Nuevo tipo de contratos intenta garantizar el “éxito” de la reforma energética

Nuevo tipo de contratos intenta garantizar el “éxito” de la reforma energética Más beneficios para las industrias a costa de las propiedades comunales y ejidales. El diseño de los nuevos modelos de negocio, al margen de lo que aprobó el Poder Legislativo en la reforma energética
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Salarios miserables para 82 por ciento de trabajadores

30. septiembre, 2014 Autor: Marcos Chávez * @marcos_contra    Capitales

Apenas se propuso un aumento al salario mínimo –raquítico, intrascendente– se desató una andanada de declaraciones de funcionarios del gobierno federal para pronosticar una catástrofe económica ante tal posibilidad. Lo cierto es que el modesto aumento sólo pretendía “beneficiar” a 7 millones de mexicanos que ganan el salario mínimo. Ni siquiera se planteaba un beneficio directo a los salarios contractuales, es decir, aquellos que están por encima del mínimo y hasta 9 mil pesos mensuales, monto insuficiente para comprar la canasta alimentaria y no alimentaria y los cuales son percibidos por el 82 por ciento de las personas ocupadas: 40.6 millones. El cinismo de los defensores de la permanencia de salarios miserables los lleva a decir que lo que perciben los trabajadores por su mano de obra es un asunto de caridad, altruismo o filantropía, y no de justicia

Marcos Chávez M*

Y en los ojos de los hambrientos hay una ira creciente. En las almas de las personas las uvas de la ira están engordando y se vuelven cada día más pesadas, listas para la vendimia

John Steinbeck, Las uvas de la ira

Como se esperaba, la respuesta del peñismo y de los grupos oligárquicos al acuerdo nacional convocado por Miguel Ángel Mancera Espinosa fue el rechazo, pese a que la propuesta salarial del jefe de gobierno capitalino es tímida. Aun cuando el radicalismo no es su norma ideológica, política y socialmente justiciera, Mancera carece de ella, al igual que lo que se llama izquierda civilizada uncida al sistema político autoritario mexicano.

La iniciativa de Mancera Espinosa no propone eliminar la férrea ley de bronce impuesta desde 1983 por los neoliberales al conjunto de las categorías salariales. No aspira a que el aumento que sugiere sea extensivo a los salarios contractuales. Quizá porque suponga que, de momento, los trabajadores que reciben ese ingreso no lo necesitan en la proporción que busca que se eleven las percepciones mínimas, ya que, acaso, la pobreza no es tan degradante como la miseria. O porque, astutamente, piensa que por algún lado tiene que empezarse a doblegar la razón neoliberal antisocial, y la mejor manera es iniciar con los ingresos del submundo de los subhumanos que perpetúan la indigencia, con el objeto de homologarlos en el escalón de la pobreza de los contractuales, nivel en donde, de todos modos, no podrán satisfacer sus necesidades esenciales.

En la realidad, las diferencias entre los salarios contractuales y los mínimos son cuantitativas. Supuestamente, aquellos obtienen mejores ingresos porque, en contraste con éstos que son fijados por decreto, se negocian “libremente” entre sus sindicatos –la mayoría controlados por la estructura corporativa del Estado y los patronos, y los pocos independientes que quedan se encuentran diezmados, a la defensiva– y los empresarios. Y sus aumentos dependen de la fuerza de sus organizaciones, la situación de la economía y las empresas, la “productividad” o la “competitividad”. Pero si se consideran los resultados obtenidos, sus incrementos muestran sus ataduras de las variaciones de los salarios mínimos, del sindicalismo oficial y de las adversidades económicas y laborales. Entre 1983 y 2014, periodo que comprende el ciclo neoliberal, los salarios contractuales apenas lograron un aumento de 2.37 puntos porcentuales, en promedio, por encima de los mínimos; con el panismo (2001-2012) la diferencia fue de 0.26 puntos, y con el peñismo (2012-2013) de 0.14 puntos, según datos del Banco de México.

Tampoco busca un acuerdo para recortar a la mitad las remuneraciones (salarios y prestaciones) del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, o en un porcentaje significativo, y cuyos montos actuales son insultantes para el 82 por ciento de las personas ocupadas (40.6 millones de 49.5 millones) que reciben hasta cinco veces el salario mínimo (328 pesos diarios, o 9 mil 837 mensuales). Cantidad insuficiente para adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria (transporte público, limpieza, cuidados de la casa y personal, educación, cultura, recreación, vivienda y salud, prendas de vestir y calzado, entre otros bienes y servicios) para escapar de las cloacas de la miseria y la pobreza, pese a que el humor negro del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que estima la “líneas de bienestar” por persona, es decir, de las dos canastas, en 53.46 diarios para las zonas rurales y en 84.22 pesos en las urbanas, o en 1 mil 603.66 pesos y 2 mil 526.49 pesos mensuales, respectivamente.

Estadísticamente esa elite, sierva de la oligarquía, forma parte del 6.7 por ciento (3.3 millones) de las personas que ganan más de cinco veces el salario mínimo. En sentido estricto, integra el club selecto del 1 por ciento, el 0.1 por ciento, o el 0.000006 por ciento. Esa minoría que el occupy Wall Street (ocupa Wall Street), el Movimiento 15-M o movimiento de los indignados y otros descontentos del colapso sistémico de la “globalización” de 2008 acusaron de tomar las decisiones socioeconómicas y políticas en contra de los intereses de inmensa mayoría de la población, mientras salvaguardaban sus intereses personales.

Las miras de Miguel Ángel Mancera son modestas. Únicamente pretende distender la ley de hierro de los salarios mínimos, calificada por el politólogo Robert Michels como “la ley de hierro de la oligarquía”, o la “ley de bronce económica” (das echerne ökonomishe gesetz), según el socialista Ferdinand Lassalle, quien en 1863 la comparó con las leyes talladas en placas de bronce. David Ricardo, uno de los padres fundadores de la economía burguesa, decía –en su trabajo Iron law of ages, de 1817– que los salarios tienden “naturalmente” hacia el mínimo necesario para cubrir las necesidades de subsistencia de los trabajadores. Para Carlos Marx simplemente la “naturalidad” ricardiana es un proceso social. Es un conflicto de clases. Es parte de la guerra económica entre la burguesía y el proletariado que se manifiesta en la pugna por el reparto del excedente económico generado, en la reducción o el aumento de los salarios o las ganancias capitalistas.

¿Cuál es el “mínimo de subsistencia”? Marx dice: al igual que cualquier otra mercancía, “el valor de la fuerza de trabajo se determina por la cantidad de trabajo necesaria para su producción. Para poder desarrollarse y sostenerse, un hombre tiene que consumir una determinada cantidad de artículos de primera necesidad. Pero, al igual que la máquina, se desgasta y tiene que ser reemplazado por otro”, por lo que “necesita otra cantidad para criar determinado número de hijos, llamados a reemplazarle a él en el mercado de trabajo y a perpetuar la raza obrera”. Asimismo, “es preciso dedicar otra suma de valores al desarrollo de su fuerza de trabajo y a la adquisición de una cierta destreza, en su educación y perfeccionamiento”.

Marx agrega: “el coste de producción de fuerzas de trabajo de distinta calidad es distinto, tienen que serlo también los valores de la fuerza de trabajo aplicada en los distintos oficios. Por tanto, el clamor por la igualdad de salarios descansa en un error, es un deseo absurdo, que jamás llegará a realizarse. Es un brote de ese falso y superficial radicalismo que admite las premisas y pretende rehuir las conclusiones. Sobre la base del sistema del salario, el valor de la fuerza de trabajo se fija lo mismo que el de otra mercancía cualquiera; y como distintas clases de fuerza de trabajo tienen distintos valores o exigen distintas cantidades de trabajo para su producción, tienen que tener distintos precios en el mercado de trabajo. Pedir une retribución igual, o simplemente una retribución equitativa, sobre la base del sistema del salariado, es lo mismo que pedir libertad sobre la base de un sistema esclavista. Lo que pudierais reputar justo o equitativo, no hace al caso…”

Pero una cosa es el valor de la fuerza de trabajo y otra el salario, el precio que se le paga a un trabajador por explotar su fuerza de trabajo –que es la única que crea riqueza– por un determinado tiempo. Al margen de que el sueldo sea o no suficiente para que un individuo pueda adquirir los productos básicos para su subsistencia y la de su familia, para capacitarse, reproducirse, entretenerse.

El salario mínimo legal no es una obra de la caridad capitalista. Se estableció por primera vez en Australia en 1894 como consecuencia de las movilizaciones obreras, a menudo violentamente reprimidas. De esa misma manera, los trabajadores lograron obtener la jornada laboral de 8 horas (recuérdese la revuelta de Haymarketurante de 1886, en Chicago), la mejoría de las condiciones laborales y otras prestaciones sociales.

El llamado Estado de bienestar, con el cual se trata vanamente de presentar a la explotación capitalista con el bienestar social y la democracia, antítesis genéticamente imposible, trata garantizar un salario mínimo, complementado con un ingreso básico, al margen del valor del precio de la fuerza de trabajo y de su patrimonio, y un nivel de seguridad social universal, sin distinción de clase y renta (salud, educación, pensiones, vivienda). Con su participación en la distribución del ingreso, por medio de una política fiscal progresiva (altos impuestos a los que más ganan) y el gasto social, el Estado buscaba legitimar al sistema y desalentar los ímpetus revolucionarios de los trabajadores.

