viernes, 31 de enero de 2014

Autodefensas de Michoacán, creación del Estado: EPR

Autodefensas de Michoacán, creación del Estado: EPR Para el Ejército Popular Revolucionario (EPR), los grupos de autodefensas que surgieron en Michoacán no son populares ni legítimos. El movimiento guerrillero asegura que son creación del gobierno mexicano para incrementar la Guerra de Baja Intensidad en contra de la población que se... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/01/pri-pan-6001.jpg http://bit.ly/1beVh3S http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/01/31/autodefensas-de-michoacan-creacion-del-estado-epr/

Contralínea 370

Contralínea 370
 
 

 
 
Pumas: ni 1 peso para la UNAM
26. enero, 2014 Mauricio Romero @mauricio_contra    Contragolpe,     Portada
A pesar de beneficiarse de los recursos y bienes de la UNAM, el equipo de los Pumas, de la Primera División del futbol... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/01/contralinea-370-800-792x1024.jpg http://bit.ly/1beSOqf http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/01/26/contralinea-370/

jueves, 30 de enero de 2014

Occidente mantiene hostilidad contra Rusia

Occidente mantiene hostilidad contra Rusia Rusia ya no es soviética ni proclama la dictadura del proletariado; tampoco, la abolición de la propiedad privada
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/01/rusia-01.jpg http://bit.ly/MmkT5H http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/01/31/occidente-mantiene-hostilidad-contra-rusia/

Armas fuera de control en Estados Unidos

Armas fuera de control en Estados Unidos Sólo en 2013 más de 500 niños murieron en Estados Unidos por heridas provocadas por armas de fuego
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“Aquí en el Caribe ya vivimos con el cambio climático”

“Aquí en el Caribe ya vivimos con el cambio climático” La deforestación, la incontrolable extracción minera y, sobre todo, la polución ambiental que los países industrializados imponen a todo el mundo vulneran la seguridad e, incluso, amenazan la propia existencia de los países del Caribe
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/01/cambio-climatico-01.jpg http://bit.ly/1iSjlyp http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/01/31/aqui-en-el-caribe-ya-vivimos-con-el-cambio-climatico/

martes, 28 de enero de 2014

Gobierno intensifica la guerra de baja intensidad: EPR

El PRI es más agresivo en la aplicación de la guerra de baja intensidad contra los grupos revolucionarios, dice el EPR. Los otros partidos también son cómplices en la violencia que se ejerce contra la población, en especial contra aquella que se organiza. En entrevista, el movimiento armado considera que el gobierno de Felipe Calderón ha sido el más subordinado a Estados Unidos de los últimos tiempos. La solución de México no está en sólo oponerse a las reformas estruturales o tratar de “embellecer” al neoliberalismo, sino en hacer la revolución socialista

Tercera parte y última / Segunda parte: EPR: 50 años en armas por el socialismo / Primera parte: Se profundiza la pauperización de México
 
