la ONU, creada cuando el lanzamiento de las primeras y últimas bombas atómicas estaba fresco en la mente de la gente”, recordó Ban.


 “Pero hasta que no se hayan eliminado del todo, siguen siendo un riesgo para nuestro bienestar. El temor al terrorismo nuclear agrega un sentido de urgencia y de importancia al desarme”, añadió.


Hans Kristensen, uno de los autores del anuario de Sipri, dijo que los ambiciosos planes de modernización nuclear de Estados Unidos presentados por el gobierno de Obama se contradicen con su promesa de reducir el arsenal actual y con el papel que desempeñan en la estrategia de seguridad nacional.


Las otras potencias nucleares tienen arsenales mucho más pequeños, pero todos comenzaron a anunciar el despliegue de nuevos sistemas de lanzamiento o de su intención de hacerlo, puntualizó.


China parece aumentar su potencial nuclear en forma gradual al modernizar su arsenal. India y Pakistán amplían su acopio y sus capacidades de lanzamiento de misiles.


En cuanto a Corea del Norte, se estima que tiene suficiente material fisible para unas 10 ojivas nucleares. Pero no queda claro que haya producido o desplegado armas operativas, precisó Kristensen.


Por su parte, el director del proyecto armas nucleares de Sipri, Shannon Kile, recordó: “Todos los Estados con armas nucleares siguen priorizando la disuasión nuclear como pilar de sus estrategias de seguridad nacional”.


Además de contar las ojivas, subrayó Slater, “debemos tener en cuenta para el desarme nuclear, la expansión agresiva y provocadora de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] hasta la frontera rusa como bloque, a pesar de las promesas hechas al [líder soviético Mijaíl] Gorbachov, tras la caída del Muro de Berlín, de que la alianza militar no se extendería más allá de [lo que entonces era] Alemania oriental”, recordó.


Además, no hay que olvidar “las bases para lanzar misiles instaladas por Estados Unidos en Turquía, Rumania y Polonia cuando el presidente [George W] Bush [2001-2009] se retiró del Tratado de Misiles Antibalísticos, suscrito en 1972”, agregó.


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También es significativo que parte del acuerdo entre el presidente John F Kennedy (1961-1963) y el líder ruso Nikita Khrushev, cuando la disuelta Unión Soviética retiró sus misiles de Cuba, fue que Estados Unidos retiraría los suyos de Turquía.


 “Estados Unidos también planea modernizar las armas nucleares que tiene en cinco países de la OTAN, Alemania, Holanda, Bélgica, Turquía e Italia”, indicó Slater.


 “Y el eje de Estados Unidos en Asia con bases ampliadas en Japón, Corea del Sur, Australia y Filipinas es un obstáculo enorme para invitar a las potencias nucleares asiáticas a unirse al desarme nuclear”, añadió.


Además, la intención de Washington de dominar y controlar el uso militar del espacio también impide futuras posibilidades de desarme nuclear.


Gorbachov y Ronald Reagan (1981-1989) hablaron de abolir las armas nucleares, pero el mandatario ruso retiró su oferta cuando el presidente estadunidense no se comprometió a renunciar a lo que se conoció como “star wars” (guerra de las galaxias).


Además, Vladimir Putin ofreció al entonces presidente estadunidense Bill Clinton (1993-2001) “disminuir nuestros arsenales a 1 mil ojivas cada uno, y entonces invitar a los otros países nucleares a negociar su desmantelamiento, pero sólo si este último renunciaba al desarrollo de más bases para lanzar misiles en Europa oriental”.


Clinton rechazó la oferta y, posteriormente, George W Bush se retiró de forma unilateral del Tratado de Misiles Antibalísticos en 2002, prosiguió Slater.


De hecho, Rusia y China proponen desde 2008 un modelo de tratado para prohibir las armas en el espacio, a lo que Estados Unidos se opone de forma rotunda, y con ello impide que haya siquiera un consenso para discutirlo en la Conferencia de Desarme de Ginebra.


Por último, los Estados nucleares boicotean las reuniones del Grupo de Trabajo Abierto para el Desarme Nuclear, creado por la Asamblea General de la ONU, que debate el vacío legal que impide prohibir las armas nucleares como se hizo con las biológicas y las químicas.


El Tratado de No Proliferación Nuclear simplemente promete “esfuerzos de buena fe” para el desarme, y la Corte Internacional de Justicia dejó un vacío legal cuando en 1996 declaró que no podía decidir la ilegalidad de las armas nucleares cuando estuviera en juego la supervivencia de un Estado.


 “Parece que este año, los países sin armas atómicas están listos para comenzar las negociaciones de un tratado de prohibición sin los Estados nucleares sin escrúpulos y sin algunos otros hipócritas que dicen querer la abolición, pero dependen del paraguas nuclear de Estados Unidos para su ‘seguridad’”, indicó Slater.


Entre ellos están los miembros de la OTAN y Japón, por más increíble que parezca, así como Australia y Corea del Sur.


Con suerte, un tratado de prohibición de la bomba atómica suscrito por 127 países venza el obstáculo que frena el avance significativo en materia de desarme nuclear, como señala el último recuento anual de ojivas realizado por Sipri, apuntó Slater. (Traducido por Verónica Firme)


Thalif Deen/IPS


[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]


Contralínea 493 / del 20 al 25 de Junio 2016


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Modernización de armas nucleares compromete el desarme

jueves, 23 de junio de 2016

ERPI llama a unificar esfuerzos contra la reforma educativa

El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) hace un llamado al magisterio y el pueblo, tanto oaxaqueño como de todo el país, para unificar esfuerzos contra la reforma educativa, que considera punta de lanza de la guerra del gobierno contra el pueblo. También se dirige a las organizaciones defensoras de los derechos humanos para que denuncien “todas las atrocidades del Estado mexicano”.


Convoca a sus militantes y combatientes a ejercer la autodefensa, estar en alerta general y en disposición de combate. En cuanto a otras organizaciones político-militares, los invita a brindar solidaridad a la lucha del pueblo de Oaxaca, que describe como la voz rebelde del pueblo mexicano.


En el mismo comunicado dice que los hechos ocurridos en Nochixtlán y otros lugares de Oaxaca el 19 de junio consumaron “la amenaza que ya en días pasados el gobierno ha venido anunciando”.


Apunta que a pesar de la “guerra mediática” que el gobierno y “la prensa reaccionaria” han emprendido, el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha crecido, pero ahora el gobierno “ha declarado la guerra abierta y frontalmente al magisterio disidente” con la diferencia de que ahora no es “de fusiles y balas de verdad”.


El ERPI expresa que al gobierno le “urge doblegar” a la CNTE porque se ha convertido en el foco de resistencia a las políticas neoliberales del gobierno, que sigue las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI).


El comunicado está firmado por la Dirección Nacional del ERPI: comandantes insurgentes Santiago, Hermenegildo y Cuauhtémoc.


Por considerarlo del interés de los lectores, Contralínea reproduce el comunicado de manera íntegra:


Comunicado Num. 43


Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente


Al movimiento magisterial popular de Oaxaca


A la CNTE y a los estudiantes


Al pueblo de Oaxaca


A los defensores de los derechos humanos


Al pueblo de México


A los pueblos solidarios del


        “La letra con sangre entra”; es la consigna del gobierno priista que encabeza Enrique Peña Nieto, la derecha y sus cómplices “izquierdistas” como Miguel Ángel Mancera que ha decretado de facto, el estado de sitio en la Ciudad de México, sumándose al nefasto fin para aplastar a los maestros  organizados en la CNTE.


         El pasado 19 de junio del presente año, fueron brutalmente reprimidos en Asunción Nochixtlan  y otras partes de Oaxaca, los maestros aglutinados en la CNTE, y ciudadanos  que se fueron sumando a sus justas demandas; con un saldo de seis personas asesinadas, veintidós desaparecidos y medio centenar de heridos de balas; con este artero crimen se consuma la amenaza que ya en días pasados el gobierno ha venido anunciando.


     A pesar de toda la guerra mediática que el gobierno y la prensa reaccionaria (televisa y tv azteca) han emprendido, en contra de los maestros de  la CNTE; su movimiento ha ido creciendo y apoyado por otros sectores de la población, principalmente en los estado de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.


    Ante este crecimiento, el gobierno fascista mexicano, ha declarado la guerra abierta y frontalmente al magisterio disidente, pero hoy ya no solo es mediática, sino de fusiles y de balas de verdad,  que asesinaron a un pueblo inerme. Para  este gobierno autoritario, no importa el medio sino el fin; no importa la sangre derramada, los heridos, los muertos, los desaparecidos, los encarcelados (convertidos en rehenes del estado fascista) y los perseguidos, todos ellos no importan, lo  importante  es callar la rebeldía del pueblo que lucha por sus mas elementales derechos, lo que importa es poner de rodillas a todo aquel que lucha y se levanta para alzar su voz.