El réquiem por los salarios y los asalariados

El artículo 3 del Convenio sobre la Fijación de Salarios Mínimos 131, de 1970, de la Organización Internacional del Trabajo, señala que “para determinar” su nivel “deberían incluirse, en la medida en que sea posible y apropiado, de acuerdo con la práctica y las condiciones nacionales, las necesidades de los trabajadores y de sus familias, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales” y “los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo”. El artículo 2 reza que “los salarios mínimos no podrán reducirse” y que “se respetará plenamente la libertad de negociación colectiva” (www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C131).

Los artículos 7 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, del 3 de enero de 1976, consideran un derecho fundamental de los trabajadores y sus familias a una remuneración mínima que les permita un nivel de vida digna, en términos de alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua en las condiciones de su existencia, en la seguridad y la higiene en el trabajo, el descanso o el disfrute del tiempo libre (www2. ohchr.org/spanish/law/cescr.htm).

En los artículos 14, 16 y 17 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Organización de los Estados Americanos, de 1948, se lee que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, una remuneración que le asegure un nivel de vida digna para sí y su familia, a la seguridad social que le proteja del desempleo, la vejez y la incapacidad, al descanso, la honesta recreación y el uso de su tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico (www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp).

En el apartado A, fracción VI, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dice que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos” (http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/250/124.htm).

En los artículos 90, capítulo VI, y 94 de la Ley Federal del Trabajo se agrega que una comisión la Comisión nacional de los salarios mínimos (Conasami), integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, se encargará de proteger la capacidad adquisitiva del salario mínimo y facilitar el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.

Al justificar la legalización del salario mínimo, el 17 de agosto de en 1934, Abelardo Rodríguez invocó la necesidad de “elevar el estándar de vida de las clases laborantes, pues he sustentado el criterio de que no sólo pesa sobre el hombre la obligación de trabajar, sino que también tiene un derecho indiscutible a percibir un salario que le permita satisfacer sus necesidades, tanto las más apremiantes como aquéllas que lo capaciten para acrecentar su cultura y desenvolver su existencia progresivamente, hasta que no haya un solo trabajador que desconozca el disfrute de una vivienda confortable, de una comida nutritiva y de una indumentaria que lo proteja de las inclemencias del tiempo”.

¿Y qué ha sucedido con el seductor catálogo de buenas intenciones sociales? El diluvio neoliberal arrasó todo.

El fin de la “edad dorada del capitalismo”, la crisis del keynesianismo y la estanflación internacional de la década de 1970, el triunfo de la contrarrevolución neoliberal thatcheriana-reaganiana que se impuso como el credo económico dominante en la siguiente década, el derrumbe del socialismo realmente inexistente y el colapso sistémico de 2008, devastaron el estado de bienestar, las conquistas del trabajo (la “flexibilidad” laboral) y los salarios nominales y reales. La concentración del ingreso y la riqueza y la miseria y la pobreza se acentuaron con las nuevas formas de acumulación salvaje de capital.

Los neoliberales mexicanos, de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto, de Pedro Aspe a Luis Videgaray, se han encargado de vaciar el contenido social de la Constitución mexicana y de los acuerdos internacionales asumidos, ante el imperativo de las nuevas reglas de la acumulación capitalista. Además, le enmendaron la plana a David Ricardo. Lograron que la tendencia “natural” del salario mínimo se ubicara por debajo de las necesidades de subsistencia, en el nivel de muertos de hambre.

El desplome de los salarios reales ha sido inducido como forma para redistribuir y concentrar el ingreso y la riqueza, contener la inflación y mejorar la competitividad económica. Esa situación no es un caso aislado. Va acompañado de la contrarreforma laboral, la privatización-mercantilización de los fondos de pensión, la educación, la salud o la vivienda, el gasto público social asistencialista.

Los bajos salarios no son un problema para los neoliberales, salvo cuando se convierte en un problema social. Pero para contrarrestarlo sustituyeron la difusa seguridad social de los trabajadores y de la población por los programas caritativos temporales (sexenales), diseñados para atender las necesidades inmediatas de los marginados. Sin modificar las políticas públicas ni la estructura económica causantes de la exclusión, se busca que su vida sea más llevadera, compensándoles sus carencias.

El altruismo neoliberal descansa en un par de supuestos: la desigualdad social, la existencia de ricos, pobres y miserables son fenómenos “naturales” que siempre existirán; la marginación es una cuestión subjetiva, producto de la falta de voluntad de la población afectada por salir de su trágica situación e integrarse al sistema.

Nadie, empero, debe engañarse. La filantropía no es gratuita. Es un medio de control de varias bandas, destinado a desalentar las conductas sociales y morales indeseables de los beneficiados; suscitar una adicción a la caridad; legitimar los valores sociales y al sistema excluyente; asegurar su mancipación política; tranquilizar a las conciencias de los burgueses gentiles hombres. La mano caritativa normalmente es complementada con la mano dura.

La respuesta del Banxico

Sin buscar el respaldo popular, posiblemente la propuesta de Mancera quede en el imaginario colectivo como una broma.

No obstante, las respuestas de los neoliberales peñistas dejan en claro que no tienen programado cambiar la política salarial, mientras nadie los obligue por la fuerza, porque no dejan otra salida.

Por ello, tratan de aterrorizar a los trabajadores con las supuestas plagas capitales que llegarían con los aumentos salariales, en las magnitudes aventuradas por Mancera.

Al gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, le correspondió dar las pinceladas “técnicamente” apocalípticas, según los cánones del rancio monetarismo friedmaniano. A su juicio, un aumento “no económico” al salario mínimo es perjudicial ya que puede provocar tres reacciones “indeseables”: 1) inflación: las empresas trasladarán a los precios finales el pago adicional a los trabajadores, lo que implicará la “derrota” en el “objetivo de aumentar el salario real de las personas”; 2) desempleo: las empresas que no pueden trasladar dicho costo a los precios optarán por despedir a trabajadores o no contratarán nuevos empleados; 3) informalidad: algunos patronos evadirán el nuevo salario mínimo para no pagar la prestación de la seguridad social.

Lo mejor para Carstens es que el salario camine de la mano con la productividad y olvidarse de los disparates del doctor Mancera.

Diletante de la monserga económica de los Chicago Boys, al cabo apenas es un humilde abogado, Alfonso Navarrete, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hizo señalamientos más casquivanos que los de Carstens: los aumentos deben llegar cuando “maduren” las reformas y el país crezca más de 2.4 por ciento. Sin cumplirse esas condiciones, el alza “seria inflacionario”. Luego agitó el espantajo: México ya vivió el horror de las mejoras salariales divorciadas del crecimiento, lo que generó la inflación, que “destruyó el 75 por ciento del poder adquisitivo de los trabajadores en 30 años”, desempleo e informalidad. Después de esa insensatez dijo que “no está buscando pleitos, sino orientar el debate público”. Si Navarrete tenía que hablar, aunque no tuviera nada que decir sensatamente, a su chalán de la Secretaría, Rafael Avante le ocurrió lo mismo. Él prefirió invocar otros insensatos y manidos recursos: no “politizar” el tema; discutirlo con los factores por las vías institucionales (la Conasami); ajustar el mínimo con la productividad.

Basilio González, de la Conasami, fue más patético: desvincular el salario mínimo empleado como unidad de medida y crear un instrumento sustituto le resulta enfadoso, ya que tendrían que modificarse 145 leyes y 871 artículos. Y él soporíficamente apoltronado. ¿Para qué molestarse en minucias?

El Consejo Coordinador Empresarial, regenteado por Gerardo Gutiérrez, anuncia que lo peor que podría hacer el gobierno es decretar aumentos de 10, 20 o 30 por ciento a los salarios mínimos en 1 año, como se hizo durante el sexenio 76-82, ya que “junto con otras acciones de alquimia económica, que pretendían esquivar la lógica de los mercados, sólo se logró un crecimiento efímero, que a la postre derivó en crisis y dolorosos ajustes para afrontarlas”. Para que haya un incremento a los salarios y mayores empleos se requieren dos factores: estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido. Luis Foncerrada, economista y director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, sostiene “que si el alza es sólo para quienes ganan un salario mínimo, [éste sólo] repercutiría en un punto porcentual en la inflación; pero si se contagian los salarios medios, la inflación será hasta de 8 por ciento”. Ergo: hay que evitar el riesgo del contagio para despertar a la bestia inflacionaria.

La conclusión es obvia: los trabajadores que reciben el salario mínimo deben aceptar los aumentos nominales que decrete el gobierno y esperar resignadamente que algún día recuperen su máximo histórico de 1976, proceso que podría acelerarse con los pagos adicionales por la productividad. En caso contrario, caerán sobre de ellos las maldiciones capitales: más inflación y la pérdida del poder de compra que quisieron recuperar por la vía falsa del decreto; más desempleo, más informalidad; más pobreza y miseria.

Si se mide el salario real por la inflación de fin de cada año, entre 2000 y 2014, su poder de compra mejoró estadísticamente 0.17 por ciento cada año. Aunque el trabajador no lo crea y mucho menos lo registre en sus cada vez más miserables bolsillos. Si mantuviera en el futuro esa modesta recuperación, es posible que poco antes de 2850 el salario mínimo real sea similar al de 1976. El trabajador actual debe de tener un poco de paciencia y, sobre todo, no tener el mal gusto de morirse antes de tiempo. Si recibiera 2 puntos porcentuales más en su salario por la productividad, entonces quizá sólo sea necesario esperar hacia el 2400 para regocijarse con el milagro.

