lunes, 31 de marzo de 2014

Pemex: el negocio de los 3 billones de dólares

Pemex: el negocio de los 3 billones de dólares Alrededor de 3 billones de dólares estarán en juego en los próximos años en el sector petrolero mexicano.
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Conflicto minero de Colima llega al Senado

Conflicto minero de Colima llega al Senado La conflictividad que ha provocado la posible instalación de una mina en la comunidad indígena de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, ha llevado a legisladoras del Congreso de la Unión a emitir un punto de acuerdo para respetar los derechos de los habitantes de ese lugar, que corren el... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/02/principal16.jpg http://bit.ly/1lje6GE http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/03/31/conflicto-minero-de-colima-llega-al-senado/

Declaración en video de testigo de la PGR contra Herrera Valles

Declaración en video de testigo de la PGR contra Herrera Valles Víctor Hugo Martínez Rocha –quien fuera uno de los testigos de la Procuraduría General de la República para el caso contra Javier Herrera Valles, excomisionado de la Policía Federal– habría sido manipulado desde las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, que entonces... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/03/interrogatorio.jpg http://bit.ly/1mouANC http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/03/31/declaracion-en-video-de-testigo-de-la-pgr-contra-herrera-valles/

sábado, 29 de marzo de 2014

Nuestros lectores

Nuestros lectores
La realidad de los derechos humanos en México
Hace 1 año nos encontramos en el marco de la primera audiencia solicitada por el gobierno mexicano entrante, nombrada: “Prioridades en materia de derechos humanos y armonización legislativa en México”, en la... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/03/BUZON01.jpg http://bit.ly/1h7NSSu http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/03/30/nuestros-lectores-126/

Venceremos

Venceremos
 
 
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Los excesos de Ramírez Puga en Liconsa

Los excesos de Ramírez Puga en Liconsa
Para los mexicanos, la corrupción se ha convertido en un cáncer social con el que el gobierno nos obliga a convivir todos los días. Un ejemplo son los cuantiosos fraudes cometidos por la naviera Oceanografía en complicidad con funcionarios petroleros y que el... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/07/oficio-de-papel1-300x300.jpg http://bit.ly/1h7Mzmg http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/03/30/los-excesos-de-ramirez-puga-en-liconsa/

Se amontonan averiguaciones por delitos contra periodistas

Se amontonan averiguaciones por delitos contra periodistas
La dos caras de la violencia, la de los delincuentes y quienes los combaten, en esta guerra de todos contra todos y el regreso al estado de naturaleza, sobre las cuales nos advirtieron primero Thomas Hobbes (1588-1679) y después Juan Jacobo Rousseau (1712-1778), se hayan implantadas en... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/10/defensor-del-periodista-300x300.jpg http://bit.ly/1h7Mhff http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/03/30/se-amontonan-averiguaciones-por-delitos-contra-periodistas/

De apariencias y verdades

De apariencias y verdades
El 18 de marzo pasado, la celebración por la expropiación petrolera –que llevó a cabo el expresidente Lázaro Cárdenas del Río en 1938– no pudo ser más falsa y llena de símbolos equívocos.
Enrique Peña Nieto... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/opinion1.jpg http://bit.ly/1h7LlaN http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/03/30/de-apariencias-verdades/

Los contratados en el INAH: condiciones laborales indignas en el 75 aniversario del Instituto

Los contratados en el INAH: condiciones laborales indignas en el 75 aniversario del Instituto
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es en nuestro país la dependencia encargada de investigar, preservar y dar a conocer diversos aspectos tangibles e intangibles del patrimonio cultural, es decir, su materia de trabajo es todo aquello creado por el hombre en... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/opinion1.jpg http://bit.ly/1h7LfQB http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/03/30/los-contratados-en-el-inah-condiciones-laborales-indignas-en-el-75-aniversario-del-instituto/

Nuestro petróleo ya es “patrimonio global”

Nuestro petróleo ya es “patrimonio global”
Luego de que los crespones de luto nacional aparecieron en la celebración del 76 aniversario de la expropiación petrolera, habrá que preguntarse hasta dónde llegó la miopía ideológica e intelectual de la actual clase política para no... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/opinion1.jpg http://bit.ly/1h7KDKP http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/03/30/nuestro-petroleo-ya-es-patrimonio-global/

Ningunear a Rusia

Ningunear a Rusia
Castigar a Rusia, engañar a Rusia, acabar con el poderío imperial de los zares rojos… Trato de hacer memoria. Sucedió hace 4 décadas, en la primera mitad de la de 1970, durante la fase preliminar de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/opinion1.jpg http://bit.ly/1h7K6Zf http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/03/30/ningunear-rusia/

TLCAN: El despojo que (aún) vendrá

TLCAN: El despojo que (aún) vendrá
Lo que pareciera una consecuencia más, ineludible, de las tendencias globalizantes –aunque no necesariamente negativas e, incluso, teóricamente positivas– se ha convertido en ominosa sombra sobre la faz de la tierra y los pueblos que sustenta: la integración... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/opinion1.jpg http://bit.ly/1h7JAKQ http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/03/30/tlcan-el-despojo-aun-vendra/

Desde Esparta hasta Washington: “El espionaje y el contraespionaje”

Desde Esparta hasta Washington: “El espionaje y el contraespionaje”
“Observar algo o a alguien con atención, con continuidad y/o con disimulo, con algún interés. Hacerlo así por encargo de otra persona y para comunicar a ésta lo observado. Particularmente observar al servicio de un país lo que pasa en otro, u... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/07/ex-libris-300x300.jpg http://bit.ly/1h7J7bB http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/03/30/desde-esparta-hasta-washington-el-espionaje-el-contraespionaje/

Cisen investiga a exsecretario de Energía y tres directores generales de Pemex por caso Oceanografía

Cisen investiga a exsecretario de Energía y tres directores generales de Pemex por caso Oceanografía El Cisen investiga las relaciones de Oceanografía y su principal accionista, Amado Yáñez, con el exsecretario de Energía Jordy Herrera; con los exdirectores generales de Pemex Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo y Juan José Suárez Coppel, y con el actual diputado Juan Bueno Torio
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/03/wp-cisen.jpg http://bit.ly/1h7IwGS http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/03/30/cisen-investiga-exsecretario-de-energia-tres-directores-generales-de-pemex-por-caso-oceanografia/

Contralínea 378

Contralínea 378
 
 
 

 
 
 
PGR “armó” defensa de Oceanografía
23. marzo, 2014    Nancy Flores / @Nancy_Contra      Portada
En la trama de corrupción que protagoniza Oceanografía –empresa que... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/03/contralinea-378-800-788x1024.jpg http://bit.ly/1gARAIR http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/03/29/contralinea-378/

jueves, 27 de marzo de 2014

Niños soldados: la descomposición de la sociedad

Niños soldados: la descomposición de la sociedad Un número indeterminado de niños son reclutados por diferentes organizaciones en todo el mundo para hacer la guerra
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/03/ninos-soldados.jpg http://bit.ly/1pAXiuV http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/03/28/ninos-soldados-la-descomposicion-de-la-sociedad/

China, Rusia, Irán, Líbano y Siria: aliados ante el embate estadunidense

China, Rusia, Irán, Líbano y Siria: aliados ante el embate estadunidense La estrategia estadunidense, concebida por Zbigniew Brzezinski, de apoyar el oscurantismo islamista para luchar simultáneamente contra los políticos musulmanes progresistas y contra Rusia, ha dado lugar a la aparición de una alianza que lucha por contrarrestarla. China, Rusia, Irán, Siria y... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/03/embate-estadunidense.jpg http://bit.ly/1pAWQg8 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/03/28/china-rusia-iran-libano-siria-aliados-ante-el-embate-estadunidense/

miércoles, 26 de marzo de 2014

Las FOE, punta de lanza del intervencionismo estadunidense

27. marzo, 2014   Línea Global

Efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos están presentes en 120 países. Dedicados al espionaje y las actividades encubiertas, tienen como principal tarea sabotear, conjurar y acabar con todo aquello que vaya “en contra de los intereses” del gobierno estadunidense. Acostumbrados a violar las leyes, se encargan de promover la desestabilización y el derrocamiento de gobiernos que no se someten a Washington. Para 2014 contarán con 69 mil efectivos y un presupuesto de 7 mil 700 millones de dólares. En marcha, más operativos en América Latina

Roberto García Hernández/Prensa Latina


La política subversiva e intervencionista de Estados Unidos tiene como pilar fundamental el empleo de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), en estrecha coordinación con los servicios de espionaje, en particular la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés).