   Al  gobierno le urge doblegar, someter y poner  de rodillas a la CNTE, porque se ha convertido en la voz rebelde del pueblo mexicano; se ha convertido en el foco de resistencia  a las políticas neoliberales, de un gobierno lacayo, que solo sigue a las recetas de su amo el FMI; y en este momento el estado de Oaxaca es el epicentro del movimiento magisterial y popular, le apuesta al sometimiento de la CNTE en este estado y a nivel nacional. Y ahora ¿Quién sigue?, ¿Chiapas, Guerrero, Michoacán, D.F?


    Ante la situación descrita, nos dirigimos al magisterio, a todo el pueblo de Oaxaca y de la República Mexicana, a: unificar todos los esfuerzos de lucha contra la reforma educativa neoliberal, punta de lanza de la guerra del gobierno contra el pueblo. A todas las luchas populares, gremiales, autónomas y todas las formas de organización y lucha del pueblo mexicano a solidarizarse con  la lucha magisterial y popular de Oaxaca, bastión mas combativa de la CNTE. Llamamos a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos a denunciar las atrocidades del estado mexicano.  A las organizaciones político-militares e insurgentes a brindar solidaridad (principio revolucionario) con la lucha del pueblo de Oaxaca. A nuestros militantes y combatientes, estar en alerta general y disposición de combate, para actuar bajo todas las formas posibles y el uso de todos los medios a su alcance, ejercer la autodefensa  contra las fuerzas represivas del mal gobierno.


    Mexicanos compatriotas:


    Hoy la guerra contra el pueblo  se ha agudizado y estos últimos días está en una  ofensiva policiaco-militar; compañeros  del movimiento magisterial-popular de Oaxaca, les pedimos que resistan, no están solos, su lucha es la lucha de todo el pueblo mexicano; si las fuerzas de este gobierno mafioso doblega su  resistencia, los planes  neoliberales  se  impondrán, entonces nuestros hijos y nietos no tendrán futuro, solo serán esclavos del capital, de las empresas transnacionales y del imperio.


¡Adelante compañeros! ¡A derrotar la política neoliberal del Estado mafioso!


¡Con el poder popular, el pueblo unido vencerá!


Fraternalmente


Por la dirección nacional del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente


Comandante insurgente Santiago


Comandante insurgente Hermenegildo


Comandante insurgente Cuauhtémoc


México, D.F. junio 21 del 2016.


Arantxa Su López




ERPI llama a unificar esfuerzos contra la reforma educativa

Muerte por negligencia en hospital capitalino

Se le acabó la vida después de un viacrusis por los hospitales ubicados en la Ciudad de México. La pequeña de 32 semanas de gestación nació, pero sus pulmones no resistieron la negligencia médica que sufrió su madre, quien la parió sola en una camilla del Doctor Belisario Domínguez de la capital del país. La capital del país fue la que mayores quejas registró en 2015, según la Comisión Nacional de Arbitraje Médico


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Los gritos se ahogaban entre las sábanas, después de un ¡cállese, deje de pujar, todavía no es tiempo! Los dolores venían cada vez más intensos, también la sensación de parir. Su útero se dilataba, las contracciones se intensificaban. Las luces de la habitación compartida, apagadas.


Alicia Iveth Baeza Nader se erguía sobre una de las camillas del hospital capitalino Doctor Belisario Domínguez. Eran las 6 de la mañana del 28 de abril. Su hija llegó a las 32 semanas de embarazo. La madre empezó el trabajo de parto sola, guiada por la naturaleza de su cuerpo y su experiencia materna. “Ya no aguantaba, sentía ganas de hacer del baño, me enderecé un poco y pujé para tener a la bebé en la camilla”, relata.


Las doctoras que estaban asignadas para su atención llegaron hasta que escucharon el llanto de la recién nacida, “se quedaron viendo, levantaron los hombros y una de ellas pidió que se preparara la sala de partos, sólo para verificar que no se hubiera quedado la placenta dentro. Fueron por las tijeras para cortar el cordón umbilical y una sábana para cubrir a la bebé”, cuenta la mujer de 33 años.


Desde la madrugada del 27 de abril había empezado a arrojar líquido amniótico y a sentir molestias, pero tuvo que esperar el amanecer “porque no teníamos con quien dejar a nuestros hijos”. A las 8 de la mañana de ese día comenzó el viacrucis hospitalario en espera de atención. El parto se anunciaba  inesperadamente. Nacería la quinta hija de Alicia y Alfredo Rivera Salazar.


En esta etapa de la gestación, los pulmones de la bebé no se habían fortalecido y poco a poco se le agotaba el líquido amniótico que la mantenía viva.


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Violencia y negligencia


Este podría ser uno de los casos de violencia obstétrica que ocurren en el país constante e impunemente. También de negligencia médica, la misma que ha sido documentada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en hospitales adscritos al sistema de salud local o por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.


El informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) indica en su informe Violencia Obstétrica, negación de acceso y mala atención del parto, que ésta “es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género:


 “Durante la atención institucional del parto, la violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres va desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, utilizarlas como recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana, el manejo del dolor durante el trabajo de parto como castigo y la coacción para obtener su ‘consentimiento’, hasta formas en las que es posible constatar que se ha causado daño deliberado a la salud de la afectada, o bien que se ha incurrido en una violación aún más grave de sus derechos.


En el documento de GIRE se identifican dos modalidades de violencia obstétrica. “Por un lado, la física, que se configura cuando se realizan prácticas invasivas y suministro de medicación no justificadas por el estado de salud, o cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades del parto biológico. Por otro lado, la dimensión psicológica, que incluye el trato deshumanizado, grosero, discriminación, humillación, cuando se pide asesoramiento o se requiere atención en el transcurso de una práctica obstétrica. Comprende también la omisión de información para la mujer y sus familiares sobre la evolución de su parto”.


Viacrucis hospitalario


El primer sitio al que acudieron Alicia y Alfredo fue el Hospital General Doctor Manuel Gea González, adscrito a la Secretaría de Salud del gobierno federal. Ahí la recibieron, revisaron y le informaron que ya tenía ruptura de membranas. No podía ser atendida porque no había lugar para un bebé prematuro. Le pidieron que fuera al hospital asignado en su centro de salud.


Fue al centro de salud, le dieron un pase para acudir al Hospital Materno Infantil Topilejo, donde fue revisada por tercera ocasión, era el tercer tacto vaginal que le practican, en apenas unas horas.


También le informaron que no la pueden atender porque no contaban con Unidad de Cuidados Intensivos, y la sugerencia fue que acudiera al Hospital de Especialidades Doctor Belisario Domínguez, a la unidad de ginecología y


Ya en el hospital, adscrito a la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México, es explorada por cuarta ocasión. El fluido líquido que protegía a la bebé se agotaba. “Cuando llegué al Belisario Domínguez, al medio día, la de trabajo social me dijo que me iban a recibir, pero que no había lugar para atenderme, sólo me iban a tener en observación porque estaba todo saturado para el nacimiento de un niño prematuro, me buscarían un traslado.


 “La doctora que me revisó confirmó que tenía ruptura de membranas y llevaba tres centímetros de dilatación. Entonces te vamos a atender aquí, pero aquí no te vas a aliviar, te van a buscar traslado a otro hospital. Fueron unas enfermeras a canalizarme y a ponerme una inyección para reforzar los pulmones de la bebé”, relata.


Las horas para Alicia fueron eternas, la dejaron en la cama asignada, “nadie pasaba a verme, las enfermeras y doctores se paseaban por los pasillos con bolsas de la tienda, se la pasaban comiendo. Escuché que me estaban buscando un traslado, pero sólo fueron comentarios”, dice.


Frente a ella, enfermeros sentados en una camilla miraban su celular; mientras, decían cosas obscenas. “En ningún momento fueron a verme, a ver cómo estaba, ni cómo me sentía”, acusa.


Los movimientos de su bebé comenzaban a espaciarse y a ser más débiles, “sé que son síntomas de alarma”, comenta. Pidió que llamaran a una doctora porque se sentía mal y la bebé ya no se “meneaba”. También, “pedí que si ya no iban a hacer nada que llamaran a mi esposo para que me sacara de ahí”, estaba desesperada.


Mientas esperaba el traslado, le practicaron un ultrasonido para ver cómo se encontraba la bebé. La doctora que le hizo el estudio le informó que su hija ya estaba mal, que ya no tenía líquido. Después, “me dejaron en un pasillo sola, en lo que llegaba el camillero por mí”, relata Alicia, madre de cuatro hijos.


Ya en su habitación llamó a una doctora, le comentó lo que le habían dicho en el ultrasonido.


