lunes, 31 de agosto de 2015

Nuestros lectores


Las incoherencias de los verdes


Muy bien el artículo del periodista Álvaro Cepeda Neri, “Los verdes lanzan su jauría contra el periodista Sergio Aguayo”. Buen recuento de las acciones de esos políticos, y eso que no incluyó en el asunto de los amigos del Niño Verde, que en un hotel de Cancún provocaron la muerte de una joven modelo de Europa del Este, al parecer, por un intento de violación. ¡Ah!, pero eso sí, los verdes andan defendiendo a los animales para que ya no salgan en las funciones de los circos… Al aprobar esa ley no propusieron una alternativa a los pobres animales y ahí están, abandonados y dejados a su suerte.


Eduardo Crespo


 


 


 


Seguir documentando las condiciones de los maestros rurales


Felicito por el reportaje “Enseñar entre las montañas”. Es importantísimo que le hagamos llegar a la sociedad en general este tipo de información, ya que los medios de comunicación oficiales jamás le darán cobertura a estos casos. En lo particular, yo no tengo tanto tiempo para visitar páginas de internet. Soy maestro urbano, pero hace no mucho, también fui maestro rural. Buen artículo.


Saludos.


Antonio González Ortiz


 


 


 


Preocupada por nuevo manual de las Fuerzas Armadas estadunidenses


Interesante el reportaje “Periodista de guerra, actor beligerante: EU”. Con este nuevo Manual de Guerra se confirma que Estados Unidos es el gran terrorista mundial; y que ha emitido por medio de este Manual a todo el mundo, de manera subliminal pero descarada, la orden de matar ciudadanos. De aquí se desprende la elevadísima delincuencia, asesinatos a periodistas como el de Regina Martínez, y muchos otros que se han cometido en Veracruz, así como el de Rubén Espinosa, ordenados por el priísta Javier Duarte, así como los periodistas asesinados por ser incómodos a otros gobernantes.


Y es que no le conviene a Estados Unidos que los reporteros se den cuenta y publiquen que el terrorismo sembrado por ellos mismos asesina incontables personas en todo el mundo, bajo el lema de defender o ayudar a defender.


Este Manual de Guerra es una orden emitida por Estados Unidos al Poder Ejecutivo de todas las naciones para asesinar, desaparecer, secuestrar y violar a cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo, y más aún a los periodistas, y posteriormente mentir ante las televisoras del mundo y otros medios de comunicación (como Televisa y Tv Azteca, Milenio, El Universal y casi todos los periódicos y noticieros en México), al decir que los muertos eran delincuentes, narcos, sicarios, etcétera, denigrando la integridad de todo ser humano.


Por eso los corresponsales de guerra serán tratados como actores beligerantes; de esta manera callan lo que todo mundo sabe: Estados Unidos ordena, a nivel mundial, matar a periodistas, a cualquiera que se atreva a descubrir sus mentiras y exponerlas.


Rosángela Gutiérrez


 


 


 


Rechazan que se ratifique a magistrada


El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ha propuesto a la Asamblea Legislativa (ALDF) la ratificación de Yazmín Esquivel Mossa como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo. Por su parte, la misma Asamblea, a través de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, publicó el 21 de agosto de 2015 el aviso para que los ciudadanos hagan llegar sus comentarios sobre dicha postulación.


Al respecto, además de hacer llegar información de manera directa a la ALDF, manifestamos públicamente lo siguiente:


La actuación de la magistrada Esquivel, como magistrada presidente del Tribunal Contencioso, ha estado marcada por un conflicto de intereses, dado que su esposo, José María Riobóo Martín, es socio de una importante constructora que ha participado en la construcción de obra pública, y algunos de sus litigios se han ventilado en el Tribunal Contencioso que ella preside, como fue el caso de la llamada Supervía Poniente.


Permitió que más de medio centenar de demandas presentadas por vecinos en contra de la instalación de parquímetros en Coyoacán fueran concentradas y desechadas por un solo magistrado; situación irregular, pues las demandas debieron ser conocidas por distintos magistrados.


En noviembre de 2013, un grupo de ciudadanos y de organizaciones demandamos al jefe de gobierno y a la ALDF la remoción de la presidenta del Tribunal y que fuera sujeta a investigación por sus acciones de ilegalidad y de presunta comisión de delitos, sin que nuestra petición fuera atendida.


Además, de acuerdo con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción y para impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción (27 de mayo de 2015), el Distrito Federal debe realizar las reformas que transformen al Tribunal Contencioso en uno de Justicia Administrativa, de manera que además de conocer las controversias entre los particulares y el Gobierno del Distrito Federal, también imponga sanciones a los servidores públicos de la administración pública local que incurran en faltas administrativas graves, e inclusive a los particulares vinculados a tales faltas.


