miércoles, 30 de abril de 2014

Programa para la Seguridad Nacional: fusión de inteligencias civiles y militares

Programa para la Seguridad Nacional: fusión de inteligencias civiles y militares  
Impunidad y corrupción, factores de riesgo a la seguridad nacional
En el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018. Una política multidimensional para México en el siglo XXI –que se tiene previsto sea publicado en el Diario Oficial de la... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/04/seguridad-nacional-600.jpg http://bit.ly/R54Prg http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/04/30/programa-para-la-seguridad-nacional-fusion-de-inteligencias-civiles-militares/

Salarios mínimos, 15 mil pesos abajo del mandato constitucional

Salarios mínimos, 15 mil pesos abajo del mandato constitucional Para cumplir con el mandato constitucional (Artículo 123) –según el cual el salario debe bastar para “satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos”– el salario mínimo debería ascender a 16 mil 445 pesos mensuales.
http://bit.ly/1kv7QeP http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/04/30/salarios-minimos-15-mil-pesos-abajo-del-mandato-constitucional/

martes, 29 de abril de 2014

Explotados, 11 niños mexicanos de cada 100

Al menos, uno de cada 10 niños mexicanos sufre explotación laboral. Mientras en el mundo la tendencia indica una disminución de casos, en México el problema se mantiene al alza. La situación es más aguda en los sectores rurales e indígenas. Además, las administraciones federales no han ratificado convenios internacionales para la protección de la infancia que trabaja


En México, 3 millones 24 mil 661 niños de entre 6 y 17 años trabajan. La cifra equivale al 11 por ciento del total de la población en ese rango de edad. Es decir, de cada 100 niños mayores de 5 años, 11 realizan alguna actividad laboral.

Entre los 6 y los 13 años, 64 mil 418 varones únicamente trabajan, 8 millones 254 mil 756 estudian y 515 mil realizan ambas actividades. Respecto a las niñas de esas edades, 20 mil 582 trabajan sin estudiar, 8 millones 331 estudian sin trabajar y 271 mil 253 realizan ambas actividades.

Las cifras se asientan en el informe La experiencia mexicana en la reducción del trabajo infantil, realizado por el programa Undesrtanding Children’s Work (UCW) que depende del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su acrónimo en inglés), el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los datos corresponden a los años 2011 y 2012.

El documento señala que 871 mil niños y niñas menores de 13 años que participaron en algún tipo de actividad en 2011 representaron el 5 por ciento del total de niños de ese grupo de edad.

“Ya que en México la edad mínima para trabajar es la de 14 años, todos estos niños y niñas se encontraban involucrados en el trabajo infantil prohibido por la ley mexicana”, observa Furio Rosati, director del informe del UCW.
Entre los 14 y los 17 años, 792 mil 398 adolescentes hombres trabajaron sin acudir a la escuelas, 2 millones 771 mil 112 estudiaron únicamente y 682 mil 813 efectuaron las dos actividades.

En las jóvenes de esa edad, las cifras muestran que 307 mil 603 trabajaron exclusivamente, 3 millones 42 mil 284 estudiaron sin trabajar y 369 mil 874 cumplieron con ambas funciones.

Con respecto del lugar de residencia, se nota una marcada diferencia entre los niños que viven en un entorno urbano y los que viven en un entorno rural.

Y es que en las ciudades 213 mil 905 menores de entre 6 y 13 años trabajan. De éstos, 202 mil 631 acuden a la escuela y 11 mil 274 únicamente desarrollan actividades laborales.

En el campo la cifra aumenta. En ese entorno son 657 mil 868 los niños que laboran, de los cuales 584 mil asisten a la escuela y para 73 mil 726 el trabajo es su única actividad.

En relación con los adolescentes de entre 14 y 17 años, en el medio urbano trabajan 587 mil 552; y en el rural, 1 millón 565 mil 136: casi tres veces más.

El estado con más niños que trabajan es Guerrero, con casi el 12 por ciento del total de la población infantil. Le sigue Nayarit, con el 9.8, y Colima, con el 9.1 por ciento. La entidad federativa con menores índices de trabajo infantil es Chihuahua, con 1.4 por ciento. La capital del país y el Estado de México registraron una tasa relativamente baja: 2.6 por ciento.

El informe de las instituciones internacionales menciona que no es de extrañar que la participación en el empleo fuera mucho mayor y la asistencia a la escuela más baja entre los mayores de 14 años, debido a que a esa edad es cuando comienza la transición de la escuela al trabajo.

 “La participación de los niños y niñas en el trabajo aumenta con la edad, mientras que la asistencia escolar disminuye. Este patrón se debe, en gran parte, al hecho de que la productividad de los niños y niñas aumenta a medida que crecen y, por ende, también aumenta el costo de oportunidad de mantenerlos en la escuela.”
En ese sentido, un total de 12 millones de niños y niñas (casi el 70 por ciento del total de menores entre 6 y 13 años) realizaron, en 2011, tareas domésticas como parte de su vida cotidiana. Es decir, trabajaban o colaboraban con deberes caseros.

El equipo del UCW, integrado también por Marco Razanti, Lorenzo Guarcello, Scott Lyon y Pilar Campos, explica que las tareas domésticas se suman a la carga de trabajo total de los niños y, de prolongarse por largas jornadas, también pueden influir en el tiempo que le dedican al estudio y al disfrute del tiempo libre.
Agregan que “el porcentaje de niñas que realizan labores domésticas es mayor que el de los niños varones, con la diferencia de que la participación por sexo aumenta con la edad, por lo que ignorar esta forma de trabajo sesga las estimaciones de participación en el trabajo a favor de los varones”.

Con respecto del sector productivo en el que se emplean los menores de 14 años, se encuentra principalmente la agricultura, en la que trabaja el 33.2 por ciento de ellos. En el comercio labora el 32.6 por ciento; en los servicios, el 23.2; en la manufactura, 9.6, y el 1.4 por ciento en otros.

Acciones en México

El pasado 29 de marzo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó a la Cámara de Diputados que promueve acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil y sus peores formas en México, con mayor atención en el sector primario.


Explicó que se enfocará particularmente en la niñez indígena y en el trabajo infantil producto de la migración de los jornaleros agrícolas.

El 1 de octubre de 2013, dicha dependencia inició el levantamiento de cuestionarios del módulo de trabajo infantil anexo a la Encuesta nacional de ocupación y empleo 2013, con el fin de contar con información actualizada de las características sociodemográficas de la población de entre 5 y 17 años que trabaja.

El objetivo es lograr que 6 mil 500 niños de Michoacán, Sinaloa y Veracruz sean removidos de los lugares de trabajo y protegidos por medio de la provisión de servicios educativos y formativos.


La STPS señaló que entre 2009 y 2011 la participación en las actividades económicas de los niños que no asisten a la escuela creció del 44.8 al 46 por ciento. Además, mencionó que, de acuerdo con la Unicef, México ocupa el lugar 49 en el ranking mundial de países con menores que trabajan.

El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, en su calidad de presidente de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, presentará una solicitud a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 se asignen recursos para la instrumentación de un programa acorde con las necesidades de la Comisión.

En ese sentido, el pasado 19 de febrero, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a cargo del perredista Julio César Moreno, aprobó un dictamen para que la edad mínima para trabajar sea de 15 años y no de 14 como se encuentra actualmente.

Cabe recordar que México aún no ha ratificado el Convenio 138 de la OIT, el cual tiene por objeto regular el trabajo infantil y cuyo artículo 2 señala los 15 años como edad mínima para trabajar.

Situación mundial

De acuerdo con cifras de la OIT, en el mundo hay 264 millones 427 mil niños ocupados en la producción económica. De éstos, 167 millones 956 mil se encuentran en situación de trabajo infantil; de ellos, 85 millones enfrentan una situación de trabajo peligroso.

Las regiones con mayores índices de trabajo infantil son Asia y el Pacífico, con 77 millones 723 mil menores que labora. Le sigue el África subsahariana, con 59 millones 31 mil niños. América Latina, con un total de 12 millones 505 mil, y Oriente Medio y África del Norte, con 9 millones 244 mil.

