miércoles, 8 de julio de 2015

El codiciado viento del Istmo

8. julio, 2015        Sociedad

La velocidad del viento, a 10 metros por segundo, ha sido el codiciado recurso de las trasnacionales que llegan a tierras istmeñas, con sus aerogeneradores de 76 metros de alto, que visten ya la región indígena de Oaxaca. Las necesidades de FEMSA (embotelladora de Coca-Cola) y la cervecera Cuauhtémoc Moctezuma para producir su propia electricidad ponen en resistencia a los pueblos de la región, que han decidido impedir la instalación de más de un ciento de generadores, pues temen que afectarán su comercio y alimentación provenientes del mar

Matías Romero, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. En esta región del Sureste mexicano, la riqueza natural es uno de los tesoros más codiciados por las trasnacionales. Energía Eólica del Sur tiene presupuestado un proyecto para que Fomento Económico Mexicano, SAB de CV (FEMSA), embotellador de la compañía refresquera Coca-Cola, la más grande del mundo, y la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma generen su propia energía con el viento que corre por estos lares.
Y es que el aire exclusivo de este territorio es anhelado por las trasnacionales, que ya han instalado aerogeneradores de electricidad y pretenden multiplicar su presencia, entre ellas: Alstom, General Electric, EcoWind, Energies Nouvelles, Eólica del Sur, Eolectric y más. Compañías que han instalado más de 1 mil 500 aerogeneradores, distribuidos en 31 parques por todo el país.
La instalación de estos aerogeneradores también se contempla en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta forma de generar energía inició con la administración de Ernesto Zedillo, en el marco de la apertura comercial con Estados Unidos y Canadá.
Los resultados, al transcurrir 21 años de la instalación del primer parque eólico: despojo, descontento, abuso y división entre los campesinos de la región, contrario a las millonarias ganancias para el sector empresarial.
Desde 2013, la barra de Santa Teresa es uno de los terrenos objetivos en esta región oaxaqueña (el más numeroso en la activación de estos vehículos de electricidad en el país). La empresa de origen español Energía Eólica del Sur (antes nombrada Mareña Renovable) pretende instalar un parque en medio de pescadores para que FEMSA sea dotada de energía.

El financiamiento del BID

El financiamiento de este proyecto, al que se han opuesto las comunidades indígenas y pesqueras del Istmo, se otorgó por la “principal fuente de financiamiento multilateral de América Latina”, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Bajo el proyecto ME-L1107, el BID explica que “consiste en la construcción de una planta de energía eólica de 396 MW [megavatios] en Oaxaca y la infraestructura asociada, en la área del Istmo de Tehuantepec. El proyecto proveerá energía al Fomento Económico Mexicano, SAB de CV, bajo el marco legal del Programa de Autoabastecimiento”.
EL BID anunció desde 2011, en un comunicado de prensa, que este proyecto sería el “mayor parque eólico de México y unos de los más grandes de América Latina”; su número de operación es 2644A/ OC-ME y el financiamiento estimado de 74 millones 991 mil 156 dólares (aproximadamente 1 millón 153 mil 476 millones 466 mil 14 pesos, al tipo de cambio del 29 de mayo de 2015).
El organismo multilateral apuntó en ese mismo comunicado: “Estamos ayudando a México a aprovechar sus abundantes recursos eólicos a fin de satisfacer la creciente demanda de energía y, al mismo tiempo, reducir la importación de combustibles fósiles para la generación de electricidad”. El proyecto consistirá en la construcción de 132 torres con aerogeneradores.