Para cumplir cabalmente con las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga, el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa tiene que desempeñarse de manera diferente a como lo ha venido haciendo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en los últimos años se ha caracterizado por ser un Tribunal puesto al servicio del gobierno y no atento a la justicia administrativa: un tribunal de consigna, como se ha visto en casos relevantes de demandas ciudadanas. Es el caso de lo ocurrido con la Supervía Poniente y con la instalación de parquímetros a los que legalmente se opusieron sectores importantes de ciudadanos, al igual que en casos notables de construcciones ilegales. Esto, además de la opacidad y de la inaceptable discrecionalidad con los que se han manejado los recursos públicos en el propio Tribunal.


Por tanto las ciudadanas, ciudadanos y organizaciones firmantes demandamos que Yazmín Esquivel Mossa no sea ratificada como magistrada por la ALDF cuando concluya el periodo para el cual fue nombrada. Su ratificación sería un agravio para la ciudadanía y una declaración de que la justicia administrativa en la Ciudad de México continuaría relegada y en buena medida inexistente.


Ciudadanas y ciudadanos: Sergio Aguayo, Mónica Tapia, Luis Zambrano González, Lorena Velazco Díaz, Daniel Gerhenson, Marco Buenrostro, Cristina Barros, Rafael Martínez, Gerardo Moreno Ballesteros, Leticia Moreno Ballesteros, Lourdes Moreno Ballesteros, Margarita Pérez Negrete, María Ana Portal, Cristina Sánchez Mejorada, Gilberto Anguiano, Simón Hernández León, Rocío Culebro, Edgar Cortez, Laura Velazco Díaz, Margarita Pérez Negrete, Alberto Serdán Rosales, José Antonio Guevara Bermúdez, Salvador Medina Ramírez, Mayela Delgadillo Bárcena, Edgar Avilés Gómez, Ximena Ramos Pedrueza, Iván Azuara Monter, Gabriela Rodríguez, Amparo Sevilla Villalobos, Irma Hernández Jiménez. Organizaciones: Alarbo, AC; Al Consumidor, AC; Asociación en Defensa Roma-Condesa; Bicitekas, AC; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC; Defendamos la ciudad. Frente ciudadano; Frente Amplio contra la Supervía Poniente; Greenpeace México, AC; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC; Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl, AC; Litiga Ole, AC


 


 


 


Preocupadas por seguridad de periodista


La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), integrada por 180 defensoras de derechos humanos de 22 estados y el Distrito Federal, manifestamos nuestra preocupación por la seguridad de la periodista y defensora de los derechos humanos Jade Ramírez, quien también se desempeñó como consejera en la Junta de Gobierno del Mecanismo Gubernamental de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de noviembre de 2012 a agosto de 2015.


De acuerdo con la información compartida por la periodista Jade Ramírez a la RNDDHM, existe un temor fundado de riesgo, dado el rol desempeñado como consejera ciudadana en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sobre todo debido a que, durante los meses de marzo a julio, principalmente, la periodista fue objeto de diversas agresiones, como intento de allanamiento y amenaza de muerte a través de un mensaje dejado en el buzón de la puerta de su casa el 7 de marzo de 2015; así como diversos actos de intimidación relacionados con su papel crítico al interior del Consejo Consultivo del Mecanismo.


En ese sentido, el pasado 10 de agosto de 2015 fue hecho de nuestro conocimiento que Jade Ramírez presentó –con carácter de irrevocable– su renuncia al Mecanismo.


Ante ello, como defensoras de derechos humanos manifestamos nuestra preocupación por Jade Ramírez y alertamos ante cualquier tipo de agresión en su contra.


La situación de riesgo casi permanente en el que se encuentra Jade Ramírez, tanto por su labor periodística como por su labor para visibilizar violaciones a los derechos humanos en diversas partes de nuestro país, así como la falta de garantías de seguridad en México, la ha obligado a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


Asimismo, dada la situación de violencia y el contexto que vivimos en México en materia de libertad de expresión, las 180 defensoras de derechos humanos que conformamos las RNDDHM:


• Manifestamos nuestra preocupación por la seguridad de la periodista Jade Ramírez y respaldamos su trayectoria y labor.


• Nos manifestamos y responsabilizamos a las autoridades federales de cualquier tipo de agresión en su contra y nos mantendremos alertas de la seguridad y bienestar de la periodista.


• Visibilizaremos la situación de riesgo de la periodista y defensora de los derechos humanos Jade Ramírez ante instancias y organismos internacionales.