La guerra de baja intensidad se ha agudizado con el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, señala el Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR)-Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario (EPR). En entrevista con Contralínea, la máxima dirección del movimiento armado dice que tanto el PRI como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) son cómplices en la aplicación de políticas contrainsurgentes y en el ejercicio de violencia contra la población, en especial contra aquella que se organiza.
El EPR condena “el accionar de los grupos paramilitares creados por los cuerpos represivos con hombres en activo y financiados tanto por el Estado como por la oligarquía y el capital trasnacional”, los cuales han “cobrado miles de víctimas, en específico de incontables luchadores sociales que son presentados como insignificantes ‘bajas’ o ‘daños colaterales’ producto de la violencia y por la delincuencia”.
Considera que la abyección del calderonismo ante Estados Unidos fue absoluta.
Explica que si bien los gobiernos mexicanos siempre se han subordinado al “imperio”, durante el sexenio pasado se llegó a niveles de cinismo no vistos con anterioridad.
El Comité Central del PDPR declina informar si cuadros de su ejército se han enfrentado a efectivos de las corporaciones estadunidenses que operan en México. Se limita a decir que su lucha no sólo es contra el gobierno burgués mexicano, sino contra el imperialismo estadunidense.
También se reserva informar si combatientes de sus filas han sostenido enfrentamientos con la delincuencia organizada, a diferencia de otras organizaciones guerrilleras que claramente han señalado que se han enfrentado con bandas del narcotráfico.
Sólo señala que el narcotráfico es organizado desde el Estado mexicano para cumplir dos objetivos: alimentar la economía subterránea y justificar la violencia que se ejerce contra la sociedad.
El EPR también dice que la lucha revolucionaria en México no se circunscribe a la oposición a las reformas estructurales realizadas por la administración de Enrique Peña Nieto, sino que busca la instauración del proyecto liberador de la humanidad: el socialismo. Agrega que es imposible embellecer al neoliberalismo con reformas paliativas.
—¿Esperan algún cambio en la política contrainsurgente del gobierno federal ahora que ha regresado el PRI a la Presidencia de la República? ¿Qué diferencias en esta materia encuentran entre los gobiernos emanados del PRI y los del PAN?
—La guerra de baja intensidad es una estrategia contrainsurgente global impulsada y materializada por el imperialismo norteamericano [sic] en las distintas regiones del mundo, siendo más frontal donde tiene intereses geoestratégicos en el aspecto económico, político y militar; en los países dependientes, como México, y contra gobiernos progresistas, antiimperialistas y socialistas.
“En México es aplicada diligentemente por la junta administrativa, independientemente de que esté encabezada por el PAN o por el PRI. Ambos partidos representan lo mismo. Los intereses de la oligarquía y del imperialismo son administrados y defendidos por tal junta; por tanto, la explotación y la opresión que se promueven en tales gobiernos es exactamente la misma. Y con relación a la guerra de baja intensidad, el PRI la inició como política de Estado, el PAN la continuó y en la actualidad se sigue aplicando hasta por el PRD, como es el caso del estado de Guerrero.
 “La guerra de baja intensidad, y sus componentes, está enderezada para hacer la guerra al pueblo, para ‘ganar mentes y corazones’; es decir, para alejar a las masas de la lucha revolucionaria; para que éstas, a través del terror de la dictadura del capital, se dobleguen ante él y acepten la explotación y la opresión como un mal necesario.
“La guerra de baja intensidad en nuestro país se aplica en una amplia gama de mecanismos y formas. Como botón de muestra tenemos los programas asistencialistas, cuya finalidad es generar la pérdida de dignidad y la degradación humana en los individuos que la reciben; además, constituyen el principal mecanismo de control de la población, aprovechando la hambruna que ellos mismos han propiciado con sus políticas neoliberales.
“La política de contrainsurgencia, independientemente del partido político que se encuentra en la junta administrativa, siempre ha sido la misma, en tanto que  [el] PRI y [el] PAN son los encargados de aplicar la política neoliberal como política del imperialismo. Ambos han sido gobiernos antipopulares que se han sostenido con el Estado policiaco militar e igualmente son proimperialistas; y, ante las exigencias del imperialismo norteamericano [sic], aplican su estrategia de contrainsurgencia.
“Las diferencias en todo caso son de forma. En esencia sigue siendo la misma política que aplican. No hay cambio de esencia con el retorno del PRI a Los Pinos: el terrorismo de Estado es el principal instrumento de la política contrainsurgente que, como política económica, auspicia la crisis alimentaria y a la vez implementa [sic] programas que denigran al ser humano. Quizá el cambio es cómo aplican el terrorismo de Estado. Se ve que hay mayor contundencia en aplicar el terrorismo de Estado con el priísmo en comparación con el PAN. Con el PRI se ha generalizado la creación de grupos paramilitares que forman parte del estado policíaco militar y del régimen neoliberal.
“La estrategia de guerra de baja intensidad es política de Estado desde el PRI. Su aplicación ha sido y sigue siendo transexenal. Insistimos, se aplica independientemente de la junta que gobierna. La contrainsurgencia en estos momentos es desplegada en general contra el pueblo y contra los revolucionarios. Priístas, panistas e incluso gobiernos del PRD se rigen por las mismas leyes del Estado burgués mexicano, y la ofensiva contrainsurgente que desarrollan tiene como objetivo abortar el estallido social que por todos lados anuncia con hacer erupción, por ejemplo, los gobiernos de Guerrero y Morelos.

