sábado, 12 de septiembre de 2015

Más de 7 mil desparecidas en México


Al día de hoy, al menos 7 mil 185 mujeres permanecen en calidad de desaparecidas. Casi la mitad de ellas es menor de 18 años. El 52 por ciento de los casos ha ocurrido en lo que va del actual sexenio



El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reporta que 7 mil 185 mujeres están desaparecidas en México. El 96 por ciento de los hechos datan de los últimos 2 sexenios. El 44 por ciento de ellas no había cumplido siquiera los 18 años de edad en el momento de la desaparición. Tamaulipas y el Estado de México se erigen como los focos rojos: concentran el 31 por ciento del total de casos denunciados a nivel nacional.


Sus hijos la vieron por última vez cuando tenía 46 años de edad. Piel morena, ojos cafés, cara ovalada. Después del 22 de diciembre de 2012, sin embargo, no volvieron a saber de ella. Les quedaron los recuerdos: ese gesto sonriente que amortiguó sus momentos de desahucio; los consejos de mujer madura que alcanzaron inclusive a la tercera generación de la familia, los nietos…


Ese 22 de diciembre, preludio de los festejos navideños, María Dolores Rizo Juárez desapareció. Ausencias que en el contexto mexicano son epidemia; no excepción. Estas líneas alcanzan apenas para esbozar el más elemental conteo. Imposible plasmar cada nombre; el conjunto de sueños mutilados.


De acuerdo con la estadística oficial –incompleta, imprecisa, como lo ha constatado el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas–, 7 mil 185 mujeres están desaparecidas en México. El 52 por ciento de los hechos datan del sexenio en curso.


María Rizo vivía con su esposo en el municipio de San Mateo Atenco, en la zona centro del Estado de México. Se dedicaba al hogar pero también cubría una doble jornada como ayudante en el comedor de una reconocida fábrica de pinturas con sede en la localidad de Tepexpan.


Era sábado; 21 días antes Enrique Peña Nieto había asumido la Presidencia del país. María Rizo no se presentó a trabajar, hecho por demás inusual. El marcador del reloj, su implacable “tictac”, se apostaba más allá de las 22 horas, pero la mujer de cabellos recortados no aparecía. Sus hijos la buscaban desesperados. La noche y su inherente apagón transcurrían sin indicios de ella.


Han pasado casi 3 años desde entonces. Las canciones del Conjunto Primavera y de Rocío Dúrcal, las preferidas de María Rizo, no retumban más en el nicho materno. No hay rastro de ella; no hay verdad ni sosiego para su familia. De nada ha servido que el hecho sea de conocimiento de las autoridades estatales y federales: de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de la Procuraduría General de la República (PGR), y de la propia Secretaría de Gobernación.


La averiguación previa que se inició carece de líneas de investigación y de estatus, asegura la familia. Además, el caso, que actualmente radica en la Subprocuraduría Regional de Texcoco, está en mesa común y no en la que tiene a su cargo la investigación de personas desaparecidas, refiere Marisol Méndez Rizo, su hija.

El 96 por ciento de los hechos de desaparición de mujeres que el registro gubernamental contabiliza data de los últimos 2 sexenios: 3 mil 144 ocurrieron con Felipe Calderón Hinojosa y 3 mil 725, con Enrique Peña Nieto. Este último apenas a la mitad de su mandato. Tan sólo 41 casos vienen de otras administraciones; 29 de éstos, de la de Vicente Fox Quesada.


El año que concentra el mayor número de hechos de desaparición de mujeres es 2014, al presentar 1 mil 858 casos. Le sigue 2013, con 1 mil 167, y 2011, con 1 mil 21.


La base de datos oficial revela, asimismo, que el 45 por ciento (3 mil 228) del total de desaparecidas en México son adultas, mujeres de entre 18 y 59 años de edad. Otras tantas, el 2 por ciento (158), tienen 60 años o más. Cabe destacar que 3 mil 133, lo que equivale al 44 por ciento, son adolescentes y niñas, es decir, no habían cumplido siquiera los 18 años en el momento de la desaparición.


Respecto de la nacionalidad, se sabe que el grueso de las mujeres desaparecidas es de origen mexicano; en tanto, se desconoce este dato para 728 casos. Las 56 mujeres que restan son extranjeras, 35 de ellas nacidas en Estados Unidos.


Los pormenores enunciados se desprenden del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública consultado por Contralínea a finales de agosto de 2015. Éste se nutre de las denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio Público, tanto del fuero federal como del común.


El registro, sin embargo, no da cuenta de la totalidad de desapariciones que ocurren en territorio mexicano: no incluye a las personas que ya fueron localizadas; excluye los innumerables casos que carecen de denuncia formal ante la autoridad; y, respecto de los hechos que constan en el fuero federal, sólo contempla las averiguaciones previas iniciadas a partir de enero de 2014.


A junio del año en curso, constan en la base oficial 26 mil 29 personas reportadas como desaparecidas. Ellas, las mujeres, representan el 28 por ciento de los casos.


“Toda aquella que, con base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto armado internacional o no internacional, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente”, así define el Estado mexicano a la persona desaparecida.



Tamaulipas y Estado de México, los focos rojos


En el tema de la desaparición de mujeres y niñas en el país, Tamaulipas y el Estado de México, en este orden, se erigen como los focos rojos. En la primera entidad tuvieron lugar 1 mil 185 de los casos que constan en las averiguaciones previas del fuero federal y del común; en la segunda, 1 mil 23.


Es así que Tamaulipas y el Estado de México, juntos, concentran el 31 por ciento del total de casos de desaparición de mujeres y niñas denunciados a nivel nacional.


