miércoles, 8 de julio de 2015

El codiciado viento del Istmo

8. julio, 2015        Sociedad

La velocidad del viento, a 10 metros por segundo, ha sido el codiciado recurso de las trasnacionales que llegan a tierras istmeñas, con sus aerogeneradores de 76 metros de alto, que visten ya la región indígena de Oaxaca. Las necesidades de FEMSA (embotelladora de Coca-Cola) y la cervecera Cuauhtémoc Moctezuma para producir su propia electricidad ponen en resistencia a los pueblos de la región, que han decidido impedir la instalación de más de un ciento de generadores, pues temen que afectarán su comercio y alimentación provenientes del mar

Matías Romero, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. En esta región del Sureste mexicano, la riqueza natural es uno de los tesoros más codiciados por las trasnacionales. Energía Eólica del Sur tiene presupuestado un proyecto para que Fomento Económico Mexicano, SAB de CV (FEMSA), embotellador de la compañía refresquera Coca-Cola, la más grande del mundo, y la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma generen su propia energía con el viento que corre por estos lares.
Y es que el aire exclusivo de este territorio es anhelado por las trasnacionales, que ya han instalado aerogeneradores de electricidad y pretenden multiplicar su presencia, entre ellas: Alstom, General Electric, EcoWind, Energies Nouvelles, Eólica del Sur, Eolectric y más. Compañías que han instalado más de 1 mil 500 aerogeneradores, distribuidos en 31 parques por todo el país.
La instalación de estos aerogeneradores también se contempla en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta forma de generar energía inició con la administración de Ernesto Zedillo, en el marco de la apertura comercial con Estados Unidos y Canadá.
Los resultados, al transcurrir 21 años de la instalación del primer parque eólico: despojo, descontento, abuso y división entre los campesinos de la región, contrario a las millonarias ganancias para el sector empresarial.
Desde 2013, la barra de Santa Teresa es uno de los terrenos objetivos en esta región oaxaqueña (el más numeroso en la activación de estos vehículos de electricidad en el país). La empresa de origen español Energía Eólica del Sur (antes nombrada Mareña Renovable) pretende instalar un parque en medio de pescadores para que FEMSA sea dotada de energía.

El financiamiento del BID

El financiamiento de este proyecto, al que se han opuesto las comunidades indígenas y pesqueras del Istmo, se otorgó por la “principal fuente de financiamiento multilateral de América Latina”, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Bajo el proyecto ME-L1107, el BID explica que “consiste en la construcción de una planta de energía eólica de 396 MW [megavatios] en Oaxaca y la infraestructura asociada, en la área del Istmo de Tehuantepec. El proyecto proveerá energía al Fomento Económico Mexicano, SAB de CV, bajo el marco legal del Programa de Autoabastecimiento”.
EL BID anunció desde 2011, en un comunicado de prensa, que este proyecto sería el “mayor parque eólico de México y unos de los más grandes de América Latina”; su número de operación es 2644A/ OC-ME y el financiamiento estimado de 74 millones 991 mil 156 dólares (aproximadamente 1 millón 153 mil 476 millones 466 mil 14 pesos, al tipo de cambio del 29 de mayo de 2015).
El organismo multilateral apuntó en ese mismo comunicado: “Estamos ayudando a México a aprovechar sus abundantes recursos eólicos a fin de satisfacer la creciente demanda de energía y, al mismo tiempo, reducir la importación de combustibles fósiles para la generación de electricidad”. El proyecto consistirá en la construcción de 132 torres con aerogeneradores.

La llegada de los aerogeneradores

Carlos Beas Torres, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec, comenta que la región del Istmo se convirtió en un foco de atención de la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, corporación que realizó estudios para medir la velocidad y la cantidad de viento que circula por esta región.
Además, dice, en México la Comisión Federal de Electricidad estableció en el proyecto La Venta, en 1994, que tendría seis o siete torres, “pero tiempo después [hacia 1996] empezaron a haber algunos gestores que hacían el apartado de la tierra en la que pagaban 20, 50 o 100 pesos por hectárea y decían que ya estaba apartada”.
El luchador social comenta que “desde un principio ha habido una resistencia importante de ejidatarios [que] no vendieron donde era estratégico para la CFE”, y recuerda que fue tan grande la confrontación, que la Comisión denunció penalmente a 73 campesinos de La Venta por el delito de daños por 30 millones de pesos, campesinos cuyo único delito era defender su tierra, dice.
Pedro Orozco Márquez, vocero de la organización social defensores del mar Mugier Ndyuck, quien ha liderado la resistencia en San Dionisio del Mar, comenta en entrevista que desde hace 3 años se tiene detenido el proyecto, pues el pueblo entero se opuso a la llegada de los aerogeneradores. Esta situación trajo con ello el amedrentamiento, acoso y descontento de algunos en la zona; sin embargo, dice, las personas siguen en resistencia y viviendo de la pesca, como ancestralmente se ha hecho.
“La resistencia se mantiene, sigue viva, dejamos en reposo la instalación de aerogeneradores pero ellos están fomentando la división entre la gente. Ahora el pueblo se está contaminando con los partidos políticos e insisten en controlar la voluntad de los pueblos a través de la captación de un color de partido o de otro. Nosotros lo vemos como un problema porque los partidos políticos son obedientes de los objetivos del gobierno, pero no para los pueblos.
“A través de los partidos han corrompido a algunos indígenas ikjots de la región que se han prestado para manipular procesos, creemos que el peligro que tenemos actualmente es que estén haciendo el trabajo sucio para que nuevamente retomen el poder quienes han intentado meter a las trasnacionales”, comenta Orozco Márquez.

Oaxaca, un paraíso con viento

“México es un país con locaciones idóneas para la explotación eólica en gran escala”, dice el ensayo Energía eólica en el istmo de Tehuantepec: desarrollo, actores y oposición social, elaborado por los investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Sergio Juárez-Hernández y Gabriel León.
En el estudio, los universitarios muestran que desde la década de 1980 se vienen realizando estudios que han permitido valorar la calidad y cualidad del aire en esta región.
“Desde entonces sobresalió la región Sur del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, donde la velocidad media anual de los vientos excede los 10 metros por segundo (m/s), siendo que en promedio en el mundo se aprovechan vientos de 6.5 m/s para la generación de energía. Los vientos en el Istmo de Tehuantepec son además relativamente estables, un porcentaje alto de horas por año, de ahí que su potencial energético sea considerado como excelente.
Además, la topografía istmeña es “favorable” para la instalación de centrales eoloeléctricas. “Todo ello lo distingue como uno de los sitios más atractivos en el mundo para la explotación eólica en escala comercial […].
“La construcción de centrales eólicas en el Istmo de Tehuantepec es liderada por empresas privadas, fundamentalmente extranjeras. Los intereses de estas empresas frecuentemente chocan con los de las comunidades locales donde se pretenden erigir los proyectos. Ello se refleja en el descontento social creciente ante el despliegue masivo de aerogeneradores, luego de constatar que el desarrollo eólico no ha beneficiado en la medida esperada a los pobladores locales”, mencionan Juárez y León.

La pobreza en San Dionisio y San Mateo

“Muy alto”, así es el grado de marginación de estas dos comunidades indígenas y pesqueras, que serían afectadas por el proyecto de Eólica del Sur.
Los habitantes de esta región viven del mar, comercian y se alimentan de él; y para ellos es muy sencillo: “Los aerogeneradores traerán problemas; los dos básicos: el aceite que derraman escurrirá al mar y las vibraciones espantarán a las especies”, comenta Pedro Orozco.
De acuerdo con el Catálogo de localidades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el grado de marginación de San Dionisio del Mar pasó en 2005 de “Alto” a “Muy Alto” en 2010, siendo estas las más recientes estadísticas de la Secretaría.
Su población se calcula en 5 mil 68 habitantes y el 43.69 por ciento de ésta vive en condiciones de hacinamiento (unas 2 mil 214 personas); en tanto que el 88 por ciento sobrevive con ingresos de hasta dos salarios mínimos (4 mil 459 aproximadamente).
San Mateo del Mar se encuentra en condiciones similares, aunque de 2005 a 2010 se ha mantenido en el mismo nivel de rezago: “Muy Alto”, con una población superior a la de su comunidad vecina, pues los datos oficiales contabilizan 14 mil 252 personas; con un población en nivel de hacinamiento del 66.07 por ciento; en tanto que el 75.42 por ciento de la población ocupada vive con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

