sábado, 10 de octubre de 2015

Reactivan Biometrópolis pese a disputa por la propiedad


Un megaproyecto privado de más de 23 mil millones de pesos, asistido por el GDF, se desarrolla en uno de los últimos reductos del pedregal del Sur de la ciudad. Ello, pese a una orden judicial que prohíbe la construcción, pues tres supuestos dueños se disputan las 71 hectáreas



Empresarios y comuneros se disputan Los Encinos: 71 hectáreas al Sur de la ciudad. En el predio se pretende construir la llamada Ciudad del Conocimiento, Campus Biometrópolis, megaproyecto de 23 mil 256 millones de pesos. No obstante que una orden judicial obliga a Grupo Frisa abstenerse de construir en el predio en litigio hasta en tanto se resuelva lo que en derecho procede –y al Gobierno del Distrito Federal suspender cualquier tipo de autorización, licencia, permiso y/o cualquier otro acto que haya otorgado o pretenda otorgar a Frisa para desarrollar Biometrópolis–, el proyecto no tiene marcha atrás, advierte el gobierno de la Ciudad.



Una resolución judicial le impide a Grupo Frisa y al Gobierno del Distrito Federal iniciar la construcción de Ciudad del Conocimiento, Campus Biometrópolis.


Pese a ello, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, informó que no hay marcha atrás en el proyecto. Los dueños del inmueble evalúan las características y el momento adecuado para impulsarlo, reveló luego de anunciar el foro internacional La Gran Transformación Urbana Aeropuerto y Ciudad, el 7 de septiembre pasado.


En entrevista con Contralínea, indica: “Mi declaración fue simplemente en el sentido de que se trata de un proyecto privado, y hasta donde tengo entendido, los promotores continúan con los trámites, pero no es un proyecto que esté auspiciando ni promoviendo el gobierno de la Ciudad.


Agrega: “Sé que tienen algunas definiciones; por ejemplo en la Secretaría del Medio Ambiente, por el área que se declaró de valor ambiental, por la presencia de tubos lávicos, un convenio con la Universidad [Nacional Autónoma de México], pero no es un proyecto público, no es desde el gobierno. Mi declaración simplemente fue en el sentido de tener conocimiento de que [el proyecto] lo traen activo los dueños”.


Desde que fue presentado en 2008, durante la semana de la Ciencia y la Innovación, el megaproyecto privado permanece en la congeladora. Empresarios y comuneros se disputan la propiedad del terreno donde pretende edificarse Ciudad del Conocimiento, Campus Biometrópolis.


El predio Los Encinos, de 71 hectáreas, se ubica al Sur de la ciudad, en la delegación Tlalpan. Es contiguo a Televisión Azteca, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad Pedagógica Nacional, la editorial Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la unidad habitacional Emilio Portes Gil, comúnmente conocida como Pemex.


Debido a su ubicación, posee un alto valor comercial y se encuentra en permanente asedio. “En la zona, el metro cuadrado se vende en 30 mil pesos”, refieren.


No obstante que por la vía jurídica aún no se define quién es el legítimo propietario, el gobierno capitalino reconoce a Grupo Frisa como único dueño del inmueble.


—¿Sabe que el predio está en litigio? –se le pregunta en entrevista al secretario de Desarrollo Urbano de la capital.


—Supongo que sí. Supongo. Hay una serie de documentos que acreditan a los actuales propietarios, pero tengo entendido que traen ahí alguna controversia histórica, de la cual el gobierno de la ciudad es ajeno.


Controversia histórica


La orden judicial bajo el expediente TUA 353/2010 obliga al jefe de gobierno del Distrito Federal a suspender cualquier tipo de autorización, licencia, permiso y/o cualquier otro acto que haya otorgado o pretenda otorgar a Frisa, Inmobiliaria Frisa, SA, o a cualquier causahabiente de ella, sea persona física o moral, para desarrollar Biometrópolis.

El documento también ordena a Grupo Frisa que se abstenga de construir en el predio en litigio hasta que se resuelva lo que en derecho procede. De no cumplir con dicha suspensión se le impondrá una multa de hasta 120 días de salario mínimo vigente en la ciudad.


La sentencia, ratificada el 6 de marzo de 2013, se deriva de un juicio de restitución de propiedad promovido por la Comunidad Agraria de Magdalena Contreras ante el Tribunal Unitario Agrario.


De acuerdo con Carlos Elías Butrón, asesor histórico y abogado de la Comunidad, en el Códice de Techiloyan, que data de 1532, autentificado por autoridades del Archivo General de la Nación, queda asentado que los 1 mil 799 comuneros empadronados son los legítimos propietarios de las 71 hectáreas que conforman Los Encinos.


Además de la Comunidad, José Ángel Romero Morales; Cosme y Alberto Torrado; Víctor González Avelar, y la Compañía Explotadora de Bosques de San Nicolás, representada por Víctor González Avelar y Héctor Sánchez Palacio, llevan una batalla en los juzgados contra Grupo Frisa por la propiedad de Los Encinos.


Romero Morales inició una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en 2012 en contra de la inmobiliaria El Encino, SA de CV, y de quien o quienes resulten responsables por el delito de fraude procesal.