Asimismo, Asia y el Pacífico registran el mayor número de niños que realizan trabajo peligroso: 33 millones 860 mil. El África subsahariana cuenta con 28 millones 767 mil; América Latina, con 9 millones 638 mil; y Oriente Medio y África del Norte, con 5 millones 224 mil niños.

La Organización explica que casi la mitad de los menores de edad que laboran lo hacen en un trabajo peligroso que directamente pone en riesgo su salud, su seguridad o su moralidad.

Sin embargo, en 12 años [2000-2012] se ha logrado reducir significativamente el trabajo infantil. En ese periodo se redujeron en 78 millones los niños en situación de trabajo infantil a nivel global. Es decir, ha habido una disminución de casi un tercio con respecto de las cifras que se registraron en un inicio.


“El número total de niños de 5 a 17 años en trabajo peligroso, que constituye con gran diferencia la mayor proporción de niños involucrados en las peores formas de trabajo infantil, disminuyó en más de la mitad durante 2000 y 2012, pasando de 171 [millones] a 85 millones. El mayor descenso de trabajo infantil se observó entre 2008 y 2012”, señala la OIT.

La Organización explica que estos logros se han dado, en gran medida, debido a los compromisos políticos de los gobiernos que han adoptado y ratificado los dos principales pilares jurídicos de la lucha mundial contra el trabajo infantil: el Convenio 182 de la OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil, y el Convenio 138 de la misma, sobre la edad mínima de admisión al empleo.

Otras acciones llevadas a cabo, no sólo por instituciones gubernamentales, sino por empleadores y organizaciones no gubernamentales para alcanzar las cifras presentadas, son los mecanismos de supervisión, la especial atención a los niños expuestos a mayor riesgo, las políticas nacionales formuladas sobre trabajo infantil, el retiro, la rehabilitación y la prevención.

También son importantes las sanciones penales contra quien transgreda las leyes en la materia, la prohibición al trabajo peligroso, las medidas para garantizar la educación básica universal, y las prohibiciones legislativas al trabajo forzoso, la pornografía y la prostitución.

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Contralínea 383 / 27 de Abril al 03 de Mayo

Déficit de 34 millones de empleos

En México, más de 8 millones de personas se encuentran desempleadas y cerca de 26 millones se emplean en la informalidad. De acuerdo con una investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, el déficit de empleos dignos asciende a los 34 millones. El Inegi oculta las cifras, advierte


En el país, 8 millones 900 mil 222 personas carecen de empleo, señala el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ante la falta de políticas para generar empleos dignos, el Centro calcula también que 25 millones 897 mil 44 personas sobreviven empleándose en la economía informal. El déficit de empleos asciende, por tanto, a 34 millones 797 mil 266.

Las cifras obtenidas por el CAM –a partir de la construcción de una metodología realizada con base en parámetros de la Organización Internacional del Trabajo– revelan que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) oculta al 70 por ciento de los desempleados del país al contabilizar únicamente a 2.7 millones de personas “desocupadas” al tercer trimestre de 2013.

Y es que el Instituto no considera a la población “disponible” como desempleada. Para el CAM es claro que el Inegi reconoce que la tasa de desocupación que calcula no mide el desempleo. Al referirse al tema, el propio Inegi indica: “…de ahí que la desocupación abierta no sea, ni pretenda ser, la magnitud que exprese cuánta gente necesita trabajar en un lugar y momento determinados o la medida de cuán grande es el déficit de oportunidades laborales”.


Los especialistas del Centro de Análisis Multidisciplinario dicen que esto ocurre principalmente porque, de la gente que desea trabajar y no puede hacerlo, se tienen tres clasificaciones: los que activamente buscaron en el último mes y no encontraron trabajo; los que no lo buscaron porque ya se cansaron de hacerlo, es decir, que tienen una situación crónica de desempleo, y los que no lo buscan porque no creen encontrarlo.
La tasa de desocupación oficial sólo toma en cuenta a los de la primera clasificación, mientras que a los de la segunda y tercera se les deja fuera para ser clasificados como disponibles. El Inegi tampoco los incluye en la población económicamente activa (PEA).

En la Resolución sobre estadísticas de la población económicamente activa, del empleo, del desempleo y del subempleo, adoptada por la decimotercera Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo (octubre de 1982), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a las personas desempleadas como todas aquellas que tengan más de cierta edad especificada y que no tengan un empleo asalariado o un empleo independiente; a las disponibles para trabajar y a las que buscan empleo, es decir, que habían tomado medidas concretas para encontrar un empleo.


El Centro de Análisis Multidisciplinario formula una tasa de desempleo en la que se incorpora tanto a la población “desocupada” dentro de la PEA, como a las personas consideradas “disponibles”.

Así, para el tercer trimestre de 2013, la población desocupada reportada por el Inegi fue de 2.7 millones. A esa cifra se suman 6.2 millones de personas “disponibles” que no reporta el Instituto. “Esto quiere decir, que la población desocupada es apenas el 30 por ciento de la población desempleada. Cuando en los discursos oficiales se utiliza la desocupación para hablar de desempleo, tema para el cual no fue diseñada, se encubre el 70 por ciento de la gente que quiere trabajar y no puede hacerlo”, apunta el Centro en su Reporte 112.
Como consecuencia, señala el CAM, esta población queda también fuera de los análisis de políticas públicas realizados por instituciones gubernamentales, y se hace poco por ella, ignorando o desmintiendo su existencia y quedan en duda las actividades que ésta realiza o cuál será su futuro.

En aumento el empleo informal

Según las cifras del Centro de Análisis, desde el inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto, 500 mil 108 personas se ocuparon. De ellas, al menos 286 mil 160 lo hicieron en la economía informal: 57.2 por ciento de los empleos generados son empleos informales. “Lo cual desmiente que sean las reformas laborales o la acción del gobierno lo que esté actuando de manera efectiva como contención del desempleo; por el contrario, es la acción de los mismos trabajadores buscando sus medios de subsistencia lo que constituye la mayor fuente de trabajos generados en el país”.


Por medio de un análisis comparativo, el CAM da cuenta de la agudización del fenómeno en los últimos años. De 2005 a la fecha, la población desempleada ha aumentado en 45 por ciento; en términos absolutos, 2 millones 784 mil personas se han sumado a las filas del desempleo. “Desde la crisis en 2007, los niveles de desempleo se dispararon, manteniéndose siempre altos hasta hoy en día”.

Según sus cifras, al tercer trimestre de 2005, la población desempleada era de 6 millones 116 mil personas (Reporte de investigación 77 del CAM); actualmente el desempleo es de 8 millones 900 mil.

Los estados con mayor índice de desempleo son también los más asolados por la violencia: Zacatecas, con 21.5 por ciento de desempleados, encabeza la lista; le siguen Durango, con 21.1 por ciento; Michoacán, con 19.8 por ciento; Veracruz, con 19 por ciento; Nayarit, con 18.4 por ciento; Sinaloa y Tabasco, con 17.9 por ciento, respectivamente; Tlaxcala, con 17.7 por ciento; Tamaulipas, con 17.6 por ciento; Guanajuato, con 17.5 por ciento; Puebla, con 17.3 por ciento, y Chihuahua, con el 17.2 por ciento de desempleados.


Los investigadores del CAM estiman que, a casi 1 año de su aprobación, la reforma a la Ley Federal del Trabajo no ha tenido el efecto detonante que había prometido en el empleo por lo que ha sido un fracaso. “Sólo vino a legitimar formas de sobreexplotación laboral en las cuales ya incurrían varias empresas en el país.

