sábado, 17 de octubre de 2015

En México sí hay presos políticos, documenta la ONU


Por primera vez, la ONU señala que México encarcela por motivos políticos. Documenta el caso de Baños Rodríguez, defensor de derechos humanos, aprehendido arbitrariamente en 2013. El organismo demanda su “liberación inmediata”


El oaxaqueño Librado Jacinto Baños Rodríguez está tras las rejas desde agosto de 2013 y es considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un preso político de los gobiernos federal y estatal, de las administraciones de Enrique Peña Nieto y Gabino Cué Monteagudo.

Para el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, está demostrado que en México un dirigente social puede ser sujeto de “diversas agresiones, tortura, golpes y amenazas de muerte contra él y contra su esposa” primero, y después, sufrir la privación de su libertad.


Tal es el caso de Baños Rodríguez, víctima de un proceso judicial en “retaliación y represalia” por ejercer una “activa defensa de los derechos de la población indígena y afrodescendiente” de Oaxaca, remarca la ONU, por lo cual solicita al gobierno mexicano su “liberación inmediata” (A/HRC/WGAD/2015/19).


Infierno a domicilio


El calor húmedo cubría la noche de Santiago Pinotepa Nacional, municipio acostumbrado a ser epicentro telúrico. La madrugada del domingo 25 de agosto de 2013 la tierra tembló, pero de otra forma y por motivos ajenos a las placas tectónicas: cientos de botas militares y policiacas irrumpieron en la céntrica colonia Unión Cívica de Barrios, Colonias y Comunidades (Ucidebacc).


La pequeña comunidad compuesta por decenas de familias se despertó con el estruendo (gritos, correderas, llantas rechinando) provocado por los 300 elementos federales y estatales que, armados, llegaron para cazar al líder de la Uciddebacc.


“Librado estaba en un cuarto con nuestro hijo”, cuenta 26 meses después Eva Lucero Rivero, esposa del abogado que desde aquella noche perdió su libertad.


El niño, entonces de 10 años, no sólo sintió el pavor de ver entrar a la fuerza a un montón de adultos desconocidos uniformados y con armas largas, que a punta de golpes cayeron sobre su papá; el hijo del defensor de derechos humanos también supo lo que es ser golpeado por un militar. “Le pegaron, le pegaron por gritarles que lo dejaran, que no se lo llevaran”, cuenta Lucero Rivero, quien esa noche no estaba ahí, pues apenas 5 días antes había sufrido un intento de asesinato; las balas fallaron y ella sobrevivió.


En una camioneta sin insignias inició el viaje. “Ahí aventaron a Librado; ahora sabemos que era de la Marina”, relata Rivero. Los captores se llevaron la computadora del defensor de derechos humanos, documentos (de la Ucidebacc y personales, incluido su título universitario); saquearon también: se llevaron todo lo que pudieron.


Nunca mostraron la orden de aprehensión.


Los vecinos de la colonia, tras enterarse de lo ocurrido, aún bajo la oscuridad de la madrugada, se trasladaron a la cárcel municipal, y “fueron recibidos por disparos de arma de fuego por integrantes de la Policía Municipal y estatal, poniendo en riesgo la vida de niños, niñas y mujeres”, anota Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, en la comunicación dirigida al Grupo de Trabajo de la ONU.


Nadie supo del destino inmediato de Baños Rodríguez. “Veinte horas después apareció el compañero Librado en San Bartolo Coyotepec (municipio al pie de la capital oaxaqueña)”, recuerda Lucero Rivero.


Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; uso indebido de insignias y siglas de uso reservado para una corporación policial, y privación ilegal de la libertad fueron los cargos presentados contra Librado Baños. Los testigos que declararon fueron los propios policías federales y estatales.


Desde entonces, desde que el infierno llegó hasta su propio domicilio, el activista político ha estado recluido en el penal de Santa María Ixcotel, en el Centro de Oaxaca.



Lucha por los derechos, contra la privatización


Para la Asamblea General de la ONU no hay duda: “el señor Baños Rodríguez es un defensor de derechos humanos que defiende los derechos de las comunidades indígenas mixtecas, amuzgas, chatinas y afrodescendientes; particularmente sus derechos económicos, sociales y culturales”, asienta el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria en la opinión 19/2015 –de la cual Contralínea posee copia– adoptada en su septuagésimo segundo periodo de sesiones, llevado a cabo en mayo de 2015.