 “El accionar de los grupos paramilitares creados por los cuerpos represivos, con hombres en activo y financiados tanto por el Estado como por la oligarquía y el capital trasnacional, ha cobrado miles de víctimas, en específico de incontables luchadores sociales que son presentados como insignificantes ‘bajas’ o ‘daños colaterales’ producto de la violencia y por la delincuencia. El ejemplo más reciente es el asesinato deleznable de la luchadora social Rocío Mesino Mesino y más de una decena de luchadores sociales, que desde el Estado se pretende imponer la idea mediática de que han sido asesinados por la delincuencia. Esto habla de la dimensión nacional del terrorismo de Estado; y [con] la violencia paramilitar, son parte del mismo engranaje de la misma maquinaria represiva.
 “La aplicación de esta doctrina militar de guerra encubierta contra nuestro pueblo no depende de una administración y representación del Ejecutivo federal, que encarna en un personaje y partidos electoreros. Los relevos del PRI, PAN y PRI son acuerdos pactados entre la oligarquía nacional y el imperialismo; por eso quien quede, se ciñe a su política militar. Ésta se da por el sistema como parte de su seguridad nacional que ocasiona genocidio, matanzas y crímenes de lesa humanidad, en manos del Ejército, Marina, policías y paramilitares.
“En esencia el PRI-PAN-PRI son lo mismo. Se rigen y obedecen a los mismos intereses de clase; por lo que métodos, medidas y políticas son antipopulares y represivos. Dentro de ello entra la contrainsurgencia como política de Estado, la cual abarca a todo el pueblo, pero, sobre todo, al organizado y al que está en lucha.
—Luego de la política de puertas abiertas a favor de Estados Unidos en los organismos de seguridad nacional de México, ¿el EPR ha sostenido algún tipo de enfrentamiento o contacto directo con elementos de alguna de las agencias de seguridad estadunidense que operan en México? ¿Cuándo? ¿Dónde?
—La política de “puertas abiertas” a nuestros vecinos del Norte, Estados Unidos, así como la sumisión y postración del Estado mexicano con respecto al Tío Sam no es novedad. Desde que la burguesía se apropia del poder en la revolución democrática burguesa de 1910-1917, el imperialismo estadunidense ha hecho de México su paraíso terrenal con su política intervencionista e injerencista.
 “Desde antaño las fuerzas represivas han estado supeditadas a las determinaciones del Pentágono. La burguesía mexicana, desde su nacimiento como clase social, ha tenido de aliado al imperialismo estadunidense en la preservación de sus intereses de clase opresora.
“En materia de seguridad nacional, espionaje y contraespionaje, el imperialismo siempre ha recurrido a todo tipo de artilugios: desde los legaloides recursos diplomáticos hasta los crímenes de lesa humanidad para desarrollar sus planes anexionistas e injerencistas, con especial atención al apartado de la contrainsurgencia que se aplica en el país como respuesta a la conciencia antiimperialista que históricamente ha existido en nuestro pueblo. Así, la guerra que sostenemos contra el Estado mexicano lleva implícita la lucha contra el imperialismo; nuestra lucha también es antiimperialista y, por ende, anticapitalista.
“La dependencia policiaco militar y el aparato represivo con respecto a las políticas del imperialismo estadunidense siempre han existido. Hoy el aparato de seguridad nacional y todo el aparato represivo obedecen a la lógica de la política del imperialismo de Estados Unidos. ¿Servirá de mucho decir si hemos quemado pólvora contra personal y agencias extranjeras que operan en México? Eso sólo abona a la morbosidad. En todo caso son datos reservados a nuestras estructuras de inteligencia, porque sería de ingenuos ofrecer información concreta, dado que el trabajo de inteligencia y contrainteligencia de un partido y ejército revolucionario no se revela.