Atentamente:


Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, conformada por 180 defensoras de derechos humanos de 99 diversas organizaciones, ubicadas en 22 estados de la República y el Distrito Federal


 


 


 


Denuncian amenazas de funcionarios y de grupos armados en Chiapas


Este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa) y la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Jitotol (Limeddh-Fillial Jitotol) hacemos público que nos hemos reunido con pobladores de distintas comunidades de Tila, en particular con ejidatarios de Nueva Esperanza y con familiares del señor Tony Reynaldo Gutiérrez López (quien fuera desaparecido forzadamente, torturado y ejecutado, encontrando su cuerpo el 24 de julio de 2015), quienes nos han compartido el estado en que se encuentra el proceso legal que se consigna en el Expediente judicial 199/2015 radicado en el Juzgado Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, con sede junto al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados 14, conocido como El Amate, en la ciudad de Cintalapa, y dispuesto para la atención de delitos graves, conociendo del caso el juez Mauricio Aniceto Orantes Z, con fecha de inicio del 27 de julio de 2015 por el delito de homicidio.


Magaly del Carmen Cruz Pérez (esposa de Tony Reynaldo) acudió a este Comité Digna Ochoa y a la Limeddh-Filial Jitotol para solicitar nuestra intervención para acudir a instancias de derechos humanos y revisar el expediente penal que se ha abierto por la Procuraduría General de Justicia (PGJ)-Chiapas. Magaly del Carmen compartió que está recibiendo presión de funcionarios del gobierno del estado y de la PGJ-Chiapas para que reciba supuestos apoyos económicos y que se desista de darle seguimiento al proceso con su abogado y de que temen que los crímenes que se cometieron contra su esposo queden en la impunidad total.


Denunciaron la grave situación de violencia y de violaciones de derechos humanos que persisten en el municipio de Tila provocada por funcionarios del Ayuntamiento, policías estatales y municipales y por grupos armados ligados principalmente al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes operan bajo su coordinación y servicio. Señala que persiste la ausencia de medidas de protección por parte de las autoridades gubernamentales estatales en todos sus niveles, se ha generado una situación de desprotección hacia miles de pobladores de Tila que sufren violencia, y en el caso de la ejecución y tortura del señor Tony Reynaldo se constituyó la máxima situación de irreparabilidad al afectar el derecho fundamental de la vida y la integridad personal.


Familiares y Magaly del Carmen, así como pobladores del ejido Nueva Esperanza y Tocob, denunciaron que temen por su vida porque no existe ninguna autoridad ni operativos de seguridad en el ejido Nueva Esperanza, y que luego de denunciar públicamente siguen recibiendo amenazas de muerte por parte de integrantes del PVEM que pertenecen al grupo paramilitar Paz y Justicia y que en estos meses han asolado de terror al municipio con armas de alto poder con total impunidad.


Manifestamos que resulta sumamente grave que la PGJ-Chiapas solamente haya fincado el cargo de homicidio simple en contra de los policías municipales cuando existen elementos suficientes en el expediente para configurar los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, ya que existe presunta participación de policías municipales que actúan con grupos armados ligados al PVEM y al presidente municipal de Tila, y han sido señalados por testigos que los vieron cuando se llevaban al señor Tony Reynaldo y porque ante cientos de pobladores confesaron el crimen y dieron nombres de sus jefes, señalando incluso el armamento que les proporcionó el presidente municipal de Tila, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez.


De igual forma resulta grave que en el levantamiento del cuerpo, según testifican sus familiares, no se preservó el protocolo y cadena de custodia del lugar en donde se encontró el cuerpo del señor Tony Reynaldo, es decir, al contrario de lo que se registra en el expediente penal para cubrir su omisión, en el levantamiento del cuerpo no se acordonó el área, el ministerio público no quiso acompañar a los familiares y al abogado, quienes tuvieron que levantar el cuerpo ante disparos de armas de fuego que les realizaban desde lejos, y que solamente dio fe una vez que lograron sacar el cuerpo. No se realizaron peritajes en el sitio donde encontraron el cuerpo, y ya en Yajalón, en la Agencia del Ministerio Público, se negaban a recibir el cuerpo aduciendo que eran instrucciones superiores de la PGJ-Chiapas y que recibiría el cuerpo un agente del ministerio público especial enviado desde Tuxtla Gutiérrez.


Familiares exigen que se les aplique la prueba del polígrafo a los dos policías municipales detenidos, ya que asesorados por abogados particulares presuntamente pagados por el Ayuntamiento de Tila declararon con mentiras y se desdicen de su confesión, además de que el comandante de la policía municipal Jorge Antonio de Celis, los protege supuestamente señalando que en esos días estuvieron encuartelados.