 Y en su decimonovena deliberación agrega: “el grupo de trabajo considera que las actividades de esta persona tienen una doble naturaleza: de una parte, el señor Baños Rodríguez ha estado ejerciendo a sus libertades de opinión y expresión (artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos) particularmente en los concerniente a las políticas y prácticas discriminatorias de las autoridades públicas. Pero el señor Baños Rodríguez ha estado también defendiendo los derechos y asistiendo [como abogado] a otras personas cuyos derechos fundamentales están siendo violados por las autoridades y políticas estatales.”


Originario de Pinotepa Nacional, Librado Baños sólo salió de su región para estudiar la carrera de derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero. Desde la década de 1990 regresó a su tierra, cuenta en entrevista su esposa, la también activista Eva Lucero Rivero Ortiz.


Oaxaca es valle de caciques. Y la región de la costa no es la excepción. Ahí mantienen su poder –desde hace décadas, generaciones enteras en algunos casos– las familias Cabrera, Rivero, Toscano, Fuentes, Baños (a la cual no pertenece el recluso defensor de derechos humanos). Su brazo político desde siempre fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI); pero ahora lo son también el resto de los partidos, aunque formalmente esté instaurado el régimen de usos y costumbres.


“Estos grupos están vinculados a las estructuras del poder estatal y federal, e intervienen violentamente en comunidades que defienden sus derechos políticos, su territorio y sus recursos naturales, arrojando como resultado que los indígenas afrodescendientes y población en general sean asesinados, desaparecidos, torturados y encarcelados”, escribe Maurilio Santiago en la denuncia, cuyas alegaciones, los representantes de la ONU consideraron como “hechos establecidos”.


Precisamente en la defensa de la tierra y de los derechos políticos, Librado Baños enfiló su vida.


Durante el sexenio del priísta Diódoro Carrasco Altamirano –convertido a la postre en panista–, Baños Rodríguez trabajó para que se diera, en 1995, la primera transición partidista en Pinotepa. En ese trienio fungió como secretario de gobierno del ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional.


Durante ese periodo aglutinó a 22 municipios en un movimiento contra el gobernador Carrasco Altamirano en exigencia de la entrega completa de los recursos públicos previstos en el Ramo 26 del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 1996. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como controversia constitucional, empero los ministros desecharon la demanda por unanimidad.


Aquella administración “evidenció al grupo de poder del gobernador por la mala distribución de los recursos. A partir de ahí, Diódoro se fue con todo contra Librado”, comenta Lucero Rivero.


La “transición democrática” no se consolidó en Pinotepa Nacional y el PRI volvió a regir durante 19 años más.


En 2001 Baños González contendió por la alcaldía contra Conrado Ro dríguez Peláez, protegido del entonces gobernador José Murat. Tras la elección y anuncio del triunfo priísta, Baños y los miembros de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades tomaron en protesta el Palacio Municipal, formando un “ayuntamiento popular”.


Atrás del “asqueroso fraude electoral”, declaró Baños Rodríguez a la agencia Apro en marzo de 2002, estuvo “la lucha por conservar un punto estratégico del narcotráfico”. Y señaló a Conrado Rodríguez y el propio José Murat como parte.


“Si bien es cierto que Pinotepa es la cuarta ciudad más importante del estado en la generación de recursos, lo cierto es que el narcotráfico se está apropiando de la región de la Costa Chica, y por él están dispuestos a acabar con nosotros a como dé lugar”, dijo en aquella ocasión.


El conflicto electoral fue resuelto con las balas del Ejército y la policía estatal: cuatro muertos fue el saldo a favor del PRI y su candidato.


El derecho a la vivienda ha sido otro frente en el que se ha ocupado Librado Baños. Históricamente, tanto los indígenas como los afrodescendientes han luchado a la intemperie por recuperar las tierras despojadas. Ya sea en la Colonia, en la República, en la época posrevolucionaria o en pleno siglo XXI un puñado de potentados, generalmente con el apoyo oficial, toma y mantiene el control de terrenos.


“En México, las luchas campesinas por la tierra y sus recursos se agudizan por las ambigüedades en torno a los derechos y títulos agrarios –apunta Santiago–; desacuerdos en cuanto a límites entre ejidos, comunidades y propiedades privadas; conflictos por el uso de recursos colectivos como bosques y aguas; invasiones y ocupaciones ilegales de predios y terrenos comunales por parte de madereros, ganaderos o agricultores privados; acumulación de propiedades en manos de caciques locales, etcétera.”


