viernes, 19 de septiembre de 2014

Índice Contralínea 403

Índice Contralínea 403
 
 

 
 
Contaminados, siete de cada 10 ríos de México
14. septiembre, 2014 Autor: Elva Mendoza @elva_contra  Medio Ambiente     Portada 
En los ríos mexicanos se puede encontrar mercurio, plomo, cadmio, níquel,... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/09/contralinea-403-b.jpg http://bit.ly/1r6ThTv http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/09/14/contralinea-403/

jueves, 18 de septiembre de 2014

La guerra secreta en Grecia

La guerra secreta en Grecia En 1967, Estados Unidos no vaciló en orquestar el derrocamiento del gobierno legítimo y mayoritario de Grecia por una camarilla militar extremadamente minoritaria para mantener así el orden liberal
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/09/grecia.jpg http://bit.ly/1qPUVtB http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/09/19/la-guerra-secreta-en-grecia/

miércoles, 17 de septiembre de 2014

El fracaso de las represas


18. septiembre, 2014     Línea Global


Más del 80 por ciento de las presas hidroeléctricas que se han construido en el mundo han generado más perjuicios que beneficios, revela una investigación de International Rivers. Los costos económicos, ambientales y sociales son más caros que los beneficios que generan. Casi todas las presas han provocado mala calidad de agua, baja biodiversidad, despojo, desplazamientos. Los beneficios son de corto plazo

Carey L Biron/IPS
Washington, Estados Unidos. Las grandes represas tienen un probable impacto negativo en la calidad del agua y la biodiversidad, según un nuevo estudio que investigó y relacionó los datos extraídos de unas 6 mil obras de este tipo en todo el mundo.

Los investigadores de International Rivers (IR), una organización independiente con sede en Estados Unidos, compilaron y compararon los datos de casi 6 mil de las aproximadamente 50 mil grandes represas del mundo en las 50 principales cuencas fluviales del planeta.

Ochenta por ciento de las veces encontraron que la presencia de represas de grandes dimensiones, por lo general superiores a los 15 metros de altura, implicaba mala calidad del agua, con altos niveles de mercurio y de sedimentación atrapada.

Los investigadores señalan que las correlaciones no indican necesariamente relaciones causales, pero sugieren un patrón mundial claro. IR solicita ahora que una comisión intergubernamental de expertos elabore un método sistémico para evaluar y monitorear la salud de las cuencas fluviales del planeta.

 “La fragmentación de los ríos debido a las décadas de construcción de represas está altamente correlacionada con la mala calidad del agua y la baja biodiversidad”, aseguró IR al presentar El estado de los ríos del mundo, una base de datos en internet con las conclusiones del estudio.

 “En muchas de las grandes cuencas fluviales del mundo se construyeron represas hasta el punto de provocar su grave deterioro”, según la investigación.

La cuenca del Tigris y el Éufrates tiene 39 represas y es uno de los sistemas más “fragmentados”, según IR. La consecuencia es una gran disminución en los pantanos tradicionales de la región, incluida la flora tolerante a la sal que ayuda a sostener las zonas costeras, así como el descenso en la fertilidad de la tierra.

La investigación monitoreó la construcción de las represas junto con indicadores sobre la biodiversidad y la calidad del agua en las cuencas fluviales afectadas.

 “La mayoría de los gobiernos, en particular del mundo en desarrollo, no tienen la capacidad de realizar un seguimiento de este tipo de datos, por lo que en ese sentido están a ciegas cuando adoptan políticas relativas a la construcción de las represas”, afirma Zachary Hurwitz, el coordinador del estudio, a Inter Press Service (IPS).

Cuatro de los cinco sistemas fluviales más fragmentados están en Asia meridional y oriental, según el estudio. Y cuatro de los 10 más afectados se encuentran en Europa y América del Norte, que tienen la mayor cantidad de represas, especialmente en Estados Unidos.

La construcción de estas obras afecta relativamente menos a dos de las regiones más pobres: África y América del Sur. Pero ambas tienen un enorme potencial hidroeléctrico y una demanda energética creciente, por lo que muchos de sus países pretenden sacar provecho de la energía fluvial.

IR señala que Brasil tiene previsto construir más de 650 represas de todos los tamaños. El país también alberga una gran cantidad de especies que se verían amenazadas por este tipo de obras.


Brasil, China e India no sólo construyen represas en sus propios territorios, sino que sus empresas también venden cada vez más este tipo de construcciones a otros países en desarrollo.

Las “cuencas menos fragmentadas son objeto en la actualidad de una gran expansión de la construcción de represas”, dice Hurwitz.

 “Pero si nos fijamos en la experiencia y los datos de las áreas con una construcción históricamente alta de represas, como la cuenca del Misisipi, en Estados Unidos y la del Danubio, en Europa, es probable que esas tendencias preocupantes se repitan en las cuencas menos fragmentadas si continúa esta proliferación de su construcción”, advierte.

Los activistas expresan una inquietud especial ante la confluencia de la construcción de las represas y el impacto potencial del cambio climático en la biodiversidad de agua dulce.

IR solicita que una comisión intergubernamental de expertos evalúe el estado de las cuencas fluviales del planeta con el fin de elaborar indicadores para una evaluación sistémica y mejores prácticas de preservación de los ríos.

 “La evidencia que recopilamos de los impactos a escala planetaria de la alteración de los ríos es lo suficientemente fuerte como para justificar una mayor atención internacional con el fin de comprender los límites a la modificación fluvial en las principales cuencas del mundo”, señaló Jason Rainey, director ejecutivo de IR, en un comunicado.

La carga económica

En particular para los países en desarrollo con una creciente demanda de energía, las inquietudes sobre la construcción de las represas de gran volumen trascienden las consideraciones de carácter ambiental o incluso social.

El acceso a la energía sigue siendo un factor central para el desarrollo y su escasez repercute en temas tan variados como la educación y la industrialización. Además, la preocupación por el cambio climático revitalizó el interés por las represas de gran porte, como quedó de manifiesto con la decisión del Banco Mundial en 2013 de retomar este tipo de proyectos.

Sin embargo, la discusión se mantiene sobre si es la mejor solución, especialmente para los países en desarrollo. Las grandes represas cuestan en general varios miles de millones de dólares y requieren de una intensa planificación que, en obras pasadas, llegaron a superar la capacidad de economías frágiles.

En marzo de este año, un influyente estudio de la británica Universidad de Oxford investigó 250 represas grandes construidas a partir de 1920 y halló una omnipresencia de sobrecostos e incumplimiento de plazos de construcción.

 “Encontramos evidencia abrumadora de que los presupuestos tienen un sesgo sistemáticamente inferiores a los costos reales de las grandes represas hidroeléctricas”, escribieron los autores en el resumen del estudio.
En “la mayoría de los países las represas hidroeléctricas grandes tendrán un costo demasiado alto [...] y llevará demasiado tiempo generar una rentabilidad positiva […] a menos que se proporcionen medidas de gestión de riesgos adecuadas a un costo accesible”, añadieron.

En cambio, los investigadores recomendaron a las autoridades de los países en desarrollo que adopten “alternativas energéticas ágiles” que se pueden construir con mayor rapidez.

Del otro lado de la discusión, la Comisión Internacional de Grandes Represas, una organización con sede en París, Francia, criticó las conclusiones del estudio porque éste se centró en un conjunto poco representativo de represas sumamente grandes. Su presidente, Adama Nombre, también cuestionó el impacto climático de las opciones alternativas que recomendaron los investigadores de la Universidad de Oxford.