—“¡No, no, no! Tu bebé hace un tapón con el que guarda líquido y aguanta, de todos modos te voy a poner un aparato para escuchar los latidos. ¡Ahí está, si se escucha! Se fue”, recuerda Alicia.


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La espera


Mientras Alicia paría sin atención, su esposo había pasado horas en busca de que la trasladaran al primer hospital del que la habían rechazado, pues se había conseguido un espacio para atenderla a ella y a su hija.


Alfredo Rivera Salazar es el esposo de Alicia, de oficio taxista, padre de 2 niños y gemelas. Él permanecía en la sala de espera, acompañado de su hermano, esperaba sin recibir informes, “yo le preguntaba a la trabajadora social que qué pasaba. Le di los datos de Alicia y me di cuenta que ni siquiera estaba registrada”.


El hermano de Alfredo había conseguido que Alicia fuera recibida en el hospital federal, después de varias llamadas. Sin embargo, el espacio fue ocupado por otra paciente, pues se había hecho tarde y ya no la podían esperar.


A las 10 de la mañana del 28 de abril, Alfredo fue informado del nacimiento de su hija, una pequeña de 43 centímetros y apenas un kilo y medio de peso.


 “Pregunté que si podía pasar a ver a mi hija, me dijeron que mejor fuera a trabajo social a tramitar el pase para pasar a la visita de las 4 de la tarde. Vi a mi hija, estaba aparentemente bien porque nadie me dijo lo contrario, aunque tenía unos aparatos para respirar”, relata.


El 29 abril fue notificado de que la pequeña estaba delicada, que un día antes, a las 11 de la noche, había sufrido un paro cardiaco; otro, a las 8 de la mañana y un tercero minutos después. “Su corazón estaba muy cansado y ya no aguantó, falleció”, dijo la médico encargada de darle la noticia.


 “Quería saber el motivo real del fallecimiento de mi hija y me dijo: su hija falleció debido a que permaneció más de 24 horas dentro del vientre de su mamá con la fuente reventada y sin líquido, de ahí se desencadenó todo lo demás…”.


Las cifras de la Conamed


En 2015, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico concluyó con 11 mil 529 quejas, de las cuales se desprenden: accidentes e incidentes, 101; atención de parto y puerperio inmediato, 132; auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 228; deficiencias administrativas, 945; diagnóstico, 4 mil 237; relación médico-paciente, 2 mil 516; tratamiento médico, 1 mil 225 y tratamiento quirúrgico 2 mil 145.


De las Quejas concluidas por principales motivos según entidad federativa relacionada, se desprende que en la Ciudad de México se registraron 7 mil 461, siendo la entidad con más denuncias presentadas; le sigue el Estado de México, con 1 mil 914 y San Luis Potosí y Tlaxcala con 163.


El documento Quejas concluidas por institución médica relacionada indica que el sector público es el que más quejas registró ese año con un total de 1 mil 389. De éstas, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 1 mil 187; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 161; Petróleos Mexicanos, 27; Secretaría de Marina, cinco y la Secretaría de la Defensa Nacional, nueve.


El segundo grupo es el que no cuenta con seguridad social y acude a los servicios de los Hospitales Federales de la Secretaría de Salud, con 63 quejas concluidas; en tanto, 67 se registraron en los Servicios Estatales de Salud.


Uno de los consejeros de la Conamed, el doctor Nicolás Bañuelos Delgado publicó en un texto bajo el título Mala Práctica, que la negligencia médica es el acto en que un prestador de servicios de salud incurre en descuido de precauciones y atenciones calificadas como necesarias en la actividad profesional médica. “Se habla de negligencia cuando a pesar del conocimiento de lo que debe hacerse no se aplica y se provoca un daño”.


Hoja de egreso


La negligencia médica que padecieron Alicia y su hija se evidencia en la hoja de egreso expedida, con los sellos de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud, bajo el expediente 105368.


En ella se indica que Alicia ingresó al hospital con 32.1 semanas de gestación, al servicio de ginecología en unidad tocoquirúrgica “por haber presentado ruptura de membranas”.


 “Se ingresa y se le informa al familiar que no había espacio físico para la atención de productos prematuros en la unidad y que al ingresarla se buscará traslado a unidad de apoyo, a lo cual el familiar acepta”, se lee en el documento.


La hoja médica indica que durante la estancia de Alicia “se inicia esquema de maduración pulmonar, a lo cual sólo completa dos dosis, se toma registro cardiográfico…, se inicia tratamiento antibiótico profiláctico, se deja a libre evolución, ya que es una paciente no candidata a uteroinhibición [inhibir las contracciones]. En lo que se busca traslado a unidad de apoyo, el cual se cancela a las 23 horas por parte de la unidad de apoyo. Se continúa en búsqueda de otra unidad de apoyo y no se concreta el traslado. A las 6 horas, completa la dilatación y borramiento se ‘atiende’ parto obteniendo un producto femenino con Apgar 8/6 [examen clínico que se realiza al recién nacido después del parto], peso 1500 gramos.


La hoja fue expedida el 29 de abril pasado, el mismo día que le entregaron el cuerpo de su pequeña hija.


Expediente abierto


El caso de Alicia fue denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y es llevado por el tercer visitador…, informó a Contralínea Guillermo Gómez Gómez, director general de comunicación social de la institución.


El vocero indicó que en tanto no se concluya la investigación no se puede hablar al respecto; sin embargo, comentó que otros casos que involucran a la Secretaría de Salud han sido concluidos y se han hecho acreedores de la Recomendación 5/2014.


La Recomendación 5/2014 hace mención de “Mala práctica médica, en los que personal médico y de enfermería al realizar sus actividades, en algunos casos, ocasionaron innecesariamente dolores o sufrimientos graves, físicos y mentales a niños y niñas, y en otros la muerte”.


Entre las personas agraviadas fueron niñas y niños, así como una mujer embarazada, usuarios de los hospitales pediátricos, hospitales materno infantiles y centros de salud del Distrito Federal.


La encargada de velar por los derechos humanos en la capital del país consideró que los derechos violentados fueron: “Derecho a una vida libre de violencia, en relación al derecho de las personas a no ser víctimas de violencia institucional en el ámbito de la salud. Derecho a la vida en relación con el más alto nivel posible de salud y el derecho a la supervivencia y desarrollo y el derecho a la integridad personal, en relación a no ser víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes”.


Érika Ramírez


Contralínea 493 / del 20 al 25 de Junio 2016


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Muerte por negligencia en hospital capitalino

miércoles, 22 de junio de 2016

Hasta Londres, solidaridad con la CNTE

Colectivos y ciudadanos se solidarizaron con el movimiento magisterial desde el Reino Unido. Se manifestaron el día de hoy frente a la embajada de México en Londres en apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Se trata de una de las primeras protesta internacional en apoyo al movimiento magisterial.



Los manifestantes demandaron al gobierno mexicano la liberación de los presos políticos, el diálogo con la CNTE, la presentación con vida de los desaparecidos y que se castigue a las autoridades responsables del operativo policiaco en Nochixtlán, Oaxaca, el domingo pasado, en el cual murieron ocho personas y siete más se encuentran desaparecidas.


 


La organización London Mexico Solidarity señala que más de 40 personas exigieron que se frenara la represión estatal y federal en contra de los maestros de la Sección 22 y de las comunidades que apoyan las demandas del magisterio. Con fotografías, los manifestantes mostraron a los transeúntes sobre los hechos violentos acontecidos en Nochixtlán e informaron sobre las políticas represivas con las que el gobierno intenta imponer la reforma educativa. Los manifestantes mencionaron los nombres de las personas asesinadas, los desaparecidos y de los presos políticos.


 


La sección de Ealing, del Sindicato Nacional de Maestros (National Union of Teachers, por su nombre en inglés), emitió un mensaje solidario con la lucha magisterial en el cual destacó el interés que tienen en común ambos grupos de defender la educación libre y pública desde diferentes latitudes.


 


Entre los asistentes estuvieron representantes de la Marxist Students Federation, Ecuador Solidarity Campaign, Colombia Solidarity Campaign, The Wretched of the Earth y la organización London Mexico Solidarity quienes también pronunciaron mensajes en solidaridad con los maestros y profundizaron en los problemas a los que se enfrentan las comunidades más pobres.



Hasta Londres, solidaridad con la CNTE

El Estado mexicano, responsable de la masacre de Nochixtlán: EPR

El Estado mexicano, a través del gobierno federal y el estatal, planificaron y ejecutaron un operativo policiaco militar con el objetivo de “privar de la vida al pueblo en pie de lucha”, expresan el Comité Estatal del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y la Comandancia Militar de Zona del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en un comunicado emitido el día de hoy desde Chiapas. Por esta razón, señalan al Estado como “único responsable” de la masacre de Nochixtlán, Oaxaca.



