lunes, 30 de junio de 2014

Director de Liconsa, en “precampaña” por Oaxaca

Millones de pesos del erario son gastados en publicidad por Liconsa en sólo un estado de la República: Oaxaca. Desde el año pasado, la dependencia federal ha inundado los medios locales con información de las acciones que su titular, Héctor Ramírez Puga, realiza en otras entidades del país. Además, casi 50 oaxaqueños fueron incorporados en los primeros puestos de la institución. Diputados federales observan que Ramírez Puga estaría realizando desde su puesto en el gobierno federal una ilegal precampaña de cara a las elecciones que se realizarán en el estado para elegir gobernador

 
Casi 200 notas en primera plana –en medios impresos y portales electrónicos de la prensa oaxaqueña– han sido parte de la intensa campaña que Liconsa y su titular, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, han desarrollado en los últimos meses. El objetivo no queda claro para algunos legisladores del partido Movimiento Ciudadano. Y, ante esta “constate campaña mediática” del excolabrador de Ulises Ruiz Ortiz –quien fuera gobernador de Oaxaca del 1 de diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2010–, diputados por ese partido han presentado formalmente una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), la cual es encabezada por Jesús Murillo Karam.
La denuncia entregada en las oficinas el 10 de abril de este año –y de la cual Contralínea posee copia– acusa a Ramírez Puga de “probable responsable de conductas posiblemente constitutivas de delito”. Es firmada por los diputados federales Ricardo Mejía Berdeja, Consuelo Argüelles Loya, Agustín Miguel Alonso Raya y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.
En los hechos se describe que en febrero pasado los diputados federales fueron advertidos de la “campaña mediática” que se estaba “perpetrando” en los medios locales de Oaxaca, estado de donde es oriundo el titular de Liconsa (empresa estatal dependiente de la federal Secretaría de Desarrollo Social).
Con la revisión de los medios de comunicación se contabilizaron 198 publicaciones en las que, según la denuncia, en 119 notas se describen actividades del funcionario federal en su gira por distintos lugares del país. Para los legisladores, “causa extrañeza que 95 de las notas impresas [en medios de comunicación] no son temas que incidan de manera directa en el entorno local y que, por lo tanto, su publicación en medios de Oaxaca causa extrañeza, ya que ninguna otra entidad federativa se cubre con tal vehemencia al titular de Liconsa”.

Uso indebido de la Cruzada

El documento dirigido a Murillo Karam menciona que las notas relacionadas con las actividades públicas de Ramírez Puga y publicadas en medios oaxaqueños “tienen la clara intención de posicionar en el imaginario colectivo la imagen y nombre del funcionario con fines políticos”.
 “Lo más grave y preocupante –dicen los promoventes de la denuncia– es la presumible mala aplicación de recursos públicos destinados al Programa Nacional para el Abasto de Leche, parte fundamental de la Cruzada Nacional de Contra el Hambre […]. No tenemos conocimiento que en medios de otra entidad se dé un seguimiento escrupuloso a sus actividades.”
En entrevista con Contralínea, el legislador Ricardo Mejía comenta: “Nosotros denunciamos hechos que pueden ser constitutivos de delitos federales, y en ese sentido presumimos que hay peculado. La ministerio público, al integrar la averiguación y al consignarla, especificará los tipos penales que se configuran.
 “Al momento de ratificar la denuncia señalamos que puede haber dos formas de cometer este delito: a través de pagos en efectivo u operaciones en especie, partiendo de la base de que este personaje es excolaborador de Ulises Ruiz Ortiz y pudo encontrar la manera de diluir los pagos”, dice el diputado.

El posible delito

De acuerdo con el Código Penal Federal, en su artículo 223, comete peculado “el servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona”.
Al funcionario que le sea comprobado el delito se le podrá imponer una pena de 3 meses a 2 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal cuando el monto de lo “distraído” o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de 500 veces el salario mínimo en el momento de cometerse el delito. Así como la destitución e inhabilitación de 3 meses a 2 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Para comprobar ese delito no bastan las notas periodísticas como pruebas: es necesario comprobar que se ha pagado para la promoción de la imagen. Es tarea de los legisladores que promueven la denuncia hacer una revisión minuciosa del presupuesto y comprobar el gasto, explica el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México Óscar Enrique Díaz Santos. “Ellos tienen la facultad de hacerlo”, dice en entrevista con Contralínea el especialista en gasto público y presupuestos.
El investigador agrega que las empresas paraestatales dependen presupuestalmente de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, por lo que el encargado de la política interna del país debe estar al tanto de que no se empleen los recursos de Liconsa indebidamente.

La campaña oaxaqueña

De acuerdo con el expediente abierto AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-VI/O60/2014, con fecha del 14 de mayo pasado, el legislador Ricardo Mejía Berdeja presentó como “elementos probatorios” de la “constate campaña mediática” una la lista de 198 notas periodísticas que hacen referencia al director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, exfuncionario oaxaqueño, y a la institución que actualmente dirige.
El documento emitido para la agente del ministerio público, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, Silvia Nathalie García Ocampo, contiene 92 notas en medios impresos y 106 en portales de internet.
Entre los medios que han difundido la información de Liconsa y del funcionario se encuentran: Voz e Imagen de Oaxaca, en el que se publicaron 53 notas; El Imparcial, el mejor diario de Oaxaca, donde se contabilizaron 36; y en Rotativo Oaxaca, con 3 publicaciones. Todas en 2013.
Diez páginas de internet que han hecho mención del funcionario oaxaqueño y la institución que representa son, según el expediente abierto en la PGR: Quadratín Oaxaca, NSS Oaxaca, ADN Sureste, Radar Oaxaca, Ciudadanía Express, Voz del Sur, Noticiasnet, Publimar, Despertar de Oaxaca y oaxacain.com.
El diputado Ricardo Mejía, integrante del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, dice que hay una cobertura informativa “simulada” para dar cobertura mediática a Ramírez Puga. “Al ministerio público le corresponderá investigar cuál fue la contraprestación. Todo esto, evidentemente, es un manejo electorero con el propósito de posicionarse con miras al proceso electoral de 2016 para gobernar Oaxaca. No hay ninguna trascendencia noticiosa en la cobertura que se le da, sino otro afán, el de la promoción”.

Gastos documentados, 10 millones de pesos

A través solicitudes de información a Liconsa, Contralínea indagó sobre los recursos públicos que ha dispuesto la institución y su titular para promover sus campañas en medios de comunicación. La respuesta a la petición 2014300006414 fue que, en el periodo que va del 1 de diciembre de 2012 –fecha en la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresara al frente del Poder Ejecutivo federal– al 7 de mayo de este año, la empresa ha suministrado más de 10 millones de pesos en propagada.
Proporcionada por el subdirector de presupuesto de Liconsa, Luis Gerardo Álvarez Tostado Valdivia, la respuesta indica que por concepto de difusión de programas institucionales y actividades gubernamentales de Liconsa, SA de CV, se gastaron 10 millones 329 mil 286.88 pesos.
Aunque sólo se da cuenta de que la difusión de la campaña que acompaña la Cruzada Nacional sin Hambre –impulsada por el gobierno federal, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social– se llevó a cabo a través de medios electrónicos y durante 2013.
Entre los beneficiarios de los contratos que publicitaron la información se encuentra Tv Azteca, con un monto de 4 millones 857 mil 564.26 pesos. La factura 3952 tiene el membrete de Estudios Churubusco Azteca y fue emitida por la difusión de un spot televisivo de 60 segundos, con vigencia del 1 de abril al 30 de abril de 2013, en los programas Venga la alegría, La otra cara del alma, Hechos Noche, Hola México y Los del Siete.
El documento fiscal 3953 tiene cargos para Radio Fórmula por 1 millón 550 mil; Grupo Radio México, 1 millón 68 mil 750; Núcleo Radio Mil, 552 mil 960; MVS, 552 mil 960; Megacima Radio, 305 mil 835; Multimedios, 260 mil 650; Grupo Siete, 259 mil 350; Promosat, 243 mil 268; Somer, 231 mil 25; Imagen, 205 mil; Radiodifusoras Asociadas, 142 mil 100; Copo Radio, 117 mil 500; y Comunicación Segmentada, 78 mil 200 pesos.
La tercera factura –folio 3954, emitida también por Estudios Churubusco Azteca– entregada a través del sistema Infomex del gobierno federal fue para Diseño y Servicios Publicitarios, por haber realizado el diseño y los servicios publicitarios para la campaña de comunicación “Programas Sociales, Versión Cruzada sin Hambre” de Liconsa. El monto pagado fue por 790 mil pesos.