 “¿Cuáles serían esas alternativas?”, se preguntó Nombre. “Las plantas de combustibles fósiles que consumen carbón o gas. Sin decirlo explícitamente, los autores utilizan un razonamiento puramente financiero para llevarnos hacia un sistema eléctrico que emite carbono”, aseguró.

Carey L Biron/IPS

*Editado por Kitty Stapp, traducido por Álvaro Queiruga

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 Contralínea 403 / del 14 al 20 de Septiembre 2014

El fracaso de las represas

18. septiembre, 2014     Línea Global,    Comenta


Más del 80 por ciento de las presas hidroeléctricas que se han construido en el mundo han generado más perjuicios que beneficios, revela una investigación de International Rivers. Los costos económicos, ambientales y sociales son más caros que los beneficios que generan. Casi todas las presas han provocado mala calidad de agua, baja biodiversidad, despojo, desplazamientos. Los beneficios son de corto plazo

Carey L Biron/IPS


Washington, Estados Unidos. Las grandes represas tienen un probable impacto negativo en la calidad del agua y la biodiversidad, según un nuevo estudio que investigó y relacionó los datos extraídos de unas 6 mil obras de este tipo en todo el mundo.

Los investigadores de International Rivers (IR), una organización independiente con sede en Estados Unidos, compilaron y compararon los datos de casi 6 mil de las aproximadamente 50 mil grandes represas del mundo en las 50 principales cuencas fluviales del planeta.

Ochenta por ciento de las veces encontraron que la presencia de represas de grandes dimensiones, por lo general superiores a los 15 metros de altura, implicaba mala calidad del agua, con altos niveles de mercurio y de sedimentación atrapada.

Los investigadores señalan que las correlaciones no indican necesariamente relaciones causales, pero sugieren un patrón mundial claro. IR solicita ahora que una comisión intergubernamental de expertos elabore un método sistémico para evaluar y monitorear la salud de las cuencas fluviales del planeta.

 “La fragmentación de los ríos debido a las décadas de construcción de represas está altamente correlacionada con la mala calidad del agua y la baja biodiversidad”, aseguró IR al presentar El estado de los ríos del mundo, una base de datos en internet con las conclusiones del estudio.

 “En muchas de las grandes cuencas fluviales del mundo se construyeron represas hasta el punto de provocar su grave deterioro”, según la investigación.

La cuenca del Tigris y el Éufrates tiene 39 represas y es uno de los sistemas más “fragmentados”, según IR. La consecuencia es una gran disminución en los pantanos tradicionales de la región, incluida la flora tolerante a la sal que ayuda a sostener las zonas costeras, así como el descenso en la fertilidad de la tierra.

La investigación monitoreó la construcción de las represas junto con indicadores sobre la biodiversidad y la calidad del agua en las cuencas fluviales afectadas.

 “La mayoría de los gobiernos, en particular del mundo en desarrollo, no tienen la capacidad de realizar un seguimiento de este tipo de datos, por lo que en ese sentido están a ciegas cuando adoptan políticas relativas a la construcción de las represas”, afirma Zachary Hurwitz, el coordinador del estudio, a Inter Press Service (IPS).

Cuatro de los cinco sistemas fluviales más fragmentados están en Asia meridional y oriental, según el estudio. Y cuatro de los 10 más afectados se encuentran en Europa y América del Norte, que tienen la mayor cantidad de represas, especialmente en Estados Unidos.

La construcción de estas obras afecta relativamente menos a dos de las regiones más pobres: África y América del Sur. Pero ambas tienen un enorme potencial hidroeléctrico y una demanda energética creciente, por lo que muchos de sus países pretenden sacar provecho de la energía fluvial.

IR señala que Brasil tiene previsto construir más de 650 represas de todos los tamaños. El país también alberga una gran cantidad de especies que se verían amenazadas por este tipo de obras.


Brasil, China e India no sólo construyen represas en sus propios territorios, sino que sus empresas también venden cada vez más este tipo de construcciones a otros países en desarrollo.

Las “cuencas menos fragmentadas son objeto en la actualidad de una gran expansión de la construcción de represas”, dice Hurwitz.

 “Pero si nos fijamos en la experiencia y los datos de las áreas con una construcción históricamente alta de represas, como la cuenca del Misisipi, en Estados Unidos y la del Danubio, en Europa, es probable que esas tendencias preocupantes se repitan en las cuencas menos fragmentadas si continúa esta proliferación de su construcción”, advierte.

Los activistas expresan una inquietud especial ante la confluencia de la construcción de las represas y el impacto potencial del cambio climático en la biodiversidad de agua dulce.

IR solicita que una comisión intergubernamental de expertos evalúe el estado de las cuencas fluviales del planeta con el fin de elaborar indicadores para una evaluación sistémica y mejores prácticas de preservación de los ríos.

 “La evidencia que recopilamos de los impactos a escala planetaria de la alteración de los ríos es lo suficientemente fuerte como para justificar una mayor atención internacional con el fin de comprender los límites a la modificación fluvial en las principales cuencas del mundo”, señaló Jason Rainey, director ejecutivo de IR, en un comunicado.

La carga económica

En particular para los países en desarrollo con una creciente demanda de energía, las inquietudes sobre la construcción de las represas de gran volumen trascienden las consideraciones de carácter ambiental o incluso social.


El acceso a la energía sigue siendo un factor central para el desarrollo y su escasez repercute en temas tan variados como la educación y la industrialización. Además, la preocupación por el cambio climático revitalizó el interés por las represas de gran porte, como quedó de manifiesto con la decisión del Banco Mundial en 2013 de retomar este tipo de proyectos.

Sin embargo, la discusión se mantiene sobre si es la mejor solución, especialmente para los países en desarrollo. Las grandes represas cuestan en general varios miles de millones de dólares y requieren de una intensa planificación que, en obras pasadas, llegaron a superar la capacidad de economías frágiles.

En marzo de este año, un influyente estudio de la británica Universidad de Oxford investigó 250 represas grandes construidas a partir de 1920 y halló una omnipresencia de sobrecostos e incumplimiento de plazos de construcción.

 “Encontramos evidencia abrumadora de que los presupuestos tienen un sesgo sistemáticamente inferiores a los costos reales de las grandes represas hidroeléctricas”, escribieron los autores en el resumen del estudio.
En “la mayoría de los países las represas hidroeléctricas grandes tendrán un costo demasiado alto [...] y llevará demasiado tiempo generar una rentabilidad positiva […] a menos que se proporcionen medidas de gestión de riesgos adecuadas a un costo accesible”, añadieron.

En cambio, los investigadores recomendaron a las autoridades de los países en desarrollo que adopten “alternativas energéticas ágiles” que se pueden construir con mayor rapidez.

Del otro lado de la discusión, la Comisión Internacional de Grandes Represas, una organización con sede en París, Francia, criticó las conclusiones del estudio porque éste se centró en un conjunto poco representativo de represas sumamente grandes. Su presidente, Adama Nombre, también cuestionó el impacto climático de las opciones alternativas que recomendaron los investigadores de la Universidad de Oxford.