La aniquilación ambiental

Victorio Vázquez Martínez, biólogo por el Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca, dice en entrevista que cualquier obra o magaproyecto tiene siempre un impacto sobre la biodiversidad y “en esta zona, donde están los parques eólicos, hay especies microendémicas; el riesgo es que si desaparecen de esa parte del mundo, desaparecen a nivel planetario. Estos parques implican la remoción de la vegetación, por el manejo y uso, liberan aceites y eso contamina, indudablemente”.
Critica las manifestaciones de impacto ambiental, realizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pues “siempre se hacen según las necesidades de las mismas empresas, no tenemos un estudio independiente. Por ello es preocupante que se extinga la biodiversidad (las aves, los reptiles, etcétera). Mucha de ésta es fuente de alimento y medicamentos. Así de sencillo: si acabamos con toda una especie rompemos toda una cadena de vida”.
Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de la Asamblea Veracruzana de iniciativas y defensa ambiental, comenta que desde 1992, con las reformas hechas al Artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el expresidente Carlos Salinas de Gortari abrió las puertas “a esto que hoy llamamos proyectos de muerte: a toda la actividad minera y la extracción de hidrocarburos, hidroeléctricas y parques eólicos”.
Los candados que aún les quedaban en la Constitución para cometer el despojo contra los pueblos indígenas los concretan en 2014, con la complicidad de todos los partidos políticos y se da esta reforma que abre totalmente la puerta para el despojo de los bienes naturales y comunes de los pueblos, de las comunidades y de la biósfera, asegura.
En el caso de los aerogeneradores, como están prendidos las 24 horas del día, generan vibraciones, hay un ruido que lastima los oídos de las aves, de los mamíferos; ya no hay vacas alrededor de esos parques, los animales pequeños ya se fueron, los ahuyentan y generan enfermedades cardiovasculares por ese ruido permanente que afecta todo el sistema nervioso. Lo quisieron vender como una energía limpia e inocua y ya está muy documentado que provoca daños.
Contralínea solicitó entrevista con los representantes de Energía Eólica del Sur, a través de la encargada de Comunicación Social, Marcela Treviño, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta.

Los números del viento

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), en México hay 2 mil 551 megavatios operando; y se contempla incrementar para 2020 o 2022 a 15 mil.
La primera cifra se genera debido a la presencia de 1 mil 570 generadores, a través de 31 parques eólicos, los que han significado una inversión de 5 mil 100 millones de dólares.
En el país, los parques instalados se encuentran en: Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Chiapas (con un proyecto cada uno), el resto se concentra en Oaxaca.
La AMDEE indica en su portal electrónico que “la energía eólica se considera una forma indirecta de energía solar. Entre el 1 y 2 por ciento de la energía proveniente del sol se convierte en viento, debido al movimiento del aire ocasionado por el desigual calentamiento de la superficie terrestre. La energía cinética del viento puede transformarse en energía útil, tanto mecánica como eléctrica.
 “La energía eólica, transformada en energía mecánica ha sido históricamente aprovechada, pero su uso para la generación de energía eléctrica es más reciente, existiendo aplicaciones de mayor escala desde mediados de la década de 1970 en respuesta a la crisis del petróleo y a los impactos ambientales derivados del uso de combustibles fósiles”.
Se solicitó entrevista con el presidente de la AMDEE, José Adrián Escofet Cedeño, al cierre de la edición no se obtuvo respuesta

Érika Ramírez, @erika_contra/enviada
[SOCIEDAD]

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Contralínea 444 / del 06 al 12 de Julio 2015




martes, 7 de julio de 2015

Reforma fiscal empeora situación económica de México

Para mantener los privilegios de los grandes contribuyentes se reforzará el terrorismo fiscal contra los pequeños. Sin afectar la renta de los más ricos ni generar deuda, al gobierno sólo le resta el recorte al gasto social. Desde 1983, todas las reformas fiscales han fracasado; los propios datos oficiales lo reconocen. Sin embargo, el gobierno federal le apuesta de nueva cuenta a una serie de medidas que empeorarán la situación


Los recortes no son un instrumento adecuado para resolver las crisis. Siempre dije que para salir de la crisis hay que invertir, no sólo aplicar la tijera, pero también acordar medidas necesarias como la lucha contra el fraude y la corrupción.
Werner Faymann, socialdemócrata y canciller austriaco desde 2008
Cuando la Legislatura trata de regular las diferencias entre los patrones y sus trabajadores, sus consejeros siempre son los patrones […]. Aquellos que viven de sus rentas y de sus utilidades son los que hacen las leyes; los que viven de su salario no las hacen.
Adam Smith (cita de Carlos Tello, Sobre la baja y estable carga fiscal en México)
Cuando Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, responsable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirman que la única solución para enfrentar la pérdida de ingresos del Estado, provocada por el desplome de los precios del crudo de exportación, reducir el déficit fiscal, equilibrar las finanzas públicas y mantener la confianza de los inversionistas en México es la reducción del gasto público y no el aumento de los impuestos ni del endeudamiento público, simplemente han apostado por la solución equivocada, sustentada en una ideología política fracasada y en un diagnóstico errado de la realidad, y cuyos resultados serán contraproducentes.
La austeridad sólo agravará la dificultad que pretenden resolver. El problema del desequilibrio en las cuentas públicas no se explica del gasto estatal, en su aparente exceso, como suponen los peñistas. El obstáculo fundamental se ubica del lado del ingreso: en la insuficiente recaudación estructural, producto de la política fiscal regresiva que redujo los impuestos a las empresas y los sectores de altos ingresos; en el ineficiente trabajo recaudatorio de la SHCP; en el estancamiento económico que limita el potencial tributario; en el fracaso de la reforma fiscal peñista de 2013 y de las instrumentadas desde 1983, los cuales han sido inútiles para fortalecer las finanzas del Estado en el corto y largo plazo.

La frugalidad mata

 “¿Por qué razón tenemos que trabajar con austeridad fiscal? ¿Por qué tenemos que ajustarnos a los ingresos tributarios o los bajos ingresos petroleros?”, se pregunta Arturo Huerta González, coordinador de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En un escenario adverso, “no hay ninguna justificación para la austeridad fiscal”, dice Huerta. “Están cayendo las exportaciones, el sector privado no está invirtiendo porque el mercado interno está restringido, está endeudado, está pagando deuda; no hay perspectiva de crecimiento hacia afuera, porque hay un contexto de recesión mundial”.
Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda, ha declarado que México debe “reforzar los motores internos de la economía ante la ausencia del impulso externo que se ha debilitado” (sic).
¿Acaso el recorte fiscal no es como arrojarle arena a los motores internos del consumo y la inversión, los cuales, de por sí, están aletargados por la endeble demanda local, por los deteriorados salarios reales, los escasos empleos formales, los altos réditos?
¿Acaso lo anterior no es el costo de las políticas de estabilización que castigan al consumo interno para reducir la inflación y reorientar la producción excedente hacia el mercado externo? ¿Acaso los bajos salarios reales no son una necesidad para reducir los costos de las empresas y mejorar su productividad y competitividad?
¿Acaso con la caída de las exportaciones petroleras y no petroleras no se paga el costo de la instauración del modelo de economía abierta, orientado hacia el mercado mundial, que convirtió a las ventas externas, primario-exportadoras y subordinadas a la demanda estadunidense, en el “motor” del crecimiento?
Hoy en día no sólo se cosechan las consecuencias del endeble consumo externo, debido al estancamiento mundial, la pérdida de espacio en el mercado estadunidense ante China y otros productores y el agotamiento del modelo exportador.
México es un país en caos respecto de la conducción económica y política. La “contracción del gasto público no va a estabilizar de nuevo las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque contrae la actividad económica, los ingresos de los individuos, y termina disminuyendo la recaudación tributaria”. La austeridad lleva “a desatender más la esfera productiva, a tener menos condiciones de crecimiento, menos generación de empleo y mayor desigualdad del ingreso”.
Huerta agrega: “si el gobierno quiere recaudar más, tiene que gastar más”. Sólo así se “incrementará el ingreso nacional [y la] recaudación”. Debe “retomar a la política fiscal contracíclica”. “El gasto [público, debe emplearse] para contrarrestar la caída de exportaciones, del consumo y la inversión del sector privado.
 “La política fiscal debe encaminarse a crear condiciones de crecimiento, de empleo bien remunerado”. A “incrementar los gastos en salud, en educación gratuita y de calidad”. Para Huerta, esos son “nuestros principales, problemas”.
Por desgracia, agrega, con el recorte del gasto público, con la austeridad fiscal, el gobierno quiere mandar señales a los mercados financieros internacionales de que se va a defender a toda costa la estabilidad peso-dólar, las condiciones macroeconómicas de estabilidad, y se pregunta: “¿quién se favorece de la austeridad de la moneda? El que controla la moneda: el sector financiero”. La política económica a los intereses responde, no a los de la nación.
Por ello, dice Arturo Huerta: “las políticas económicas no son neutras”. La crítica del académico a los recortes en gasto público de 2015 y 2016, a los que puede agregarse el de 2013, y el presupuesto de base cero, debido a sus efectos recesivos y antisociales, es respaldada por las amargas experiencias de crisis de 1982-1984, 1986, 1995, 2001, 2006 y 2013, años en los que también se impusieron medidas similares. Actualmente la Unión Europea y la eurozona repiten la misma historia.
Sin embargo, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray vuelven a imponer la austeridad a la nación como un fatalismo ineludible para corregir el desequilibrio entre los ingresos y egresos públicos y eliminar el déficit fiscal. Pero como señala Arturo Huerta, a la caída de los ingresos fiscales petroleros le seguirá la pérdida de los impuestos no petroleros, a medida que la producción se deslice por la pendiente descendente del ciclo económico, lo que agravará el estancamiento económico que caracteriza al gobierno actual.
Ésa es la racionalidad de la ortodoxia monetarista estabilizadora que cualquier estudiante de economía conoce perfectamente. Sin duda, también lo sabe Videgaray. Pero repite la misma terapia y finge creer que esa panacea fiscal, que siempre ha fracasado, ahora sí funcionará.
En sus ocurrencias, Videgaray nunca ha planteado cambiar los factores que explican el alto grado de vulnerabilidad de la economía mexicana ante los choques externos (petroleros, ciclos financieros especulativos) y su rápida transmisión hacia el sector real de la economía y la pérdida del mercado interno como puntal del crecimiento: la apertura externa indiscriminada (eliminación de aranceles y otras barreras comerciales, acceso del capital especulativo a los mercados cambiario, de dinero y de capitales, el libre flujo de divisas); el abandono del uso de la paridad cambiaria como instrumento de ajuste de las cuentas externas; la subordinación cambiaria y de las tasas de interés a movimientos de capitales y el control de la inflación; el imperativo del equilibrio de las finanzas públicas y el desmantelamiento del Estado, afectándose a la política económica como instrumento contracíclico y promotor del desarrollo y el bienestar social.
La privación de la soberanía de la política fiscal, monetaria y de la política económica en general, la austeridad, sólo han tenido un beneficiario: el gran capital nacional y trasnacional económico y financiero.