 “En México hay un mercado laboral hipertrofiado que ha caído, además, en un periodo de mayores niveles de desempleo, resultado de las políticas económicas y laborales impuestas por el Estado mexicano.”
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 Contralínea 383 / 27 de Abril al 03 de Mayo

La seguridad interior no es un asunto policiaco-militar

La seguridad interior no es un asunto policiaco-militar Las Fuerzas Armadas Mexicanas seguirán siendo utilizadas en el combate a los delitos de alto impacto, aunque sólo “en aquellas zonas del territorio nacional que tienen una importancia estratégica para la consolidación de la presencia del Estado y la contención de la violencia en el corto, mediano y largo plazos”.
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Alianza con Estados Unidos, la más importante para el gobierno de Peña Nieto

Alianza con Estados Unidos, la más importante para el gobierno de Peña Nieto El gobierno de Enrique Peña Nieto reafirma la “pertenencia” e “intereses” de México en América del Norte.
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Impunidad y corrupción, factores de riesgo a la seguridad nacional

Impunidad y corrupción, factores de riesgo a la seguridad nacional En el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018. Una política multidimensional para México en el siglo XXI –que se tiene previsto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación mañana 30 de abril– se incorporan a la impunidad y a la corrupción como “factores de riesgo” que originan violencia y delincuencia.
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/04/seguridad-nacional-01.jpg http://bit.ly/1fpJkNF http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/04/29/impunidad-corrupcion-factores-de-riesgo-la-seguridad-nacional/

lunes, 28 de abril de 2014

En 27 años, el salario ha perdido el 80 por ciento de su valor

A partir de un muestreo aplicado en 11 entidades del país, economistas de la UNAM concluyen que –de 1987 a abril de 2014– la pérdida acumulada del poder adquisitivo de la clase trabajadora mexicana es de 78.52 por ciento. El hecho ha significado la precarización del nivel de vida de la población y la constante violación del mandato constitucional establecido en el Artículo 123. Contrario al contenido de los spots publicitarios, el costo de la Canasta Alimentaria Recomendable resulta más elevado en los supermercados que en los mercados populares y en los tianguis


Espesas montañas de desechos orgánicos se erigen en el área de descarga de la Central de Abasto, el mercado mayorista de productos de consumo más grande del mundo. Alrededor de las 14 horas, cuando la actividad comercial del día se agota, se acumulan los primeros montones.

Los dueños de las grandes bodegas desechan calabazas abolladas, jitomates blandos, manzanas con manchas, sandías que no llegan intactas a la venta… Frutas y verduras imperfectas serán apiladas sobre un piso de concreto, entre tráileres y camionetas de carga.

Lo que es rechazado por quienes consumen productos “de primera calidad” pronto será aprovechado por otros: decenas de personas que cada tarde acuden a este lugar de la delegación Iztapalapa. Diestros, se sumergen entre el multicolor de los desperdicios que, al contacto con el sol, agrian la atmósfera.

Lidia, vecina del lugar, es una de las recolectoras. El salario de su marido, obrero en una fábrica de plásticos, no alcanza para dar de comer a cinco bocas, incluidas las de tres infantes. Las manchas blancas de su piel, su deteriorada dentadura y su remendada vestimenta reflejan sus carencias.

Cuando el reloj marca las 17 horas, la mujer ha tomado lo suficiente para rellenar dos bolsas de rafia: alimentos que serán para el consumo familiar y también para vender entre los conocidos.

Con los bultos cargados sobre los desnudos hombros, Lidia refiere que la necesidad ha diluido la pena que al inicio experimentó por recurrir a este tipo de pepena: “No hay de otra”. Y es que el salario mínimo que percibe su esposo, sumado a lo que obtiene por las horas de trabajo extra, no alcanza para sobrevivir.

De acuerdo con economistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cada vez son más las personas que, como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, recurren a este tipo de prácticas. Dejar de comprar con la misma frecuencia y calidad, incorporar a otros de sus miembros al mercado laboral, migrar o incursionar en la economía informal, son otras de las medidas adoptadas por las familias mexicanas en aras de la subsistencia.


Con el objetivo de documentar este fenómeno –de cómo, año con año, los precios de los alimentos aumentan más que los salarios nominales–, los integrantes del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM llamaron a la población mexicana a responder, entre el 4 y 12 de abril pasados, el cuestionario sobre precios de productos básicos. El instrumento de 40 preguntas fue levantado en mercados, tianguis y supermercados. Al final, 11 entidades de la República Mexicana fueron parte de la muestra. En los próximos días, el CAM dará a conocer el informe completo.

En entrevista con Contralínea, Luis Lozano Arredondo, director del CAM, que tiene su sede en la Facultad de Economía ubicada en Ciudad Universitaria, refiere algunos de los hallazgos del trabajo de campo.
De las respuestas obtenidas se desprende que de 1987 a abril de 2014, la pérdida acumulada del poder de compra del sector asalariado en México ha sido de 78.52 por ciento sin posibilidad de recuperación.


El hecho no sólo ha significado la precarización del nivel de vida de la clase trabajadora mexicana a lo largo de estos 27 años, sino la constante violación del mandato constitucional que establece que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos”.
Contrario al contenido de la publicidad difundida en medios de comunicación, los investiga
dores del CAM descubrieron, asimismo, que es en los supermercados en donde el conjunto de los 38 alimentos que integran la Canasta Alimentaria Recomendable (CAR) es más caro hasta por 44 pesos.

Así, mientras en el tianguis el costo de estos bienes asciende a 172.44 pesos y en el mercado a 193.52, el precio promedio de la CAR en el supermercado es de 216.55 pesos.

Luis Lozano refiere que la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora mexicana responde a diversos factores: a una política mundial de sobreexplotación del capital que concibe al salario como un gasto y, por tanto, busca a toda costa disminuirlo, a que el grueso de los líderes sindicales en el país no representan los intereses de sus agremiados y a la política laboral “antitrabajador” que ha distinguido al Estado mexicano.

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 Contralínea 383 / 27 de Abril al 03 de Mayo

sábado, 26 de abril de 2014

Nuestros lectores

Nuestros lectores
 
Invitan a participar y solidarizarse con madres en busca de sus hijos
Nuestro corazón, aunque incompleto, se mantiene con las fuerzas unidas para continuar esta búsqueda que es incansable, y terminará hasta el momento en que nuestros seres queridos estén de... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/03/BUZON01.jpg http://bit.ly/1lViRFV http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/04/27/nuestros-lectores-130/

Macondo

Macondo
 
 
 
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Un país de cínicos


 

Qué pasa en un país cuando gobernantes y gobernados se acostumbran a la corrupción sistemática en todos los niveles de gobierno y toleran la impunidad que permite a cualquiera cometer abusos sin enfrentar consecuencia alguna. Pues se vuelve un país de cínicos, y eso es precisamente en lo que han convertido a México.

Ejemplos hay muchos y de todo tipo. Basta con revisar la prensa y encontrar todos los días diversos casos de corrupción gubernamental en complicidad con distintos sectores de la población, principalmente el empresarial. También el Poder Judicial no se queda atrás en materia de abusos, y vemos como los tribunales imparten diariamente una “justicia” interesada, siempre inclinada hacia el mejor postor, que deja indefensa a la población más pobre.

Ese abuso, corrupción e impunidad se revela en los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que cada año se dan a conocer y que nunca pasa nada, razón por la cual el mal uso de fondos públicos se repite una y otra vez sin que alguien haga algo para frenarlo.

Por ejemplo, durante la revisión de la Cuenta Pública de 2012, la ASF descubrió irregularidades en el gasto del ejercicio federalizado en los 31 estados de la República y en el Distrito Federal por un monto de 64 mil 333.5 millones de pesos; de éstas, hasta hoy no han sido debidamente aclaradas anomalías por alrededor de 23 mil 524 millones. Mucho dinero que podría ser bien utilizado para disminuir la pobreza extrema que ya alcanza a uno de cada dos mexicanos.

Estas cifras multimillonarias del mal uso de dinero público se descubrieron en sólo 680 auditorías al gasto federalizado, al revisar el ejercicio de 505 mil 720.2 millones de pesos; de éstos, 64 mil 333.5 millones estuvieron sujetos a distintas observaciones, lo que apenas representa el 12.7 por ciento del total de los recursos revisados por la ASF. Es decir, la corrupción es más grave, pero no se audita todo como debería de ser.