En el mismo comunicado expresan que el gobierno no reconoce la creciente inconformidad popular hacia las políticas que “lesionan la dignidad humana, cancelan de facto derechos constitucionales y violan sistemáticamente los derechos humanos”. También reitera que la violencia no proviene del pueblo, sino que éste “hace uso legítimo de la autodefensa ante el terrorismo de Estado”.


 


Refieren que el gobierno intenta justificar la represión con el argumento de que hubo grupos infiltrados o encapuchados radicales en los hechos ocurridos en Nochixtlán y haciendo énfasis en que los muertos no eran maestros, pero esto forma parte de la maniobra mediática para “justificar la represión y eludir la responsabilidad del asesinato político”.


 


El PDPR y el EPR describen que al recontar a los muertos como ajenos al magisterio se diluye de manera vil la esencia del fenómeno porque quienes murieron se manifestaban en contra de las reformas antipopulares. Apuntan que se está atentando contra los derechos a la manifestación, reunión, organización y protesta.


 


Por considerarlo del interés de los lectores, Contralínea reproduce el comunicado de manera íntegra:


 


Al pueblo de México


A los pueblos del mundo


A los medios masivos de comunicación


A los organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos


A las organizaciones políticas, populares y revolucionarias


 


¡Hermanos, hermanas, camaradas!


 


Desde el gobierno antipopular y con el apoyo de los monopolios de la comunicación no se quiere reconocer la creciente inconformidad que existe en el pueblo debido a sus políticas antipopulares que lesionan la dignidad humana, cancelan de facto derechos constitucionales y violan sistemáticamente los derechos humanos.


 


El único responsable de la masacre en Nochixtlán, Oaxaca, es el Estado mexicano a través del gobierno federal y estatal que organizaron, planificaron y ejecutaron un operativo policiaco militar con un objetivo bien determinado, privar de la vida de manera arbitraria al pueblo en pie de lucha, para quebrar su voluntad popular de combatir e imponer el terror para inducir a la desmovilización y sostener con sangre la reforma educativa.


 


La violencia que hoy los monopolios de la comunicación, los políticos de oficio, grupos oligarcas y gobierno antipopular dicen hipócritamente repudiar no se genera por sí misma, tiene origen e intereses de clase bien claros y definidos, los heridos y muertos en Nochixtlán son consecuencia de la violencia institucional que defiende al poder burgués. Señor Claudio X. González, sus estadísticas son tramposas y sesgadas, no se haga el gracioso, usted pidió el baño de sangre, asuma su responsabilidad, en las páginas de la historia ha quedado como un asesino del pueblo junto con sus administradores, que se encarnan en cada uno de los funcionarios del gobierno estatal y federal.


 


El pueblo no genera la violencia, él sólo hace uso legítimo de la autodefensa ante el terrorismo de Estado. ¡Qué esperaban señores del poder! ¿Acaso el pueblo no tiene derecho a protestar y a ejercer su legítima defensa? Siempre han reprimido esperando pasividad y sumisión, y hoy que en condiciones terribles de desventaja responde a la agresión policiaco militar, el gobierno y los jefes de la policía estatal y federal se victimizan queriendo presentar a los victimarios como víctimas; a los cuerpos policiacos como organismos pacifistas; a las hordas represivas como promotores de la paz y el diálogo. El pueblo ha comprendido una enseñanza, la fuerza policiaco militar puede ser derrotada con organización y combate popular.


 


El gobierno antipopular busca justificar la represión a través de la hipótesis de “grupos de infiltrados”, “encapuchados radicales”, haciendo énfasis de que los muertos no son del magisterio, que se violan derechos a terceros y se afectan las vías de comunicación, postura baladí para ejercer la represión.


 


El argumento de los “grupos de infiltrados” para desestabilizar políticamente es el ardid mediático para imponer la paz de los oligarcas que apoyados con los monopolios de la comunicación justifican el único lenguaje de este gobierno, el diálogo del tolete, del fusil, de la pistola, del lanzagranadas, es el idioma del Estado policiaco militar. Los equipos antimotines son armas diseñadas para matar al manifestante y los policías siempre llevan armas de fuego consigo, ya sea ocultas o a la vista. En todos los operativos contra el pueblo han participado unidades mixtas organizadas y dirigidas por los militares a través del mando único. Los masacrados cayeron por efecto de las balas de la policía estatal y federal.


 


Los dichos mediáticos de la infiltración son argumentos desgastados, recurso corriente para justificar la represión y eludir la responsabilidad del asesinato político, lo han hecho en Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chiapas y hoy Oaxaca. Los muertos son del pueblo, la fuerza policiaca federal y estatal son instrumentos gubernamentales de hombres armados especializados para masacrarlo. Las plumas y voces mercenarias toman partido en sus juicios para justificarlos, disfrazan su repudio al pueblo organizado al recalcar que los muertos no pertenecen al magisterio democrático, que no son maestros, de forma vil diluyen la esencia del fenómeno, a quienes se asesinó son sujeto social y también sujeto político-crítico porque los que murieron se manifestaban en contra de las reformas antipopulares, se está reprimiendo el derecho a la reunión, a la manifestación, a la organización y a la protesta; los muertos tienen un origen de clase, son pueblo trabajador.


 


La condición represiva del gobierno estatal y federal queda en evidencia con la preparación y ejecución del operativo policiaco militar para “contener” la protesta popular bajo el concepto de garantizar “tranquilidad” y “seguridad”, cuyos argumentos reflejan los verdaderos beneficiarios de esta violencia: hoteleros, restauranteros, empresarios de la construcción, de la comunicación y los monopolios del trasporte, que mienten descaradamente al sostener un argumento falso de pérdidas millonarias, cuando en realidad en el cierre de cuentas anuales han obtenido enormes cantidades de ganancia. Han tenido un incremento del 200% de la demanda, por tanto un incremento en lo que ellos tramposamente llaman “tasa de beneficio”, en su avaricia quieren incrementar su dominio oligárquico en los servicios para continuar con la imposición de precios monopólicos y elevar la cuota de plusvalía.


 


Voceros oficiosos del CISEN y cancerberos del capital insisten con dolo y perversidad sobre los vínculos de la guerrilla con la CNTE, en específico con nuestro ejército, como lo afirma Alfredo Martínez Aguilar entre otras plumas que amparados en su oficio de trabajadores de la comunicación violan todos los cánones del periodismo y toman iracundamente partido con los represores. Escudados en la pluma y la tecla justifican la represión y reclaman que el baño de sangre no se detenga.


 


Señores mediocres e inquisitorios, les decimos ¡ESTAMOS PRESENTES! en todo México, y en la medida que somos pueblo organizado nuestra acción revolucionaria encuentra múltiples formas de expresión. Organizarnos y luchar por erradicar la explotación y la opresión no es delito, es un deber ético moral y una decisión producto de la conciencia de ser, estar y hacer pueblo congruentemente.


 


Todos los que somos pueblo explotado y oprimido nuestro deber político moral es brindar la solidaridad a las causas populares de mil maneras y formas alas causas populares, ¡porque si reprimen a uno, respondemos todos!


 


Actos de terrorismo de Estado como éstos son la forma en que se expresa la violencia burguesa, la única solución es ir a la raíz de las causas del fenómeno, acabar con la dictadura del capital por medio de la nueva revolución que reclama a gritos el pueblo.


 


¡Ante el terrorismo de Estado, la autodefensa armada de las masas!


¡Presentación con vida de los todos los detenidos desaparecidos!


¡A organizar la lucha por la libertad de los presos políticos!


¡Por la revolución socialista, vencer o morir!


¡Por nuestros camaradas proletarios, resueltos a vencer!


¡Con la guerra popular, el EPR triunfará!


 


Comité estatal el Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR)-Comandancia Militar de Zona del Ejército Popular Revolucionario (EPR)


 


Año 52


 


Chiapas; 22 de junio de 2016



El Estado mexicano, responsable de la masacre de Nochixtlán: EPR

Defensores de derechos humanos e intelectuales mediarán diálogo Gobernación-CNTE

En el marco del diálogo que se llevará a cabo el día de hoy entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Comisión Nacional de Mediación (Conamed), creada a propuesta de la CNTE, emitió su primer comunicado firmado por los ocho miembros que la conforman, entre los cuales se encuentran defensores de derechos humanos, académicos y abogados.



El coordinador de la Conamed es Miguel Álvarez Gándara, presidente de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y experto en mediación de conflictos, quien también fue mediador entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Asimismo, será el mediador encargado de la reunión que tendrá lugar hoy entre el gobierno federal y la CNTE.


