lunes, 25 de mayo de 2015

En crisis, sistema privado de pensiones


El sistema de pensiones privado está en quiebra: al cierre de 2014, 29.3 millones de cuentas abiertas en Afores y Siefores se encontraban inactivas, producto de la crisis económica. Pero éste no es el único problema: el 60 por ciento de la población ocupada no cotiza y por tanto no tendrá acceso a una pensión; mientras que el 69 por ciento de quienes sí lo hacen no alcanzará la mínima garantizada, de apenas 2.3 mil pesos mensuales. Contrario a ello, las financieras aumentan sus ganancias sin restricciones. Actualmente, XXI Banorte, Banamex y SURA concentran el 58 por ciento de los recursos


Veinte años después de la privatización de los fondos de pensiones, los resultados arrojados por las reformas zedillistas a la Ley del Seguro Social de 1995 y 1997 -que adoptaron las directrices inauguradas por el dictador Augusto Pinochet y los Chicago Boys chilenos en 1980, luego impuestas internacionalmente con los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial- evidencian que este régimen de seguridad social ha sido un fracaso, según se desprende del documento Evaluación de la política pública de pensiones y jubilaciones, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Técnicamente, el régimen de los fondos privados de pensión se encuentra en quiebra. Financieramente es inviable, en caso que no se lleve a cabo una reforma a la reforma señalada, o se decida “pensionar al sistema de pensiones”, como sugirió hace 1 década el politólogo Lorenzo Meyer y una gran cantidad de analistas.
Frente a la crisis del esquema de capitalización argentino, que mostraba resultados similares al mexicano, la presidenta Cristina Fernández empleó el “método” de Alejandro Magno para resolver el problema del nudo gordiano: en diciembre de 2008 eliminó a las “usureras” administradoras privadas -así las califica Diego Bossio, responsable de la Administración Nacional de la Seguridad Social argentina- y las altas comisiones que les cobraban a los trabajadores y que deterioraba los ahorros acumulados, nacionalizó otra vez al sistema y restablec el de reparto estatal, y ampl sustancialmente la cobertura y los montos de las pensiones pagadas.

Pese a ir en contra del consenso, el Banco Mundial se ve obligado a reconocer en 2015 que los dos últimos conceptos son los mejores de América Latina. Medida en dólares corrientes, las pensiones argentinas son cuatro veces a las pagadas en México y esa brecha seguirá ampliándose en el tiempo.

El desempeño del régimen privado de México contrasta radicalmente con dos de los objetivos básicos que justificaron la privatización del régimen de los asalariados del sector privado y que ahora vuelven a utilizarse para iniciar el traslado de las cuentas de los empleados públicos a las administradoras, filiales de los grupos financieros locales y trasnacionales.

Por un lado, aligerar en el tiempo la carga que representan las contribuciones al sistema de jubilaciones y pensiones sobre las finanzas del Estado, sobre el ingreso, gasto y balance fiscal.

Por otro lado, garantizar a los trabajadores, una vez concluido su ciclo laboral activo, una pensión que les dé una vejez más digna, o si se prefiere, menos miserable para las mayorías que las pagadas por el Estado con el antiguo esquema solidario, de reparto.

Dos décadas después, el saldo descrito por la Auditoría Superiorel desdentado organismo regenteado por Juan Manuel Portal, debido a sus escasas atribuciones legales para supervisar y sancionar a las instituciones y los funcionarios públicos a los infractores para restaurar las leyes- proyecta sombras sobre las ruinas de las pensiones mexicanas:

a) La baja cobertura. Entre 2010 y 2013 las personas ocupadas pasaron de 46.1 millones a 50.2 millones. Las que tenían acceso a una pensión subieron de 18 millones y 20.9 millones. Las que carecían de ella pasaron de 28.8 millones a 29.3 millones. Estos últimos equivalen a 60.7 por ciento y 58.4 por ciento de la población ocupada.

b) De las 52.7 millones de cuentas registradas en las administradoras de fondos para el retiro (Afores) al cierre de 2014, 29.3 millones, el 55.6 por ciento del total, se encontraban inactivas. Al menos desde 2011 no recibían aportaciones ni obligatorias ni voluntarias para su pensión, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

La falta de aportaciones se debe, principalmente, a los ciclos recesivos de la economía, el estancamiento crónico y la pérdida en la estabilidad en el empleo formal, legalizada por la “flexibilidad” laboral peñista. En ese sentido, son altas las probabilidades de que los titulares de las cuentas inactivas jamás logren pensionarse. 

El número incluso puede elevarse ante el riesgo de que una mayor cantidad de trabajadores sean arrojados a las filas de la ocupación temporal, del desempleo abierto, el subempleo, la emigración, la informalidad o la población inactiva.

c) Al 69 por ciento de quienes sí logren cubrir el tiempo y la edad requerida, sus ingresos acumulados no le permitirán alcanzar la pensión mínima garantizada por la Ley del Seguro Social: 2.3 mil pesos mensuales. Si se considera a las cuentas activas, 23.4 millones, entonces 16 millones de trabajadores representan aquel porcentaje. De los que cotizan en la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sólo lo alcanzará el 17 por ciento: 4 mil pesos. El salario mínimo promedio de 2015 es de 2 mil 78 pesos.

De cualquier manera, los privilegiados que obtengan esas pensiones garantizadas sólo tendrán aseguradas una vejez miserable. Ni siquiera un ingreso equivalente a tres veces el salario mínimo ofrece una vida diferente.

d) La pensión promedio que se obtendrá equivaldrá a 22 por ciento del último salario recibido. Con el antiguo sistema de reparto se recibía el 60 por ciento. Como de costumbre, esa tasa de remplazo es la peor dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en una lista de 34 países. El promedio es de 54 por ciento. En Canadá y Estados Unidos es de 45 por ciento y 38 por ciento. Las mejores corresponden a los Países Bajos y Dinamarca, donde equivalen a 91 por ciento y 78 por ciento del último salario.

La pensión media de los trabajadores que cotizan en los regímenes de beneficio, es decir, bajo responsabilidad estatal, será de al menos el 60 por ciento de su sueldo como trabajador activo.

La privatización de las pensiones no ha sido afortunada para los trabajadores del sector privado. Ni lo será para los del sector público, una vez que sean arrojados a los brazos de las Afores y las sociedades de inversión especializada en fondos para el retiro (Siefores).

e) Si se considera por rango de edad a los cotizantes de las Afores y las Siefores (50.9 millones de trabajadores), según la ASF, sólo los trabajadores de 36 años o menos podrían acumular el ahorro necesario que les permitirá obtener una pensión superior a la mínima garantizada (2 mil 2523 pesos). Éstos suman 23 millones, el 45 por ciento del total.

Sus expectativas, empero, no son halagüeñas. Su pensión equivaldría a 30.7 por ciento de su salario.


El restante 55 por ciento que incluye a los rangos de 37-45 años, 46-55 años y más de 56 años requerirá de una compensación estatal para ajustar la pensión.

