lunes, 8 de junio de 2015

San Quintín: patrones voraces, gobiernos cómplices


Un jornalero agrícola trabaja 15 horas al día […]; en promedio la jornada media laboral de los jornaleros agrícolas es de 57 horas [por semana] para los hombres y 65 para las mujeres
 Red de Jornaleros Internos de México, La Jornada, 27 de marzo
[…] de 2007 a marzo de 2015 [El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan] ha documentado la muerte de al menos 40 niños en los campos agrícolas, debido a accidentes de trabajo, atropellos, picaduras de insecto, desnutrición, partos prematuros y falta de atención médica. El trabajo infantil es endémico […]
 Red de Jornaleros Internos de México, La Jornada, 27 de marzo
San Quintín es una muestra fehaciente y vigente de los diversos procesos que componen un sistema de explotación laboral contemporáneo: a) empresarios indolentes e indiferentes que someten a los trabajadores agrícolas a condiciones de trabajo abusivas e ilegales con el fin de incrementar sus ganancias; b) instituciones estatales que no garantizan que se cumplan los derechos laborales de los jornaleros; y c) trabajadores empobrecidos que son explotados, pero que también se organizan y resisten, mostrando su capacidad de acción al luchar por las demandas de un trabajo digno y bien remunerado (“Jornaleros de San Quintín: entre la explotación moderna y la resistencia social”, Contralínea 432, abril de 2015). En este tenor, diversas organizaciones de trabajadores agrícolas de México y Estados Unidos han señalado en las últimas semanas que lo que acontece en San Quintín es sólo el reflejo de una realidad que está presente en por lo menos 18 estados de México donde hay trabajadores agrícolas (“En semiesclavitud, más de 2 millones de jornaleros”, La Jornada, 6 de abril de 2015), y que muestra cómo la ausencia de los derechos laborales y de condiciones de trabajo seguras y justas –panorama que puede ser tipificado como formas de esclavitud contemporáneas, ya que los jornaleros agrícolas, así como ciertos grupos laborales del turismo y la minería, son los sectores que se ubican como aquellos con las peores condiciones laborales y con la total carencia del respeto a sus derechos fundamentales (“Esclavitud aún en 2015: México tiene el índice más alto en América Latina, Animal Político, 30 de marzo de 2015)– son una situación constante que, en mayor o menor medida, padecen millones de personas que se ven en la necesidad de laborar como jornaleros (de los aproximadamente 2 millones de jornaleros que hay en México, el 90 por ciento carece de contrato formal de trabajo y, en su mayoría, estos trabajadores provienen de los estados más pobres del país y son campesinos indígenas, “ Frente indígena binacional se solidariza con jornaleros de San Quintín”, La Jornada, 27 de marzo de 2015).