Gastos sin comprobar

Para realizar esta investigación, Contralínea solicitó copia de las facturas que correspondan a los gastos por concepto de viáticos y la agenda detallada de Héctor Pablo Ramírez Puga, mediante la solicitud 2014300005814. Sin embargo, los responsables de la operación del Presupuesto y Administración negaron la existencia de dicha información. Esto, pese a las giras que se realizan por la Campaña Sin Hambre, mismas que aparecen en el portal de internet de Liconsa, y que dan cuenta de la presencia de Ramírez Puga en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Morelos, entre otros.
Gerardo Álvarez Tostado Valdivia, subdirector de Presupuesto de la empresa estatal, responde que los registros contables de la entidad “no reflejan erogaciones por concepto de viáticos del titular de Liconsa”.
En tanto, el director de Administración, Marco Antonio González Amaro, informa que “no se cuenta con una agenda detallada de eventos (lugar, fecha, hora, objetivo del evento) a donde haya acudido Héctor Ramírez Puga desde que asumió la titularidad de Liconsa, en respuesta a la solicitud de información 2014300005814.

El equipo oaxaqueño

De acuerdo con información publicada por el periodista Miguel Badillo en su columna semanal Oficio de Papel, Ramírez Puga mantiene en la nómina federal a amigos y excolaboradores oriundos de Oaxaca (Contralínea 379), los mismos que han sido cotejados en el directorio oficial que aparece en el Portal de Obligaciones de Transparencia de Liconsa.
Entre ellos se encuentran Engelbert Granados Saynes como jefe del Departamento de Relaciones Públicas de Liconsa, relacionado con Juan Manuel Vera, exdirector de Seguridad Pública en el sexenio de Ulises Ruiz; Dinorath Guadalupe Mendoza Cruz, a quien nombró como subdirectora de Modernización de Liconsa y es hermana de la diputada local oaxaqueña Lilia Mendoza Cruz; Addiel Concha Cruz, jefe del Departamento de Activo Fijo y Archivo Documental; Aline Elizabeth Gómez Alderete, jefa del Departamento de Difusión; Ariel Hernández García, subdirector de Venta Comercial; Axel Igor Guerrero Vigil, jefe del Departamento de Análisis y Atención a Medios; Carlos Zicri Ruiz Robles, jefe del Departamento de Relaciones Industriales, excolaborador de la campaña del senador Eviel Pérez Magaña; Claudia Galguera Aparicio, jefa del Departamento de Planeación y Estrategia Comercial (es hija de Carolina Aparicio, exdiputada y expresidenta municipal de Pochutla).
Se encuentran también: Cristino Rubiel Rojas Medina, subgerente de Control de Calidad y excandidato para diputado por el distrito de Ejutla; David Antonio Jiménez, jefe del Departamento de Normatividad y Apoyo Técnico; Eric Iván Ruiz Espinoza, jefe del Departamento de Servicios Generales; Etelberto Gómez Fuentes, jefe del Departamento Padrón de Beneficiarios, exdiputado local y expresidente municipal de Tututepec; Fernando Franco Luna, jefe del Departamento de Padrón de Beneficiarios, expresidente del PRI de Huatulco y excandidato a la presidencia municipal; Floriberto Vázquez Vázquez, jefe del Departamento de Apoyo al Buen Gobierno y exdiputado local; Francisco Javier Matus Berra, jefe del Departamento de Sistemas de Información y Órgano de Gobierno; Francisco Javier Vera Méndez, gerente estatal en Veracruz, exdiputado local y expresidente municipal de Miahuatlán; Gilberto García Avendaño, jefe del Departamento de Adquisición y Servicios Generales, y operador político en Huatulco, y Guillermo Lavariega Cárdenas, jefe del Departamento de Seguimiento Operativo, excandidato a la presidencia municipal de Huatulco y exdelegado de gobierno.
Asimismo: Heliodoro Carlos Antonio Díaz Aguirre, subdirector Jurídico Corporativo, hijo de Heliodoro Díaz Escárraga, exsecretario de Gobierno con Ulises Ruiz; Horacio Gervacio Mendoza Valeriano, jefe del Departamento de Productividad Industrial; Hugo Paz Sosa, encargado de la Subdirección de Recursos Humanos; Jaime Arturo Larrazabal Bretón, gerente Metropolitano Norte, exdiputado federal y hermano del expresidente municipal de Monterrey Fernando Larrazábal y de Jonás Larrazabal, quien fue acusado de supuestamente extorsionar a dueños de casinos en esa ciudad; Jesús Carreto Silva, jefe del Departamento de Informática; José Antonio Amado Osorio, jefe del Departamento de Atención y Servicios a Concesionarios y exfuncionario del gobierno de Ulises Ruiz; José Gerardo Flores Caballero, jefe del Departamento de Normatividad y Cuentas Vencidas Para Trámite Legal; Juan José Galguera García, gerente del Programa de Abasto Social Morelos, exfuncionario del gobierno de Ulises Ruiz y esposo de la exdiputada local Carolina Aparicio; Karla Gabriela Jiménez Carrasco, subdirectora de Planeación Estratégica y excandidata a diputada por el Partido Verde Ecologista de México; Luis Gendrón Pensado, subdirector de Adquisición de Leche; Marco Antonio González Amaro, director de Administración, exdiputado local y exfuncionario del gobierno de Ulises Ruiz; Marco Antonio Hernández Cuevas, gerente estatal en Oaxaca, exdiputado local y exfuncionario de Ulises Ruiz.
Finalmente: María Antonia Vigil Garnica, jefa del Departamento de Apoyo Técnico de la Secretaría Particular y exsecretaria privada de Ulises Ruiz; Octavio Márquez Zamora, jefe del Departamento de Transportes; Othoniel Melchor Peña Montor, encargado de la Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno y director del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca durante el sexenio de Ulises Ruiz; Raúl Iruegas Álvarez, subdirector Jurídico de lo Contencioso; Reynaldo Cuauhtémoc Hernández Cuevas, titular de la Unidad Jurídica y hermano del exdiputado Marco Hernández Cuevas, hoy gerente de Liconsa Oaxaca; Ricardo Hernández Méndez, titular de la Unidad de Comunicación Social; Richard Roberto Sánchez García, subdirector de Comunicación Social y asistente personal de Héctor Pablo Ramírez Puga; Samuel Rosales Olmos, subdirector de Maquila y Compra de Leche Fresca, exregidor del municipio de Huajuapan de León; Sergio Alfredo Canseco Vasconcelos, subgerente de Administración y Finanzas; Sergio Chacón Rojas, jefe del Departamento de Venta de Productos Comerciales en la Red Institucional, excandidato a la presidencia municipal de Zaachila; Vicente Lucas Lara, jefe del Departamento de Programación y Evaluación de la Producción y expresidente municipal de Chiltepec; Genaro Javier Cuervo Hernández, jefe del Departamento Cuentas por Pagar; Isauro Cervantes Reyes, jefe del Departamento de Programación y Compras de Insumos; María del Carmen de Fátima Fuertes Casasnovas, jefa del Departamento de Prestaciones; Carlos Roosevelt Salinas Enríquez, jefe del Departamento de Formación y Desarrollo Humano, exfuncionario de la Contraloría del estado de Oaxaca.
Óscar Enrique Díaz Santos, doctor en economía por la UNAM, dice que es posible la integración de todo un equipo de esta naturaleza debido a las lagunas que tiene la Ley del Servicio Profesional de Carrera, en la que se permite que hasta el 30 por ciento de los funcionarios sean por designación directa, aunque las personas que ocupan los cargos no cumplan con el perfil requerido para desempeñar su función.
El legislador que encabeza la denuncia interpuesta ante la PGR comenta: “Advertimos que Héctor Pablo Ramírez Puga está utilizando a Liconsa como su cuartel de campaña y de ahí sale todo el esquema propagandístico. Esto es reprobable por el desvío de recursos y porque esta institución tiene como propósito combatir la pobreza”.

Ramírez Puga, sin respuesta

Para llevar a cabo este trabajo, Contralínea solicitó entrevista con el director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, a través de su jefe de departamento de Relaciones Públicas y el titular de la Unidad de Comunicación Social, Carlos Roosvelt Salinas Enríquez.
Salinas Enríquez informó que el responsable de atender las entrevistas del funcionario federal es Alejandro Leyva Aguilar.
Leyva Aguilar, quien no se encuentra en el directorio oficial de Liconsa, opera con un número de celular con la clave Lada de Oaxaca (951) y se presentó como el “encargado de prensa personal” de Ramírez Puga.
Este personaje comenta a Contralínea que Ramírez Puga tiene una “agenda saturada” por la campaña de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Solicitó un cuestionario con la promesa de contestar vía correo electrónico, mismo que finalmente tampoco respondió.

TEXTOS RELACIONADOS:


 Contralínea 392 / 29 de Junio al 05 de Julio

CNDH investiga allanamiento de Contralínea

30. junio, 2014 Medios







La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación por el allanamiento de las instalaciones de la revista Contralínea. Periodismo de investigación, la noche del pasado  lunes 23 de junio.
 