La llegada de los aerogeneradores

Carlos Beas Torres, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec, comenta que la región del Istmo se convirtió en un foco de atención de la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, corporación que realizó estudios para medir la velocidad y la cantidad de viento que circula por esta región.
Además, dice, en México la Comisión Federal de Electricidad estableció en el proyecto La Venta, en 1994, que tendría seis o siete torres, “pero tiempo después [hacia 1996] empezaron a haber algunos gestores que hacían el apartado de la tierra en la que pagaban 20, 50 o 100 pesos por hectárea y decían que ya estaba apartada”.
El luchador social comenta que “desde un principio ha habido una resistencia importante de ejidatarios [que] no vendieron donde era estratégico para la CFE”, y recuerda que fue tan grande la confrontación, que la Comisión denunció penalmente a 73 campesinos de La Venta por el delito de daños por 30 millones de pesos, campesinos cuyo único delito era defender su tierra, dice.
Pedro Orozco Márquez, vocero de la organización social defensores del mar Mugier Ndyuck, quien ha liderado la resistencia en San Dionisio del Mar, comenta en entrevista que desde hace 3 años se tiene detenido el proyecto, pues el pueblo entero se opuso a la llegada de los aerogeneradores. Esta situación trajo con ello el amedrentamiento, acoso y descontento de algunos en la zona; sin embargo, dice, las personas siguen en resistencia y viviendo de la pesca, como ancestralmente se ha hecho.
“La resistencia se mantiene, sigue viva, dejamos en reposo la instalación de aerogeneradores pero ellos están fomentando la división entre la gente. Ahora el pueblo se está contaminando con los partidos políticos e insisten en controlar la voluntad de los pueblos a través de la captación de un color de partido o de otro. Nosotros lo vemos como un problema porque los partidos políticos son obedientes de los objetivos del gobierno, pero no para los pueblos.
“A través de los partidos han corrompido a algunos indígenas ikjots de la región que se han prestado para manipular procesos, creemos que el peligro que tenemos actualmente es que estén haciendo el trabajo sucio para que nuevamente retomen el poder quienes han intentado meter a las trasnacionales”, comenta Orozco Márquez.

Oaxaca, un paraíso con viento

“México es un país con locaciones idóneas para la explotación eólica en gran escala”, dice el ensayo Energía eólica en el istmo de Tehuantepec: desarrollo, actores y oposición social, elaborado por los investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Sergio Juárez-Hernández y Gabriel León.
En el estudio, los universitarios muestran que desde la década de 1980 se vienen realizando estudios que han permitido valorar la calidad y cualidad del aire en esta región.
“Desde entonces sobresalió la región Sur del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, donde la velocidad media anual de los vientos excede los 10 metros por segundo (m/s), siendo que en promedio en el mundo se aprovechan vientos de 6.5 m/s para la generación de energía. Los vientos en el Istmo de Tehuantepec son además relativamente estables, un porcentaje alto de horas por año, de ahí que su potencial energético sea considerado como excelente.
Además, la topografía istmeña es “favorable” para la instalación de centrales eoloeléctricas. “Todo ello lo distingue como uno de los sitios más atractivos en el mundo para la explotación eólica en escala comercial […].
“La construcción de centrales eólicas en el Istmo de Tehuantepec es liderada por empresas privadas, fundamentalmente extranjeras. Los intereses de estas empresas frecuentemente chocan con los de las comunidades locales donde se pretenden erigir los proyectos. Ello se refleja en el descontento social creciente ante el despliegue masivo de aerogeneradores, luego de constatar que el desarrollo eólico no ha beneficiado en la medida esperada a los pobladores locales”, mencionan Juárez y León.