Pobladores del ejido Nueva Esperanza refieren que no cesa el hostigamiento de convoyes de vehículos con vidrios polarizados y hombres encapuchados fuertemente armados por la comunidad y que elementos del ayuntamiento y del PVEM han amenazado de muerte a mujeres, por lo que existe temor de que entren a sus viviendas y las asesinen o de ir a trabajar a sus parcelas ante el temor de ser interceptadas por estos grupos armados y ser desaparecidas o asesinadas.


También señalan que existe información de que el Comisariado Ejidal, ligado al PVEM ha emitido un documento ante la PGJ-Chiapas para testificar que todo está en calma, y que el asesinato de Tony Reynaldo se debió a un ajuste de cuentas y problemas personales entre priístas con el fin de que sean liberados los dos policías del PVEM que confesaron ser responsables de su asesinato y proporcionaron una lista de nombres de sus jefes ante centenas de pobladores del ejido Petalcingo, lista de nombres que lleva presuntamente a miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia y a funcionarios del Ayuntamiento Municipal de Tila


Hacemos público que el día 21 de agosto hemos solicitado formalmente la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se inicie queja, intervenga con base en sus facultades y realice una investigación ante las graves violaciones de derechos humanos que se están suscitando en el municipio de Tila, que involucra la actuación de grupos armados civiles que, según testimonios, cuentan con la protección de funcionarios del Ayuntamiento Municipal de Tila y del gobierno de Chiapas y la omisión de autoridades federales; y que involucran a policías municipales de Tila así como a presuntos responsables de la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial del señor Tony Reynaldo. Asimismo para que la CNDH tome acciones y se implanten medidas de protección urgentes para la familia del señor Tony Reynaldo, a las autoridades ejidales que han denunciado y activistas pertenecientes a organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que realizamos una labor de defensa en la región Norte-selva de Chiapas.


En Tila se están cometiendo actos y omisiones de gobierno que violentan derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e instrumentos internacionales de derechos humanos del sistema interamericano y de la Organización de las Naciones Unidas. Violaciones que continúan perpetuándose en el municipio ante la probable omisión y negligencia de autoridades que señalamos como autoridades responsables: el gobierno del estado de Chiapas, encabezado por Manuel Velasco Coello; la Delegación de la Procuraduría General de la República en Chiapas; la Séptima Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE-Chiapas); autoridades que se presume no han actuado para detener a los responsables de delitos y para desarticular a grupos civiles armados con testimonios que se trasladan en automóviles de la Policía Municipal y del Ayuntamiento Municipal de Tila, quienes operan impunemente y en total libertad en la cabecera municipal, comunidades, carreteras y caminos en el municipio de Tila, generando un clima de terror y violencia. De lo que ocurra en Tila, lo seguiremos señalando, es y será responsabilidad del gobernador Manuel Velasco Coello.


Tememos que grupos armados civiles, quienes –según testimonios de pobladores– cuentan con la protección y apoyo de funcionarios del gobierno de Chiapas y del presidente municipal de Tila, realicen una masacre contra pobladores de comunidades de Nueva Esperanza y Tocob en particular, así como con pobladores del municipio de Tila.


Nos parece sumamente grave que elementos del Ejército Mexicano que se encuentran en el municipio de Tila hayan sido omisos ante la presencia de grupos civiles armados que operan a plena luz del día y no hayan intervenido para detenerlos.


Atentamente:


Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Jitotol


 


 


 


 


 


Contralínea 452 / del 31 de Agosto al 06 de Septiembre 2015



 


 



Nuestros lectores

sábado, 29 de agosto de 2015

Aún con las cuentas alegres, lo peor está por llegar


I. Por segunda ocasión, y a través de sus empleados para no dar la cara, Luis Videgaray anunció la amenaza de que realmente no habrá crecimiento económico, repartiendo culpas al “entorno internacional”; cuando la ausencia de políticas públicas internas hizo el desastre económico en el que estamos más de 100 millones de mexicanos y la mitad empobrecida, dándole a 1 millón una comida al día con el asistencialismo que no conduce sino a más empobrecimiento, para entrar a una inflación galopante tras la reptante de todos los días, por reetiquetar y aumentar los productos encarecidos por tener que importarlos cuando el 90 por ciento podrían y deberían producirse aquí. Hay un desastre económico al grado de que Navarrete Prida –el ineficaz secretario del Trabajo y Previsión Social– sostuvo que 2016 será “muy difícil” económicamente. Peña lo mandó a decir eso y salvar a Videgaray, su candidato presidencial, para que los mexicanos pensemos que es China la que nos está llevando a la actual crisis económica. Pero es que el peñismo se durmió en los laureles de sus fracasados “cambios estructurales”, con todo y que Petróleos Mexicanos se ha puesto en remate.