Los otros siete integrantes son: Pietro Ameglio, académico e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Jorge Fernández Souza, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y miembro de Serapaz; Magdalena Gómez, abogada especialista en derecho indígena; Enrique González Ruiz, académico e integrante de la Comisión de Intermediación para el Diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario (EPR); Dolores González Saravia, coordinadora de Procesos de Transformación Positiva de Conflictos de Serapaz; Gilberto López y Rivas, antropólogo, exasesor en los diálogos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal y mediador entre el gobierno federal y el EPR; y Pablo Romo Cedano, fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y miembro de Serapaz.


El comunicado señala que la Conamed “respalda procesos y resultados que respeten integralmente los Derechos Humanos, y que privilegien el interés supremo de la nación por una educación pública, laica y gratuita que considere las particularidades de su diversidad”.


La mesa de negociación se celebrará el día de hoy a las 17:00 horas en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. En el diálogo estarán presentes Miguel Ángel Osorio Chong, como representante del gobierno federal y la Comisión Única de Negociación de la CNTE.



Defensores de derechos humanos e intelectuales mediarán diálogo Gobernación-CNTE

Funcionarios de la Benito Juárez lucran con espacio público

Funcionarios de la Delegación Benito Juárez encontraron la forma de hacer el negocio perfecto: cobrar por un servicio, explotar gratis instalaciones públicas y aprovechar los trabajadores subcontratados por la delegación.


Romero Herrera

Jorge Romero Herrera


El sueño de pasar de servidor público a emprendedor se les cumplió a varios funcionarios durante el mandato de Jorge Romero Herrera. La oportunidad ahí estaba, les permitirían aprovechar lo que había: instalaciones públicas por las que no tendrían que pagar renta ni mantenimiento, aparatos adquiridos con los impuestos, profesores subcontratados por la delegación, decenas de niños ya inscritos, y padres de familia dispuestos a contribuir con una segunda cuota.


El programa de gimnasia artística ya existía en la Delegación Benito Juárez, y su coordinador concibió una iniciativa que se planteó como una necesidad a los papás: la creación de una “asociación civil” para costear una preparación de alto rendimiento para sus hijos, con entrenadores calificados y bien pagados, médicos, nutriólogos y hasta sicólogos…


 “Con el ambicioso objetivo de hacer de la Delegación Benito Juárez una escuela técnica deportiva de alta competencia, el responsable del equipo de Gimnasia Artística del Deportivo Benito Juárez, Bernabé Popoca Atenco, ya trazó la ruta”, anunció orgullosa la propia demarcación, gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN) desde hace más de tres lustros.


En la ruta trazada, la nueva asociación sería la caseta de cobro; la segunda, pues para conseguir la credencial de usuario del deportivo administrado por Javier Mandujano Antillón, los padres deben pasar antes por la ventanilla de la tesorería delegacional (152 pesos).


Una vez pagado el trámite oficial, las cuotas extra deberían ser depositadas en una cuenta abierta en el banco Inbursa, totalmente separada de la administración pública, completamente privada, en favor de la llamada Asociación para el Desarrollo para la Gimnasia, controlada por Popoca Atenco.


Las mensualidades, ya obligatorias, siguieron una ruta ascendente. Los 200, 250, 300, 350 pesos… hoy rebasan los 500. Además, para mayor fortuna de la “asociación sin fines de lucro”, de 2013 a 2015 el número de clientes aumentó considerablemente. “En poco tiempo de su reestructuración el número de aspirantes y gimnastas inscritos prácticamente se ha duplicado”, celebró el gobierno panista.


 “Hablamos de 700 niños. Y si en promedio pagamos 450 pesos al mes. ¿Cuánto es?”, comenta a Contralínea Karina Ribera, madre elegida por las familias para denunciar el fraude cometido por los servidores devenidos en empresarios.


Los 450 pesos por 700 niños y jóvenes suman 315 mil pesos al mes: 3 millones 780 mil pesos al año.


 “Por parte de los padres y tutores –dice la delegación– el compromiso contraído se dimensiona en dos fases: Por un lado, el compromiso es a nivel deportivo, asistiendo puntualmente a sus jornadas de entrenamiento, y por otro, el más difícil, el esfuerzo económico para solventar los gastos de equipo, estancia y traslados a las sedes de competencia.


 “Por parte del gobierno delegacional, se logró concretar mejoras sustanciales en equipo e infraestructura deportiva, así como la constitución de un equipo multidisciplinario de trabajo bien capacitado: entrenador, coreógrafo, fisioterapista, nutriólogo, sicólogo deportivo y paramédico.”


Pero el bolsillo de los papás y el erario público son los que han sostenido el programa, denuncian los clientes de Popoca y Mandujano, señalados de fraude, pues ni coreógrafo, ni fisioterapista, ni nutriólogo, ni sicólogo ni paramédico hay, sólo profesores subcontratados por la administración delegacional y pírricamente compensados por la Asociación.


Por ahí reventó el negocio de los funcionarios panistas.


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Von Roehrich


Precariedad laboral, despidos y fraude


Contratos de 3 meses, sin seguridad social, sin prestación alguna. Los profesores que trabajan en el Deportivo Benito Juárez son subcontratados por la propia delegación, ahora a cargo de Christan von Roehrich de la Isla.


 “Pero desde siempre ha sido así”, asegura en entrevista el instructor Marco Antonio Perea, quien desde hace años sirve en la demarcación. Los maestros piden el anonimato debido al acoso permanente, despidos y recontrataciones tensas.


Un monto por 4 mil 600 pesos es el pago mensual que reciben por parte de la administración pública, y 2 mil 500 más de la asociación privada. Veinte profesores fueron puestos al servicio del proyecto protegido por las administraciones de Romero Herrera y Von Roehrich y llevado a cabo por Benabé Popoca y Javier Mandujano.


La clientela fue aumentando, la carga de trabajo también. “Al ser gimnasia artística, existe un riesgo, por supuesto”, se queja otra madre. “Los niños tienen que estar supervisados en todo momento, puede haber accidentes, lesiones graves”, secunda una profesora.


Lucro personal del deportivo público, cobro de cuotas extra, falta de rendición de cuentas, corrupción de funcionarios mantenidos o nombrados por Von Roehrich, todos ligados a Jorge Romero Herrera, actual diputado panista en la Asamblea Legislativa



Pasó el tiempo, llegaron las competencias. Inscripciones tardías, problemas administrativos, fracasos deportivos. El retraso en el pago de los profesores se hizo costumbre, así como el maltrato y el hostigamiento en contra de quienes por ello se manifestaran.


Incumplidas las promesas de recibir una preparación integral, los padres decidieron acudir ante las autoridades juarenses para denunciar a Popoca Atenco y Mandujano Antillón.


Ángel Santiago Hernández, director de Deporte, fue el primero en recibir con un portazo a los defraudados. Su superior, Víctor Hugo Olmedo, director General de Desarrollo Social, hizo lo mismo. La siguiente parada fue ante el contralor interno, Alfredo Aguilar Feregrino, pero el encargado de vigilar “la legalidad y transparencia de los servidores públicos” desoyó las denuncias:


Lucro personal del deportivo público, cobro de cuotas extra, falta de rendición de cuentas, corrupción de funcionarios mantenidos o nombrados por Von Roehrich, todos ligados a Jorge Romero Herrera, actual diputado panista en la Asamblea Legislativa.


Por medio de funcionarios como Sebastián Rubio, Ángel Santiago o Víctor Hugo Sabater, “la respuesta fue amenazar a los padres y correr a los maestros”, justo en la víspera de una competencia regional y otra nacional.


 “Yo me enteré [del despido] porque uno de seguridad no me dejó entrar al deportivo. Sólo me dijo que eran instrucciones de Liliana García, de la delegación”, cuenta Perea.


Por su parte, Bernabé Popoca ordenó a los demás entrenadores no hablar con los padres rijosos, ni siquiera dirigirse a ellos para entregar a los niños. Se lanzó abiertamente la alerta de que niño que no pagara, se quedaría sin entrenar y, por supuesto, sin participar en las competencias.


El último intento del grupo de padres se dio al pie de la oficina del delegado Christian von Roehrich, con el secretario particular Federico Chávez.


El subalterno del político panista escuchó la ruta de la corrupción, y conoció los nombres de los actores principales.


Paciencia, les pidió. Y prometió, eso sí, que se investigará el caso hasta las últimas consecuencias. Mientras tanto, todo tendría que seguir igual.


Contralínea solicitó conversar con el delegado sobre el tema, así como con los primeros implicados, Bernabé Popoca y Javier Mandujano. De ninguno se recibió respuesta.