La pobreza en San Dionisio y San Mateo

“Muy alto”, así es el grado de marginación de estas dos comunidades indígenas y pesqueras, que serían afectadas por el proyecto de Eólica del Sur.
Los habitantes de esta región viven del mar, comercian y se alimentan de él; y para ellos es muy sencillo: “Los aerogeneradores traerán problemas; los dos básicos: el aceite que derraman escurrirá al mar y las vibraciones espantarán a las especies”, comenta Pedro Orozco.
De acuerdo con el Catálogo de localidades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el grado de marginación de San Dionisio del Mar pasó en 2005 de “Alto” a “Muy Alto” en 2010, siendo estas las más recientes estadísticas de la Secretaría.
Su población se calcula en 5 mil 68 habitantes y el 43.69 por ciento de ésta vive en condiciones de hacinamiento (unas 2 mil 214 personas); en tanto que el 88 por ciento sobrevive con ingresos de hasta dos salarios mínimos (4 mil 459 aproximadamente).
San Mateo del Mar se encuentra en condiciones similares, aunque de 2005 a 2010 se ha mantenido en el mismo nivel de rezago: “Muy Alto”, con una población superior a la de su comunidad vecina, pues los datos oficiales contabilizan 14 mil 252 personas; con un población en nivel de hacinamiento del 66.07 por ciento; en tanto que el 75.42 por ciento de la población ocupada vive con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

La aniquilación ambiental

Victorio Vázquez Martínez, biólogo por el Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca, dice en entrevista que cualquier obra o magaproyecto tiene siempre un impacto sobre la biodiversidad y “en esta zona, donde están los parques eólicos, hay especies microendémicas; el riesgo es que si desaparecen de esa parte del mundo, desaparecen a nivel planetario. Estos parques implican la remoción de la vegetación, por el manejo y uso, liberan aceites y eso contamina, indudablemente”.
Critica las manifestaciones de impacto ambiental, realizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pues “siempre se hacen según las necesidades de las mismas empresas, no tenemos un estudio independiente. Por ello es preocupante que se extinga la biodiversidad (las aves, los reptiles, etcétera). Mucha de ésta es fuente de alimento y medicamentos. Así de sencillo: si acabamos con toda una especie rompemos toda una cadena de vida”.
Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de la Asamblea Veracruzana de iniciativas y defensa ambiental, comenta que desde 1992, con las reformas hechas al Artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el expresidente Carlos Salinas de Gortari abrió las puertas “a esto que hoy llamamos proyectos de muerte: a toda la actividad minera y la extracción de hidrocarburos, hidroeléctricas y parques eólicos”.
Los candados que aún les quedaban en la Constitución para cometer el despojo contra los pueblos indígenas los concretan en 2014, con la complicidad de todos los partidos políticos y se da esta reforma que abre totalmente la puerta para el despojo de los bienes naturales y comunes de los pueblos, de las comunidades y de la biósfera, asegura.
En el caso de los aerogeneradores, como están prendidos las 24 horas del día, generan vibraciones, hay un ruido que lastima los oídos de las aves, de los mamíferos; ya no hay vacas alrededor de esos parques, los animales pequeños ya se fueron, los ahuyentan y generan enfermedades cardiovasculares por ese ruido permanente que afecta todo el sistema nervioso. Lo quisieron vender como una energía limpia e inocua y ya está muy documentado que provoca daños.
Contralínea solicitó entrevista con los representantes de Energía Eólica del Sur, a través de la encargada de Comunicación Social, Marcela Treviño, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta.

Los números del viento

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), en México hay 2 mil 551 megavatios operando; y se contempla incrementar para 2020 o 2022 a 15 mil.
La primera cifra se genera debido a la presencia de 1 mil 570 generadores, a través de 31 parques eólicos, los que han significado una inversión de 5 mil 100 millones de dólares.
En el país, los parques instalados se encuentran en: Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Chiapas (con un proyecto cada uno), el resto se concentra en Oaxaca.
La AMDEE indica en su portal electrónico que “la energía eólica se considera una forma indirecta de energía solar. Entre el 1 y 2 por ciento de la energía proveniente del sol se convierte en viento, debido al movimiento del aire ocasionado por el desigual calentamiento de la superficie terrestre. La energía cinética del viento puede transformarse en energía útil, tanto mecánica como eléctrica.
 “La energía eólica, transformada en energía mecánica ha sido históricamente aprovechada, pero su uso para la generación de energía eléctrica es más reciente, existiendo aplicaciones de mayor escala desde mediados de la década de 1970 en respuesta a la crisis del petróleo y a los impactos ambientales derivados del uso de combustibles fósiles”.
Se solicitó entrevista con el presidente de la AMDEE, José Adrián Escofet Cedeño, al cierre de la edición no se obtuvo respuesta