II. Lo peor del desastre está por llegar tras el Tercer informe de gobierno de Peña, aumentando los despidos de los de planta (que serán más de 20 millones) que se sumarán a los 40 de la informalidad. El gobierno hacendario de Videgaray con su neoliberalismo económico inspirado en el Consenso de Washington, tras las crisis de 1973 a la de 2010, de privar a México de la producción agrícola para asegurar la alimentación nacional, y permitir que el capitalismo financiero-depredador fuera el santo y seña de una economía que ahora hace agua, convirtiendo a la nave estatal en un Titanic que chocará directamente con el iceberg de lo peor del desastre. Lo más grave es que a los mexicanos sólo se nos ha dicho que estamos en recesión; que se desacelera la economía, que baja la tasa de crecimiento, y que tendremos un presupuesto de base cero.

III. Pero aún con la “ayuda” del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que anunció la reducción de carencias… ¡en cinco municipios! –de los más de 3 mil con que cuenta el país–, y las cuentas alegres con fantasías y mentiras de la señora Robles, la verdad es que sus programas no han logrado su objetivo. Al contrario, han aumentado los pobres y si bien dice que: “Abatir la pobreza alimentaria en el país es aún muy grande”, lo cierto es que para defender su nombramiento izó las banderas del triunfalismo, cuando calladita se hubiera visto mejor… Ya que por hambre han muerto mexicanos y el desempleo y el alza de precios completan la macabra operación. Y que el vocero peñista haya sumado su voz y realizado todo un acto populista, demuestra que hay la orden presidencial del “no te preocupes, Rosario”. Pero en el universo de 55 millones de pobres y de ellos más de 15 en situación de hambre, presas de enfermedades por raquitismo, el que 1 millón haya comido no es como para anunciar con cañonazos su victoria pírrica. Coneval puede decir misa para ayudar al peñismo, pero la realidad echa abajo esas mentiras. Lo peor está por llegar.


Álvaro Cepeda Neri*


*Periodista


 


 


Domingo, 30 de Agosto 2015



Aún con las cuentas alegres, lo peor está por llegar

Negocio sobre los sitios arqueológicos


Sobre vestigios arqueológicos se construyen fraccionamientos, vialidades, centros comerciales… El INAH termina por avalar la mayoría de los proyectos. Entierros humanos y estructuras, entre los hallazgos ignorados 


 

En los últimos 15 años, sobre vestigios arqueológicos se han construido fraccionamientos habitacionales, distribuidores viales, gasoductos, presas, centros comerciales, minas y parques eólicos. No obstante su importancia, el INAH termina por avalar la mayoría de los proyectos de infraestructura promovidos por particulares y entidades de gobierno. Entierros humanos, estructuras arqueológicas, petrograbados, sitios sagrados, entre los hallazgos que han sido ignorados o destruidos.


De acuerdo con información obtenida por Contralínea, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha firmado, entre 2000 y 2015, 70 convenios con particulares y dependencias gubernamentales para realizar trabajos de salvamento arqueológico dentro de poligonales destinadas a obras de infraestructura.


Fraccionamientos habitacionales, parques eólicos, minas, represas, distribuidores viales, libramientos, gasoductos, centros comerciales, restaurantes, plantas de tratamiento de aguas residuales y tiendas de autoservicio, entre los proyectos.


Para ello, en los últimos 15 años, particulares y dependencias gubernamentales han entregado al INAH alrededor de 152 millones 342 mil 320 pesos para la realización de los trabajos.


Según la información en poder de este semanario, durante la última administración de María Teresa Franco, se firmó el mayor número de convenios: 24 en 2014; seguido por 2013, cuando bajo la administración de Sergio Raúl Arroyo y el inicio de la segunda administración de Teresa Franco se firmaron 17.


Dirigido por Alfonso de Maria y Campos, en 2010, 2011 y 2012, el Instituto convino 15 salvamentos con particulares y entidades de gobierno.


La Comisión Federal de Electricidad, el Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gasoductos Mexicanos, Corporación Minera Esperanza Silver de México, Tag Pipelines, Bayer de México, Restaurantes Toks, la Cadena Comercial Oxxo, Tiendas Chedraui, y Walmart de México son algunos de los nombres que figuran en los documentos oficiales.



Presas hidroeléctricas



La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el ente que más convenios ha firmado con el Instituto. En 15 años, se tiene registro de 17 proyectos de salvamento realizados por personal del INAH en predios que, se buscaba, fueran liberados para presas, gasoductos y/o líneas de transmisión de energía eléctrica.