Los delincuentes sustrajeron expedientes periodísticos y equipo de cómputo del director Miguel Badillo, del subdirector José Réyez, y los reporteros, así como pantallas de televisión y discos compactos con información editorial.
 
Ante esta situación, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva instruyó al personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos del organismo autónomo documentar el caso.
 
Por considerarlo de interés de los lectores, Contralínea publica el comunicado íntegro
 
 
 

CNDH reprueba el robo a instalaciones de la revista Contralínea e inicia investigación

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el doctor Raúl Plascencia Villanueva, inició una investigación por los hechos en que fueron allanadas las instalaciones de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación y sustraído, entre otras cosas, expedientes periodísticos de reporteros de ese medio, así como equipo de cómputo, pantallas de televisión y discos compactos con información editorial.
 
Por instrucciones del Ombudsman nacional, personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de este Organismo, se trasladó a las instalaciones de la revista, a efecto de recabar testimonios y documentar el asunto.
 
Se entrevistó con el director y el representante legal de la empresa, quienes consideran tales hechos como un acto de intimidación que se da en un contexto de agresiones contra el equipo de ese medio, toda vez que el pasado 18 de abril, también fue allanado y robado el domicilio particular del director de la revista.
 
Asimismo, la Comisión Nacional solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la implementación de las medidas cautelares procedentes, que permitan garantizar la seguridad e integridad física del director de la revista, así como de los colaboradores de ese medio.
La CNDH lamenta que, en menoscabo del libre ejercicio periodístico, los informadores de nuestro país continúen siendo víctimas de agresiones, amenazas y actos de intimidación.
 
 
Este Organismo público autónomo reitera que los órganos del Estado están obligados a evitar que se cometan abusos en contra de los comunicadores, a fin de contrarrestar y erradicar actos que puedan debilitar o inhibir la libertad de expresión.
 
 
La Comisión Nacional dará seguimiento puntual a la investigación que realicen las autoridades ministeriales y ejercerá sus atribuciones legales para garantizar el pleno respeto y promoción de los derechos humanos de las víctimas y, en su oportunidad, emitirá la determinación que conforme a derecho proceda.
 
 
 
CNDH, organismo público autónomo.  www.cndh.org.mx

domingo, 29 de junio de 2014

Presos políticos de nuevo en España





 
Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias
 
Represión en las protestas, malos tratos a detenidos, uso excesivo de fuerza, impunidad policial, multas a manifestantes en aumento, identificaciones masivas e injustificadas en las concentraciones, intentos de estigmatizar los movimientos sociales, uso arbitrario de material antidisturbios, endurecimiento de la legislación reguladora del derecho a la protesta… En España, la política de austeridad y los recortes sociales han impulsado a cientos de miles a protestar en la calle. Porque violan sus derechos y no están dispuestos a tolerarlo. Y el gobierno responde con más violaciones.
 
La Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (Attac) España ha denunciado la represión política del gobierno del Partido Popular (PP) de las protestas ciudadanas contra su política neoliberal. Una represión que “llega a extremos incompatibles con la democracia”. También Amnistía Internacional ha denunciado que el gobierno “utiliza todos los medios a su alcance para limitar la libertad de expresión y la protesta pacífica [...]. El gobierno ha reducido el respeto de los derechos humanos en España, el derecho de reunión pacífica, de asociación y expresión; una rebaja contraria a las normas de derechos humanos que España ha firmado y obligaciones internacionales que ha contraído”. Amnistía denuncia síntomas “muy preocupantes” de represión de derechos y libertades fundamentales, hasta el punto de que la organización defensora de derechos humanos teme que España se sume a las tendencias autoritarias de Turquía, Ucrania o Rusia.
 
Según escribe Pedro Oliver, se perpetran tres tipos de represión: legal, la de la policía en la calle; burocrática, que busca intimidar a los movimientos sociales con multas y trabas legales para ejercer los derechos de reunión y expresión; y sucia, oscura, con infiltración de agentes policiales en los movimientos sociales, en teoría para “prevenir” manifestaciones violentas, pero en realidad para desacreditar a los activistas sociales ante la opinión pública y justificar la violencia policial.
 
En los 2 últimos años se han impuesto más de 1 mil 100 multas, pero aún es más grave el encarcelamiento de manifestantes pacíficos, identificados aleatoriamente por la policía. Se va a la cárcel sólo por participar en manifestaciones o piquetes informativos de huelga. “No se pueden consentir. No podemos consentir que manifestantes pacíficos paguen un alto precio por ejercer sus derechos humanos”, insiste Amnistía Internacional.
 
Por su parte, Attac España expone que “los jueces no pueden escudarse en que han de hacer cumplir las leyes, pues disponen de margen para aplicarlas y se muestran especialmente duros con el pueblo, mientras todo son facilidades para los poderosos”. Lo cierto y comprobado es que campa la impunidad entre poderosos, policías, aparatos de gobierno y del PP. Y, si hay alguna condena, el gobierno indulta veloz y sin el menor recato a policías torturadores, políticos y banqueros corruptos, homicidas amigos de altos cargos del PP y evasores y defraudadores de impuestos.
 
Attac España considera presos políticos a los ciudadanos y ciudadanas detenidos y encarcelados por protestar o informar sobre huelgas. Y pide a Amnistía Internacional que los considere y acoja como presos de conciencia, como hace con sindicalistas y manifestantes de otros países, encarcelados por leyes injustas.
 
El nuevo rey de España, Felipe VI, ha asumido la Jefatura del Estado en un prolongado ceremonial. Para ello, el Centro de Madrid fue tomado por 7 mil policías y guardias civiles; más de 2 mil de ellos, antidisturbios; 120 francotiradores su posicionaron en los tejados de la zona Centro. Además han fueron cerrados 11 aparcamientos públicos y la entrada y salida de varias estaciones de Metro. El gobierno también prohibió la exhibición de banderas y símbolos republicanos en Madrid durante toda la jornada, además de las manifestaciones en favor de la República. Aires oscuros de tiempos pasados que creíamos haber superado.
 
Dice Juan Carlos Monedero que “la minoría dominante tiene miedo a la gente porque sabe el poder que tienen los más sobre los menos. Les aterra que se reúnan quienes dicen basta, porque son muchos. Porque revolución no es violencia sino una movilización masiva de conciencias. Por eso reprimen”. Lo mismo ha expresado con lucidez y humor Andrés Rábago, el Roto, en una ilustración. Un hombre enardecido clama: “¡No dejéis que salgan a la calle, no sea que se den cuenta de los muchos que son!”
 
Por eso hay presos políticos de nuevo en el Reino de España.
 
*Periodista y escritor
 
 

sábado, 28 de junio de 2014

Allanan instalaciones de Contralínea


29. junio, 2014 Medios


Saquean los archivos periodísticos de los reporteros de Contralínea. Alrededor de las 23:45 horas del lunes inició el atraco a las instalaciones de la revista y se prolongó hasta pasadas las 04:45 horas del martes 24, revelan los videos de vigilancia. De la redacción, los delincuentes sustrajeron 19 equipos de cómputo, una cámara de video profesional, tres pantallas de televisión, discos compactos con información editorial y personal, archivos, libretas y una grabadora de los periodistas. Todos los escritorios, gavetas y cajones del área de redacción fueron ultrajados. El caso se suma a la serie de agresiones que Contralínea ha enfrentado desde su fundación

 
Fotografías: Érika Ramírez
 
Las instalaciones de la revista Contralínea. Periodismo de Investigación –ubicadas en la transitada avenida Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, Coyoacán– fueron asaltadas. Los delincuentes se llevaron expedientes periodísticos de los reporteros. También, documentación personal que algunos periodistas resguardaban en sus escritorios.
 
Además, fueron sustraídos 19 equipos de cómputo –incluidas las laptops del director, Miguel Badillo, y el subdirector, José Réyez–, una cámara de video profesional y tres pantallas de televisión. Los asaltantes también se llevaron discos compactos con información editorial, archivos de los temas de investigación de los periodistas, libretas y una grabadora. Todos los escritorios, gavetas y cajones de la redacción fueron saqueados.
 
Este acto intimidatorio se da en un contexto de agresiones constantes en contra del equipo de Contralínea. Tan sólo el 18 de abril pasado también fue allanado el domicilio particular del director, sin que hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) haya podido resolver el caso. Ello a pesar de existir grabaciones en video de los asaltantes y el vehículo que emplearon.
 
Ahora, en el robo ocurrido la noche del día 23, se observa que la caja fuerte –localizada en la oficina del subdirector– fue violentamente forzada. Algunas puertas y ventanas fueron rotas, además de que los delincuentes movieron las cámaras de vigilancia y cortaron sus cables por lo que no se puede establecer la hora en que se fueron.
 
Cabe destacar que dichas cámaras fueron colocadas como parte de las medidas cautelares dictadas por la Secretaría de Gobernación a favor de este medio, de acuerdo con los protocolos del Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas. Ello, tras las peticiones presentadas directamente por la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se garantizara el libre ejercicio de expresión e información del equipo de Contralínea.
 