El grupo de 56 años o más requerirá un apoyo mensual estatal de 1.7 mil pesos para completar su pensión garantizada; el año promedio de retiro será en 2020. El grupo de 46 a 55 años necesitará entre 0.8 mil pesos y 0.9 mil pesos; el año medio de retiro será 2030. El de 37 a 45 años demandará entre 0.4 mil pesos y 0.5 mil pesos; el año promedio de retiro es 2039.

f) A menos que se modifique la ley, el Estado está obligado a cubrir la diferencia entre las pensiones pagadas y la mínima garantizada. Ello podría costarle al Estado alrededor de 5.1 billones de pesos acumulados entre 2014 y 2030.

g) Si se mantiene el programa de apoyo a las personas de 65 años o más de edad y se amplía la cobertura, el Estado tendrá que ampliar anualmente el presupuesto que le destina. El acceso a esa pensión, cuyo monto actual es de 580 pesos, exige no recibir una del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que sea superior a los 1 mil 92 pesos mensuales, ni del ISSSTE ni de otro esquema. Si alguien recibe ambas, su ingreso es de 1 mil 672 pesos.

En 2013, el programa atend a 4.9 millones de personas, el 88 por ciento de las 5.6 millones que tienen ese rango de edad y carecen de una pensión. El gasto anual erogado fue de 22.6 mil millones de pesos, 384 pesos en promedio por persona. En 2050 ese sector de la población será de 15 millones y demandaría un gasto de 93 mil millones de pesos, 509 mil pesos por persona. 

En 2015-2050 el costo público acumulado de esa pensión será del orden de 2 billones de pesos, 55 mil millones de pesos en promedio anual.

Es loable el interés estatal por asistir a un sector de la población tradicionalmente olvidado, en su mayoría, y condenado a un ocaso miserable.Por desgracia, el monto de la pensión complementaria es mezquino y reproduce circularmente la miseria. Los 580 pesos equivalen a 28 por ciento del salario mínimo promedio mensual de 2015 (2 mil 78 pesos) y 55 por ciento de la pensión alimentaria otorgada por el gobierno capitalino (1mil 49 pesos).

La supervisión del programa de pensión a adultos mayores, realizada por la ASF, arroja más tonalidades oscuras que transparentes. Bajo la responsabilidad de Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el funcionamiento del programa, según la Auditoría, se ha caracterizado por el desvío de parte del dinero de las pensiones hacia el gasto de operación, por lo que deja de “promover las políticas públicas de apoyar los estratos de la población más vulnerable del país que vive en condiciones de pobreza, de rezago y marginación, que no reciben ningún tipo de recursos económicos para sustentar sus necesidades más imperiosas y, consecuentemente, carecen de oportunidades que los lleve a impulsar el desarrollo de actividades productivas y mejorar sus ingresos”.

Otras de las anomalías registradas son: el otorgamiento de pensiones a quienes no cumplen los requisitos; la exclusión de una parte de quienes sí encuadran en el perfil establecido (152 mil 498 personas), sí requieren esa asistencia y forman parte del padrón de la Sedesol; la duplicación de pagos a personas inscritas; el financiamiento de proyectos sin relación con el diseño original.

La opacidad, el desorden, los abusos, la violación a la normatividad y las leyes son algunos discretos detalles del funcionamiento de la Sedesol y el programa. Quizá por esas y otras razones ha sido tildado de tintes políticamente asistencialistas.


 

Fracaso estructural del modelo

A la Auditoría Superior, sin embargo, no le preocupa en sí mismo el fracaso estructural del modelo de cuentas individuales y privatizadas, el cual sustituye al régimen de reparto, solidario intergeneracional, intrageneracional y universal.

Ese esquema de ingresos tripartitos (públicos, empresariales y de los trabajadores), administrado por el Estado, pretendía garantizar a los trabajadores y sus familias una renta mínima en jubilaciones y pensiones, en servicios de salud y otros beneficios, una vez concluida su vida activa. Era uno de los componentes antiguos del estado de bienestar que, por medio de una política tributaria progresiva (gravar más a las empresas y los ricos) y redistributiva del lado del gasto, buscaba estabilizar las oportunidades en un capitalismo por esencia tendiente a la polarización social, reducir las desigualdades de clase, apoyar e integrar a los más desprotegidos de presente y futuro incierto.

Fue el estado de bienestar, difuso en México, limitado en su universalidad, que con la seguridad social quiso legitimarse para adocenar el descontento social y las tentaciones revolucionarias de las mayorías.


Tampoco le intranquiliza a Juan Manuel Portal y sus muchachos que la privatización haya convertido a la seguridad social en un valor de cambio, en una mercancía rentable y vendible a los grupos financieros y sus filiales, las Afores y las Siefores; en un activo transferible dentro del proceso de oligopolización típico de cualquier rama económica. 

No le interesa que las Afores y las Siefores manejen arbitrariamente las pensiones. Al margen de los titulares de las cuentas. Más allá la farsa. De la simuladora formalidad en la que los trabajadores son, supuestamente, informados de forma oportuna de las operaciones llevadas a cabo con su dinero. En la que aparentemente ellos aprueban las inversiones de sus depósitos, están satisfechos con los rendimientos obtenidos y aceptan, como buenos jugadores, las ganancias y las pérdidas periódicas (“minusvalías” las llaman inodoramente, para maquillar los indolentes quebrantos), como si estuvieran en un casino, así como el montón de comisiones que les imponen los administradores, sin compartir los quebrantos, que afectan significativamente el nivel de sus ahorros.

Basados en la pedestre teoría económica tradicional, la ASF exalta a las Afores y las Siefores. Las presenta como la garantía para “la viabilidad financiera de las pensiones y jubilaciones”, por la rentabilidad de las inversiones del ahorro”, por su “adecuado manejo del riesgo” o la preventiva “diversificación de [la] cartera de inversión”.

Testifica la reducción de las Afores de 29 a 12 y que XXI Banorte, Banamex y SURA concentren el 58 por ciento de los recursos. Pero nada dice respecto de que las Afores desaparecidas transfirieron las cuentas a otras administradoras como cualquier mercancía porque el negocio dejó de ser atractivo. O de que los tres oligopolios citados arrebatan las cuentas a otras Afores con una guerra sucia, vendiéndoles a los trabajadores la ilusión de mayores ganancias, como los espejos que, se dice, los españoles intercambiaron por oro con los indígenas.


La supuesta prudencia de las Afores y Siefores no es más que un mito. Al presentar la Auditoría el rendimiento medio anual en los últimos 36 meses, como lo hace la Consar, y no anualmente, ambos utilizan un truco estadístico para ocultar las pérdidas, o “minusvalías” como las llaman, ocurridas en 2009, por ejemplo, debido a la “diversificación de cartera”, en las inversiones especulativas del mercado financiero (renta variable), atenuadas por los instrumentos de renta fija. Ese fenómeno es globalmente común en la era de la financiarización salvaje neoliberal.

La ASF ve satisfecho el rendimiento medio anual de 11.6 por ciento entre 2000 y 2013, aunque se queja de los 3 años de bajo rendimiento (6.7 por ciento en 2008, 6.1 por ciento en 2009 y 7.7 en 2013).Pero nada dice de que estamos presentes en una tendencia decreciente en el largo plazo: en 2000 fue de 23.4 por ciento y en 2013 de 7.7 por ciento: cayó en 15.7 puntos porcentuales o 67 por ciento.

Más aún, se vuelve cómplice de otra trampa: presenta los rendimientos en valores nominales. Si se descuenta la inflación, su valor real ca de 14.4 por ciento en 2000 a 3.7 por ciento en 2013. Ca 10.7 puntos, en 74 por ciento. El promedio real anual en 2000-2013 fue de 7 por ciento.

El porcentaje de 2013 fue similar al nivel esperado en la tendencia de largo plazo de los fondos privados de pensión chilenos, inútil para asegurar una jubilación digna. Esa situación se repetirá en México.