 “¿Cuáles serían esas alternativas?”, se preguntó Nombre. “Las plantas de combustibles fósiles que consumen carbón o gas. Sin decirlo explícitamente, los autores utilizan un razonamiento puramente financiero para llevarnos hacia un sistema eléctrico que emite carbono”, aseguró.
Carey L Biron/IPS

*Editado por Kitty Stapp, traducido por Álvaro Queiruga

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 Contralínea 403 / del 14 al 20 de Septiembre 2014

martes, 16 de septiembre de 2014

La miseria salarial y las ilusiones de Mancera


El salario mínimo tendría que ser de más de 8 mil 500 pesos mensuales para que tuviera un poder adquisitivo similar al de 1976. Y para que alcanzara a satisfacer las necesidades básicas de una familia, tendría que llegar a los 16 mil 500 pesos. De aprobarse –una posibilidad lejana– la propuesta del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para incrementar los salarios, vendría a agregar sólo 15 pesos diarios a los 69 que actualmente ganan los trabajadores mexicanos. En casi nada cambiaría la situación de 7 millones de asalariados: México cuenta con el peor salario mínimo de la OCDE y es aún más raquítico que el de países como Burkina Faso, Ghana, Camerún o Costa de Marfil. Para recuperar los salarios se tendría que revisar a fondo todo el sistema neoliberal, que mantiene al país en estancamiento crónico (con una tasa de crecimiento medio real anual de 2.4 por ciento entre 1983-2014) y que ha provocado que 86.9 millones de mexicanos vivan en pobreza o miseria

Si en sus conflictos diarios con el capital [los trabajadores] cediesen cobardemente, se descalificarían sin duda para emprender movimientos de mayor envergadura. [Pero] la clase obrera […] no debe entregarse por entero a esta inevitable lucha guerrillera, continuamente provocada por los abusos incesantes del capital o por las fluctuaciones del mercado. Debe comprender que el sistema actual, aun con todas las miserias que vuelca sobre ella, engendra simultáneamente las condiciones materiales y las formas sociales necesarias para la reconstrucción económica de la sociedad. En vez del lema conservador de “¡Un salario justo por una jornada de trabajo justa!”, deberá inscribir en su bandera esta consigna revolucionaria: “¡Abolición del sistema del trabajo asalariado!”
Carlos Marx (1865)

La propuesta de política de recuperación del salario mínimo en México y el Distrito Federal de Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la capital, no es nada ambiciosa en sus propósitos. Y la manera en que fue presentada en público, envuelta en una aparente, sincera y democrática preocupación por los niveles deteriorados del ingreso de las mayorías, no logró despejar el tufo de la suspicacia que, como moscardón, revolotea alrededor del verdadero fin de su iniciativa: sus ambiciones presidenciales.

“Es cierto que –como dice el maestro Álvaro Cepeda– no hay político que no aproveche las oportunidades, pero de esto a ser oportunista hay un océano de por medio”.

¿Acaso Luis Videgaray, por citar a otro suspirante, no actúa de esa manera? ¿Acaso el priísta no se ha envuelto en los harapos de la bandera neoliberal, luego de su decisiva participación en las triunfantes contrarreformas laboral, energética o en telecomunicaciones? ¿Acaso no promete paraísos de crecimiento económico y bienestar, y, a horcajadas de las contrarreformas, deshoja la margarita de los días que le restan para tratar de transformar en realidad su caro sueño: convertirse en el séptimo gerente del “mercado libre” mexicano, mientras el peñismo neoliberal se hunde en el fango del estancamiento crónico y arroja alegremente a miles de personas al anchuroso océano de la miseria?

La desconfianza que persigue a Mancera se nutre con las políticas y las medidas que aplica a los capitalinos, a contrapelo de su iniciativa por elevar los salarios y su poder de compra: los exorbitantes precios que impone, sin el legitimador consenso, al consumo del agua potable, al impuesto predial o al Sistema de Transporte Colectivo Metro; la privatización de las vialidades, o la violencia con que trata a los disconformes sociales, al estilo priísta-panista, por mencionar algunos hechos que han llevado al despeñadero del descrédito a los gobernantes defeños paridos por la ilusoria “izquierda” responsable y negociadora. Tan civilizada que, una vez pulidos sus principios y sus pruritos ideológicos, puede acompañar republicanamente en Palacio Nacional a Enrique Peña Nieto, a un lado Silvano Aureoles, al otro Miguel Barbosa, a quien durante algún tiempo acusaron de llegar a la Presidencia por medio de un supuesto fraude electoral.


Las 10 acciones recomendadas por Miguel Ángel Mancera y sus expertos no buscan ofrecer una alternativa global a las razones políticas, las causas estructurales y los compromisos externos –en el contexto de la internacional neoliberal, mejor conocida como el Consenso de Washington– que provocan y reproducen opulentamente la injusticia de la inequidad y la polarización social, la deliberada redistribución del ingreso y la riqueza, concentrada de manera extrema y ultrajante en una cuantas familias, por un lado, a costa de la pauperización de las mayorías, la exclusión y la inseguridad delincuencial, por el otro, caras contrapuestas e indisolubles del mismo proceso económico y consustancial al nuevo proyecto de nación erigido desde 1982.
Lo anterior hubiera implicado el diseño de una proposición audaz: un viraje estratégico antineoliberal, posneoliberal. El cambio radical en los objetivos de la política económica impuesta por los neoliberales, con el objeto de privilegiar el crecimiento, el empleo formal digno y estable, la recuperación de los salarios reales, la regulación del mercado y la intervención estatal, con una política tributaria progresiva y un gasto público activo.

Aun dentro de los límites capitalistas –así lo reclama la participación electorera del sistema de partidos, aunque su funcionamiento no tenga nada de democrática formal, y porque quienes decidieron unirse a esa carreta aceptaron de buen talante emascular sus tentaciones subversivas–, un proyecto de corte keynesiano equivaldría una apostasía en contra de la política económica ortodoxa fondomonetarista instrumentada de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto-Luis Videgaray, de las contrarreformas neoliberales y la subordinación neocolonial de la economía nacional a la internacional, en espacial a la zona de influencia geopolítica estadunidense.

La tortuga y la liebre

La pérdida del poder de compra de los salarios se debe a que los aumentos de los salarios avanzan a paso de tortuga, mientras que la inflación corre como una ágil liebre. La lógica elemental justiciera indica que, si se deseara una competencia más equitativa, los salarios tendrían que ajustarse adicionalmente para compensar el diferencial entre la inflación esperada y la alcanzada, o incluso por encima de la segunda si se desea mejorar el bienestar de los trabajadores. O al menos deberían regularse los precios de la canasta básica y de otros –como los públicos: gas, electricidad, gasolinas–, que afectan la capacidad de consumo de la población.

Pero la racionalidad de los economistas ortodoxos videgaryanos es otra. Para ellos el control patológico de la inflación es una condición sine qua non para aspirar al crecimiento sostenido y luego repartir sus beneficios. Dicho control exige la administración de la demanda interna: el consumo privado y público. ¿Cómo?

1) Por medio de la contención salarial por decreto; la limitación de su aumento a una tasa similar a la inflación esperada y no la alcanzada, para evitar que su exceso de poder de compra genere supuestas presiones inflacionarias;

2) la política monetaria restrictiva: alto costo del crédito al consumo y la inversión;

3) la sobrevaluación cambiaria, que abarata las importaciones, aunque arruine a los productores locales;
4) la austeridad fiscal (menor gasto público) y el autismo estatal.

