sábado, 31 de mayo de 2014

Agenda cultural del 1-7 de junio de 2014

Agenda cultural del 1-7 de junio de 2014
Cine. Joe Doucett es un publicista alcohólico, desapegado de la familia y que trabaja por inercia. Una noche, después de beber hasta perder la consciencia en la calle, despierta en lo que parece una habitación de hotel barato. Al tratar de salir se da cuenta de que,... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2012/06/agenda-cultural.jpg http://bit.ly/1mYCH4K http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/06/01/agenda-cultural-del-1-7-de-junio-de-2014/

¿Porros preparatorianos, hijos de la exclusión?

¿Porros preparatorianos, hijos de la exclusión?
Fue a partir de la década de 1990 cuando el maestro Eliseo Guajardo Ramos (director de Educación Especial en ese momento), el maestro Iván Escalante Herrera (coordinador del Programa de Integración Educativa SEP-Fondo Mixto de Cooperación Española) y el... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/opinion1.jpg http://bit.ly/1mYAXIG http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/06/01/porros-preparatorianos-hijos-de-la-exclusion/

Locura imperial

Locura imperial
 
 
 
Contralínea 388  / 02 de Junio al 07 de Junio

 
 
 
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Contrarreformas

Contrarreformas
 
 
 Domingo, 01 de Junio de 2014
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/05/mgalindo-388-fb.jpg http://bit.ly/1mYzodK http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/06/01/contrarreformas/

El PRI es igual al PAN

El PRI es igual al PAN
Se dice que el Partido Acción Nacional (PAN) se parece mucho al Partido Revolucionario Institucional (PRI), principalmente por los 12 años que gobernó al país y alentó la corrupción institucional. Ahora es el PRI el que se parece más al PAN... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2012/06/oficio-de-papel1-e1350677329412.jpg http://bit.ly/1mYyC0w http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/06/01/el-pri-es-igual-al-pan/

“Adolfo Javier Hitler Lozano y Mussolini Alarcón de Azcárraga”

“Adolfo Javier Hitler Lozano y Mussolini Alarcón de Azcárraga”
Se cuenta que los alemanes que huían del nazismo y uno que otro italiano que escapaba del fascismo –pinza nazifascista más despiadada de las autocracias modernas que, después, el stalinismo usó para su perverso autoritarismo–, aprovechando la hospitalidad... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/07/contrapoder-300x300.jpg http://bit.ly/1mYx46J http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/06/01/adolfo-javier-hitler-lozano-mussolini-alarcon-de-azcarraga/

La “Ruta de la Seda” después de Crimea

La “Ruta de la Seda” después de Crimea
La gira del presidente chino Xi Jinping por Europa, que inició el 22 de marzo en Holanda bajo el marco de la Cumbre de Seguridad Nuclear en La Haya y concluyó el 1 de abril en Bruselas, Bélgica (sede de la Unión Europea), tuvo como eje rector la construcción... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/opinion1.jpg http://bit.ly/1mYwmGB http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/06/01/la-ruta-de-la-seda-despues-de-crimea/

Vertederos marinos

Vertederos marinos
“Tenemos el fondo del mar lleno de basura. Es como un sumidero”, denuncia Joan B Company, investigador del Instituto de Ciencias del Mar, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España. Al equipo que estudió el problema no le parece una... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/opinion1.jpg http://bit.ly/1mYvwJN http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/06/01/jose-carlos-garcia-fajardocentro-de-colaboraciones-solidarias/

Peligrosa Europa

Peligrosa Europa  

Jordi Vaquer* 
Hubo un tiempo –que ahora parece lejano pero no lo es tanto– en el que la Unión Europea llegó a verse a sí misma como una fuerza para el bien, un actor internacional más interesado en transformar el entorno global a su imagen y... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/opinion1.jpg http://bit.ly/1mYuOMD http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/06/01/peligrosa-europa/

Manuel Buendía: a 30 años de su asesinato

Manuel Buendía: a 30 años de su asesinato
Con sus investigaciones periodísticas contra las organizaciones ultraderechistas, Manuel Buendía llevó a cabo una valiosa labor en defensa del Estado laico y de las libertades.
Fue asesinado el 30 de mayo de 1984, hecho por cuya autoría intelectual se condenó... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/04/edgar-gonzalez-300x300.jpg http://bit.ly/1mYu61T http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/06/01/manuel-buendia-30-anos-de-su-asesinato/

Sentencias conforme a derechos humanos, un asunto pendiente

Sentencias conforme a derechos humanos, un asunto pendiente
Una de las ventajas de vivir al amparo de un estado constitucional de derecho es la posibilidad de poder demandar que las obligaciones se cumplan y los derechos se respeten.   
Nuestra Constitución avala la existencia de órganos judiciales y administrativos para atender... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/opinion1.jpg http://bit.ly/1mYt7Pf http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/06/01/sentencias-conforme-derechos-humanos-asunto-pendiente/

La FIFA “nostra”

La FIFA “nostra”
Carlos Miguélez Monroy*/Centro de Colaboraciones Solidarias
“Por supuesto que designar Catar como sede del Mundial en 2022 fue un error, pero cometemos muchos errores en la vida”, dijo en un ataque de sinceridad el presidente de la Federación Internacional de Futbol... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/opinion1.jpg http://bit.ly/1mYsmWz http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/06/01/la-fifa-nostra/

Cervantes: la recreación del español: 1605 y 1615

Cervantes: la recreación del español: 1605 y 1615
I. Tras ver la película (incompleta, porque no logró terminarla) del magnífico actor y director que fue Orson Welles, Don Quijote (Otto Friedrich, La ciudad de las redes, retrato de Hollywood en los años 40, Tusquets editores; y de Conrado Xalabarder, Enciclopedia de... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/05/don-quijote-300.jpg http://bit.ly/1mYryB6 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/06/01/cervantes-la-recreacion-del-espanol-1605-1615/

Fuerzas Armadas de Estados Unidos, detrás de los marinos mexicanos

Fuerzas Armadas de Estados Unidos, detrás de los marinos mexicanos Durante la segunda mitad del sexenio de Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas estadunidenses desarrollaron en territorio mexicano un programa intensivo de adiestramiento para efectivos de la Armada de México
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/06/fuerzas-armadas.jpg http://bit.ly/1mYqLQx http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/06/01/fuerzas-armadas-de-estados-unidos-detras-de-los-marinos-mexicanos/

viernes, 30 de mayo de 2014

A 30 años de del asesinato de Buendía, el peligro para los periodista es aún mayor

A 30 años de del asesinato de Buendía, el peligro para los periodista es aún mayor Al cumplirse 30 años del asesinato a quemarropa y por la espalda de Manuel Buendía, periodistas de diversas asociaciones y medios de comunicación se reunieron en la desvencijada plaza Francisco Zarco –“Francisco arco”, se lee en el grafiteado pedestal de la estatua del periodista– para recordar el crimen y pintar el panorama adverso en el cual viven los trabajadores de la información en México.
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/05/buendia-01.jpg http://bit.ly/1tZ3kcO http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/05/30/30-anos-de-del-asesinato-de-buendia-el-peligro-para-los-periodista-es-aun-mayor/

Contralínea 387

Contralínea 387
 
 

 
 
Banamex “extravía” documentos del fraude de Oceanografía
25. mayo, 2014 Autor: Nancy Flores / @Nancy_Contra Capitales,     Portada
La filial de Citigroup en México “extravió”... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/05/contralinea-387-b.jpg http://bit.ly/RM2TnA http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/05/30/contralinea-387/

jueves, 29 de mayo de 2014

Guatemala: el pueblo ixil espera justicia en caso Ríos Montt

Guatemala: el pueblo ixil espera justicia en caso Ríos Montt Indígenas ixiles han documentado profusamente el genocidio que sufrieron a manos del Ejército de Guatemala: las violaciones sexuales tumultuarias, las torturas, el asesinato de infantes
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/05/guatemala.jpg http://bit.ly/1mxIXyM http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/05/30/guatemala-el-pueblo-ixil-espera-justicia-en-caso-rios-montt/

Masacres en Odesa: silencio cómplice de Occidente y fin del Estado ucraniano

Masacres en Odesa: silencio cómplice de Occidente y fin del Estado ucraniano Las masacres que enlutaron Odesa el 2 de mayo de 2014, tanto en las calles como en la Casa de los Sindicatos de esa ciudad, muestran la voluntad del régimen golpista de Kiev de imponer una ley del terror antirrusa
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miércoles, 28 de mayo de 2014

Impulsa Ecuador tratado mundial que regule a las corporaciones

Impulsa Ecuador tratado mundial que regule a las corporaciones En junio próximo organizaciones sociales y gobiernos progresistas darán una batalla en la ONU para someter a las trasnacionales que, impunemente, violan derechos humanos de manera sistemática
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Pedro Joaquín Coldwell, denunciado ante Función Pública por conflicto de intereses