Mauricio Romero, @MauRomero


[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: CIUDAD DE MÉXICO]



Textos relacionados:



Contralínea 493 / del 20 al 25 de Junio 2016


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Funcionarios de la Benito Juárez lucran con espacio público

martes, 21 de junio de 2016

Video: Outsourcings, el sucio negocio



Video: Outsourcings, el sucio negocio

Oaxaca, sin garantías

Los asesinatos, detenciones y desapariciones ocurridas en Nochixtlán, y que continúa sobre integrantes del magisterio disidente, hacen pensar que en México “vivimos ya en un estado fascista”, dice Mayen Arellano, abogada de la CNTE. El número de asesinados podría aumentar en las próximas horas, agrega. Organismos defensores de derechos humanos se proclaman en contra de la “violencia de Estado”



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Se apagaron las luces en el centro de Oaxaca. Horas antes, la refriega que dejaría ocho muertos y más de una centena de heridos. Además, 27 detenidos (al cierre de esta edición), a los que no se les ha podido brindar una “adecuada defensa”, y una cifra indeterminada de desaparecidos, acusa Mayen Arellano Cano, integrante del equipo jurídico de la Sección 22 y del equipo magisterial de derechos humanos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).


Policías federales habían disparado contra maestros, padres de familia, y pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, donde se manifestaban en contra de la reforma educativa, desde la mañana del domingo 19 de junio.


Se recrudeció la represión que había vuelto polvorín al estado en 2006, durante el gobierno priísta de Ulises Ruiz Ortiz. Antes, el ataque fue contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Ahora, y a pocos meses de concluir con su mandato, la administración de Gabino Cué Monteagudo permitió disparos contra la población. La transición política de 2010 no sirvió para traer la paz a uno de los estados más pobres del país.


La abogada de la CNTE dice en entrevista que “hay una suspensión de garantías, un Estado totalitario en Oaxaca, la detención de aproximadamente 27 personas (tentativamente porque no han sido localizadas algunas personas), tenemos un número indefinido de desaparecidos; además de ocho asesinados”. Sin embargo, la abogada, aclara que las cifras no son definitivas, pues el número de víctimas del ataque podría incrementarse en las siguientes horas.


“Estamos en un proceso de fascistización. Nos cortan, incluso, la comunicación; por momentos nos quedamos sin líneas telefónicas, sin luz, sin internet. Vemos cómo un ejército de gendarmería de la Policía Federal ha cortado cartucho, ha disparado a los manifestantes que se encontraban en los bloqueos; eso para nosotros es una suspensión de garantías. Hubo un momento en que prácticamente nadie podía salir. Además de que no se les ha permitido una adecuada defensa a las personas detenidas. ¡Esto es más feroz que en 2006!”, dice Arellano Cano.


La organización Amnistía Internacional fijó su postura a través de un comunicado, en el que indica que “es esencial que se respete la integridad física y mental, así como los derechos a un juicio justo y al debido proceso de toda persona detenida durante el enfrentamiento y cualquier otra detención llevada a cabo en este contexto social, y se adopten medidas inmediatas para facilitar el acceso a servicios de salud para todas las personas que resultaron heridas durante los enfrentamientos”.


 


Alerta en “Nochix”


“Están llegando aviones cargados de federales. Llegan granaderos. Se llama a la resistencia a la comunidad en todos los puntos. Hay alerta general en todos los bloqueos del estado de Oaxaca. Avanzan camiones de federales. Se está desencadenando todo. Repliegue en Nochix. La gente no se va rajar. Barricada de Nochixtlán en pie y tranquila. Tronó. Mataron a varios ‘compas’. Siguen los enfrentamientos”, se leía la angustia y la fuerza en mensajes enviados vía telefónica, circulados entre los pobladores. Las horas pasaron y las balas atravesaron ocho cuerpos de manera certera.


Daniel, padre de familia y defensor de derechos humanos estaba ahí, reforzando a los maestros, convencido de que la reforma educativa busca acabar con los derechos del magisterio.


“Éste es como el décimo enfrentamiento en las últimas 2 semanas por todo el estado, pero éste se salió de toda dimensión. La federal [Policía Federal] se acercó al amanecer a la barricada de Nochixtlán. El enfrentamiento inició como a las 7:30 de la mañana; de ahí seguimos unas 3 horas y cuando los íbamos a vencer, empezaron los disparos de armas de alto calibre, directo contra la gente. Fuimos testigos de un señor al que el balazo le entró por la garganta. Hubo infinidad de gases, son nuevos, más agresivos. Estamos viviendo una escalada militar, de guerra psicológica”, relata.


 


ONG, al diálogo


Espacio Civil de Oaxaca, que aglutina a 80 organizaciones defensoras de derechos humanos, emitió una alerta humanitaria después de los asesinatos en Nochixtlán, pues indica que en el estado se “vive un contexto de violencia generalizada en el que la represión y criminalización del movimiento social, y en particular de las maestras y maestros integrantes de la Sección 22, se ha ido agudizando de manera particularmente grave; ello, en el marco de su lucha contra la implementación de la reforma educativa. Al día de hoy, organizaciones de la sociedad civil han contabilizado por lo menos 75 personas defensoras de derechos humanos en situación de prisión política”.


La alerta hace un recuento de las acciones en contra del magisterio, desde 2013, y menciona que los principales hechos de criminalización del magisterio oaxaqueño son:


Mayo 2013, detención de cinco maestros de Oaxaca: Damián Gallardo Martínez, Lauro Atilano Grijalva Villalobos, Mario Olivera Osorio, Sara Altamirano Ramos y Leonel Manzano Sosa.


En 2015, las campañas mediáticas de difamación y criminalización contra el magisterio han ido en incremento permanente, ello junto con el proceso de desmantelamiento del IEEPO [Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca] que se dio en el mes de julio, dejando de esta manera a miles de maestras y maestros en particular vulnerabilidad al no recibir sueldo.


En octubre de 2015: la detención de Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez y Roberto Abel Jiménez García y la emisión de decenas de órdenes de aprehensión contra integrantes de la Sección 22.


En abril de 2016, fue detenido Aciel Sibaja Mendoza, secretario de Finanzas de la Sección 22.


Para mayo de 2016, fue detenido Heriberto Magariño López, dirigente de la Sección 22.


El 11 de junio fue detenido Francisco Villalobos Ricardéz, secretario de la Sección 22 y pocas horas después el día 12 de junio Rubén Núñez Ginez, secretario General de la Sección 22.


La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), conformada por 80 organizaciones en 21 estados del país, expresó su rechazo y preocupación por los “graves hechos recientes ocurridos en Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo y en la Ciudad de Oaxaca, todas estas ubicadas en el Estado de Oaxaca”.


Indicó, mediante un comunicado, que “es preocupante el uso desproporcionado de la fuerza durante las recientes protestas magisteriales. De igual manera atenta contra el derecho a la salud y contra las normas más elementales (incluso en conflictos armados) el haber dificultado la atención médica a los manifestantes heridos, y el haber realizado un ataque con gases lacrimógenos en contra de un puesto de auxilio improvisado en las cercanías de la zona de conflicto. También fue reportado el hostigamiento en contra del personal de salud que prestó su asistencia a personas heridas, particularmente maestros heridos”.


Amnistía Internacional, también hizo un “enérgico llamado para el esclarecimiento de los hechos, es necesario que las investigaciones sobre la violencia sean independientes, oportunas y transparentes y, en su caso, se traduzcan en el debido juzgamiento de todas las autoridades y demás personas que se encuentren involucradas. Las declaraciones realizadas por las autoridades estatales y federales deslindándose de los hechos no deben utilizarse para socavar o distraer la investigación”.


Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó “medidas cautelares para garantizar la atención a las personas lesionadas y la seguridad física y jurídica de las personas detenidas”. Además, hizo un “llamado urgente para establecer una mesa de diálogo entre las autoridades y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, con el fin de dirimir el conflicto por las vías institucionales y evitar mayor violencia y daños de imposible reparación”.



Oaxaca, sin garantías

viernes, 29 de enero de 2016

Saldos neoliberales en el agro nacional

Hoy día el campo mexicano enfrenta una severa crisis. Por lo menos desde hace varias décadas, y en el marco de los cambios políticos y económicos relacionados a la inserción de México en la globalización neoliberal –particularmente con la incorporación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)–, en el campo ha aumentado de manera constante la pobreza y hay una notoria reducción de la población en las localidades rurales [1]. Asimismo, se observa un severo decaimiento de la producción de alimentos y de forma paralela una disminución sostenida de la cantidad de empleos [2]. En este contexto, en el transcurso de los últimos lustros se ha consolidado una “erosión generalizada del campo” [3], siendo el ámbito del país donde más se concentran la pobreza, la marginación y la exclusión social a nivel nacional.