A principios de la última década del siglo XX fundó la Ucidebacc, organización social integrada por campesinos, trabajadores y pequeños comerciantes; indígenas, mestizos y afrodescendientes. Pobres entre los pobres la conforman, y no podía ser de otra forma: “la mayor parte de la población indígena se encuentra en los municipios más pobres del estado. Y la mayor población afromexicana se ubica en el distrito y municipio de Pinotepa Nacional”, explica el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría de Pueblos Indígenas.


“Nuestra bandera rojinegra (con una estrella en medio) representa a la clase trabajadora en el mundo, ya que nuestra lucha es universal”. Así se presenta la asociación.


El mayor proyecto de la Unión Cívica se llamó Comunidad Popular, el cual se hizo realidad en mayo de 2001, cuando a 600 metros del Sur del ayuntamiento, 2 centenares de familias sin techo se apoderaron de un predio de 59 hectáreas antiguamente donado a la Iglesia, que terminó como un bien más del párroco local.


“Ahora en 2016 la colonia Ucidebacc cumplirá 15 años”, dice, con un tono de emoción en la voz, Lucero Rivero. “Nunca hemos recibido ni 1 centavo del presupuesto. No hay nada: no hay luz, ni agua, ni drenaje, tampoco calles. De forma rústica nosotros construimos tres escuelas. El estado se ha negado a dar todo; nosotros mismos hemos generado todo”.


La colonia se declaró autónoma, autogestiva.


No sólo no recibió apoyo oficial, la comunidad, que está dentro de Pinotepa Nacional, ha vivido desde su nacimiento bajo acoso. El 4 de marzo de 2010 –cuenta Maurilio Santiago en la comunicación enviada a Ginebra al grupo de trabajo de la ONU–, “a las 3 de la mañana allanan la colonia Ucidebacc un grupo de aproximadamente 200 elementos del Ejército Mexicano y de la policía estatal, y detienen en su domicilio al señor Felipe Rojas Garduño, sacándolo con lujo de violencia”. Como en el caso de Baños, los militares golpearon a los niños del cazado, así como a su esposa. Rojas Garduño estuvo en prisión 2 años 4 meses.


Las detenciones a los vecinos de la colonia Unión Cívica se suceden, incluso el 16 de octubre de 2011 detuvieron por primera vez a Librado Baños, también a Lucero Ortiz. “En el momento de su detención fueron golpeados y torturados por elementos de la Policía Investigadora de Pinotepa Nacional”. Ella fue liberada en Puerto Escondido; él pisó el penal de Miahuatlán acusado de secuestro, daños y homicidio, pero 6 días después fue liberado por falta de pruebas.


Hasta el día de hoy la colonia pervive… a 5 minutos del 47 Batallón de Infantería.


“Como [se ha] declarado en diversos documentos de la ONU, México es bien conocido por ser un país multicultural del cual forman parte numerosos pueblos indígenas. […] Y es bien conocido que los grupos indígenas sufren abusos en México”, remarcaron los representantes de la ONU al revisar el caso. “Ha habido también instancias de abusos contra defensores de los derechos de grupos minoritarios. [Por tanto] el grupo de trabajo considera que las comunidades indígenas mixtecas son un grupo indígena vulnerable.”


En 2013, según el alcalde de entonces, el priísta Carlos Sarabia Camacho, la modernidad llegó a Pinotepa Nacional en forma de tienda Coppel. Y aterrizó en terrenos públicos.


Los habitantes de la Ucidebacc se plantaron frente a la construcción que se alzaba en la calle Porfirio Díaz, entre las calles Tercera y Quinta Sur. “El representante de Coppel no pudo demostrar la compra legal del terreno”, cuenta Lucero Rivero.


Además de la pelea contra la edificación de la tienda departamental, los integrantes de Unión Cívica, liderados por Librado Baños, exigían las claves educativas para las escuelas que construyeron, así como energía eléctrica y la construcción de un centro de salud. Cerraron la calle.


La respuesta del exmilitar Sarabia –hoy diputado federal– fue desalojarlos en un operativo en el que se combinaron rifles de asalto, hombres vestidos de civil y varillas. Los manifestantes aguantaron. Tres días antes de las elecciones municipales, las obras se detuvieron.