Los bajos salarios reales no sólo han sido necesarios para la tiranía de la política económica desinflacionaria. Estructuralmente, también lo son para que las empresas, en un mundo de economías abiertas e integradas, puedan reducir sus costos de producción, elevar su productividad, competitividad y rentabilidad. Asimismo, son caramelos irresistibles para atraer a la inversión extranjera, agobiada por los altos salarios exigidos por los trabajadores en sus países de origen. La posibilidad de las grandes empresas para moverse de una economía a otra, sin restricciones, tiene por objeto, entre otros, aprovechar los salarios de hambre pagados en naciones como México. La tendencia mundial no es homologar los salarios hacia arriba, sino en la pobreza. La “flexibilidad” laboral refuerza la baja de los costos de las empresas por medio de la eliminación de la estabilidad en el empleo, de las prestaciones sociales, de los pagos extras por los cambios en las jornadas de trabajo, de los gastos en la seguridad e higiene laboral y en la capacitación, de las erogaciones y los plazos de despido.

El precio pagado por la política económica ortodoxa es la pérdida del potencial de la demanda efectiva, de bienes de consumo e inversión, hecho que tiene a la producción local y al mercado interno boqueando como pez fuera del agua, el cual no ha sido compensado por las exportaciones, como supusieron los que subordinaron la economía nacional a la mundial, porque sus efectos multiplicadores se transfieren hacia afuera. Ello explica el estancamiento crónico que caracteriza al ciclo neoliberal: una tasa de crecimiento medio real anual de 2.4 por ciento entre 1983-2014; la incapacidad del aparato productivo para generar los empleos requeridos anualmente, el alto desempleo abierto y encubierto (quienes han dejado de buscar una plaza, pero que se encuentran disponibles), el subempleo, la informalidad, la emigración, la delincuencia.

El resultado del modelo es la pobreza y la miseria que afecta a 86.9 millones de mexicanos, el 74 por ciento de una población total de 117.3 millones, según datos de 2012 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En gran medida, esa situación se debe al brutal desplome del poder de compra de los salarios reales, la principal fuente de ingresos de los trabajadores, y cuyos efectos perversos en una parte de la población, sobre todo de las familias marginadas, han sido parcialmente compensados por las remesas enviadas por los propios trabajadores expulsados por el modelo hacia Estados Unidos, y por las envilecedoras migajas asistencialistas repartidas a lo largo de 26 años por los neoliberales, de la Solidaridad salinista (1988) al Prospera (2014) peñista-roblista, que las utilizan como instrumento de manipulación clientelar.

No es difícil suponer que a los trabajadores les angustie, les disgusta recibir esos salarios que no les permiten satisfacer sus necesidades más básicas. Quizá la mayoría de ellos no lo sepa, pero son los peores del mundo. Los más bajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), zona en donde participa México en la esquizofrenia neoliberal primermundista. Apenas superan a los pagados en Haití o la República Dominicana, los menores de América Latina, lo que, sin duda, no es ningún consuelo. Son inferiores a los de Burkina Faso, Ghana, Camerún, Costa de Marfil o El Salvador, por citar algunos parias del planeta, hecho que revela cómo han sido condenados a sobrevivir en los niveles más bajos del infierno terrenal.

Pero la tiranía del “mercado” es implacable. Los obliga a aceptar esos salarios miserables y el cambio desventajoso en las reglas de sus contratos de trabajo. Porque en el mercado laboral formal es el imperio del terror. Todo signo de rebeldía ante la dictadura de la empresa es perseguido y contenido diariamente por el miedo al desempleo dilatado o permanente, la escasez de empleos formales acumulados en 3 décadas, o la espectral sombra de los que anhelan un empleo y están dispuestos a sustituirlos en las más precarias condiciones. Afuera los acechan los nada fantasmales ejércitos de informales, migrantes y delincuentes para arroparlos.


Si no es suficiente la tiranía política y del “mercado”, se dispone otras dos formas adicionales de domesticación: el desmantelamiento de las organizaciones obreras y el control gansteril impuesto por los capos del corporativismo sindical paraestatal y empresarial; y la manipulación de la legalidad por la Secretaría del Trabajo, los tribunales laborales y la Comisión encargada de fijar los salarios mínimos.

El drama de la pobreza y miseria implica, por tanto, algo más que una estrategia salarial que reduzca y elimine, en un periodo definido, su poder de compra perdido desde 1976. Que supere ese máximo histórico y evalúe si el nuevo precio de la fuerza de trabajo ofrece o no una forma de vida digna a los trabajadores. Requiere, asimismo, una reforma laboral que instaure los beneficios laborales conculcados por los priístas-panistas, y un estado de bienestar históricamente negado por el autoritarismo de las elites dominantes.

El deterioro de los salarios reales es la manifestación de la lucha de clases. Es la expresión de la derrota de los trabajadores ante el capital en su lucha por el reparto del excedente económico limitado entre los salarios y las ganancias. Si los salarios bajan, subirán las ganancias; y si aquéllos suben, bajarán éstas. Como escribiera Carlos Marx: cuanto más elevado es el grado de explotación del trabajo asalariado por el capital, tanto mayor es la cuota de ganancia, y ésta expresa la proporción entre el trabajo pagado y el no retribuido a los trabajadores, “el grado en que el capitalista estruja al obrero trabajo gratuito”.

En la pugna por la distribución del ingreso, el capital ha contado con un aliado inestimable: los gobiernos neoliberales. En ese sentido, la mayor participación salarial en el mismo necesita una nueva alianza entre los trabajadores y un gobierno antineoliberal. Argentina ofrece un ejemplo. En 2003-2014, Néstor Kirchner y Cristina Fernández no sólo eliminaron la pérdida de 19 por ciento y 20 por ciento, en términos reales, registrada por los salarios mínimo y medio (el conjunto de la economía) en 2000-2002, provocada por el colapso del neoliberalismo argentino. En ese lapso, los salarios aumentaron 348 por ciento y 158 por ciento, descontando la inflación, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Los salarios más hambreados del mundo

Aun con sus propias limitaciones, la iniciativa de Miguel Ángel Mancera por elevar los salarios fue una especie de broma de pésimo gusto, con eventuales consecuencias inesperadas. Fue como colgar un cadáver incómodo en la puerta donde el sínodo nocturno de los neoliberales festejaba bulliciosamente su triunfante contrarreforma energética.

La propuesta del jefe de gobierno capitalino exhibe públicamente las llagas ya conocidas que padecen los salarios en México, así como la podredumbre que impregna a los neoliberales y su política salarial.

De paso muestra las propias limitaciones de la oferta salarial de Mancera.

Vista en perspectiva, es una especie de cohete espantasuegras.

De todos modos, sobresaltó a los ilustres asistentes al convite peñista de Palacio Nacional y que se verán forzados a tratar de desviar la atención pública sobre el tema, en tanto intentan abortar al engendro o asfixiarlo en la cuna, antes de que camine entre los trabajadores y estimule sus ímpetus revoltosos.

El diagnóstico presentado por el economista Gerardo Esquivel, en nombre del equipo de expertos convocados por Mancera, resume adecuadamente el drama salarial del país, el cual es descrito detalladamente en el documento Política de recuperación en México y en el Distrito Federal del salario mínimo. Propuesta para un acuerdo, de 98 páginas: el grave retroceso histórico en el poder de compra de los ingresos de los trabajadores y en su participación en el ingreso nacional, que explica y reproduce la pobreza y la miseria; su clasificación como uno de los peores pagados del mundo, comparables con los otorgados en los países más pobres del planeta; la creación de empleos precarios y mal pagados que ha caracterizado al peñismo; el insostenible mito que afirma que el alza salarial es inflacionario y afecta la productividad, y que explica por qué sus aumentos anuales hayan sido en línea con la meta de precios; los mezquinos argumentos empleados por el gobierno y los empresarios para justificar la imposibilidad de elevar los sustancialmente los salarios reales, entre otros aspectos (la presentación de Esquivel puede verse en http://aristeguinoticias.com/2808/mexico/mancera-llama-a-debate-nacional-y-propone-salario-minimo-de-82-86-meta-171/. El documento citado en: http://salarios cdmx.sedecodf.gob.mx/; en esta dirección pueden verse otros materiales valiosos).
Asimismo, los analistas señalan otros aspectos que contradicen frontalmente las “razones de Estado” para mantener castigados los salarios y cuyas pérdidas se han trasladado a los bolsillos de los empresarios y del Estado, por la vía impositiva y de los precios de los bienes y servicios que vende a la población como cualquier usurero:

1) Las experiencias de países como Chile, Argentina, Paraguay, Colombia o Perú demuestran que es viable aplicar una política sostenida de recuperación del salario mínimo y de la capacidad de compra de los trabajadores de menores ingresos, sin que se generen graves desequilibrios macroeconómicos como los que usan los neoliberales como espantajos para atemorizar a la población.