Pedro Joaquín Coldwell, denunciado ante Función Pública por conflicto de intereses El actual secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, es –junto con su familia– el principal empresario de productos petroleros en Quintana Roo. Así, el secretario de Estado encargado de velar por los intereses del pueblo mexicano en materia energética vela también desde su investidura por los intereses de sus seis empresas.
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/05/coldwell-600-02.jpg http://bit.ly/1worJdQ http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/05/28/pedro-joaquin-coldwell-denunciado-ante-funcion-publica-por-conflicto-de-intereses/

martes, 27 de mayo de 2014

Leyes secundarias de telecomunicaciones: el Estado avasallado por tres apellidos

 

elevisa, Bestel, Cablemás, Cablevisión, Sky, Tv Azteca, Total Play, Grupo Carso, Inbursa, América Móvil, Telmex, Telcel son los conglomerados que dictan la reforma en telecomunicaciones y se reparten –no sin rispideces– el mercado cautivo de decenas de millones de usuarios. Más allá de las disputas entre ellos, se han asegurado de hacer prevalecer sus intereses. La radiodifusión pública, indígena, educativa y comunitaria es la gran perdedora

 
El decreto de ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión propuesta por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se caracteriza por tres principios básicos. El primero es la intención de reducir a la mínima expresión la importancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al invadir y conculcarles sus funciones reguladoras otorgadas por los recientes cambios constitucionales en la materia, con el objeto de convertirlo en una simple institución burocrático-testimonial sometida a los caprichos del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación y otras dependencias estatales, y, por añadidura, a los intereses económico-político de los grupos monopólicos que controlan esos servicios públicos.

El segundo es que busca imponer otra vez la llamada “Ley Televisa” de 2006, pese a que ella había sido invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2007 por considerar que violentaba flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero será una imposición, pues no existe un movimiento social capaz de detener ese nuevo atentado que perpetra, en contra de la Carta Magna y la nación, el bloque dominante. Esto posibilitará el otorgamiento de concesiones sin necesidad de subastas, la renovación automática e irrestricta de las mismas por un plazo de 20 años (de hecho, en la nueva propuesta sería a 30 años), el triple de tiempo vigente a escala internacional, y el control simultáneo de los servicios de radio, televisión y telecomunicaciones, gratis y sin necesidad de requerir de concesiones adicionales, entre otras cosas.
Comparados con los beneficios que el gobierno federal les otorgará, junto con los legisladores priístas que encabezan Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, los panistas, las exigencias que en 2006 no pudieron cumplirles Vicente Fox, Felipe Calderón y los congresistas son nimias. El actual gobierno se las dará completas.

La ley reglamentaria, además, les ofrecerá a los monopolios de las telecomunicaciones y la radiodifusión, identificados con eufemismos como “agentes económicos preponderantes” y “agentes económicos con poder sustancial”, las coartadas (i)legales para burlar las normas constitucionales, salvaguardar intereses y mantener, sin cambios relevantes, su grado de concentración y centralización del capital y la producción, su grado de control del mercado. Las llamadas “barreras a la entrada” legales e ilegales (gastos de inversión, economías de escala, ventajas absolutas de costos, propiedad intelectual, acuerdos de exclusión, manipulación de precios, privilegios palaciegos entre la oligarquía y las elites políticas, entre otros) que impiden la competencia, apenas serán remozadas, no eliminadas. Tampoco se desmantelarán los monopolios. Más aún, la manera en que está redactada la iniciativa de leyes secundarias reforzará la consolidación de los monopolios verticales y horizontales existentes, integrantes de conglomerados que extienden sus tentáculos hacia otras esferas económico-financieras: Azcárraga-Televisa-Bestel-Cablemás-Cablevisión-Sky y Salinas Pliego-Tv Azteca-Total Play, en la radiodifusión; Carlos Slim-Grupo Carso-Inbursa-América Móvil-Teléfonos de México (Telmex)-Telcel, en las telecomunicaciones, pese a sus desencuentros con el gobierno; las asociaciones como la negociada por Azcárraga-Salinas Pliego-Iusacell-Unefón (acuerdos formales e informales entre empresas del mismo ramo que buscan, con métodos legales e ilegales, reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado o impedir la entrada de nuevos competidores).


Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (con su silencio) no modificarán esos negocios. Ni en el cambalache de los cambios electorales por las contrarreformas en las telecomunicaciones y energética pudieron conseguir la transmisión de los debates presidenciales, pues ésta no tendrá cobertura nacional.
El tercer principio básico es el desprecio por la radiodifusión pública y social, compartido por los monopolios y demás empresarios que medran comercialmente esos servicios propiedad de la nación. La decisión inquebrantable por limitar su presencia o impedir su existencia, por medio de obstáculos financieros, técnicos u operativos, entre otros.

La restauración de la rectoría estatal, el control de los monopolios, la competencia, la libertad de expresión, la neutralidad de la red y la democratización de las telecomunicaciones y la radiodifusión quedaron como la fantasía, la magia del casi Sueño de una noche de verano tropical. La comedia romántica shakespeariana –que se dice fue inspirada por la boda de Thomas Berkeley y Elizabeth– cederá el paso a la tragicomedia mexicana, al matrimonio de conveniencia, el pacto mafioso.
El desacreditado sistema neoliberal reprivatizador y desnacionalizador volverá a imponerse. Como dijera en alguna ocasión la fundamentalista Margaret Thatcher, madre-abuela putativa de los neoliberales: “there is not alternative” (“no hay alternativa”), expresión que tomó prestada del filósofo victoriano y darwinista social Herbert Spencer.

La opción argentina

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, de 2009, es la antípoda del reglamento secundario que se discute en México. Aquella, conocida popularmente como “ley de medios” en Argentina, simboliza la tesonera voluntad política de un gobierno democrático, socialmente legítimo, opuesto al neoliberalismo y dispuesto a enfrentar a los monopolios de los medios, enemigos de los principios republicanos, tradicionalmente conspiradores, copartícipes y beneficiarios de los regímenes gorilas. Dicha ley supone que la recuperación de la rectoría estatal, el fomento y regulación de competencia, con el fin de abaratar sus precios y universalizar el acceso a esos servicios, la libertad de expresión y los derechos civiles, la neutralidad de las redes o la democratización de los medios radiales y televisivos y de la sociedad, exigen el desmantelamiento del poder económico y político de las corporaciones, entre ellas el del Grupo Clarín, los Televisa, Tv Azteca y Grupo Carso mexicanos.

La “ley de medios” fue resultado del consenso. Su contenido descansa en un proyecto elaborado por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004 y en la participación activa de instituciones públicas, organizaciones sociales y otros actores de la comunicación social que debatieron sus fundamentos durante 1 año en distintos puntos del país. En México la ley secundaria es una propuesta del Ejecutivo y su contenido provocó la indignación social, que orilló al Senado a montar un debate para simular su credibilidad. En 3 días de marzo pasado invitó a 51 especialistas, concesionarios y empresarios de radio y telecomunicaciones, la mayoría de ellos a modo, para comentar, sin trascendencia, la iniciativa repudiada, ya que ésta quedó igual. Lo llamativo fueron los denuestos del panista Javier Lozano en contra de algunos convidados. Pero Lozano dijo algo razonable: “la ley de telecomunicaciones y radiodifusión que envió el Ejecutivo al Senado será aprobada por mayoría. No habrá unanimidad, no la puede haber”.

Así, la ley será impuesta.

La ley argentina significó un cambio radical en el sistema público y privado de los medios audiovisuales. Los servicios de comunicación audiovisual son declarados de “interés público” (un bien social común y no tanto como un interés o razón de Estado). El Estado reasume el papel rector, por medio de un órgano regulador integrado por representantes del Ejecutivo, las tres minorías principales del Congreso, un académico de la comunicación, de cada provincia y la capital federal, del sector privado y social, de las universidades nacionales, de los trabajadores de la comunicación y de las comunidades de los pueblos originarios.

El espectro radioeléctrico es redistribuido en tres partes iguales: una para el sector privado, otra para el social (organizaciones sociales, universidades, pueblos originarios) y el resto para Estado federal y provincial (serán públicos, no estatales). Las licencias son adjudicadas mediante el régimen de concurso público abierto y permanente, por un plazo de 10 años, prorrogable una sola vez por un plazo similar, concedida en una audiencia pública. El número de ellas es limitado y nadie podrá prestar servicios a más del 35 por ciento del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios. Quien opere un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de televisión por cable en la misma localidad, y viceversa. Se prohíbe que las compañías telefónicas vendan servicios de televisión por cable. Las frecuencias radioeléctricas no podrán transferirse, venderse o subastarse. La presencia del capital extranjero se limita a un máximo del 30 por ciento del capital accionario de las empresas. Se crea la figura del defensor Nacional del Público y se garantiza el acceso universal a los contenidos informativos de interés relevante.