El fracaso de la regresividad fiscal

Es innegable que la dinámica de la economía condiciona la disponibilidad de los ingresos fiscales del Estado. Éstos se reducen cuando el crecimiento se debilita y mejoran con su expansión.
Pero también existen factores políticos, estructurales, institucionales, normativos, que determinan los requerimientos, la disponibilidad y la manera en que se obtienen los ingresos fiscales. De ellos no dicen nada Peña ni Videgaray.
La razón es obvia. Porque están relacionados con el sesgo ideológico-político, los intereses y los compromisos de los gobernantes en turno; la capacidad de los diferentes sectores sociales para influir en la orientación de la política fiscal. Esos y otros elementos que determinan los objetivos de la política de ingresos y egresos del Estado; el reparto de sus costos y beneficios; los instrumentos empleados para alcanzarlos y su relación con las metas de la política económica: el crecimiento, el empleo, la distribución del ingreso y la riqueza, el bienestar social, los precios, el ciclo económico.
A Enrique Peña y Luis Videgaray sólo les interesa cuadrar las hojas de balance por medio del ajuste del gasto. Sin modificar la política tributaria –el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos para determinar la carga impositiva que financia al Estado– ni el resto de la política fiscal, base del modelo neoliberal, de la legitimidad del sistema ante los “mercados” y del descrédito ante las mayorías.
Nada importa que las diversas “reformas fiscales integrales” impuestas entre 1983 y 2015 hayan fracasado en su intento por superar la histórica y estructural restricción de los ingresos. Naufragan porque sus directrices atentan contra la tributación: la baja de impuestos a las empresas y los sectores de altos ingresos (ver gráfica 1); la preferencia de los impuestos indirectos (el consumo) sobre los directos (la renta) y los no tributarios (petroleros) sobre los tributarios; los generosos beneficios discrecionales, de dudosa legalidad, concedidos por Hacienda y el Ejecutivo; la ineficiencia de las autoridades en la recaudación.
Paradójicamente, la aplicación de la mayoría de esas medidas representa el éxito del neoliberalismo fiscal. Lo que se quería era reducir las cargas tributarias a las empresas y los sectores de altos ingresos.
Esa raquítica arquitectura tributaria, políticamente regresiva e inequitativa, sólo puede funcionar mientras funciona un artificio: los impuestos petroleros. Pero la bonanza petrofiscal y de los petroprecios, iniciada en 2002 se colapsó en junio de 2014 y el edificio mostró sus fisuras estructurales, sin que se cumpliera la lógica fiscal: menos impuestos, más ahorro, más inversión. Esta última pasó de 27.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 1980-1981 a 21 por ciento en 2014.
Carlos Tello Macías, quien fue secretario de Programación y Presupuesto (1976-1977) y director del Banco de México (1982), encargado de la nacionalización bancaria y el control cambiario, ha dicho que “es la falta de recursos públicos y no la insuficiencia de incentivos fiscales lo que ha limitado el desarrollo económico. Durante el periodo 1982-2012” –el ciclo neoliberal–, “el sistema fiscal ha sido incapaz de promover la circulación del excedente generado hacia fines de desarrollo económico y social”.
Con relación al peñismo, Tello ha agregado: “la reforma de 2013 está muy lejos de ser la que el país necesita. No avanza en la eliminación de los factores estructurales que explican la baja y estable carga fiscal que ha prevalecido a lo largo de los años”. No “ofrece soluciones, por así decirlo, coyunturales que aporten recursos significativos en el corto plazo. El problema cobra en la actualidad una magnitud más aguda por la inminente reducción de los recursos fiscales derivados del petróleo ante la caída de los precios internacionales, la reforma del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la radical apertura del sector a la inversión”.
En 2010 los economistas Tello y Domingo Hernández señalaron que “la severa crisis económica de los últimos 2 años ha puesto en evidencia –una vez más–, la fragilidad de las finanzas públicas en México, caracterizada, entre otras cosas, por una muy baja capacidad de recaudación tributaria”. Tello agregaba: “a pesar de múltiples ajustes, adecuaciones e incluso reformas a las diversas leyes fiscales y de importantes cambios en la administración de los tributos, la recaudación con relación al producto interno bruto –la carga o presión tributaria– ha permanecido relativamente estable en los últimos 70 años [1940-2013], variando entre 9 por ciento y 10 por ciento”.
Los bajos ingresos tributarios son los peores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de los más bajos en América Latina. Los recursos petroleros sólo los han compensado parcialmente. Por esa razón, el principal instrumento de equilibrio de las finanzas públicas de los últimos años ha sido “la contención del gasto público, particularmente el de inversión”, lo que explica su relativamente reducido nivel, insuficiente “para atender adecuadamente en cantidad y calidad las necesidades de la población en materia social y generar las condiciones para un mejor funcionamiento de la economía y mayores ritmos de crecimiento en el país”.
Debido a lo anterior, se observa un “déficit acumulativo de desarrollo económico, que ya ha puesto en entredicho las posibilidades de crecimiento económico y desarrollo social en el país en los años por venir”. Por desgracia, el vacío dejado por la inversión pública no ha sido compensado por la privada. El resultado general es el estancamiento económico.
Como se puede ver en la gráfica 2, los impuestos presupuestarios del sector público y del gobierno federal, como proporción del PIB, así como sus respectivos gastos programables, que excluyen el pago del servicio de la deuda, se mantienen prácticamente estancados entre 1980 y 2014, pese al aumento de la población, las necesidades de la economía y de recursos para el propio funcionamiento estatal. Los ingresos del sector público mediaban casi 23 por ciento del PIB en 1980-1982 y en 2014 fueron de 22 por ciento del PIB. Los del gobierno federal fueron de casi 14 y 16 por ciento en cada caso. El promedio de la Unión Europea en el último año citado es del orden de 40 por ciento del PIB.
Igualmente, los ingresos tributarios del gobierno federal han estado estancados en alrededor de 10 por ciento del PIB. Dentro de estos gravámenes, el impuesto sobre la renta osciló en 5 por ciento del PIB, y el impuesto al valor agregado se elevaba de 2.4 a 3.7 por ciento del PIB. En cambio, los ingresos no tributarios o indirectos, se elevaron de 4 a 6 por ciento del PIB. Su concepto más significativo; los derechos a los hidrocarburos subieron de 3.3 a 4.4 por ciento del PIB (ver gráfica 3). La importancia adquirida por los gravámenes señalados manifiesta, asimismo, el escaso número de impuestos que ha empleado el Estado para gravar a las personas físicas y las empresas: el impuesto sobre la renta (ISR).
La media de los ingresos tributarios en América Latina es de 14 por ciento. El coeficiente de México es el más bajo. Incluso, países modestos como Haití, El Salvador, Honduras o Guatemala superan el coeficiente mexicano.
La gráfica 4 muestra con mayor claridad la petrodependencia fiscal. En 1986 el petróleo aportó la mitad de los ingresos totales al sector público y en 2014 el 38 por ciento. La proporción es, ciertamente, menor, pero ello no evita sus efectos desestabilizadores. En el caso del sector público, en cambio, es ligeramente mayor en los años de referencia, al pasar de 25 por ciento del total a 26 por ciento.
La limitada recaudación estructural del país se agrava por “la inadecuada administración de los tributos, que resultan en los grandes niveles de evasión y elusión, los tratamientos especiales (exenciones), así como la creciente economía informal”, según Carlos Tello. En cada concepto es la más deficiente, en comparación de países con un desarrollo similar al mexicano.
Tello resalta un aspecto importante que revela el carácter autoritario de la política tributaria: “la potestad arbitraria –del Ejecutivo– para relevar parcial o totalmente a sectores de la población de su obligación de contribuir al erario [y que] ha sido práctica añeja del presidencialismo mexicano”.
Esa arbitrariedad está plasmada en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que le otorga la facultad de conceder, unilateralmente (rasgo típico de los regímenes autoritarios), “toda clase de estímulos tributarios: exenciones y condonaciones, facilidades administrativas para el pago de un impuesto, estímulos y subsidios”. “Con base en ello, el Ejecutivo ha puesto en práctica una política tributaria por decreto”, en el que “hay un amplio espacio para la discrecionalidad tributaria bajo un grueso manto de opacidad”. Esas medidas suelen aplicarse después de que el Congreso de la Unión aprueba el presupuesto.
La constitucionalidad de ese privilegio, empero, está en entredicho. “El andamiaje institucional aquí pareciera tener una falla fundamental: el Ejecutivo no tiene formalmente facultades constitucionales para revertir de manera administrativa lo establecido por el Legislativo en materia tributaria, salvo en situaciones muy particulares, que han sido aclaradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tampoco existe un mecanismo efectivo que sirva de freno al Ejecutivo cuando trasgrede esa regla constitucional”.
Pero en un país como México, donde el sistema presidencialista autoritario permanece intacto, los poderes Legislativo y Judicial siguen subordinados al Ejecutivo, y el imperio de las leyes no es más que una quimera, la constitucionalidad o no de las facultades tributarias del Ejecutivo es otra anécdota más.
Si esa situación no le preocupa al Ejecutivo, tampoco le inquieta que el ejercicio de las facultades citadas complique más la pérdida de los ingresos que restringen el gasto. Al cabo, esos poderes extraordinarios refuerzan su capacidad de negociación, de presión y de control sobre la sociedad, en especial, de los que son beneficiarios de su magnanimidad.
Las sombras que proyecta la política tributaria tienen un efecto colateral: la desconfianza de la población en la manera en que se obtiene, a menudo por medio del llamado “terrorismo fiscal”, y se ejerce la recaudación, bajo la sospecha de la corrupción. Ello, en parte, la estimula para tratar de evadir sus compromisos con la hacienda pública.
Por otro lado, la política tributaria no sólo perdió en el camino su perfil distributivo del ingreso y la riqueza. De hecho, ha contribuido a acelerar su concentración con los amplios beneficios proporcionados a las grandes empresas y los sectores de altos ingresos. Las privatizaciones, los subsidios y otros apoyos han ayudado en esa tarea.
En lugar de reducir el gasto, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray tenían otras opciones para contrarrestar la pérdida de ingresos tributarios. Por ejemplo, crear nuevos tramos en los ingresos para mejorar la progresividad del impuesto a la renta, gravar la propiedad, las herencias y legados, las donaciones, las ganancias del capital o ampliar las cargas a las transacciones financieras. Pero esas medidas no les entusiasman, pues deterioran sus bonos ante los grandes capitales locales y foráneos, y los organismos multilaterales (el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo), que prefieren los recortes y no más impuestos. Grecia sabe de esas cosas.
Toda política tributaria y fiscal progresiva es sospechosa. Resulta mejor la austeridad aplaudida por quienes consideran que es la mejor política fiscal.