2) Es posible elevar el salarios mínimos, primero, en 15.57 pesos diarios, en 23 por ciento, en 2015. Éste pasaría de 67.29 pesos (actuales en la Zona A) a 82.86 pesos; a 2 mil 485.80 pesos mensuales, de su nivel actual de 2 mil 18.70 pesos. Después se ajustaría anualmente en el orden de 27.3 por ciento entre 2016 y 2018, para que al cierre del peñismo se ubique en 171.03 pesos diarios, ya unificado el salario mínimo en una categoría nacional. En total, aumentaría en 103.74 pesos diarios más, en 154.2 por ciento. Mensualmente sería de 5 mil 643.90 pesos.

3) Un salario como el propuesto a partir de 2015 permitiría a un trabajador y un familiar obtener el ingreso necesario para adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria (transporte público, artículos de limpieza de la casa y personal, educación, cultura y recreación, etcétera), cuyo precio en julio pasado fue estimado por el Coneval en 1 mil 603.66 pesos en las zonas urbanas y de 2 mil 526.49 pesos en las rurales, montos, por cierto, considerados como francamente ridículos por quienes ganan un salario mínimo. Ello elevaría la condición de los miserables al estatus de pobres.

4) Un aumento salarial de 20 por ciento sólo elevaría la inflación hasta 0.9 por ciento, sin afectar el nivel de empleo o el crecimiento. En cambio, podría estimular el tránsito de los trabajadores informales al mercado formal y mejorar el consumo interno.

Los analistas citados pudieron añadir que el efecto inflacionario puede ser anulado con un ajuste proporcional a la baja en los precios de los energéticos, cuyo aumento medio anual en lo que va del siglo ha sido de 6 por ciento, o asumido por los empresarios, sin graves efectos en sus ganancias.

El diagnóstico de la situación salarial es sólido. Sin embargo, las propuestas son deplorables. Un parto de los montes, según el título de la fábula de Esopo: elevar el salario en el monto citado previamente y crear una unidad de referencia de otros precios y variables (créditos, deducciones, multas, indemnizaciones) para desvincularlas del salario mínimo, tal y como lo ha hecho Uruguay, por ejemplo, medidas que se aplicarían en la capital y en el país; fortalecer la autonomía y capacidad técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; crear una comisión interinstitucional para revisar los efectos del alza salarial; modificar el calendario de determinación del salario mínimo para que deje de condicionar a los contractuales; mejorar las condiciones laborales de los trabajadores defeños, en especial los que trabajan por honorarios; presionar a los contratistas del gobierno capitalino para que eleven los salarios mínimos en el monto previsto y estimular fiscalmente a las micro y pequeñas empresas para que en el primer año paguen dicho aumento.


Mancera clama por “un acuerdo nacional”, a la “voluntad política” de los actores involucrados.

En esencia, salvo el aumento salarial, en caso que los peñistas y los empresarios fueran tocados en sus tiernos corazones por las propuestas de Miguel Ángel Mancera y sus expertos, ninguna de las propuestas altera las razones y las condiciones que determinan las bajas remuneraciones de los trabajadores, la pobreza y la miseria. Pero aun cuando fueran adaptadas, las condiciones de vida de las mayorías no sufrirían cambios benéficos sensibles.

La “voluntad política” de Peña Nieto y de Videgaray ya fue dada con la meta de inflación programada para 2015: 3 por ciento, conforme a la meta de Agustín Carstens, que deja dormir tranquilo al empresariado.
Con esa meta de precios, el aumento al salario mínimo será de 3 por ciento o 4 por ciento, 1.97 pesos más, en promedio, o de 2.62 pesos. Los contractuales serán de 5-6 pesos adicionales.

Si se acepta el supuesto de que el aumento salarial no es más una expresión de la lucha de clases por la distribución del ingreso, entonces su reparto entre los salarios, las ganancias y los impuestos estará condicionado por la fuerza y la organización de los trabajadores, los empresarios y el Estado, y del lado en que se ubiquen las elites políticas dominantes, para modificar su participación en el excedente económico. Y las condiciones económicas y políticas de los trabajadores no han sido las mejores para los trabajadores desde que los neoliberales llegaron al poder y se estableció un amasiato entre ellos y los empresarios.

Las arengas de los últimos, relativa a su supuesta preocupación por los bajos salarios y el bienestar de los trabajadores no son más que una burla que, por la vía de los hechos, yacen en el cementerio de promesas enterradas bajo un epitafio: “fuera de época”. La oligarquía sabe perfectamente que su fortuna acumulada (35 familias, cuya riqueza estimada en 2013 fue de 73 mil millones de dólares, 2.3 billones de pesos, equivalente al 14 por ciento de producto interno bruto) depende de que se mantenga el orden establecido.

El patrimonio de esas 35 familias exige la miseria y la pobreza de 86.9 millones de mexicanos. La mejoría en las condiciones de vida de éstos últimos implicaría una reducción en el ritmo de acumulación de aquellas.

O Mancera es un ingenuo, o tiene claro que sus propuestas no son más que escenográficas para sus ambiciones presidenciales.

Al cabo, Miguel Ángel Mancera no quiere molestar a los mercados. Puede asumir sus propuestas sin grandes costos. Quizá hasta de paso podría incluir en la nómina capitalina a los cuando menos 150 mil trabajadores que subcontrata a través de las empresas outsourcing, y cuyas condiciones de trabajo son de las más deplorables.



Es evidente que es más seductor para los trabajadores un aumento salarial de 15.57 pesos más para 2015 como propone Mancera, que el de 1.97-2.62 pesos que impondrá Peña Nieto-Videgaray. Pero sus efectos sobre las condiciones de vida de los trabajadores serían irrelevantes, al igual que el nivel de 171 pesos que plantea para 2018.

Pero Mancera propone un aumento para el salario mínimo, el cual es recibido por 6 millones 568 mil personas ocupadas, el 13.3 por ciento de un total de 49 millones 545 mil. En el caso de los trabajadores asalariados subordinados, los favorecidos serían 3 millones 94 mil personas, el 9.2 por ciento de 33 millones 607 mil.


Para los restantes 42 millones 977 mil ocupados y 30 millones 513 mil Mancera no tiene nada que ofrecer.
La pérdida histórica acumulada del salario mínimo real promedio es de 76 por ciento, o 77 por ciento, como dicen los expertos de Mancera. Los 171 pesos diarios la reducirían en dicho deterioro a 37 por ciento. Quedaría pendiente poco más de un tercio.