Financiado por la CFE, el proyecto Chicoasén II, en Chiapas, con un costo de más de 19 millones de pesos, ha sido el más caro y también uno de los más largo que haya realizado el INAH. Según los propios documentos del Instituto, los trabajos de salvamento se programaron para llevarse a cabo en 19 meses.


Derivado de las labores arqueológicas en el área que ocupará la presa hidroeléctrica, el INAH ha reportado el hallazgo de tres asentamientos prehispánicos en 6 kilómetros cuadrados en ambos márgenes del Río Grijalva, estructuras arquitectónicas, elementos rituales y poco más de 100 entierros.


En enero de 2015, la CFE, emitió el fallo de la licitación de la Central Hidroeléctrica Chicoasén II. De acuerdo con un comunicado, el resultado fue a favor del consorcio integrado por las empresas Omega Construcciones; Sinohydro Costa Rica, Desarrollos y Construcciones Urbanas y CAABSA Infraestructura.


La propuesta presentada por este consorcio fue por un monto de 386 millones 420 mil 681 dólares, por debajo del monto máximo fijado por la CFE en 405 millones 620 mil dólares.


En 2003, el INAH y la CFE firmaron un convenio para realizar labores de prospección y salvamento en el Proyecto Hidroeléctrico El Cajón, en Nayarit, para el que la Comisión se obligaba a aportar 852 mil 221 pesos.


De acuerdo con el convenio, en 2001, el Instituto llevó a cabo una inspección sobre una parte de las márgenes del Río Grande de Santiago, que serían inundadas en el embalse de la presa del proyecto hidroeléctrico El Cajón.


Sobre la zona de embalse y en el tramo aguas abajo que se encontraba entre la cortina de la entonces futura presa y el límite final de la presa de la central hidroeléctrica Aguamilpa, se registraron un total de 24 sitios (nueve en la zona de reordenamiento territorial y 15 asociados al área de embalse de la futura presa), por lo que se reportaba la necesidad de continuar con los trabajos.


De 2003 a 2006, ya sumaban 72 los sitios arqueológicos localizados en la poligonal. Con los objetos hallados, el Instituto inauguró en octubre de 2006 en el Museo del Templo Mayor la exposición Entre ríos y montañas sagradas. Arqueología en El Cajón, Nayarit.


De la muestra, que reunía un total de 168 piezas arqueológicas, destacan 86 esculturas de barro, 46 vasijas, materiales en concha, así como dos representaciones de las tumbas de tiro. Los materiales arqueológicos provienen de los sitios El Tepetate, El Ciruelo, La Playa, Paseo de San Juan y Lagunitas, ubicados en las cercanías del Río Grande de Santiago, en un área de distribución de 65 kilómetros, localizadas en el sitio arqueológico La Playa.


También en Nayarit, el Instituto comenzó trabajos de salvamento sobre la poligonal del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, luego de firmar un convenio con la Comisión Federal de Electricidad en el que la empresa se comprometió a erogar 1 millón 810 mil 850 pesos para los trabajos.


La obra, que enfrenta el rechazo social, pretende ser construida por la CFE en el poblado de San Pedro Ixcatán, municipio de Ruiz. Según la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), esta hidroeléctrica supone la pérdida de 14 sitios sagrados y ceremoniales de los pueblos indígenas Nayeri o Cora. Entre ellos, el principal centro ceremonial denominado La Muxatena, una formación rocosa de singular belleza. Además, considera que la obstrucción del río dañará irreversiblemente Marismas Nacionales, uno de los sistemas de manglar más extensos de Norteamérica.


La AIDA asegura que, con 540 kilómetros de longitud, el Río San Pedro Mezquital es el único libre de hidroeléctricas en la Sierra Madre Occidental de México. Es el séptimo río más caudaloso del país, la principal fuente de agua dulce para el Sur del estado de Durango, y base del sustento de diversos pueblos indígenas, los cuales, añade, no fueron consultados ni han recibido información sobre el proyecto.


 “Como consecuencia de las labores de inspección y evaluación que el Instituto realizó en el área señalada, a petición de la Comisión, se corrobora la existencia de vestigios arqueológicos en el área del proyecto y en previsión a la potencial afectación de los bienes arqueológicos que se puedan encontrar. La Comisión solicitó al Instituto que lleve a cabo los trabajos arqueológicos en la cota correspondiente y, en su caso, proponga las acciones conducentes para su protección”, señala escuetamente el convenio firmado el 19 de agosto de 2013.