Érika Ramírez, @erika_contra/enviada
[SOCIEDAD]

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martes, 7 de julio de 2015

Reforma fiscal empeora situación económica de México

Para mantener los privilegios de los grandes contribuyentes se reforzará el terrorismo fiscal contra los pequeños. Sin afectar la renta de los más ricos ni generar deuda, al gobierno sólo le resta el recorte al gasto social. Desde 1983, todas las reformas fiscales han fracasado; los propios datos oficiales lo reconocen. Sin embargo, el gobierno federal le apuesta de nueva cuenta a una serie de medidas que empeorarán la situación


Los recortes no son un instrumento adecuado para resolver las crisis. Siempre dije que para salir de la crisis hay que invertir, no sólo aplicar la tijera, pero también acordar medidas necesarias como la lucha contra el fraude y la corrupción.
Werner Faymann, socialdemócrata y canciller austriaco desde 2008
Cuando la Legislatura trata de regular las diferencias entre los patrones y sus trabajadores, sus consejeros siempre son los patrones […]. Aquellos que viven de sus rentas y de sus utilidades son los que hacen las leyes; los que viven de su salario no las hacen.
Adam Smith (cita de Carlos Tello, Sobre la baja y estable carga fiscal en México)
Cuando Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, responsable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirman que la única solución para enfrentar la pérdida de ingresos del Estado, provocada por el desplome de los precios del crudo de exportación, reducir el déficit fiscal, equilibrar las finanzas públicas y mantener la confianza de los inversionistas en México es la reducción del gasto público y no el aumento de los impuestos ni del endeudamiento público, simplemente han apostado por la solución equivocada, sustentada en una ideología política fracasada y en un diagnóstico errado de la realidad, y cuyos resultados serán contraproducentes.
La austeridad sólo agravará la dificultad que pretenden resolver. El problema del desequilibrio en las cuentas públicas no se explica del gasto estatal, en su aparente exceso, como suponen los peñistas. El obstáculo fundamental se ubica del lado del ingreso: en la insuficiente recaudación estructural, producto de la política fiscal regresiva que redujo los impuestos a las empresas y los sectores de altos ingresos; en el ineficiente trabajo recaudatorio de la SHCP; en el estancamiento económico que limita el potencial tributario; en el fracaso de la reforma fiscal peñista de 2013 y de las instrumentadas desde 1983, los cuales han sido inútiles para fortalecer las finanzas del Estado en el corto y largo plazo.