Veracruz, el estado más corrupto

Y sin sorpresa alguna, el estado con más graves problemas en el manejo de las finanzas públicas es Veracruz, la tierra querida. Allí se presentó el mayor número de observaciones al ejercicio del gobierno del estado, al detectarse múltiples irregularidades por un monto de 13 mil 187.5 millones. Dicha cantidad representa el 20.4 por ciento de todo el dinero en el rubro de gasto federalizado donde la ASF encontró irregularidades.

Las otras entidades que registraron mayores anomalías fueron Chiapas, con un monto de 4 mil 845.8 millones de pesos; Jalisco, con 4 mil 828.6 millones; Tabasco, con 3 mil 803.9 millones y, por supuesto, Guerrero, con 3 mil 577.9 millones de pesos.

Aunque no está incluida en las cinco entidades con mayores irregularidades, el caso de Sinaloa es destacable, pues se detectaron graves anomalías por un monto de alrededor de 2 mil 690 millones de pesos. En este caso particular, las irregularidades son de tal gravedad que la Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado ya dos averiguaciones previas en contra de diversos funcionarios estatales que habrían desviado recursos federales. Por este tema, los servidores públicos podrían ser objeto de diversas sanciones, tanto administrativas como penales.

Caso similar es el de Veracruz, gobernado por el priísta Javier Duarte –aquel a quien le descubrieron envíos millonarios de dinero en efectivo–, en donde, de manera paralela a las auditorías realizadas por la ASF, se han iniciado diversas investigaciones en contra de funcionarios estatales, en las que participan conjuntamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la propia PGR.

Por ahora, Sinaloa y Veracruz son las entidades donde en breve podrían presentarse acciones administrativas y legales en contra de funcionarios estatales por estas anomalías, de acuerdo con el resultado que arrojen las investigaciones en curso.

En el caso particular de Veracruz, se ordenó un rastreo minucioso de las cuentas bancarias, inversiones financieras, negocios y propiedades de varios funcionarios estatales, al presumirse que pudieran estar implicados en el desvío y malversación de recursos federalizados, de acuerdo con los resultados arrojados por las auditorías practicadas en ese estado por la ASF.

Hasta el momento, los dos funcionarios señalados como principales implicados en este manejo irregular de los recursos federalizados son Gabriel Deantes Ramos y Édgar Spinoso Carrera, quienes hasta el mes pasado se desempeñaron como subsecretario de Finanzas y Administración, y como oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, respectivamente. Fueron removidos de sus cargos por el mandatario estatal Javier Duarte, como una medida preventiva a cualquier sanción administrativa o legal que pudiera presentarse más adelante a nivel federal en contra de ambos exfuncionarios.

Deantes y Spinoso han sido cercanos colaboradores de Javier Duarte desde hace muchos años y personas de su absoluta confianza, por lo que se infiere que solamente pudo haberlos removido al tener conocimiento de las investigaciones en curso en contra de sus colaboradores y de las probables irregularidades en que habrían incurrido en el manejo de los recursos federalizados.

Deantes Ramos y Spinoso Carrera no son los únicos funcionarios estatales que son investigados por autoridades federales, pero son hasta ahora los principales implicados en el manejo irregular de los recursos federalizados.
Por lo pronto la UIF realiza un rastreo a fondo de las cuentas personales de ambos exfuncionarios, así como de las cuentas de familiares cercanos y de probables prestanombres, y se han extendido las investigaciones a los últimos 4 años, es decir, a partir de 2010, fecha en que asumió Duarte la gubernatura de Veracruz.

Esta investigación es actualmente coordinada por Alfredo Revilak de la Vega, quien funge como director adjunto de Análisis Financiero de la Unidad de Inteligencia Financiera, y quien es uno de los colaboradores más cercanos de Alberto Bazbaz, titular de esa dependencia, con quien trabaja desde que este último fungía como procurador general de Justicia del Estado de México.

Además de las cuentas, inversiones financieras, negocios y propiedades de los dos exfuncionarios veracruzanos, la UIF rastrea también operaciones de las siguientes personas y empresas vinculadas a estos exfuncionarios de Veracruz:

Alfredo Spinoso Carrera, empresario, hermano de Édgar Spinoso Carrera. Es licenciado en ciencias de la comunicación, egresado de la Universidad de las Américas.

César Spinoso Carrera (también hermano de Édgar), empresario y ganadero. Es licenciado en administración de empresas, egresado de la Universidad de las Américas. Fue subdirector del Servicio Público de Carrera de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz. Actualmente es vocal de la Fundación Produce Veracruz (Funprover), cuyo presidente honorario es el mismo Javier Duarte.

La empresa Aledce, SA de CV, cuyo representante legal es Alfredo Spinoso Carrera, es del ramo de la construcción y de renta de maquinaria pesada; sus oficinas se ubican en el boulevard Cristóbal Colón, en el fraccionamiento Jardines de Las Ánimas, en Xalapa, Veracruz.

José A Ojeda Rodríguez, subdirector de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Eduardo Contreras Rojano, director general de Administración de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Antonio Tarek Abdalá Saad, tesorero. Igualmente se investigan tres empresas supuestamente vinculadas con este funcionario: Veintiocho Construcciones, SA de CV; Siete Caminos, SA de CV, y Sheba Constructora e Inmobiliaria, SA de CV.

Se tiene conocimiento de que en el caso de ambos exfuncionarios, pero sobre todo de Gabriel Deantes, la UIF detectó hasta el momento distintas operaciones consideradas como inusuales y relevantes, y se ubicaron transferencias y disposiciones en efectivo de recursos con montos millonarios realizados en cuentas personales o de otras personas, sobre todo en la primera mitad de 2012 y de 2013.

El SAT realiza también un monitoreo y cruce de datos de la situación fiscal de los funcionarios, empresarios y empresas antes mencionados, así como otros más que se agregarán en breve, de acuerdo con el resultado que arrojen estas investigaciones.

Las autoridades buscan si hay desvío de recursos federalizados, enriquecimiento ilícito, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación y evasión fiscal, principalmente.
En los resultados de las auditorías practicadas por la ASF, se revela que en el caso de Veracruz se encontraron desvío de recursos, subejercicios, dinero federal empleado para fines distintos a los etiquetados, así como gastos que no beneficiaron directamente a la población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

En total, en el caso de Veracruz se determinaron 16 observaciones, de las cuales ocho fueron solventadas por el gobierno estatal, y las ocho restantes generaron dos recomendaciones, cuatro promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, cuatro solicitudes de aclaración y tres pliegos de observaciones.

*Periodista



 Contralínea 383 / 27 de Abril al 03 de Mayo

Barranco y Larraga: intimidaciones y amenazas cumplidas


 

Confiesa Miguel Ángel Osorio Chong que las promesas del peñismo para implantar protección al trabajo de los periodistas han fracasado; y de la Procuraduría General de la República (PGR) –donde despacha Jesús Murillo Karam– tampoco han pasado de promesas las medidas cautelares para el desempeño de los reporteros. Así se ha presentado el peñismo ante la prensa de todo el país, mientras continúan las amenazas de funcionarios en San Luis Potosí contra Gerardo Duque Larraga, reportero de Corporativo de Medios, quien ha estado publicando los abusos y agresiones de agentes estatales contra indígenas del municipio de Tamasopo, en la Huasteca, donde los nativos han integrado defensas rurales contra los uniformados. Duque Larraga fue encañonado con armas largas. Lo bajaron de su automóvil, lo esposaron y le quitaron el teléfono celular. Luego fue encarcelado, para dejarlo en libertad el día siguiente, no sin antes advertirle: “Te va a cargar la chingada”. Y que de continuar con su trabajo, “te vamos a desaparecer”, le dijeron. Sus agresores lo presentaron ante el Ministerio Público y éste inició una averiguación en su contra por faltas de tránsito.