Después de casi 2 décadas, el PRI volvió a perder. Una coalición integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo venció.


Ya pasado el calor electoral, “en agosto empezó la cacería de brujas”, recuerda la actual vocera de la Ucidebacc. “Carlos Santiago Carrasco [subsecretario del gobierno de Gabino Cué] intentó sobornar a Librado para que firmara un papel a favor del proyecto de Coppel”. Baños Rodríguez no aceptó.


El 15 de agosto de 2013, “a las 2 y media de la mañana, irrumpieron violentamente a la colonia Ucidebacc 15 unidades de motor del Ejército Mexicano y de la policía estatal, y aproximadamente 200 efectivos policiacos armados”. Niños, mujeres y ancianos fueron golpeados. Teófilo García López fue detenido.


Cinco días después se dio el intento de asesinato de Eva Lucero. El 25 de ese mismo mes se dio la detención de Librado Baños.


La tienda de los hermanos Coppel se terminó de construir, y fue inaugurada en diciembre por el propio presidente municipal.


“Quiero decirlo muy claro y para todos: Coppel viene a darnos la oportunidad de empleos, viene a dar la oportunidad de darnos créditos”, dijo entusiasmado Carlos Sarabia, con el micrófono en la mano, en medio de una sala ya con venta a plazos.


Nos dieron unos dolores de cabeza por ahí algunas personas que son ajenas al desarrollo de Pinotepa. Es importante mencionarlo, porque luego decían que el presidente, el cabildo, no sé cuántos millones habían dado [los empresarios] para construir… Coppel es una empresa que no es corrupta, Coppel es una empresa muy profesional que viene a ver el desarrollo de toda la región.”


Y como si fuera un empleado más, de plano se sinceró: “Nos costó mucho trabajo. En especial al presidente Carlos Sarabia. Porque tuve que ir a la ciudad de Oaxaca muchas vueltas… no nos dejaban que esta tienda se construyera. Y tengo que decirlo, porque me corresponde decirlo: el día de hoy es una gran bendición de Dios, me siento muy contento, yo estaba muy preocupado porque le luchamos mucho”.


Para entonces, Librado Baños estaba por cumplir sus primeros 4 meses en la cárcel, en la capital oaxaqueña, a 5 horas de su tierra natal.


“Como política de Estado para frenar el descontento y los reclamos sociales, el Estado mexicano ha iniciado una persecución contra líderes sociales que defienden los derechos en las comunidades indígenas y se oponen a proyectos trasnacionales que afectan los derechos de las comunidades y pueblos indígenas”, explica Maurilio Santiago.


“La política de Estado ha sido criminalizar a los defensores de derechos humanos, siendo los más afectados los defensores no visibles, acusándolos de delitos federales como secuestro, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y exhibiéndolos a la opinión pública como delincuentes, e incluso esas acciones las han hecho con grupos de poder político y económico regional y estatal que tienen nexos con la delincuencia organizada.”


Los grupos de poder “gozan de impunidad absoluta, pues están involucrados el Poder Ejecutivo estatal, la Procuraduría General de Justicia del estado; el Poder Judicial y la Secretaría de Seguridad Pública, así como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional”, alegó el asesor jurídico de Baños ante la ONU, que le daría la razón.



Preso político


El emblema de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sella el documento enviado al gobierno de Enrique Peña Nieto.


“El grupo de trabajo concluye que el arresto y la continua privación de libertad del señor Baños Rodríguez son arbitrarios”, pues es resultado de haber ejercicio los derechos políticos proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, además de contravenir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


Por lo tanto, “solicita al gobierno de México la liberación inmediata del señor Baños Rodríguez y el otorgamiento de una adecuada reparación, incluyendo, pero no limitada a, el otorgamiento de compensación y brindarle el tratamiento médico necesario”.


“Librado no padecía de enfermedades”, asegura su esposa. “Ahora sufre de la presión. Además, un derrame intraocular le impide ver con el ojo izquierdo y ya tiene otro en el derecho. Son producto de los golpes”.