Minería


El 28 de mayo de 2010, el Instituto y la Corporación Minera Esperanza Silver de México, SA de CV, celebraron un convenio específico de colaboración para realizar estudios de factibilidad mediante prospección arqueológica para la realización de trabajos de explotación minera en el proyecto La Esperanza, Cerro El Jumil, Temixco, Morelos, trabajos que fueron realizados del 26 de julio al 25 de septiembre de 2010.


La prospección arqueológica se realizó considerando las siete áreas que abarcan la superficie del polígono definido para la explotación minera: tajo grande, tajo chico, área de desmonte Sureste, área de desmonte Este, área de desmonte Norte, patio de lixiviación y sitio arqueológico Cerro El Jumil. Como resultado de la prospección se registró la presencia de los sitios arqueológicos El Jumil, El Jumilito, Ladera del Cerro El Jumil, Cuentepec y Cuexcomate, “importantes para el conocimiento del área de influencia de Xochicalco en el estado de Morelos”, se lee en los antecedentes plasmados en el documento. Por lo que el INAH consideró necesario ampliar la intervención arqueológica para continuar con el levantamiento topográfico de la ladera Este del cerro El Jumil y el salvamento arqueológico de los sitios antes mencionados, los cuales se ubicaban en el tajo chico, área de desmonte Sureste, área de desmonte Norte y patio de lixiviación.


La solicitud de la ampliación de la intervención arqueológica se basa en la cláusula tercera del convenio citado, en la cual las partes acordaron que el programa de trabajo podría ser modificado atendiendo a las circunstancias que se presentaran.


Así, el 19 de abril de 2011, se firmó el convenio para la segunda temporada de los trabajos, mismos para los que la corporación se obligaba a erogar 1 millón 231 mil 172 pesos.


En 2013, luego de enfrentar el descontento social y la atención de la prensa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó, con fecha 5 de junio, la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto de minería a tajo abierto el cerro de El Jumil.


En el oficio 03865 de la SGPA/DGIRA/DG, donde se da a conocer el rechazo de la manifestación de impacto ambiental de la mina, queda asentado que “el INAH concluye que la explotación minera es incompatible con la conservación del patrimonio arqueológico, con fundamento en diversos artículos de su Ley Orgánica, de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y de la Ley Federal de Patrimonio Arqueológico”.



Proyectos habitacionales



Con fecha 29 de marzo de 2007, el INAH y el Fideicomiso Real Diamante, firmaron el convenio de colaboración para llevar a cabo labores de prospección arqueológica sobre un predio ubicado en la zona Punta Diamante, Puerto de Acapulco, en Guerrero, donde habría de edificarse el desarrollo inmobiliario turístico Real Diamante.


La prospección, del 1 al 31 de julio, se ejecutó considerando 11 macropredios, donde se detectaron tres plataformas habitacionales, 91 rocas con pozuelos, un abrigo rocoso, un petrograbado y tres macizos rocosos conocidos como La Tortuga, La Cabeza y La Mujer Pariendo, “importantes” para el conocimiento del área de asentamientos detectados en Puerto Marqués y Punta Diamante, reconocen las partes en el escrito.


Como resultado, se emitió un oficio con fecha del 14 de diciembre de 2007, en el que se dictaminó que debe ser considerada como reserva arqueológica el macropredio 30, así como restricciones temporales hasta su excavación en el predio 28, en el que se localizan dos manantiales vivos de escaso caudal, tres formaciones monolíticas reportadas en la década de 1980 y una terraza habitacional y, marcado con restricción temporal el macropredio 27, donde se localizaron restos de una plataforma prehispánica de uso doméstico que requerirá ser excavada, por lo que se considera necesario continuar la investigación durante 4 meses más.


El 30 de septiembre de 2011, el Instituto y el fideicomiso firmaron nuevamente un convenio, en él se establece que se requerían 120 mil 750 pesos. Monto que la empresa estaría obligada a entregar.


Sobre el proyecto, una nota del periódico El Sur de Acapulco da cuenta de la existencia de una denuncia penal en contra de la empresa. El señor César Sabino Palma Salinas –quien reclama la indemnización de 70 hectáreas y media en Punta Diamante– demandó ante la Procuraduría General de la República (PGR) al gobernador René Juárez Cisneros, y a otros 27 funcionarios y exfuncionarios por los delitos de daño al patrimonio arqueológico, robo, saqueo de vestigios arqueológicos y lo que resulte.


En la denuncia, Palma Salinas explica que las personas señaladas siguen “saqueando, vendiendo y destruyendo la zona arqueológica que estudios del Instituto Nacional de Antropología e Historia especifican que datan de miles de años. Se están construyendo avenidas calles, villas, hoteles y próximamente casinos sobre los vestigios” que se encuentran en la zona conocida como Punta Diamante.