Y aunque dicho Mecanismo también incluía vigilancia permanente al lugar de trabajo, esta nueva agresión demuestra la ineficacia de Gobernación para garantizar y proteger la labor periodística.
 
Ante la más reciente agresión contra este medio de comunicación, la PGJDF inició una averiguación previa (con folio FCY/COY-2/T2/0105071406), mientras que la Procuraduría General de la República –a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión– generó el acta circunstanciada AC93/FEADLE/2014.
 
Como se recordará, a lo largo de su trayectoria Contralínea ha sido objeto de amenazas, persecuciones, juicios, robos, allanamientos, vetos publicitarios e informativos gubernamentales, un arresto y una emboscada.
 

Algunas de las agresiones

 
El 5 de agosto de 2007 representantes del Grupo Zeta Gas irrumpieron en las instalaciones de Contralínea; amenazaron con desaparecer la publicación y exigieron que se les revelaran los nombres de fuentes de información. Un día después iniciaron las acciones judiciales. Jesús Zaragoza López, director de Zeta Gas, presentó la primera de tres demandas por supuesto daño moral ante el Juzgado 44 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La demanda contra la revista y sus periodistas se resolvió en diciembre de 2008 con una resolución condenatoria.
 
Entre las irregularidades del caso destaca que el juez se excedió al dictar su resolución e impuso obligaciones de imposible cumplimiento; además, el juzgador de primera instancia pretendió respaldar su decisión con consideraciones no jurídicas, sino de apreciación personal y de valor en contra de los periodistas y del medio.
 
El 7 de noviembre de 2007 Oceanografía, SA de CV, interpuso un juicio civil por “daño moral” ante el Juzgado 40 de lo Civil, en contra de la revista y de algunos de sus reporteros.
 
Durante las audiencias se cuestionó la calidad de los periodistas, así como de las pruebas ofrecidas por ellos. Se desecharon pruebas de la misma naturaleza y calidad que las ofrecidas por la parte demandante, sin que a ésta se le hayan desechado.
 
El 13 de agosto de 2008 los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo Gonzáles Pulido, de la empresa gasera Zeta Gas, allanaron las instalaciones de Contralínea acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
 
Contralínea interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por acoso judicial y amenazas de muerte el 12 de septiembre de 2008.
 
El 16 de enero de 2009 elementos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal arrestaron a Miguel Badillo, director de Contralínea. El 11 de febrero de 2009 representantes del Grupo Zeta Gas allanaron de nueva cuenta las instalaciones; exigían ingresar a los escritorios y archivos de los trabajadores y periodistas.
 
El 22 de abril de 2009 Blue Marine Technology Group demandó a Contralínea y a sus periodistas por “daño moral”.
 
El 14 de septiembre de 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 57/2009, donde acredita la discriminación publicitaria de la que es objeto la revista por el gobierno federal.
 
El 10 de abril de 2010 desconocidos allanaron y saquearon las instalaciones de Contralínea. En ese mismo mes, pero el día 27, la Caravana por la Paz que se dirigía a San Juan Copala fue emboscada. Entre sus integrantes estaban los reporteros Érika Ramírez y David Cilia, quienes estuvieron en calidad de “desaparecidos” dos días. Fueron rescatados el 29. Ambos periodistas presentaban deshidratación; David Cilia, tres heridas de bala.
 
Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre fueron asesinadas las periodistas Marcela Yarce Viveros, fundadora de Contralínea, y Rocío González Trápaga. Las comunicadoras fueron agredidas en el contexto de violencia que se vive en todo el país.
 
En diciembre de 2013, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iniciaron una nueva investigación por las violaciones a derechos humanos cometidos por jueces de Jalisco contra periodistas de la revista Contralínea.
 
El Grupo Zeta Gas consiguió una sentencia contra el medio de comunicación violentando el debido proceso: a espaldas de los periodistas se inició y concluyó un juicio en el que no se les permitió defenderse. Esta revista fue condenada a pagar medio millón de pesos.
 
El Juzgado Noveno de lo Civil en el estado de Jalisco condenó a la revista Contralínea y a trabajadores de este medio a pagar una multa por 500 mil pesos. El proceso, promovido por Grupo Zeta a través de su filial Thermogas, inició y concluyó a espaldas del medio de comunicación, pues no se notificó a los periodistas interesados. Con ello, el Poder Judicial del Estado de Jalisco violó los derechos humanos de los hoy sentenciados y les canceló su derecho a un juicio justo, además de atentar en contra de la libertad de prensa y el derecho a la información.

Nuestros lectores 391

Nuestros lectores 391  
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), conformada por 135 defensoras de 83 diversas organizaciones, repudia el reciente allanamiento a la revista Contralínea ocurrido la noche del 23 junio de 2014, el cual se suma a una serie de hechos... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/03/BUZON01.jpg http://bit.ly/1iI3pA8 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/06/29/nuestros-lectores-391/

Kerry el mensajero

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El periodismo en México

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Citibank-Banamex, el verdadero cártel estadunidense






Uno de los más recientes escándalos financieros del corporativo estadunidense Citibank es el protagonizado en los últimos meses por su filial Banamex en la relación de negocios con la empresa Oceanografía y su dueño Amado Yáñez Osuna, en donde –de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)– vulneraron las leyes regulatorias de la banca y se cometieron fraudes crediticios, falsificación de documentos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y engañaron a proveedores de servicios y trabajadores.
 
Pero hablar de prácticas corruptas de Citibank-Banamex nos remonta a operaciones de lavado de dinero que esa institución financiera en Estados Unidos realizó con recursos ilícitos que depositó allí Raúl Salinas de Gortari, quien es hermano del expresidente mexicano.
 
Hay otro gran escándalo en Estados Unidos en el que está involucrado Citibank y fue dado a conocer en mayo de 2012, cuando la cadena de televisión de cable y satelital CNBC, propiedad de NBC y Comcast Corporation, dio cuenta de la demanda colectiva de propietarios de viviendas en Estados Unidos que se atrevieron a denunciar al gobierno estadunidense de Barack Obama por su complicidad en una extensa red de banqueros y políticos que durante la crisis de las hipotecas subprime se dedicaron a robar más de 43 trillones de dólares y los lavaron en paraísos fiscales.
 
Esa demanda, presentada ante tribunales de Nueva York, está compuesta por un abultado legajo de 912 páginas. En ella se enlista el nombre de cientos de propietarios de viviendas en Estados Unidos que demandan a banqueros de entidades como Citibank por haber enviado ganancias, resultado de operaciones fraudulentas, a paraísos fiscales y centros de lavado de dinero como Islas Caimán, la Isla de Man, Luxemburgo y Malasia.
 
El proceso judicial que patrocinó un despacho que se presenta bajo el nombre de Spire Law Group, en donde participó el abogado Mitchell J Stein –famoso por entablar demandas contra bancos estadunidenses–, involucraría el mayor caso de lavado de dinero en la historia de Estados Unidos.
 
Según Spire y Stein, fue el gobierno de Barack Obama el que habría permitido o el que habría sido omiso en su persecución. Así se confirmaría que el mayor problema de blanqueo de capitales no se genera sólo en el dinero resultado del narcotráfico, sino que también, y en su mayor parte, proviene del propio sector financiero de Estados Unidos.
 
En el condado de Kings, en la Corte Suprema de Nueva York, la denuncia involucró a los principales bancos de Estados Unidos y a sus filiales en países como México, pero también a la administración de Barack Obama por haber permitido la constitución de intermediarios con operaciones en paraísos fiscales violando legislaciones como la Ley Patriota, legislaciones contra el blanqueo de capitales y cientos de regulaciones estatales y municipales.
 
El problema para Barack Obama fue que públicamente alentó la contratación de créditos, el cambio de las condiciones de las hipotecas, para impulsar la burbuja inmobiliaria con operaciones sintéticas y estructuras complejas y riesgosas. Citibank, Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo Bank, Citigroup y One West Bank, son algunas de las instituciones que se mencionan en el proceso.
 
Aquel viejo caso viene a colación porque las filiales de esos bancos en México también habrían sido usadas para lavar el dinero robado a ciudadanos estadunidenses y llevar a muchos a la quiebra. En el documento se asegura que el gobierno de Barack Obama simplemente habría ignorado todo tipo de advertencias hechas por entidades como el Departamento de Seguridad Nacional.
 
En este proceso se les acusa a funcionarios del gobierno estadunidense de delincuencia organizada y se involucra a varias filiales de bancos que operan fuera de Estados Unidos.
 