En la capital del país, el columnista de El Universal y comentarista en Radio Centro, Alberto Barranco, ha sido amenazado por el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia desde su exilio en Canadá, del que sus compañeros avisan está por llegar a México, lo que hace más riesgosa la amenaza, ya que puede ser cumplida en un arrebato de odio. Esto porque el periodista ha criticado, con información veraz, sobre los 55 millones de dólares que “han desaparecido” de los mineros. Apoyado Gómez Urrutia desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por el prepotente oficial mayor peñista, Manuel Cadena, quien a su vez es apoyado por Alfonso Navarrete Prida (el del negocio redondo de la Lotería Nacional en Sonora, porque a través de él y sus representantes en este juego de azar, distribuye en toda la entidad los billetes para jugar y obtiene sustanciosas ganancias mensuales).

El periódico Noroeste, de Sinaloa, lleva varias agresiones a sus instalaciones. Y en un ataque más, su director general fue interceptado cuando salía del aeropuerto de Culiacán: lo golpearon y le dieron de balazos en cada una de sus piernas. Y es que el diario que circula en todo ese estado ha tenido una actitud crítica de información verídica con respecto del ejercicio político-administrativo del desgobernador priísta-panista, Mario López Valdez, alias Malova, como le gusta ser nombrado. Y, además, el periódico Noroeste tiene en su Consejo de Administración al combativo Manuel Clouthier Carrillo, quien se ha dedicado a participar como candidato independiente, y esto molesta al desgobernador, al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) sinaloenses. A los reporteros que cubrieron la entrega del narco Joaquín Guzmán Loera, los agentes del gobierno les robaron sus grabadoras, celulares e instrumentos de trabajo.

Todo indica que Mario López Valdez (como su par de Veracruz, Javier Duarte, quien lleva en su haber 10 homicidios de periodistas) no quiere respetar las libertades de prensa, y no faltan quienes, a su servicio, buscan agradarlo con agresiones y amenazas cumplidas a los periodistas del Noroeste. Se publicó en el periódico El Universal (4 de abril de 2014) un desplegado suscrito por los directivos del diario Noroeste, ante todo, dirigido a cuestionar la conducta del desgobernador López Valdez –quien se está comportando como un feroz violador de los derechos humanos en general y demostrando su rabia contra los reporteros– y donde se informa a la opinión pública, desde la capital del país, de los hechos en grado de tentativa de homicidio, intimidaciones, agresiones y obstáculos para que cumplan con su trabajo. La carta abierta está dirigida a Enrique Peña Nieto y a López Valdez, ya que este último ha dejado sin investigar los hechos y parece brindar impunidad a los delincuentes que han de cobrar como sicarios.

La organización internacional en defensa de la prensa y las libertades de los periodistas Reporteros sin Fronteras, por medio de su secretario general, se entrevistó con Osorio Chong (Reforma, 4 de abril de 2014) y éste, como Pilatos, se lavó las manos declarando que “el Mecanismo de Protección a los Periodistas y a Defensores de los Derechos Humanos es un fracaso”. El funcionario reconoce que se ha quedado en buenas intenciones y promesas garantizar el trabajo de los reporteros que son víctimas de los abusos del poder federal y de los desgobernadores del PRI, PAN y del Partido de la Revolución Democrática, a la par de que los presidentes municipales siguen el lema de que lo que hace la mano hace la tras. La violencia que se generaliza por todo el territorio está generando asesinatos, agresiones, encarcelamientos, amenazas cumplidas y desapariciones de todos aquellos trabajadores dedicados al periodismo, e incluso a sus instalaciones, sobre todo cuando éstos insisten en ejercer los derechos a las libertades de información, periodismo de investigación y al análisis y crítica, para exhibir los abusos públicos y privados.

Para cubrir el expediente, Osorio Chong solamente repite que él y Murillo Karam han fallado en la protección a los periodistas. Pero es pose de ambos funcionarios, ya que al peñismo también le molestan las libertades constitucionales de prensa. A los homicidios de la fallida guerra contra el narcotráfico y las delincuencias de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña –con todo y los capos encarcelados y los ejecutados por el peñismo–, se deben sumar los más de 70 periodistas privados de la vida solamente por ejercer su trabajo periodístico.
*Periodista



Contralínea 383 / 27 de Abril al 03 de Mayo

España, “a la caza” de migrantes

 

No bastó con quitarles la tarjeta sanitaria a más de 800 mil inmigrantes en situación administrativa irregular. Con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, el gobierno español pretende impedir el uso de locutorios (cabinas telefónicas) a quienes no muestren una identificación oficial. El gobierno no ha confirmado si exigirá el pasaporte o el documento nacional de identidad. Se contemplan multas de hasta 60 mil euros para los establecimientos que no lleven un libro de registros con una relación de usuarios y datos identificativos.

Con la excusa de perseguir chats (conversaciones) que inciten a la violencia religiosa por parte de musulmanes y de luchar contra otros delitos relacionados con el tráfico de drogas, les quitan a los inmigrantes un canal de comunicación con sus raíces. Ni siquiera podrán disuadir a otros de dar el salto con una advertencia: la vieja Europa idealizada tiene fisuras.

El senegalés Mactar Thiam Fall puso en marcha un proyecto para que sus paisanos conocieran las realidades de Europa que no muestran las películas ni la mayor parte de los medios de comunicación.

Los llamados “mercados” han quedado por encima de las personas y de las conquistas sociales que caracterizaban a Europa en el imaginario colectivo: de ahí el inmigrante que muere de tuberculosis ante la negativa de hacerle una simple prueba, las familias desahuciadas por no poder hacer frente a una deuda con un banco tras haber perdido el empleo, la pérdida de servicios de teleasistencia para personas dependientes, los recortes en sanidad y en educación y el creciente número de niños que van al colegio con el estómago vacío. Estos atropellos, antes considerados tercermundistas, empiezan a vivirse en la Europa que cierra sus fronteras y criminaliza la pobreza.

En política, ganan protagonismo partidos racistas en distintos países. Alimentados por un discurso demagógico, han convertido a los inmigrantes en chivos expiatorios en épocas de crisis, como si fueran los causantes y no sus principales víctimas. En los últimos años ha habido incidentes de violencia contra inmigrantes en Francia, en Italia, en Hungría y en Grecia.

Algunos medios de comunicación alimentan la alarma social con afirmaciones de que 50 mil inmigrantes están preparados para embarcarse desde Marruecos hasta España. Peor que los titulares, son las imágenes en las portadas de inmigrantes subsaharianos colgados de la valla que separa Marruecos de Melilla. Según el informe Balance migratorio en la frontera Sur elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en 2013 fueron interceptados en España 7 mil 550 inmigrantes irregulares contra los 15 mil 572 de 2008. Poco se ha dicho de las 130 personas que perdieron la vida cuando intentaban llegar a España, sin contar aquellos que no fueron encontrados.

Se instala un discurso de “inmigrantes que invaden” para quedarse con el trabajo –como si abundaran las oportunidades– y para dedicarse a la delincuencia. El desempleo no sólo perjudica a los ciudadanos europeos. Muchas veces, los que “vienen de fuera” realizan trabajos que nadie más quiere, o cobran en negro para ahorrarle dinero a quien lo emplea. Cuando hay trabajo, recogen fresas a temperaturas asfixiantes en los invernaderos del Sur de España. También varean olivos para las aceitunas y recorren todo el país en función de las temporadas. Cuando no hay trabajo vuelven a su país como Hassan, protagonista marroquí de la película El rayo. Como él, miles de ecuatorianos han vuelto a su país en los últimos años porque no encontraron oportunidades. Si en su tierra tampoco encontraran trabajo, al menos tendrían redes de apoyo familiar y no tendrían que pagar un alquiler o una hipoteca en euros que no pueden ganar. Taxistas, fontaneros, albañiles, cocineros y profesionales de otros sectores se acogieron al plan de retorno voluntario que impulsó el gobierno anterior, durante los comienzos de la crisis.