 “Por último, sólo agregaríamos que desde los primeros núcleos de profesionales de la revolución nos hemos enfrentado al aparato de inteligencia del Estado burgués mexicano, y a las propias agencias de seguridad estadunidense como la CIA [sigla en inglés de la Agencia Central de Inteligencia], por citar sólo un ejemplo. De ello dan cuenta diversas publicaciones periodísticas de las décadas de 1970 y 1980. Para nosotros lo acontecido en el sexenio calderonista fue un fenómeno de abyecta sumisión absoluta, lo que no es nada nuevo. La diferencia estriba en el mayor cinismo y descaro con que ahora se hace.”
—¿Han sostenido algún tipo de enfrentamiento o contacto con integrantes de la delincuencia organizada, particularmente con los cárteles del narcotráfico? ¿Cuándo? ¿Dónde?
—Sin mayor comentario.
“Sólo precisar que la delincuencia surge desde y para el Estado como parte de la economía subterránea para oxigenar la economía formal. Es un fenómeno parido desde las mismas entrañas del sistema y le es útil para la contrainsurgencia y el terror de Estado. Esta tesis día a día se ha ido confirmando. También comprueba el grado de descomposición del régimen y la sociedad capitalista.
 “Señalar que la lucha contra la delincuencia organizada también es usada de acuerdo con los manuales de la CIA, para desarrollar la contrainsurgencia, sembrar y generalizar el terrorismo de Estado que abarca desde los operativos policiacos-militares hasta los escenarios de terror que fabrican para paralizar a la población.”
—¿Qué harán como organización para oponerse a las reformas estructurales (algunas ya aprobadas y otras por aprobarse) impulsadas por la administración de Enrique Peña Nieto?
—Con el debido respeto, nosotros nos organizamos con nuestro pueblo; estructura

mos la voluntad popular de combatir con un propósito, el de organizar y estructurar a las masas trabajadoras para la revolución socialista.
“No se puede reducir la lucha a un conjunto de acciones desesperadas o voluntaristas; pero si se quiere saber qué estamos haciendo al respecto, podemos decir con certeza que somos parte activa de la crítica política de las masas hacia el régimen y hacia el modo de producción capitalista, y en ese torrente de lucha también están nuestra alternativa y propuestas que hacemos y desempeñamos. Estamos en el esfuerzo permanente por convencer a las masas para que conscientes ejerzan la crítica de las armas.
“Ya hicimos, lo estamos haciendo y formamos parte de la resistencia popular contra la ofensiva neoliberal, porque nuestra actividad siempre será político-militar. En este caso se da la lucha desde los diferentes ámbitos y sectores, entre ellos la autodefensa.
 “Las reformas neoliberales obedecen a la necesidad del capital. Sin duda éstas las aplicarán o intentarán aplicarlas por todos los medios. Hecho que obliga al conjunto del movimiento popular a desplegar la lucha no sólo por la abrogación de tales reformas sino por la transformación radical de la sociedad.
“El acotar o reducir la lucha sólo contra las reformas neoliberales sería únicamente una lucha contestataria y desafiante; es formar parte de la lógica del capitalismo, cuando lo que se debe hacer y a lo que a nuestra lucha atañe es enfrentar el fenómeno desde las causas que lo originan, encaminando la lucha a terminar con la dictadura del capital.
“La lucha de clases no se reduce a llevar a una concepción de acciones de desafío en momentos coyunturales. Está enfocada a todo un proceso, el proceso de la lucha revolucionaria que reivindica las banderas de la revolución socialista, porque el socialismo constituye el proyecto libertador de la humanidad.

—¿Cómo transitaría México del actual modelo económico a uno justo? ¿Qué cambios políticos, económicos, sociales y culturales impulsarían para acceder al proyecto de país que enarbolan?
—Contestar la pregunta con categorías posmodernistas es reducir nuestro proyecto al reformismo armado. Hablar de modelo económico es asumir una burda concepción de la sociedad y las formas en cómo cambia o se da el desarrollo. Nos explicamos:
“El capitalismo no es un modelo económico, ni tampoco el neoliberalismo. Un modelo económico es una construcción mental con base en supuestos que descansan en la especulación vulgar de la economía política burguesa; el capitalismo es un modo de producción, una formación socioeconómica que esclaviza a la humanidad al oprobioso poder burgués, a la dictadura del capital; el neoliberalismo es una política económica burguesa del imperialismo para dominar, explotar y oprimir a los pueblos. Sin duda, para que la humanidad se quite este yugo, es necesario impulsar la revolución socialista como primer paso.
“No basta con las reformas para embellecer al neoliberalismo. No es posible embellecer o humanizar a la bestia capitalista, se requiere de un programa máximo y mínimo para cumplir los objetivos históricos del proletariado, programas que enarbola nuestro proyecto revolucionario.
“Se reduce a dos cosas, a las medidas económicas, políticas y sociales de carácter revolucionario que están plasmadas en el programa mínimo y máximo de la revolución, dichas medidas sólo pueden ser logradas por medio de la revolución y ésta necesariamente debe tener un carácter socialista por el tipo de contradicciones que debe resolver.
“La revolución no se materializa sólo con el poder político. Es un proceso gradual y dialéctico que continúa desarrollándose después de la toma del poder; en consecuencia, los cambios se dan paralelos al largo proceso revolucionario, desde siempre el proceso de desalienación se desarrolla según avanza el proceso de la revolución socialista en México.”