El problema se complica si al salario nominal se le descuenta el precio de la canasta básica para determinar su poder de compra real. Porque la aparente mejoría de 0.17 por ciento anual se convierte en una pérdida similar; y por desgracia el beneficio de la productividad no aparece por ningún lado.

Como cancerberos del orden neoliberal establecido y con las remuneraciones que se otorgan, los peñistas pueden darse el lujo de ironizar groseramente con los asalariados. En el cuadro anexo puede verse algunos de sus ingresos y compararlos con los salarios mínimos.

La remuneración neta diaria de Enrique Peña Nieto (incluye el salario y las remuneraciones, descontando los impuestos pagados) equivale a 72 salarios mínimos; las de Videgaray a 74; la de Navarrete Prida a 71; la de González Núñez a 62; La de Carstens a 118; la de los subgobernadores del Banxico a 112 veces. Puede decirse que las responsabilidades de tales funcionarios justifican sus percepciones y su diferencial con el ingreso recibido por un trabajador de salario mínimo. Pero eso no justifica su negativa a evaluar seriamente la manera en que se podría iniciar la recuperación del poder de compra de los ingresos de los estratos más bajos de la población.

Sus compensaciones resultan insultantes. ¿Acaso no lo es, por ejemplo, la “ayuda para despensa” del gobernador (26 mil 281pesos mensuales) y los subgobernadores (24 mil 931 pesos) del Banxico, luego de sus percepciones ordinarias mensuales (346 mil 578 pesos y 328 mil 775 pesos, en cada caso)? Sobre todo si se consideran otros apoyos que reciben. Lo que reciben por 1 mes de despensa equivalen a lo que gana en 13 meses un trabajador de salario mínimo.

En el cuadro 2 se comparan los salarios de varios presidentes americanos, medido en dólares estadunidenses, y su equivalencia con los salarios mínimos nacionales, también medido con la moneda estadunidense. Enrique Peña Nieto es el mejor pagado, después de Obama. El ingreso de Peña (15.7 mil dólares mensuales) contrasta aún más si se compara con el del uruguayo José Mujica (12.5 mil dólares), quien dona el 90 por ciento para un programa de viviendas. Mujica sostiene que puede vivir con 1 mil 250 dólares.

Los argumentos empleados por los peñistas para negar un aumento de 23 por ciento al salario mínimo en 2015 como propone Miguel ángel Mancera son puras falacias. Nunca muestran estimaciones sobre el peso relativo del salario mínimo sobre la estructura de costos de las empresas, ni en cuánto se elevarían los precios. Faltan a la verdad cuando señalan que los salarios son los responsables de la inflación pasada, pues sus alzas sólo fueron para compensar la pérdida ocasionada por los mayores precios. Saben que la inflación fue producto de las crisis devaluatorias, de su componente importado, de los precios públicos, de los empresarios. El desempleo y la informalidad son producto de tales crisis y de la incapacidad estructural de la economía para generar los empleos demandados. Los trabajadores informales y los que dejaron de buscar un empleo abandonaron el mercado laboral formal porque simplemente no encontraron nada. Ellos son víctimas no victimarios. Los responsables son los gobiernos priístas-panistas, los empresarios y su modelo neoliberal.

Marcos Chávez M*

*Economista

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Investiga UIF al gobernador Borge Angulo

28. septiembre, 2014 Autor: Miguel Badillo * / @badillo_contra    Oficio de Papel 

Las agresiones, amenazas e intimidaciones que enfrenta desde hace varios meses el equipo de periodistas del semanario Luces del Siglo, que se edita en Quintana Roo, es sólo una muestra del autoritarismo y abuso de poder con los que maneja ese estado el joven gobernador priísta Roberto Borge Angulo.

Lo que sucede a los trabajadores de esa casa editorial, que dirige el periodista Agustín Ambriz, es un ejemplo más de las múltiples dificultades que enfrentan muchos colegas que ejercen el periodismo en diversos estados de la República, en donde no sólo están bajo las amenazas de la violencia que representa las actividades del crimen organizado, sino que también tienen que padecer a los cárteles políticos que la mayoría de las veces son más peligrosos que las mismas bandas delincuenciales.

Ante tal clima de violencia en contra de Luces del Siglo, la semana pasada un juez federal ordenó al gobernador Borge Angulo “se abstenga de elaborar, difundir, distribuir y circular portadas o ejemplares apócrifos de ese semanario”, debido a que en los últimos meses clonaron 38 veces esa publicación política para confundir a sus lectores, al cambiar su sentido crítico editorial y convertirla en una revista promotora de las obras del mandatario estatal.

Mediante una suspensión provisional de amparo solicitada por el director general de la publicación, el juez valoró las pruebas y consideró que la revista había sido clonada para aparentar un cambio en su línea editorial, crítica al gobierno de Borge Angulo. Luces del Siglo es un semanario de corte político que se edita en el municipio de Benito Juárez (Cancún) y mantiene una línea crítica de la administración pública local, lo que le ha valido una serie de agresiones al medio y sus colaboradores.

La última clonación digital ocurrió el lunes 22 de septiembre; y la clonación impresa el pasado 9 de septiembre, cuando supuestos empleados de la revista repartieron los falsos ejemplares de Luces del Siglo a los invitados que asistieron al Tercer informe de gobierno de Roberto Borge. La edición falsa hablaba de los supuestos resultados cumplidos por el mandatario en los 3 años que lleva su gestión, mientras que la versión original denunciaba precisamente la carencia de resultados en la administración estatal.

Investiga UIF a Borge Angulo

¿Pero quién es este priísta que muy joven alcanzó la gubernatura de ese estado sureño? En los archivos de la Procuraduría General de la República (PGR) aparece un expediente (UEIORPIFAM/AP/093/2010) del gobernador Roberto Borge Angulo, abierto en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, por el delito de lavado de dinero, previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.

Dicha acusación, formulada por el Ministerio Público federal en 2010, cuando el gobierno federal estaba a cargo de una administración panista, fue contra Borge Angulo y quienes resulten responsables, de acuerdo con el acta circunstanciada 234/FEPADE/2009, la cual fue elevada a categoría de averiguación previa el 10 de noviembre de ese mismo año y se le asignó el número 284/FEPADE/2009.

De acuerdo con una investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue elaborado el reporte de análisis de operaciones UIF/PGR/075/2009, incluido en el oficio 110/F/241/2009 firmado por el director general adjunto de Procesos Legales de la UIF, Alberto Elías Beltrán, en donde se afirma que el ahora gobernador de Quintana Roo recibió dinero en efectivo en su cuenta bancaria por 3 millones 895 mil 290.74 pesos, de los cuales 2 millones 98 mil pesos correspondieron a 20 depósitos y 1 millón 697 mil 585 pesos por la venta de dólares.

El documento “confidencial” de la UIF establece que Roberto Borge Angulo nació el 29 de diciembre de 1979 (está por cumplir 35 años de edad) y cuando se abrió la investigación en su contra era candidato a diputado federal por el Primer Distrito de Quintana Roo por la Alianza Partidista Primero México.

La indagatoria en su contra arrancó cuando el banco HSBC emitió un reporte de operación inusual el 28 de diciembre de 2004, cuando Borge Angulo tenía apenas 25 años de edad y era secretario particular del entonces diputado federal Félix Arturo González Canto, de quien también fue asesor de su campaña para la gubernatura de Quintana Roo.

Las sospechas contra Borge fueron porque en menos de 3 meses hicieron depósitos en su cuenta bancaria personal número 6163617203, por casi 4 millones de pesos en efectivo, lo cual según la UIF nunca pudo comprobar que dichos ingresos tuvieran origen lícito.

El documento oficial señala que “Roberto Borge Angulo recibe recursos en efectivo y por venta de dólares americanos [sic] que del periodo analizado del 1 de septiembre de 2004 al 23 de noviembre de 2004, tiene 27 depósitos por un monto total de 3 millones 895 mil 290.74 pesos, de los que 20 depósitos sólo en efectivo por la cantidad de 2 millones 98 mil pesos y 1 millón 697 mil 585 pesos por la venta de dólares americanos [sic]”.

Además, la UIF explica que, de acuerdo con otros reportes de operaciones relevantes en la misma cuenta bancaria de Borge Angulo, que operó entre marzo de 2003 y diciembre de 2006, tuvo depósitos en efectivo superiores a lo equivalente a 10 mil dólares estadunidenses por la cantidad de 1 millón 580 mil 840 pesos.

A pesar de las pruebas aportadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la PGR determinó el 13 de julio de 2011 el “no ejercicio de la acción penal” en contra de Roberto Borge Angulo, bajo el argumento de que los depósitos en efectivo que hizo a su cuenta de HSBC por casi 4 millones de pesos en un lapso menor a 3 meses, Hacienda “no acreditó fehacientemente que dichos depósitos a las cuentas bancarias del contribuyente constituyeran ingresos acumulables […] y era necesario que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hubiese hecho alguna compulsa con terceros para determinar el origen de los depósitos”.

En el IPN, ¿estudiantes o usuarios?

La crisis estudiantil que enfrenta el Instituto Politécnico Nacional (IPN) desde la semana pasada –y que inició con el paro de labores en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Zacatenco, en repudio a la que sería la inminente aprobación de un nuevo plan de estudios– es apenas una muestra de los problemas que enfrenta la institución académica.