El proceso de desmonopolización implicó el parcial desmantelamiento de Clarín, el grupo hegemónico mediático, aunque se mantiene como el conglomerado más importante del país al mantener el diario Clarín, los canales líderes en televisión abierta y de paga y una de las radios con mayor audiencia. La dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, vio afectado parte de su imperio que le permitió acumular una fortuna estimada en 2 mil 500 millones de dólares. Otros grupos que tendrán que desinvertir son Moneta, Indalo, Uno Medios, Cadena 3, Prisa, Telefónica y Pierri.

En México, la ley secundaria en la materia avanza en sentido contrario, y el poder económico, financiero y político de la oligarquía mediática seguirá acrecentándose. Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga seguirán agregándoles dólares a sus patrimonios estimados en 72 mil millones de dólares, 7 mil 800 millones y 3 mil millones, respectivamente, al cierre de 2013.

La involución autoritaria

El consenso logrado alrededor de la ley secundaria es su rechazo. Por ejemplo, el senador panista Javier Corral calificó a la iniciativa como una “brutal contrarreforma”. Agustín Ramírez, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), señaló que “raya en lo absurdo”. Ésas y otras posturas, en una tesitura similar se deben a que eliminan de golpe los tímidos avances logrados con los cambios constitucionales.

Uno de ellos es el acotamiento del IFT. En el agregado al Artículo 6 constitucional se señala que será “un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión”. En la propuesta de ley secundaria se reitera que será un “organismo público autónomo, (in)dependiente en sus decisiones y funcionamiento”, cuyo objeto es “regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión”.

Sin embargo, la “autonomía” del IFT, por principio, es restringida por la elección de sus directivos. A diferencia del órgano regulador argentino, cuyos integrantes reflejan la pluralidad de intereses sociales y el intento por democratizar a los medios audiovisuales, “el presidente del organismo público [mexicano] será designado, a propuesta del Ejecutivo federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente” (Artículo 6 constitucional). Por desgracia, como ha ocurrido en otros casos similares, el nexo entre el elector y el elegido se ha mantenido. Mony de Swaan, presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), o Luis Carlos Ugalde, antiguo miembro del consejo general del Instituto Federal Electoral, ejemplifican esa relación de sumisión.

La reciente elección de cinco de sus siete comisionados pone en duda la calidad y la eficacia de su trabajo, debido a su falta de experiencia o la independencia constitucionalmente exigida. Según la Amedi, Mario Fromow trabajó en Telmex; Adolfo Cuevas, en la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, en la Secretaría de Gobernación, y su paso por la Cofetel, al lado de Ernesto Gil Elorduy, fue descalificado; María E Estavillo ha litigado en contra del gobierno mexicano y es señalada por su escaso conocimiento en temas de telecomunicaciones; Gabriel O Contreras se desempeñó en la Consejería Jurídica de la Presidencia calderonista, en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de la Procuraduría General de la República, organismos que nada tienen que ver con las tareas del IFT; Ernesto Estrada laboró para Vitro Vidrio y en la firma Holdings North America y ha sido empleado público, funciones completamente alejadas de las telecomunicaciones.

La capacidad de decisión y la autonomía del Instituto quedan burdamente debilitadas por la intromisión de otras dependencias públicas en sus tareas. La Secretaría de Gobernación vigilará y velará por las “buenas costumbres” sociales y de los servicios: el cumplimiento de las normas ambiguas como el respeto a la vida privada, la dignidad personal, la moral, la publicidad, los contenidos, el orden público, la seguridad nacional (Artículo 218 constitucional). Las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público “emitirán opiniones no vinculantes” en el “otorgamiento, prórroga o revocación de concesiones”, la fijación en el monto de las contraprestaciones, la planeación, la fijación y la conducción de las políticas y programas de cobertura universal y cobertura social, la elaboración de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, el acceso a internet de banda ancha en edificios públicos. La Secretaría de Educación Pública se coordinará con la de Hacienda para la definición de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector educativo, la transmisión de programas culturales, cívicos, educativos y recreativos. La Secretaría de Salud participará en los temas de su ramo. La Procuraduría Federal del Consumidor promoverá y protegerá jurídicamente a los usuarios de las telecomunicaciones.

La postura del IFT ante las contradicciones entre las leyes constitucionales y las secundarias, o ante la prórroga del llamado “apagón analógico”, fortalecen la suspicacia: el IFT quedará sometido a la agenda presidencial y será una dependencia más tutelada por el Ejecutivo federal y sus brazos ejecutores.

La nueva “Ley Televisa”

Allí está el detalle. El giro radical de la ley constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión hacia los intereses de los oligarcas que controlan esos servicios, agrupados en la “Ley Televisa” y contenidos en la ley secundaria se ubica en el sutil cambio de un concepto. En la primera se dice que se considerarán como agentes económicos preponderantes en los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones” a las compañías que tengan una “participación mayor al 50 por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas de acuerdo con los datos de que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones”. En la ley secundaria el término “servicios” es sustituido por el de “sector”, lo que da la oportunidad de la fragmentación en lugar de la agregación y, por tanto, en la reducción artificial de la presencia en las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Dicha disposición, más que impulsar la convergencia, estimula la divergencia. A la separación de los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, a no considerarlos como servicios múltiples (de televisión abierta, de radio, de internet, de audio y video restringidos, de telefonía móvil).

Ese ajuste le permite a Televisa escapar de las exigencias a quienes son clasificados como “agentes económicos predominantes” (artículo 276), pese a que controla el 70 por ciento de la televisión abierta y el 60 por ciento de la de paga. Es cierto que el IFT ya declaró a Televisa como tal. Sin embargo, si se aprueba la ley secundaria, tendrá que ser replanteado ese estigma.

Por añadidura, también se despeja la obligación de presentar un plan donde opten por la separación funcional estructural o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o la combinación de ambas, con el objeto de reducir su presencia a menos del 50 por ciento en el mercado. Asimismo, le facilitaría la posibilidad de participar en las licitaciones de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico (artículo 274), aun cuando la ley constitucional no le negaba esa opción, pues sólo requeriría la autorización del IFT.
Los efectos benéficos vendrán en cascada para Televisa. Por ejemplo, le evitaría la enojosa situación de permitir el acceso gratuito de sus señales en la televisión restringida (artículo 264). Le permitiría quedarse con el espectro sobrante de la transición digital sin pagar contraprestación alguna. Le aseguraría la posibilidad de adquirir el 51 por ciento de la empresa Cablecom, hecho que ampliaría aún más su concentración de la televisión restringida.

Por otro lado, la propuesta de creación del llamado “mercado secundario de espectro radioeléctrico”, donde podrá realizarse la transferencia entre particulares del derecho de uso del espectro radioeléctrico, la cesión de derechos y el arrendamiento de espectro, sin necesidad de la intervención estatal, más que impulsar la competencia, sólo acelerarán la tendencia a la concentración. En el mejor de los casos, podría presentarse una competencia entre monopolios, con todas sus perversiones económicas y políticas, perniciosas para los usuarios y la nación.

El otorgamiento de las concesiones actuales únicas para uso comercial, por un plazo de hasta 30 años (en 2007 la propuesta era hasta por 20 años), prorrogables por plazos iguales, con la posibilidad de arrendarlas, beneficiarán especialmente a los monopolios de Televisa y Tv Azteca que controlan la televisión abierta y de paga.

Si bien Telmex fue declarado como “agente económico preponderante” debido a que controla el 80 por ciento del mercado en telefonía fija, el 70 por ciento de la telefonía móvil y el 74 por ciento de los servicios de internet fijo, tampoco la ley secundaria implica el fin de su historia. Si llegara a separarse el conglomerado o a desincorporarse (¿realmente alguien lo cree?) para ajustarse a las normas, no perderá su posición hegemónica en las telecomunicaciones. Incluso en poco más de 2 años podría verse su incorporación en la televisión. La estrategia de trasnacionalización de Slim le ofrece una amplia gama de posibilidades para mantener su posición de patriarca oligárquico.

Radiodifusión pública y social, la perdedora

Si es claro que la ley secundaria no sólo no atenta en contra de los monopolios actuales, sino que tenderá a reforzar su presencia, también es nítido que, junto a los usuarios, los principales perdedores serán la radiodifusión pública y social. Para estos últimos es más que obvia su condena a muerte o a vegetar dolorosamente.

Con la creación del Sistema Público de Radiodifusión de México, a los organismos estatales se les someterá al dictado de la Secretaría de Gobernación, con todo y sus implicaciones nocivas en materia de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia, rendición de cuentas, defensa de sus contenidos; desarrollo tecnológico y otras medidas contenidas en el Artículo 10 transitorio de la ley constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión.

Ahora todo dependerá de las directrices de Gobernación y, por extensión, del Ejecutivo. El espectro del pasado de la radio y la televisión pública está más vivo y más terrible. El grado de autonomía e independencia que dispondrán es más que evidente.