Marcos Chávez M*, @marcos_contra
*Economista
[CAPITALES]

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Contralínea 444 / del 06 al 12 de Julio 2015


martes, 30 de junio de 2015

Presupuesto base cero: más recortes y empobrecimiento


Ante la pérdida de ingresos tributarios y petroleros, el gobierno federal ha optado por el presupuesto base cero y el balance fiscal cero. Con ello se sacrificará de nuevo el gasto público: el social, de salud, de educación, las pensiones, el empleo. No se tocarán las grandes fortunas, que seguirán eludiendo al fisco. Así, las capas sociales más bajas serán víctimas de la ausencia de crecimiento, del bajo empleo formal y de la menor capacidad de consumo local

Un predicador a la antigua pronunciando el sermón de los domingos
Milton Friedman, Capitalismo y libertad
En agosto de 2011, a propósito de la reforma pactada entre el social-neoliberal José Rodríguez Zapatero y el neofranquista Mariano Rajoy, que elevó a rango constitucional el compromiso del equilibrio fiscal y de pagar la deuda pública española, el entonces diputado socialista Antonio Gutiérrez, el único de su partido que votó en contra en esa ley, dijo: “así empiezan las ocurrencias, que es muy distinto de las ideas políticas cabalmente pensadas”.
La “ocurrencia” desesperada de Rodríguez Zapatero, después seguida por Rajoy –cuyo partido pregona la doctrina del déficit cero desde 2001–, fue ubicar el pago de la deuda estatal como la “prioridad absoluta” para todas las administraciones, por encima del resto de los egresos públicos no financieros. Esto implicó subordinar el gasto social, el de salud, de educación, las pensiones, el empleo, el seguro del desempleo o el productivo a la liquidación puntual de los intereses y el principal de los pasivos externos.
Para echarle sal en la herida, como diría el periodista español Alejandro Bolaños, además, las nuevas leyes “no admiten la iniciativa popular para su elaboración o modificación”.
El castigo del gasto programable y la elevación de los impuestos –y la creación de nuevos– y de los precios públicos tenían, por tanto, una meta clara: reducir el déficit fiscal global, el cual cayó de 11 por ciento a 4.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) entre 2009 y principios de 2015 y el primario (la diferencia entre el ingreso y el gasto, menos los intereses), que bajó de 9.6 por ciento a 1.6 por ciento del PIB, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). El propósito es que el primero sea de cero y el otro superavitario para generar los excedentes financieros necesarios para cubrir dicho servicio.
Paradójicamente, la deuda pública total del gobierno español no se reduce. Aumentó de 728 mil millones de euros a 1.1 billón de euros entre 2009 y 2014; del 67 por ciento del PIB a 103 por ciento. La del gobierno central subió de 582 mil millones de euros a 930 mil millones de euros; de 54 por ciento a 88 por ciento del PIB. Esto debido a los créditos obtenidos para evitar la quiebra del zombi sistema financiero.
El ajuste es drástico. Pero para la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) es insuficiente. Ellos exigen que el déficit fiscal no supere el 3 por ciento del PIB y que el endeudamiento público no sea mayor a 60 por ciento del PIB. A menos que suceda algo, España necesitará, quizá, un par de años más de sacrificios.
El costo de la política fiscal austera fue la recesión de 2009-2013 (la tasa media real anual fue de -4.5 por ciento) con alto desempleo (su tasa media subió de 18 por ciento en 2009 a 23 por ciento al primer cuatrimestre de 2015, de 2.6 millones de personas a 5.2 millones). Aunque el desempleo de los jóvenes pasó de 847 mil a 755 mil, su proporción dentro del total de este segmento de la población aumentó de 43 por ciento a 53 por ciento. En Europa esos datos desastrosos sólo son superados por Grecia.
El costo político del programa presupuestario antisocial fue la salida de los socialneoliberales del gobierno. Rajoy no tarda en replicar ese destino. Ambos serán derrotados electoralmente por los indignados, arrojados a la oposición con el colapso sistémico del neoliberalismo de 2008-2009 y las subsecuentes medidas autoritarias de la austeridad.
El futuro de la austeridad se vuelve incierto en Grecia y España, sin descartarse el “efecto contagio”.