Además, queda la duda, por decirlo de alguna manera, que si con ese salario realmente los trabajadores que lo reciban realmente subirán el peldaño que diferencia a los miserables de los pobres, al menos en algunos matices.

Si se relaciona el aumento acumulado por el salario mínimo nominal promedio con la inflación acumulada entre 1976 y 2014, 79 mil 160 contra 299 mil 292, para estimar el valor nominal del salario mínimo diario, éste debería ser del orden de 294 pesos diarios en 2014, poco más de 8 mil 500 pesos mensuales. Alrededor de esa cantidad se ubicaría un ingreso similar al de 1976.

El jurista laboral Arturo Alcalde lo estima en 360 pesos diarios o 10 mil 800 pesos mensuales.

De acuerdo con información de la periodista Flor Goche, de Contralínea, el Observatorio de Salarios, de la Universidad Iberoamericana Puebla, en su Informe 2014, calcula que un salario mínimo que busque satisfacer las necesidades normales de una familia en el orden material, social, cultural y educativo, de acuerdo con los preceptos constitucionales, debería de ser de 548 pesos diarios, 16 mil 445 pesos mensuales.

Entre las estimaciones del equipo de Mancera y las últimas cifras señaladas existe un abismo amplio.
En la siguiente entrega se revisará la situación salarial observada con los neoliberales.
Marcos Chávez M*, @marcos_contra
*Economista

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 Contralínea 403 / del 14 al 20 de Septiembre 2014


lunes, 15 de septiembre de 2014

Recepciones de Peña Nieto a deportistas, negocio de una empresa



En el actual sexenio, todos los eventos en la Residencia Oficial de Los Pinos dedicados a homenajear deportistas han sido organizados por una sola empresa: Actidea, propiedad de los hermanos Eduardo y Mariano Gama Pizarro. De acuerdo con documentos obtenidos por Contralínea por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la firma ha sido contratada siempre por adjudicación directa de la Conade. Las siete recepciones montadas para el presidente Enrique Peña Nieto representaron un negocio de 3 millones 600 mil pesos


Entre las múltiples posibilidades de hacer negocios redondos a costa del erario se encuentra la organización de eventos para el gobierno federal. Las recepciones del Ejecutivo en honor a los deportistas mexicanos son una gran oportunidad. El éxito económico –por cientos de miles de pesos cada vez– está garantizado.
En el actual sexenio, quien aprovecha a manos llenas es Actidea, SA de CV, propiedad de Eduardo Gama Pizarro y representada por su hermano Mariano Gama Pizarro, empresa tan afortunada por su relación con la Presidencia que ni siquiera tiene que pasar por filtros o engorrosas licitaciones, pues siempre, sin excepción, ha sido contratada por adjudicación directa.

En 8 meses, de julio de 2013 a febrero de 2014, Enrique Peña Nieto encabezó siete eventos ligados al ámbito deportivo. Todos fueron servidos por Actidea en la Residencia Oficial de Los Pinos. El negocio –para la firma, no para las arcas públicas– fue generoso: 3 millones 623 mil 651 pesos, de acuerdo con las órdenes de trabajo obtenidas por Contralínea a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (solicitud 1113100022714).

La encargada de conceder los contratos para el montaje de las convivencias del político priísta con los deportistas, y los ejecutivos que se benefician de ellos, fue la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), entonces a cargo del exclavadista Jesús Mena Campos, entidad cuyo mandato –por ley– es apoyar a los deportistas amateurs y no organizar eventos para el presidente de la República.

Los eventos

El 11 de febrero de 2014 el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos se abarrotó. Muchos deseaban tocar la Copa Mundial de la Federación Internacional de Futbol Asociación. Sólo uno lo haría.

Con dinero público de los mexicanos se pagaron 310 mil 180 pesos por ver espléndidamente feliz a Peña Nieto por sostener el trofeo dorado que meses más tarde la selección alemana conquistaría en Brasil. La cantidad está señalada en la orden de trabajo OSOT-00017 a la que Contralínea tuvo acceso.

Coca-Cola es una de las compañías que más recursos gasta en publicidad en el mundo. En México, fue el propio gobierno el que empleó recursos públicos para la organización del evento en el que el logotipo de la trasnacional –colocado por encima de la cabeza del titular del Ejecutivo– fue extensamente difundido, en imágenes en vivo e impresas, por medios oficiales y privados, por todos lados.

No sólo Actidea ganó ese día, también la refresquera con la exitosa campaña publicitaria, con el gobernante como actor en primer plano.

 “Quiero saludar al presidente de Coca-Cola de México, empresa que financia el recorrido de la copa…”, fueron las primeras palabras del presidente Enrique Peña en su discurso, a pesar de que la cuenta corrió a cargo de la Conade.

Xoloiztcuintles, águilas y leones en Los Pinos

Parte de la misión de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, dicho por la propia entidad, es “la utilización del recurso presupuestal no como gasto sino como inversión y que promuevan igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte”.

Aun así despilfarró más de 2 millones de pesos para celebrar los triunfos de los equipos profesionales –negocios enteramente privados– de futbol y béisbol.


Anteriormente (edición 386), Contralínea informó sobre el gasto realizado para los “homenajes” a los clubes Xoloitzcuintles de Tijuana, de Jorge Hank Rhron, y América, de Emilio Azcárraga. Actidea recibió 530 mil 2 pesos con 45 centavos por el festejo en honor de los Xolos y 878 mil 459 con 38 centavos por el de las Águilas, según las órdenes OSOT-00119 y OSOT-00120, respectivamente.

Para la recepción del Club León, de Carlos Slim y Jesús Martínez, tras la consecución del torneo de futbol Apertura 2013, la Conade erogó 309 mil 268 pesos, se especifica en la orden de trabajo OSOT-00018. A diferencia de las anteriores, ésta se dio en los jardines de la Residencia Oficial, sin paneles ilustrando la victoria del equipo dentro de un salón. Sólo un par de ligeros atriles al aire libre para mostrar el trofeo y sostener dos micrófonos fueron la escenografía que justificó los cientos de miles de pesos gastados.

Actidea, para toda ocasión deportiva

No sólo futbolistas profesionales han estrechado la mano presidencial a domicilio, también peloteros de la Liga Mexicana de Béisbol. Tras vencer a los Sultanes de Monterrey y coronarse campeones, los Tigres de Quintana Roo fueron recibidos en Los Pinos, en el Salón Adolfo López Mateos, el 6 de diciembre de 2013.
La novena es propiedad de Carlos Peralta Quintero, uno de los hombres más ricos del país, presidente de Grupo IUSA y priísta de cepa, además. Y como si padecieran las mismas carencias de los miles de deportistas amateur que deben costear hasta sus propios viajes, en la orden de trabajo OSOT-00182 se describe que el servicio prestado por Actidea incluyó el “hospedaje” para la ocasión.

    

Más fotos, otra prenda personalizada, una nueva placa develada y, como siempre, discursos y sonrisas. “Primero México, después México y siempre México”, exclamó Peralta Quintero en franco respaldo a la gestión de Peña Nieto. De la visita, 474 mil 705 pesos con 45 centavos del presupuesto de México se sirvieron esta vez los hermanos Gama.

En 2013, un equipo de básquetbol infantil logró atraer la atención de numerosos países. Durante semanas se habló en centenares de medios y en diversas lenguas sobre un puñado de pequeños indígenas de México que no sólo deslumbraban por sus triunfos internacionales, también cautivaban por hacerlo descalzos y malnutridos.