Un informe reciente de la Corporación Rand, uno de los llamados think tanks o “tanques pensantes” estadunidenses, señala que las FOE tienen hoy más misiones que nunca antes, mientras su financiamiento se ha quintuplicado desde 2001, tendencia que sigue su curso actualmente.

En este sentido, el presupuesto del Pentágono para el año fiscal 2015 revela la intención de elevar a niveles sin precedentes los fondos para las FOE, que mantienen una presencia abierta o encubierta en cerca de 120 países.

El secretario de Defensa, Charles Hagel, solicitó el 5 de marzo pasado al Congreso más de 7 mil 700 millones de dólares para esas unidades elite, lo que representa un 10 por ciento por encima de lo asignado en 2014, además de un aumento del personal de 66 mil a 69 mil efectivos.

El jefe del Pentágono argumentó que las FOE desempeñan un papel clave en la presunta lucha contra el terrorismo, la respuesta inmediata a cualquier crisis en la arena internacional y el desarrollo de relaciones con sus similares en otras naciones.

Las FOE están integradas por unidades del Ejército, la Infantería de Marina, la Armada y la Fuerza Aérea estadunidenses, la mayoría de las cuales se subordinan al Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (Usscom, por su acrónimo en inglés), cuyo cuartel general está en MacDill, estado de Florida.

El jefe del Usscom, el almirante William McRaven, dijo recientemente ante el Congreso que las unidades que él dirige incrementarán su presencia en los próximos años en todo el mundo.

Al esbozar el plan denominado Visión 2020, McRaven resaltó que esas agrupaciones cumplirán sus tareas con efectividad gracias a los vínculos estrechos con la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, la Oficina Federal de Investigaciones y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.

Por otra parte, el Pentágono solicitó al Congreso estadunidense sumas sin precedentes para el año fiscal 2015, destinadas a acciones subversivas y de espionaje de su Programa de Inteligencia Militar (PIM).

En total, el Departamento de Defensa planifica gastar más de 58 mil 700 millones de dólares en misiones secretas –lo que representa un incremento de casi 2 por ciento con relación a 2013– de este financiamiento, que se conoce en medios académicos y de prensa como “presupuesto negro”.

Según el sitio digital estadunidense The Daily Beast, una buena parte de ese dinero se empleará en el desarrollo de satélites espías, naves aéreas teledirigidas (drones) de próxima generación y sistemas de escuchas ultrasensibles, tecnologías clave para la subversión.
El PIM recibirá más de 13 mil 300 millones de dólares, la mayor parte en actividades de apoyo a las Fuerzas Armadas estadunidenses en ultramar.

Las directivas del Departamento de Defensa para estas acciones desestabilizadoras se basan en la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia Militar Nacional, entre otros instrumentos rectores de la política de Washington en cuanto a sus apetitos globales como potencia.

Pero el tema también lo aborda la Circular de Entrenamiento TC-1801 de las FOE, publicada en noviembre de 2010 bajo el título “La guerra no convencional”.

La directiva afirma que las FOE son las únicas específicamente designadas a ese tipo de contienda por sus “capacidades únicas para infiltrarse en territorio enemigo, entrenar a los grupos subversivos y coordinar las acciones de éstos [...]”.

Una investigación sobre la política de seguridad de Washington en el Hemisferio Occidental, realizada en 2013 por el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, el Centro para Políticas Internacionales y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, arroja luz sobre el tema.

De acuerdo con el reporte, Estados Unidos incrementa la presencia de las FOE en la región en misiones de entrenamiento e inteligencia bajo el pretexto de la lucha antidrogas.

La anterior evaluación retrata el posible involucramiento, de forma directa o indirecta, de estas unidades y de los servicios de inteligencia de Washington en la actividad subversiva que desarrollan sectores de la ultraderecha venezolana.

El presidente Nicolás Maduro ha denunciado de forma reiterada la responsabilidad estadunidense en esas acciones violentas en su país. En el caso de Ucrania, los acontecimientos en esa nación europea reafirman la participación activa de los servicios de espionaje de Washington y sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en contra del presidente Víktor Yanukóvich.

El propio secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, reconoció la participación de su país en las acciones desestabilizadoras, al afirmar que su política está dirigida a que las exrepúblicas soviéticas se integren a Occidente “por el deseo de ver a esos pueblos concretar sus aspiraciones de libertad”.

En el caso ucraniano, algunos expertos señalan que Estados Unidos cedió la tarea principal en el manejo de la situación a los servicios de inteligencia y subversión aliados, en particular Polonia, Lituania y Suecia, cuyos aparatos subversivos manejan más de cerca el apoyo a la insurgencia prooccidental.

La injerencia occidental en la crisis ucraniana adquirió nuevos matices tras el anuncio de que el Pentágono incrementaría la presencia bélica en Europa Oriental, así como la realización de ejercicios y entrenamientos con sus aliados en el Viejo Continente.

En ese sentido, Washington envió seis aviones cazas F-15 y uno de reabastecimiento KC-135 a Lituania, 12 F-16 a Polonia y confirmó que aviones de reconocimiento y dirección de la aviación de combate conocidos como Awacs (acrónimo de Airborne Warning and Control System), participarán en tareas de espionaje en el área.
Además, el destructor coheteril USS Truxtun (DDG-103) pasó a principios de marzo del Mar Mediterráneo al Mar Negro, y está ahora en aguas territoriales de Rumania, aunque voceros de la Marina de Guerra estadunidense aseguran que su traslado no está relacionado con la situación en Ucrania.

El DDG-103 forma parte de los buques escoltas del grupo de ataque del portaaviones George H W Bush, que está actualmente en el puerto turco de Anatolia, con sus más de 80 aviones de combate a bordo.
Por otra parte, en sus actividades conspirativas, Washington utiliza a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) como uno de los tentáculos de los servicios de inteligencia para obtener información e influir en la política de otras naciones.

Directivos de la USAID reconocen que, a través de esa entidad, la Casa Blanca mantiene una estrecha relación y entrega fondos a sectores antigubernamentales en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
El Pentágono dispone de representantes en las estructuras locales de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Oficina del Coordinador para la Reconstrucción y la Estabilización del Departamento de Estado, en naciones donde existen conflictos armados con el fin de mejorar la calidad de las operaciones cívico-militares.

Desde 2002, funcionarios de esa agencia están incorporados a las unidades de las FOE en Afganistán y, junto con los llamados expertos en asuntos civiles, contribuyen a neutralizar el comportamiento de la población y conformar estados de opinión favorables a las fuerzas de intervención.
 
 
 
 
 
 
 
 

martes, 25 de marzo de 2014

Embarazadas, indígenas y trabajadoras del hogar, entre las más discriminadas

26. marzo, 2014     Sociedad

Las mujeres embarazadas, las indígenas, las trabajadoras del hogar, las migrantes y las que presentan alguna discapacidad se encuentran entre las más discriminadas en México, señalan datos del Conapred, la CNDH y la ONU Mujeres. Ana Güezmes García –directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana– considera que aunque el país ha avanzado en el marco normativo de igualdad y no discriminación contra la mujer, el gran reto sigue siendo que los derechos humanos plasmados en el papel se conviertan en “una realidad en la vida de las mujeres y las niñas; en igualdad en los hechos”

 
Raquel fue contratada como ayudante general en una tienda de autoservicio. Cuando la líder del establecimiento supo que la mujer estaba embarazada, su actitud con ella cambió negativamente. Le molestaba, incluso, que Raquel acudiera a sus consultas médicas, condición indispensable para llevar a bien su gestación y posterior parto.

No obstante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a procrear libremente, el embarazo de Raquel fue motivo de despido. La decisión de separarla de su empleo violentó también la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que considera como un acto discriminatorio a toda distinción por condición de embarazo que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
Sin embargo, el caso de Raquel no es único ni excepcional. De acuerdo con la estadística de la Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el embarazo constituye la primera causa de discriminación contra la mujer en el país.