La frugalidad mata

 “¿Por qué razón tenemos que trabajar con austeridad fiscal? ¿Por qué tenemos que ajustarnos a los ingresos tributarios o los bajos ingresos petroleros?”, se pregunta Arturo Huerta González, coordinador de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En un escenario adverso, “no hay ninguna justificación para la austeridad fiscal”, dice Huerta. “Están cayendo las exportaciones, el sector privado no está invirtiendo porque el mercado interno está restringido, está endeudado, está pagando deuda; no hay perspectiva de crecimiento hacia afuera, porque hay un contexto de recesión mundial”.
Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda, ha declarado que México debe “reforzar los motores internos de la economía ante la ausencia del impulso externo que se ha debilitado” (sic).
¿Acaso el recorte fiscal no es como arrojarle arena a los motores internos del consumo y la inversión, los cuales, de por sí, están aletargados por la endeble demanda local, por los deteriorados salarios reales, los escasos empleos formales, los altos réditos?
¿Acaso lo anterior no es el costo de las políticas de estabilización que castigan al consumo interno para reducir la inflación y reorientar la producción excedente hacia el mercado externo? ¿Acaso los bajos salarios reales no son una necesidad para reducir los costos de las empresas y mejorar su productividad y competitividad?
¿Acaso con la caída de las exportaciones petroleras y no petroleras no se paga el costo de la instauración del modelo de economía abierta, orientado hacia el mercado mundial, que convirtió a las ventas externas, primario-exportadoras y subordinadas a la demanda estadunidense, en el “motor” del crecimiento?
Hoy en día no sólo se cosechan las consecuencias del endeble consumo externo, debido al estancamiento mundial, la pérdida de espacio en el mercado estadunidense ante China y otros productores y el agotamiento del modelo exportador.
México es un país en caos respecto de la conducción económica y política. La “contracción del gasto público no va a estabilizar de nuevo las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque contrae la actividad económica, los ingresos de los individuos, y termina disminuyendo la recaudación tributaria”. La austeridad lleva “a desatender más la esfera productiva, a tener menos condiciones de crecimiento, menos generación de empleo y mayor desigualdad del ingreso”.
Huerta agrega: “si el gobierno quiere recaudar más, tiene que gastar más”. Sólo así se “incrementará el ingreso nacional [y la] recaudación”. Debe “retomar a la política fiscal contracíclica”. “El gasto [público, debe emplearse] para contrarrestar la caída de exportaciones, del consumo y la inversión del sector privado.
 “La política fiscal debe encaminarse a crear condiciones de crecimiento, de empleo bien remunerado”. A “incrementar los gastos en salud, en educación gratuita y de calidad”. Para Huerta, esos son “nuestros principales, problemas”.
Por desgracia, agrega, con el recorte del gasto público, con la austeridad fiscal, el gobierno quiere mandar señales a los mercados financieros internacionales de que se va a defender a toda costa la estabilidad peso-dólar, las condiciones macroeconómicas de estabilidad, y se pregunta: “¿quién se favorece de la austeridad de la moneda? El que controla la moneda: el sector financiero”. La política económica a los intereses responde, no a los de la nación.
Por ello, dice Arturo Huerta: “las políticas económicas no son neutras”. La crítica del académico a los recortes en gasto público de 2015 y 2016, a los que puede agregarse el de 2013, y el presupuesto de base cero, debido a sus efectos recesivos y antisociales, es respaldada por las amargas experiencias de crisis de 1982-1984, 1986, 1995, 2001, 2006 y 2013, años en los que también se impusieron medidas similares. Actualmente la Unión Europea y la eurozona repiten la misma historia.
Sin embargo, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray vuelven a imponer la austeridad a la nación como un fatalismo ineludible para corregir el desequilibrio entre los ingresos y egresos públicos y eliminar el déficit fiscal. Pero como señala Arturo Huerta, a la caída de los ingresos fiscales petroleros le seguirá la pérdida de los impuestos no petroleros, a medida que la producción se deslice por la pendiente descendente del ciclo económico, lo que agravará el estancamiento económico que caracteriza al gobierno actual.
Ésa es la racionalidad de la ortodoxia monetarista estabilizadora que cualquier estudiante de economía conoce perfectamente. Sin duda, también lo sabe Videgaray. Pero repite la misma terapia y finge creer que esa panacea fiscal, que siempre ha fracasado, ahora sí funcionará.
En sus ocurrencias, Videgaray nunca ha planteado cambiar los factores que explican el alto grado de vulnerabilidad de la economía mexicana ante los choques externos (petroleros, ciclos financieros especulativos) y su rápida transmisión hacia el sector real de la economía y la pérdida del mercado interno como puntal del crecimiento: la apertura externa indiscriminada (eliminación de aranceles y otras barreras comerciales, acceso del capital especulativo a los mercados cambiario, de dinero y de capitales, el libre flujo de divisas); el abandono del uso de la paridad cambiaria como instrumento de ajuste de las cuentas externas; la subordinación cambiaria y de las tasas de interés a movimientos de capitales y el control de la inflación; el imperativo del equilibrio de las finanzas públicas y el desmantelamiento del Estado, afectándose a la política económica como instrumento contracíclico y promotor del desarrollo y el bienestar social.
La privación de la soberanía de la política fiscal, monetaria y de la política económica en general, la austeridad, sólo han tenido un beneficiario: el gran capital nacional y trasnacional económico y financiero.