Con este tipo de concesiones no se podrán prestar servicios con fines de lucro ni compartir el espectro radioeléctrico con terceros (artículo 83 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México), su futuro dependerá de su capacidad para demostrar su eficacia técnica y administrativa, estará supeditada al financiamiento público (artículo 88) y éste ha sido tradicionalmente mezquino y declinante, lo que explica la indigencia de estos organismos públicos. Y para asegurar su miseria, sólo podrá buscar recursos adicionales a través de donativos (en dinero o en especie), la venta de productos o servicios (¿con qué dinero previo los generará si su presupuesto es insuficiente para sus necesidades básicas?), patrocinios o convenios entre entidades públicas (artículo 88). Es decir, de la caridad.

¿Cómo sobrevivirá la nueva televisión pública que se creará? No es un enigma. Al igual que las otras televisoras públicas: en la mendicancia. El problema es que esa caridad, en caso de que exista, será disputada por los llamados “concesionarios de uso social”, porque el proyecto de ley secundaria les asignó un destino similar al encasillarlas como instituciones sin fines de lucro, por lo que tampoco podrán realizar actividades que persigan la obtención de ganancias. Sólo podrán asegurar su existencia por los siguientes medios: donativos en dinero o en especie, aportaciones y cuotas o cooperación de la comunidad a la que prestan servicio, patrocinios y convenios (artículo 89).

Pero antes de preocuparse por el dinero, primero tendrán que existir. Y para existir tendrán que demostrar que tienen la capacidad técnica-operativa y los ingresos necesarios para utilizar la banda de frecuencias que eventualmente les sea asignada; que contribuirán a alcanzar los caros principios de los derechos humanos, la libertad de expresión e información o el libre acceso a las tecnologías de la información, entre otras fruslerías, las cuales, por cierto, son relajadas para las concesiones únicas de explotación comercial.
El sistema, sin embargo, no es tan perverso y autoritario como algunos creen. En un momento de generosidad, el gobierno le ofrece a la radiodifusión pública y social una gran oportunidad de vida: la venta de “patrocinios” hasta por 5 segundos. Ello dependerá de su creatividad.
*Economista


Contralínea 387  / 25 de Mayo  al 01 de Junio

lunes, 26 de mayo de 2014

Magistrados del Tribunal Electoral, la obscenidad del dispendio

 
 

Además del haber de retiro aprobado recientemente por el Congreso de la Unión para los siete magistrados del Tribunal Electoral –el cual se encuentra de nueva cuenta a debate–, los integrantes de ese órgano del Poder Judicial de la Federación gozan de otros privilegios económicos: sueldos superiores a los 150 mil pesos mensuales, seguros de vida, de gastos médicos mayores y bonos de “productividad” que ellos mismos se autodesignan. La sociedad les paga sus lujosos automóviles y camionetas, pero también sus choferes, gasolina, comidas en los restaurantes más caros del país y sus viajes… Su mala actuación y altos salarios son “un escupitajo en la cara para los mexicanos”, opina el panista Javier Corral 


Cada mes, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perciben 151 mil pesos netos, mientras que el magistrado presidente gana 246 mil 945 pesos, detalla el “Acuerdo por el que se utoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2014”.
Aunado a ello, este año se embolsarán 450 mil 976 pesos correspondientes al bono por riesgo; el aguinaldo, por 247 mil 169 pesos, y una prima vacacional, por 40 mil 861.
Pero esto no es todo, en tan sólo 2 días, el Congreso de la Unión avaló un haber de retiro adicional para José Alejandro Luna Ramos, María del Carmen Alanís Figueroa, Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava Gomar, Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López, magistrados del TEPJF.
Las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, fracción 3, artículo 209, aprobadas por senadores y diputados, los pasados 14 y 15 de mayo, permiten al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través  del Comité de Administración, otorgarles la pensión vitalicia.
Debido a la inconformidad social que se generó, el día 21 se presentaron dos iniciativas que buscan cancelar o reducir tal privilegio. Sin embargo, las demás prebendas que gozan no están a discusión.
De acuerdo con Javier Corral, senador de la República por el Partido Acción Nacional, la pensión vitalicia que se buscó imponer de manera subrepticia es resultado de un acuerdo entre los magistrados y el jefe de oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, quien –a través del consejero Jurídico, Humberto Castillejos– incorporó de última hora esa reforma en un “claro acto de violación de la división de poderes y de atropello al Congreso [de la Unión]”.
Para el legislador se trata de una adición subrepticia, planeada maliciosamente. Prueba de ello, dice, es que el Congreso nunca fue convocado para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
 “Desde ahí, es ilegal la reforma. No lo enlistaron para evitar llamar la atención. Que el consejero jurídico de la Presidencia haya tenido secuestrado el dictamen de principio a fin, que haya tenido el control de la redacción del dictamen, no es una responsabilidad sólo de Castillejos, sino de los presidentes de las comisiones, del presidente del Senado y de los coordinadores parlamentarios que han permitido ese trato indigno, absolutamente invasivo de facultades.”
Según indica, no es la primera vez que se ha intentado aprobar la pensión vitalicia para los magistrados de la Sala Superior. El tema fue incluido por primera vez en las discusiones al decreto de reforma constitucional en materia electoral, durante noviembre de 2013, e incluía la ampliación de 9 a 15 años su ejercicio en el cargo.
 “Me opuse. Impugné; hice 47 reservas en aquella ocasión. Desde entonces, todo mundo sabía que en el Senado de la República eso había sido rechazado”, señala.
El 16 de mayo, el Tribunal emitió un comunicado en el que niega que lo aprobado por el Congreso de la Unión sea una pensión vitalicia o un bono. En el escrito, los magistrados aducen que se trata de un haber de retiro, “garantía prevista en el artículo 94, párrafo décimo segundo de la Constitución”.
Aseguran que el haber de retiro está previsto ante la disposición legal que prohíbe a los exintegrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desempeñar cualquier actividad relacionada con su profesión en un periodo de 2 años.
Ante las imputaciones, también negaron por escrito que se trate de un soborno anticipado. “Los miembros del Tribunal Electoral no negociamos el ejercicio de nuestra función jurisdiccional. Rechazamos de manera categórica cualquier acusación de este tipo”.
Pese a que el legislador panista no duda que se logre echar abajo la adición, señala que el hecho muestra “hasta dónde están metidos los personeros de Peña en el Congreso”.
Ante ello, Corral señala que Enrique Peña Nieto debe ser extrañado por el Congreso y pide la remoción de Castillejos. “Y que tanto éste último como Nuño sean catalogados como inconfiables”.
A su parecer, los magistrados debieron transparentar su pretensión. “No dice bien de este Tribunal que lo anden cabildeando sigilosamente; le quita confianza, credibilidad. No debemos aceptar los argumentos del magistrado [Flavio] Galván. Es patético decir que evita la corrupción en magistrados”.

Negocian bono para 2 años

Ante la nueva propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que la bonificación que reciban los magistrados sea por los 2 años posteriores al término de su cargo, Javier Corral adelanta que votará en contra. Argumenta que la resolución a favor podría sentar un precedente que tendría que aplicarse para todos los servidores públicos.
 “El nivel salarial es más que suficiente para cubrir las supuestas tentaciones a las que están sometidos los jueces y para cubrir el plazo de veda. El que no quiera tener prohibiciones laborales cuando ejerce altas responsabilidades públicas pues que no participe.
 “Hay una discusión de fondo: en un país como el nuestro de enormes desigualdades, de una pobreza insultante, andar asegurando esos bonos de retiro y esas pensiones es un escupitajo en la cara de los mexicanos.”
Por su parte, el senador por el Partido del Trabajo David Monreal lamenta que el Congreso que aprueba para “un grupo” pensiones vitalicias millonarias, sea el mismo que discute la pensión universal de apenas 500 pesos para la mayor parte de la población.

Los beneficios de los magistrados

Tal como lo publicó Contralínea (edición 292), los integrantes de la Sala Superior reciben múltiples beneficios económicos. Tres días antes de las elecciones federales, los siete magistrados obtuvieron un bono de 488 mil 799 pesos cada uno. El dinero ingresó a las cuentas bancarias de los siete magistrados del TEPJF el 28 de junio de 2012, apenas 3 días antes de que se celebraran las elecciones federales en las que resultó electo el priísta Enrique Peña Nieto.
Fuentes allegadas a la institución aseguraron entonces que se trató de un “bono de riesgo”; y que en la semana del 18 al 24 de junio los magistrados habrían votado en su sesión ordinaria para autoasignarse dicha prestación.
Creado por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico, el bono de riesgo es independiente del sueldo y de las prestaciones que reciben de por sí los funcionarios. Su objetivo es “bonificar económicamente” la inminente inseguridad que enfrentan algunos servidores públicos por sus labores.
Sin embargo, el TEPJF no combate al crimen organizado. Su mandato constitucional es “actuar como la máxima autoridad en materia de justicia electoral, que garantiza los principios de constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales”.
La justificación que esgrimió el Poder Judicial para el “pago por riesgo” es que éste se otorga “dada la naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que tienen encomendadas”.