Los abogados que impulsaron esta demanda documentan el capítulo sobre México usando como evidencias la investigación del propio Senado de Estados Unidos y del legislador Carl Levin, en donde se establece cómo el banco HSBC, con operaciones en Estados Unidos, logró una de sus operaciones más rentables en México cuando –precisamente en 2008– la sucursal de su filial mexicana en Islas Caimán, que, curiosamente, no tenía oficinas ni empleados por lo que operaba desde sus sucursales en México, llegó a tener más de 50 mil cuentas y activos por más de 2 mil 100 millones de dólares.
 
En el mismo caso ubican a Citibank y a su filial Banamex que, en medio de la crisis de 2008, se convirtió en su tabla de salvación al ordenar la transferencia de miles de millones de dólares bajo la figura de dividendos. Este negocio es lo que verdaderamente lastima a Citibank, pues lejos de afectarles que directivos mexicanos a cargo de Banamex operen con empresas fraudulentas y otorguen créditos de manera irregular, su principal problema es que fue descubierto y pierde un negocio rentable que estaba respaldado por multimillonarios contratos con Pemex que habían sido otorgados ilícitamente.
 
En Estados Unidos, sin embargo, la cobertura sobre esta demanda se vio opacada cuando el asesinato de dos niños supuestamente por su nana, una mujer de origen hispano, se presentó tan sólo 1 día después de que la cadena CNBC dio a conocer la demanda y su contenido. La supuesta asesina después atentaría contra su vida, lo que levantó sospechas del verdadero móvil. La investigación nunca lo reveló y se culpó a la mujer dominicana.
 
Los niños eran hijos del vicepresidente de CNBC, Kevin Krims, quien 1 día antes encabezó la cobertura de una nota que escandalizó a la comunidad financiera de Nueva York. Sin mayores explicaciones, CNBC decidió retirar la información de todos sus sistemas de noticia y fue, después, el portal MarketWatch del diario The Wall Street Journal, que decidió retomar la historia.
 
Ahora la información sobre este caso sólo se encuentra en blogs y en algunas referencias noticiosas, mientras que la demanda no puede ubicarse en los archivos de los tribunales.
 
Después, en mayo de 2013, reapareció el Spire Law Group para dar a conocer un estudio en el que aparentemente demuestra la violación masiva de las leyes para el rescate bancario en Estados Unidos. La cobertura de este análisis se presentó de manera limitada. Mientras tanto, el controversial abogado Mitchell J Stein, como lo califica la prensa estadunidense, ha sido acusado una y otra vez por participar en los fraudes hipotecarios del año 2008.
 
Un periodista de nombre John Wright le preguntó a Stein en una entrevista transmitida por el canal de videos YouTube:
 
—Mitchell, ¿cómo puedes afirmar que la banca aquí está lavando dinero?
 
Stein simplemente responde que como abogado estuvo involucrado en operaciones hipotecarias y que pudo comprobarlo.
 
Así que en Estados Unidos la ropa sucia se lava en casa y los medios influyentes en el sector financiero también evitan temas complejos que ponen en tela de juicio el statu quo de las grandes operaciones y rescates bancarios.
 
Simsa, ¿favorecida en el mercado del gas?
 
Con inversiones por más de 20 mil millones de dólares, los gasoductos se transforman ya en un territorio lleno de intereses y grupos de poder. Será a través de esta infraestructura que se importará el gas natural proveniente de Estados Unidos para las nuevas operaciones del sector petrolero y el de generación de electricidad.
 
Por ello, en este sector las empresas interesadas en el negocio afianzan ya sus intereses. Así, un nuevo orden se manifiesta ante la clara reducción de participación del grupo de compañías ha controlado durante muchas décadas el mercado del gas licuado del petróleo (LP).
 
Para empezar, se está fortaleciendo a Sempra Energy en el transporte del gas natural que México importará de Estados Unidos. En esa compañía, vinculada supuestamente con los donativos de José Susumo Azano, aparece la hermana de la extitular de la Secretaría de Energía y también exdirectora del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Georgina Kessel, quien ha sido la representante legal con una participación relevante en abrir nuevos caminos y gestiones de alto nivel a la firma de origen estadunidense.
 
Después, en el área de distribución a nivel doméstico, resulta que la firma relevante o preponderante –en la nueva nomenclatura de la competencia– es Simsa, propiedad de Salomón Issa Murra, quien alguna vez trabajó para Z Gas (los “otros zetas”, como alguna vez los calificó el maestro Miguel Ángel Granados Chapa), pero que ahora se desmarca del negocio del gas LP para operar –sin grandes inversiones de por medio– varios gasoductos estratégicos para el país gracias a licitaciones y reasignaciones de infraestructura impulsadas por la Comisión Reguladora de Energía para diversificar la participación en el mercado.
 

Allanan oficinas de Contralínea

 
En momentos que el Congreso de la Unión y el gobierno hablan de la urgencia de instrumentar nuevas leyes y mecanismos de protección para garantizar la libertad de prensa, las oficinas de nuestra revista Contralínea fueron nuevamente allanadas y saqueadas por sujetos encubiertos, que en la oscuridad de la noche rompieron puertas y ventanas, abrieron escritorios y archivos para robar documentos y llevarse todas las computadoras de reporteros y directivos, además de otros artículos de trabajo, con el claro propósito de evitar que la publicación siga en circulación incomodando al poder con sus investigaciones.
 
Aunque según la Secretaría de Gobernación el equipo que elabora Contralínea está desde hace varios años bajo el mecanismo de protección instrumentado en esa dependencia, lo cierto es que éste es un verdadero fracaso, nunca ha funcionado adecuadamente y los pocos recursos públicos que se le asignan nadie sabe en qué son utilizados, y los burócratas que allí trabajan no tienen idea de qué deben hacer.
 
Pero el problema mayor es que en la Presidencia de la República y en la Secretaría de Gobernación no hay voluntad política para respetar la libertad de prensa y entender que la función de ésta es fundamental para avanzar en la construcción de la democracia.
 
Y mientras la violencia se sigue apoderando del país, los periodistas mexicanos siguen en riesgo de ser asesinados, secuestrados, amenazados, demandados y agredidos en sus propias oficinas y viviendas. Ningún cambio de la cerrazón mostrada por los gobiernos panistas, con los nuevos gobiernos priísta y perredista que encabezan Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera, respectivamente.
 
*Periodista
 
 Contralínea 392 / 29 de Junio al 05 de Julio

Dos cárteles: el del TEPJF y el de Joaquín Coldwell


29. junio, 2014     Contrapoder 
 
Cártel en los partidos políticos para acumular privilegios y reforzamiento de la superioridad social-económica de uno de sus grupos […] en América Latina los cárteles son organizaciones ilícitas delincuenciales
Dieter Nohlan y Rainer-Olaf Schultze, Diccionario de ciencia política