Existe otro elemento que explica las futuras bajas pensiones, el cual es omitido por la ASF y la Consar: las comisiones cobradas a los trabajadores por las Afores. Una vez descontadas, se reduce sensiblemente el nivel del dinero de las cuentas.

Entonces, ¿de qué les sirve a los trabajadores que el dinero de sus pensiones haya subido del 3.4 por ciento del ahorro financiero total en 1998 a 18.9 por ciento en 2019? Los únicos beneficiarios son el Estado y las empresas que se fondean con esos recursos.

No deja de ser llamativo que en 2003-2013 la Consar haya impuesto 5 mil 207 sanciones a las Afores y las Siefores, las cuales implicaron una multa total por 324 millones de pesos. Esas anomalías aumentaron entre 2001 y 2013.

A la ASF no le alarma la benévola displicencia reguladora de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro ante las anomalías de las Afores y las Siefores. Pero el trabajo de la Consar deja mucho que desear.

Total, sus montones de auditorías en nada han servido para apaciguar, con el látigo de la ley, a los impunes infractores. Generalmente les dan la vuelta.Después de todo, los auditores son simples contadores a los que les tranquilizan los estados financieros cuadrados.No les inquieta el lúgubre destino de los futuros jubilados y pensionados.

Sólo les inquieta, como a los tecnócratas, que, al paso de los años, la desviación entre las piadosas mentiras y la cruenta realidad de las pensiones privatizadas se transforme en una perturbadora montaña de pasivos laborales, que pesaría como una lápida financiera sobre las espaldas del Estado. La bestia puede reventar por el exceso de peso.

El problema no es novedoso. La crisis sistémica neoliberal de 2008 arrastró al abismo a los sistemas privados de pensiones.

Desde 1980 el seminal experimento chileno ha sido sistemáticamente cuestionado. La dictadura y los Chicago Boys prometieron que las pensiones representarían hasta un 70 por ciento del último sueldo. Sin embargo, se estima que la mayoría de las pensiones pagadas en Chile son inferiores a ese porcentaje.

En 2013, Joaquín Vial, consejero del banco central chileno, señaló que cerca del 60 por ciento de los cotizantes que comenzaron a ahorrar en 1980 recibiría una pensión de sólo 150 mil pesos chilenos mensuales, equivalentes a 314 dólares, a 4 mil 794 pesos mexicanos. Considerada como baja, duplica a la mínima garantizada en México. Con ese ingreso no es extraño que personas de hasta 75 años u 80 años prefieran mantenerse activas, pese a que un hombre puede retirarse a los 65 años y una mujer a los 60 años.
De las 9.6 millones de cuentas manejadas por las administradoras, sólo la mitad se encuentran activas. A diciembre de 2013, las seis administradoras privadas chilenas pagaron poco más de 1 millón de pensiones, con un equivalente a 310 dólares mensuales (4 mil 60 pesos mexicanos), 15 por ciento por debajo de los 364 dólares del salario mínimo (5 mil 506 pesos mexicanos). Quienes no habían cotizado o dejaron de hacerlo, recibieron una “jubilación asistencial” de 200 dólares creada por el primer gobierno de Michelle Bachelet. Ese monto, equivalente a 3 mil 26 pesos mexicanos, es poco más de cinco veces a la asistencialista concedida por el peñismo.


El economista chileno Manuel Riesco agregó que “las estadísticas del sistema [indican que] 1 de cada 3 pesos cotizados va a los bolsillos de los administradores”, y los otros 2 pesos “se usan para prestarlos a los grupos financieros o para jugarlos en la ruleta de los mercados internacionales”, donde las administradoras depositan los ahorros de los cotizantes para obtener rentabilidad. Dijo Riesco que de cada 3 pesos ingresados, por cotizaciones y subsidios, sólo sale 1 (37 por ciento). Estatizar las pensiones permitiría duplicarlas e igualarlas a las que paga el sistema público.

Así tenemos ahorro financiero robusto usado por las empresas y el tesado, administradoras rentables y pensionados indigentes.

Para resolver el problema, las administradoras, que sostienen que las bajas pensiones se deben a que los trabajadores cotizan pocos años o lo hacen de forma interrumpida, proponen elevar aún más la edad de retiro y el porcentaje pagado con los salarios, de 10 por ciento, considerada una de las más bajas internacionalmente, a 13 por ciento. Curiosamente, no proponen reducir las comisiones cobradas en ese o en más puntos porcentuales. Riesco, empero, afirmó que “el sistema de ahorro forzoso saca dinero del bolsillo de los afiliados el equivalente al 13 por ciento del sueldo.

Sebastián Piñera, entonces presidente, propuso reducir la aportación al seguro de cesantía (desempleo) para aumentar a 11 por ciento las cotizaciones a la pensiones.

En su primer mandato, Bachelet (2006-2010) sugería la creación de una administradora estatal. En junio de 2014 firmó el proyecto de ley.

Menos dubitativa, el gobierno de la argentina Cristina Fernández creó, en diciembre de 2008, el Sistema Integrado Previsional Argentino, el cual elimina el régimen de capitalización privado y lo sustituye por el de reparto. Desde ese momento, la cobertura y el nivel de pensiones han mejorado sensiblemente. El mínimo jubilatorio equivale a 442 dólares mensuales, 6 mil 686 pesos mexicanos.

Pensar que en México la pensión mínima garantizada es de 2 mil 23 pesos, la Ley del ISSSTE es de 4 mil pesos.


En lugar de proponer una salida al estilo argentino, la ASF recomienda, al igual que las administradoras chilenas o la Consar, la privatización de las pensiones públicas y que los trabajadores eleven sus aportaciones a sus cuentas, en aras de ampliar el nivel de sus pensiones, reducir o eliminar el déficit actuarial de los fondos gubernamentales y abatir las presiones fiscales sobre el Estado.

Según la ASF, una aportación adicional de 5 por ciento, que podría ser voluntaria o forzada, que obligue a que el 6.5 por ciento del salario que se destina a las Afores se eleve a 11.5 por ciento, mejorará el porcentaje de la pensión con relación al último salario. ¿En cuánto? De 22 por ciento a 33.3 por ciento.Como si ese cambio modificara cualitativamente el futuro sombrío de miseria y de pobreza de los próximos viejos.


¿Por qué la Consar y la ASF no propusieron una reducción en ese porcentaje de las comisiones cobradas por las Afores?

De acuerdo con el estudio ¿Cómo gestionar las comisiones que afectan a la jubilación bajo el Sistema de Ahorro para el Retiro?, elaborado por la Rand Corporation, las comisiones cobradas por las Afores son excesivas, deterioran el nivel de ahorro de los trabajadores y afectan el saldo acumulado que disponen los trabadores al final de su vida activa.

En ese trabajo se señala que las comisiones oscilan entre el 18 y el 23 por ciento de los recursos acumulados por los trabajadores, y son de las más altas cobradas en América Latina y algunos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El problema es aún más sombrío. El recorte en el gasto público anunciado por el gobierno en febrero pasado afectó en 5.3 por ciento al gasto destinado al Programa de Pensión para Adultos Mayores (se reduce en 2 mil 250 millones de pesos), el cual representa 36 por ciento del presupuesto total de la Sedesol.
Ello no sólo cuestiona la aspiración de su pretendida universalidad. Si los futuros ajustes fiscales anunciados amplían sus secuelas perniciosas sobre el conjunto del sistema de pensiones y jubilaciones, su crisis financiera ya empieza a asomar su rostro.