De los 1 mil 114 expedientes por presuntos actos de discriminación relacionados con mujeres que reporta el Conapred para el periodo 2011-2014 (hasta el 31 de enero), el 27.3 por ciento (304) corresponde a discriminación por condición de embarazo. Le siguen el género, causa presente en 216 casos; la condición de salud, en 158; la apariencia física, en 129; la discapacidad, en 129; y la preferencia u orientación sexual, en 98.

Con respecto de los ámbitos en que más se discrimina a la mujer, destaca el laboral. En éste ha ocurrido el 57.5 por ciento del total de actos de discriminación. El segundo lugar es para el sector educativo, con el 13.6 por ciento de éstos.

Cabe destacar que alrededor del 70 por ciento de los actos de discriminación relacionados con mujeres que reporta el Conapred se agrupa en el rubro de quejas, es decir, en los que el presunto responsable es un particular; el resto corresponden a reclamaciones, mismas que son atribuidas a servidores públicos.

Del análisis de los datos oficiales sobresale un hecho más: que los actos de discriminación contra la mujer van al alza. Y es que mientras en 2011 el Conapred abrió 310 expedientes en la materia, para 2012 fueron 354, y para 2013, 412. Es decir, en estos 3 años el número de quejas y reclamaciones creció en 32.9 por ciento.

Hilda Téllez Lino, directora general adjunta de Quejas y Reclamaciones del Conapred, comenta que a pesar de los avances normativos en materia de igualdad de género, las mujeres que habitan el país siguen estando en mayor situación de desventaja frente a los hombres y, por ende, son más vulnerables de sufrir discriminación.

Consultada respecto de las poblaciones femeninas que más enfrentan discriminación, la funcionaria destaca el caso de las trabajadoras del hogar.

Y es que el grueso de éstas, detalla, carecen de derechos laborales y de seguridad social, puesto que “la ley no contempla ni protege ampliamente sus derechos”. También, el de las mujeres indígenas, las migrantes y las que presentan alguna discapacidad. Éstos son, a decir de la también maestra en derechos humanos y democracia, “los cuatro grupos que sufren mayores condiciones de discriminación”.

Téllez Lino explica que si bien el Conapred es un órgano de Estado de carácter nacional, más del 50 por ciento de las quejas y reclamaciones en materia de discriminación contra la mujer provienen del Distrito Federal, lo que, por supuesto, no significa que las poblaciones rurales o indígenas estén exentas de esta problemática. Quiere decir, más bien, que en muchas ocasiones “eso no se denuncia porque pasa a ser una conducta normalizada”.

De acuerdo con un reporte que el Conapred entregó a Contralínea, el caso de Raquel, quien se quejó ante dicha instancia, concluyó en la firma de un convenio que contempla un curso de sensibilización para la responsable del despido; que, al término de la licencia de maternidad, la peticionaria sea recontratada en la misma tienda de autoservicio, en el mismo puesto y horario; y que la peticionaria cuente con la garantía, por escrito, de un trato digno y respetuoso para su persona, así como de no sufrir represalias.

CNDH: mujeres indígenas embarazadas, blanco de discriminación

Cuando la condición de embarazo se cruza con el ser indígena, los casos pueden derivar en muerte. Así le sucedió a Rosalía Mukul, perteneciente al pueblo maya de Chacsikín, quien por una supuesta negligencia médica falleció cuando cumplía 5 meses de gestación, junto con los gemelos que llevaba en su vientre. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de enero en el Hospital Comunitario de Peto, Yucatán.


Casi 4 meses atrás, el 6 de octubre de 2013, Susana Hernández, de la localidad de Cruztón, Chiapas, atravesó por una situación similar. La indígena tzotzil de apenas 26 años de edad pereció después de dar a luz, por la negligencia en la que habría incurrido el personal médico del Hospital de la Mujer de Chiapas.

Yolanda Leticia Escandón Carrillo, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), refiere que de octubre pasado a la fecha el organismo autónomo ha atraído la investigación de ocho casos relacionados con negligencias médicas u omisiones en contra de mujeres indígenas en condición de embarazo que acuden a los servicios de salud pública.
Destacan los de Rosalía Mukul y Susana Hernández; también el de Silvia Francisco, indígena mixe, originaria del Itsmo de Tehuantepec, Oaxaca, quien, por negligencia médica, perdió al hijo que aún se encontraba en su vientre. El resto, ocurridos en Oaxaca y Puebla, tratan de mujeres que, como consecuencia de la negación de la atención médica, parieron en patios y recepciones de hospitales; e incluso en la vía pública.

La cuarta visitadora detalla que uno de estos casos ya concluyó en recomendación (la 1/2014), mientras que los otros se encuentran en etapa de investigación bajo la línea de discriminación. Y es que aunque las instituciones involucradas en los presuntos actos de negligencia médica y omisión utilizan argumentos como que no hay médicos de guardia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha detectado que “el hecho de que son mujeres indígenas puede implicar que no les presten el servicio”.

Escandón Carrillo refiere algunas de las temáticas en materia de discriminación de las que ha tenido conocimiento el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, dependiente de la Cuarta Visitaduría General. A decir que las licencias maternales no se ajustan a lo que dicta el reglamento; que los defensores de oficio no toman en cuenta los protocolos de impartición de justicia a grupos vulnerables, como son las mujeres indígenas; y la discriminación institucional de que son objeto las mujeres en reclusión.

ONU Mujeres: discriminatorias, pruebas de embarazo y brecha salarial

En entrevista con Contralínea, Ana Güezmes García, directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, refiere algunos ejemplos “abrumadores” de discriminación contra la mujer para el caso mexicano: “desde las pruebas de embarazo para entrar a trabajar que son ilegales pero que, según datos de la Edireh [Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares] se siguen solicitando, hasta la discriminación legal que persiste en la reciente reforma laboral, donde las trabajadoras del hogar, la mayoría mujeres, son consideradas como de ‘segunda categoría’, con menos derechos que otras categorías laborales”. Otros actos comunes de discriminación estarían relacionados con la brecha salarial o con la poca presencia de mujeres en presidencias municipales o en corporaciones económicas.

—¿Considera que las medidas emprendidas por el gobierno mexicano para la prevención y el combate de la discriminación contra la mujer son adecuadas y suficientes? –se le pregunta.

—México cuenta con una legislación y políticas públicas que son un ejemplo para la región, especialmente en políticas de igualdad, en estadísticas de género [algunas de ellas construidas en conjunto con ONU Mujeres] y en presupuestos públicos. Sin duda, los avances han sido muchos: hace apenas 60 años las mujeres mexicanas conquistaron su derecho al voto; hoy las leyes consagran la igualdad y condenan la discriminación; hoy se cuenta con instituciones específicas, con las que colaboramos, como el Conapred y las comisiones de derechos humanos, y con un marco internacional y local pro derechos humanos.

En el caso concreto de la administración de Enrique Peña Nieto, Ana Güezmes detecta dos avances “fundamentales”: el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, así como el hecho de que la reforma político electoral establezca “la paridad en las candidaturas como una garantía constitucional”.

Aun así, la representante de ONU Mujeres considera “insuficientes” los “muchos” avances.

Para ella, el gran reto consiste en hacer que los derechos humanos plasmados en el papel se conviertan en “una realidad en la vida de las mujeres y las niñas; en igualdad sustantiva o en igualdad en los hechos”.

Durante su participación en el foro Balance de Cumplimiento de la Plataforma de Acción de Pekín y de las Metas del Milenio, celebrado el pasado 20 de febrero en la Cámara de Diputados, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), enumeró los avances que el país ha alcanzado en materia de equidad de género, a los que juzgó, igualmente, “insuficientes”.

Destacan en el listado la asignación por parte del Legislativo de un presupuesto de 22 mil millones de pesos etiquetados para ejercer en 116 programas de igualdad de mujeres y hombres; el establecimiento de la perspectiva de género como eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo; que todas las entidades de la República cuenten con una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 30 con una ley de igualdad, 25 con una ley contra la trata de personas, y 22 con una ley contra la discriminación.