En nuestro país padecemos la barbarie sangrienta de los cárteles del narcotráfico y demás delincuencias, ahora con o sin autodefensas disfrazados de “policía rural” en lugar de guardias nacionales, como dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 35, fracción IV: “Para la defensa de la República y de sus instituciones”. También tenemos los cárteles de la corrupción política, integrados por desgobernadores, expresidentes no solamente municipales sino también de los encargados del Poder Ejecutivo federal; cárteles de funcionarios: policías, militares, servidores públicos de las administraciones estatales y federal, etcétera. Y todos ellos tras el botín de los moches de panistas, cuyo jefe es el recién reelecto presidente del Partido Acción Nacional: Gustavito Madero; la antítesis de los mártires de la Revolución de 1910: Gustavo y Francisco. Mientras los neopanistas maderistas y calderonistas andan en la contrarrevolución, apurados por echar abajo la Expropiación Petrolera de 1938 como venganza de los reaccionarios y conservadores de Acción Nacional, creados por los Gómez Morín para enfrentar a Lázaro Cárdenas y al nacionalismo-patriótico de la nación integrada, entonces y ahora, por la mayoría del pueblo que hoy repudia la contrarreforma energética del peñismo proestadunidense, para cumplir la profecía de López Velarde: “El petróleo que nos escrituró el diablo”. Los cárteles económicos nacieron en Alemania y se consolidaron con el nazismo (Charles Bettelheim, La economía alemana bajo el nazismo, editorial Fundamentos).
Los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que iban a recibir su pago por las complicidades electorales que favorecieron a Calderón y a Peña, ante el cual se arrodillaron servilmente, aceptaron las gestiones del consejero jurídico de Los Pinos y del director de la oficina de Peña, defendiendo la corrupción para que el “bono”, que se llamaría “haber por retiro”, fuera parte de su ya de por sí millonaria jubilación. Y cuando la información provocó el levantamiento de la opinión pública, a la que se sumaron las protestas del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, entonces los magistrados se sintieron “ofendidos” y, con la “dignidad” de su corrupción jurídica, política, económica y administrativa, dieron la cara para rechazar, de dientes para fuera, el dinero que estuvieron a punto de recibir por sus transas electoreras. Y con Monex y Soriana, esos asquerosos magistrados, por la suciedad de sus corrupciones, integran el cártel electorero.
Y con ellos el cártel del Pedro Joaquín Coldwell y su familia. El titular de la Secretaría de Energía controla a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad, a sabiendas de que tiene intereses de vendedor de productos petroleros. Y sin haber dado a conocer sus gasolineras y otros comercios en su primera declaración patrimonial (aparecida en el periódico Reforma, 17 de enero de 2013) aceptó el cargo. Obviamente Peña sabía del patrimonio secreto de Coldwell. Y aún así lo nombró, que al fin y al cabo de lo que se trata es de todos coludos, para que mutuamente se encubran. Esto hasta que la senadora del Partido de la Revolución Democrática Dolores Padierna, y otros representantes del mismo partido en el Senado, se atrevió a denunciar la incompatibilidad entre corrupción y ser secretario de Energía. Conminó a Coldwell a renunciar y le propuso a Peña removerlo, tras las declaraciones del corrupto con su cártel de que lo había nombrado el presidente y estaría en el cargo hasta que Peña lo quitara.
Coldwell es el octavo magistrado de los cárteles TEPJF-Pemex, donde no se pone el sol de la corrupción, como en los dominios de aquel rey (de cuya monarquía se desprendieron los sistemas presidencialistas, con sus más o menos dosis autocráticos-autoritarios, a partir de la tradición que prevalece: “La opinión relativamente más extendida es la que, en la monarquía, la voluntad o poder supremo del Estado corresponde a un solo hombre, a un órgano único […] la voluntad que en la monarquía es la de un solo hombre ha de ser jurídicamente suprema, no derivada de ninguna otra”, Hans Kelsen, Teoría general del Estado, capítulo “Monarquía y República”). Ese rey-presidente en democracias elementales, como todavía la nuestra, nombró a Coldwell el jeque petrolero, dueño de gasolineras y estaciones surtidoras, como se ha divulgado develando lo que el funcionario guardaba en secreto y que no exhibió en su declaración patrimonial. Así que el gasolinero que controla los productos de Pemex y que tiene, con su familia, tanques donde almacena más gasolina, está al frente de su cártel como otra modalidad de la delincuencia organizada, pero con la impunidad que da estar a la sombra del poder peñista del “nuevo” priísmo (¡Coldwell vive del antiguo PRI desde 1970!; y es salinista a toda prueba, con quien se reúne a escondidas).
Los dos cárteles, el de los magistrados del TEPJF y el de Coldwell, tienen un factor común: la corrupción y caras duras, que no renuncian a pesar de ser exhibidos como tales.
*Periodista

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 Contralínea 392 / 29 de Junio al 05 de Julio

Las indefiniciones de Obama

29. junio, 2014    Opinión

 
 


Adrián Mac Liman*/Centro de Colaboraciones Solidarias
Si algo desconcierta en el concepto de liderazgo global estadunidense defendido por el presidente Barack Obama es el doble discurso del actual inquilino de la Casa Blanca, su empeño en emplear argumentos muy a menudo contradictorios para justificar una política exterior a la vez titubeante e incoherente. ¿Resultado? Un aluvión de críticas procedentes de partidarios y detractores poco conformes con las estrategias del presidente.

Un liderazgo mundial alejado de los operativos bélicos. Eso es lo que propuso Obama hace apenas unas semanas durante la ceremonia de graduación de los cadetes de la prestigiosa academia militar de West Point. ¿Acaso ello significa un mundo sin conflictos? No, en absoluto. El presidente no dudó en detallar los supuestos de una posible intervención militar estadunidense. Entre ellos figuran: el uso de la fuerza si los intereses de Estados Unidos están amenazados, las acciones directas, como captura de terroristas o ataques con drones, la movilización de los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en caso de una amenaza indirecta contra los intereses estadunidenses, la creación de un fondo dotado con 5 mil millones de dólares para el desarrollo de tácticas antiterroristas, el aumento de las inversiones en los países dispuestos a intervenir en misiones de paz o lucha antiterrorista… Para lograr estas metas es preciso que Estados Unidos trate de estrechar la colaboración con la OTAN, la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Estiman los politólogos que la nueva doctrina de Obama trata de acabar con el intervencionismo de la era Bush, sin decantarse por el viejo y muy ansiado concepto de aislacionismo. Hasta aquí, el mensaje parece claro y coherente. Sin embargo…

Pocos días después del sonado discurso de West Point, Obama anunció, esta vez en Varsovia, Polonia, que Estados Unidos se comprometía a reforzar el flanco oriental de la OTAN destinando una aportación extraordinaria de 1 mil millones de dólares, que permita incrementar la presencia militar estadunidense en el continente europeo. Obama hizo especial hincapié en el aumento de los efectivos estadunidenses estacionados en el Viejo Continente, la capacitación de las Fuerzas Armadas de la Alianza Atlántica, la celebración de maniobras conjuntas, la ayuda a Ucrania, Georgia y Moldavia, así como la presencia naval en el Mar Báltico. En la segunda parte de su mensaje, dirigido a los aliados occidentales, el presidente reclamó una participación activa de los estados miembros de la OTAN a los gastos de defensa. ¿Otra contradicción?
Aparentemente el Premio Nobel de la Paz 2009 no se contradice. La Alianza Atlántica no tiene intención de estacionar tropas de combate en el Este de Europa para responder a la política agresiva de Rusia en Ucrania, como exigen el gobierno de Polonia y las autoridades de los países bálticos. Oficialmente, la OTAN está dispuesta a respetar el Acta Fundacional OTAN-Rusia de 1997, que descarta el estacionamiento permanente [de un contingente] sustancial y adicional de tropas de combate en el Este de Europa. Y ello, pese a la anexión ilegal de Crimea por Rusia.

Sin embargo, la defensa de la democracia en Ucrania (pero, ¿cuándo hubo democracia en Ucrania?) y de los valores occidentales –otra gran incógnita en el contexto de la geopolítica regional– han facilitado el traslado a los confines de la Federación Rusa de tropas, aviones y buques de guerra de la Alianza. De hecho, en Polonia, Estonia, Lituania y Rumania hay aviones caza, pertenecientes a las Fuerzas Aéreas de Francia, Reino Unido, Dinamarca y Canadá. En el Mediterráneo oriental se encuentran barcos estadunidenses, italianos, alemanes y daneses; en el Báltico, navíos de guerra alemanes, belgas, polacos, noruegos y holandeses. En resumidas cuentas, todo un despliegue para proteger a los aliados de Europa oriental. Oficialmente, la OTAN pretende implicarse a largo plazo en la crisis de Ucrania. Extraoficialmente…

La guinda la pone el secretario general de la Alianza Atlántica, el danés Anders Fogh Rasmussen al afirmar: “Rusia nos considera ahora su adversario. Sus motivos tendrán…”
*Analista político internacional

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 Contralínea 392 / 29 de Junio al 05 de Julio

VI Cumbre del BRICS: las “semillas” de una nueva “arquitectura financiera”




Al día siguiente de la final del torneo de futbol en Brasil, se llevará a cabo la VI Cumbre del BRICS (sigla de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Fortaleza y Brasilia serán las ciudades anfitrionas del encuentro a realizarse los días 14, 15 y 16 de julio, para asentar finalmente una arquitectura financiera de nuevo cuño bajo el eslogan: “Crecimiento incluyente y soluciones sostenibles”. A diferencia de las iniciativas de regionalización financiera asiática y sudamericana, los países del BRICS, al no conformar un espacio geográfico común, al tiempo que están menos expuestos a sufrir turbulencias financieras en simultáneo, incrementan la efectividad de sus instrumentos defensivos.
 
Un fondo de estabilización monetario denominado Acuerdo de Reservas de Contingencia (CRA, del inglés Contingent Reserve Arrangement) y un banco de desarrollo, llamado Banco BRICS, ejercerán funciones de mecanismo multilateral de apoyo a las balanzas de pagos y fondo de financiamiento a la inversión. De facto, el BRICS tomará distancia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, instituciones edificadas hace 7 décadas bajo la órbita del Departamento del Tesoro estadunidense. En medio de la crisis, ambas iniciativas abren espacios de cooperación financiera frente a la volatilidad del dólar, y alternativas de financiamiento para países en situación crítica sin someterse a condicionalidades mediante programas de ajuste estructural y reconversión económica.
 