La precariedad del mercado de trabajo (inestabilidad laboral, bajos salarios) y el estancamiento económico reforzarán el colapso.

Marcos Chávez M*, @marcos_contra
*Economista
[Sección: Capitales]

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Contralínea 438 / del 25 al 31 de Mayo 2015



PEMEX ensures opacity of its operations in tax havens


In an extraordinary session the Administrative Board of Petróleos Mexicanos (Mexican Petroleum, PEMEX) transformed PMI Comercio Internacional (International Commerce Inc.) from a parastatal company to a subsidiary one. This change allowed the extinction of the Internal Control Body, the legal impossibility of the Chief Audit Office of the Federation to inspect the so-called commercial branch of the petroleum company and converted it into a non-obliged subject towards the Law on Transparency, thus it won’t have to render account to this civic procedure. The PMI in the hands handles all the sales and purchases of crude oil and its related products overseas, for more than 1.2 trillion pesos and the operations in tax havens of 14 private enterprises 100% in the ownership of Pemex.

Seven-teen days after coming into operation the Administrative Board of Pemex approved –in an extraordinary sessions held the 19th of December 2014- a structural change in the company: to transform the PMI Comercio Internacional from a parastatal to a subsidiary firm.

This change will ensure the opacity of the national oil company in all the operations performed in tax havens such as Cayman Islands, the Bahamas, the US-State of Delaware, Ireland, Switzerland, the Netherlands Antilles and the Great Duchy of Luxembourg, throughout its 14 subsidiary non-parastatal firms of the Group called PMI, that despite being entirely of its property are considered as private companies. This group keeps away of the public budget 150 billion pesos in foreign bank accounts, also considered as “private”.

The lack of transparency that was granted to Pemex with this change is not limited to the operations of the PMI Group: it extends now to all sales of fossil fuels and the purchase of petrol-related on international markets, that before the great fall of the prices of crude represented over 1.2 trillion pesos annually, as well as the direct acquisitions of PMI overseas.

According to the web site of PMI the group “is a group of companies in charge of performing commercial activities in the international of crude oil, petroleum products and petro chemistry, operating in over 20 countries. Among its activities is also the development of strategic projects such as the construction of infrastructure [as well as] alliances with other participants of the industry”.

These operations will be a part of the transparency, as the change of PMI Comercio Internacional SA de CV, of an enterprise of major state participation to a subsidiary enterprise of Pemex implies the extinction of the Internal Control Body (OIC) of the PMI, the legal barrier for the Auditor General of the Federation (Auditoría General de la Federación) to supervise its operations or part of them and the exclusion of the current General Transparency Act (Ley General de Transparencia).

Substantial ´”change”

The decision to change PMI into a subsidiary was taken by the Administrative Board in its 885th extraordinary Session of the 19th of December 2014. With this change, the so-called commercial branch of the oil company broke off the internal audition, of the revisions by the Auditor General of the Federation and of the duties to render account to the Mexican People throughout the General Transparency and Access to the Information and Protection of Personal Data Act (Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos).

Such is the response of the two responses to the information requests made by Contralínea. In one of them identified under the folio 0002700029115, the Secretariat of Public Function declares the non-existence of the inquired information under the argument that it ceased the Internal Control Body of PMI International Commerce Inc starting from the 1st of January 2015. The cited request was related to the corruption file about purchase-sale of fuel that led to the disqualification of the former Director of PMI, Rocío CárdenasZubieta, who recently had won a case against her.

    

The extinct OIC was responsible for “preventing, detecting and reducing the acts of corruption ant to promote transparency and the attachment to legality of public servants, throughout auditions and revisions of several processes of the institution, as well as the Attention to complaints, denunciations, petitions from citizens, the resolution of administrative procedures and of disagreements”.

In accordance with the public function the pending cases were transferred to the oil company itself, specifically to the Department of Social Responsibility.

In the official response the Secretariat states that “throughout the Administrative Delivery/Reception Act of the Internal Control Body of [sic] PMI Comercio Internacional SA de CV of the 16th of January, the then auditing body of PMI performed towards the General Coordination of vigilance and control Bodies, specified in the section “XII Transparency and Access to Information”. Among others PMI will keep the custody of the concluded files of the Internal Control Body”.

Therefore the Secretariat of the Public Function “suggests to the petitionary to direct his inquiry to the Liaison Unit of PMI Comercio Internacional, SA de CV, located at Marina Nacional Avenue No. 329, colonia (district of) Petróleos Mexicanos, Delegación (Municipality) Miguel Hidalgo, Postal Code 11311, Federal District, Mexico, in order to obtain through it the information of interest”.

However by “responding” to the request No. 1860000001615 of Contralínea PMI points out the following: “I let you know that the past 19th of December 2014 the Administrative Board of Petroleos Mexicanos (PEMEX), in accordance with the Agreement CA-149/2014 in the extraordinary Session No.885, and having effect on the 1st of January 2015, the change of PMI International Commerce Inc. was authorized to transform it from a company of a majority of parastatal shareholders to a subsidiary company of Pemex under the scheme foreseen by the Title IV of the Mexican Petroleum Act (Ley de Petróleos Mexicanos)”.

In its response the now-subsidiary firm refers to the second paragraph of Article No. 61 of the aforementioned act, “which stipulates that the subsidiary will not be parastatal entities and will have a legal status and will be organized according to the private law of the place of constitution or creation.”

He adds that: “Thus it is inferred that currently PMI is not a parastatal entity of the federal public administration, ceasing to be constrained by the First Title, Chapter 1 of the Federal Transparency and Access to the Public Governmental Information Act (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, [from now on the General Law]. Derived from the before mentioned, your information inquiry shall be brought to the Liaison Unit of Mexican Petroleum for your attention.”

For years the PMI International Commerce Inc. has been used by Pemex to triangulate the billionaire resources it obtains from the selling of crude oil to tax havens, in addition to the 14 “private” companies it heads all property of Pemex, founded overseas outside Mexican jurisdiction, which maintain a “privatized” capital of at least 156 billion pesos in foreign accounts.

The Subsidiaries of Pemex

The operating mode as a private entity is not limited to PMI. For 25 years Pemex has built a parallel corporate network to its official structure, which are not held accountable for its activities because –despite involving public resources- is considered as private and not parastatal. These are at least 40 limited companies created in Mexico as in third countries, including famous tax havens as the Cayman Islands, the Netherlands, Ireland, the US State of Delaware and Switzerland. Out of the 40 private companies of Pemex, 11 have been constituted in the current administration under the leadership of Emilio Lozoya Austin.

Nine of these companies are 100% property of Pemex and two are associated with 50% of shares such as Mexichem and Sempra Energy respectively, according to the latest reports rendered by the Mexican oil company to the National Banking and Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV) for the third trimester od 2014; to the US Securities and Exchange Commission (SEC) in December 2014; as well as from the web site of PMI International Commerce Inc. and the Trade Register of Madrid, Spain, to which Contralínea had access.

Despite the fact that 9 out of 11 companies are a 100% property of Pemex –which implies that the oil company invests public resources in it for its constitution and operation-, these are created as private non-parastatal companies, hence they avoid the federal audit.

Since the first company of this kind was constituted in 1988, Pemex has counted on the endorsement of the Presidency of the Republic, the Secretariat of Finance and Public Credit (SHCP) and the federal comptroller.