La elección presidencial

Cuatro días después de recibir el bono de riesgo, el 2 de julio, Alejandro Luna Ramos advirtió que “nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas”. Con esta declaración, el presidente del TEPJF se adelantaba a la impugnación que finalmente hizo el candidato de las “izquierdas”, Andrés Manuel López Obrador, respecto de la elección presidencial. También, fijaba su posición respecto del conflicto postelectoral.
En una entrevista concedida al programa “Justicia electoral a la semana”, y cuando aún no concluía el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Federal Electoral, Luna Ramos dijo que “el Tribunal no puede cambiar la decisión manifestada por la ciudadanía en las urnas”.
Además del bono por riesgo, los magistrados ordenaron blindar sus instalaciones, en particular aquella en donde ellos sesionan: la Sala Superior, ubicada en la avenida Carlota Armero, 5000, colonia Culhuacán CTM, delegación Coyoacán.
El argumento para tal decisión fue la violencia que asola al país: con esta medida, queda garantizada la seguridad personal de los siete servidores públicos. Protección Institucional fue el área que se encargó de contratar los servicios del blindaje, con un costo por alrededor de 300 mil pesos. A este monto se le sumaron otros 38  mil pesos para “acorazar” la puerta, mecanismo que resiste desde disparos de bazucas y hasta bombazos, como lo informó la columna Oficio de Papel.
Previo a las elecciones, los magistrados también se autorizaron camionetas blindadas marca Grand Cherokee, con un valor aproximado de 1 millón 500 mil pesos; ello, a pesar de que cada uno tiene ya a su disposición dos automóviles que paga el erario del Tribunal Electoral, incluida la gasolina, la reparación y el mantenimiento.
La hacienda pública también paga a Luna Ramos, Alanís Figueroa, González Oropeza, Carrasco Daza, Nava Gomar, Galván Rivera y Penagos López un seguro de separación individualizado, uno de gastos médicos mayores y uno más de vida.
De acuerdo con el acta de la novena sesión ordinaria de la Comisión de Administración del TEPJF, el 27 de noviembre de 2011 se autorizó la contratación de las pólizas de seguros –con una vigencia de las 12 horas del 31 de diciembre de 2011 a las 12 horas del 31 de diciembre de 2014– por un monto de hasta 58 millones 301 mil 172 pesos.

Dispendio por elecciones

A pesar de sus altos sueldos, los siete magistrados no gastan en el consumo de alimentos: el erario les otorga 15 mil pesos mensuales para cubrir este fin, ocho veces el salario mínimo mensual. Cuando los funcionarios se exceden de este monto, tienen derecho a presentar facturas que el Tribunal les retribuye como “atención a magistrados”.
Existe además un presupuesto superior a los 100 mil pesos para pagar aparatos electrónicos, como iPod; electrodomésticos, como una cafetera de 20 mil pesos. El erario también paga la camioneta del presidente del Tribunal.
No obstante los múltiples beneficios que reciben, para los senadores Javier Corral y David Monreal la actuación del Tribunal ha sido “mala”: tienen el caso Monex y el rebase de topes de campaña pendientes por resolverse desde hace 1 año.

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Contralínea 387  / 25 de Mayo  al 01 de Junio

sábado, 24 de mayo de 2014

Nuestros lectores

Nuestros lectores
 
Edmundo y Gabriel: a 7 años de su desaparición, presentación con vida
Al pueblo de México; a los pueblos del mundo; a los medios de comunicación nacionales e internacionales; a los organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos; a las... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/03/BUZON01.jpg http://bit.ly/1keQeFu http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/05/25/nuestros-lectores-133/

Parque de diversiones

Parque de diversiones
 
 
 
 Domingo, 24 de Mayo 2014
 
 
 
Contralínea 387  / 25 de Mayo  al 01 de Junio

 
 
 
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Reculan los siete magistrados del Tribunal Electoral

 


Cuando parece que todo está perdido; que la corrupción gubernamental y empresarial, el abuso de poder de la burocracia y el tráfico de influencias de los servidores públicos han ganado la batalla, aparece unida la crítica social y obliga a los abusadores a recular.

Éste es el caso de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), encabezados por Alejandro Luna Ramos, quienes cabildearon con el gobierno federal y su partido (Revolucionario Institucional, PRI) para obtener un “haber de retiro”, que no es otra cosa que una pensión vitalicia después de que dejan el cargo, como ahora la cobran los 11 exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante el evidente abuso que pretendían también los responsables de ese Tribunal, la sociedad toda reprochó la descarada pretensión de los magistrados y obligó al Congreso de la Unión y a los siete “ofendidos” a dar marcha atrás en su cínica propuesta e impedir así que se cometiera un abuso más con dinero público.

Fue el mismo presidente del Tribunal, Luna Ramos, quien anunció que no cobrarían ningún bono por su retiro, y se lamentó que los medios de comunicación los ataquen y que la población haga juicios a partir de información “imprecisa, maliciosa y tendenciosa”.

Veamos ahora si lo que dice el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos, es cierto.

Más de la mitad de la población en México tiene distintos niveles de pobreza, y la tercera parte –unos 40 millones de personas– vive con deficiencias extremas. Unos 80 millones de mexicanos sufren también problemas de alimentación, salud, educación y vivienda. A eso sumamos la inseguridad y violencia; el desempleo y subempleo; la pérdida del poder adquisitivo y la recesión económica; la corrupción gubernamental y privada; el abuso de poder y el tráfico de influencias.

En medio de esta crisis que ha llevado a la sociedad al borde del colapso, observamos el cinismo de los siete magistrados del TEPJF que creen merecer un trato especial por haber avalado las elecciones presidenciales de 2012.

Sin duda se trata de un ejemplo más de cómo servidores públicos asumen sus funciones con el propósito de enriquecerse ilícita e inmoralmente, ante la complacencia y complicidad de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, la población ya enjuició a los magistrados y los sancionó públicamente.
Esta forma de actuar, que se replica en todos los niveles de la función pública, explica el alto índice de pobreza en el que se encuentra el país y el riesgo alarmante de estallidos sociales, como ya ha sucedido en varios estados de la República (Guerrero, Oaxaca y Michoacán).

A esos siete magistrados abusivos, responsables de avalar la elección presidencial en 2012, les tiene sin cuidado que México sea uno de los países más pobres de América Latina y que en el primer trimestre de este año el país haya enfrentado una recesión económica, pues a ellos sólo les importa garantizarse un elevado salario de por vida pagado con el erario público.

Pero fue la protesta e inconformidad social la que obligó al PRI a proponer que esa pensión de por vida se reduzca a pagarles a los siete magistrados sus sueldos durante 2 años sin trabajar. Vaya canonjía para esos “servidores públicos”, mientras la clase obrera y campesina vive con salarios de hambre.

Esta prestación –que ya había sido aprobada por el Congreso en las leyes reglamentarias de la reforma política– sólo refleja el abuso en el que han vivido los magistrados del Tribunal Electoral durante muchos años.
Se trata de un evidente dispendio, pues además de los buenos sueldos que ahora reciben esos magistrados y mandos medios y superiores, también se asignaron en 2012 un bono por el “apoyo” al proceso electoral, que consistió entre 1 y 2 meses de sueldo a cada trabajador, dependiendo del cargo; otro bono de la misma dimensión les fue entregado después del 1 de julio de ese mismo año, nuevamente por “apoyo” a las elecciones presidenciales, y por si eso fuera poco, los magistrados del Tribunal Electoral han dispuesto que cada 4 meses se les pague un bono económico equivalente a 1 mes de salario.

En esta columna describimos en 2012 el abuso que desde entonces se vivía en el TEPJF: los siete magistrados se autorizaron camionetas blindadas modelo Grand Cherokee, con valor aproximado a 1.5 millones de pesos por cada vehículo; cada uno de ellos tiene asignado para su servicio otros dos automóviles con su respectivo gasto de gasolina y choferes; su ingreso mensual neto fluctúa entre los 230 mil y 250 mil pesos, el mismo sueldo que gana el presidente de la República; cuentan con un seguro de separación individualizado contratado con la empresa MetLife, consistente en que el magistrado aporta 10 por ciento de sus ingresos y el Tribunal otro 10 por ciento con dinero público, y el total lo recibirá cada magistrado cuando termine su gestión.

Además, dicho órgano de “justicia” le otorga a los magistrados un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores, con cero coaseguro; es decir, que por cualquier gasto que genere el internamiento del magistrado o magistrada en algún hospital de lujo no desembolsará 1 solo centavo de sus ingresos, pues todo estará cubierto por el seguro pagado con dinero público de los mexicanos.

Como estos siete magistrados fueron los responsables del cómputo final de la elección presidencial y de calificar su legalidad para declarar quién fue presidente electo, necesitaban más estímulos económicos que los alejaran de tentaciones de corrupción o de componendas política, por ello votaron a su favor para asignarse, antes del 1 de julio de 2012, un bono por riesgo de 500 mil pesos, lo que equivalió a 2 meses de sueldo.