Guillermo Castillo Ramírez*
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Este adverso escenario remite, aunque no sólo, a cuatro complejos procesos de deterioro socioeconómico y político del sector rural que se han agudizado en los últimos años. a) Por un lado, la acelerada y creciente falta de apoyos, subsidios y políticas oficiales de desarrollo e incentivación de la actividad productiva de los diversos actores y grupos del sector agropecuario –principalmente el subsector agrícola de las comunidades indígenas, los campesinos y pequeños productores– [4]. b) Por otra parte, las recurrentes caídas de los precios de los productos agrícolas clave –como el maíz, fríjol y café– en los mercados nacionales e internacionales, situaciones que acentúan la inestabilidad de la producción agrícola relacionada a la precariedad y pauperización de las poblaciones rurales [5] [6]. c) Junto a los dos puntos anteriores, ante las pocas oportunidades laborales y de vida que ofrecen ciertos nichos del sector rural, durante las últimas décadas se consolidó una creciente migración nacional e internacional de centenas de miles –y probablemente millones– de jóvenes campesinos y agricultores en edad laboral [7]. d) Finalmente, y no menos importante, la desregulación de las actividades productivas en el sector agropecuario y la creciente ausencia del Estado como árbitro que controla y regula la vida social y económica, particularmente en lo que respecta a la equidad de los intercambios de mercancías y la efectiva garantía de los derechos sociales –especialmente con relación a los grupos menos favorecidos y con las condiciones de existencia más adversas– [8].
¿Todo tiempo pasado fue mejor?
Lejos y enterradas están las épocas en las que, en el marco histórico de algunos de los gobiernos revolucionarios y posrevolucionarios de la primera mitad del siglo XX y dentro del contexto de un país que concentró el grueso de su población en el ámbito rural por buena parte de la pasada centuria, los campesinos, aún sin haber tenido resueltas a cabalidad y con justicia sus necesidades y demandas, fueron algunos de los actores claves de los cambios sociales y procesos políticos sobre los cuales se edificó y surgió el Estado mexicano del siglo pasado –particularmente en las zonas rurales–.

No obstante, hoy día, los campesinos no sólo ya no son uno más de los grupos de interlocución privilegiados para los regímenes tecnócratas en turno, sino que además ahora son vistos y tratados por diversas instituciones gubernamentales como un lastre anacrónico y premoderno que obstaculiza las políticas de desarrollo rural de corte neoliberal. Más allá de los discursos y los marcos jurídicos normativos, dichas políticas en los hechos propician el despojo y la privatización de la tierra y el territorio, la desregulación económica que favorece a los grandes propietarios y a las corporaciones agroindustriales transnacionales, la extracción acelerada de los recursos naturales sin miramiento de la contaminación y el impacto socio-ambiental generados, y, finalmente, la flexibilización de las condiciones y relaciones laborales que ha producido la explotación de centenas de miles de jornaleros agrícolas.

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Los avatares del cambio y la creciente exclusión

Desde el limitado e ideológico punto de vista de los gobiernos mexicanos neoliberales de cambio de siglo, la infundada y poco atinada política oficialista de relegar a ciertos grupos sociales del campo –como los campesinos e indígenas– de la tendencia de remodernización del libre mercado tuvo que ver con un proceso de exclusión mucho más amplio respecto de a qué grupos privilegiar y sobre a qué sectores socioeconómicos dirigir las políticas de desarrollo de corte agropecuario. No obstante, ante un escenario así, emergen preguntas silenciadas pero muy presentes. ¿Más allá de los escasos grupos de beneficiarios, a quiénes se dejó de lado y omitió? ¿Quiénes son esas centenas de miles y millones de personas a los que de facto se marginó del proyecto nacional y no se les hizo participes del cambio de rumbo? El viraje de qué hacer con el sector agropecuario se hizo sobre un cálculo reduccionista que no contempló a cabalidad el peso y significación del campo y los campesinos en la vida nacional.

Es cierto que para inicios de la década de 1980 el campo mexicano, derivado de un histórico proceso de abandono oficial y ya con un severo y estructural deterioro, no aportaba mucho al Producto Interno Bruto –su contribución era menor al 10 por ciento–. No obstante, su significación residía, más que en términos de los montos totales efectivos de dinero aportados por el sector agropecuario, en la capacidad de producción de alimentos para consumo nacional –con el consecuente ejercicio de la casi total soberanía alimentaria [9]– y en la cantidad de fuentes de empleo que generaba entre la diversa y dispersa población rural del país; y, de no menor trascendencia, la reproducción de un modo de vida mucho más respetuoso con el medioambiente natural y con una profunda valoración sociocultural por la tierra como sustento de la vida. El efecto de las políticas de reestructuración no se hizo esperar y, en un muy breve lapso de tiempo, la adversa situación de los campesinos se recrudeció aún más y condujo a drásticos cambios sociodemográficos: mientras los jóvenes salieron y salen en busca de oportunidades laborales, las mujeres y los adultos mayores se quedaban y permanecen en las localidades rurales. Como han señalado algunos especialistas, se presentó una fuerte reducción demográfica, así como un envejecimiento y feminización de la población [10].

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Entre el despoblamiento y la dependencia

Para 2014, a poco más de 20 años de la entrada en vigor del TLCAN, y según lo denunciaron diversas organizaciones sociales y políticas en defensa de los pequeños agricultores, el balance de la actual situación del campo mexicano no sólo es negativo, sino devastador: se estima que se perdieron cerca de 4.9 millones de empleos en el rubro de la agricultura familiar; vinculado con esto se calcula que alrededor de 6 millones de personas del sector rural en edad laboral salieron del campo y migraron a otras latitudes del país y a Estados Unidos [11] –principalmente jóvenes hombres en edad laboral–. Además, en este lapso de tiempo el aporte del sector agropecuario al Producto Interno Bruto se redujo de un 5 a un 1.5 por ciento y el país incrementó exponencialmente su dependencia alimentaria: para 2014 se tuvo que importar cerca del 42 por ciento de los alimentos que se consumen en el país, lo que convirtió a México en el tercer importador a nivel mundial en este rubro [12] y el primero en el ámbito latinoamericano [13]. Sin duda el “vaciamiento-despoblamiento” del campo como metáfora del gran éxodo de campesinos, la creciente pérdida de la soberanía alimentaria nacional, en tanto ya no se produce lo suficiente para el consumo nacional, y el acentuado deterioro-reducción de las actividades productivas que acarrea un desempleo rural generalizado son tres de los principales problemas que hoy día aquejan y desangran al campo mexicano.
La situación del campo es devastadora: se estima que se perdieron cerca de 4.9 millones de empleos en el rubro de la agricultura familiar”
Es un hecho que el Estado nunca cumplió a cabalidad a los campesinos la promesa del pacto revolucionario de un México más justo y equitativo que, concretamente y desde el marco jurídico de la Constitución, se tendría que haber manifestado en el ejercicio y la realización de los derechos sociales –de educación, salud y trabajo–. Sin embargo, actualmente la situación del campo es mucho más intrincada y, en comparación con otras épocas de la historia y la vida sociopolítica de México, los grupos menos favorecidos de los entornos rurales enfrentan un panorama mucho más deteriorado y desolador.

Resistencia y acción social, campesinos organizados

No obstante, frente a esta situación de clara adversidad, diversas organizaciones sociopolíticas y agrupaciones de campesinos e indígenas han hecho y hacen frente a estos embates mediante diversas estrategias y acciones: desde el seguimiento de cauces legales y denuncias penales y mediáticas sobre las problemáticas que viven, hasta la acción social y la protesta en defensa de sus territorios y sus propios modos de vida. Asimismo, y a nivel de las familias y las comunidades, muchas de las personas que tuvieron que dejar sus localidades rurales han mantenido y preservan un vínculo con sus parientes en los lugares de origen y envían, de acuerdo a sus posibilidades, diversos bienes y recursos monetarios que, en cierta medida, contribuyen a reproducir las condiciones de vida de aquellos que se quedan en el campo.