La reforma de la Ley de Jurisdicción Universal en España por presiones de China y de Estados Unidos demuestra que la lucha contra el tráfico de drogas no está entre sus prioridades, pues han tenido que dejar libres a narcotraficantes capturados en aguas internacionales. Para luchar contra el terrorismo no se necesita legislar desde la demagogia para ahuyentar miedos atávicos, sino facultar a la policía y aplicar las leyes vigentes.  
 *Periodista; coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias

  Contralínea 383 / 27 de Abril al 03 de Mayo

El lago de Tequesquitengo: la verdadera historia de un pueblo sumergido

 

La arqueología subacuática me llevó en 2004 a Tequesquitengo, en Morelos, también conocido como “el mar de Morelos” por el lago que se encuentra en su valle (figura 1). Ahí realicé ejercicios de geofísica para la detección del contexto arqueológico sumergido que yace en el lago, integrado por restos del pueblo colonial de Tequesquitengo. Desde mi primera visita y durante algunos años, los trabajos de exploración resultaron fascinantes: pernoctar a la orilla del lago, disfrutar del agradable clima de la región en cualquier estación, y sobre todo, que en esa época se tenía la libertad de recorrer el actual pueblo de Tequesquitengo asentado en las orillas del lago y sus inmediaciones a cualquier hora, situación que ya no es posible debido a la inseguridad y la violencia imperante en Morelos.

La investigación, aunque dirigida a la detección con geofísica de los restos culturales del pueblo sumergido, también implicó su registro arqueológico, lo que me hizo bucear entre las estructuras de la iglesia de San Juan Bautista e incluso adentro de la torre del campanario. Pero no sólo me sumergí en el lago, también lo hice en la historia del pueblo que descansa en su fondo. Pobladores y autoridades locales me indicaron que el pueblo fue inundado por los hermanos Mosso, quienes –según Alfonso Toussaint– fueron dueños de la hacienda San José Vista Hermosa a mediados del siglo XIX (Mentz, et al, Haciendas de Morelos, Instituto de Cultura de Morelos, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1997), misma que fue erigida durante la Colonia en la parte alta del valle. Información repetida en revistas turísticas y portales electrónicos de gobierno, pero en ningún caso se menciona la fuente histórica primaria, lo que me hizo indagar más.

Periódicos del siglo XIX señalaban que en la parte Norte del valle había una pequeña laguna, que era sustento para el pueblo colonial de Tequesquitengo, además de que en sus riberas se extraía el tequesquite, mineral del que tomó su nombre el asentamiento. Hasta que una diferencia entre los pobladores y los hermanos Mosso hizo a los hacendados desviar el flujo del excedente de agua de los canales de riego de la hacienda hacia el valle, inundándolo y obligando a sus pobladores a establecerse en las orillas del lago que se formó cubriendo el pueblo y su iglesia, información que en un principio me hizo creer en este hecho. Pero al saber que en la zona ha disminuido la actividad agrícola y, por ende, el flujo de agua sobrante de riego hacia el lago, comencé a dudar sobre la veracidad de que ese acontecimiento hubiera formado el lago y mantuviera su nivel actual. Supuse entonces que la causa era un afluente subterráneo, por lo que en 2008, con Adriana Ontiveros, retomé la investigación histórica, misma que culminé en 2012 y que me llevó a dar nueva luz sobre la inundación.

La historia del pueblo sumergido en el lago de Tequesquitengo fue por más de 150 años un misterio rodeado de mitos por la carencia de datos sobre cuándo y cómo se originó este embalse. En un documento anónimo se mencionaba que en 1856 el agua había alcanzado el atrio del templo religioso erigido en 1827 (sin autor, Compendio anónimo de la historia de Tequesquitengo). En internet se indica que el pueblo se fue inundando gradualmente hasta quedar cubierto en 1865 (www.guiaturisticamorelos.com/tequesquitengo_ historia.html), lo que revela que la inundación fue un acontecimiento paulatino. En 1885, según E J Cañas, sobre el lago aún se veían la cúpula y la cruz. Además, el periodista delimitó el inicio de la inundación, pues señaló que la población funcionaba normalmente 40 años antes, es decir que en 1845 la inundación aún no iniciaba, o al menos el pueblo aún no era afectado (Cañas, E J; “Un viaje a Morelos”, El diario del hogar, México, 16 de octubre de 1885). Otro articulista del siglo XIX mencionó que los hermanos Mosso pretendían obligar a los indígenas a abandonar sus tierras de cultivo de tequesquital, para que trabajaran sus plantíos de caña, y que al negarse los indígenas, los hacendados provocaron la inundación, señalando que para 1865 el agua cubría la torre del templo (L de Balestrier, “El Carabau en México”, El progreso de México, México, 15 de enero de 1896). Para 1896, García Cubas indicó que aún era posible observar la cruz del templo por encima del agua (A García Cubas, Diccionario geográfico, histórico y biográfico de los Estados Unidos Mexicanos, tomo V, Escalerillas, México, 1896). Lo que indica que a finales del siglo XIX la inundación aún continuaba.

En 1969, John Womack mencionó que la inundación del valle y su pueblo fue causada por el excedente de agua de riego, como represalia de los dueños de la hacienda de San José Vista Hermosa por haber sido ofendidos por los pobladores, pero no dio una fecha (J Womack, Zapata y la Revolución Mexicana, Siglo XXI, México, 1969). Por su parte, en 1993 Wobeser indicó que la inundación se dio durante el porfiriato, pero tampoco estableció una fecha, señalando también que fue consecuencia del vertido de los remanentes del agua de riego (G von Wobeser, El agua como factor de conflicto en el agro novohispano, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1993). Igual que los periodistas Balestrier y Cañas, los historiadores atribuyeron la inundación a los hacendados, dato que ha sido retomado una y otra vez, pero sin mayor sustento.

En la década de 1950, el nivel subió 2.5 metros hasta inundar construcciones a lo largo del margen del lago, por lo que se perforó un túnel de desfogue en el flanco occidental del mismo para liberar agua hacia el Río Amacuzac (C Fries, Geología del estado de Morelos y de partes adyacentes de México y Guerrero, región central meridional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geología, volumen 60, México, 1960). Lo que indica que la inundación continuó hasta mediados del siglo pasado, y que de no ser por la obra hidráulica, el nivel del lago habría subido más. La confrontación y combinación de los datos anteriores me permite aseverar que la inundación fue un proceso paulatino desde la década de 1840, posiblemente desde 1845 y hasta la de 1960. Hasta aquí la información histórica delimitaba temporalmente el proceso de inundación a poco más de 1 siglo, pero sin esclarecer la causa del mismo, ni por qué el nivel del lago seguiría incrementándose de no ser por el túnel de desfogue.

Por la comunicación entre el lago y el acuífero aledaño, el lago funciona como descarga natural del acuífero. El lago tiene una superficie aproximada de 8 kilómetros cuadrados y una evaporación de 2 mil mililitros anuales, por lo que a través de este cuerpo de agua el acuífero libera por evaporación un volumen anual de 16 millones de metros cúbicos, mientras que incide sobre el lago una precipitación de 890 mililitros, que genera un volumen anual de 7.1 millones de metros cúbicos (sin autor, Comisión Nacional del Agua, 2000). Se entiende así, que el lago se alimenta en parte del acuífero superficial Zacatepec (figura 2). Lo anterior invalida la versión de la inundación del valle por el vertido del excedente de agua de riego, pues el lago mantiene su nivel y éste subiría de no ser por el desfogue. Lo que me llevó a inferir que alrededor de 1845 se dio un acontecimiento sísmico que aumentó el afluente del acuífero al valle, lo que no indica que el vertido de agua remanente no haya sucedido, pero definitivamente el hecho antropogénico no fue la causa de la formación del lago y menos de mantener su nivel actual. Entonces, la única explicación es que el lago se alimenta de agua subterránea.

Martínez Rodríguez y Gutiérrez Ojeda señalaron que entre 1820 y 1865 el nivel del lago se incrementó 20 metros, cubriendo el pueblo de San Juan Tequesquitengo, señalando que para esto debió darse un incremento en el nivel del acuífero superficial. Mediante modelos matemáticos de simulación, los investigadores han desechado la inundación del valle por el excedente de agua de riego, pues han determinado que la cantidad de agua generada por este evento fue insuficiente para elevar el lago a su nivel actual, señalando que el volumen de líquido para formar el lago y mantener su nivel solamente podría ser aportado por el acuífero profundo, del que su estrato impermeable intermedio debió fracturarse en alguna parte permitiendo una comunicación más directa entre éste y el acuífero superficial (Zacatepec) y consecuentemente la formación del lago. En este sentido, mi suposición de la inundación como consecuencia del trasvase de agua subterránea al valle se confirma (Martínez Rodríguez y Gutiérrez Ojeda, “¿Por qué ocurren variaciones de nivel en el lago de Tequesquitengo? 1. Calibración de un sistema de modelo hidrológico”, páginas 33-46; y “2. Simulación de eventos en el siglo XIX”, páginas 47-56, Ingeniería hidráulica en México, volumen XIX, número 4, México, 2004).