Romero Morales demanda la restitución del inmueble con lote 4145 y superficie de 24 mil metros cuadrados o el pago de su valor actualizado.


De acuerdo con Romero Morales, la señora Adelina Rivera Torres, viuda de Díaz, le entregó la superficie de terreno en fideicomiso al Banco Mercantil del Norte, Grupo Financiero, Institución de Banca Múltiple en la Escritura Pública 70387, fechada el 4 de julio de 1973.


Según la denuncia de hechos que presentó, al constituir el fideicomiso los contratantes ubicaron el terreno en la delegación Gustavo A Madero (donde no existe) y al extinguir el fideicomiso cambiaron la ubicación para hacerlo aparecer ahora en la delegación Tlalpan, como consta en instrumento notarial 111364, inscrito en el Registro Público de la Propiedad el 27 de julio de 2001.


“Inmobiliaria El Encino, SA de CV, dolosamente se atribuyó la propiedad del terreno sin acreditar con documento público alguno, aduciendo que el mismo forma parte de otro terreno de mayor extensión, con superficie de 93 mil 399 metros 71 decímetros cuadrados.” (sic)


La operación, denuncia Romero Morales, fue avalada ante el notario 116 del Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga, quien se desempeñara como procurador General de la República y embajador de México en Francia durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.


Como se puede leer en la denuncia de hechos, los supuestos responsables de fraude son los apoderados de Inmobiliaria El Encino, SA de CV, Luis Javier Zepeda Vázquez, Edgar Porras Hernández y Enrique Zepeda Trujillo, quien acusó penalmente a Romero Morales de despojo del terreno en cuestión en 1990.


Debido a que Romero acreditó la propiedad del inmueble, el 14 de diciembre de 1990 se decretó su libertad al no haberse comprobado el cuerpo del delito imputado.


Víctor González Avelar, como representante legal de Inmobiliaria Estrella del Pedregal, SA de CV, demandó en 2011, en la vía ordinaria civil, a Inmobiliaria El Encino.


Mediante el escrito presentado en la Oficialía de Partes Común Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, González Avelar solicitó fuera declarado y confirmado por resolución judicial y sentencia firme que Inmobiliaria Estrella del Pedregal es la única propietaria y titular de la propiedad del inmueble ubicado en Periférico Sur 4111, con extensión de 24 mil metros cuadrados, y sea declarada la nulidad absoluta de la Escritura Pública 111364, de fecha 12 de junio de 2001.


En el escrito, González Avelar sostiene que compró a Grupo Cav, SA de CV (entonces de José Ángel Romero, quien a su vez compró la propiedad a Compañía Explotadora de Bosques de San Nicolás y a través de un juicio de prescripción positiva se dio por sentada la adquisición), y dice contar con la Escritura Púbica 58,658, de fecha 7 de mayo de 1991, que lo acredita como legítimo propietario.


En virtud de ello, demanda el pago de una renta mensual computada a partir de la fecha de presentación de la demanda y hasta que le entregue la posesión material.


Al darle la razón, la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a los hermanos Rivera Torres, González Avelar solicitó amparo en contra de la sentencia dictada 786/2011/3, y el 15 de noviembre de 2012 la protección de la justicia le fue concedida.


El hecho deja insubsistente la sentencia reclamada por González Avelar y obliga a las autoridades judiciales a revisar los agravios denunciados en un principio.


Un dueño, para el GDF


—¿A quién reconoce el gobierno del Distrito Federal como propietario?

—Hay documentos que definen en esos trámites previos que hicieron quienes son los propietarios, quienes acreditaron su propiedad en su momento, pero si tienen litigio ése es un tema entre terceros, entre particulares.


—¿Van a tomar alguna posición respecto a este litigio?


—No, ninguna. Es un asunto entre particulares. El gobierno no interviene.


El 1 de diciembre de 2009, el gobierno capitalino, así como Salvador Río de la Loza Castillo, Carlos Allegre Bobolla, y los hermanos Gaspar, Alberto y Alejandro Rivera Torres Prado firmaron el convenio de concertación para el desarrollo de un proyecto de protección y salvaguarda ecológica, así como la creación del Campus Biometrópolis.


Aunque en el documento no se menciona a Grupo Frisa, a través de un boletín fechado el mismo día, esta empresa se adjudicó “el desarrollo y la implementación” (sic) de Biometrópolis.


“Con estas decisiones, estamos actuando con gran responsabilidad social y ambiental”, aseguró Gaspar Rivera Torres Prado, presidente de Frisa, el 1 de diciembre de 2009, luego de la ceremonia donde se llevó a cabo la firma del documento.


Grupo Frisa es un conglomerado inmobiliario dedicado al sector comercial, industrial, de vivienda y turismo. Entre sus proyectos se cuenta el centro comercial Mundo E y el Magnocentro, ubicados en Satélite e Interlomas, respectivamente, en el Estado de México, y 33 plazas comerciales más.


 


Elva Mendoza, @elva_contra


[BLOQUE: INVESTIGACIÓN] [SECCIÓN: PORTADA; DISTRITO FEDERAL]


 


 



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