 



Copias de la opinión 19/2015, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y de la denuncia presentada por el abogado Maurilio Santiago. En las primeras se lee, entre otras cosas, que el gobierno mexicano no respondió a la comunicación del organismo internacional en la que pedía informes sobre Baños Rodríguez, que el arresto y la continua privación de libertad de esa persona son arbitrarios y que el grupo de trabajo solicita su liberación inmediata 



 


Aislamiento, torturas de varios tipos es lo que ha padecido el defensor de derechos humanos en los más de 2 años que ha estado recluido. “Luis Morales, director de Seguridad de Centros Penitenciarios de Oaxaca, lo rapó directamente, y lo confinó 2 días. Ordena que le den un trato cruel; le niegan medicinas”, cuenta Lucero Rivero.


“El grupo de trabajo expresa su profunda preocupación por el deterioro del estado de salud del señor Baños Rodríguez, motivado por los malos tratos sufridos en prisión. El grupo recuerda que es responsabilidad del gobierno asegurar que los detenidos sean tratados de conformidad con las normas y estándares internacionales, particularmente en lo relativo de su salud”, apunta el órgano internacional en su sexta deliberación.


El equipo de la ONU se dirigió al gobierno mexicano desde el 19 de febrero de 2015 para pedirle información sobre el caso. Sin embargo, éste simplemente lo ignoró y “no respondió a la comunicación”, deja asentado el documento.


En septiembre, con motivo de la visita a México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Pilar Sanmartín, oficial de la Unidad de Observación, programó una entrada a la penitenciaría en la que se encuentra Librado Baños.


“Un día antes de la visita –denuncia Eva Lucero–, la oficina de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del estado [a cargo de Eréndira Cruzvillegas] buscó excarcelarlo para llevarlo al médico. Intentaron boicotear la observación de la ONU. Pero él no se dejó; había estado incomunicado y sin medicinas y quería que lo vieran así.


“Tres días después de la visita, el mismo [Luis] Morales lo visitó en su celda. Le robó todo: el poquito dinero, sus tenis, la ropa. ‘Para que le bajes de huevos’, le dijo, porque que ya ‘estoy hasta la chingada de que vayas con los de derechos humanos’.”


La voz de Lucero Rivero es bajita, pero las palabras son perfectamente entendibles por la contundencia impresa al hablar. No hay aspavientos.


“El grupo de Diódoro Carrasco se la está cobrando y pretenden matar a Librado en el penal”, dice sin más. “Saben del apoyo internacional y yo creo que la tirada es matarlo, porque Librado era un candidato a la desaparición”.


Ha recibido amenazas. Llamadas que dicen que se va a morir, que van a levantar a su hijo.


Desde mayo, la ONU le pidió al gobierno federal liberar al preso político, pero éste sigue encerrado.


“Temo por mi vida y la de mi hijo, y la de Librado que está en sus manos. Pero no nos vamos a callar.”


Contralínea buscó conversar con los encargados del área de derechos humanos tanto del gobierno federal como del de Oaxaca. Ni Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; ni Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; ni María Erendida Cruzvillegas, coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca, respondieron a las solicitudes de entrevista. Lo mismo ocurrió con el diputado Carlos Sarabia Camacho.




Presos políticos, lo normal en México


Librado Librado Baños Rodríguez no es el único preso político en el país. No hay datos oficiales, pues para los gobiernos el número es cero. Las cifras alternativas se cruzan; pueden señalar a decenas o a cientos, depende de la metodología empleada por las organizaciones, nacionales o internacionales, y del periodo de tiempo investigado. Los dígitos, aunque diferentes, coinciden en una cosa: en las cárceles mexicanas persiste encerrada por motivos políticos una gran cantidad de personas.


Por ejemplo, el Comité Cerezo señala 197 casos vigentes, de los cuales 83 corresponden al sexenio de Enrique Peña Nieto, mientras que el más antiguo data de 1995: Adalberto López Martínez, jornalero guerrerense detenido el 1 de septiembre de ese año en Chilpancingo.


Los nombres desfilan y, como puntos en un mapa, los lugares en los que fueron detenidos por cualquiera de las policías o corporaciones armadas.


A los datos compartidos por el Comité Cerezo se le pueden sumar los 25 detenidos el 7 de junio en Oaxaca, la mayoría integrantes del Frente Popular Revolucionario, que asegura tener 3 compañeros encarcelados más.



 


 


Mauricio Romero, @mauricio_contra


[BLOQUE: INVESTIGACIÓN] [SECCIONES: PORTADA Y SOCIEDAD]


 


 



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Contralínea 459 / del 19 al 25 de Octubre 2015



 



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