jueves, 25 de junio de 2015

Supuesto conflicto de interés en Secretaría de Pesca de Baja California

25. junio, 2015        Rendición de cuentas


Mediante la compra de implementos de pesca a una empresa de su propiedad, el secretario de Pesca y Acuacultura de Baja California, Matías Arjona Rydalch, estaría incurriendo en un conflicto de interés y, supuestamente, violando la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Al tiempo, el funcionario enfrenta una denuncia en la cual se le señala de pretender apoderarse de la cuota de pesca de atún de aleta azul autorizada para este año por la Comisión Interamericana del Atún Tropical, en supuesta complicidad con otras empresas para dejar fuera del programa a productores pesqueros de la región

 


El secretario de Pesca y Acuacultura de Baja California, Matías Arjona Rydalch, podría estar inmerso en un conflicto de interés e incurrir en violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California, ya que a pesar de ser funcionario de primer nivel estaría participando en compras de motores fuera de borda que se adquieren con recursos públicos a una empresa que es de su propiedad.

Además, Arjona pretendería apoderase, junto con otras dos empresas pesqueras, de las 3 mil toneladas del atún de aleta azul autorizadas para este año por la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) mediante el tráfico de influencias que utilizaría desde su posición al frente del gobierno local, según la denuncia presentada por el representante legal de Tunamax, SA de CV, Raúl Villela Camargo.

El funcionario es propietario de la Agencia Arjona, distribuidora exclusiva de equipo marítimo para el sector pesquero, acuícola e industrial de la península de Baja California y sus colindancias marítimas que incluyen las zonas productivas de Sinaloa, Sonora y Colima. Su negocio es el de distribuidor autorizado de los motores Suzuki, los mismos que se han estado entregando a diversos pescadores que participan en las convocatorias oficiales y en proyectos productivos, señalan fuentes allegadas al caso.

Un ejemplo serían los 60 motores fuera de borda Suzuki 115, marca de la cual Arjona es su distribuidor exclusivo en Baja California y Baja California Sur, además de las 16 embarcaciones que fueron entregadas el pasado 25 de febrero al pueblo pescador indígena Cucapá, lo que significa una compra por 9 millones 133 mil pesos mediante una inversión de Conapesca, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) y la Secretaría de Pesca del Estado de Baja California (Sepesca).


Desde 2014, los integrantes de la etnia Cucapá, debido a las malas condiciones del camino de acceso a la zona de pesca que pertenece a la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California, no podían acudir a pescar debido a las fracturas del camino de hasta 30 metros de profundidad, por lo que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo del estado se comprometió a reconstruir el camino de terracería; y al no cumplir con este compromiso, el gobierno del estado les pidió que no se arriesgaran a pescar así y les ofreció 60 motores para modernizar sus equipos de pesca.

Debido a que los recursos aplicados a la adquisición de este equipamiento para el pueblo pescador indígena proceden de los tres niveles de gobierno, celebraron un acuerdo con el titular de la Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, Francisco José Yáñez Centeno; con el comisionado de Conapesca, Mario Aguilar Sánchez (institución que aportó el 40 por ciento del costo de los motores); con el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, y con la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, dependencia que aportó el 30 por ciento del valor de los motores y las embarcaciones. El restante 30 por ciento de los 9 millones de pesos, los aportó la Sepesca, a través de su titular Matías Arjona.

Además de los motores fuera de borda, existen otros rubros que también entrarían en las autocompras de Arjona, como los equipos de comunicación con alta tecnología para el ámbito marino, civil, terrestre y aéreo; accesorios de navegación; equipos de buceo industrial, desde equipo básico hasta equipo especializado para buceo técnico; herrajes marinos, ferretería marina, pintura industrial y marina; cabos, redes, señalamientos marítimos y todo para la pesca deportiva: un negocio redondo para quien firma las convocatorias públicas para modernizar equipos de pesca y determina los recursos destinados a ello.

Con la intención aparente de buscar que se beneficiara el mayor número de pescadores posible, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Baja California, ha impulsado un programa de modernización de flota menor, donde supuestamente se pretende incrementar los niveles de eficiencia de los pescadores, a través del apoyo subsidiario de bienes de capital estratégico para equipamiento, para la mejora de artes de pesca, equipo de navegación, seguridad marítima y sustitución de motores.