Cruz Sánchez concluye: “Sí tenemos muchos desafíos. No hemos cumplido con lo que se prometió en Pekín, con lo que hemos propuesto, sobre todo con aquellos temas que se han tocado en organismos internacionales. A mí me tocó participar en Ginebra para lo del EPU [Examen Periódico Universal]; es cierto, hubo muchas recomendaciones, pero como Estado mexicano estamos trabajando”.

ONU: mujeres, triple de horas más que los hombres en trabajo no remunerado

Ana Güezmes García refiere que las encuestas de tiempo realizadas en 18 países de América Latina revelan que las mujeres invierten el doble o triple de horas que los hombres en el trabajo no remunerado, “discriminación que ni siquiera hace parte de la agenda pública de la región”.

Se trata, explica, del “impuesto, en tiempo, trabajo y dinero, invisible que pagan las mujeres en una sociedad que aún no ha hecho del cuidado doméstico una obligación de Estado”. Así es que una de cada tres mujeres de la región no cuenta con ingresos propios y que el 90 por ciento de ese cuidado no remunerado está a cargo de las mujeres.
Ana Güezmes lamenta que ningún país del mundo y, sobre todo, ninguno de la región –“la más desigual del planeta”– esté libre de discriminación contra las mujeres y las niñas. Por ello, insiste en que el cambio debe ser estructural y la igualdad de género central en todas las políticas públicas.

Recalca, asimismo, que el gran desafío recae en “la igualdad en los hechos”, que por ahora sólo “es marco constitucional”. Y es que aunque todos los países de la región han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, “para la mayoría de las mujeres en el mundo, las leyes aún no se han traducido en mayor igualdad y justicia en sus vidas cotidianas, en el ejercicio de sus derechos, en los resultados”.



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 Contralínea 378 / 17 al 23 de marzo de 2014

lunes, 24 de marzo de 2014

En México, una mujer asesinada cada 3.3 horas


Las mujeres en México pagan con su vida la factura de una sociedad misógina y violenta; y de un sistema “impune” y “corrupto”. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad oficiales, para 2012, 2 mil 630 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, es decir, 7.2 cada día. En el sexenio de Felipe Calderón sumaron 12 mil 16 de estos crímenes contra mujeres: 55.9 por ciento más que en el gobierno de Vicente Fox y 40.6 por ciento más que en el de Ernesto Zedillo

En México, diariamente son asesinadas 7.2 mujeres; es decir, una cada 3.3 horas, de acuerdo con los últimos registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El número de homicidios dolosos de mujeres va en aumento. Los avances normativos, producto del constante empuje de las organizaciones feministas y de derechos humanos, no alcanzan para prevenir y erradicar el fenómeno que en 2007 fue incorporado por primera vez a la legislación mexicana bajo el concepto de “violencia feminicida”: la “forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y de Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.


El repunte de los asesinatos de mujeres empezó a ser evidente a partir de 2008 cuando, en el marco de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, se registraron 1 mil 440 de estos crímenes, 32.5 por ciento más que en 2007. Desde entonces el crecimiento es constante: 1 mil 935 casos para 2009; 2 mil 335, para 2010; 2 mil 590, para 2011; y 2 mil 630, para 2012.

Lo anterior se desprende del análisis de las estadísticas vitales de mortalidad del Inegi para 2011 y 2012, así como del estudio Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010. Este último da cuenta de las defunciones femeninas con presunción de homicidio durante 25 años como un primer acercamiento al fenómeno del feminicidio. Y es que, según refieren las instancias coautoras –la Cámara de Diputados, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) Mujeres, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)–, el Estado mexicano carece de sistemas de información veraces, oportunos y precisos sobre el número y características de los asesinatos de mujeres por razones de género.

El estudio sobre violencia feminicida y los indicadores del Inegi revelan el panorama completo de los asesinatos de mujeres perpetrados durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa. Los homicidios dolosos de mujeres durante su gestión sumaron 12 mil 16, es decir, 55.9 por ciento más que en el gobierno de Vicente Fox Quesada, y 40.6 por ciento más que en el de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Durante el sexenio más violento para el sexo femenino, 12 entidades del país se constituyeron como los principales focos rojos en la materia. De 2007 a 2012, el Estado de México registró 1 mil 672 homicidios dolosos de mujeres; Chihuahua, 1 mil 670; Guerrero, 839; el Distrito Federal, 762; Nuevo León, 552; Veracruz, 542; Baja California, 541; Jalisco, 488; Tamaulipas, 468; Oaxaca, 452; Sinaloa, 423; y Michoacán, 421.

Consultada respecto de las posibles causas del incremento de los feminicidios en el país, Ana Güezmes García –directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana– alude a las observaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dirigió al Estado mexicano en agosto de 2012.

Entonces, el órgano dependiente de la Organización de las Naciones Unidas externó su preocupación por la intensificación de las pautas de discriminación y violencia generalizadas contra las mujeres como consecuencia de “la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes”. También por el sometimiento de las “mujeres y muchachas”, a niveles mayores y diversos de violencia, en particular el feminicidio, a manos de grupos de delincuentes organizados e, incluso, de agentes estatales, incluidos los encargados de hacer cumplir la ley y de procurar la seguridad.

En entrevista con Contralínea, Güezmes García refiere unos de los principales hallazgos de Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010: que en comparación con los homicidios de varones, los medios empleados para asesinar a las mujeres son más brutales, hecho que evidencia la saña propia de los crímenes de género.

Detalla que casi una de cada cinco mujeres muere en manos de su agresor; que los casos de muerte por ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión son tres veces más frecuentes para ellas; que el uso de objetos cortantes es más común en los crímenes de mujeres, al igual que el empleo de objetos romos; y que los asesinatos por envenenamiento o quemadura son 4.4 veces más frecuentes en las féminas que en los varones.

Para la representante de la ONU Mujeres, resulta imperativo prevenir y eliminar la violencia y discriminación contra las mujeres –“la más extendida violación de derechos humanos en el mundo”–, en miras del desarrollo sostenible. Y es que, asegura, ambas constituyen “uno de los principales obstáculos para el desarrollo; generan inestabilidad en las sociedades; impiden el progreso hacia la justicia y la paz; atentan contra la gobernabilidad democrática”.

Logros a medias

A decir de las instancias oficiales, uno de los grandes logros relativos a los crímenes de odio contra las mujeres es la incorporación del tipo penal feminicidio en el Código Penal Federal y en los códigos de 31 de las 32 entidades que integran el país. La excepción es Chihuahua, no obstante los 1 mil 670 homicidios dolosos de mujeres que registró entre 2007 y 2012, y que la colocan como la segunda entidad más violenta para las mujeres a nivel nacional.

Cuestionada respecto de las acciones emprendidas en materia de prevención y erradicación de feminicidios, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Inmujeres, comenta que la instancia a su cargo ha trabajado en la armonización legislativa del tipo penal feminicidio a nivel nacional, así como en la impartición de talleres de capacitación, sensibilización y generación de proyectos productivos a mujeres. Y es que, acota, “no podemos acabar con el feminicidio ni con la violencia contra las mujeres si ellas no están empoderadas económicamente y no son autosuficientes”.

En el contexto del foro “Balance del cumplimiento de la Plataforma de Acción de Pekín y de las Metas del Milenio”, celebrado el pasado 20 de febrero en la Cámara de Diputados, la funcionaria habló de los retos en la materia. Reconoció que aunque 31 entidades han incorporado el tipo penal feminicidio en sus código penales, existe preocupación por las “variaciones en las definiciones y penas que se imponen a los feminicidas”.
Margarita Elena Tapia Fonllem, secretaria de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, comenta que durante la legislatura en curso los esfuerzos se han centrado en tratar de sensibilizar y convencer a las cabezas de los gobiernos locales de la tipificación del delito de feminicidio, con base en los parámetros que ya establece el Código Penal Federal.

—¿Han detectado cuáles son obstáculos que han impedido la tipificación de este delito para el caso de Chihuahua? –se le pregunta.