Entre la ilegalidad y la ausencia de justicia

En este contexto de un abuso laboral estructural y sostenido por décadas, no sólo es ilegal y políticamente cuestionable que la gran mayoría de los dueños de los ranchos del Valle de San Quintín se aprovechen de manera dolosa de la pobreza y necesidad de trabajo de los trabajadores agrícolas para imponerles condiciones laborales tan precarias y desfavorables, sino que también es muy poco ético e injusto que las desmedidas fortunas de ese puñado de empresarios agrícolas se finquen en la descarada explotación laboral de decenas de miles de jornaleros (“El Valle de San Quintín: entre el abuso laboral y la movilización de los jornaleros, revista Alterinfos América Latina, 22 de mayo de 2015).
Las carencias y miseria atroz de estos grupos desposeídos son la cara oculta y la consecuencia de la acumulación desproporcionada de la riqueza de una minoría rapaz que sólo vela por sus intereses. De este modo, tanto por su ambiguo e indiferente papel en las negociaciones con el gobierno y los jornaleros, como por su tajante negativa a incrementar el salario de los jornaleros a 200 pesos diarios (“Patrones rechazan pagar 200 pesos al día a jornaleros de Baja California”, La Jornada, 16 de mayo de 2015), los empresarios han demostrado su ambición económica desmedida y una avaricia atroz. En los hechos, y en términos generales, los empresarios agrícolas han mostrado no sólo que no les interesan las condiciones de vida y laborales de los trabajadores agrícolas, sino que para ellos los jornaleros únicamente son mano de obra barata y desechable, de la que se puede prescindir; para el sector patronal son sólo medios para generar y acrecentar sus ganancias.
En lo que respecta al papel del Estado como ordenador y regulador de la vida social, es igualmente injusto y raya en la impunidad y la negligencia que el gobierno, en sus diversos niveles –municipal, estatal y federal–, haya permitido y permita la reproducción de este sistema de explotación laboral y abuso hacia los jornaleros del Valle de San Quintín, donde las jornadas laborales no reúnen las condiciones de higiene y seguridad mínimas y pueden alcanzar hasta 15 horas por día, con magros salarios que nunca llegan a los 150 pesos, sin contrato laboral ni acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de que tampoco se respete el día de descanso obligatorio. La ausencia del ejercicio de la ley por parte del Estado no sólo remite al ámbito laboral, también abarca y comprende las condiciones de vida de estos trabajadores agrícolas: la carencia de seguridad social, de servicios médicos, de viviendas dignas (“Frente indígena binacional se solidariza con jornaleros de San Quintín”, La Jornada, 27 de marzo de 2015).
En este marco, los gobiernos –principalmente estatales– han sido incapaces de ejercer y hacer respetar la ley sobre todo, aunque no sólo, en lo referente a los derechos laborales. En sus múltiples niveles, el Estado, de facto y omitiendo el cumplimiento del marco jurídico constitucional, ha favorecido y privilegia a las elites económicas y políticas del Valle de San Quintín. Por lo que respecta a las instituciones oficiales, los jornaleros agrícolas han sido tratados como ciudadanos de segunda clase, cuyos derechos han sido claramente escamoteados e incluso postergados de manera indefinida. En este escenario cabe señalar que la situación de abuso laboral de los jornaleros ha sido posible por las complejas y ambiguas relaciones de negligencia, complicidad y beneficio entre ciertas instituciones estatales y los empresarios agrícolas; esta red de turbias colaboraciones ha permitido, sostiene y reproduce el sistema de explotación laboral en el Valle de San Quintín.

Los logros de los jornaleros

No obstante y pese a las difíciles condiciones laborales y de existencia, los jornaleros han demostrado que pueden organizarse y actuar para contrarrestar las vejaciones a las que son sometidos. En primer término, mediante diversas estrategias y acciones, han hecho visible su situación laboral y de vida a través de la difusión de sus demandas en diversos medios de comunicación. Sus testimonios y reclamos han estado presentes en las últimas semanas en la radio, la televisión, la prensa escrita y las redes sociales.
Por otra parte, pese a las dificultades y los embates de que han sido objeto, los jornaleros y sus representantes han creado, mantenido y expandido un proceso organizativo propio y original, desmarcándose de los sindicatos oficialistas que, en los hechos, sólo habían sido cómplices de la explotación laboral por parte del sector patronal (“Defiende la Confederación Regional Obrera Mexicana a los patrones de San Quintín”, La Jornada, 17 de mayo de 2015).
Dicho proceso organizativo ha hecho posible que llevaran a cabo movilizaciones sociales de diversa índole y magnitud (manifestaciones, actos de protesta, marchas, toma y cierres de carreteras, caravanas informativas, encuentros con autoridades estatales y federales). No menos importante ha sido su política de alianzas y vínculos con otros gremios y organizaciones laborales y sociopolíticas en México y el extranjero, principalmente Estados Unidos (“Frente indígena binacional se solidariza con jornaleros de San Quintín”, La Jornada, 27 de marzo de 2015), así como con sindicatos no oficialistas de variado cuño. El eje de la convergencia han sido sus reclamos de mejores condiciones de trabajo y de respeto irrestricto a sus derechos laborales.
Finalmente, todo esto ha hecho que sean capaces de sostener, encauzar y dirigir un arduo y sinuoso proceso de negociación con el Estado y el sector patronal. En los hechos, y mediante diversas acciones, hicieron oír sus demandas y sentar a la mesa de negociación al gobierno estatal y, posteriormente, al gobierno federal.

Guillermo Castillo Ramírez*
*Maestro y doctor en antropología; autor de proyectos de investigación posdoctoral en antropología con líneas de trabajo en migración nacional e internacional y procesos de movilidad geográfica de grupos indígenas y campesinos en México
[Sección: Opinión] 


 Contralínea 440 / del 08 al 14 de Junio 2015


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