La Presidencia de la República no desaprovechó la oportunidad mediática y el 25 de octubre de ese año invitó a los ya mundialmente conocidos niños triquis, campeones mundiales de minibaloncesto y al equipo femenil Las Bayonetas de Puebla.

La misma semana del evento el teléfono de Actidea timbró y una vez más transmitió la buena nueva: 501 mil 636 pesos con 15 centavos sería la ganancia de esta vez, cantidad fuera de la comprensión para la mayoría de los habitantes de la sierra triqui de Oaxaca (OSOT-00183).
Enrique Peña Nieto recibió un balón, abrazó a los niños y los subalternos del mexiquense soltaron un “¡ah!” enternecido. Por el instante Actidea cobró más de medio millón de pesos.

El 1 de diciembre de 2013, el gobierno federal otorgó el Premio Nacional de Mérito Deportivo a una de sus dependencias, la Secretaría de la Defensa Nacional, y a la pesista Carolina Valencia, vilipendiada y triunfadora con escasos apoyos oficiales.

Por el “servicio integral” y de hospedaje, la Conade otorgó 619 mil 339 pesos con 39 centavos a la empresa de los hermanos Gama Pizarro.

Contralínea solicitó entrevista con Eduardo Gama Pizarro por medio de su hermano Mariano. Hasta el cierre de edición no se recibió respuesta positiva. Por su parte, Pablo Gerardo Villagómez, director de Servicios de la Conade, rehusó la petición aduciendo no tener facultades “para dar entrevistas”. Antes de pedir licencia a su cargo, Jesús Mena Campos simplemente no respondió.


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sábado, 13 de septiembre de 2014

El “desgobernador” López Valdez impone la previa censura con inquisiciones judiciales a las libertades de opinión, crítica e información


para María Guadalupe García
y Lucio Servín

Los desgobernadores se mandan solos. Es decir, ninguno se somete al imperio de sus constituciones políticas locales, que son 31; y mucho menos, acatan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Suprema de la Nación. Andan sueltos como modernos trogloditas en Chiapas, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Morelos o Michoacán, con su desgobernador de facto, Alfredo Castillo; lo mismo en Quintana Roo que en Campeche; del Centro, la Ciudad de México; a la periferia, por todas las entidades. Durante los 19 meses del peñismo ya hay 16 mil 695 homicidios en el recuento crítico que hace el periodista Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder (Excélsior, 18 de agosto de 2014).

En esa suma están los periodistas: trabajadores de los medios de comunicación, en su mayoría reporteros. La delincuencia política de quienes ocupan cargos públicos, con balas de goma o de plomo, mandan eliminarlos para que entiendan los demás que las libertades de prensa como derecho humano han dejado de estar vigentes. La constitucionalidad federal y las estatales han sido suspendidas por el creciente autoritarismo para amordazar a la prensa e impedir que cumpla con sus funciones de informar, analizar, criticar y opinar sobre los actos y omisiones de la vida pública y privada, cuando ésta se vuelve pública.

En nuestro país asistimos a la apertura, con visos de abismo, que “separa las constituciones escritas de las seudoconstituciones vividas” (Alain Rouquié, La tentación autoritaria). Así, la sociedad civil se ve privada desde la mínima libertad de expresión para difundir opiniones, información e ideas, como lo determina la ley suprema, cada vez con más contrarreformas antidemocráticas (porque el pueblo no es tomado en cuenta), para imponer la censura previa e inquisiciones administrativas y judiciales como sanciones penales. Ante la falta de eficacia de los poderes políticos en los estados, en la capital del país, y no se diga del poder federal-presidencialista, la manu militari ha ido sustituyendo cada vez más a la mano civil, y eso abrió espacios para la impunidad de los desgobernadores que hacen y deshacen en sus jurisdicciones y atacan las libertades de prensa.

En estos días aciagos para la República, Sinaloa es ejemplo de la censura previa al trabajo periodístico, al imponer severas limitaciones para informar a la opinión pública. El dueño de un casi monopolio de ferreterías, un engendro del Partido Acción Nacional –aunque antes era del Partido Revolucionario Institucional, pero cambió de chaqueta y de antifaz–, apodado como integrante del cártel del abuso del poder: Malova, con nombre para efectos de investigación Mario López Valdez, con la complicidad de los diputados del Congreso de Sinaloa y de los legisladores federales, porque han guardado silencio y esto es hacerle a los compinches, puso en vigor lo que ya se conoce como la Ley Mordaza, según informan los reporteros-corresponsales Édgar Sánchez, Jaime Valdez e Irene Sánchez (Reforma y La Jornada, 1 de agosto de 2014).

Esta ley impone severas, draconianas, sanciones penales a quienes, cumpliendo con su deber y en ejercicio de sus derechos como periodistas, obtengan videos, fotografías y tomen notas de los hechos que los adeptos de Malova clasifiquen como delictivos. Y tampoco podrán publicar los nombres de las víctimas de homicidio. Pero la Constitución prohíbe imponer la censura previa, como está haciendo el desgobernador de Sinaloa, comportándose como dictadorcillo.

En sus feudos de horca y cuchillo, los desgobernadores son ladrones de los dineros públicos. Han endeudado a sus entidades con su mal gobierno y caminan a la par del autoritarismo presidencial-peñista, apoyándose mutuamente en un toma y daca para irse por la libre, marginando la legalidad una vez que perdieron legitimidad. La Ley Mordaza que impera en Sinaloa, por orden de los diputetes y de su amo Malova, es un ataque impune a los derechos humanos que la Secretaría de Gobernación-Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Miranda y el mismo Enrique Peña Nieto tanto insisten en que son respetados. Pero esto es en los discursos; como los que indican que ha bajado la inseguridad criminal y sangrienta. Porque en la realidad, los mexicanos siguen siendo presas de los abusos del poder militar-policiaco del Estado fallido que tenemos. Y los derechos son pisoteados por los funcionarios municipales, estatales y federales, a lo que hay que agregar las persecuciones fiscales y el espionaje hacendario, para que cumplan con las obligaciones de pagar impuestos, sufriendo el encarecimiento de los precios de bienes y servicios gubernamentales.

La perversa maniobra de Malova y los diputados de Sinaloa (que también incluye a los senadores, por dar la espalda a la entidad que representan) es una de las más bárbaras censuras e inquisiciones judiciales, para imponer –de hecho– contrarreformas a los Artículos 6 y 7 constitucionales. López Valdez encabeza una rebelión para interrumpir la observancia de la Constitución, y ha establecido en Sinaloa un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, si no es que también el desgobernador ha suprimido el Artículo 136 de la Constitución.
Álvaro Cepeda Neri*
*Periodista


 Contralínea 403 / del 14 de Septiembre al 20 de Septiembre 2014

Nuevos símbolos patrios

Nuevos símbolos patrios
 
 
 
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Se desata el espionaje. ¡Sálvese quien pueda!




Primero fue el comisionado para la “Seguridad” en Michoacán, Alfredo Castillo, quien advirtió hace unos días que el máximo órgano de inteligencia y espionaje del país, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación, elabora expedientes de cada uno de los aspirantes a puestos de elección popular en todo el país, con el propósito de identificar a quienes tengan vínculos con el crimen organizado y, con ello, prevenir a los partidos sobre la infiltración del narcotráfico en la política, lo cual hasta ahora no se ha logrado.