Y es que las dificultades no se reducen a la aprobación, que finalmente se dio la madrugada del pasado 24 de septiembre. En entrevista, la líder del Sindicato de Trabajadores del IPN, Rosa María Ayuso, asegura que el modelo educativo vigente –que impulsó el exdirector Enrique Villa Rivera durante su gestión, y que continuó Yoloxóchitl Bustamante– ha sido un fracaso total.

Según la lideresa, ejemplo de ello es que en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas se tiene registro de, al menos, 12 mil alumnos reprobados, porque el modelo educativo obliga a los estudiantes a asistir a clases por la mañana y por la tarde, situación que no todos pueden cumplir porque trabajan.

La académica explica que los nuevos modelos educativos pretenden crear generaciones de técnicos y dejar de lado a los profesionistas. También indica que las escuelas de ingeniería y medicina están en crisis: mientras que en las primeras se busca eliminar las materias de matemáticas y topografía, en las segundas se está presentando hasta un 75 por ciento de reprobación.

Respecto de los nuevos planes de estudio, dice que buscan reducir el número de horas de estudio, al punto de desaparecer 2 semestres, tanto en licenciaturas como en ingenierías.

La titular del Sindicato de Trabajadores del IPN denuncia que, a la par, los académicos enfrentan un clima de constante acoso laboral. Uno de los casos más graves, asegura, es el de los posgrados, donde se estaría reduciendo injustificadamente el presupuesto.

 “Toda la investigación en el área de posgrado está en el abandono”, afirma. En esta administración no se han contratado más investigadores, motivo por el cual la plantilla no rebasa los 1 mil 100. Según Ayuso, hay académicos, investigadores y trabajadores que habrían dejado de percibir sus ingresos hasta por 6 meses.

Por ello, lo que sucede ahora con la comunidad estudiantil podría ser sólo el inicio de un conflicto mayor, que llegue a involucrar a toda la comunidad politécnica.

Como lo informó Contralínea desde finales de 2010, el proyecto educativo que impulsa la directora del IPN podría incluso desmantelar al Instituto para convertirlo en un centro privado de capacitación técnica al servicio de las trasnacionales.

El trabajo de la reportera Flor Goche, publicado en la edición 207 (del 7 de noviembre de 2010) reveló que el Proyecto de Reglamento General de Estudios (PRGE), impulsado desde mayo de 2010, incorpora términos como “servicios educativos”, con lo que transforma a los alumnos en “usuarios de servicios educativos”.

Las telenovelas del Canal Once

Y mientras los académicos sindicalizados denuncian ausencia de presupuesto para el área de investigación, el IPN destina sumas millonarias para coproducir telenovelas en el Canal Once, que nada tienen que ver con la televisión cultural.

Así, guapas y talentosas actrices de moda como Ana Serradilla, Ana Claudia Talancón y Karla Souza han desfilado por esa televisora supuestamente educativa, y destacados actores como Diego Luna y Gael García Bernal han visto beneficios económicos a través de su empresa Canana, cuyas contrataciones invariablemente han sido por adjudicaciones directas. Otra empresa beneficiada de esta manera es Frame Maker Productions, SA de CV, que sólo por la coproducción de la segunda temporada de la telenovela Bienes raíces (13 capítulos de 45 minutos cada uno) se embolsó 28 millones 600 mil pesos.

En el caso de la productora Canana, el Instituto Politécnico Nacional informa de los siguientes contratos otorgados sin licitación en el Portal de Obligaciones de Transparencia:

XEIPN-115-09, a favor de Canana Holdings, SAPI de CV, firmado el 25 de septiembre de 2009. El objeto: la coproducción de la serie Esther produce. El monto, 6 millones 600 mil pesos.

XEIPN-046-11, a favor de Canana TV, SAPI de CV, firmado el 11 de abril de 2011. El objeto: producción de la serie denominada Soy tu fan, segunda temporada, que constó de 13 capítulos con una duración de 48 minutos cada uno. El monto ascendió a 24 millones 600 mil pesos, por lo que cada capítulo protagonizado por Ana Claudia Talancón –entre otros actores y actrices– costó al erario del IPN 1 millón 892 mil 307 pesos.

XEIPN-109-10. Con este contrato Canana Holdings obtuvo previamente el derecho exclusivo para distribuir la serie Soy tu fan. Éste fue firmado el 12 de octubre de 2010 y tiene establecida como fecha de término el 12 de octubre de 2015.

XEIPN-104-10. Firmado con Canana Holdings el 27 de septiembre de 2010 por 585 mil pesos, contrata la elaboración de 13 guiones para el proyecto Soy tu fan.

XEIPN-045-11, a favor de Canana TV, SAPI de CV. Signado el 11 de abril de 2011, tuvo por objeto la producción de la serie Tobara. Seis capítulos costaron 10 millones 800 mil pesos.

XEIPN-103-10. Este contrato previo con Canana Holdings, de fecha 10 de septiembre de 2010, tuvo por objeto la elaboración de desarrollo de contenidos y 13 guiones para el proyecto Tobara, y costó 785 mil pesos del erario del IPN.

XEIPN-163-12, firmado con Canana TV, SAPI de CV, el 30 de noviembre de 2012 para la coproducción de la telenovela Alguien más. Cada uno de los 13 capítulos que estelarizó Ana Serradilla costó 2 millones de pesos: el monto total del contrato ascendió a 26 millones.

XEIPN-115-10, firmado con Canana Holdings, SAPI de CV, el 21 de octubre de 2010, para la producción de la serie Los invisibles, con un costo de 300 mil pesos por un capítulo.

XEIPN-052-09, a favor de Canana Holdings y firmado el 22 de abril de 2009. El contrato se refiere a la coproducción del documental Negro Durazo, que constó de un solo capítulo de 51 minutos, y que tuvo un costo de 1 millón de pesos

XEIPN-121-09, firmado con Canana Holdings, SAPI de CV, el 27 de octubre de 2009, para la coproducción de dos capítulos de la primera temporada de Esther produce, con un costo total de 3 millones 300 mil pesos.

XEIPN-003-10, que data del 5 de febrero de 2010 y que fue firmado con Canana Holdings para la coproducción de Esther produce, por 11 millones 650 mil 434 pesos.

XEIPN-164-12, que firmó con Canana TV el 30 de noviembre de 2012 para la coproducción de la segunda temporada de Niño santo. Los ocho capítulos costaron al erario 16 millones de pesos.

Además, Canana obtuvo un contrato identificado con el número 4 el 28 de abril de 2010, cuyo objeto se describe como “patrocinio”, por 1 millón 140 mil 549.50 pesos.

Miguel Badillo*

*Periodista

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 Contralínea 405 / del 28 de Septiembre al 04 de Octubre2014

PAN: 75 años…Y sin rumbo

28. septiembre, 2014 Autor: Jorge Meléndez Preciado *   Opinión 

            A Soledad Loaeza, conocedora puntual del blanquiazul 

Lo más grave que le puede suceder a una persona u organización social es, después de un largo periodo, no sólo perder el rumbo, sino ignorar para dónde va. Es algo que vemos muy frecuentemente en este mundo unipolar, donde el centro es lo que pregonan todos, aunque nadie define con precisión qué realmente se propone a la sociedad.

Pero en algunos casos el asunto es más evidente y hasta patético. Ello porque en lugar de postular ideas, lo que sobresale es el ansia de poder a como dé lugar, incluso pisoteando los principios que supuestamente se defendían. Y ya entrados en esa locura que es el poder, se cree que existen victorias por todos lados, se piensa que los fracasos son pasajeros y relativos y se hacen alianzas a tontas y a locas con el objeto de no ceder posiciones.

El resultado de lo anterior es la ineficacia en todos los órdenes, el desbarajuste interno, la colaboración con las peores causas y el zigzagueo como rutina.

Esto ocurre, desgraciadamente, en el Partido Acción Nacional (PAN). Si bien su ideario era oponerse a las conquistas de los revolucionarios del movimiento de 1910 (entre ellas algunas de gran importancia popular: el reparto de tierras, las conquistas sindicales y el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), también buscaba, es cierto, la democracia en muchos terrenos y el bien común, este último pregonado por una corriente social de la Iglesia Católica.

La fundación del PAN fue emblemática: el 16 de septiembre de 1939. Día posterior de la celebración de la Independencia nacional y año siguiente a la expropiación petrolera.

Sus batallas políticas desde el principio fueron muchas, aunque en los últimos decenios del siglo pasado hay que recordar las que hicieron algunos de sus militantes: en 1968, tanto en la Cámara de Diputados como en las calles; la que encabezó en Chihuahua Luis H Álvarez (apoyo de Heberto Castillo); el ausentarse de los comicios donde ganó José López Portillo (trajo como efecto la reforma política de Reyes Heroles); la que llevó a cabo Manuel J Clouthier, quien llegó a conjuntar esfuerzos con Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra por el fraude en 1988, aunque luego vinieron las concertacesiones encabezadas por Diego Fernández de Cevallos.