—Creo que puede haber una resistencia de legisladores y legisladoras, precisamente por tratarse de una entidad reconocida e identificada por los feminicidios. No hemos podido tener la entrevista con el gobernador. Seguimos pidiéndola. Es uno de los pendientes.

Para María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) –alianza conformada por 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres– “no basta con tener un tipo penal objetivo si no obligas al operador jurídico a juzgar con perspectiva de género”.
La representante de la sociedad civil considera que el mayor reto, luego de que el feminicidio ha sido tipificado en casi todo el país, recae en el Poder Judicial. Esto, porque las instancias a cargo de la impartición de justicia en México están teniendo serias dificultades a la hora de acreditar el tipo penal feminicidio.

En este sentido, Estrada Mendoza da cuenta de los principales errores en que incurren jueces y magistrados. El primero recae en que aunque el tipo penal es objetivo, en el sentido que enlista con precisión las circunstancias por la que debe acreditarse el feminicidio, los juzgadores se aferran a demostrar, ante todo, la intención de misoginia, es decir, “el odio del agresor hacia la víctima, su naturaleza machista”.

La otra es la tendencia a considerar como verdadero el dicho del agresor. Así por ejemplo, el hecho de que justifique su crimen diciendo que sostenía juegos perversos o sado masoquistas con la víctima puede sumarle puntos en el juicio. Finalmente, influyen estereotipos de género encaminados a cuestionar la conducta o vida sexual de la mujer.

Debido a que el fallo del juzgador pasa, incluso, por elementos de carácter cultural, la también integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, considera que los impartidores de justicia necesitan, más que un curso de capacitación, un intensivo proceso de concientización, de comprensión, de deconstrucción.

—Tenemos que seguir caminando con el Poder Judicial, porque los jueces son muy machistas y porque se sienten que están arriba del bien y del mal. El Poder Judicial debe ser consciente de sus sentencias; juzgar con perspectiva de género; dejar de lado los elementos discriminatorios que están poniendo en riesgo la integridad de las mujeres.

A decir de la coordinadora ejecutiva del OCNF, otros retos son la homologación del tipo penal feminicidio para, posteriormente, homologar también los protocolos de investigación con perspectiva de género. Además, que la expedición y aplicación de dichos protocolos sea de carácter obligatorio en todo el país con el objetivo de que se sancione penal y/o administrativamente a las autoridades que no los apliquen, pues, de lo contrario, la impunidad se robustecerá.

Ana Güezmes García, directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, considera que en los últimos años ha habido un importante avance jurídico, así como mayores recursos para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres en el país.

La reforma constitucional proderechos humanos de 2011; las reformas al Código Penal Federal para tipificar y sancionar los delitos de feminicidio y e incluir figuras jurídicas que garantizan a las mujeres el acceso a la justicia y combatir la impunidad; la tipificación del feminicidio en 31 entidades federativas; y el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formarían parte de este nuevo cuerpo normativo de vanguardia.

 “Sin embargo, no podemos estar satisfechas. Falta mucho para hacer realidad una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas en México y en el mundo”. La representante de la ONU Mujeres alude a una estrategia global para la igualdad sustantiva que comprometa a todos y a todas y que promueva un cambio estructural en el orden político, social, económico y cultural.

Güezmes García recuerda que en los próximos días el Estado mexicano tendrá que responder a las 176 recomendaciones de las que fue objeto durante su segundo Examen Periódico Universal, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Un gran porcentaje de países (en total, 27), “recomendó tomar medidas para prevenir y eliminar la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres, especialmente en su forma más extrema que es el feminicidio”.

Es el caso, por ejemplo, de Paraguay, que pidió al gobierno mexicano “unificar, sobre la base de criterios objetivos, las diversas definiciones de feminicidio en los diversos códigos penales del país”, o el de Eslovenia, que se pronunció por “aplicar las políticas públicas que se han formulado y poner en marcha una amplia campaña de sensibilización para poner término a la violencia de género, que abarca la violencia sexual y el feminicidio”.

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Contralínea 378 / 17 al 23 de marzo de 2014

Infografía: Homicidios en mujeres en aumento

Infografía: Homicidios en mujeres en aumento Infografía incluida en el reportaje de Flor Goche
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/03/mujeres-asesinadas-300-fb.jpg http://bit.ly/1iW4ul5 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/03/24/homicidios-en-mujeres-en-aumento/

domingo, 23 de marzo de 2014

Detención de Amado Yáñez, primera de 20 que prepara la PGR

 
La detención de Amado Yáñez Osuna, principal accionista de Oceanografía –ocurrida la tarde del 22 de marzo–, es apenas la primera de 20 que prepara la PGR, contra exfuncionarios de primer nivel de la paraestatal Pemex. Fuentes cercanas a la investigación detallan que en la lista de investigados destacan tres exdirectores generales de la paraestatal petrolera. El caso de corrupción, tráfico de influencia y cohecho alcanza al primer círculo de la Presidencia de la República durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón
  
La detención del empresario Amado Yáñez Osuna –principal accionista de la empresa Oceanografía, SA de CV– es la primera de 20 órdenes que en breve se empezarán a librar, por iniciativa de la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de quienes participaron en la red de tráfico de influencias, corrupción y cohecho en perjuicio de las finanzas públicas de la principal paraestatal de México.
 
Se trata de los exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que “colaboraron”, vía cohecho, en la asignación de contratos multimillonarios para la naviera, sin que ésta reuniera los requisitos establecidos en las convocatorias de licitación o a través de manipulación de las bases de éstas.
 
En la lista de los investigados, refieren fuentes consultadas por Contralínea, se encuentran tres exdirectores generales de la paraestatal petrolera cercanos a la familia Bribiesca Sahagún y a los expresidentes Vicente Fox a Felipe Calderón. Se trata de Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo y Juan José Suárez Coppel. También destaca el exabogado general de la petrolera, Néstor García Reza.
 

Documentan mecanismo de corrupción

 
Gracias al intercambio de información entre Pemex, la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera –dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, las autoridades federales han descubierto el mecanismo empleado por la red de traficantes de influencias en el caso Oceanografía.
 
Según lo documentado, de manera sistemática, la naviera cotizaba al 60 por ciento los arrendamientos de embarcaciones a Pemex Exploración y Producción respecto de los otros competidores en las licitaciones públicas. Con ello, generaba una cobertura legal para ser considerado la mejor oferta.
 
No obstante, una vez adjudicado el contrato, la subsidiaria procedía a firmar un convenio directo por otro 60 por ciento, pues los buques eran arrendados sin aditamentos ni personal.
 
Así, explican las fuentes consultadas, Oceanografía conseguía montos totales que invariablemente superaban en 20 por ciento o más las otras propuestas económicas.
 

La conexión Oceanografía-Presidencia

 
Como lo ha documentado este semanario, entre los cabilderos ahora investigados figuran Marta Sahagún de Fox, sus hijos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún y su hermano Guillermo Sahagún, de quienes Contralínea reveló sus nexos con Oceanografía desde 2004; así como el propio expresidente Felipe Calderón, César Nava y el fallecido exsecretario Juan Camilo Mouriño. Todos ellos habrían traficado influencias en Pemex para que la naviera “ganara” licitaciones públicas y obtuviera contratos directos, así como para que no se actuara en contra de ella por las irregularidades detectadas.
 
En el caso de Calderón, se indagan las llamadas que realizó en su calidad de secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, a la oficina del entonces director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Raúl Muñoz Leos, para exigir la asignación de contratos a favor de Oceanografía, SA de CV, revelan fuentes cercanas a la investigación del caso.
 
Ya como presidente de la República, el panista autoexiliado en Estados Unidos le garantizó a la empresa de Amado Yáñez Osuna acceso ilimitado al presupuesto de la paraestatal petrolera y un régimen de impunidad, del que gozó también en el sexenio anterior.
 
En las indagatorias que actualmente desarrollan dos secretarías de Estado y la PGR se tienen evidencias sólidas de las omisiones cometidas por las autoridades federales. Y es que en los 12 años del panismo, Oceanografía consiguió gestionar sus contrataciones en el sector energético desde la Presidencia de la República y, desde ahí mismo, frenar las acciones derivadas de los fraudes que cometía tanto en el sector financiero público y privado como en Pemex.
 