De acuerdo con la nota, fechada en agosto de 2004, Sabino acusa que a pesar de que el INAH notificó a través de un comunicado a los desarrolladores de Punta Diamante, constructora Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y a la administración del Condominio Real Diamante que tendrán que informar de cualquier tipo de obra que lleven a cabo y que pueden poner en riesgo la preservación de la reserva arqueológica, éstas siguen destruyendo el lugar.


La lista de convenios firmados por el Instituto y particulares, de los cuales Contralínea posee copia, incluye también el proyecto de salvamento arqueológico acordado para el predio ubicado en avenida Paseo de la Reforma 159, en el Distrito Federal, donde pretende construirse una torre de departamentos y en cuya entraña se conservaban vestigios de lo que en los siglos XVIII y XIX fuera el Panteón de Santa Paula (Contralínea 426 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/03/01/panteon-colonial-al-cascajo-con-aval-del-inah/


). También, el salvamento arqueológico que el Instituto y la Universidad Autónoma de Nuevo León realizó en 2012 sobre un polígono de 50 kilómetros cuadrados dentro de los municipios de Atenco y Texcoco en el Estado de México, en el área donde habrá de construirse el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Perímetro en el que se ubicaron 28 sitios arqueológicos y alrededor de 270 puntos con vestigios prehispánicos (Contralínea 427 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/03/08/nuevo-aeropuerto-arrasara-zona-arqueologica/).


Las penas


Ante la pregunta expresa de cuáles son los mecanismos con los que cuenta el INAH, la Coordinación de Arqueología y la Dirección de Salvamento Arqueológico para evitar que el interés económico empresarial esté por encima del interés de salvaguardar el patrimonio nacional, Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador Nacional de Arqueología del INAH responde brevemente a Contralínea: “Está la Ley Federal [sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos] que obliga a los desarrolladores de infraestructura a que en el caso de que exista o se presuma la existencia de vestigios arqueológicos, se tiene que hacer un estudio”.


De acuerdo con el documento Procedimiento de desarrollo de investigaciones arqueológicas –salvamento y rescate– en áreas de obra de infraestructura pública o privada, los particulares y entidades de gobierno están obligados a obtener la autorización INAH-00-008 en áreas de obras de infraestructura pública o privada que son consideradas sitios arqueológicos o paleontológicos, porque presentan o se presume que presentan vestigios del periodo que van del origen de la vida humana hasta el establecimiento del dominio de los españoles, y frecuentemente, aun anteriores y posteriores.


De lo contrario, la Ley referida por Sánchez Nava prevé la suspensión de los trabajos que se ejecuten y en su caso procederá a la ocupación del lugar, a la revocación de la autorización y a la aplicación de sanciones.


En su Capítulo VI, “Las sanciones”, el instrumento deja en claro que al que realice trabajos materiales de explotación arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto, se le impondrá prisión de 3 a 10 años y de 1 mil a 3 mil días de multa, y al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas, se le incrementará hasta por una mitad las penas.


Establece también en el artículo 48 que si los delitos previstos en esta Ley los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.


Se le impondrá prisión, apunta el artículo 52, de 3 a 10 años y multa hasta por el valor del daño causado, al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico.


Elva Mendoza, @elva_contra


 


[BLOQUE: INVESTIGACIÓN]


[SECCIONES: PORTADA; CULTURA]


 



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Contralínea 452 / del 31 de Agosto al 06 de Septiembre 2015



 


 



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Contralínea 451


 


 


 



 


 


 


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I. Casi nadie se ocupó del régimen judicial que en las más de 3 décadas del porfirismo-porfiriato (1876-1880 y 1884-1911) impartió (in)justicias que, entre otras causas, generó el estallido revolucionario convocado por Madero (Francisco I Madero, La sucesión presidencial: 1910 o El Partido Nacional Democrático, como se tituló originalmente el libro; y de Cario de Fornaro, Díaz, zar de México). Era necesaria una investigación crítica del último tramo de esa dictadura desde la perspectiva del Poder Judicial de la Federación; en una simulada federación, porque Porfirio reunía los tres poderes en su férreo dizque presidencialismo que enmascaró un despotismo plutocrático y oligárquico a caballo entre modernizaciones autoritarias de “menos política y más administración”, que marcaron tanto la vida pública como privada que la Revolución de 1910-1917 no fue el parteaguas que pareció, cuando tras el golpe militar porfirista de Victoriano Huerta reconstruyó –hasta nuestros días– parte de ese porfirismo que acusa el neoautoritarismo presidencialista, los fraudes electorales y la impartición de injusticias por la corrupción del Poder Judicial.

 


 


 


 


 


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Arresto domiciliario


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Contralínea 451