El fracaso de la regresividad fiscal

Es innegable que la dinámica de la economía condiciona la disponibilidad de los ingresos fiscales del Estado. Éstos se reducen cuando el crecimiento se debilita y mejoran con su expansión.
Pero también existen factores políticos, estructurales, institucionales, normativos, que determinan los requerimientos, la disponibilidad y la manera en que se obtienen los ingresos fiscales. De ellos no dicen nada Peña ni Videgaray.
La razón es obvia. Porque están relacionados con el sesgo ideológico-político, los intereses y los compromisos de los gobernantes en turno; la capacidad de los diferentes sectores sociales para influir en la orientación de la política fiscal. Esos y otros elementos que determinan los objetivos de la política de ingresos y egresos del Estado; el reparto de sus costos y beneficios; los instrumentos empleados para alcanzarlos y su relación con las metas de la política económica: el crecimiento, el empleo, la distribución del ingreso y la riqueza, el bienestar social, los precios, el ciclo económico.
A Enrique Peña y Luis Videgaray sólo les interesa cuadrar las hojas de balance por medio del ajuste del gasto. Sin modificar la política tributaria –el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos para determinar la carga impositiva que financia al Estado– ni el resto de la política fiscal, base del modelo neoliberal, de la legitimidad del sistema ante los “mercados” y del descrédito ante las mayorías.
Nada importa que las diversas “reformas fiscales integrales” impuestas entre 1983 y 2015 hayan fracasado en su intento por superar la histórica y estructural restricción de los ingresos. Naufragan porque sus directrices atentan contra la tributación: la baja de impuestos a las empresas y los sectores de altos ingresos (ver gráfica 1); la preferencia de los impuestos indirectos (el consumo) sobre los directos (la renta) y los no tributarios (petroleros) sobre los tributarios; los generosos beneficios discrecionales, de dudosa legalidad, concedidos por Hacienda y el Ejecutivo; la ineficiencia de las autoridades en la recaudación.
Paradójicamente, la aplicación de la mayoría de esas medidas representa el éxito del neoliberalismo fiscal. Lo que se quería era reducir las cargas tributarias a las empresas y los sectores de altos ingresos.
Esa raquítica arquitectura tributaria, políticamente regresiva e inequitativa, sólo puede funcionar mientras funciona un artificio: los impuestos petroleros. Pero la bonanza petrofiscal y de los petroprecios, iniciada en 2002 se colapsó en junio de 2014 y el edificio mostró sus fisuras estructurales, sin que se cumpliera la lógica fiscal: menos impuestos, más ahorro, más inversión. Esta última pasó de 27.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 1980-1981 a 21 por ciento en 2014.
Carlos Tello Macías, quien fue secretario de Programación y Presupuesto (1976-1977) y director del Banco de México (1982), encargado de la nacionalización bancaria y el control cambiario, ha dicho que “es la falta de recursos públicos y no la insuficiencia de incentivos fiscales lo que ha limitado el desarrollo económico. Durante el periodo 1982-2012” –el ciclo neoliberal–, “el sistema fiscal ha sido incapaz de promover la circulación del excedente generado hacia fines de desarrollo económico y social”.
Con relación al peñismo, Tello ha agregado: “la reforma de 2013 está muy lejos de ser la que el país necesita. No avanza en la eliminación de los factores estructurales que explican la baja y estable carga fiscal que ha prevalecido a lo largo de los años”. No “ofrece soluciones, por así decirlo, coyunturales que aporten recursos significativos en el corto plazo. El problema cobra en la actualidad una magnitud más aguda por la inminente reducción de los recursos fiscales derivados del petróleo ante la caída de los precios internacionales, la reforma del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la radical apertura del sector a la inversión”.