Notas

[1] Castillo, Guillermo (2014). “Migración internacional de campesinos mexicanos a Estados Unidos: entre las carencias histórico-estructurales y la ausencia de derechos”, Revista Argentina Margen, 75, diciembre de 2014, Revista de Trabajo Social y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
[2] Bartra, Armando (2002). “Los derechos del que migra y el derecho de no migrar, dislocados”, Seminario Remesas y Desarrollo 26 y 27 de septiembre, Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago, Estados Unidos.
[3] Bartra, Armando (2014). “El derecho a quedarse”, en Crisis económica y migración ¿impactos temporales o estructurales? UNAM, México, página 63.
[4] Calva, José Luis (2000). México más allá del neoliberalismo. Plaza y Janes, México.
[5] Basurto, Saúl y Roberto Escalante (2010). “Impacto de la crisis en el sector agropecuario en México”, Economía UNAM, volumen 9, número 25, páginas 51-73.
[6] Calva, José Luis (2004). “Ajuste estructural y TLCAN: Efectos en la agricultura mexicana y reflexiones sobre el ALCA”, El Cotidiano, volumen 19, número 124, páginas 14-22
[7] Castillo, Guillermo (2014). Op cit.
[8] Castillo, Guillermo (2014). “Entre la marginación y la resistencia. Migrantes: los ‘ausentes explotados’ y las artes de la subsistencia”, Rebelión, 26 de septiembre de 2014.
[9] En este sentido, Bartra señala que para 1980 la dependencia alimentaria era de 15 por ciento. Bartra, Armando (2014). “El derecho a quedarse”, en Crisis económica y migración ¿impactos temporales o estructurales? UNAM, México, página 65.
[10] Florez, Nelson (2015). Economía y trabajo en el sector agrícola. FLACSO, México.
[11] Pérez, Matilde (2014). “Campo devastado”, La Jornada, 20 de febrero de 2014.
[12] Pérez, Matilde (2014) Ídem.
[13] Bartra, Armando (2014). Op cit.
Guillermo Castillo Ramírez*

*Maestro y doctor en antropología; autor de proyectos de investigación posdoctoral en antropología con líneas de trabajo en migración nacional e internacional y procesos de movilidad geográfica de grupos indígenas y campesinos en México
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

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Obama se juega su legado en un Congreso adverso

Migración, circulación de armas, refugiados sirios, Estado Islámico, cárcel de Guantánamo, América Latina… ningún tema ha logrado concretar Barack Obama y ha iniciado su último año como presidente de Estados Unidos. Lo peor es que ya empezó el proceso electoral y los republicanos no están dispuestos a aprobar leyes y reformas que se conviertan en banderas de los demócratas

Roberto García Hernández*/Prensa Latina
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El Congreso estadunidense tiene ante sí tareas muy difíciles de cumplir en 2016, periodo en que enfrentará complejos asuntos domésticos y de política exterior, en medio de la campaña para las elecciones generales de noviembre próximo.
Republicanos y demócratas en ambas cámaras del Capitolio intentan llevar adelante su abultada agenda y a la vez reforzar sus posibilidades con vista a dichos comicios, en particular aquellos legisladores que les espera una ardua lucha por su reelección.

A esto se suman los esfuerzos que cada agrupación política realiza en función de los respectivos aspirantes a la jefatura de la Casa Blanca.

En ambas direcciones de la contienda también desarrolla una labor significativa el presidente Barack Obama, en apoyo a sus correligionarios en el Capitolio y para cumplir su lógica aspiración de que quien lo releve en el cargo también sea del Partido Demócrata.

Los refugiados del Oriente Medio

Entre los puntos más complejos para los congresistas este año está el plan de Obama para recibir a unos 10 mil refugiados sirios, programa que está bajo fuertes críticas del partido rojo, que ve esta decisión como una supuesta vía para la entrada de terroristas a territorio estadunidense.
Entre los puntos más complejos para los congresistas este año está el plan de Obama para recibir a unos 10 mil refugiados sirios”
Las principales figuras republicanas en la Cámara alta prometieron someter a votación un proyecto sobre el tema en el primer trimestre de 2016; pero, de acuerdo con el diario The Hill, no está claro el contenido específico de la propuesta, destinada a bloquear los objetivos de la iniciativa de Obama.

Para el sitio digital Roll Call, al parecer el lenguaje de la legislación sería muy similar a la que aprobó en noviembre la Cámara de Representantes y que contiene fuertes restricciones a la entrada de los inmigrantes sirios e iraquíes al país, con el pretexto de que constituyen una amenaza a la seguridad nacional.

La guerra contra el Estado Islámico

Otra temática que el Congreso tiene ante sí es el debate en torno a la autorización del uso de la fuerza militar (AUMF) contra el Estado Islámico (EI) en Siria e Irak, una prioridad para demócratas y republicanos, aunque ambas partes tienen sus propias proyecciones respecto a este proyecto.

La Casa Blanca asegura que posee la autoridad legal para combatir al EI, pero presiona al Congreso para lograr un permiso explícito que actualice los textos aprobados para usar el poderío militar contra Irak y Afganistán.

Estos documentos los avaló el Legislativo tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, bajo la administración del presidente George W Bush (2001-2009).

guantanamo-cuba-300Algunos congresistas introdujeron en los últimos meses varias iniciativas para la elaboración de una nueva AUMF, pero los debates se estancaron en medio de desacuerdos sobre lo que debe incluir dicha autorización, cuyo texto original fue presentado por la Casa Blanca en febrero de 2015.

El documento auspiciado por Obama recibió fuertes críticas de los republicanos, quienes lo consideraron demasiado restrictivo, mientras los demócratas dijeron que no contenía los límites necesarios para la realización de operaciones militares en el Oriente Medio.

En agosto de 2014, la coalición militar liderada por Estados Unidos comenzó a realizar ataques aéreos contra dicha agrupación terrorista en territorio de Irak; acciones que se extendieron a suelo sirio en septiembre de ese año, sin la autorización del gobierno de Damasco.

La cárcel en la base de Guantánamo

La cárcel de Estados Unidos en la base naval de Guantánamo, en el Este de Cuba, es otro asunto que ocupará el poco tiempo de trabajo que tendrán los congresistas en los próximos meses, recortado por los recesos legislativos previstos y las campañas para los comicios de noviembre.

Desde hace varias semanas, Obama anunció que prepara un conjunto de acciones ejecutivas, destinadas a cerrar la penitenciaría de dicho enclave militar ubicado en territorio cubano contra la voluntad del pueblo y el gobierno de la isla caribeña.

Sin embargo, la oposición republicana hace sus mayores esfuerzos para bloquear la iniciativa presidencial, una promesa que el mandatario hizo desde antes de asumir su primer mandato en 2009, pero que no pudo cumplir.

Hasta la fecha, esa penitenciaría, donde ahora quedan 104 detenidos, costó más de 5 mil 200 millones de dólares a los contribuyentes estadunidenses, y el gasto por cada reo es de unos 2.5 millones de dólares al año.

Creciente violencia armada

Sobre el tema del control de armas, la administración y los congresistas demócratas insisten en que el Capitolio apruebe una nueva legislación para detener la creciente ola de violencia en Estados Unidos, pero hasta la fecha no fue posible llegar a un acuerdo concreto en este asunto.

Al respecto, el 5 de enero de 2016, Barack Obama anunció un paquete de órdenes ejecutivas que se instrumentarán en las próximas semanas, para contrarrestar la inacción del Congreso en este acápite.
El plan del jefe del Ejecutivo impone restricciones a la compraventa y tenencia de armamentos por parte de los civiles e incluye una decena de estatutos que no tienen que ser aprobados por el Congreso.

El tema Cuba

Aunque según los principales líderes republicanos, las relaciones con Cuba no están en las prioridades legislativas, existe un amplio consenso bipartidista sobre la necesidad de levantar el bloqueo económico, comercial y financiero que Washington mantiene contra la isla desde hace más de 5 décadas.

El 17 de diciembre de 2014, el presidente cubano Raúl Castro y su homólogo Barack Obama anunciaron la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países e iniciar un proceso hacia la normalización de los nexos.

Desde ese mismo día, el gobernante estadunidense pidió al Congreso que levantara las sanciones unilaterales, que según las autoridades cubanas ocasionaron pérdidas a la mayor de las Antillas por más de 833 mil 755 millones de dólares, además de daños humanos incalculables.

violencia-armada-300Además, estas medidas punitivas constituyen el principal escollo para el mejoramiento sucesivo de los vínculos entre las dos naciones vecinas. El Capitolio es el único con facultades para revertirlas y aunque Obama tiene amplias prerrogativas para reducir significativamente el efecto de estas sanciones, realmente hizo muy poco en ese sentido.

Con éstos y otros asuntos en su complicada agenda, como la reforma al sistema judicial estadunidense y la confirmación de altos funcionarios por el Senado –pendientes desde hace más de 1 año–, expertos advierten que el Congreso no tendrá tiempo para cumplir una buena parte de estas misiones.

Asimismo, la discusión de cada uno de estos temas estará matizada por un profundo viso electoral, porque en los comicios de noviembre no sólo está en juego la jefatura de la Casa Blanca, sino también los 435 asientos de la Cámara de Representantes y un tercio de las curules del Senado.

Esta situación se desarrolla en momentos en que, según encuestas recientes, poco más de 12 por ciento de los estadunidenses aprueba la labor que realiza el Congreso, y cerca de 80 por ciento estima que los legisladores desconocen los intereses de los votantes.

Con estas cifras en mente, advierten los especialistas, los representantes de los grupos de intereses se mueven desde ahora por los pasillos del Capitolio con sus respectivas promesas de apoyo financiero o amenazas de castigos.

Su objetivo es presionar a los legisladores para que cumplan con las expectativas que tienen las grandes corporaciones, grupos de presión y otras entidades que en definitiva constituyen el verdadero poder tras las instituciones oficiales de gobierno en Estados Unidos.
Roberto García Hernández*/Prensa Latina
*Jefe de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: INTERNACIONAL]

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