Después de apoyar, en los hechos, la administración de Ernesto Zedillo, llegó Vicente Fox a la Presidencia de la República. Y, a pesar del grito unánime de los reunidos en el Ángel de la Independencia de “¡No nos falles!”, la burocracia, los negocios y el espíritu conformista se apoderó de los blanquiazules, con pocas excepciones. El fraude con el que ganó Felipe Calderón anunciaba otra temporada de malas cuentas, no tan graves como las que entregó ese chaparrito (en todo), ya que la riqueza petrolera que llegó al máximo no sirvió de nada, el crecimiento de la economía no creció ni 2 por ciento en promedio y la lucha contra el narco trajo la subordinación de México a la Iniciativa Mérida de Estados Unidos y cuentas de horror: 80 mil homicidios, 10 mil desaparecidos y 230 mil desplazados, con pueblos fantasmas en muchos lugares de la Frontera Norte. Pero ante esos resultados el michoacano se defiende, echándoles la culpa a todos, y dice que no pudo atacar a los narcos como se debía por la obstrucción de gobernadores (sic presidencial).

Los escándalos recientes donde Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados albiazules, es filmado bailando con sexoservidoras; Guillermo Padrés es descubierto utilizando el presupuesto nacional para edificarse una presa en un terreno de su familia en Sonora; las declaraciones de Carlos Treviño, quien llamó simio al futbolista brasileño Rolando de Asis Moreira, Ronaldinho, y que antes este sujeto, que fue secretario de Desarrollo Social en la alcaldía de Querétaro, haya dicho que el día de las personas con síndrome de Down es el mismo que el del natalicio de Benito Juárez, prócer al que no respeta (Katia D’Artigues, El Universal, 16 de septiembre) no son más que el síntoma de que mucho está podrido en esa agrupación.

Y es que además están los poblanos Javier Lozano y Rafael Moreno Valle (que esperaba ser candidato a la Presidencia de la República por el PAN en 2018); y Jorge Luis Preciado y sus hoteles fantásticos; y José María Martínez y su discriminación a los homosexuales; y Emilio González y sus borracheras y derroches presupuestales a favor de la Iglesia y… una extensa lista.

Por eso tiene razón Javier Corral, uno de los panistas más activos y lúcidos, al citar al fundador del panismo, Manuel Gómez Morín, quien en una entrevista el 9 de enero de 1970 decía que en esa organización “se instalaron en la mediocridad, el interés propio, la simulación y la mentira” (El Universal, 16 de septiembre). Y llamaba el exrector universitario a una revolución no armada ante “una larga, muy larga simulación”.

Algo muy evidente en los políticos de hoy, casi todos, es que lejos de impulsar un cambio trabajan para obtener pingües ganancias de muchas formas, ya sea a través de los famosos moches o sirviendo de empleadillos a las trasnacionales.

También es muy atendible la propuesta de Rodrigo López, consejero de la Fundación Rafael Preciado, que señala que en el PAN campean el pragmatismo irracional, la corrupción, el moralismo, la derechización y en general el profundo deterioro ideológico (entrevista de Álvaro Delgado en Proceso, número 1976).

Anota Guerra López la gran ignorancia de Vicente Fox, quien es un neoliberal; no porque haya leído a los clásicos de esa ideología, Von Hayek y Von Mises, sino “por su formación empresarial” cocacolera (ídem). Habría que añadir, que también le hubiera faltado a Chente y al mismo Felipillo acercarse a Karl Popper, no sólo en su obra clásica: La sociedad abierta y sus enemigos, sino en su testamento: La televisión es una mala maestra (Fondo de Cultura Económica), para que se dieran cuenta que es indispensable una verdadera ley de telecomunicaciones, y no la que existe actualmente, con graves concesiones a los empresarios.

En fin, es cierto, nuevamente con Rodrigo Guerra el PAN no irá a ninguna parte si “no logra atender ni entender (a): los jóvenes, las mujeres y los pobres” (ídem). Estos últimos, mal estimados en 55 millones de compatriotas.

Es el PAN en un luctuoso 75 aniversario.

Jorge Meléndez Preciado*

*Periodista

Contralínea 405 / del 28 de Septiembre al 04 de Octubre2014

¿Y el fideicomiso para defensores de derechos humanos y periodistas?

28. septiembre, 2014 Autor: Álvaro Cepeda Neri *    Defensor del periodista 

El titular de la poderosa Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está estrenando aquello de que: “En caso de falta absoluta del presidente de la República [en este caso sería Enrique Peña Nieto], en tanto el Congreso [de la Unión] nombra al presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor de 70 días…” (Artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), como una de sus facultades, entre otras, derivadas de la superficial reforma en telecomunicaciones que en nada de fondo afectó ni a Televisa-Azcárraga ni a Tv-Azteca ni a Telcel-Slim, quienes siguen siendo el trío que no canta mal las rancheras como preponderantes en los medios de comunicación. Pero, sin que haya redundancia o tautología, y como el burro con dos albardas, el tema de esta nota es para abordar por segunda ocasión –o tratar de dos maneras distintas– la misma cosa.

Pues han pasado 9 meses desde que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el fideicomiso y sus reglas como un Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y nada. Y es que en el Palacio de Cobián, allá por la calle de Bucareli, donde luce el reloj que de chino nada tiene salvo que por los alrededores abundan los restaurantes-café de chinos, el hidalguense Osorio Chong está ausente; y cada día es más notoria su tartamudez y dificultad para hilar las frases, acaso por el nerviosismo agudizado porque los rumores lo ubican fuera de la Secretaría, quizá en la presidencia del Partido Revolucionario Institucional y con el ascenso del subsecretario Luis Miranda Nava, el muy amigo de Peña, que come ansias por ser secretario de Gobernación.

Osorio ya no despacha en ese edificio, casi siempre sitiado por manifestaciones de quienes ejercen los derechos del Artículo 9 constitucional que varios desgobernadores y Miguel Ángel Mancera, en la capital del país, están reglamentando antidemocráticamente para ponerle trabas a quienes quieran “hacer una petición o presentar una protesta”. Tiene un edificio cerca de Los Pinos desde donde se ha convertido en gobernador de facto de Michoacán y de Tamaulipas con el pretexto de controlar al virrey Alfredo Castillo; y miente sobre la baja cuantitativa de la violencia sangrienta en todas sus modalidades. Dice que hay menos homicidios, mientras sobre la marcha se descubren fosas clandestinas repletas de cadáveres. Que hay menos secuestros, menos desaparecidos, menos desplazados… Y todo sigue peor que cuando el calderonismo.

La más reciente información (La Jornada, 1 de septiembre de 2014) dice que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas resolvió sobre 44 casos –“para los que resolvió otorgar medidas de protección”– por encontrarse en situación de riesgo. “Esas medidas se ejecutarán a la brevedad”. Pero han pasado meses y la Secretaría de Gobernación ha ido posponiéndolas. Sin tomar en cuenta que durante ese tiempo de indefinición se producen las amenazas, asaltos a instalaciones, robos y hasta asesinatos contra periodistas, como es el caso de Adrián Gaona, privado de la vida el 27 de agosto pasado. En su reciente visita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nuevamente recibió quejas y denuncias respecto a la falta de garantías mínimas para el desempeño de sus actividades, particularmente como reporteros de los medios de comunicación.

La Junta de Gobierno de dicho Mecanismo ha estado teorizando demasiado, y en la práctica no hay medidas para proteger a esos ciudadanos. Los 44 casos son parte de la promesa de Gobernación, que como institución asumió la responsabilidad de actuar cuanto antes. Y nada hay en los hechos. Es obvio que la prensa y sus individualidades profesionales en general no son de la simpatía gubernamental. Pero la Constitución obliga a los gobernantes a otorgarles las mejores condiciones para el cumplimiento de sus derechos. El Mecanismo no es una concesión, es una conquista. Y como tal debe ser pronta y eficazmente puesta a funcionar tras las sesiones; y no sólo prometer que “a la brevedad” serán puestas en vigor.

Defensores de derechos humanos y periodistas siguen en la intemperie. Están expuestos totalmente a la venganza de funcionarios, a quienes molesta que defensores y periodistas intervengan en auxilio de quienes son agredidos en sus derechos informando sobre esas agresiones. Ese Mecanismo va para 1 año de instituido sin que se vea el cumplimiento de sus reglas para actuar preventivamente. Solamente existen esperanzas. Pues Osorio Chong y la Junta de Gobierno del Mecanismo no han cumplido su palabra.

Álvaro Cepeda Neri*

*Periodista

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Contralínea 405 / del 28 de Septiembre al 04 de Octubre2014

Petróleo y sangre para la guerra

28. septiembre, 2014 Autor: Pablo Moctezuma Barragán    Opinión 

La soberanía nacional está siendo amenazada por el proceso de sometimiento hacia las corporaciones extranjeras, principalmente estadunidenses, y por la integración económica, política, militar y cultural hacia Estados Unidos.         

La dependencia económica y comercial de nuestro país ha crecido mucho. Actualmente México es el tercer socio comercial de Estados Unidos y el tercer abastecedor de petróleo que exporta a través de 4 mil 441 kilómetros de oleoductos y de tankers. Pero lo que más le interesa a Estados Unidos es el control del país por cuestiones militares e incluirnos en sus planes bélicos.