Documents of the former Secretariat of the Programming and Budget and of the SHCP in possession of the magazine, reveal that the former president Ernesto Zedillo himself authorized Pemex to constitute “private” companies.

In an interview Jorge Retana Yarto, Master’s Degree in Finance and specialist on international economy and national security intelligence, comments that the presence of Pemex in tax havens “offers a discretional management of huge amounts of money, usually for unconstitutional operations”.

According to the member of the Mexico-China Network (Red México-China) of the Faculty of Economy of the National Autonomous University of Mexico, this is “unacceptable”, because there are public resources that should be subject to audition, concerning its use and destination by the competent authority: the Chief Audit Office of the Federation.

The author of the books The Empire of Transnational Mafias (El imperio de las mafias transnacionales ) and Transnational Mafia and criminal economy: Mexico in the orbit of a parastatal power (Mafia transnacional y economía criminal: México en la órbita de un poder paraestatal), comments that this custom in which the oil company incurs is due to be severely sanctioned, because it is illegal. Pemex “not only diverts the income of the fiscal authorities, but also to the knowledge of society itself”.

The new enterprises

According to reports Pemex delivered to the CNBV and to the SEC, the oil company consolidated the enterprise PMI Infraestructura de Desarrollo, SA de CV (PMI Development Infrastructure (founded the 12th of November 2013), Pro-Agroindustria, SA de CV (founded the 18th of December 2013), and PMI Azufre Industrial SA de CV (PMI Industrial Sulphur), SA de CV (founded the 7th of March 2014).

However the list of recently created private companies are not limited to the consolidated ones: it includes PPQ Cadena Productiva (Productive Chain) having its headquarters in Madrid, Spain (constituted on 29th of April 2013); and MGI Enterprises, US LLC in the US (dating from the 24th of June 2013).

Furthermore the page of the now-filial PMI International Commerce reveals that on the 3rd of October 2014 other four enterprises were created: PMI Servicios Portuarios Transoceánico, SA de CV (Transoceanic Port Services); PMI Midstream del Centro SA de CV (Midstream of the Center), PMI Cinturón Transoceánico Gas Natural , SA de CV (Transoceanic Belt Natural Gas), and PMI Transoceánico Gas LP, SA de CV (Transoceanic Gas LP).

Derived from the reports and consulted data it can be said that Pemex also created Petroquímica Mexicana de Vinilo, SA de CV (Mexican Vinyl Petrochemistry) and Gasoductos del Noreste S de RL de CV (Northeastern Pipelines), in association with Mexichen and Sempra Energy respectively.

The lawyer Luis Ortíz de la Concha, responsible for the anti-corruption area and corporate fraud prevention in the company Ortiz de la Concha Abogados, SC said in an interview, that the audition of the operations of Mexican Petroleum overseas must be comprehensive: to audit on how the money is being is handled between private companies, the contracted debt schemes, in addition to seeing that this money pays the taxes in all jurisdictions and to achieve a mechanism to verify the operations performed by third parties.

For the Master’s Degree on international tributary Right by the University of Florida, it is well known that Pemex relies on several private enterprises, some of which are placed in territories of low corporate taxes. Henceforth each case should be studied, each company, each operation.

The private Network

To the list of 9 companies of recent foundation, 31 companies could be added founded previously under these characteristics. The first one was PMI Holding NV established in the Netherlands Antilles in the beginnings of 1988 and which currently is established in Madrid under the company name of PMI Holding Petróleos España (Holding Petroleum Spain).

On the 31st of March 1988 the then-Secretary of Programming and Budget Pedro Aspe Armella signed the document 1630 which authorized the constitution of PMI Services BV. This document was addressed to the late Fernando Hiriart Balderrama, at that time head of the former Secretariat of Energy, Mines and Parastatal Industry:

“The Administrative Board of Petróleos Mexicanos (Mexican Petróleum) in the Session held on the 4th of February of the current year [1988], approved the constitution of a one-membered society of Dutch Nationality that shall be called PMI Services BV, whose essential purpose is, though not only, to serve as a corporate instrument in order to provide it of related services related with the distribution of crude oil and its derivatives”, points out the document obtained through the Federal Transparency and Access to Information and Personal Data Protection Act (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos).

It states in the official document that: “(This) will aid the commercial activities of the entity abroad to develop in a way that will allow it to be more competitive with regard to the oil companies operating in the international market, as well as to reduce the risk that its income from the sales shall be subject to local taxes”.

He adds that “the strategy of internationalization of Mexican Petroleum is coherent with the National Development Plan (Plan Nacional de Desarrollo) 1983-1988 and in accordance with the National Energy Plan (Plan Nacional de Energéticos) 1984-1988”.

Out of the 40 private companies currently owned by Pemex, what is known as the Pemex Corporate Group is direct and indirect owner of 24 (21 of which are operated by the subsidiary PMI International Commerce). Other five are owned by Pemex Exploración y Producción (Exploration and Production) and the 11 remaining of Pemex Gas y Petroquímica Básica (Gas and Basic Petro chemistry).

Throughout these private companies, most of them without office or staff, Pemex manages over 1.2 billion pesos annually derived from the sales of crude oil in the international markets, particularly in the US.

As being treated officially as limited private companies these 40 companies are not subject to the restructuration process established by energetic reform. Additionally most of them are beyond the reach of the Mexican legal audit, by declaring its headquarters abroad, including the tax havens such as Ireland, the Netherlands, Switzerland, the Cayman Islands and the US State of Delaware.

The 40 companies have tasks assigned that the oil company and its subsidiaries should be carrying out (in the midst of a restructuration process), such as the sale and purchase of crude oil in the international markets, contracting debt, to develop infrastructure projects and to hire works and projects with third parties.

Another of its characteristics is the absence of personnel, thus being the public servants ascribed to the oil company who operate it from the Pemex Executive Tower located at Marina Nacional Avenue, Miguel Hidalgo Municipality (Delegación), in the Federal District.

Scope of the new enterprises

The private companies created by the current administration of Pemex have the scope from the construction of infrastructure up to the privatization of certain areas that used to be considered as a priority sector for the country.

As an example PMI Infraestructura en Desarrollo (Infrastructure of Development) was created by the private subsidiaries PMI Norteamérica SA de CV (North America Inc., with 99.9% of the shares) and PMI Holdings BV with 0,01% of the shares, with the objective to be the holder of the projects of its first shareholder.

Pro-Agroindustria was established by PMI Norteamérica, SA de CV (99%) and PMI Infraestructura en Desarrollo (1%) with the purpose to build a Solidifying Plant of Sulphur and to produce urea with ammonia. The 7th of March 2014 was created PMI Azufre Industrial (Industrial Sulphur) for the “development of several projects related with Sulphur”.

PMI Servicios Portuarios Transoceánicos, SA de CV (Transoceanic Port Services SA de CV) has the corporate purpose to build, develop, administer and operate seaports, piers, sea walls, warehouses, tanks of natural and liquefied Gas obtained of petroleum or any other petroleum derivative, as well as the construction or development of any port facility.

In the case of PMI Midstream del Centro, SA de CV, this was created in order to build (multiproduct) pipelines to transport, distribute, sell, purchase, dispose of any oil product, including the so-called clean ones, as well as any type of oil product subject to obtain the related permits.