Martínez y Gutiérrez plantean que la fractura en el estrato entre los dos acuíferos se pudo deber a un sismo, en concordancia con lo que yo planteo de un fenómeno de esa índole como la causa de la inundación. Entonces se volvió imperante determinar qué sismo fue el causante, por lo que realicé una revisión de los datos de sismicidad histórica entre 1820 y 1870 del libro de Virginia García y Gerardo Suárez Los Sismos en la Historia de México (tomo I, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1996), buscando los que fueron reportados en Tequesquitengo y lugares aledaños. De los sismos del periodo destaca el del 7 de abril de 1845, considerado uno de los más fuertes del siglo XIX, mismo que fue registrado en gran parte del país y en lugares como Coatlán del Río, Tetecala, Puente de Ixtla, Jojutla, Cuernavaca, Coatlán del Río, Miacatlán y otras poblaciones de Morelos. De los estropicios causados a templos religiosos en Morelos, destacan los de Tlaquiltenango; ya que Tequesquitengo se encuentra a 10 kilómetros de esta localidad, no encontré menciones sobre daños en el templo de San Juan Bautista, dependiente del primero. Es posible que daños a diversos edificios en muchos poblados no quedaran registrados. Pero sin duda el sismo debió afectar Tequesquitengo y probablemente su capilla y demás construcciones. Además, entre Miacatlán y Cuentepec, también en Morelos, se hicieron profundas oquedades en el suelo que se conectaron a cavernas subterráneas por donde se filtró agua a la superficie, lo que indica daños al subsuelo. Es posible que también en Tequesquitengo sucedieran horadaciones y fracturas en el subsuelo, así como filtraciones de agua del acuífero profundo al superficial y de éste a la pequeña laguna del valle. Recuérdese que establecí como fecha del inicio de la inundación 1845, lo que coincide con el sismo del 7 de abril del mismo año. Por lo tanto, la inundación del valle debe ser consecuencia de este sismo, y posiblemente por la misma época se dio el desvío de los excedentes de las aguas de riego, si es que eso sucedió, pero puedo concluir que la acción antropogénica no es la causa de la formación del lago y tampoco es lo que mantiene el nivel del mismo.

Lo anterior demuestra que un supuesto suceso repetido, primero por la tradición oral, es después convertido en nota periodística y termina en libros científicos, aunque no sea cierto. Ese mito ha sido uno de los atractivos turísticos de Tequesquitengo, sobre todo para buceadores que han encontrado en las turbias aguas del lago un lugar para realizar prácticas de orientación y ha generado algunos trabajos de registro subacuático profesionales, como los de Alfredo Lowenstein y Virginia Urbieta, cuya información fue relevante para mi investigación. Por otro lado no ha merecido la atención debida por parte de la Subdirección de Arqueología Subacuática (SAS) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pues aunque las primeras operaciones geofísicas e inmersiones que realicé en el lago las hice por parte de esa dependencia, fueron prácticas y pruebas, incluso varias veces sufragadas en parte de mi bolsillo, y nunca logré interesar a su subdirectora en llevar a cabo un proyecto formal de investigación, mismo que realicé en su vertiente de geofísica con énfasis en el aspecto histórico a través del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el soporte y dirección de los doctores William Bandy y Carlos Mortera, y con la colaboración del doctor José Ortega, del Laboratorio de Geofísica del INAH. Proyecto que ha demostrado que investigaciones académicas profesionales relacionadas con el patrimonio cultural sumergido pueden ser realizadas con excelentes resultados independientemente de la SAS (figura 3). Para abundar en el tema, puede consultarse Roberto Galindo, El pueblo sumergido del lago de Tequesquitengo, Morelos. Siglo XIX, historia, arqueología y geofísica subacuática, Editorial Académica Española-LAP Lambert, Academic Publishing GmbH & Co KG, Alemania, 2012.

El olvido en que el INAH tiene a este pueblo sumergido –como a otros que hay en cuerpos de agua interiores del país, principalmente en embalses artificiales generados durante el siglo XX– demuestra la incapacidad de la SAS de investigar y proteger el patrimonio cultural sumergido de la nación y la necesidad de que los centros INAH estatales se hagan cargo del patrimonio subacuático de sus demarcaciones. Setenta y cinco años de la creación del INAH y 34 años de la SAS no fueron suficientes para que el Instituto desvelara la verdadera historia del lago y el sitio arqueológico que yace en su fondo. Finalmente, es lamentable que ahora se hable más de Tequesquitengo por la inseguridad en que está inmerso a razón de la violencia generalizada en Morelos que por sus atractivos turísticos y la fascinante historia de su pueblo sumergido.

*Maestro en ciencias en exploración y geofísica marina; licenciado en arqueología especializado en contextos sumergidos y buzo profesional; licenciado en letras hispánicas; licenciado en diseño gráfico; integrante del taller Madre Crónica.

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 Contralínea 383 / 27 de Abril al 03 de Mayo

Las “guarimbas” de Venezuela: derecha embozada


27. abril, 2014 Opinión 
 

Desde hace más de 1 década, el gobierno de Estados Unidos ha buscado por todos los medios arrebatar de forma ilegítima la Presidencia de Venezuela a quienes encabezan un proyecto político y social que se opone a entregar el petróleo y los recursos estratégicos de aquella nación a las multinacionales, sobre todo estadunidenses.

Los argumentos de “promoción y defensa de la democracia” que viene esgrimiendo la derecha venezolana para financiar por diversos puntos de aquel país la instalación de las llamadas guarimbas (cierre arbitrario de calles), como forma de presión al régimen de Nicolás Maduro, desde hace 2 meses, buscan obtener precisamente lo que las mayorías les negaron en las urnas: un reconocimiento y legalidad por la vía democrática.

En las elecciones presidenciales de abril de 2013, los votantes dieron la espalda a los que ahora, apoyados por una campaña mediática orquestada desde Washington, intentan hacer creer al mundo que en la nación centroamericana hay un gobierno dictatorial y represivo, cuando el trasfondo del conflicto es de índole meramente imperialista y expansionista, ajeno a los intereses del pueblo venezolano.

La estrategia, puesta en marcha desde el pasado 12 de febrero, ha buscado colgarle al proyecto desestabilizador el sello de un inexistente movimiento estudiantil, puesto en evidencia en reiteradas ocasiones al descubrirse el verdadero origen de quienes operan las guarimbas y otras acciones de provocación, como la quema de hospitales y edificios públicos; de las “protestas estudiantiles”, sólo el 30 por ciento de los detenidos por las autoridades son estudiantes, el resto aparecen como agitadores a sueldo.

Pero por si hubiera alguna duda sobre la mano de la derecha en la intención por cercar al gobierno de Maduro, estos estudiantes son miembros de escuelas privadas y conservadoras, que asisten a sus colegios en automóviles del año y tienen las posibilidades económicas para sufragar millonarias colegiaturas. Los estudiantes de las escuelas públicas, a los que la Revolución Bolivariana les ha permitido tener acceso a una educación gratuita, no se cuentan entre el reducido y bien focalizado “descontento social” que los corresponsales de la prensa extranjera buscan inventar por órdenes expresas del gobierno estadunidense, para confundir a la opinión pública internacional.