Oceanografía habría incurrido en fraude financiero desde el sexenio de Fox. Uno de los casos ocurrió en la banca de desarrollo: la auditoría OIC-AAI-02/2005 del Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) –de la cual Contralínea tiene copia– reveló irregularidades en el crédito autorizado a la empresa Oceanografía, como la entrega de facturas apócrifas, el incumplimiento de los términos y condiciones de pago y la mecánica de operación.
 
También el Banco Interacciones fue víctima de estas prácticas, similares a las que ahora se descubren en el caso de Banamex. En este último, han tocado a su matriz estadunidense Citigroup, actualmente investigada por las autoridades del país vecino por violación al secreto bancario y fallas en sus controles antilavado de dinero, según informó el diario La Jornada.
 
En los 2 sexenios panistas, las contrataciones para proveer servicios y obra pública ­–de inspección, monitoreo, reforzamiento, mantenimiento, flete, transportación, hospedaje, alimentación, rehabilitación de pozos y construcciones– a la subsidiaria Pemex Exploración y Producción ascenderían a más de 31 mil millones de pesos.
 
De ese total, 5.5 mil millones de pesos corresponden al periodo de Vicente Fox y el resto al de Calderón. Esto es que el 82.3 por ciento del total, unos 25 mil 500 millones de pesos, los obtuvo en el sexenio pasado.
 
 
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Peores que el “Chapo”, el “Chayo” y Los Caballeros Templarios: los Fox, los Calderón y los Bribiesca

23. marzo, 2014    Contrapoder
 
Pero el crimen tiene una jerarquía propia e invertida, en la cual el orden de los villanos no dicta la infamia […] la práctica de matar por diversión y para robar […] aquí los famosos se codean con los maleantes
 
Oliver Cyriax, Diccionario del crimen
 
Sin descartar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Adolfo López Mateos por sus brutales represiones campesinas y obreras, parecía que el priísmo de Gustavo Díaz Ordaz en 1968 había llevado el abuso del poder presidencial a su peor etapa de criminalidad. Empero, las alianzas y complicidades –a cambio de dinero– de Carlos Salinas y su mafia comandada por su hermano Raúl; y Ernesto Zedillo con sus genocidios en Acteal, El Charco y Aguas Blancas, unidos por el homicidio inducido de Luis Donaldo Colosio, más sus ramales con el narcotráfico, demostraron que ese priísmo –resucitado ahora con el peñismo vía las contrarreformas anticonstitucionales– sólo podía mantenerse asido a esa tradición autoritariamente sangrienta, depredadora y que llevó al poder presidencial, en las gubernaturas, en las presidencias municipales, no a políticos, sino a auténticos rateros que hicieron de esos poderes “el poder para matar”.
 
Ya que desde López Portillo hasta Zedillo no eran priístas verdaderos, la maniobra para hacer perder a ese priísmo fue tan simple como cerrar las llaves de los dineros. Con esto hizo perder a esa mediocridad de Francisco Labastida, para elevar al trono sexenal, más a Marta Sahagún que a Vicente Fox, en lo que se presentó como la “alternancia”, y que resultó un priísmo empanizado: la derecha con piel de oveja. Y entrados en gastos, como dijo el cínico de Fox: “Gané mi elección y la de [Felipe] Calderón”, con lo que se inauguró el segundo periodo del Partido Acción Nacional (PAN), con ese Calderón que lleva sobre sus hombros los homicidios del saqueador de Petróleos Mexicanos: Juan Camilo Mouriño; y Francisco Blake, con los cuales el PRI de Salinas-Zedillo continuaba como más de los mismo con la mancuerna criminal de Fox-Calderón.
 
Y vino la fuga, con facilidades desde el foxismo. La gestoría de los Bribiesca a la sombra de mamá Marta y el padrastro Fox. Y en el sexenio de Calderón, más de 100 mil homicidios y el auge del narcotráfico. Esos dos priísmo y esos dos panismos desgraciaron al país. Y ahora tenemos más de 60 millones de pobres, 40 millones sin empleo, 10 millones de indígenas en la miseria, 9 millones de jóvenes sin encontrar trabajo ni acceso a estudios superiores, víctimas de la drogadicción a cambio de ser vendedores de grapas y sicarios.
 
Y así hemos llegado a los nuevos capos en la Presidencia durante el PAN: Fox peor que el Chapo; Calderón peor que el Chayo; los Bribiesca peores que Los Caballeros Templarios. Los delincuentes superados en criminalidad y raterías por ese par de panistas y los hijastros. Los mismos priístas matones y ladrones que Salinas y Zedillo (uno hasta se robó la partida secreta con miles de millones de pesos; el otro, los fideicomisos y vendió los ferrocarriles con su asesoría encubierta con una “cátedra” en la Universidad de Yale sobre cómo reprimir a los globalifóbicos; como Calderón, cobijado en Hard-Bar, como pago a sus donativos salidos del erario).
 
El priísmo peñista no se ha deslindado ni del PRI de Salinas y Zedillo ni del PAN de Fox y Calderón, ya que del arsenal de esos 24 años se ha valido, junto con la basura del Partido de la Revolución Democrática chuchista, para reconstruir su nuevo “moviendo” al PRI que, en los supuestos 85 años de ese Partido, se dijo que “el PRI no rehúye los cambios”. A este priísmo de Atlacomulco le ha tocado lo de Mexicana de Aviación, con el ratero Gastón Azcárraga; y el robo, fraude, más lo que se acumule, de Oceanografía y sus capos-empresariales con sus cómplices: los Bribiesca, César Nava y Mouriño. Y encabezando este abuso, corrupción y crímenes: Vicente Fox y Felipe Calderón, el par de delincuentes que deberían ser llevados a los tribunales como traficantes de influencias, encubridores de ladrones y jefes de cárteles peores que el del Chapo Guzmán, que el de Los Caballeros Templarios o del Chayo.
 
Han desgobernado al Estado y a la sociedad unos hampones de mucha peor calaña que los narcotraficantes. Los Bribiesca, de los que se deslindó el hermano menor y que como concesión a Elba Esther Gordillo (otra del clan de la delincuencia organizada desde el poder que le dieron Salinas, Zedillo, Fox y Calderón), cobra como diputete federal, son un cártel de aquella camada del grito: “¡ratero!”, y la respuesta de: “¡pruebas!”, a lo que le reviraron: “¡Te acuso de ratero, no de pendejo!”.
 
En el asunto de Oceanografía está involucrado un sobrino del exsecretario de Hacienda y Crédito Público Francisco Gil Díaz (alias el Chicago Boy), un director financiero de Banamex; y no hay la menor duda de que Fox, Marta Sahagún y Felipe Calderón hayan sido los padrinos de la mafia panista que ahora se desgarra las vestiduras blanquiazules para disputarse el botín de un partido corruptísimo por el ala de Calderón-Cordero como por Madero-Peña. Un partido con los Genaro García Luna, los César Nava, los Mouriño (muertos y vivos), las Alejandra Sota, los Adolfo Blanco (de Pronósticos para la Asistencia Pública para robar a los que creyeron en los sorteos), etcétera. Son pues, peores que el Chapo, la Tuta, el Chayo, Los Caballeros Templarios, Los Zetas, porque con la impunidad del poder del Estado son delincuentes, mafiosos, capos. Manuel Bribiesca, Martín Díaz, César Nava, Vicente Fox y Felipe Calderón representan al PAN que se bate en las raterías, los moches y el saqueo a Petróleos Mexicanos con su factor común: Amado Yáñez.
 
El Chapo, el Chayo y Los Caballeros Templarios son, en todos sentidos, la otra cara de Fox, Calderón y los Bribiesca con sus respectivos cárteles.
 
*Periodista
 
 
 
 Contralínea 378 /

La legalidad “ha perdido el juicio”: una sociopatología del delito


23. marzo, 2014     Opinión
 

Advertencia: el uso del lenguaje irónico aquí expresado atiende a la sociología de nuestra idiosincrasia como mexicanos, y de ninguna manera pretende faltar al respeto o causar ningún daño moral a nadie.