Del fracaso a las ocurrencias

En el caso de México, lo único que no se les puede objetar a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray es su destreza para allanar el camino a las reformas estructurales neoliberales –entre ellas el desmantelamiento y reprivatización del sector energético–, que sólo han beneficiado a las corporaciones, sin ayudar al crecimiento económico.
Después, como Rodríguez Zapatero, sólo han mostrado una peculiar habilidad para el fracaso y las ocurrencias.
Prometieron crecimiento y, sin embargo, la política fiscal y económica se basa en los cánones de la ortodoxia neoliberal que lo obstaculizan.
La conducción económica, responsabilidad de Videgaray, es un desastre.
Educado en la tradición monetarista y del fundamentalismo del “libre mercado”, y adiestrado en la tijera disciplinaria fiscal y la modernización privatizadora estatal por su paso en tierras de caciques mexiquenses, cuando fue secretario de Finanzas, Planeación y Administración del entonces gobernador Peña Nieto (2005-2009), Luis Videgaray sólo aprendió un par de lecciones. Una es la de la austeridad presupuestaria. Otra es, como diría Yanis Varoufakis, el ministro griego de Finanzas, ayudar a “legitimar la usurpación del poder y la riqueza por parte de un grupo social determinado”, a poner el aparato del Estado en beneficio de los poderosos”. OHL es un buen ejemplo del nuevo trato de los negocios público-privados, y Videgaray algo debe saber… Ese conocimiento ahora lo emplea desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por ello, no es extraño que la política económica y fiscal en 2013-2018 sea de astringencia presupuestal, más que anticíclica y promotora del crecimiento, tarea transferida al capital privado.
En 2013 propuso una reducción del gasto público programable real en 1.4 por ciento y se ejerció con retraso entre enero y agosto, comparado con el aplicado en el mismo lapso de 2012. Después lo aplicó precipitada y desordenadamente. Al cierre del año creció 2.8 por ciento; el del gobierno federal en 4.6 por ciento, sin efectos sobre la aletargada economía.
En 2014, con su “reforma” de impuestos extravagantes, dijo que el gasto programable sería contracíclico: 9.4 por ciento. Al final, el del sector público creció 3.6 por ciento y el del gobierno federal 4.5 por ciento.
Con ese presupuesto se estimaba un crecimiento de 3.5 por ciento y 3.9 por ciento en 2013 y 2014. Pero su variación fue de 2.2 por ciento y 2.5 por ciento. El promedio fue de 2.3 por ciento, contra la tasa de 2.4 por ciento de 1983-2012.
A partir de 2015 todo se ha convertido en una tragicomedia.
Se planea un aumento del gasto programable de 0.3 por ciento, el cual se volvería en un decremento en caso que la inflación superase la tasa de 3 por ciento. Pero no será necesario esperar esa desviación. Hacienda adelantó un recorte por 124 mil millones de pesos y otro por 135 mil millones de pesos para 2016, por lo que en este año, con relación al PIB se ubicará en su nivel más bajo en 8 años.
Hacienda también revalúa a la baja su meta de crecimiento. En 2015, de 3.9 por ciento a 3.3-4.3 por ciento. Para 2016, de 4.9 por ciento a 3.3-4.3 por ciento. El Banco de México (Banxico) ha reducido la primera de 2.5-3.5 a 2-3 por ciento, y la segunda de 2.9-3.9 a 2.5-3.5 por ciento.
En parte, el desastre se debe a que Hacienda fue incapaz de observar y analizar la tendencia del mercado petrolero –el alza especulativa de los precios del crudo (2009-2012), su declinación (2012-2014), su colapso a partir del segundo semestre de 2014 y su bajo nivel de 2015, con expectativas inciertas, a raíz de la “guerra de cotizaciones” y la sobreoferta de crudo– y otros factores económicos internos y externos que llevan al endurecimiento fiscal.
En pleno colapso petrolero, Videgaray y sus muchachos planean como si estuvieran frente a otro catarrito carstense. En los Criterios de política económica de 2015 enviados al Congreso de la Unión en septiembre de 2014, estimaban un precio de 81 dólares por barril (db) para la mezcla mexicana de exportación, de 80 db en 2016, de 85 db en 2017 y de 87 db en 2018. En noviembre, el precio aprobado para el presupuesto fue de 79 db, justo cuando éste ya había perdido casi una cuarta parte de su valor en el mercado con relación a junio (cayó de 98.79 db a 75.23 db), era impredecible su “piso” y era ligeramente menor al de la cobertura contratada (76.4 db).
El ajuste oficial en la cotización evidencia que el gobierno aún no se convencía de esa nueva realidad que percibía como transitoria y se escapaba caprichosamente a su designio y raciocinio.
Ahora estiman un precio del crudo de 50 db para 2015 y de 55 db para 2016. Sobre ese supuesto proyectan el páramo fiscal que caracterizará lo que resta del peñismo.
La tesis de doctorado en economía de Videgaray, de 1998, obtenida en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, versa sobre La respuesta fiscal a los choques petroleros (The fiscal response to oil shocks).
Por lo visto, merced a la actual crisis petrolera, Videgaray no encontró la respuesta fiscal adecuada para tratar de adelantarse preventivamente a esa conmoción y, por añadidura, tampoco halló las opciones pertinentes que, en la medida de lo posible, permitieran sortear sin graves daños sus secuelas perniciosas. No obstante es doctor, es secretario de Estado, y al parecer sueña con la herencia presidencial.
El derrumbe de los precios del crudo y la pérdida de esos ingresos lo tomó desprevenido y lo forzó a actuar después del diluvio como canguro lampareado.
Las soluciones que ha encontrado no son doctoralmente originales. Son triviales. Una es la recuperación del ajuste fiscal tradicional recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuyos efectos recesivos y antisociales son conocidos desde la década de 1980, cuando éstos programas se impusieron intensivamente a escala mundial. Es decir, el recorte del gasto público en el monto necesario para ajustarlo al nivel de ingresos disponibles, afectados por la caída de los recursos petroleros, y al equilibrio fiscal.
Según Fernando Galindo, subsecretario de Egresos, se busca “un déficit público decreciente” que alcance su “equilibrio en 2017”. En 2014 fue de 1.5 por ciento del PIB, excluyendo las inversiones de Petróleos Mexicanos (Pemex), y se espera que baje a 1 por ciento del PIB en 2015, y a 0.5 por ciento del PIB en 2016.
En lo que resta del sexenio, por tanto, privará la austeridad.
La coartada para justificar el ajuste es tediosa: “Atemorizan con que el gasto público y déficit son causas de la inflación y la recesión, lo que exige disminuir los subsidios y reducir la expansión fiscal en las cuentas referidas al empleo público, salarios y cobertura previsional. Ése es el recorrido”, dice el economista Alfredo Zaiat.
Como dice el economista Alejandro Nadal: “La austeridad fiscal, el brutal recorte del presupuesto, tiene por objeto principal calmar las inquietudes de los dueños de las reservas”, es decir, los inversionistas. “La retórica de que el gobierno es como cualquier familia y no puede vivir por arriba de sus recursos es falsa. Ninguna familia tiene la capacidad de recaudar ingresos tributarios. En el fondo, la austeridad fiscal sacrifica la economía real y sólo sirve para que la economía mexicana siga manteniendo su función de espacio de servidumbre financiera”.
Videgaray nunca podría ser ministro de Finanzas del griego Alexis Tsipras o la argentina Cristina Fernández, renegados de la austeridad neoliberal y militantes del activismo fiscal keynesiano, que desafía la ortodoxia de las finanzas y busca ampliar la autonomía restringida de la política económica.