La explicación oficial para promover este tipo de equipamiento, que no se ofertaba anteriormente, es que, con los nuevos motores fuera de borda, se busca sustituir unidades por otras más modernas a fin de reducir el consumo de combustible, atenuar la contaminación del medio marino y evitar accidentes por descomposturas en altamar; por lo que los productores pueden adquirir motobombas, compresores, equipo hidráulico para embarcaciones, radios, geoposicionadores satelitales, ecosondas, antenas, implementos de conservación (hieleras), chalecos salvavidas, botiquín de primeros auxilios, remos, entre otros.

A través de comunicados oficiales, se justifica este tipo de apoyos para fomentar la productividad pesquera y acuícola, así como la modernización de embarcaciones menores. Tan sólo en mayo y junio de 2014, el gobierno del estado, a través de Matías Arjona, otorgó recursos por cerca de 14 millones de pesos a pescadores ribereños de la entidad, a fin de combatir el rezago en el que se encuentra el estado en materia de equipamiento marítimo, por lo que distribuyó más de 135 apoyos directos en motores, artes de pesca, equipos de seguridad y radiocomunicación, así como depósitos de almacenamiento provisional, accesorios que se ofertan en la agencia de su propiedad.

Por lo que corresponde al Programa Estatal de Modernización de Embarcaciones Menores, de acuerdo con la convocatoria publicada el 20 de junio de 2014 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el gobierno del estado y los productores aportaron 4.6 millones de pesos para adquirir 20 motores fuera de borda, 11 artes de pesca, cuatro hieleras, dos equipos de seguridad y 13 sistemas de pesca, para dar un total de 50 apoyos.

Asimismo, como parte del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, dentro del rubro de impulso a la capitalización del sector, se adquirieron 48 motores, 25 embarcaciones, cuatro hieleras, 10 radios de comunicación con geoposicionadores satelitales, un total de 87 beneficios. En este programa el sector gubernamental aportó recursos por más de 7.3 millones de pesos, mientras que los productores destinaron 5.6 millones de pesos, todo con base en los requerimientos debidamente acreditados por los beneficiarios.

Ésta es una situación que ya estaba prevista por otros tres proveedores de material y equipo naval que existen en el estado, quienes tuvieron una reunión con el gobernador Francisco Vega, a quien señalaron que podría estar incurriendo en violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que en la página institucional de la Sepesca se exhibían fotografías de motores fuera de borda marca Suzuki.

Además, Arjona Rydalch aparecía en el sitio virtual en fotografías con sus amigos, entre ellos el exdirector general de la Administración Portuaria Integral (API) y extitular de la Aduana, Fernando Pérez Azcárraga, en una visita al buque Lady Tuna. En el pie de foto oficial se leía que se trataba de uno de los barcos frigoríficos más modernos del mundo, que ha estado en dos ocasiones en Ensenada, y del que, sostuvieron los comerciantes, Arjona es socio. A los pocos días actualizaron la página.

Arjona es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; cuenta con maestría en alta dirección por el Colegio Graduados en Alta Dirección de México; es consultor independiente de diferentes empresas extranjeras y mexicanas dedicadas a la acuicultura y maricultura; es administrador único de la Agencia Arjona, SA de CV, y de Acuacultura de Baja California, SA de CV (empresa filial de Mitsubishi Corporation); y es Miembro del Consejo de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Ensenada.

El secretario de Pesca estatal es, además, miembro activo del Consejo Consultivo Nacional de Grupo Financiero Banamex, SA, así como miembro activo del comité técnico del Centro Regional para la Competitividad Empresarial y consejero del Instituto Educativo del Noroeste, AC, y del organismo administrador del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys Universidad).

Captura de atún, otro supuesto “botín”

Además de lo anterior, el funcionario enfrenta otro señalamiento. Y es que ante la reducción de la cuota de captura de atún aleta azul a 3 mil toneladas para México en 2015, derivada de los acuerdos internacionales de la Comisión Interamericana del Atún Tropical con la Conapesca, éste se habría convertido en un “botín” para Servax Bleu, Baja Aqua Farms y Acuacultura de Baja California, SA de CV, propiedad de Arjona Rydalch, denunció Raúl Villela Camargo, apoderado legal de Tunamax.