El TEPJF también ha dispuesto que sus siete magistrados no gasten su sueldo en el consumo de alimentos, por lo cual les otorga 15 mil pesos mensuales, dinero equivalente al salario mínimo que recibirían en el mismo lapso de tiempo ocho trabajadores mexicanos. Si los 15 mil pesos no son suficientes para sus costosas comidas, tienen derecho a presentar facturas que el Tribunal pagará como “atención a magistrados”.

Entre los gastos “menores” en beneficio de los magistrados está la disposición de más de 100 mil pesos para comprarle a cada uno su iPad; también una moderna cafetera a un “mínimo” costo de 20 mil pesos; o la lujosa camioneta para el presidente Luna Ramos, una Toyota Sequoia, que tiene un precio de alrededor de 800 mil pesos.

Pero los siete magistrados no sólo están interesados en su bienestar económico, su seguridad y sus alimentos, sino también en participar en la recomendación de su personal, de amistades y compadres en cargos de mandos superiores y medios del Tribunal. Es decir, el nepotismo.

En aquel año de 2012 escribí en esta columna: “Por ejemplo, Rolando de Lasse Cañas, coordinador de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública del Tribunal, despidió al director de Proyectos, René Alvarado, y en su lugar entró Valentín Rosas García, quien entre pasillos presume su amistad con uno de los hijos del doctor Luna Ramos.

“Lo más grave de esa remoción del ingeniero Alvarado y que por lo menos debería preocupar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que se dio porque el funcionario se negó a firmar y aceptar las nuevas estimaciones económicas para una obra de remodelación y ampliación de la Sala Regional del Tribunal en Monterrey, Nuevo León, que tuvo un desembolso del erario de entre 55 [millones] y 60 millones de pesos, con deficiencias de tiempo y costo. Dicha obra estaba planeada para concluirse en marzo, pero demoró 4 meses más y tuvo un sobrecosto de 15 millones. El encargado de vigilar el buen uso de los recursos es Rolando de Lasse Cañas.

“Otro despido injustificado fue el del ingeniero Roberto Healty, quien tuvo que dejar la Jefatura de Unidad de Control de Obras y Conservación del Tribunal para que a su lugar llegara Ricardo Zetina, también recomendado de De Lasse Cañas, quien procura siempre estar atento a las peticiones del presidente Luna Ramos y de los magistrados Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza y Salvador Olimpo Nava Gomar.

“A la Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública del TEPJF le atribuyen algunos despidos injustificados de directores, coordinadores y asesores. Por ejemplo, a Carlos Sánchez, que era asesor del director general de Recursos Materiales, lo habían ascendido como director de Adquisiciones, pero sólo duró 1 semana en el cargo porque fue removido y despedido del Tribunal. El titular de dicha Coordinación de Adquisiciones es el doctor Rolando de Lasse Cañas, quien tuvo un desempeño polémico como director Jurídico del Instituto Federal Electoral y también se desempeñó como secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia”.
*Periodista

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Contralínea 387  / 25 de Mayo  al 01 de Junio

México: séptimo lugar en impunidad por homicidios contra periodistas

 
 

En un no muy riguroso análisis de la organización no gubernamental Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), domiciliada en Nueva York, se asienta que México, el alias de los Estados Unidos Mexicanos, ocupa el séptimo lugar con más impunidad respecto a homicidios contra periodistas. Esto a pesar de que desde hace 13 años y medio han asesinado a 79 de ellos. Y ya sea con investigaciones o sin ellas, ignoramos quiénes fueron los sicarios y, sobre todo, quiénes ordenaron privarlos de la vida, desde que el 30 de mayo de 1984 fuera asesinado el singular, incisivo y rigurosamente informado Manuel Buendía (Miguel Ángel Granados Chapa, Buendía. El primer asesinato de la narcopolítica en México, editorial Grijalbo).

Desde el presidencialismo delamadridista, pasando por Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el peñismo (1982-2014), la narcopolítica, es decir, las complicidades entre funcionarios, políticos y capos del narcotráfico, se asociaron también para eliminar periodistas a la sombra de las delincuencias organizadas (Carlos Moncada Ochoa, Oficio de muerte. Periodistas asesinados en el país de la impunidad, con prólogo de Miguel Ángel Granados Chapa, Grijalbo-Proceso).

No solamente en el caso de los periodistas nuestro país se ha convertido en el paraíso de la impunidad; sobre todo si se trata de quitarle la vida a los mexicanos que critican a gobernantes, y más si informan de los nexos entre funcionarios y narcos o entre funcionarios y empresarios corruptos; por ejemplo –a todas luces responsable de imputaciones penales–, Amado Yáñez Osuna, quien ya lleva 80 días “arraigado” en su mansión de Acapulco por el desfalco de Oceanografía, filtrándose rumores de que hay panistas involucrados que pueden llegar hasta Calderón.

Se abarrotan las cárceles y se multiplican los arraigos, pero la violencia se expande por todo el país con todo y los desarmes del procónsul de Enrique Peña en Michoacán. Y renace la delincuencia en otros estados, como en Sonora (donde prevalece la rapiña del desgobernador Guillermo Padrés con el robo del agua de la tribu yaqui), en Tamaulipas, Estado de México y Veracruz (esta última entidad ostenta el primer lugar en impunidad, con más de 10 homicidios de periodistas, y donde priva la corrupción con Javier Duarte –peor que la bestial de Fidel Herrera–, quien paga inserciones en todos los medios de comunicación para hacerse el “protagónico eficaz”).

En ese caos social, económico, político, delincuencial que parece una “crisis perpetua” al estilo colombiano (Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera), los periodistas también están pagando facturas, ya que el CPJ, con datos en la mano, calificó a México en el séptimo lugar en el lapso 2004-2013.
Ésta es la lista de ese cuadro sangriento: Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Siria, Afganistán, México, Colombia, Pakistán, Rusia, Nigeria e India. La Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos reportó 41 agresiones a comunicadores (ambas informaciones en La Jornada, 17 y 22 de abril de 2014). Y el reportero Ángel Villarino nos hizo saber que la organización Freedom House clasificó a México durante 2013 –ya con el peñismo– como el país donde la libertad de prensa es la de un “país no libre”, por cuanto que “México sigue presentando los mismos niveles de violencia, intimidación e impunidad, además de la concentración mediática” (Reforma, 2 de mayo de 2014).

La comunicadora-periodista Carmen Aristegui es víctima constante de ataques e intimidaciones por parte de quienes están en desacuerdo con su profesionalismo y manera de ejercer las libertades de prensa; y en su columna semanal analiza y comenta el informe de Freedom House: “Algunos periodistas y críticos en este país hemos sufrido, de un tiempo para acá, fabricaciones, montajes, falsificaciones, amenazas y orquestaciones que sólo pueden realizarse con la disposición de importantes recursos –públicos y/o privados– que les permiten sostenerse con gran libertad y periodos prolongados […]. El clima es peligroso, inhibidor, induce a la autocensura. Todo lo cual debería poner en alerta a la sociedad mexicana. La calidad informativa, el derecho a saber, el libre flujo de las ideas y de la información están en México seriamente amenazados” (Reforma, 2 de mayo de 2014).

Y habría que agregar que en gran parte de ese amenazante panorama está la mano invisible-visible del peñismo, ya que durante los 18 meses del relevo presidencial tras el final del Partido Acción Nacional, Peña Nieto ha ido de menos a más en la molestia contra la prensa crítica impresa y por radio y televisión (¡por Dios que no es Televisa!), pues ninguna de sus reformas-contrarreformas ha tenido aceptación. Los empresarios están contra la contrarreforma fiscal; la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la educativa, y en seis entidades interpuso Peña controversias constitucionales ¡porque la CNTE impuso una legislación contraria a él!; Televisa, Slim-Telcel, Telefónica de Francisco Gil Díaz –primo de uno de los que pescaron en Oceanografía– están en contra de la de telecomunicaciones; la laboral es impugnada por los trabajadores independientes y viene la energética, que tiene a punto de incendiar al país. En ese contexto, los periodistas con sus análisis y críticas han creado una oposición que tiene nervioso al señor Peña, y es entonces que las agresiones, homicidios, intolerancias y censuras han aumentado, y las libertades de prensa “están, en México, seriamente amenazadas”.
*Periodista
 

Contralínea 387  / 25 de Mayo  al 01 de Junio

Aumentan los problemas sociales




Todavía no concluye la polémica acerca de si estamos o no en recesión, en la que tuvo que intervenir el mismo Enrique Peña Nieto. Y es que nuevamente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía da una cifra intranquilizadora: el desempleo llegó a 2.5 millones de personas, 52 mil más que hace 1 año; se desatan movilizaciones sociales diversas; un grupo importante de líderes se rebela contra posiciones oficiales; y hay reclamos internacionales por el descuido gubernamental a los derechos humanos.

Vayamos por partes.

