sábado, 16 de mayo de 2015

¿La próxima matanza de campesinos?

17. mayo, 2015       Opinión


A  escasos 80 kilómetros al Sur de la Ciudad de México se encuentra Cuautla, en el estado de Morelos, que, de Norte a Sur, en automóvil, se cruza en unos minutos. Saliendo rumbo a Ayala, a la izquierda del río, puede verse el poblado de San Pedro Apatlaco –que algunos llaman Coahuixtla–, una comunidad de pequeños agricultores. En sus pequeños patios, algunos tienen dos o tres vacas y fabrican quesos artesanales que venden en las banquetas del mercado; otros tienen cerdos, gallinas y consumen o venden sus productos.
Hace años, en una visita de Jonathan Brown, el autor del importante estudio Oil and revolution in Mexico, ahora editado por el Fondo de Cultura Económica, lo llevé a conocer la hacienda de Coahuixtla, en la que todavía son visibles los restos de las vigas de madera quemada, pues fue incendiada por los zapatistas. Recuerdo que Jonathan elogió los mangos petacones que compró en una tiendita frente a las ruinas de la hacienda. Dos o 3 kilómetros más adelante está Anenecuilco, la aldea donde nació Emiliano Zapata y, unos kilómetros al Sur, Chinameca, donde fue asesinado a traición. Hoy toda esta zona, todas las poblaciones de la región, viven otra vez una gran tensión: el gobierno perredista y el federal preparan otra represión contra los campesinos, ahora, para quitarles el agua que necesitan para poner en operación dos plantas eléctricas que funcionarán con gas importado de Perú. En esta nota intentaremos explicar cómo otro episodio de la llamada modernización de México podría culminar en otra matanza. La esperanza que tengo al escribir esta nota es que han surgido indicios de que el liderato morelense podría unirse en un gran frente único y detener a los asesinos.

El sistema de riego Los Apantles

En Coahuixtla existe un sistema de riego que, a lo mejor estoy equivocado pero, funciona desde tiempo inmemorial; lo llaman Los Apantles. Son canales que corren siguiendo la banqueta de algunas calles. El sistema es administrado por la propia comunidad para que se distribuya en sus parcelas. El agua permite, incluso a propietarios de 1 sola hectárea, cosechas de cebolla, tomate u otros cultivos que trasladan a la Central de Abastos, en la capital y, a pesar del coyotaje, algunos agricultores hasta obtienen algunos pesos.
Hace años que se inició en México la expansión del negocio de gas natural importado: desde finales de la década de 1990 comenzó con el fallido proyecto de reconversión a gas del parque vehicular del Gobierno del Distrito Federal, luego constatamos el crecimiento, en algunas colonias, de la red de ductos de gas natural para uso doméstico; con Marcelo Ebrard vimos cómo rompieron kilómetros de calles para favorecer a las empresas españolas.

En el sexenio de Felipe Calderón llegó el turno de la expansión del negocio a Morelos.

Sólo un gobierno tan obtuso como el de Calderón pudo aprobar, en una zona de tan intenso sol –en donde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha desarrollado exitosos programas de expansión de celdas solares–, la construcción de dos nuevas plantas para generar electricidad con gas importado, que ahora, cuando están a punto de arrancar operación, nos salen con la sorpresa de que les es indispensable el agua de Los Apantles, porque las turbinas de los españoles necesitan enfriamiento.

Termoeléctrica sólo usaría 3 por ciento del agua disponible

El gobierno engañó a la población. Todavía en 2014, Juan Carlos Valencia Vargas, un funcionario de un organismo equivalente a la Comisión Nacional del Agua en Morelos, juraba que no habría afectaciones; explicaba que se disponía de casi 8 mil litros por segundo y la termoeléctrica solo requería 220 litros por segundo, es decir, sólo el 3 por ciento del agua sería utilizada; incluso el funcionario acusó a “gente malintencionada” de propagar rumores.

Fue otra traición del gobierno. La comunidad sólo percibió la amenaza cuando empezaron el traslado de la tubería. Es uno de los rasgos de la modernización a la mexicana, que preludia lo que ocurrirá en el caso de que se descubra petróleo con los nuevos contratos privados de la reforma petrolera.

¿Por qué fue incendiada la Hacienda de Coahuixtla?

Es curioso caminar por las calles de Coahuixtla. Todas tienen nombres de firmantes del Plan de Ayala. Apenas se cruza el puente, aparece el mercado llamado Torres Burgos, un firmante del famoso Plan, tan citado y tan mal leído. Siguiendo las curvas de la calle principal, se pasa por casuchas en donde se refugió Zapata; otras en las que estuvo escondido Rubén Jaramillo, otro legendario líder campesino también asesinado en otra típica traición del Ejército. Al final del caserío, cerca de otro puente, hay una cantina llamada El Almacén, en cuyas paredes había retratos de Eufemio, el hermano del guerrillero, pero el edificio más impresionante son las ruinas de la llamada Hacienda de Coahuixtla. Realmente no era una hacienda, sino un ingenio azucarero y fábrica de aguardiente y otros productos de la caña de azúcar. Hace años todavía podían verse tramos de las vías del ferrocarril que un tiempo unieron a Coahuixltla, vía Veracruz, con los mercados internacionales del azúcar.