La moda del presupuesto autista base cero

A su falta de creatividad, Videgaray añade un aderezo ocurrente: el llamado “presupuesto base cero” (PBC), el cual no es una propuesta innovadora; de mejor calidad demostrada en otros países donde se hayan aplicado.
Jorge E Dávila, de la Confederación de Cámaras de Comercio, dijo en 2010: “Ya no queremos el incremento de tasas impositivas, vamos por la revisión de los egresos de los gobiernos. [Queremos] presupuestos base cero y no inerciales”. Ello pese a que Claudio X González, “el energúmeno que estigmatiza a los maestros, desacredita la enseñanza pública e intimida a quienes no se supediten a su agenda y sus deseos” (Luis Hernández Navarro dixit), reconoce en ese momento que la experiencia internacional ha dejado resultados mixtos.
¿Qué es el presupuesto base cero? Es la revaluación, la “reingeniería” de “cada uno de los programas y gastos, partiendo siempre de cero”. El presupuesto “se elabora como si fuera la primera operación y se evalúa y justifica el monto y necesidad de cada renglón del mismo. Se olvida del pasado para planear con plena conciencia el futuro”. Se basa “únicamente en las expectativas para el año siguiente, sin referencias a los años anteriores, sin base de datos históricos”, en nuevas operaciones [diferentes] a las habituales de la empresa. Significa “la reorientación de los recursos con mayor efectividad”, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
Será un simpático presupuesto históricamente amnésico. “Es como decir borrón y cuenta nueva y volvemos a asignar todas las prioridades de gobierno asignándoles cierto tipo de presupuesto dependiendo de las prioridades que se presentaran”, dice Sunny Villa, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Como se sabe, el PBC (zero base-budgeting), visto por Videgaray como la panacea, fue inventado por Peter A Pyhrr a finales de la década de 1970 y lo aplicó en la empresa Texas Instruments. Después fue adaptado en otras corporaciones con resultados diversos, los cuales han sido mitificados. Sobre todo a partir de que Jimmy Carter lo convirtiera en moda al aplicarlo en el estado de Georgia, del cual fue gobernador (1971-1975). Pyhrr fue contratado para diseñar el presupuesto base cero.
Carter dijo que logró un ahorro por más de 55 millones de dólares en el cuatrienio, monto nada espectacular. Sin embargo, en 2004 alguien aclaró que, en realidad, el ahorro fue de apenas de 5 millones de dólares, si a aquella cantidad se le restan los costos de la elaboración de los presupuestos bajo la nueva figura (Steven F Hayward, “The real Jimmy Carter”, Regnery Publishing, 2004). Como presidente (1977-1981), Carter quiso imponerlo en el terreno federal, pero a menudo los costos administrativos y de gestión no compensaban los ahorros. Cuando Reagan llegó a la Casa Blanca lo desechó.
La técnica presupuestal inercial, es decir, su variación anual según la inflación y los recursos disponibles por programas definidos o de PBC va de la mano de la política. No es neutral. En realidad, la primera es un instrumento de la segunda que define los objetivos e instrumentos de la política económica; la prioridad de los diferentes conceptos del gasto público, en el corto y largo plazo; la manera en que se obtendrán los ingresos para financiar los egresos; la existencia o no del equilibrio de las finanzas estatales; la relación de la política fiscal con el resto de los programas económicos.
Más allá de las dificultades técnicas que implicará su aplicación en México (evaluación, definición de programas y paquetes y su costo-beneficio, recursos que se destinarán y la supervisión de su ejercicio, el papel de los operados, etcétera), en los tres niveles de gobierno, el federal, estatal y el municipal, vale la pena destacar otros hechos relevantes, de evidente contenido político, que los peñistas pretender oscurecer.
Uno de ellos es la pretensión de manejar el PBC como si fuera una empresa y Videgaray su gerente (aunque ya lo sea, pero de la Casa Blanca, el FMI y el Banco Mundial), donde todo se reduce a una visión técnica de la política fiscal, cuantitativamente mensurable, por medio de la optimización de la relación costo-ahorro-eficiencia-productividad-beneficio.
Con ese sesgo ideológico-político busca sustituir al Estado como concepto político que involucra una forma de organización social, económica y política, a las instituciones que lo representan, las formas en las que se relacionan los diferentes sectores de la población, entre otros elementos. En la que la política fiscal no es más un instrumento que forma parte de la política económica, cuyos objetivos –unos mensurables, otros inmensurables– e instrumentos que emplea para conseguirlos definen la orientación de las políticas del Estado, los compromisos sociales que representan.
Esa oblicuidad tecnocráticamente “inocente” es otra tentación autoritaria que pretende agudizar el control político del Ejecutivo sobre los poderes Legislativo, Judicial y sobre la sociedad. La política fiscal y sus componentes, el ingreso y el gasto público, son resultados de los acuerdos sociales históricos, de compromisos e intereses, cambiantes en el tiempo. Con ese y otros instrumentos se define la relación Estado-mercado-sociedad, las pautas del desarrollo y el ciclo económico, su importancia para la producción, el empleo, los precios. La imposición del neoliberalismo como proyecto de nación implicó la destrucción y sustitución del surgido de la Revolución Mexicana.
La imposición “técnica” del PBC, bajo el principio del “gobierno austero”, como dicen Videgaray o Galindo, representa, asimismo, otra fase de las reformas estructurales neoliberales iniciada en la década de 1980 y que modificó el papel del Estado: la reducción de su tamaño y sus funciones; las privatizaciones de entidades públicas y de sectores estratégicos, la asociación público-privada.
Galindo es claro: “Hoy se nos presenta una oportunidad para poder revisar cuál debe ser el tamaño óptimo del gobierno, acorde a nuestra nueva realidad presupuestal”; todo programa, proyecto y “todas las estructuras administrativas del gobierno” serán modificadas, reducidas, fusionadas o desaparecidas, aun cuando se pierdan empleos. Ya se sabe cómo se vencerán las resistencias.
La disciplina fiscal descansa en un fatalismo: la pérdida de ingresos tributarios y petroleros ante la cual no se puede hacer nada más que resignarse; y en dos principios voluntarios inmodificables: la decisión de no elevar ni inventar impuestos, ni de recurrir al endeudamiento.
El presupuesto base cero y el balance fiscal cero, por tanto, sacrifican el gasto público. En ese sentido, la austeridad se convierte en una indestructible camisa de fuerza para el Estado, Peña Nieto y las promesas de crecimiento, el empleo, el bienestar.
Nada se dice que el problema no es de gasto, sino fundamentalmente de la restricción del lado de los ingresos públicos, como consecuencias de la caída de éstos con relación al PIB en los últimos 32 años. Esto debido a la política fiscal regresiva que redujo las cargas fiscales a las grandes empresas y a los sectores de altas rentas y que no afecta sus mecanismos de elusión fiscal. La ausencia de crecimiento, de bajo empleo formal y de contribuyentes, la menor capacidad de consumo local refuerzan el deterioro de la recaudación, una de las más bajas del mundo.
La petrodependencia fiscal se magnifica ante la vulnerabilidad de los ciclos del mercado petrolero internacional. Los bajos ingresos fiscales sintetizan el fracaso de las sucesivas “reformas fiscales integrales” aplicadas desde 1983.
De manera general, ellas son reflejo de la mecánica de la política económica y del modelo de nación.

Marcos Chávez M*, @marcos_contra
*Economista
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Contralínea 443 / del 29 de Junio al 05 de Julio 2015


lunes, 29 de junio de 2015

OTAN-Rusia: el inicio de la guerra híbrida

28. junio, 2015        Opinión


El pasado 18 de junio de 2015, en la localidad de Zagar, Polonia, se llevó a cabo un simulacro militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) llamado Noble Jump (Salto Noble) donde se ensayó la capacidad de reacción de la alianza militar con la participación de nueve naciones (Alemania, Bélgica, Lituania, los Países Bajos, Noruega, Polonia, República Checa, Hungría y Estados Unidos) con un total de 2 mil 100 soldados participantes. Este ejercicio militar de dimensiones históricas, nunca antes visto desde la Guerra Fría, responde a la operación Punta de Lanza (Spearhead en inglés), que planea erigir un ejército en común para la rápida intervención de la OTAN en los países de la periferia de la Organización, situados a escasa distancia del enclave ruso de Kaliningrado.