El secretario de Pesca de Baja California, dijo Villela Camargo, se quiere llevar la tajada del león para asegurar sus cuantiosos ingresos en dicha empresa, aprovechando el tráfico de influencias que realiza Arjona desde su posición como funcionario de alto nivel en el estado con las autoridades de la Conapesca.

Sin embargo, refiere, el conflicto de intereses que existe al respecto no le preocupa mucho al secretario Matías Arjona, quien presume de su amistad con el gobernador Francisco Vega de la Madrid.

El apoderado legal de Tunamax resaltó que el secretario de Pesca de Baja California no ha tomado en cuenta que no sólo son tres las empresas pesqueras de maricultura que pueden tener acceso a la cuota de las 3 mil toneladas, sino que existe una cuarta empresa que él representa y que ha sido ignorada por el funcionario del sector pesquero de la entidad.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Título Segundo “Responsabilidades Administrativas”, Capítulo I, artículo 8 señala que todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, con relación al conflicto de intereses:

 “XI. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

 “XII. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto.

“Esta prevención es aplicable hasta 1 año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

 “Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.

 “XIV. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI.”

Matías Arjona es concesionario consultor de Mitsubishi, actividad que combina con el cargo de secretario de pesca. Dicha trasnacional de origen japonés comercializa el 52 por ciento del atún fresco en el mundo, es decir, controla el atún a nivel mundial.

El mercado potencial de productos marinos de Baja California en el que participa Arjona asciende a más de 120 mil toneladas anuales de diversas especies con calidad de exportación (atún, almeja, mejillón, abulón, etcétera), con posibilidades de expandirse en el mercado de Brasil, según el resultado de una agenda de trabajo desarrollada por la Secretaría de Pesca y Acuacultura del estado, entre empresarios y productores del sector.

El empresario-funcionario señaló para una entrevista con el diario Ensenada Zoom (http://ensenadazoom.com/agencia-arjona-empresa-100-ensenadense/):

 “Después me topo con Mitsubishi, que es una de las empresas japonesas más grandes del mundo que hace de todo: carros, electrónica, programa espacial, aviones, petróleo y tiene una división que se llama Living Essentials, que es la división de alimentos, y ellos están metidos en el tema del atún en el mundo; para que se den una idea, una filial de Mitsubishi comercializa el 52 por ciento del atún fresco en el mundo, es decir, controla el atún y para ellos trabajo desde 2003. Primero me contratan por mi trabajo en Agencia Arjona y mi relación con la Flota Atunera Mexicana y me contratan como consultor, para que me encargue de algunas cosas como permisos y trámites ante la autoridad federal y la municipal y al final de cuentas soy administrador único de tres de sus empresas en México, que son Acua Cultura de Baja California, Acua Cultura de Aleta Amarilla, que ya es propietaria de tres barcos: el Don Matías, que le pusimos en honor a mi padre, el María Liliana, en honor a mi esposa, y el tercero el Domex, que es nuestra marca del atún que exportamos a Japón.

“[…] Entonces, por ese lado, por la maricultura estoy al frente de esas empresas, que son fuertes, y tenemos cultivos en otros países como Malta, Croacia, en el Mediterráneo y acá en México, que me toca administrar a mí. También estoy desarrollando un proyecto de cultivo de jurel, con inversionistas noruegos, estadunidenses y australianos. Éste va para Baja California Sur y estamos ya en el proceso de echarlo a volar; recordemos que el jurel no es un atún, es una sardina grande […]”.

Así, el secretario de Pesca, Tomás Arjona –quien rechazó la solicitud de entrevista que le hizo Contralínea, a través de su oficina de prensa, para conocer su versión respecto de los señalamientos en su contra– forma parte del selecto grupo de empresarios-funcionarios que utilizan su puesto para incurrir en violación a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, denunció el apoderado legal de Tunamax, Raúl Villela Camargo, quien advirtió que acudirá ante el gobierno federal para reclamar sus intereses.
José Réyez, @jose_contra

[RENDICIÓN DE CUENTAS]

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 Contralínea 442 / del 22 al 28 de Junio 2015

 

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