Es el momento para que, desde todos los foros posibles, voces libertarias y con legítima vocación democrática exijan a los medios de comunicación venezolanos y extranjeros –serviles a los intereses estadunidenses– una explicación al pueblo de Venezuela y al mundo sobre el papel que han venido jugando desde hace años, en la instrumentación del manipulado conflicto social, organizaciones como la FTI Consulting (supuesta “empresa global de gestión de riesgos”, con sede en Washington, Distrito de Columbia), de cuyas operaciones han salido los recursos para el patrocinio de organizaciones colombianas como la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia y la Fundación Internacionalismo Democrático, ambas ligadas al expresidente Álvaro Uribe, colaboracionista de Estados Unidos durante su gestión como mandatario colombiano de 2002 a 2010.

Los periodistas venezolanos y corresponsales extranjeros sumados a la estrategia contra el legítimo gobierno de Venezuela han tratado de minimizar, por todos los medios, el documento obtenido y publicado por la abogada Eva Golinger, donde se detalla paso a paso la estrategia puesta en marcha en el presente año parar derrocar a Nicolás Maduro. Algunos de los “golpistas” que se reunieron en Colombia en junio de 2013 para afinar los detalles del proyecto de desestabilización son personajes que ahora tratan de ganar posiciones, “vía el diálogo”, para desde ahí iniciar su plan de minar por dentro al proyecto bolivariano. Entre ellos se cuenta a la diputada María Corina Machado, Julio Borges y Ramón Guillermo Aveledo; este último, actual secretario ejecutivo del bloque opositor de la Mesa de Unidad Democrática (MUD).

A través de su organización Súmate, Corina Machado ha recibido financiamiento de Estados Unidos por medio de la Agencia para el Desarrollo Internacional y la Fundación Nacional para la Democracia (NED), ambas organizaciones son utilizadas por el gobierno estadunidense para hacer las labores de desestabilización que antes desempeñaba de manera encubierta su Agencia Central de Inteligencia, como el golpe de Estado que derrocó al gobierno legítimo de Salvador Allende en Chile, en 1973.

El revelador documento es la papa caliente que quema a todos los integrantes de la derecha y a los medios cómplices, ya que en el mismo se da cuenta de las acciones de sabotaje que se han echado a andar –como es la afectación a los servicios públicos como la electricidad– y cuyo objetivo es culpar al gobierno por su “ineficiencia”, lo mismo que “aumentar los problemas de escasez de alimentos básicos”, achacando a la administración de Maduro la instauración de un modelo económico equivocado. La producción de alimentos en Venezuela se encuentra en manos de empresarios de la derecha que están precisamente fomentando una escasez ficticia para poner al pueblo en contra de Maduro, como parte de la estrategia antes detallada.

Otros ingredientes ayudan a explicar que los hechos sucedidos en Venezuela no son obra de la casualidad y, menos, producto de un generalizado descontento social, sino elementos del plan instrumentado por la derecha que busca “crear una crisis en las calles para facilitar la intervención de la fuerzas estadunidenses y de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte], con el apoyo del gobierno de Colombia”. Y para cerrar la pinza, fabricar una imagen represiva a Maduro y aislarlo de los apoyos internacionales, para lo cual se prevé “la contratación de periodistas y reporteros venezolanos e internacionales” de cadenas y medios tales como CNN, The New York Times, Reuters, AP, BBC, El País, Miami Herald y El Clarín, por citar algunos.

El proyecto golpista guarda silencio cuando de citar el contenido de los reveladores cables de Wikileaks se trata, como el que mostró la función de la Oficina de Iniciativas de Transición, que operaba para la embajada de Estados Unidos en Venezuela y que diseñó un proyecto de cinco puntos a ser ejecutados, en el periodo 2004-2006, contra el gobierno de Hugo Chávez, entre los que se buscaba aislar a su gobierno del resto del mundo, cooptar a sus cercanos colaboradores y fortalecer con recursos, vía organismos como la NED, a organizaciones contrarias al régimen chavista, como la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que tuviera una destacada participación en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, y que hubo de ser revertido por el apoyo masivo que obligó al ejército a dar marcha atrás. Ese apoyo que, luego de 18 procesos electorales, ha dicho no a una derecha obstinada en servir de tapete al gobierno estadunidense para cancelar un proyecto social y político que ha favorecido al pueblo venezolano.

Hay que decirlo a voz en cuello: en estos momentos es todo un proceso revolucionario lo que está en juego en Venezuela; es el derecho de las naciones pequeñas a defender sus valiosos recursos naturales, como el petróleo, para ser empleados en beneficio de las mayorías. Por eso debemos denunciar, por todas las redes sociales y los medios posibles, que las guarimbas de Venezuela no son más que la expresión de una embozada derecha, ansiosa de traicionar a su pueblo y a su patria.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas


Contralínea 383 / 27 de Abril al 03 de Mayo

Tlatelolco y el alzamiento zapatista

 

I. De 1940 a 1994 nuestra vibrante historia nacional tuvo dos sucesos políticos de la democracia directa contra los abusos de la democracia representativa: el movimiento-revuelta civil-estudiantil de 1968 contra el autoritarismo díazordacista (extendido a 1971 con el echeverriato) y el levantamiento indígena zapatista de 1994. Ambos sacudieron el latente malestar nacional contra el entonces partido casi único que manipulaba los procesos electorales desde 1940 hasta 1988. Y no obstante la ruptura del Partido Revolucionario Institucional, la victoria pírrica salinista arrebató el triunfo cardenista que abría la posibilidad de una transición a más democracia, que aún espera la nación, con todo y consolidarse el Estado de partidos. Así es que, después de las huelgas obreras del lopezmateísmo y el homicidio de Rubén Jaramillo, 1968, 1988 y 1994 iniciaron las manifestaciones violentas del pueblo en las calles, ya que los gobernantes despreciaban las actitudes pacíficas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación también anunciaron lo que sucede en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y que, como aparentes hechos aislados, junto a la barbarie delincuencial, tienen a la nación al borde de que en “la historia siempre hay un elemento de sorpresa”, que ahora le tiene reservado al peñismo.

II. Dos de las 43 ediciones especiales de la revista Proceso relatan estos fenómenos que dejaron huella histórica en la vida nacional. El número 42, Testimonios de Tlatelolco: 1968-2013, es una crónica de los homicidios y prisioneros de aquel 2 de octubre, causado por el tirano Gustavo Díaz Ordaz y sus compinches, empezando por Luis Echeverría Álvarez, los dos principales delincuentes de ese poder absoluto. Periodistas como Claude Kiejman, John Rodda, Charles Courrière, Fernand Choisel, Pascal Beltrán del Río, René Mauriès, Philippe Nourry, Guy Lagorce, Yvon Toussaint, Anne Marie Mergier y el equipo fotográfico de la revista que dirigía Julio Scherer García nos cuentan cuando los soldados enviados por su jefe nato dispararon a quienes asistían a una manifestación contra el autoritarismo. Esa revolución civil fue asfixiada a sangre y fuego por encarcelamientos y tanques militares en las calles, mostrando el rostro de un golpe de Estado que a la fecha no cesa.

III. En la edición 43: 20 años después. El alzamiento zapatista, bajo la dirección de Rafael Rodríguez Castañeda, contiene reportajes de José Gil Olmos, Arturo Rodríguez García, Salvador Corro, Isaín Mandujano, Jesusa Cervantes. La entrevista de Julio Scherer García con el Subcomandante Marcos y las de María del Carmen Legorreta y Vicente Leñero. Y los análisis de Yvon le Bot, Gustavo Esteva, Neil Harvey y Jorge Carrasco. Es un repaso del levantamiento indígena que despertó la continuación de 1968 y cómo ésta fue también cancelada revolución civil contra los malos gobiernos del salinismo-zedillista. Si la Revolución de 1910-1917 es una revolución inconclusa, 1968 y 1994 son intentos de concluirla “resolviendo con más democracia los problemas de la democracia”, atendiendo la pobreza que padece la nación y la situación de los indígenas, tratados como los negros del esclavismo estadunidense y como los nazis a los judíos. Dos ediciones especiales que son memoria de nuestra historia.

Ficha bibliográfica:

Autores: periodistas y analistas

Título: Testimonios de Tlatelolco y El alzamiento zapatista

Editorial: revista Proceso

*Periodista