PMI Cinturón Transoceánico Gas Natural, SA de CV (Transoceanic Belt Natural Gas Inc.) will be responsible for constructing (gas) pipelines to transport, distribute, sell, dispose of ethane and any oil derivative subject to related permits, as well as to provide of transport services through gas pipelines
.
In the case of PMI Transoceánico Gas LP, SA de CV (Transoceanic LP Gas Inc.), this one was created to build (gas) pipelines, multiproduct pipelines to transport, distribute, sell, dispose of LP Gas and propane, any given oil product, including the so-called clean ones, as well as any type of oil products subject to related permits, as well as the provision of transport services throughout gas pipelines.

        

According to the web site of Pemex, PPQ Cadena Productive (Productive Chain) has the corporate purpose the control and administration of securities of the own funds of entities residing or not on Spanish soil, as well as the acquisition, subscription, possession, enjoyment, management and alienation of shares active in other companies.

However the information settled in the Trade Register of Madrid reveals that the main purpose of the company is its association with Mexichem, property of the businessman Antonio de Valle, who used to be owner of the Bital bank.

According to the consulted registry, the President of the Administrative Board of PPQ Productive Chain –Jorge Valadez Montoya, assistant Director of Analysis and Projects of the subsidiary PMI International Commerce -“has special powers to sign and celebrate, in the name of and representing the company, the co-investment agreement that will celebrate equally Mexichem, SAB de CV; Mexichem Derivados (Derivates), SA de CV; Unión Minera del Sur (Mining Union of the South), SA de CV; Pemex Petroquímica (Petrochemistry); and Petroquímica Mexicana de Vinilo (Mexican Petro chemistry of Vinyl), SA de CV; with the purpose to compel and acquire the rights, in the name and representation of the company under the terms of the aforementioned agreement, which will have the purpose of integrating the chain of salt-chlorine/soda-ethylene-vinyl chloride Monomer, throughout the contribution to the Petroquímica Mexicana de Vinilo, SA de CV Company by Pemex Petroquímica (Petro chemistry) of some industrial plants of the Pajaritos Complex and by Mexichem SAB de CV, of the industrial plant of brine-chloride-soda, so that further on Mexichem and Pemex Petroquímica- this last one through PPQ Productive Chain- participate in the share capital of Petroquímica Mexicana de Vinilo, SA de CV” (sic).


Nancy Flores, @nancy_contra
(Translated by: Axel Plasa)


Contralínea 436 / del 11 al 17 de Mayo 2015


sábado, 23 de mayo de 2015

Nuestros lectores

Nuestros lectores Mensajes de nuestros lectores
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Lorenzo

Lorenzo
 
 
Caricatura de Miguel Galindo
Domingo, 24 de Mayo 2015
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Pemex y CFE: su anunciada jauja se torna en quiebra

24. mayo, 2015        Opinión


La jauja que iría de la mano con la reforma energética empieza a tornarse en pesadilla y anuncia la quiebra de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ahora transformadas en empresas productivas del Estado. Su inminente desmantelamiento va acompañado de la cancelación de infinidad de plazas de base y de confianza, lo que contradice la promesa oficial de que con la entrada en funciones de la reforma se crearían miles de empleos en el sector y se aseguraría la soberanía sobre la explotación y propiedad de los hidrocarburos y nuestros recursos energéticos.

Las autoridades han encontrado en la caída de los precios internacionales del petróleo la justificación perfecta para hacer creer al país que las bondades de la reforma energética se han alterado en forma negativa por factores externos, buscando ocultar los yerros cometidos con la aprobación del paquete de sus leyes secundarias que obligaban a Pemex a cumplir con un plan de inversión que le garantizara contar con los recursos suficientes para conservar la exclusividad de los yacimientos asignados a su favor en la llamada Ronda Cero.

De acuerdo con estos lineamientos aprobados por los imprudentes diputados y senadores, si Pemex no cumple, tendrá que ceder a empresas privadas, nacionales y extranjeras, su exclusividad de explotación en yacimientos que representan 10 mil 292 millones de barriles de petróleo crudo, en reservas probadas, y 10 mil 859 millones de pies cúbicos de gas seco. Tal y como quedó establecido en las leoninas leyes secundarias.

Como van las cosas, el riesgo de que tales riquezas pasen a manos de particulares se acrecienta si consideramos que tanto Pemex como la CFE, lejos de repuntar en sus finanzas, siguen navegando en las turbulentas aguas de los números rojos. De acuerdo con el informe de la cuenta pública de 2014 que la Cámara de Diputados turnó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el pasado año las exparaestatales acumularon pérdidas conjuntas por 254 mil 592 millones de pesos.

Tan sólo el pasado año, la CFE tuvo una pérdida neta de 46 mil 832 millones de pesos, sobre todo por el repunte de su pasivo laboral que actualmente asciende a 564 mil millones de pesos, y a una reducción de su patrimonio en un 12 por ciento. Su plantilla actual es de 93 mil 942 trabajadores, de los cuales alrededor de 74 mil son sindicalizados. En el caso de Pemex, además de la merma dejó de percibir 265 mil millones de pesos por la disminución de sus ventas.

No obstante lo negativo de sus finanzas, se insiste en mantener en el sector eléctrico el esquema privatizador contenido en la reforma energética, que sigue alentando la generación de energía eléctrica por parte de particulares, de tal forma que los informes rendidos por la Cámara de Diputados indican que al 31 de diciembre pasado el gobierno federal firmó otros 23 contratos con inversionistas privados, los llamados productores independientes de energía (PIE), para adquirirles su producto.

La aplicación de la reforma energética ya ha impactado en los contratos colectivos tanto de los trabajadores petroleros como de los electricistas del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), afectando de manera significativa antiguas prestaciones y dejando al libre albedrío de la CFE, Pemex y las empresas privadas la estabilidad laboral, modificando de paso el régimen de jubilaciones. Ahora, bajo los argumentos de la caída en los precios internacionales del petróleo, ya se planea cancelar en definitiva miles de plazas de trabajadores que están por alcanzar la jubilación, aplicando el mismo rasero al personal de confianza.

Hace unos días fue el propio director de Finanzas de Petróleos Mexicanos, Mario Beauregard, quien detalló el plan de cancelación de plazas sindicales que han puesto en marcha los altos mandos de la empresa productiva del Estado, y que en su primera etapa, para el presente año, implicará la desaparición de 3 mil puestos de base. Según el funcionario, esas plazas se cancelan y en definitiva desaparecen, “implicando un ahorro para la empresa en materia de servicios profesionales”.

Totalmente opuesto a lo que defendieron los impulsores de la reforma, tanto en el gobierno federal como en el Congreso de la Unión y los congresos locales, de que su aprobación fortalecería las finanzas de Pemex y garantizaría los derechos laborales de sus trabajadores, incrementando, incluso, la materia de trabajo, lo expresado por Beauregard indica, con precisión, que se buscará adelgazar en los próximos 10 años a por lo menos el 50 por ciento de los puestos sindicalizados de la antes paraestatal. Si se considera que actualmente hay unos 151 mil 318 trabajadores de base, en 10 años quedarían sin cubrir unas 70 mil vacantes. ¿Qué dicen ahora los impulsores de la reforma energética sobre la creación de plazas de base, bien remuneradas?

En diversas áreas, los altos directivos de Pemex aplican esta cancelación de plazas alentando la jubilación de los trabajadores de base, pero también anulando la recontratación de empleados transitorios y la renovación de contratos a personal de confianza en un innegable programa de reducción de la plantilla laboral en todos sus ámbitos, menos en los altos niveles directivos, claro está.