El entreguismo del gobierno de Enrique Peña y sus cómplices en el Congreso de la Unión ha convertido a México en un país subordinado a las corporaciones estadunidenses, controlado políticamente por Washington. Hoy están a disposición de las corporaciones extranjeras nuestras principales riquezas petroleras y minerales y la mano de obra barata de los mexicanos. Todo esto en contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la soberanía nacional. Las modificaciones que han realizado en el gobierno de Peña son anticonstitucionales, ya que, según el Artículo 136 de la Carta Magna, la Constitución es inviolable, no nos pueden quitar nuestros derechos; y en el Artículo 135 se habla del procedimiento para reformar la Constitución, pero lo que hizo el Congreso sometido a Peña es una contrarreforma. Una reforma es una adición o innovación que ayude a garantizar un derecho, nunca a negarlo mutilando la Constitución. Sus reformas son anticonstitucionales, tanto la laboral, como la fiscal, la financiera, la educativa, la política y la de telecomunicaciones, y por supuesto la energética, pues violan derechos fundamentales del pueblo. La propiedad colectiva del pueblo de México de sus energéticos, y en particular de su petróleo, no puede ser negada por un gobierno ¡que no puede entregar lo que no es suyo!

Pero no sólo quieren nuestro petróleo. Más grave aún es que ahora a los mexicanos nos quieren como carne de cañón para sus guerras. Con la integración militar pretenden que los soldados mexicanos colaboren en las aventuras del Pentágono, y además convertir a México –que consideran su traspatio– en un campo de maniobras y de contención en la región de Norteamérica, como un corredor para transportar mercancías, pertrechos militares y armas. Para ello pretenden controlar los puertos, ferrocarriles, carreteras e construir corredores de transporte intermodales para que fluyan nuestras riquezas hacia Estados Unidos y sus mercancías hacia Europa y Asia. A todo eso han llevado las privatizaciones y el plan de vender playas y fronteras a los extranjeros. Quieren convertir al puerto Lázaro Cárdenas-Las Truchas como una vía para acceder a China y eventualmente enfrentarla. Por lo pronto México se integró al Acuerdo Transpacífico con Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Perú y Chile para enfrentar comercialmente a China. Por otro lado hay que poner atención en Punta Colonet, Baja California. Quieren construir un puerto para comerciar con China en un punto muy vulnerable para nosotros, por estar muy cerca de la frontera con Estado Unidos.

Para conectar a México con la región norteamericana, en la actualidad se impulsan cinco corredores logísticos estratégicos y multimodales que pasan por las ciudades fronterizas de Tijuana, Nogales, El Paso, Nuevo Laredo y Matamoros. Esta infraestructura para el saqueo está acompañada del muro en la frontera que establece un apartheid de facto. El muro de la muerte, calificado así por el constante asesinato de mexicanos en la frontera en manos de la migra que impunemente les mete una bala en la cabeza, pretextando que “estaban aventando piedras”. Ahora quieren que los mexicanos encontremos la muerte en sus guerras agresivas, que buscan la construcción de su imperio y el dominio mundial.

Al integrarnos a lo que llaman la región norteamericana nos hacen partícipes de los conflictos de Estados Unidos, en los que además de guerras abiertas desata ataques secretos por parte de sus Fuerzas de Operaciones Especiales en 134 países, los ataques de aviones no tripulados, una guerra abierta o velada en múltiples frentes: Irak, Afganistán, Pakistán, Yemen, Siria, Ucrania, Mali, Sudán, sin hablar de las provocaciones contra Irán y Corea del Norte, las campañas de desestabilización contra Venezuela y la creciente tensión con China. País que ha denunciado provocaciones de parte de Estados Unidos como la acusación en agosto de 2014 del Ministerio de Defensa Nacional de China al Ejército estadunidense de realizar “reconocimiento de cerca” en el espacio aéreo del país asiático. El lugar del incidente está a 220 kilómetros de la isla china de Hainan, según el portavoz de la cartera, Yang Yujun, en una rueda de prensa (http://spanish.peopledaily.com.cn/n/2014/0829/c31621-8776 009.html) en la que denunció las “altamente frecuentes actividades de reconocimiento de proximidad contra China”. El vocero informó que un avión antisubmarino y uno de patrulla de Estados Unidos habían sobrevolado el espacio aéreo a 220 kilómetros del Este de la isla china de Hainan, el 19 de agosto por la mañana, momento en el que un avión de caza chino despegó para identificar a las aeronaves. Los aviones estadunidenses han venido realizando frecuentes maniobras de reconocimiento contra China durante un largo tiempo, lo que ha dañado gravemente los intereses de seguridad de China, así como la estratégica confianza mutua y las relaciones bilaterales entre los países, añadió el vocero. También China ha denunciado las constantes maniobras militares estadunidenses en la Península de Corea y el Mar Amarillo, cerca de la frontera China, así como la venta de armas a Taiwán, denunciada en marzo de 2014 (http://spanish.xinhuanet.com/china/2014-03/28/c_133219518. htm).

También crece la tensión con Rusia. Ahora la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), fuerza militar que encabeza Estados Unidos, está dispuesta a rodear a Rusia. El secretario general de la organización, Anders Fogh Rasmussen, detalló que nuevas tropas estarán integradas por varios miles de soldados listos para un rápido despliegue. El presidente de Polonia, Bronis?aw Komorowski, a su vez, detalló que se tratará de 5 mil efectivos. De momento se desconocen los estados que albergarán las nuevas unidades, pero Polonia, Rumania y los países bálticos ya declararon su disponibilidad para hacerlo. También se creará también otra fuerza de respuesta rápida –la Fuerza Conjunta Extraordinaria– que supondrá la posibilidad de una movilización temporal de hasta 10 mil efectivos y su despliegue en la región por tierra, mar y aire. Estará compuesta por tropas de siete estados miembros: el propio Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Países Bajos y los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania). Canadá también expresó interés en participar. Otro punto clave del futuro programa de la OTAN es reforzar cooperación con más estados vecinos a Rusia, sobre todo con Ucrania, pero también con Georgia, Finlandia y Moldavia. Se tratará de maniobras conjuntas a gran escala y programas de entrenamiento. Sólo en septiembre habrá tres simulacros conjuntos: uno en Letonia y dos en Ucrania. El de Letonia, el Steadfast Javelin II, empezó el 2 de septiembre y cuenta con la participación de unos 2 mil soldados de nueve países (texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/139579-plan-expansion-otan-rusia Sea Breeze 2014). Las maniobras conjuntas de las armadas de Ucrania y Estados Unidos en el Noroeste del Mar Negro se iniciaron el lunes 8 de septiembre, con la participación de efectivos estadunidenses. Asistieron también buques de guerra de Canadá, España, Rumania y Turquía: 12 naves y embarcaciones auxiliares en total.

Entre el 15 y el 26 de septiembre, en los alrededores de la ciudad occidental ucraniana Yavoriv, se celebraron otros ejercicios llamados Rapid Trident. Aparte de efectivos ucranianos, el simulacro contó con 1 mil tropas de la OTAN, incluidos los contingentes de Azerbaiyán, Reino Unido, Canadá, Georgia, Alemania, Letonia, Lituania, Moldavia, Noruega, Polonia, Rumania, España y Estados Unidos.

Es claro que Estados Unidos ambiciona que México participe en sus planes bélicos y, paso a paso, con el pretexto de la “alianza estratégica” y la “integración en seguridad” que firmó Vicente Fox en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, y la integración militar que avanzó con los acuerdos Obama-Calderón, quieren incluirnos en sus planes de “defensa”.

México no debe de integrarse en ningún bloque militar agresivo. Nuestro petróleo no debe usarse para alimentar la máquina de guerra, nuestros soldados no han de apoyar la ocupación de otros países y nuestro territorio no debe convertirse en patio trasero que se utilice para maniobras bélicas al servicio de Estados Unidos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 89 es muy clara: condena la intervención armada y está por la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos. Por ello, los mexicanos rechazamos los planes de guerra del Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción Nacional aliados al imperio estadunidense. Los mexicanos queremos paz y el respeto a la soberanía de nuestro país y de todas las naciones del mundo. Esa política, aplicada ejemplarmente por Lázaro Cárdenas del Rio convirtió a México en un faro de libertad en el mundo entero.

Por eso la lucha por la soberanía es vital. Hemos de conquistar la segunda independencia. Y para ello el pueblo ha de demostrar quién manda, quién decide, quién tiene el poder. Eso implica la unión de todo el pueblo en lucha por la causa de México, por encima de divisiones de todo tipo: de religiones, partidos políticos, ideologías, sexo, edad, origen nacional, género, posición socioeconómica, estilo de vida; porque la lucha que estamos dando es por la sobrevivencia de nuestro país, al que están desmantelando y devastando, y de las futuras generaciones a las que planean esclavizar y quitar toda libertad. Quieren que nuestros hijos y nietos tengan una vida dedicada a enriquecer a las corporaciones y a nuestro país convertido en una nueva colonia. Además, que den su sangre (como ya sucede con los soldados de origen mexicano que pelean en Oriente Medio). Y eso, con nuestra unidad, organización y lucha, no lo vamos a permitir. México ha sido siempre un factor de paz en el mundo.