Baja California, Nuevo León y Coahuila –entidades que como Tamaulipas se ubican al Norte del país– son las siguientes en la lista de mayor incidencia, con 580, 551 y 414 casos, respectivamente. Enseguida están, en orden de prelación, Guanajuato, Puebla, Jalisco, el Distrito Federal y Chihuahua.



Del análisis particular para Tamaulipas es posible identificar los municipios que registran el mayor número de desapariciones de mujeres. Se trata de los más poblados, entre ellos la capital del estado: Matamoros, con 266. Además, en Reynosa, 234 casos; en Nuevo Laredo, 184; en Ciudad Victoria, 125; y en Tampico, 99. Estas cinco jurisdicciones suman 908 casos, lo que representa el 77 por ciento del total de los hechos de desaparición de mujeres acontecidos en el territorio gobernado por Egidio Torre Cantú.


El fenómeno también se recrudece en algunos de los municipios más poblados del Estado de México. Los cifras más alarmantes corresponden a Toluca de Lerdo, su capital; a Nezahualcóyotl y a Ecatepec de Morelos. Estos tres municipios suman 319 casos (135, 109 y 75, respectivamente), lo que equivale al 31 por ciento de total de desapariciones de mujeres que registra la entidad.


El 49 por ciento de las desaparecidas en Tamaulipas son adultas de entre 18 y 59 años; las menores de edad representan, en tanto, el 22 por ciento del total. Esta situación se revierte para el Estado de México, en donde el 54 por ciento son menores y el 44 por ciento, adultas.



Las desapariciones, “de hipótesis a confirmación”


“En 2010, el tema de las desapariciones de mujeres era hipótesis. Hoy es confirmación…”. Así se expresó María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Nacional del Feminicidio, luego de conocer el fallo del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres –integrado por los titulares de 10 dependencias de la administración pública federal y de los 32 mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas–, que en su sesión del 28 de julio de 2015 resolvió decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) para 11 municipios del Estado de México.


Con ello, el gobierno mexicano reconoció, al fin –luego de una batalla que se prolongó por casi 5 años y que escaló hasta los tribunales del Poder Judicial–, la existencia en el Estado de México de un incremento de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en los ámbitos público y privado que, en un significativo número de casos, ha culminado en feminicidios y otras formas de violencia.


Dicho reconocimiento vendría acompañado del destape de la estadística oficial, aquella que hasta entonces había permanecido oculta. A petición del grupo interinstitucional y multidisciplinario que se conformó para atender la solicitud de la AVG en cuestión, el gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila Villegas, reportó que de 2005 a 2014, 4 mil 281 mujeres desaparecieron en la entidad, en su mayoría niñas de entre 15 y 17 años de edad. De éstas, 2 mil 272 fueron localizadas: 2 mil 632 vivas y 95 muertas.


Con estos elementos, el grupo interinstitucional y multidisciplinario (integrado por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) confirmó la hipótesis, a decir: la existencia de “un problema grave de desapariciones de mujeres y, en particular, de niñas y adolescentes en el Estado de México que se acentúa especialmente en el municipio de Ecatepec”.


En consecuencia, el grupo recomendó operar todas las acciones necesarias para la búsqueda y localización inmediata de las niñas y mujeres reportadas como desaparecidas, así como para garantizar la adecuada investigación y sanción de los responsables de los hechos.


Los integrantes del grupo enfatizaron, asimismo, en la necesidad de revisar exhaustivamente los casos de desaparición de mujeres con el fin de identificar la probable negligencia de los servidores públicos encargados de la investigación y, en su caso, de iniciar los procedimientos administrativos y/o penales correspondientes.


Y es que, según advirtió, algunos familiares de mujeres desaparecidas mencionaron que no hay sentencias ni reparación de daño, además de que las autoridades de procuración de justicia no toman con seriedad sus casos e insinúan reiteradamente que las víctimas se marcharon por su propio pie, lo que genera que tengan que pasar varias horas o días antes de que puedan presentar la denuncia por desaparición o, incluso, que las autoridades les soliciten dinero para iniciar o continuar la investigación.



Estado de México, la guerra de cifras oficiales


A través de los mecanismos de transparencia, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio que entre 2011 y 2012 habían desaparecido en la entidad 1 mil 258 mujeres. Sin embargo, en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas constan, para el mismo periodo, 132 casos. Una cifra menor.


Posteriormente, las autoridades mexiquenses reportaron al grupo interinstitucional y multidisciplinario que se conformó para atender la solicitud de AVG en la entidad, que de los 4 mil 281 casos de desaparición de mujeres ocurridos entre 2005 y 2014 se logró la localización en 2 mil 727, con lo que quedaron pendientes de resolución 1 mil 554 casos. En contraste, el Registro Nacional revela la existencia de 798 casos vigentes que datan del mismo periodo. Un número, igualmente, menor.


Lo anterior evidencia la disparidad que existe entre las cifras contenidas en las bases de datos de diversas fuentes oficiales y, con ello, la pertinencia de que el Estado mexicano cuente con una estadística fidedigna.


Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con Nelly Montealegre Díaz, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. A través de Víctor Suberza, subdirector de Difusión de la PGR, la fiscal rechazó la petición bajo el argumento de que el gobierno mexicano carece de datos precisos en la materia.


 


Flor Goche, @flor_contra


[BLOQUE: INVESTIGACIÓN] PORTADA [SECCIÓN: SOCIEDAD]


 



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 Contralínea 454 / del 14 al 20 de Septiembre 2015



 


 



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