Muy pronto decenas de municipios y cientos de poblaciones ubicadas en las llamadas zonas petroleras comenzarán a resentir los efectos devastadores por los miles de despidos en Pemex, al ver derrumbarse sus frágiles economías locales que dependen de los ingresos de los trabajadores condenados a perder su poder adquisitivo gracias a la falsa bonanza de la reforma energética.


Paradójicamente, mientras el gobierno federal anunció recortes al presupuesto de egresos de este año por 124 mil millones de pesos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acaba de anunciar que los grandes contribuyentes adeudan, vía impuestos, 118 mil 692 millones de pesos, sin que esto implique sanción alguna en su contra, lo que demuestra la ineficacia de la inoperante e injusta reforma fiscal, que ha hincado sus colmillos en los contribuyentes cautivos, buscando resarcir, vía mayores gravámenes a sus salarios, la pérdida de los ingresos petroleros.

Hasta el momento, y más allá de la propaganda oficial que se difunde en los medios masivos como truqueados mensajes de campaña política, la reforma energética no ha incidido en una disminución tangible de las tarifas de electricidad, el gas doméstico, la gasolina y el diésel; sus beneficios directos no se reflejan en los bolsillos de la población. Las multimillonarias inversiones que nos conducirían al paraíso de la estabilidad financiera no aparecen por ningún sector de la economía y, por el contrario, el Banco de México señala que este año apenas y tendremos un crecimiento del 2.88 por ciento del producto interno bruto (PIB), si bien nos va, echando por la borda los optimistas pronósticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de alcanzar un 3.2 y hasta un 4.2 por ciento.

Para desgracia del discurso oficial y sus inoperantes reformas estructurales, son las remesas las que están permitiendo un ligero respiro a nuestra asfixiada economía. El propio Banco de México indica que en marzo pasado, tales ingresos sumaron 2 mil 257 millones de dólares, la cifra mensual más elevada desde mayo de 2012, y cuyo monto acumulado al primer trimestre de 2014 llegó a 5 mil 727 millones de pesos.

Otra de las dolorosas vías donde los millones de cesantes han encontrado un empleo, ante la falta de oportunidades, es desgraciadamente el crimen organizado, lo que habla de la inaplazable necesidad para que el pueblo se organice y frene el despojo de nuestras riquezas naturales, territorios y recursos energéticos a manos de empresas extranjeras, que ante la insolvencia financiera de Pemex ya se frotan las manos. Por todo el país, la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida (caravanaporlavidamx.blogspot) recoge el sentir de miles de mexicanos dispuestos a dar la pelea, y todos debemos sumarnos a su lucha, que implica la defensa misma de nuestra patria; esta gran movilización social es ejemplo del despertar ciudadano que marca el inicio de una gran jornada de resistencia popular.

Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
[Sección: Opinión]



Contralínea 438 / del 25 al 31 de Mayo 2015



Enredosos comicios

24. mayo, 2015        Opinión


El 7 de junio habrá resultados electorales. Pero no sólo, también encontraremos miles de inconformidades, cientos de reclamos y decenas de molestias debido a que lo padecido enoja mucho, no solucionará nada y traerá una situación molesta ante algo patente: el aumento de la crisis de inseguridad, la imposibilidad del crecimiento económico y la torpeza para resolver los problemas sociales, agravado recientemente por el caso de San Quintín, donde el encargado, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, toca su arpa tranquilamente.


El conflicto más notorio, obviamente, es el del Partido Verde Ecologista de México, señalado por Julio Hernández López como el partido de las cuatro mentiras. Al cual, tanto las porristas de esa organización en el Instituto Nacional Electoral –Beatriz Galindo y Adriana Favela– como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protegen a como dé lugar, no obstante que dicha agrupación siga con sus engaños e incluso su propaganda sea en contra de las instituciones oficiales (claramente los vales para sanatorios contra los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Salud).

Las multas se le pueden aumentar hasta el cielo. Nosotros con nuestros impuestos y manos extrañas que deben investigarse las pagarán. Y sus próximos legisladores continuarán apoyando al Partido Revolucionario Institucional (PRI), a las televisoras y los negocios particulares. ¡Bienvenido a la extorsión! Por cierto, varios impresos que critican al negocio del, motejado por Froylán López Narváez, Niño Muerde, difunden ampliamente su propaganda: ¿por qué?

El trapecismo, por otro lado, está a todo lo que da. Emilio González Márquez, por ejemplo, conocido como Don Etilio por asistir a diferentes actos en estado de ebriedad, dejó el Partido Acción Nacional (PAN) y se fue con Enrique Alfaro, del Movimiento Ciudadano, a quien combatió, ya que éste va arriba en las encuestas y sube como la espuma en Guadalajara, luego del tiroteo del 1 de mayo pasado. Desde luego que expulsaron a Emilio del albiazul, pero eso no importa con tal de conseguir algo en la pesca.

En Sonora, por otro lado, Ana Gabriela Guevara, la exvelocista, llevada al Senado por la izquierda y Andrés Manuel López Obrador, dio el chaquetazo y se fue con Claudia Pavlovich, la candidata del PRI y, sobre todo, Manlio Fabio Beltrones, al gobierno de Sonora.

Pavlovich fue agarrada in fraganti con empresarios a los que ayudó desde el Senado a pingües negocios, pero su contrincante del PAN, Javier Gándara, no sólo tiene como lastre la pésima administración de Guillermo Padrés, quien engañó y humilló a los yaquis con el agua, sino que Javier posee varias residencias en México y Estados Unidos.

Ambos, Pavlovich y Gándara, jamás hicieron nada a favor de los padres que reclamaban justicia por el incendio de la Guardería ABC. Y el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarro, posiblemente se vaya con el PRI, ya que es abierta la relación Jesús Zambrano-Manlio Fabio.


En Nuevo León, por cierto, va adelante y cabalga ampliamente Jaime Rodríguez, el Bronco, candidato independiente. No obstante la guerra de lodo en su contra por parte del PRI –que encabeza la exgrupera Ivonne Álvarez– el que fuera alcalde de San Pedro Garza García continúa sumando adeptos. Tantos que incluso se presume que Fernando Elizondo, expanista y candidato del Movimiento Ciudadano, y Rogelio González, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), declinarían por el Bronco. Incluso se habla de que el desinflado aspirante del PAN, Felipe de Jesús Garza, también lo haría para hacerle un boquete descomunal a Rodrigo Medina, un chamaco estilo Enrique Peña Nieto.

Según el exbecario de Harvard Felipe Calderón, hoy muy activo, el Bronco es una especie de Hugo Chávez a la mexicana. Calderón nos sumió en una guerra contra el narco que no para, se ha vuelto un activo de su esposa, Margarita Zavala, la cual busca la jefatura del partido de Manuel Gómez Morín y ser la abanderada para 2018; pero como retrata muy bien el monero Rapé (Milenio, 12 de mayo de 2015), Felipillo está de sangre hasta la coronilla.

Para que se vea que nadie se para en buscar canonjías políticas a como dé lugar, el Partido del Trabajo apoya al PRI en Querétaro y al PAN en el Estado de México (Julio Hernández, La Jornada, 12 de mayo de 2015).

Y ya que hablamos de la entidad donde gobernó Enrique Peña Nieto, resultó importante que el exfuncionario enlodado con OHL, Apolinar Mena, en el caso de los contratos acerca de autopistas, dijera que eso viene de tiempo atrás, es decir, que la culpa es del hoy habitante de Los Pinos. Algo similar hizo el todavía gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, luego de la acción del Cártel de Jalisco Nueva Generación: afirmó que él informó con tiempo a la Procuraduría General de la República de lo que podía ocurrir y no le hicieron caso.