La ministra de Defensa de Alemania, Ursula von der Leyen, afirmó durante el simulacro militar en Polonia que “nos es importante, como país líder de la Fuerza Punta de Lanza de la OTAN, aquí en Polonia, enviar una señal clara. Hay que enviar una señal a los socios orientales, que les vamos a brindar protección. Nueve naciones han demostrado su interoperabilidad, como el conocerse y tenerse confianza”. Junto con sus homólogos presentes –el ministro de Defensa polaco, Tomasz Siemoniak, la neerlandesa Jeanine Hennis-Plasschaert, la noruega Ine Marie Eriksen Søreide, además de la presencia del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg– pusieron por primera vez en obra una práctica de la denominada Very High Readiness Joint Task Force (Fuerza de Choque Conjunta de Alta Disposición Operativa, VJTF), con el fin de coadyuvar a la creación de una respuesta rápida para la asistencia de los Estados miembros de la coalición militar bálticos y fronterizos a la Federación Rusa. El general alemán de la OTAN, Hans-Lothar Domröse declaró al periódico alemán Die Welt: “Nosotros deberíamos proveer a nuestros aliados con armas modernas y potentes, como helicópteros, obuses, tanques, sistemas de cohetes antiaéreos y equipo pesado de punta, además de entrenarlos en su uso”.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su lado, anunció en el Salón Militar Ejército-2015 en Moscú, a mediados de junio, que más de 40 nuevos misiles balísticos intercontinentales capaces de resistir a los sistemas de defensa antiaérea más sofisticados serán desplegados por las Fuerzas Armadas rusas. A lo que el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, respondió declarando que esta medida era “innecesaria y poco constructiva”. La posible presencia militar de 3 mil efectivos de Estados Unidos en los Países Bálticos (Estonia, Letonia, Lituania), Polonia, Bulgaria y Rumania parece ser una de las razones, para el Kremlin, de tomar decisiones tan drásticas de rearme.
La guerra híbrida presentada por la ministra Ursula von der Leyen en la pasada Conferencia de Seguridad en Múnich, Alemania, sería la combinación de diferentes formas de guerra simultáneas, es decir, la acción militar con la presión económica y el uso de propaganda con fines desestabilizadores. Estas tres medidas ya están en marcha, sobre todo la presión económica, dado que el miércoles 17 de junio, en una reunión en Luxemburgo, la Unión Europea decidió prolongar las sanciones económicas hasta enero de 2016, además de prolongar la prohibición de invertir en la península de Crimea por parte de la iniciativa privada hasta junio de ese mismo año. Estas sanciones que tenían como origen un carácter temporal debido a la crisis en Ucrania, parecen ahora convertirse en permanentes ante la lucha frontal contra la nación euroasiática. Cuando ya se están viendo los daños colaterales que ocasionan estas medidas en las economías europeas con la caída de sus exportaciones e importaciones hacia esa nación y la consecuente pérdida de mercados y, por lo tanto, pérdidas cuantiosas para las empresas sancionadas así como de puestos de trabajo, Estados Unidos apenas se ve afectado por su mínimo intercambio comercial con Moscú, es decir, las naciones europeas sí están viendo los costos en la realidad.
“El ejercicio Salto Noble fue planificado para probar y cerciorarse de la capacidad de las tropas de intervención rápida de la OTAN bajo condiciones de operación, para ver que nuestros conceptos y procedimientos funcionaran en caso de una crisis verdadera”, explicó el general estadunidense Philip M Breedlove, del Comando Superior Aliado de Europa, en una publicación del Ministerio de Defensa Alemán. Los mensajes enviados a través de los medios representan hoy el frente propagandístico de la llamada guerra híbrida.
La región de Kaliningrado, donde opera la base naval rusa más importante sobre el Mar Báltico, situado entre Lituania y Polonia, a las puertas de donde la OTAN fue a realizar su ejercicio militar, es probablemente el puesto de primer choque, donde de hecho ya se han visto encuentros entre aviones de caza rusos y de la OTAN en el pasado. La presencia de submarinos atómicos y misiles balísticos intercontinentales a tal cercanía de países miembros de la OTAN, sin duda es un escenario poco alentador para los estrategas de la alianza transatlántica, y una posible razón para reforzar de forma tan ostentativa las capacidades en los países bálticos.
La modernización del Ejército ruso tiene contemplada la incorporación de “[…] unidades de blindados Armata, Kurganets y Bumerang, además de los cañones autopropulsados Koalitsia SV”, según comenta el mandatario ruso en el marco del Salón Militar Ejército-2015. La adquisición de cohetes balísticos intercontinentales como de un submarino atómico se adiciona a estas iniciativas de rearme de las Fuerzas Armadas rusas. La respuesta mutua de ambas partes por equipararse al otro en términos militares parece como una reminiscencia de la Guerra Fría, que condujo entonces a una carrera armamentista sin precedente en la historia.
Cuando los representantes de ambas partes de la contienda pasan a acciones cada vez más concretas de rearme, y la posibilidad de un diálogo y una solución diplomática pasan a un segundo término, es cuando las preocupaciones sobre el estallido de un verdadero enfrentamiento militar se dibujan cada vez con más claridad.
Las sanciones y contrasanciones en pie actualmente –como las medidas de rearme militar en Rusia como en la OTAN misma– parecen forjar el panorama actual de la política internacional. Desde la Cumbre de Gales del Grupo de los Siete en 2004 se ha ido perfilando la operación Punta de Lanza contra la supuesta amenaza rusa. Los aires de guerra que vienen soplando desde ya casi 2 años se están intensificando inexorablemente. Lejos de prometer una solución pacífica a la vista, dan el tono de que la inevitable confrontación está en marcha, que los tiempos de negociaciones se están agotando de a poco. Pese a la inicial prudencia por parte del Kremlin, las tensiones siguen al alza, y la altísima concentración de efectivos y material militar en la zona del Báltico está en auge.
Independientemente del cumplimiento de los Acuerdos de Minsk II, firmados en febrero 2015, la acción militar comienza a primar a la contención. Con una crisis en Ucrania, donde además se está surtiendo de armas al régimen de Kiev en una guerra civil sin salida aparente, los occidentales podrían seguir así su política justificada por una supuesta agresión rusa por un tiempo indeterminado.

Axel Plasa*, @axel_contra
[OPINIÓN]
*Periodista

Contralínea 443 / del 29 de Junio al 05 de Julio 2015


Reforma educativa: ¿evaluación o simulación?



 El tema de la educación en México se ha trivializado y cualquiera se atreve a repetir sin reflexión alguna lo que machacan día y noche los noticiarios de los consorcios mediáticos. Los especialistas del ámbito educativo no son escuchados. Si en verdad existiera un debate acerca de la reforma “educativa”, los expertos podrían ofrecer precisiones epistemológicas, pedagógicas y metodológicas de la educación. Y, en efecto, lo que necesitamos es que el tema se aborde sin apasionamientos ni visceralidades, mucho menos que sean los esbirros del poder los que dirijan el debate.

Realizamos estas precisiones con el objetivo de empezar a abordar el tema que en los últimos días ha causado polémica política, debido a los comentarios a favor y en contra de la evaluación educativa como uno de los ejes rectores de la tan ya sonada reforma, la cual desde sus inicios se mostró como una imposición gubernamental, sin consenso de las bases magisteriales y con un atropello a las garantías laborales de los docentes. Fue realizada por un colectivo de intelectuales orgánicos carentes de conocimientos pedagógicos y epistemológicos que les permitiera realmente generar cambios en los planes y programas de educación básica y fortalecer y actualizar al gremio magisterial.
El Ejecutivo, a través de su secretario de Educación Pública, quien funge como un dictador ignorante de toda pedagogía, esbirro del régimen priísta y dinosaurio antagónico de viejas prácticas abusivas y entreguistas al régimen neoliberal, se atreve a retar al gremio magisterial con el discurso alevoso de que llueva o truene la evaluación educativa va, “pues de no hacerlo sería ofender al presidente”. Más allá de la lambisconería, el discurso es demagógico, indigno de quien ocupa el puesto que en otras épocas ocuparon José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet y algunos otros hombres ilustres que tenían la firme idea de que la educación es uno de los estandartes para que el país realmente progrese.
Es importante destacar que, antes de las elecciones intermedias, el gobierno peñista había suspendido la evaluación docente, esto como un distractor para que los docentes acudieran a las urnas a votar y no se ejerciera presión en contra del voto. Sin embargo, los empresarios de Mexicanos Primero y de Televisa y otros se encargaron de atizar la hoguera con comentarios, se lanzaron contra la decisión por mostrar a un gobierno “débil” y condescendiente a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sus agremiados.
Los comentarios y las presiones al final fructificaron para ejercer la represión en contra del magisterio y evaluarlo por la fuerza y a costa de la violación de sus derechos laborales. Lo peor es que se trata de una evaluación carente de elementos pedagógicos y epistemológicos reales, pues como lo mencionó la directora del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hace algunos meses, este organismo aún no se encuentra preparado para llevar a cabo una labor de tal magnitud, es decir, no se tiene verdaderamente un instrumento que evidencie fehacientemente si un profesor es o no apto para ejercer la docencia.
Esta evaluación docente, como elemento motor de la reforma educativa, es un instrumento que vigila y castiga al gremio, pero que nunca va a mejorar la calidad de la educación en México. Una verdadera reforma –y evaluación– sólo será posible cuando sea elaborada por un grupo de verdaderos expertos en materia educativa.

Miguel López Ortigoza*
*Sociólogo educativo; doctor en enseñanza superior y profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
[OPINIÓN]

Contralínea 443 / del 29 de Junio al 05 de Julio 2015

La silenciosa expansión de China en África

28. junio, 2015        Opinión
 

José Carlos García Fajardo*/Centro de Colaboraciones Solidarias

Nigeria es uno de los países más ricos de África con una de las poblaciones más pobres del mundo. Con una superficie equivalente al doble de España (923 mil 768 kilómetros cuadrados), tiene 120 millones de habitantes, lo que significa que uno de cada seis africanos es nigeriano. Con un 43 por ciento de analfabetismo y un médico por cada 6 mil habitantes no es de extrañar que la mortalidad infantil supere los 95 cada 1 mil. La población está concentrada en el Sur y tiene una densidad urbana cercana al 40 por ciento. Los ingredientes son explosivos.