Los zapatistas se sublevaron contra esa modernización porfirista y en 1913 quemaron la fábrica: preferían mantener sus tierras y sus cultivos tradicionales.

Ahora, lo poco que queda de actividad agrícola, enfrenta una ofensiva similar a la del porfiriato: la amenaza del despojo del agua es un problema de sobrevivencia. Por eso están realizando un plantón y han detenido la instalación de la tubería con la que pretenden llevarse el vital líquido.

Un dato muy interesante es que uno de los líderes de la resistencia es don Jorge Zapata, nieto de Emiliano.

Jorge Zapata y Gregorio González del Comisariado Ejidal

Jorge Zapata ha declarado a la prensa que el poder político no puede abusar, destrozar o devastar regiones enteras que le pertenecen a la gente que habita en ellas; Gregorio Cortés, presidente del Comisariado Ejidal de Anenecuilco, Morelos, aseguró que más de 6 mil campesinos están dispuestos a iniciar cualquier tipo de lucha para “defender su derecho a vivir”.

Es notable que el mismo Comisariado Ejidal responsabilizó “al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y al gobierno de Graco Ramírez de cualquier daño o atentado a la vida o patrimonio que sufran los ejidatarios que están en contra de los megaproyectos”.

Modernización y violencia

Estas advertencias sobre la violencia obedecen a las evidencias de que los españoles quieren imponerse por la fuerza. En un atentado que, a la fecha, no ha sido aclarado, un hijo de don Jorge Zapata y otras personas resultaron lesionadas; la construcción de la termoeléctrica se realizó mezclando entre los obreros grupos de choque, armados con garrotes. Es la modernización al costo que sea; el progreso avanzando a sangre y fuego, como en las elecciones actuales, donde la prensa informa que algunos candidatos a simples diputados están haciendo campaña hasta con 10 guardaespaldas, es decir, en algunos distritos, hay hasta 10 policías comisionados para proteger a los candidatos (La Jornada, 7 de abril de 2015).

El pasado 18 de marzo, más de 150 elementos de la Policía Estatal y de la Policía Federal, así como 30 miembros del Ejército, ingresaron a San Pedro Apatlaco junto con las máquinas de la empresa Turbomex, subcontratada por los gachupines para reiniciar los trabajos del acueducto. Parecía que la masacre se desataría en cualquier momento.

Pero de alguna parte del sistema político mexicano vino la orden de suspender, acaso sólo por unos días, el siniestro operativo.

El pasado mes de abril se efectuó en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) una amplia reunión en la que estuvieron dirigentes sociales y campesinos del estado, los líderes del movimiento de Coahuixtla e intelectuales de la talla de Javier Sicilia, actual director de Extensión Universitaria de la UAEM. La reunión abrió algunas posibilidades de que pudieran negociarse algunas salidas que no signifiquen la pérdida del agua para el Valle de Amilpas como se denominaba a la región.

Abasto de gas peruano no es sostenible

Es necesario reforzar el estudio geológico y económico del problema. Es un grave error construir termoeléctricas en Morelos, ya que a la fecha se ha informado muy poco que las importaciones de gas de Perú no son sostenibles.

El gas peruano que está entrando por la regasificadora de Manzanillo es muy caro; proviene de un campo llamado Camisea, y llega a la costa de ese país por un ducto en tierra de más de 700 kilómetros, a lo que hay que añadir los fletes del transporte en metaneros y los de la regasificación; el negocio sólo pudo sostenerse por una transa por la que los pobres peruanos recibían una regalía ínfima de unos cuantos centavos de dólar por cada millar de pie cúbico de gas, cuando el nuevo gobierno de ese país se enteró comenzaron arduas renegociaciones; en el curso de esas dificultades Repsol vendió apuradamente sus activos.

Lo más grave es que investigaciones recientes de geólogos peruanos han revelado que las reservas del campo Camisea fueron sobrevaloradas. El Colegio de Ingenieros de Perú afirma que la capacidad de producción no garantiza el cumplimiento de los contratos de exportación; el actual gobierno de Perú prefiere vender en el mercado japonés y quizá optó por los envíos a la terminal de Manzanillo, en Colima, México, porque está recibiendo un precio similar al del mercado asiático.

Todo lo anterior apoya la hipótesis de que muchos gasoductos, tanto los de Calderón como los de Enrique Peña, corren el riesgo de quedar como elefantes blancos, por insuficiencia de oferta regional o por problemas de costo, si se acude a mercados muy distantes geográficamente.

La incorporación de la UAEM a la búsqueda de alternativas ante la situación actual, acaso podría señalar las múltiples oportunidades del estado de Morelos para desarrollar su enorme potencial en otros tipos de energías; por ejemplo, disfruta de una insolación diaria, promedio, de las más altas del mundo, como han señalado Rubén Dorantes, Roberto Best, Islas Samperio, Claudio Estrada y otros autores miembros del Consejo Nacional de Universitarios.

Un debate racional podría mostrar a la sociedad morelense que hay múltiples alternativas y no sólo los dudosos negocios de personajes de la picaresca que creen que los cargos púbicos son sólo para realizar negocios privados.

Fabio Barbosa*
*Investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
[OPINIÓN]

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 Contralínea 437 / del 18 al 24 de Mayo 2015

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