Pablo Moctezuma Barragán*

*Politólogo y urbanista. Dirigente de Mexteki y vocero del Congreso de la Soberanía

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Contralínea 405 / del 28 de Septiembre al 04 de Octubre2014

Economía venezolana: los asuntos urgentes

28. septiembre, 2014 Autor: Jorge Retana Yarto**   Opinión 

En un análisis sinóptico señalamos los aspectos sustantivos que explican lo fundamental de la dinámica económica venezolana. Son dos grandes procesos económicos que llamamos la doble dependencia estructural, cuya característica central es la alta vulnerabilidad externa:         

  

a) La dependencia estructural de la renta petrolera y la concentración de exportaciones en Estados Unidos (petrolización del sector externo y finanzas públicas) conllevan la vulnerabilidad ante el ciclo internacional de los precios del petróleo, de lo cual se derivan cinco subprocesos adicionales débiles: la dinámica del sector comercial exportador; la captación de divisas (el Banco Central mantuvo el control de cambios por 8 años) para el sostenimiento del tipo de cambio (bolívar/dólares estadunidenses); la capacidad para financiar el desarrollo desde el sector público (crecimiento del producto interno bruto); la sostenibilidad del gasto público y del gasto social (fundamental para la legitimidad política y el apoyo social al régimen revolucionario); y la capacidad de financiamiento de importaciones.

b) La elevada dependencia de importaciones (técnicamente, alto coeficiente de importación de la planta productiva) para generar la oferta agregada por la falta de diversificación de la estructura industrial, de la infraestructura, etcétera, todas severas.

Algunos datos: Venezuela es uno de los dos países (el otro es Argentina) con dos grandes problemas estructurales: alta inflación y fuerte desequilibrio en sector externo, que repercuten internamente en otras variables económicas importantes y en la estabilidad socio-política. La inflación anualizada (febrero de 2013-febrero de 2014) fue de 22.2 por ciento, y de 56.2 por ciento para 2013 (datos oficiales); el precio de los alimentos (luego de un periodo de escasez, sobre todo en Caracas) creció al 5.2 por ciento mensual, particularmente carnes y hortalizas. Las cuatro ciudades que más lo resintieron fueron: Caracas, Valencia, Barcelona-Puerto de la Cruz y San Cristóbal. El gobierno atribuye a los especuladores el problema (parte del sabotaje económico) y a la oposición la acusa de ocultar las cifras reales sobre precios, que estima, a mediados de julio, superiores al 40 por ciento: analistas internacionales pronostican un 75 por ciento al cierre de 2014 (el récord en la economía venezolana fue en 1996 con 106 por ciento). Un kilogramo de pollo que en 2008 costaba 8.5 bolívares hoy cuesta (junio de 2014) 43 bolívares. La pérdida de poder adquisitivo se expresa en la canasta básica que en 2008 se compraba con 100 bolívares y hoy con 532 bolívares. De allí que el dato de la inflación real esté reprimido.

Esto ha sido central en la devaluación contenida del bolívar (razones políticas para no devaluar en la magnitud necesaria), por tanto, hay sobrevaluación artificial que contiene el desborde inflacionario, pero al abaratar las importaciones agudiza el problema del déficit externo y la fuga de divisas. En febrero de 2013 la moneda venezolana (el bolívar) se devaluó en 31.7 por ciento con respecto del dólar (el tipo de cambio pasó de 4.30 a 6.30 bolívares por dólar, fue el quinto ajuste cambiario desde el control de cambios de 2003) lo que afectó al sector de consumo (empresas y precios de los productos), pero detuvo la sangría de divisas.

Se flexibilizó el control de cambios y hoy el régimen cambiario es múltiple (hay tres tasas de cambio de la moneda), pero existe un tipo de cambio controlado-preferencial (Sistema Complementario de Administración de Divisas, Sicad I) para financiar importaciones “sensibles”. La última devaluación más significativa se produjo el 25 de marzo de 2014, de entre 77- 88 por ciento del valor del bolívar/dólar (el porcentaje exacto depende del tipo de régimen cambiario considerado, Sicad II o Sicad III, de deslizamiento cambiario y de subasta oficial de divisas, para rubros no esenciales). Obviamente, la presión del mercado negro o paralelo (allí el tipo de cambio llegó a 60 bolívares por 1 dólar), determinó la macrodevaluación.

La expansión sin freno del gasto público provocó un déficit cercano al 18 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2013 (las cifras oficiales lo sitúan en 13 por ciento); en cualquiera de los dos casos excesivo con impacto directo en la inflación y la devaluación monetaria. La principal empresa pública y gran distribuidora de la renta nacional, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), le adeuda 75 mil 400 millones de dólares al Banco Central (datos para abril de 2014) al tipo de cambio de 6.3 bolívares por dólar, lo que significa que la devaluación del 24 de abril de 2014 elevó considerablemente dicho adeudo. Los apoyos financieros del Estado a las empresas estatales (incluyendo Pdvsa) suman 504 mil millones de dólares. Con la caída en la entrada de divisas y el pago de proveedores y acreedores extranjeros es complicadísimo sostener ese monto de financiamiento. Se prevé una caída del 3 por ciento del PIB petrolero en 2014, ya que la producción petrolera se estancó en 3.3 millones de barriles diarios (se menciona el retraso de inversiones como causa del problema, orillando al gobierno a pedir recursos extraordinarios por 5 mil millones de dólares a Rusia). El promedio en 2013 fueron 3.105 millones de barriles diarios (mbd) y de 3.034 mbd en 2012.

El crecimiento del PIB en 2014 será de 1 por ciento; estimaciones no oficiales mencionan una caída de -1.5 por ciento del PIB, dado que la actividad industrial reporta una caída de 61 por ciento de las actividades industriales al primer semestre de 2014, los inventarios se redujeron sólo 4 por ciento y las importaciones cayeron igualmente; se siguen teniendo problemas para acceder a divisas y solventar pagos en el extranjero. Así, las cifras son campo de la lucha política.

El PIB de Venezuela, según el gobierno, se compone de 10.8 por ciento de actividades ligadas a la producción petrolera, y 77.9 por ciento ligada a la producción no petrolera. Son 12 los motores productivos: petróleo, petroquímica, construcción, turismo, industrias, agropecuario, agroindustria, turismo, textil, minería, manufactura, comunicaciones y alta tecnología. Este dato no expresa la alta dependencia del petróleo (ver gráfica 1).

De ello se deriva el equilibrio de fuerzas políticas que había roto a favor de su proyecto político Hugo Chávez, mediante gasto público expansivo (inversión en infraestructura, mayor control político de Pdvsa y gasto social), para reducir la pobreza, ampliar los servicios públicos de infraestructura e incorporar –con las políticas de compensación social al mercado de consumo– a cientos de miles o millones de sus compatriotas. Este desplazamiento del equilibrio de fuerzas regresó a la situación de principios del siglo XXI luego de la muerte de Chávez. Y, electoralmente, volvemos a tener un virtual equilibrio de fuerzas que la derecha venezolana, apoyada por la injerencia de Estados Unidos y su par de los países de la subregión, han pretendido romper a su favor mediante tres factores centrales: radicalización y violencia callejera del movimiento opositor, puesta en práctica de planes de desestabilización y sabotaje económico, tras un objetivo estratégico: generar una represión oficial defensiva del gobierno que amplíe las bases del descontento popular y derrocar a Maduro, u obligarlo a una convocatoria anticipada de elecciones que podría perder en un clima de enfrentamientos.

La derivación política del análisis económico es que el terreno fundamental de la lucha política se desarrolla hoy en dos grandes espacios: de los ingresos y gasto público vía la renta petrolera, cuyo principal motor es Pdvsa y en menor medida otras empresas estatales; y el de la oferta de bienes y servicios para el mercado interno, dominado por la empresa privada vía importaciones (alimentos, medicamentos, construcción, etcétera), agrupada en la Federación de Cámaras Patronales.

El sabotaje económico desde Estados Unidos

La caída de las exportaciones petroleras a Estados Unidos se materializó como tendencia hace 6 años con tres factores determinantes: 1) voluntad política del gobierno estadunidense de reducir importaciones petroleras como parte del sabotaje económico; 2) mayor oferta interna de hidrocarburos en Estados Unidos por la explotación de productos shale desde 2008; y 3) cambios en la estructura del padrón de proveedores petroleros a Estados Unidos.

La medida se tomó como resolución económica del Congreso y como parte de una estrategia política contra el gobierno de Venezuela: la resolución HR4229, de fecha 13 de marzo de 2014, resalta dentro de las diferentes sanciones a imponer a Venezuela las que tienen que ver con el petróleo. Se acordó lo siguiente: “[…] 23B, política de Estado, debe ser la política de Estados Unidos reducir las importaciones de petróleo de Venezuela, con el fin de evitar que su líder, Nicolás Maduro, le dé uso a los beneficios de la venta de petróleo para financiar la opresión y la violación de los derechos humanos contra el pueblo de Venezuela”, consolidando así la caída de importaciones de petróleo desde hace años.

Con esta medida, Estados Unidos intensificó el sabotaje económico a Venezuela generando más problemas de los existentes. Las fuerzas afines al gobierno en la Asamblea Nacional la consideraron parte de la “guerra sicológica” contra el gobierno de Nicolás Maduro (sesión del 22 de julio de 2014) y aprobaron recursos extraordinarios para que el Ministerio de Comunicación enfrente dicha guerra.

Aumento de la oferta interna en Estados Unidos y caída de importaciones

El descenso de las exportaciones venezolanas de petróleo a Estados Unidos se debe también al incremento de la producción de energía en el país norteamericano vía la técnica del fracking, que desde 2008 aumentó la oferta de los productos shale gas y shale oil a partir del boom en la producción estadunidense de hidrocarburos no convencionales, y del factor de recuperación de pozos maduros.