En 2010 los economistas Tello y Domingo Hernández señalaron que “la severa crisis económica de los últimos 2 años ha puesto en evidencia –una vez más–, la fragilidad de las finanzas públicas en México, caracterizada, entre otras cosas, por una muy baja capacidad de recaudación tributaria”. Tello agregaba: “a pesar de múltiples ajustes, adecuaciones e incluso reformas a las diversas leyes fiscales y de importantes cambios en la administración de los tributos, la recaudación con relación al producto interno bruto –la carga o presión tributaria– ha permanecido relativamente estable en los últimos 70 años [1940-2013], variando entre 9 por ciento y 10 por ciento”.
Los bajos ingresos tributarios son los peores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de los más bajos en América Latina. Los recursos petroleros sólo los han compensado parcialmente. Por esa razón, el principal instrumento de equilibrio de las finanzas públicas de los últimos años ha sido “la contención del gasto público, particularmente el de inversión”, lo que explica su relativamente reducido nivel, insuficiente “para atender adecuadamente en cantidad y calidad las necesidades de la población en materia social y generar las condiciones para un mejor funcionamiento de la economía y mayores ritmos de crecimiento en el país”.
Debido a lo anterior, se observa un “déficit acumulativo de desarrollo económico, que ya ha puesto en entredicho las posibilidades de crecimiento económico y desarrollo social en el país en los años por venir”. Por desgracia, el vacío dejado por la inversión pública no ha sido compensado por la privada. El resultado general es el estancamiento económico.
Como se puede ver en la gráfica 2, los impuestos presupuestarios del sector público y del gobierno federal, como proporción del PIB, así como sus respectivos gastos programables, que excluyen el pago del servicio de la deuda, se mantienen prácticamente estancados entre 1980 y 2014, pese al aumento de la población, las necesidades de la economía y de recursos para el propio funcionamiento estatal. Los ingresos del sector público mediaban casi 23 por ciento del PIB en 1980-1982 y en 2014 fueron de 22 por ciento del PIB. Los del gobierno federal fueron de casi 14 y 16 por ciento en cada caso. El promedio de la Unión Europea en el último año citado es del orden de 40 por ciento del PIB.
Igualmente, los ingresos tributarios del gobierno federal han estado estancados en alrededor de 10 por ciento del PIB. Dentro de estos gravámenes, el impuesto sobre la renta osciló en 5 por ciento del PIB, y el impuesto al valor agregado se elevaba de 2.4 a 3.7 por ciento del PIB. En cambio, los ingresos no tributarios o indirectos, se elevaron de 4 a 6 por ciento del PIB. Su concepto más significativo; los derechos a los hidrocarburos subieron de 3.3 a 4.4 por ciento del PIB (ver gráfica 3). La importancia adquirida por los gravámenes señalados manifiesta, asimismo, el escaso número de impuestos que ha empleado el Estado para gravar a las personas físicas y las empresas: el impuesto sobre la renta (ISR).
La media de los ingresos tributarios en América Latina es de 14 por ciento. El coeficiente de México es el más bajo. Incluso, países modestos como Haití, El Salvador, Honduras o Guatemala superan el coeficiente mexicano.
La gráfica 4 muestra con mayor claridad la petrodependencia fiscal. En 1986 el petróleo aportó la mitad de los ingresos totales al sector público y en 2014 el 38 por ciento. La proporción es, ciertamente, menor, pero ello no evita sus efectos desestabilizadores. En el caso del sector público, en cambio, es ligeramente mayor en los años de referencia, al pasar de 25 por ciento del total a 26 por ciento.
La limitada recaudación estructural del país se agrava por “la inadecuada administración de los tributos, que resultan en los grandes niveles de evasión y elusión, los tratamientos especiales (exenciones), así como la creciente economía informal”, según Carlos Tello. En cada concepto es la más deficiente, en comparación de países con un desarrollo similar al mexicano.