Causa penal: 00/2014

Acusado:

Delito: robo calificado

Juez de primera instancia en materia penal del Distrito Federal

Xico aceptó desde el primer momento haber cometido el delito de robo, pero no ejerció violencia.
Hechos:

El 3 de marzo de 2014, aproximadamente a las 23 horas, un joven llamado Xico fue detenido por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública al ser asegurado, aparentemente, en un forcejeo entre él y dos empleados de la cadena comercial Oxxo. Ante el Ministerio Público en el Distrito Federal, los empleados del Oxxo, Elver, quien se desempeña como encargado de turno, junto con Aurora, cajera de la sucursal, señalaron que Xico, junto con otra persona, ingresó a la tienda, se dirigió a los refrigeradores, tomó dos cervezas y las metió al morral de su amigo; luego tomó dos cervezas más, las metió a su mochila y caminó apresuradamente para salir de la tienda. La cajera, que en ese momento se hallaba junto a los refrigeradores, le dijo al encargado que se estaban robando las cervezas, y entre ambos enfrentaron supuestamente a Xico para pedirle que pagara la mercancía. Sin embargo, aparentemente el acusado empujó primero a Leticia y luego a Elver para intentar darse a la fuga, arribando inmediatamente la patrulla.

Supuestamente Elver tomó por la espalda al acusado y empezaron a forcejear. Sin embargo, en el certificado médico de Xico se aprecia una lesión, consistente en escoriación de mucosa en el labio inferior, la cual no puede ser consecuencia de un simple forcejeo, máxime que los denunciantes no presentan ninguna lesión.
Asimismo, los remitentes Brayan y Carl mencionan en su declaración ministerial que reconocen a Xico como la misma persona que estaba forcejeando con el personal del Oxxo. Sus declaraciones son idénticas y parecieran hechas a modo de ser coincidentes con los denunciantes. Además concuerdan en afirmar que no les constan los hechos relacionados con el robo.

Por otro lado, Xico declara ante el ministerio público, y reitera en su declaración preparatoria, que acepta su responsabilidad en el hecho de tomar las botellas y que fue golpeado por personas conocidas como “franeleros” al pretender darse a la fuga, y segundos después, es decir, inmediatamente, arribó al lugar una patrulla. Él afirma que en ningún momento entró en confrontación con el personal del Oxxo.

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), con una experiencia de casi 30 años en esta materia, afirma que la corrupción, la ineficiencia, la intolerancia y la discriminación son factores que generan la fabricación de presuntos culpables. Con el pretexto de que los presuntos pueden ser puestos en libertad, se recurre al chantaje emocional a las víctimas y testigos; se les induce o coacciona a reconocer o falsear las declaraciones para pervertir los hechos y favorecer el agravamiento de los delitos, como en el caso que nos ocupa, para así negar la libertad bajo fianza en un delito no grave como lo es el robo.

Lejos de resolver este problema de justicia, se aplica una legalidad pervertida o pervertible, que no busca reparar el daño y una pena acorde con la cuantía y la conducta. Se propicia una pena desproporcionada y trascendental: al calificar el delito como grave, se evita la libertad bajo fianza y que el inculpado pueda seguir su proceso en libertad.

¿Para qué pensar en juicios abreviados encaminados a reparar daños y en penas alternativas o substitutivas a la prisión, si la procuración y administración de justicia, al igual que las prisiones, son un gran negocio?
Sin hacer apología del delito y sin soslayar que el hecho quede impune, con visión criminológica tenemos que si una persona tuviera los recursos para comprar una cerveza, no intentaría robarla, exponiéndose así al riesgo de perder su libertad. De la misma manera, en este caso subyace la falta de alternativas para los jóvenes. Se propicia la estigmatización y discriminación de personas. Si este joven vistiera elegante y no usara rastas, tal vez hubiera sido invitado a pagar las cervezas y no se le hubiera golpeado. En la esencia del hecho está un patrón de pobreza y falta de expectativa de vida. Y la motivación del robo de cerveza nos habla de una de las enfermedades sicosociales: el alcoholismo.

Bien se puede decir que quien comienza robando una cerveza, después será otra cosa y etcétera; pero la génesis está en la falta de empleo con remuneración justa y prestaciones sociales, educación con derecho a becas y otros beneficios, además del derecho a la recreación que los jóvenes debieran tener. Es allí donde radica la naturaleza del problema. Y no podemos hacer prevenciones futuras de la comisión de un delito, porque hoy lo que se juzga es el hecho de un robo de cuantía menor. El inculpado no sólo fue detenido, sino golpeado por sus captores y, lo peor, se utilizó este hecho de ejercer violencia en su contra para luego presentarlo como prueba de que él intentó ejercer violencia para defender lo robado.

La pena debe ser justa. Para la empresa afectada, lo importante es que se le pague lo robado y se evite que esto siga sucediendo; y no será fabricando delitos graves mediante la mentira como se logrará resolver este problema. De la misma manera, para nosotros, como sociedad, nos resulta en un costo muy alto esta perversión de la legalidad que se convierte en injusticia. Además, las prisiones son consideradas como escuelas del crimen. De esta manera, alguien que entra por un delito menor, puede perder el rumbo de su vida e incorporarse a la vida delincuencial. De esta forma no se ayuda a nadie, ni al individuo y mucho menos a la sociedad.

Cuánto cuesta llamar patrullas, detener a una persona, pasarla al médico, llevarla a una galera… hacer todos los trámites de registro y toma de declaraciones… traslado a un centro de reclusión… Y todo el tiempo que nos cuesta mantenerlo en prisión en tanto los costos del proceso penal, copias, impresiones, ministerios públicos, peritos, traslados, gasolina, gastos en fotografías, análisis de laboratorio. Todo esto durante varios meses hasta la sentencia o hasta que llegue un magistrado federal, quien finalmente conceda en amparo la reclasificación del delito y la libertad del inculpado. ¿Alguien puede calcular cuánto cuesta esto?

Por otro lado, para las familias, los amigos, ¿qué significan estas penas trascendentales? ¿Cuánto tendrán que pagar en abogados, en copias de expediente, en interponer recursos legales, en pagos de traslado, en días laborales perdidos para acompañar el juicio? Creo que hemos perdido el juicio, estamos en la sinrazón de tener que pagar por la celda, por la protección, por el pase de lista, por la seguridad, porque permitan el paso a los familiares o la comida. Todo esto durante varios meses hasta que por fin la libertad llegue y las deudas asfixien a las familias y amigos. Y entonces durante varios años buscar empleos precarios y tiempos extras para poder pagar los gastos de un incidente en el que un día a un joven se le hizo fácil tomar unas cervezas y salir sin pagar, y gracias a ello se ganó el estigma de delincuente peligroso, y se ganó –él, que nunca gana nada–, no un flamante auto para trasladarse, pero sí un auto de formal prisión.

La legalidad ha perdido el juicio: las multas y cauciones son cada vez más altas, inasequibles a los inculpados, y en muchos casos están estratosféricamente por encima del monto de lo robado. Nos roban con esta legalidad nuestros impuestos, nuestros exiguos salarios con impuestos para la “procuración e impartición de justicia”. Tantos y tantos recursos tirados a la basura en seguridad pública, en militares, en sueldos altos a todos ellos. Altos –muy altos– salarios a jueces, magistrados, ministerios públicos, militares y policías. Y todos esos costos los vemos salir de nuestras manos, de nuestro esfuerzo colectivo como pueblo, que mira su salario escurrir a la cloaca de los impuestos, y de este drenaje ser llevado a los recicladores que convierten todo esto en ganancias, en buenos salarios, buenas comidas, buen vestir, perfumes, buenos vinos –de esos que cuestan varios miles de pesos una sola botella–, para brindar porque se ha hecho justicia; y gracias a ello, hoy un delincuente ya no podrá seguir robando un par de cervezas. Ya la sociedad está segura y a salvo.

Podemos felicitarnos por la magia de haber transformado algunos pesos en una bola de nieve. Una causa pequeñita tiene efecto devastador: unas cervezas y sus envases se convirtieron en una cadena de consecuencias que cuestan miles y tal vez millones de pesos.