En los dos asuntos se intentó hacer aparecer como responsable a Peña Nieto y a los mandatarios Eruviel y Aristóteles como unas blancas palomas. Si el nivel de popularidad de Enrique está a la baja, tanto que no se pronuncia su nombre por ningún aspirante priísta, luego de esas declaraciones se irá a la lona, no importando los cursos de comunicación que les den a los encargados de la Presidencia de la República y de las diferentes oficinas públicas.

En una encuesta en Guadalajara se llega a la siguiente conclusión: siete de cada 10 habitantes de la perla tapatía dicen que hay dinero del narco en las campañas políticas (El Universal, 7 de mayo de 2015, citado por Alberto Aziz Nacif el 12 de mayo).

Un dirigente campesino de Guerrero, militante del tricolor, nos dijo en privado que la mayoría de los candidatos en dicha entidad están ligados a Los Rojos y Los Ardillos, grupos mafiosos que controlan la entidad. Señaló, asimismo, que el único que se salva es Amílcar Sandoval, el candidato de Morena.

Grave crisis la que vivimos. Mientras los gastos de los partidos serán de 1 mil 172 millones de pesos en esta campaña (12 mil 810 millones de pesos en 3 años) y contaron con 26 millones de anuncios en radio y televisión sin decir algo importante, la ciudadanía encontrará pocas, escasas opciones para votar.
¿Jugar o engañar con la democracia?

Jorge Meléndez Preciado*
*Periodista
[Sección: Opinión]



Contralínea 438 / del 25 al 31 de Mayo 2015



¡Videgaray, abre la maldita puerta! La nave estatal nos va a estrellar en el neoliberalismo económico

24. mayo, 2015       Contrapoder
 

Televisa no hace estadistas ni políticos. Hace estrellas. Y si bien Miguel Alemán inventó a Televisa, ésta contribuye mediante miles de millones de pesos a vender la imagen de Enrique Peña. Lo hizo presidente. Y así le ha ido a la nación como país, sociedad-pueblo, gobierno federal y como Estado. Decidido el mexiquense con sus eminencias grises del Pacto por México –que no fue el Pacto con México–, a desmantelar, arrebatadamente, no pocos de los principios fundamentales para interrumpir su observancia y establecer un gobierno contrario a ellos (Artículo 136 de la Constitución Política de los Estadios Unidos Mexicanos), implantó, con cientos de enmarañadas leyes reglamentarias y decretos, sus 11 contrarreformas a los fines del pacto federal que no quiso, con la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, someter a consultas populares (Artículo 34, fracción VIII, constitucional), para legitimar los cambios legales.


Así es que ese provocador autoritarismo, la falta de una estrategia frente a la democracia directa y la incapacidad para maniobrar la conducción del Estado interna e internacionalmente, generó la actual ingobernabilidad política que marcha sobre el filo de plantear la renuncia de Peña. Sin el menor carisma, salvo su ya esfumada imagen del carita de la película, y apagada la efímera buena estrella de su matrimonio de telenovela –la cláusula con letra chiquita de su pacto con Televisa (Fabrizio Mejía Madrid, Nación Tv. La novela de Televisa, editorial Grijalbo)–, su permanencia se tambalea y abandona el timón a su copiloto Luis Videgaray, mientras trata de convencer al pueblo y al poder económico-empresarial que la nave estatal, con su política económica de rumbo neoliberal, navega bien y en dirección correcta. Sin vislumbrar la tormenta que viene encima y para la cual el banco central ya se hizo de un arsenal facilitado por los prestamistas, quienes ya pusieron la soga al cuello de los mexicanos.

Peña ya abandonó “en cuanto va a estallar la tormenta los deberes de la navegación” (Robert Campbell, “La revolución keynesiana, 1920-1970: la economía política en el siglo XX”, ensayo en Historia económica de Europa, editado por Carlo M Cipolla, editorial Ariel). Y dejó en manos de su copiloto, Luis Videgaray, la conducción económica que desprecia la microeconomía, favoreciendo a la globalización que arroja vientos huracanados en contra con la caída del precio del petróleo y con esto la devaluación del peso, lo que causa destrozos entre los pasajeros que no tienen helicópteros para huir, y enfrentan la alternativa de soportar hambre y desempleo o amotinarse para deshacerse del capitán-piloto Peña.

Y mientras, encerrado a piedra y lodo y sabiendo que ya no será el sucesor (ni su compadre Miguel Ángel Osorio Chong) el copiloto, Luis Videgaray, quiere estrellar la nave con los 120 millones de mexicanos, entre los cuales hay 50 millones de pobres, 40 millones en la informalidad por el cruel desempleo y 10 millones de indígenas en la hambruna y despojados de sus tierras y aguas. Como copiloto enloquecido, busca su venganza porque tirios y troyanos lo tachan de incompetente. Piloto y copiloto confiaron en la irracionalidad de los mercados y ambos perdieron la razón. Peña ha dejado todo en manos de su copiloto Videgaray “con sus bonitas y amables técnicas para su sala de juntas”, aprendidas durante su doctorado estadunidense, para pregonar el “dejad hacer, dejad pasar”, cuyo final anunció Keynes “para escapar de una depresión prolongada, salvo por la intervención estatal directa para promover y subvencionar nuevas inversiones”.

Pero, el copiloto se ha encerrado en la cabina y no escucha el grito desesperado de: “¡Videgaray, abre la maldita puerta!”, no para que entre Peña, sino un relevo con capacidad política y formación económica en usar la mano visible del gobierno para cambiar el rumbo del Estado, celebrar un pacto con la sociedad mediante las consultas populares para legitimar la legalidad: “la Constitución, para ponerla de acuerdo con las necesidades del tiempo en su sentido jurídico-positivo” (Hans Kelsen, Teoría general del Estado). En esa locura suicida, el peñismo ha resucitado su exigencia de que los medios de comunicación silencien la crisis general para no alarmar a la población, lo que equivale a desinformarla e implantar la censura previa (lo cual es una doble inconstitucionalidad).

En su columna titulada “Censurar sería el suicidio del presidente Peña Nieto” (El Universal, 24 de abril de 2015), Ciro Gómez Leyva comparte con los lectores lo que sabe acerca de que el peñismo ha puesto en marcha “que es hora de apretar a medios y periodistas”. Ya hay bastante con la manipulación de la publicidad oficial, negándola para la prensa crítica y siendo generosa (miles de millones de pesos para Televisa) con los medios complacientes. Si Peña, distraído de su obligación de piloto, con su diarrea verbal, insiste en la censura, lo único que logrará será facilitar que su copiloto Videgeray se salga con la suya de estrellar la nave estatal; y para lo cual ha pedido “apretarse el cinturón”. Ya no deja entrar a nadie en la cabina y está dispuesto a no intentar un aterrizaje que permita reparaciones a la política económica. Ante eso no hay más solución que la intervención del pueblo como sociedad civil con un nuevo plan de vuelo para impedir que la nación acompañe al suicida de Peña y a su ejecutor Luis Videgaray.
Así que: ¡Videgaray, abre la maldita puerta!

Álvaro Cepeda Neri*
*Periodista
[CONTRAPODER]


Contralínea 438 / del 25 al 31 de Mayo 2015