Tello resalta un aspecto importante que revela el carácter autoritario de la política tributaria: “la potestad arbitraria –del Ejecutivo– para relevar parcial o totalmente a sectores de la población de su obligación de contribuir al erario [y que] ha sido práctica añeja del presidencialismo mexicano”.
Esa arbitrariedad está plasmada en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que le otorga la facultad de conceder, unilateralmente (rasgo típico de los regímenes autoritarios), “toda clase de estímulos tributarios: exenciones y condonaciones, facilidades administrativas para el pago de un impuesto, estímulos y subsidios”. “Con base en ello, el Ejecutivo ha puesto en práctica una política tributaria por decreto”, en el que “hay un amplio espacio para la discrecionalidad tributaria bajo un grueso manto de opacidad”. Esas medidas suelen aplicarse después de que el Congreso de la Unión aprueba el presupuesto.
La constitucionalidad de ese privilegio, empero, está en entredicho. “El andamiaje institucional aquí pareciera tener una falla fundamental: el Ejecutivo no tiene formalmente facultades constitucionales para revertir de manera administrativa lo establecido por el Legislativo en materia tributaria, salvo en situaciones muy particulares, que han sido aclaradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tampoco existe un mecanismo efectivo que sirva de freno al Ejecutivo cuando trasgrede esa regla constitucional”.
Pero en un país como México, donde el sistema presidencialista autoritario permanece intacto, los poderes Legislativo y Judicial siguen subordinados al Ejecutivo, y el imperio de las leyes no es más que una quimera, la constitucionalidad o no de las facultades tributarias del Ejecutivo es otra anécdota más.
Si esa situación no le preocupa al Ejecutivo, tampoco le inquieta que el ejercicio de las facultades citadas complique más la pérdida de los ingresos que restringen el gasto. Al cabo, esos poderes extraordinarios refuerzan su capacidad de negociación, de presión y de control sobre la sociedad, en especial, de los que son beneficiarios de su magnanimidad.
Las sombras que proyecta la política tributaria tienen un efecto colateral: la desconfianza de la población en la manera en que se obtiene, a menudo por medio del llamado “terrorismo fiscal”, y se ejerce la recaudación, bajo la sospecha de la corrupción. Ello, en parte, la estimula para tratar de evadir sus compromisos con la hacienda pública.
Por otro lado, la política tributaria no sólo perdió en el camino su perfil distributivo del ingreso y la riqueza. De hecho, ha contribuido a acelerar su concentración con los amplios beneficios proporcionados a las grandes empresas y los sectores de altos ingresos. Las privatizaciones, los subsidios y otros apoyos han ayudado en esa tarea.
En lugar de reducir el gasto, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray tenían otras opciones para contrarrestar la pérdida de ingresos tributarios. Por ejemplo, crear nuevos tramos en los ingresos para mejorar la progresividad del impuesto a la renta, gravar la propiedad, las herencias y legados, las donaciones, las ganancias del capital o ampliar las cargas a las transacciones financieras. Pero esas medidas no les entusiasman, pues deterioran sus bonos ante los grandes capitales locales y foráneos, y los organismos multilaterales (el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo), que prefieren los recortes y no más impuestos. Grecia sabe de esas cosas.
Toda política tributaria y fiscal progresiva es sospechosa. Resulta mejor la austeridad aplaudida por quienes consideran que es la mejor política fiscal.

Marcos Chávez M*, @marcos_contra
*Economista
[CAPITALES]

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Contralínea 444 / del 06 al 12 de Julio 2015