Esas declaraciones casi inadvertidas en la prensa, como alertó nuestro colega Astillero Julio Hernández en La Jornada, preocuparon en la Secretaría de Gobernación a su titular Miguel Ángel Osorio Chong, jefe de Castillo, quien quiso enmendar las afirmaciones del comisionado y precisó que el gobierno federal “sí revisará” (porque ya existen) los expedientes de los candidatos que participarán en las elecciones del próximo año, pero esto se hará, justificó, “sólo si los partidos políticos lo solicitan”. Es decir, según Chong, Gobernación y el Cisen no espían a nadie si no es a petición de los propios partidos políticos.

Por supuesto que Osorio Chong sabe que eso es distinto. Primero, porque los expedientes de políticos, legisladores, periodistas, luchadores sociales y aspirantes a puestos de elección popular, entre muchos otros, son elaborados periódicamente por el Cisen en su edificio sede de La Magdalena Contreras, al Sur de la capital, sin consultar absolutamente a nadie, de tal manera que decirnos que sólo lo hará si los partidos políticos lo solicitan es una falacia.

Segundo, hay otro órgano de seguridad y vigilancia, más eficaz que el Cisen, llamado Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente del poderoso secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, el cual se encarga también de elaborar expedientes de las “personas políticamente expuestas”, cuya lista incluye todas las operaciones financieras de políticos y aspirantes de partidos de oposición y del mismo Partido Revolucionario Institucional, como son depósitos en bancos, inversiones en empresas, acciones en bolsa, compra y venta de dólares y todo lo que signifique manejo de dinero en efectivo y transferencias.

Este trabajo de inteligencia de la UIF, junto con los expedientes del Cisen, se elaboran desde hace muchos sexenios (en Oficio de papel hemos dado cuenta de algunos de ellos). También hemos confirmado cómo dichos expedientes clasificados con carácter “confidencial” son utilizados para presionar, amenazar, intimidar, frenar aspiraciones, chantajear y hasta extorsionar con información privada.

Es claro que la labor de esos dos órganos de inteligencia, uno político y otro financiero, es salvaguardar la seguridad nacional, que incluye combatir al crimen organizado para disminuir la violencia que tiene muchas manifestaciones en el país, así como evitar la introducción de dinero sucio en los circuitos financieros, producto del crímenes como narcotráfico, secuestro, trata de personas (explotación sexual, esclavitud, extracción de órganos, trabajos forzados), fraudes financieros y robo, entre muchos más.

Por supuesto que esa labor necesaria es importante. Por tanto, la investigación que realizan el Cisen y la UIF debería de tener estrictas normas de cumplimiento; sin embargo, muchos de esos expedientes se utilizan perversamente y pocas ocasiones los involucrados en crímenes son procesados.

De tal manera que los expedientes de políticos de los que hablan Castillo y Osorio Chong sabemos cómo se usarán, a qué se refieren y contra quiénes se utilizarán para aplicar la justicia a la mexicana, a fin de mantener el control político del país. Sin embargo, el Partido Acción Nacional (PAN), con todo el espionaje que realizaba, no pudo sostener más que 2 sexenios la Presidencia. Primero porque Vicente Fox sólo se ocupaba de los chismes de su esposa y de encubrir el enriquecimiento de sus hijastros, y no le interesaba nada que tuviera que ver con la seguridad nacional; y Felipe Calderón porque su tiempo lo empleaba en fiestas y parrandas y, cuando estaba sobrio, se vestía de militar y jugaba a la guerra contra el crimen organizado.

Una nueva UNAM

Fue en 1910 cuando Porfirio Díaz publicó el decreto para crear la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), justo cuando se reelegía por un periodo adicional de 6 años más que no concluyó debido al estallido de la Revolución Mexicana. El descontento social se desbordó y la revuelta de grupos de campesinos y obreros concluyó con la caída del régimen dictatorial de Díaz, el presidente que por instrucciones de Estados Unidos impulsó la construcción de trenes y la participación privada en la industria petrolera.

En su decreto, Porfirio Díaz estableció que la Universidad surgía para “mexicanizar” el conocimiento justo cuando las clases menos favorecidas reclamaban un espacio en el desarrollo económico del país. Pero fue a instancias de Justo Sierra que esto se logró

Ahora, se ha filtrado la información de un proyecto universitario enarbolado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para fundar una nueva universidad, dedicada a la enseñanza de disciplinas de avanzada como la ingeniería aeroespacial, que en México cuenta ya con varios clúster, pero en donde la constante es la participación de compañías extranjeras.

La peculiaridad de este proyecto que sigue los pasos de la fundación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se debe a la iniciativa del político de izquierda Andrés Manuel López Obrador, es que estará llena de mensajes y simbolismos. Por ejemplo, se sabe que podría asentarse en los terrenos federales que dejaría la actual y envejecida sede del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez.

En esa nueva universidad, que podría formar parte de la UNAM, esto está en estudio, se desarrollaría conocimiento de alto nivel en materias que alimentaría de expertos en sectores como la aviación, energía y ciencias. Toda una oferta educativa que se ofrecería muy cerca del nuevo aeropuerto que se construirá en la zona de Texcoco y Chimalhuacán. Una nueva universidad atada a la sede del aeropuerto que tanto descontento generó en Atenco, pretendería convertirse en el mensaje social para acallar la inconformidad de muchos grupos y lograr lo que todo político aspira –o lo que al menos en teoría debería de ser– reducir la brecha entre pobres y ricos, y qué mejor manera de hacerlo que mediante la educación. A Díaz, al decretar la construcción de la UNAM, una revolución lo alcanzó, y a Peña Nieto el tiempo también lo acecha.

Puntos suspensivos…

Contrario a lo hecho por gobiernos panistas, que reiteradamente hablaban de combatir la corrupción y cuando salieron de Los Pinos se llevaron hasta las toallas de los baños, el gobierno de Enrique Peña Nieto se refirió por primera vez la semana pasada a este grave problema que cada sexenio se expande en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión. En su discurso, reiteró lo dicho en cada sexenio: fortalecer las instituciones, construir una nueva cultura ética, es una debilidad de orden cultural, es un problema de orden humano, no es privativa de México. Aun con el beneficio de la duda de estos trillados argumentos, lo cierto es que México es uno de los países más corruptos del mundo y la prensa ha identificado con claridad casos de grave corrupción y los sectores más afectados, por lo tanto, paralelamente a la justificación e instrumentación de nuevas políticas públicas para enfrentarla, empecemos por tener un gobierno austero y un estricto discurso que se traduzca en hechos en contra de todo aquel funcionario que se atreva a robar un peso de las arcas públicas. Y es con el ejemplo como se podrá reducirse ese mal endémico que ha causado mucho daño al país y a los mexicanos… Y cuando sale el tema de la corrupción aparece en la escena Vicente Fox al lado de su esposa Marta Sahagún, para hablar de cómo el interés por el dinero y por los cargos públicos ha vulnerado la fuerza y honestidad del PAN. El desmemoriado expresidente piensa que después de 8 años de haber dejado la Presidencia hemos olvidado el fracaso y la corrupción en su gobierno, en donde su misma familia se vio envuelta en escándalos de tráfico de influencias, abuso de poder y desvío de recursos públicos. Se crearon comisiones en el Congreso para investigarlo a él, a su familia y a miembros de su gabinete, pero los legisladores fácilmente cedieron ante la fuerza del Ejecutivo, que echó toda la maquinaria para salvar a la “familia presidencial”, a cambio de dejar un vacío de poder y que fuera llenado por el más fuerte o el más rico; permitir que tuvieran acceso a posiciones políticas; bloquear investigaciones judiciales; chantajear y extorsionar con expedientes confidenciales sobre dinero obtenido de manera ilícita.
Miguel Badillo*
*Periodista

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