En Tamaulipas hubo manifestaciones. La más nutrida en Tampico, y menos numerosas en otras localidades. El reclamo fue uno: es necesario frenar a la delincuencia que impide las formas más elementales de convivencia, cobra derechos de piso y de vida, y se burla de las autoridades, en especial del gobernador Egidio Torre Cantú.

Según algunos medios impresos, algunos miles de personas salieron a las calles, pero en las redes sociales así como en diarios, especialmente La Jornada (12 de mayo), los reclamantes eran una inmensidad. Frente a ello, las autoridades y hasta Los Zetas se tuvieron que replegar. Y es que no podían aceptar que la paciencia se acabó.

Por si algo faltara, fue detenido el jefe de escoltas de Egidio, Juan Manuel López, quien es acusado de haber asesinado al entonces jefe de la inteligencia gubernamental de esa entidad, Salvador Haro.

Pero no ha sido todo. Misteriosamente el secretario particular del titular de Finanzas, Ramiro Higuera, recibió un balazo en la cabeza.

Estamos, pues, ante una serie de hechos delictuosos por todos lados. Ya no es simplemente la población que reclama, correctamente, que la gente no tiene guardaespaldas ni protección. El asunto es tan grave que los crímenes y la desprotección en los primeros círculos es casi total. Y los hampones están en las altas esferas gubernamentales.

Ante dicho panorama, tuvo que desplazarse el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a Tamaulipas, mejor conocida como Mataulipas. El objetivo: llevar operadores que puedan hacer un trabajo más o menos decente para tranquilizar a los ciudadanos. Ahora, según reportes, no se tratará de un comisionado, sino de cuatro, al menos, los cuales puedan actuar en diferentes lugares para calmar las aguas.
Esto puede ser, incluso, contraproducente, ya que sabemos que, cuando dos o más tienen mando, siempre hay desorden y pleito por los protagonismos. Pero en fin, ojalá, por la salud del estado, todo mejore en lugar de empeorar.

En Morelos, el asesinato del profesor-investigador de la Universidad Autónoma de aquel estado, Alejandro Chao Barona y de su esposa, Sara Rebolledo, hizo que se realizara una manifestación el lunes 5 de mayo de muy amplias proporciones. Ya antes otra de buen tamaño la había encabezado Javier Sicilia. Éste afirma que Graco Ramírez miente.

Nuevamente se mostró la ineptitud del gobernador y su secretario general, Jorge Messeguer. Ambos trataron primero de evitar la marcha y luego, para que no saliera el contingente, intimidaron al rector Alejandro Vera Jiménez. Los funcionarios, lejos de lograr sus objetivos, hicieron que los universitarios y ciudadanos se indignaran más. Y es que en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han ocurrido secuestros de estudiantes, balaceras contra guardias y hasta la muerte de uno de éstos: Jesús García Gutiérrez. En todos los casos, las investigaciones llevadas a cabo dejan mucho que desear.

Según el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, hay tres entidades que son consideradas focos rojos: Tamaulipas, Morelos y Michoacán (Proceso, 1958). Por lo tanto, es obvio el gran descontento existente ante la falta de autoridad de Graco, en el caso de Morelos, para resolver problemas, y la necesidad de que el gobierno federal intervenga para que ponga orden (todavía ausente) en el resto de las entidades. Hay, por cierto, un grupo delictivo morelense llamado Los Pelones que ha amenazado de muerte a los 71 consejeros universitarios. No hacer nada en el ámbito federal es jugar con la vida de muchachos y profesores.

Sabemos que José Manuel Mireles fue destituido como vocero de las autodefensas de Michoacán. Pero esto, lejos de ser un triunfo para el comisionado Alfredo Castillo, ha resultado un movimiento en contra de la autoridad federal. Ello porque un grupo importante se denomina “Todos somos autodefensas” (Sin Embargo, 13 de mayo). Los integrantes son el padre Alejandro Solalinde, apoyo fundamental de los migrantes; una de las líderes de Salvemos Tamaulipas, Tania Vázquez; Jaime Rodríguez, el Bronco, de Garza García, Nuevo León; el empresario Ramón Alejandro Vaca; el defensor de chicanos, José Jacques y Medina; el general creador del ombudsman militar, José Francisco Gallardo; y el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Antonio Negrete, entre otros. La cereza en el pastel la puso Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, quien señaló: “México es muy propositivo en foros internacionales, pero carece de medidas para evitar la impunidad existente contra periodistas, defensores de derechos humanos, migrantes y mujeres”. Y anotó que la inseguridad en nuestra patria es mayor al 80 por ciento, debido a que prevalece la tortura y la falta de castigo a los responsables de ilícitos.
Cuatro asuntos que deben preocupar seriamente al gobierno federal, el cual no sale de sus broncas económicas cuando le saltan varias liebres.

Posdata: En Sinaloa hay movimientos por el asesinato de Sandra Luz Hernández, cuyo hijo, Édgar García Hernández, quien trabajaba en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, fue desaparecido el 12 de febrero de 2012 y no se había hecho nada para localizarlo.
*Periodista




Contralínea 387  / 25 de Mayo  al 01 de Junio

Minería marina en Baja California Sur: riesgo ambiental y social inminente

 


La reciente controversia de pobladores –principalmente pescadores y ambientalistas– con autoridades y empresas privadas, generada en torno a la minería marina que se pretende llevar a cabo en Baja California Sur, en el corredor pesquero San Carlos-Las Barrancas-San Juanico, en la costa del Océano Pacífico, es apenas la punta del iceberg de la infinidad de problemas ambientales y sociales que se desencadenarán en México por la gravedad de los daños que puede causar esta novedosa forma de explotación minera del fondo marino, que además puede tener enormes repercusiones mundiales, pues el daño al medio ambiente marino no se limitaría a las zonas propuestas para la extracción.

De acuerdo con Carlos Ibarra, del diario El Independiente, las compañías que quieren practicar extracción minera marina, principalmente en cuanto al aprovechamiento de fosfatos, son: Exploraciones Oceánicas, S de RL de CV; Fosforitas del Pacífico SD, SA de CV; y Corporación Fosfórica Mexicana, SA de CV, de las cuales la primera tiene una concesión de la Secretaría de Economía del gobierno federal del 28 de junio de 2012 sobre una extensión de 268 mil 238 hectáreas en el área llamada “Don Diego”; la segunda operará con una concesión sobre un área de 13 mil 474 hectáreas emitida el 8 de septiembre de 2010, y la última mediante una concesión emitida el 31 de enero de 2012 sobre un área de 18 mil 237 hectáreas (Carlos Ibarra Meza, El Independiente, http://diarioelindependiente.mx/portal/2014/04/tres-empresas-interesadas-en-mineria-marina-en-comondu/). De acuerdo con la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, dichas concesiones son por 50 años; la primera tiene el expediente 594 y título 240744; la segunda, el expediente 454 y título 236987; y la tercera, el expediente 4/2/301 y título 239628. El 8 de mayo pasado, Juan Ángel Trasviña, presidente de la organización Medio Ambiente y Sociedad, desde el plantón que el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida mantiene en la explanada del Palacio de Gobierno de La Paz, dijo a Contralínea que ese día “se le planteó al diputado Jesús Salvador Verdugo Ojeda la necesidad de blindar al estado de Baja California Sur contra los megaproyectos de minería tóxica a cielo abierto, principalmente el denominado Los Cardones y los de la minería submarina”. En cuanto a estos últimos, dice que en una reunión celebrada en días pasados en la Universidad Autónoma de Baja California Sur en la que participaron además de él, la doctora Rocío Marcín –especialista en mamíferos marinos–, el maestro en ciencias Jesús Echavarría y algunos pescadores de la Cooperativa del Puerto Chale, estos últimos señalaron que el señor Armando Navarro, directivo de dicha Cooperativa, llevó a varios inversionistas de las compañías mineras submarinas a las comunidades pesqueras más cercanas a la zona determinada para la explotación, para plantearles los beneficios de la minería marina y convencerlos de apoyarlos con su anuencia para la realización de los trabajos de extracción submarina. Ante ello, los pescadores, conscientes de la magnitud de los daños que esta actividad causaría al medio ambiente marino, le manifestaron a Navarro y a los inversionistas su rechazo a la entrada de las compañías mineras submarinas. Cabe señalar que la Cooperativa representada por Navarro ha manifestado, en el comunicado denominado Manifiesto del Golfo de Ulloa, la necesidad de realizar amplios estudios de impacto ambiental en la zona antes de proceder a los trabajos de extracción minera, que rechazan en general la participación de organizaciones ecologistas por considerarlas oportunistas y sin derecho a opinar sobre sus asuntos. Ante lo cual creo que por la magnitud de los posibles daños que se puedan causar al medio marino, que no se limitarían a las zonas de extracción y tampoco al litoral de Baja California Sur, es fundamental la participación de todos los sectores y de cualquier ciudadano mexicano interesado en la preservación del medio ambiente, pues no es segregando sino sumando esfuerzos que un asunto de tal envergadura puede llegar a buen fin.