Como consecuencia de la creciente desaceleración económica mundial, se ha vuelto más complicado para los países del BRICS alcanzar tasas de crecimiento por encima de 5 por ciento. La caída sostenida del precio de las materias primas para uso industrial derivada de una menor demanda del continente asiático y el retorno de capitales de corto plazo hacia Wall Street han impactado negativamente sobre el comercio exterior y los tipos de cambio. A excepción de la ligera apreciación del yuan, las monedas de los países del BRICS han perdido desde 8.80 (rupia india) y hasta 16 (rand sudafricano) puntos porcentuales frente al dólar entre mayo de 2013 y junio del año en curso. En este sentido, el CRA BRICS –dotado de un monto de 100 mil millones de dólares anunciado en marzo de 2013, con aportes de China por 41 mil millones de dólares; Brasil, India y Rusia, 18 mil millones cada uno; y Sudáfrica, con 5 mil millones de dólares–, una vez en marcha reducirá sustantivamente la volatilidad cambiaria sobre los flujos de comercio e inversión entre los miembros del bloque. Los escépticos argumentan que el CRA tendrá importancia secundaria y ejercerá sólo funciones complementarias a las del FMI. Dejan de lado que en contraste con la Iniciativa Chiang Mai, por ejemplo (integrada por China, Japón, Corea del Sur y 10 economías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), el CRA BRICS podrá prescindir del aval del FMI para realizar sus préstamos, con lo cual garantiza una mayor autonomía política frente a Washington. La guerra de divisas de las economías centrales contra las economías de la periferia capitalista exige su ejecución a la brevedad.
 
Por otro lado, el Banco BRICS ha despertado muchas expectativas. El Banco que iniciará operaciones con un capital de 50 mil millones de dólares (con aportaciones de 10 mil millones y 40 mil millones en garantías de cada uno de los miembros), tendrá posibilidades de ampliarse en 2 años a 100 mil millones de dólares, y en 5 años a 200 mil millones; contará con capacidad de financiamiento de hasta 350 mil millones de dólares para proyectos de infraestructura, educación, salud, ciencia y tecnología, medio ambiente, etcétera. Sin embargo, para el caso de América del Sur, los efectos en el mediano plazo presentan un carácter dual. No todo es miel sobre hojuelas en los mercados de crédito. Por un lado, el Banco BRICS bien podría contribuir a reducir los costos de financiamiento y fortalecer la función contracíclica de la Corporación Andina de Fomento (CAF), a través del aumento de créditos en momentos de crisis y así descartar los préstamos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Por otro lado, no obstante, como oferente de crédito, el Banco BRICS entraría en competencia con otras entidades financieras de influencia considerable en la región como el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil), la CAF y los bancos chinos con mayor número de acreencias (China Development Bank y Exim Bank of China). Es inverosímil que las instituciones financieras susodichas hagan converger sus ofertas de crédito de modo complementario sin afectar sus carteras de prestatarios.
 
Al interior del BRICS también hay fricciones. La elite china pretende realizar la aportación mayoritaria (a diferencia de la propuesta rusa de establecer aportaciones alícuotas) y convertir a Shanghái en sede del organismo (en lugar de Nueva Delhi, Moscú o Johannesburgo). En caso de que los préstamos del Banco BRICS se denominen en yuanes, la moneda china avanzará en su internacionalización y afianzará gradualmente su posición como medio de pago y moneda de reserva en detrimento de otras divisas. Más allá de la consolidación de un mundo multipolar, el CRA y el Banco BRICS representan las semillas de una arquitectura financiera que emerge en una etapa de la crisis llena de contradicciones, lo mismo caracterizada por la cooperación que por la rivalidad financiera.
 
* Miembro del Observatorio Económico de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
 

Oportunismo priísta: Peña Nieto en el Vaticano


29. junio, 2014    Opinión 


La reciente visita de Peña Nieto al Vaticano evidencia su propio oportunismo, a la vez que augura políticas contrarias al Estado laico en nuestro país.

De acuerdo con las crónicas periodísticas de la reunión, Peña Nieto y el papa Francisco pasaron “revista a algunos aspectos de la vida del país, entre ellos las numerosas reformas emprendidas y, en particular, la constitucional, que concierne a la libertad religiosa” ( http://mexico.cnn.com/nacional/2014/06/07/pena-nieto-papa-vaticano-playera-tri-seleccion-virgen-guadalupe ).

Ése es precisamente uno de los aspectos más peligrosos del acercamiento de Peña Nieto con el papa, pues en 2012 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para modificar el Artículo 24 e implantar, a gusto del clero católico, la llamada “libertad religiosa”, que permitiría la total intervención de la Iglesia en la vida pública y en las instituciones, incluyendo la educación religiosa en las escuelas públicas y la injerencia del clero en la milicia.

Seguramente uno de los frutos de ese acercamiento será acelerar la aplicación de dicha reforma, opuesta a la separación entre la Iglesia y el Estado.

Además de entregarle algunos regalos alusivos al futbol, Peña Nieto lo invitó a visitar nuestro país, lo cual aceptó el papa pero sin especificar una fecha.

Comentó Peña Nieto: “A partir de haber aceptado la invitación, seguramente él encontrará el espacio para poder personalmente hacer sentir el aprecio y el afecto que tiene para con el pueblo de México”.

También afirmó: “Sin duda esto es motivo de gran alegría. Le he expresado que el pueblo de México es sin duda en su mayoría católico, a lo que él ha respondido que es católico pero que es especialmente guadalupano, y que tiene un cariño especial por el pueblo mexicano” (http://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-acepta-invitacion-del-presidente-pena-para-visitar-mexico-96756/ ).

Es por sí cuestionable que Peña Nieto se haya tomado la libertad de invitar al papa en nombre del pueblo de México en general, donde también se escuchan muchos puntos de vista críticos sobre el pontífice y sobre la Iglesia, y donde muchas personas pertenecen a otras religiones además de la católica, y por lo tanto no son papistas…

Igualmente discutible es su afirmación de que “el pueblo de México es sin duda en su mayoría católico”.
Ciertamente muchos mexicanos somos bautizados y una mayoría aparece como católica en los datos censales, pero no se trata de un catolicismo practicante; muchos hemos abandonado totalmente esas creencias y otras personas se limitan a un catolicismo que se manifiesta sólo en acontecimientos sociales, como las bodas y los bautizos, o en el culto a los santos y el guadalupanismo.

El pueblo mexicano, especialmente en lugares como la capital de la República, ha expresado en los hechos su distanciamiento de las doctrinas y de la autoridad espiritual que pretende detentar la jerarquía católica, en casos como la despenalización del aborto, aprobada en la Ciudad de México en 2007 contra la voluntad del clero, pero con el apoyo del pueblo.

Esto es algo que al parecer no comprenden muchos políticos, entre ellos el propio Peña Nieto e incluso personajes de la izquierda, que piensan que el número de bautizados equivale al de católicos militantes, imbuidos de las doctrinas del Vaticano: bautizados pueden ser muchos, católicos militantes hay muy pocos, y su presencia se limita a entidades como Guanajuato, el único lugar que visitó Benedicto XVI en 2012, y cuya visita, incluso allí, fue bastante deslucida.

Mediante un cálculo torpe y simplista, sin duda Peña Nieto cree que la visita del papa puede aumentar su propia popularidad y así constituir un apoyo importante para su gobierno, pero en los hechos el resultado podría resultarle incluso contraproducente.

Ya no vivimos en la época de los cristeros, cuando el clero lograba reunir hordas de fanáticos dispuestos a matar a sus enemigos, ni siquiera en el mundo de las décadas de 1980 y 1990, cuando Salinas usó en su propio beneficio las dotes mediáticas de Juan Pablo II.

El tono en que Peña Nieto se refirió a la posible visita de Bergoglio a México evoca la actitud y la retórica de Carlos Salinas de Gortari, cuando reiteradamente invitó al papa a visitar México como una evidente maniobra para legitimarse luego del fraude electoral de 1988, y para ganar el apoyo pontificio a sus reformas entreguistas que él llamaba “modernizadoras”.

La pérdida del poder de convocatoria del clero, y del papa en particular, quedó de manifiesto hace apenas unos meses, cuando las contradictorias canonizaciones de Juan Pablo II y de Juan XXIII cosecharon sólo indiferencia, cuando no reacciones adversas en internet, dado el papel de Wojtyla como protector del pederasta Marcial Maciel.

Por fortuna ya pasó la época en que la gente creía a pie juntillas los mensajes de los medios convencionales, y en que la televisión, siempre proclerical, inducía en las masas la admiración hacia el pontífice.

Por el contrario, una de las reacciones a la visita de Benedicto XVI en 2012 fue una atractiva protesta en el Ángel de la Independencia encabezada por universitarias en topless.

Por su parte, a pesar de su retórica tramposa y de sus alardes mediáticos, el papa Francisco no ha cosechado la popularidad que esperaban algunos, ni tiene en esta época posibilidades de ser un sucedáneo de lo que fue Juan Pablo II hace unas décadas.

A tono con el oportunismo de Peña Nieto, Miguel Ángel Mancera también se ha mostrado sumamente interesado en complacer a Norberto Rivera, como si eso le fuera a granjear simpatías entre los capitalinos, al grado de que a finales de mayo pasado, autoridades del gobierno del Distrito Federal anunciaron que personalmente le entregarían a Norberto Rivera su tarjeta de la tercera edad, cuando lo que se necesita es un gobierno firme ante las presiones clericales, como fue el de Marcelo Ebrard.