Es el mayor productor de petróleo de África y el quinto del mundo con la mejor calidad en octanaje. De ahí procede el 90 por ciento de sus divisas, lo que explica su dependencia del mercado internacional controlado por las siete majors que deciden su inestabilidad política, las sucesivas dictaduras militares y una de las administraciones más corruptas del Continente. La economía de Nigeria está en manos de Shell, Mobil, Chevron, Texaco, Elf, Total y Agip, que extraen cerca de 2 millones de barriles diarios. La Shell tiene un papel preponderante en el delta del Níger y está acusada de genocidio contra el pueblo ogoni así como con los ijaws. En 1995 hicieron ahorcar al escritor Ken Saro-Wiwa, que promovía el movimiento de resistencia Ogoni, mientras el Premio Nobel Soyinka tuvo que exiliarse. Sus reservas de gas se estiman en 3.6 billones de metros cúbicos, lo que lo convierten en el tercero del mundo. Tiene una deuda externa de 35 mil millones de dólares, cuyo servicio consume el 40 por ciento de sus exportaciones. El producto nacional bruto ha descendido a 260 dólares por habitante. Pero Nigeria ha sido uno de los países clave para el Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con Colombia, Indonesia y Ucrania, cuya evolución habrá que seguir de cerca. La población está compuesta por numerosas etnias que inducen a la confusión. Predominan los hausas y fulanis, seguidos de los yorubas y de los ibos. Los hausas significan la mitad de la población y, más que un pueblo, se trata de una lengua poderosa hablada por más de 100 millones de personas con un rico y secular pasado cultural unificador. Si perdemos esto de vista, nos perderemos entre el piélago de noticias con las que nos intoxican: siempre hablan de querellas interétnicas y conflictos religiosos. Hablemos más bien de intereses foráneos, de corrupción sostenida y de uno de los Estados más artificiales de África, que obtuvo su independencia en 1960 de Inglaterra, que dominaba desde 1914. Pocos pueblos en el mundo se pueden equiparar en culturas conocidas desde el siglo IX, con estructura estatal, monarquías controladas por asambleas, alcaldes al frente de municipios con poderes efectivos. En contacto con el Imperio de Mali se islamizaron durante los siglos XII y XIV y se convirtieron en los mayores exportadores de esclavos y de eunucos para los clientes árabes del Norte. Son impresionantes las terracotas y esculturas en bronce de los siglos X y XI de Ifé, Oyo, Ilorín y Benin. Francia estimuló el separatismo de los ibos del Sur para hacerse con sus yacimientos de petróleo. No olvidemos que el origen del movimiento de cooperación internacional surgió con la terrible guerra de Biafra, en 1967, que causó cerca de 1 millón de muertos. Una serie de dictaduras militares promovidas por las multinacionales del petróleo han mantenido una inestabilidad que ahora se reviste de conflicto religioso. El problema es que algunos intereses buscan una secesión de las tierras del Sur y el conflicto de Nigeria sólo es abordable en la relación geopolítica con sus vecinos musulmanes del Norte profundizando en la federación de Estados y no en el desmembramiento de las zonas ricas en minerales e hidrocarburos. Los pueblos africanos tienen derecho a repensar su estructura sociopolítica de nuevo. Pero todos los demás pueblos tenemos que permanecer alertas y denunciar la imparable y silenciosa conquista china de esas fuentes de riqueza y de bienestar para los africanos, y controlar sin ambages los efectos deletéreos de una explotación salvaje para el medio ambiente.

José Carlos García Fajardo*/Centro de Colaboraciones Solidarias
*Profesor emérito de historia del pensamiento político y social por la Universidad Complutense de Madrid; director del Centro de Colaboraciones Solidarias
[OPINIÓN]


Contralínea 443 / del 29 de Junio al 05 de Julio 2015

Movimiento de Regeneración Nacional va

28. junio, 2015        Opinión


Tras el desplome electoral del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sobre todo en el Distrito Federal, algunos de sus miembros se lanzaron con todo contra el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).


Los perredistas Miguel Barbosa (coordinador de los senadores) y Pablo Gómez (representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE) argumentan que Morena no es un partido político nuevo: Andrés Manuel López Obrador lleva ya muchos años en la política nacional.

Lo mismo se puede decir de personalidades como Martí Batres, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Clara Brugada: “¿Cómo va a ser un partido nuevo? [En realidad] el PRD compitió dividido [en las elecciones]”, sentenció categóricamente Barbosa en el Senado.
Bajo esa misma perspectiva, Pablo Gómez declaró en entrevista, en la víspera de las elecciones intermedias, que si bien es cierto que hay varios partidos que la representan, la izquierda mexicana es una sola.
En ese sentido, también están quienes piensan que si se sumaran los votos alcanzados por el PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, en realidad el porcentaje de votación de la izquierda mexicana habría superado los 25 puntos. Ese porcentaje los colocaría en competencia con el Partido Acción Nacional (PAN), y en plena capacidad de derrotar a la maquinaria corporativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Sin embargo, los dirigentes perredistas omiten señalar que la mayoría de los militantes de base de Morena nunca formaron parte de las filas del PRD. Olvidan que tanto en 2006, como en 2012, los votantes apoyaron fundamentalmente el programa de gobierno presentado por Andrés Manuel López Obrador.
Los chuchos se niegan a reconocer que López Obrador ha servido de arrastre a la votación de la coalición de las izquierdas y no al revés. En política, la suma de alianzas no es aritmética y tampoco inversamente proporcional. En 2006 el PRD obtuvo más de 100 legisladores y, sin embargo, su papel como oposición fue marginal en el Congreso de la Unión.
A pesar de que Carlos Navarrete (en ese momento coordinador de los senadores del llamado sol azteca) se comprometió a hacer valer el programa de transformación encabezado por Andrés Manuel, tiempo después –con la aprobación de la reforma energética de 2008–, estaba claro que los integrantes de la corriente Nueva Izquierda estaban urgidos por estrechar sus vínculos con el gobierno espurio de Felipe Calderón.
Ya durante la administración de Enrique Peña Nieto, la dirigencia del PRD suscribió el Pacto por México, un acuerdo cupular, que aunque se anunció como un mecanismo para garantizar la “estabilidad política” y la “viabilidad económica” de nuestro país, en los hechos representó la claudicación de las causas que dieron origen al PRD. Las consecuencias de las reformas estructurales están a la vista: no sólo la economía no crece, sino que el descontento social ha aumentado en contra de todos los partidos firmantes de dicho Pacto.
Después de su derrota de junio del año en curso, la dirigencia perredista convoca a la “unidad de la izquierda”, a preparar el terreno para, finalmente, conquistar la victoria en la elección presidencial de 2018. Cargan sus baterías contra Andrés Manuel, culpándolo de alentar la “división” e imponer “voluntades personales”. Es indudable que de haber ido en alianza con el PRD, Morena habría restado su nivel de votación. ¿Qué confianza inspira hoy en día el PRD tomando en cuenta sus posicionamientos de los últimos 3 años? ¿A quiénes representa? ¿Cuál es su fuerza?
Sin lugar a dudas, las tareas de Morena no serán fáciles. A partir de octubre, ya como gobierno, es urgente que marque distancia con la corrupción e ineptitud de los partidos del Pacto por México, ya no sólo con discursos, sino a través de acciones. Ejecutar políticas distintas que construyan empoderamiento popular: establecer una nueva agenda económica nacional y mantener a raya las intenciones de Enrique Peña Nieto de seguir entregando el patrimonio nacional. Si no lo hacen, habrán traicionado la confianza de sus votantes.
En el Congreso es urgente que Morena se constituya como oposición de cara a las reformas estructurales que vienen (privatización del agua, aumentos de impuestos a través de una nueva reforma fiscal, etcétera). Sin abandonar los principios de la izquierda, Morena debe concentrar sus esfuerzos en la propuesta, en sumar voluntades para reivindicar el uso del poder a favor del pueblo.
El PRD traicionó los ideales de la izquierda. Ésa es la razón fundamental de su fracaso. ¿Por qué sus dirigentes no buscan recuperar el apoyo social con acciones concretas? No lo harán porque ya compraron boleto de impunidad con el PRI y el PAN. Ahora que se han visto disminuidos ante Morena, pretenden hacer lo mismo.
El pasado 7 de junio, un significativo porcentaje de la población votamos por el partido encabezado por López Obrador, casi 9 por ciento, en apenas 1 año de vida de esa organización política. El desafío principal consiste en ganar fuerza nacional con base en la demostración de que sí es posible transformar el estado de cosas. Mientras tanto, Morena va…

Ariel Noyola Rodríguez*
*Economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México
[OPINIÓN]


Contralínea 443 / del 29 de Junio al 05 de Julio 2015