De las empresas mineras extranjeras queda claro que carecen de ética y conciencia ambiental. La experiencia a través de la historia en nuestro país con las empresas trasnacionales que han extraído minerales del subsuelo ha sido desastrosa. Más que extracción, han realizado un saqueo indiscriminado con múltiples consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de los pobladores, que en muchos casos han llevado a la muerte a muchas personas; y por supuesto con la mayor parte de las ganancias económicas para los dueños de las empresas, ya sean nacionales o extranjeras. Un panorama general y desalentador al respecto se puede consultar en el libro Minería: cinco siglos de saqueo, de Alfredo Valadez Rodríguez, editado por La Jornada y la Universidad de Zacatecas en 2013. La realidad de la minería en México parece ser desconocida por la mayoría de nuestros gobernantes, ¿o será acaso que intereses económicos muy fuertes los mueven a seguir dando concesiones a empresas privadas para la explotación de nuestros recursos naturales? Son tan rapaces que no se conforman con la enorme devastación minera que en tierra han propiciado con permisos y concesiones a compañías trasnacionales; además ahora pretenden hacer lo mismo en el subsuelo marino.

La minería marina ha sido practicada desde hace miles de años, sobre todo en cuanto a la extracción de sal y corales de manera artesanal. Y durante los siglos XIX y XX de manera industrial, principalmente en el rubro salino. Claro ejemplo de ello son las salineras de Guerrero Negro, en Baja California. Pero fue hasta la década de 1980 cuando la minería marina a gran escala en aguas someras para la extracción de gran variedad de minerales y, más recientemente en aguas profundas, se ha vuelto posible, gracias a los avances tecnológicos; pero las técnicas empleadas para la extracción son aún novedosas y han sido escasamente probadas a nivel mundial, por lo que su aplicación en México sería una especie de experimento de laboratorio cuyas consecuencias ambientales son incalculables.

De acuerdo con la organización no gubernamental Greenpeace (www.greenpeace.org/international/deep-seabed-mining/) y el estudio Man and the last great wilderness: human impact on the deep sea, publicado en 2011 (www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0022588), los daños ambientales causados por la minería marina son por ahora impredecibles. Por mencionar sólo algunos trasladados al caso de la Península de Baja California, en tres vertientes muy generales se tiene que:

1. Al barrer el fondo marino para la extracción de los minerales se altera ese estrato en el cual viven innumerables especies marinas, las cuales –ante la alteración, por no decir destrucción de su hábitat– sólo tienen dos opciones: emigrar y buscar otro espacio –si es que eso es posible– o morir; y en el caso de especies endémicas eso las puede llevar a la extinción.

2. Durante la extracción de los minerales se remueve el fondo marino, lo que genera la agitación de partículas de diversos sedimentos que por algún tiempo se mezclan con el agua y se mueven de acuerdo con las corrientes imperantes, pero en algún momento esas partículas se asentarán nuevamente, lo que no se sabe es dónde exactamente lo harán, y al hacerlo pueden sepultar a otros organismos del fondo marino causando la muerte de los mismos. En esta segunda vertiente de daños es importante mencionar que los sedimentos removidos, además, obstruyen la penetración de la luz solar en el agua y cambian la oxigenación de la misma, lo que indudablemente afecta las condiciones que el plancton necesita para subsistir, con lo que irremediablemente se afecta la cadena alimenticia marina, lo que incide directamente en algunas ballenas que se alimentan de estos microorganismos y que frecuentan las zonas donde se haría la extracción; o simplemente si dichas partículas quedan en sus rutas migratorias, sin duda afectará a algunos de los cetáceos que han hecho de la península de Baja California uno de sus lugares preferidos.

3. La contaminación del agua marina por los residuos químicos vertidos al mar tras los procesos de extracción de minerales, mismos que incidirán en toda especie marina de la zona y que pueden causar su muerte. Además está la contaminación causada por los combustibles empleados por las embarcaciones y la maquinaria para la extracción minera. Asimismo, a nivel sonoro, se tiene la contaminación por ruido, el que sin duda será generado por las embarcaciones y la maquinaria (removedoras, excavadoras, dragas y demás equipo empleado para la extracción de sedimentos). La afectación del ruido sobre las especies locales puede hacer que éstas abandonen la zona. Además, la contaminación sonora puede incidir en aquellas especies migratorias como ballenas, tiburones y tortugas, incluso cuando estos animales no transitan directamente en la zona de extracción, con lo que se tiene el riesgo de que estos viajeros modifiquen sus rutas migratorias.

Las tres vertientes mencionadas sobre los daños que puede causar la minería marina son muy generales y abarcan pocos aspectos del gran impacto que esta actividad puede causar al medio marino, pero sin lugar a dudas generarán grandes afectaciones en actividades como la pesca y el turismo. En cada una de las vertientes señaladas, los daños directos e indirectos inciden finalmente en todos los organismos que viven y dependen del hábitat marino, incluido el hombre.

Un buen ejemplo del riesgo que conlleva la minería marina se puede advertir en el caso de los daños ambientales que se espera se desencadenen por la extracción de fosfatos del fondo marino somero en Namibia, extracción que pretende ser llevada a cabo por las compañías Namibian Marine Phosphate y LL Namibia Phosphates, y que en un principio contaron con la anuencia del gobierno de ese país. Sin embargo, éste ha dado un viraje en su postura y ha retrasado el inicio de los trabajos de extracción, los que eventualmente podrían ser cancelados debido a los daños irreversibles que se calcula causarían al ecosistema marino (www.nuestromar.org/noticias/categorias/06-04-14/gobierno-podr-cambiar-su-postura-explotaci-n-minera-namibia).

La situación en Namibia es una llamada de atención para evitar la entrada en operación de las mineras marinas a la Península de Baja California, pues independientemente del cuidado que tuvieran al realizar la extracción de fosfatos, o de las normas y códigos que juren observarán, sin duda causarán algún grado de daño al ambiente marino. Lo contradictorio es que son nuestras máximas autoridades las que, en vez de regular el manejo del medio ambiente y sobre todo protegerlo, están dando entrada a nuestro país a la minería marina.

En el marco del Taller de Divulgación de Oportunidades para México en la Minería de los Fondos Marinos Internacionales y en la Exploración del Océano Profundo, llevado a cabo en noviembre de 2013, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, señaló que “se requiere elaborar un marco jurídico respetuoso del medio ambiente y de los derechos de quienes quieran explorar y explotar el fondo marino, así como desarrollar los conocimientos científicos y técnicos para hacerlo de manera eficiente, liderazgo de las autoridades y capital privado para hacer que estas aventuras resulten rentables” (www.economia.gob.mx/ eventos-noticias/informacion-relevante/9937-boletin155-13). Estoy completamente de acuerdo con Meade en que la “aventura” de la explotación del fondo marino será rentable, pero sólo en la cuestión económica (y en este sentido, únicamente para los capitales privados). En efecto, es una “aventura” que tendrá un alto costo ecológico y social. Si el gobierno mexicano no ha sido capaz de regular y armonizar ecológicamente la extracción minera terrestre, que ha traído nefastas consecuencias medioambientales y sociales, es inimaginable que lo haga en el fondo marino, donde simplemente la vigilancia de las actividades de extracción será prácticamente imposible para las autoridades, si es que las mismas están interesadas en realizarla.

Baja California Sur cuenta con una amarga experiencia de la explotación de sus fondos marinos para la extracción de perlas durante los siglos XIX y XX, por supuesto llevada a cabo en su mayoría por parte de compañías extranjeras, las cuales en el papel se comprometieron con el gobierno mexicano, primero de Porfirio Díaz y después de gobernantes subsecuentes, a observar algunas mínimas reglas de conservación natural y de beneficio social, las cuales obviamente no cumplieron. Como consecuencia llevaron al Golfo de California a una situación ecológica nefasta y a la casi total extinción de las ostras productoras de perlas (http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/02/02/don-gaston-vives-su-emporio-perlero/). México es un país de leyes, con una robusta y congruente Constitución Política que nos defiende a los mexicanos y a nuestro territorio. Nuestro país también cuenta con un sinfín de tratados nacionales e internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente; pero, por desgracia, todos esos documentos frecuentemente son violados por nuestros gobernantes y, por supuesto, por las compañías trasnacionales de cualquier índole. Y en el caso de nuestra Carta Magna, cuando no es violada es cínicamente mancillada mediante cambios a modo para las trasnacionales y los turbios negocios de muchos gobernantes, como en el caso de las modificaciones que se han planteado en favor de las llamadas reformas estructurales. Es por lo anterior que la sociedad organizada debe hacer un llamado a detener la entrada de la minería marina en Baja California Sur.

*Maestro en ciencias en exploración y geofísica marina; licenciado en arqueología especializado en contextos sumergidos y buzo profesional; licenciado en letras hispánicas, licenciado en diseño gráfico; integrante del taller Madre Crónica

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