En suma, con su actitud de congraciarse con el clero católico, los funcionarios transitan por un camino que no beneficiará su imagen, pero que sí será muy perjudicial para México.

*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México
 

 Contralínea 392 / 29 de Junio al 05 de Julio

El tribunalito de Federico Anaya


 
No hay juez más benévolo que el que juzga su propia causa
(por eso Anaya alaba tanto su tribunalito)
Los derechos de la mujer deben salvaguardarse.
La lucha de la mujer por la igualdad frente a los hombres es de las más importantes que se desarrollan a lo ancho y a lo profundo de la geografía planetaria. A diario vemos cómo se le discrimina y se le otorga un trato indigno de su condición de persona titular de derechos. Es legítimo su reclamo de trato equitativo en todos los espacios de la vida social.

Sólo que junto al feminismo congruente ha surgido una tendencia a usar el tema para señalar a los hombres como intrínsecamente perversos, incapaces de entender al otro género y predispuestos a perpetrar agresiones incluso delictuosas en contra de cualquier mujer. Invocando las convenciones internacionales y las normas nacionales que protegen a las mujeres, se tergiversan los hechos y se desnaturaliza una lucha por demás válida.

Es muy valioso que se estén creando mecanismos para proteger a la mujer de actos de acoso, hostigamiento o cualquier forma de abuso en contra de su persona, de su integridad y de sus posibilidades de desarrollo. Pero también hay que prevenir el mal uso de esos mecanismos protectores, para que no se fomente el odio hacia el hombre. Todas las mujeres merecen iguales consideraciones, aunque no odien al género masculino.

En las universidades mexicanas se están presentando casos auténticos de asedio a las mujeres, aunque también falsas imputaciones originadas en frustraciones mal manejadas y en intereses mezquinos. Es inaceptable, por absurdo, cuando se dice que ninguna mujer miente cuando acusa a un hombre de asuntos sexuales (y su correlato de que todos los hombres mentimos cuando rechazamos imputaciones de orden sexual hechas por mujeres).

La protección de los derechos de la mujer debe ser cuidadosa, para no desvirtuar el sentido de la lucha auténticamente feminista, que de ninguna manera se plantea como la “guerra de los sexos”. Mujeres y hombres somos complementarios, y así es como deben entenderse los derechos de unas y otros.

Contra estos principios lógicos y jurídicos, Federico Anaya Gallardo [encargado de la Oficina del Abogado General]  creó un tribunalito en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), arrogándose derechos que ninguna disposición legal le confiere.

El tribunalito del “encargado”

Emocionado porque ocupa una posición que considera “de poder” en la Universidad, Anaya se lanzó a la aventura de crear un tribunal para resolver casos de acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual y acoso laboral. Pronto se dio cuenta de que no existe nada al respecto en la UACM (“no está reglado”, dijo), pero eso no lo arredró y decidió, de inicio, legislar. Como se le fue ocurriendo, fue dictando normas que sólo él conocía y que él interpretó y aplicó. Lo dispuesto por el Artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le pareció un obstáculo fácil de remontar.

Su primera “genialidad” consistió en hacerse asesorar por la representante legal de las mujeres denunciantes. La intervención de Andrea Medina Rosas se presentó como “garantía de imparcialidad”. De ahí pasó a contratar a un “grupo de expertas” en temas relacionados con la materia, mismas que propusieron las acusadoras –al menos a una– y que él pagó con generosidad, a cuenta de la UACM, por supuesto.

Quiso encontrar un aval moral a sus actos, pero no consiguió que Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), AC, lo acompañara. Tampoco eso lo hizo desistir en su propósito de pasar a la historia como creador de leyes, de instituciones y de procedimientos.

Para que nada escapara a su control, se convirtió en defensor de las “víctimas”, en Ministerio Público, en juez y en magistrado de apelación (pues aseguró que su juicio fue biinstancial). También afiló la guillotina, auxiliado por su colega Héctor Nezahualcóyotl Luna Ruiz, y dictó y aplicó la sanción: despido sin pruebas, basado en sus percepciones y “constataciones”.

Derrochando autoritarismo, Anaya Gallardo hizo a un lado la propuesta de que el obispo Raúl Vera fuese parte del jurado, desechó una veintena de pruebas, ofreció asesoría a las denunciantes incluso para que una de ellas fuese aprobada en su dictaminación. Y ahora quiere que su “obra” permanezca para siempre, cuando la apruebe el Consejo Universitario.

Las autodelaciones de Federico Anaya

El encargado de la Oficina del Abogado General (¿no habrá en la UACM juristas capaces de ejercer ese cargo?) rindió un informe a una Comisión del Consejo Universitario, que sólo fechó en mayo de 2014. En él se delató en varios temas:

1. Él es el “representante” de la Universidad. Habla de ella en primera persona, identificándola con su puesto burocrático.

2. Él ordenó, el 5 de mayo de 2014, la publicación de la resolución completa que rescindió mi contrato de trabajo. Con ello violó las medidas precautorias ordenadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

3. Hace explícito su desprecio a mi esposa Adriana Terán Enríquez, llamándola “su mujer”. También califica de “execrable” la insistencia de esta maravillosa dama de que se tome en cuenta su denuncia de mobbing. Más notoria no podía ser la parcialidad del “encargado”.

4. Acusa al doctor Hassan Dalband de haber violado la confidencialidad, pero omite decir que fue Clemencia Correa quien lo hizo. Desde entonces comenzó la difamación contra mi persona.

5. Pretende decir que las sanciones que se me impusieron (90 días de suspensión de mis derechos como académico) no fueron sino “una Comisión para Defensa por 70 días”. Se trata de una sangrienta burla, como ahora que dice que no importa que me haya despedido porque todavía puedo defenderme ante los tribunales del Estado.

6. Desechó la participación del obispo Raúl Vera y de Consuelo Mejía, argumentando “que el comité propuesto no era un panel de negociación…” Pero no explicó por qué aceptó la propuesta de las imputadoras de que Alejandra Moreno fuera parte de sus “expertas” (¿qué negoció con ellas?). Tampoco explicó por qué convirtió el dictamen de ese comité en una prueba pericial. Ni clarificó el fundamento legal de su decisión de pagar los honorarios de esas “expertas” (por cierto, con generosidad, pues sólo hicieron cuatro entrevistas).

7. Acepta que fue él quien decidió escuchar la opinión de Carlos Fazio, cuando sus “expertas” dijeron que yo lo propuse desde el principio. No le importa que mientan de forma descarada; de todas formas les otorga plena credibilidad. Y tampoco recuerda que la abogada Medina interrogó a Fazio por 12 horas e hizo una pregunta policiaca refiriéndose a grupos armados del estado de Guerrero con los que yo tendría vinculación.
8. Asegura el encargado que mientras lo declarado por las falsas denunciantes mantuvo coherencia y consistencia, lo que dijimos Fazio y yo no fue creíble. Olvida que no es al acusador, a quien corresponde probar su inocencia, sino a su acusador la culpabilidad. Y la más importante confesión del ciudadano Anaya es que nunca hubo pruebas (porque nunca existieron los hechos imputados).

9. Traicionó el subconsciente al “encargado”, al sostener falsamente que yo llamé “perezosas, desorganizadas y mentirosas” a las señoras Correa y Rodríguez.

10. Se quiere cobijar el “encargado” con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Pero confiesa que no sabe qué me imputan, en concreto, las falaces acusadoras. Dice que fue “más de dos veces”; sin precisión de tiempo, lugar y modo.

Viene una larga lucha jurídica

Llegó el momento de presentar las demandas y quejas: laboral, civil, en derechos humanos, contra la discriminación y tal vez penal. Con paciencia, recordando que algunos casos han tardado hasta 40 años en resolverse en el ámbito internacional.

Hay quienes se han declarado en contra nuestra. Veinticuatro profesores de la UACM se sumaron al gang asediador que encabezan Clemencia Correa y Carmen Rodríguez, pero fuertemente apoyadas por Enrique Dussel y Federico Anaya Gallardo. Trataremos de probar el mobbing que intenta destruir mi familia, mi carrera académica, mi crédito como hombre honrado y respetuoso con todas las mujeres del planeta. Grupos defensores de derechos humanos (como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez) se lanzaron a criminalizarme sin escuchar mi versión de los hechos; mal precedente.

Otros juegan a la neutralidad, confiando en que los tribunales de Estado reparen el enorme daño que causó el “encargado” Federico Anaya, por órdenes de Enrique Dussel.

Por mi parte, no me suicidaré, no dejaré que me etiqueten como acosador sexual, no abandonaré mi vocación de lucha por los desposeídos, no permitiré que dañen a mi familia y no renunciaré a mi vida como profesor de hombres y mujeres a quienes seguiré dedicando lo mejor de mi esfuerzo hasta el último aliento.
23 de junio de 2014.

*Doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México

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 Contralínea 392 / 29 de Junio al 05 de Julio