Un informe de BP, antes?British Petroleum (BP statistical report review of world energy, junio de 2013), señala que en 2012 se dio el mayor incremento interanual en la producción de petróleo de Estados Unidos en más de 20 años. Con una producción de 8.9 mbd para 2012, Estados Unidos produjo el 9.6 por ciento de la producción mundial de crudo y representó un aumento del 13.9 por ciento con respecto de la producción de 2011. En los últimos 5 años, 2008-2012, dicha producción de crudo se incrementó en 31.2 por ciento, una verdadera revolución productiva. Después de 5 años al alza, los especialistas lo consideran un proceso expansivo más allá de 2025. Tal aumento ha tenido un alto impacto en los volúmenes de importación de petróleo crudo desde Venezuela. En 2008, cuando se inició el boom petrolero en Estados Unidos, desde Venezuela se exportaban un promedio anual de 1.18 mbd y otros productos (ver gráfica 2).

En el primer trimestre de 2013 la cantidad promedio de petróleo y productos importados por Estados Unidos desde Venezuela alcanzó la cantidad de 754 mil barriles diarios, un descenso del -20.7 por ciento con respecto del 2012 y del -36.53 por ciento respecto de 2008. Se han dado entonces dos curvas similares, pero de sentidos inversos, aunque de efectos desestabilizadores sobre la economía nacional: mientras aumenta vigorosamente la producción de petróleo en Estados Unidos se reducen drásticamente las importaciones de petróleo desde Venezuela, importado en su totalidad por empresas privadas que pagan la factura con apenas una semana de plazo (ver gráfica 3).

A consecuencia de ello, las exportaciones de petróleo desde Venezuela a Estados Unidos acusan una clara tendencia descendente: cayeron de manera progresiva desde 2011 a la fecha, cuando llegaron a un promedio de 952 mil barriles por día, mientras que en 2010 eran de 988 mil. Éste es el nivel más bajo en casi 9 años, sin contar con que cuando Chávez asumió el poder en Venezuela, Estados Unidos compraba 1.5 millones de barriles diarios. En 2012 Estados Unidos importó menos barriles de petróleo que en 2005 y la baja continúa. Tales exportaciones rondaron los 31 mil millones de dólares en 2013, representando el 97 por ciento del total de los ingresos por exportaciones para Venezuela (en 2011, Pdvsa fue también sancionada por enviar cargamentos a Irán).

Así, las exportaciones venezolanas de combustible a Estados Unidos cayeron 10 por ciento en el primer trimestre de 2014. La reducción solicitada por la congresista republicana en los hechos expresó la voluntad política del gobierno estadunidense para proseguir con uno de sus planes de desestabilización sociopolítica, que aunada a cambios en la estructura energética estadunidense, produjo un nuevo golpe al ingreso nacional y a las finanzas públicas venezolanas, afectando compromisos internacionales de suministro con Cuba, Jamaica y Haití. La carambola fue triple.

Cambios en padrón de proveedores de Estados Unidos

Pdvsa fue tercer proveedor de la demanda petrolera de Estados Unidos. Luego de un trimestre en que sus exportaciones cayeron 10.49 por ciento, en menos de 3 años pasó al quinto lugar, detrás de Canadá (2.4 millones de barriles por día), México, Arabia Saudita (1.2 millones) y de Nigeria, (aumentó su despacho en 16.94 por ciento en abril), según el Departamento de Energía estadunidense, con apenas 950 mil barriles diarios. Uno de los países que actúan como abastecedores sustitutos es Libia, aunque aún muy parcialmente, cuyas exportaciones a Estados Unidos subieron 158.7 por ciento, pasando de 63 mil a 163 mil barriles por día (100 mil barriles adicionales diarios), el otro es Colombia, cuyas exportaciones aumentaron 68.5 por ciento al pasar de 251 mil a 423 mil barriles diarios.

Así como Estados Unidos modificó la estructura de sus proveedores de petróleo alterando el estatus de Venezuela, ésta última ha modificado la estructura de sus compradores cambiando la situación de Estados Unidos: el Informe de gestión 2013 de Pdvsa, presentado en junio de 2014, indica que las exportaciones de petróleo crudo y derivados a Asia aumentaron 9.8 por ciento, al pasar de 924 mil barriles diarios a 1 millón 15 mil. De ellos, la mayoría los absorben China e India.

El segundo lugar en las exportaciones lo ocupa ahora Norteamérica –principalmente Estados Unidos– que sufrió una caída de 15.6 por ciento en el volumen recibido, al pasar de 1 millón 2 mil barriles diarios de crudo y derivados en 2012 a 845 mil en 2013. Otros mercados del petróleo venezolano, como Europa o el Caribe, mantuvieron niveles de suministro similares entre 2012 y 2013. Los envíos al Caribe cayeron en 6 mil barriles al día, un 1.6 por ciento, al pasar de 355 mil barriles de petróleo diarios en 2012 a 349 mil en 2013. Por lo tanto, es claro que estamos al inicio de un cambio estructural importante en la relación Venezuela-Estados Unidos en torno a las exportaciones de petróleo crudo, y de una mayor articulación por la misma vía con las economías asiáticas, especialmente China.

Pdvesa y las finanzas públicas

Las metas de producción de petróleo y gas difieren entre dos formulaciones: las de Pdvsa y las del Poder Legislativo, que desarrolla una planeación anual conforme al presupuesto financiero también anual.

El Plan de la Patria, hecho ley por la Asamblea Nacional (diciembre de 2013), estableció una producción de petróleo crudo de 3.3 mbd para 2014, y 6 mbd para 2019. Esto implica (para 2014) una reducción de 4 mbd (-17.5 por ciento) en el volumen de producción que Pdvsa estableció como meta para dicho año. En cuanto al gas natural, se fijaron 7.830 millones de pies cúbicos diarios (mp3d) para 2014, y 10.494 mp3d para 2019. Aquí la reducción para 2014 es de 1.6 por ciento. No hay coincidencia de criterios en un tema esencial.

El ajuste petrolero revela los problemas que tiene Pdvsa para aumentar la producción en la Faja Petrolífera del Orinoco y para compensar la declinación natural de los pozos y campos en las áreas tradicionales. No ha podido cumplir con las proyecciones sobre los siete nuevos desarrollos de la Faja, cuyas metas de producción se han reducido progresivamente desde 2012, cuando fueron de 180 mil barriles por día, luego se redujeron a 100 mil, posteriormente a 50 mil barriles y, en diciembre de 2013, a 20 mil barriles diarios.

Venezuela entonces tiene un triple severo problema: 1) menos exportaciones a Estados Unidos, segundo gran comprador; 2) caída de la producción petrolera en una zona que aportaba nuevos yacimientos para sustituir paulatinamente el agotamiento de los pozos maduros tradicionales, pero la caída de la producción no sólo es en la Faja del Orinoco; y 3) una caída –aunque no severa– del precio internacional del barril de petróleo crudo. No obstante el impacto en los ingresos es muy severo (una reducción de 3 dólares casi ronda los 100 mil dólares diarios menos). Probablemente los conflictos en Siria e Irak cambien la tendencia junto con la llegada del invierno.

El año 2013 fue también de caída en la extracción de los crudos livianos del Norte de Monagas (entidad federativa de la región nororiental del país), generando problemas para mezclar y mejorar crudos pesados de la Faja más otros existentes en las divisiones Oriente y Occidente de Pdvsa (quien divide sus regiones en proyectos de explotación y líneas de negocios, por divisiones geográficas en su territorio).

Este retroceso productivo en ambas zonas se evidencia ya en los estados financieros y operativos auditados de Pdvsa al primer semestre de 2013, donde se reporta una extracción global de crudo de 2.855 millones de barriles por día. Este volumen es -2.2 por ciento menor que los 2.914 millones de barriles diarios producidos en el primer semestre de 2012. La caída del bombeo de petróleo afecta las exportaciones. La información del primer semestre de 2013 expresó ya una caída de -1 por ciento en el volumen de ventas de petróleo al exterior, comparado con el mismo lapso de 2012, al ubicarse en 2.482 millones de barriles por día. La balanza de pagos de los primeros 3 trimestres de 2013 (hasta septiembre) expresó menor disponibilidad de divisas por una baja de -7.7 por ciento en el valor de las exportaciones petroleras, que cerraron en 64 mil 300 millones de dólares, lo que implicó un menor volumen de exportaciones, pues en el referido lapso de 2013 la cresta petrolera venezolana tuvo una baja de -2.26 por ciento en su precio, proporción menor que el retroceso de las exportaciones petroleras. No son buenos datos, significando importantes problemas para asignar las divisas requeridas para importar alimentos, medicinas, insumos para el sector industrial y cumplir con los compromisos financieros de la República, especialmente el gasto social. Todo un nudo gordiano.

En un informe interno de Pdvsa (diciembre de 2013) se señala como causa de la caída en la producción petrolera global (técnicamente, le llaman tasa de declinación) las malas condiciones climatológicas que impactaron las operaciones, y menciona también que entre enero y septiembre de 2013, las exportaciones descendieron a un volumen de 2.304 millones de barriles, -11 por ciento sobre las logradas de 2.589 millones de barriles al día en el tercer trimestre de 2012. Parte de esto se debe a una fuerte caída de -16 por ciento en las ventas de petróleo crudo, aunado a la caída en el precio de venta del petróleo crudo de septiembre de 2013, de -3.79 dólares por barril, pasando de un precio de 102.80 dólares por barril, a 99.39 dólares.

*Economista y maestro en finanzas; especializado en economía internacional e inteligencia para la seguridad nacional; miembro de la Red México-China de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México

Jorge Retana Yarto*

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