Para corolario, nos engañan en medios de comunicación al hacer aparentar una eficacia en las investigaciones, con cifras espectaculares del combate a la delincuencia mientras se abusa de la prisión preventiva. Las prisiones se llenan de presuntos culpables que saldrán en los próximos meses, mientras dejan altos dividendos en las cárceles por concepto de protección y “privilegios”, y de gastos y costos judiciales, mientras en las calles vivimos inseguridad y la delincuencia se agrava.

Y ya entrados en brindis, se diría del inculpado que la única calificación alta que ha tenido este delincuente, considerando su osadía (que no es un robo simple, ni mucho menos un simple robo), él, el delincuente, por fin obtuvo la calificación más alta al señalarlo como “robo calificado”, ja ja ja (cosa que nosotros como defensores de derechos humanos descalificamos).

¡Salud! ¡Brindemos por la justicia! ¡Bebamos, bebamos hasta perder el juicio!

Combatir la corrupción y la ineficiencia nos llevará a la justicia.

¡Una llama encendida para los derechos de los pueblos!

*Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)



Contralínea 378 / 17 al 23 de marzo de 2014

Memorándum de Amnistía Internacional a Peña Nieto

23. marzo, 2014     Opinión
 

México tiene retos que reclaman solución urgente e ineludible en materia de derechos humanos. La presencia en México de Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, dejó constancia de la profunda preocupación que le causa a la comunidad internacional la situación de los derechos humanos en el país.

El representante de la organización humanitaria entregó el pasado 17 de febrero al presidente Enrique Peña Nieto el memorándum Los retos de México en materia de derechos humanos. En ese documento, Amnistía Internacional analiza y recomienda a la Presidencia de la República realizar acciones muy concretas en nueve tópicos fundamentales: reformas de derechos humanos; seguridad pública y derechos humanos; desapariciones, tortura y malos tratos; sistema de justicia penal; justicia militar; migrantes irregulares; personas defensoras de derechos humanos y periodistas; derechos humanos de las mujeres; y derechos de los pueblos indígenas.

En el memorándum se conmina al representante del Estado mexicano a combatir con efectividad las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país y a “hacer de ésta una verdadera prioridad política, no una mera postura retórica sobre compromisos internacionales de derechos humanos”. Peña Nieto se comprometió a emitir una declaración, reconociendo y anunciando las medidas que tomaría. A 1 mes de esta reunión, esta declaración no ha tenido lugar; tan es así que Amnistía Internacional ha emprendido una campaña para que el grueso de la ciudadanía firme una petición para exigir que el presidente asuma de forma inmediata estos compromisos.

No es éste el único pronunciamiento pendiente del gobierno mexicano. En este mes de marzo debe anunciar también y con formalidad cuáles recomendaciones adoptará de las 176 realizadas en 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Por lo que toca al contenido del memorándum referido, hemos visto con agrado que el diagnóstico y recomendaciones emitidas son pertinentes, y desde luego hacen eco de lo que numerosas personas y organizaciones civiles y sociales en defensa de los derechos humanos hemos venido exigiendo a lo largo de estos últimos sexenios.

Sin embargo, el desastre en materia de derechos humanos que viven las y los mexicanos es de tal magnitud, que desborda las temáticas que aparecen en el informe de Amnistía Internacional. Así las cosas, queremos aprovechar este espacio para abonar sobre algunos puntos que lamentablemente no son referidos en el escrito entregado a Peña Nieto, y que forman parte muy importante de las agendas de lucha de las defensoras y defensores de derechos humanos (asuntos sobre los que es importante que el gobierno federal se pronuncie con claridad y asuma compromisos inmediatos).

El primero que queremos tratar se refiere a la fallida guerra contra el narcotráfico y la utilización de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. Estas acciones son fuente sistemática de violaciones a derechos humanos, lo que nos lleva no sólo a pronunciarnos para que sean juzgadas en tribunales civiles, sino a reiterar el llamado a que el gobierno federal trace una estrategia de seguridad que permita el retiro paulatino de militares en funciones de policía.

En materia laboral, podemos decir que el trabajo digno y bien remunerado es una verdadera rareza en el país. Las autoridades, más que velar por el respeto a los derechos que la clase trabajadora conserva a pesar de la contrarreforma laboral, parecen más interesadas en desalentarlos cuando emprenden un proceso legal contra un patrón abusivo, y en cubrir la responsabilidad de los empleadores en los desastres industriales, como el dramático caso de los mineros de Pasta de Conchos, Coahuila. Las autoridades además entorpecen y obstaculizan la libertad sindical mediante un actuar faccioso de las juntas de Conciliación y Arbitraje.

El derecho a la alimentación está igualmente vulnerado. Se hace necesario emitir una ley que reglamente las disposiciones constitucionales que garantizan su ejercicio. Esta ley tendría que ir acompañada de una política de impulso al campo, protección de la biodiversidad y rechazo enérgico de la introducción de semillas transgénicas. Ésas y otras medidas similares crearían las condiciones para que el derecho a la alimentación sea efectivo. Programas asistencialistas, como la Cruzada Nacional Contra el Hambre, son paliativos más orientados a la propaganda que a la solución real de los problemas.

A lo largo del país se han desplegado diversos megaproyectos, que van desde autopistas –como en Xochicuatla– hasta el reordenamiento urbano –como las supervías Poniente y Oriente–, y las grandes explotaciones mineras. Estos megaproyectos, ya sean de empresas privadas o del Estado, atropellan diversos derechos, como el derecho a la consulta oportuna, libre e informada, a un ambiente sano, a la vivienda (generalmente, los pobladores son desplazados con 1 mil tretas), al empleo y a la salud.

El derecho a la educación no se encuentra en mejores condiciones. Para los hijos de los más pobres continúa siendo apenas una aspiración o un lujo. En la zona metropolitana el ingreso al bachillerato es sujeto a un concurso que excluye a por lo menos 150 mil jóvenes cada año. Señalaba el profesor Hugo Aboites –allá por mediados de 2012, y lamentablemente la situación continúa vigente– que no es justificable que el ejercicio del derecho a la educación y el acceso a los lugares disponibles en los planteles esté sujeto a “un examen cuyos resultados proclaman que unos tienen más derecho que otros”, sino que, como todo derecho, debe garantizarse la igualdad en su ejercicio.

Así también, la mal llamada reforma educativa, que pone en manos de las familias el sostén de los centros escolares, reduce la posibilidad de que los niños, niñas y jóvenes mexicanos puedan formarse, adquirir un oficio o profesión y, consecuentemente, obtener un empleo remunerador cuando adultos. Es necesario que el Estado mexicano asuma verdaderamente la obligación que tiene, y destine recursos suficientes para la construcción y ampliación de planteles escolares, así como para la contratación de personal docente de base.

Para finalizar, es importante señalar que las contrarreformas laboral, educativa, financiera, fiscal, política y energética, por su contenido regresivo y violatorio de derechos humanos, han generado no pocas protestas, que en ejercicio del derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación, ejercen legítimamente distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, el Estado mexicano se ha ocupado más en criminalizar y discriminar a las personas que manifiestan su descontento en el espacio público, con una lógica de tildar de buenos ciudadanos a aquellos que no salen a “alterar” el orden público, y de “vándalos”, “transgresores de la ley y del progreso” a aquellos que lo ocupan con sus reivindicaciones. Los medios de comunicación, en manos sobre todo del duopolio televisivo, descalifican y preparan el terreno para la proscripción del derecho a la protesta. Todo esto con la finalidad de inhibirla como un derecho colectivo que interpela al Estado. En este sentido, el gobierno federal y los gobiernos estatales no sólo deben reconocer los abusos policiacos, sino sancionar a quienes abusan del poder y a sus mandos; ya que, de no haber sanciones, se da un incentivo a quienes cometen estos atropellos.

Éstos son los temas que consideramos que también conforman retos de México en materia de derechos humanos. Y, a pesar de que hasta hoy el presidente no ha demostrado un compromiso serio y real con su cumplimiento, no podemos dejar de exigirle y recordarle a él y al Estado mexicano en su conjunto una y otra y otra vez las deudas pendientes en la materia que tienen para con el pueblo mexicano.

*Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC




Contralínea 378 / 17 al 23 de marzo de 2014