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  Contralínea 370 / 27 de enero al 3 de febrero de 2013

lunes, 27 de enero de 2014

Acusan a exfiscal federal antilavado de extorsión agravada

La PGJDF logró la consignación del exfiscal antilavado de la PGR José Luis Marmolejo García, por el supuesto delito de extorsión agravada en pandilla. De acuerdo con el pliego judicial, obtenido por Contralínea, el exfuncionario federal y consultor privado junto con otras tres personas habrían puesto en marcha, el 14 de enero de 2014, “la fase preparativa del delito”, para obtener ilícitamente 2 millones de pesos del patrimonio de José Luis Ramírez, accionista de la empresa Obses de México. Así, las autoridades locales en coordinación con la PGR consiguieron la reclusión del exzar antilavado. La empresa de la víctima –especializada en comercializar equipos de espionaje– es proveedora de las procuradurías federal y capitalina

En menos de 5 días, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) –en colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR)– llevó el caso por supuesta extorsión agravada en pandilla contra José Luis Marmolejo García ante un juez. vad investigación, iniciada el 14 de enero pasado, condujo al extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la PGR, al Reclusorio Preventivo Norte el pasado 20 de enero.
El oficio de consignación con detenido –del que Contralínea tiene copia– indica que los agentes de la Policía de Investigación capitalina Alan Bahena Rivas y Miguel Ángel Mares Faisal procedieron a la detención en “flagrante delito” de Marmolejo García y de su supuesto “coautor” en el ilícito, Miguel Ángel Tercero Hernández.
Según la Fiscalía Desconcentrada en Venustiano Carranza, donde se inició la averiguación previa FVC/VC/-3/T3/00 125/14-01, el exfiscal antilavado habría extorsionado al empresario José Luis Ramírez Becerril, accionista de la empresa Obses de México, SA de CV. Ésta es proveedora de equipo de espionaje y de seguridad de la PGJDF, la PGR y las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, según su página de internet www.obses.com.mx.
El oficio de consignación refiere que Marmolejo García obtuvo del empresario 500 mil pesos momentos antes de la detención, ocurrida el 18 de enero. Ese día “se consumó instantáneamente” el hecho delictivo, indican las autoridades capitalinas.
La extorsión habría consistido en presionar a José Luis Ramírez Becerril, por medio de documentos falsos de la PGR, a pagar 2 millones de pesos para evadir la cárcel. Y es que, el 14 de enero pasado, el accionista de Obses recibió un citatorio apócrifo con número de oficio 25870, correspondiente a la supuesta averiguación previa PGR/DF/EXH-XII/58 11/2013-11. En éste se le señalaba por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, junto con uno de los choferes de su empresa de nombre José Manuel Velázquez Pineda.
Según la relatoría de hechos, ese día “los hoy imputados José Luis Marmolejo García, Miguel Ángel Tercero Hernández [chofer del exfiscal], José Manuel Velázquez Pineda [chofer de Obses] y Fernando Vázquez Guzmán pusieron en marcha la fase preparatoria del delito, ya que al haber estado reunidos en forma ocasional y sin estar organizados con fines delictivos decidieron cometer un ilícito en común, para lo cual procedieron en una clara coparticipación, al realizar un rol específico en la conducta delictiva”.
Del pliego de consignación se desprende que el “rol” que habría jugado Marmolejo García –quien se desempeñaba como abogado externo de Obses de México– fue el de cabildero: según las autoridades capitalinas, valiéndose de su antiguo cargo como fiscal antilavado le presentó a la víctima la posibilidad de evitar la cárcel por medio del pago de los 2 millones de pesos, pues como exfiscal de la PGR tenía los suficientes contactos para que el asunto “terminara en la trituradora”.
Como su experiencia lo acreditaba, Marmolejo García explicó a la víctima que el asunto era demasiado delicado, revela el documento de la PGJDF. El montaje que idearon los supuestos extorsionadores habría sido reforzado con el testimonio de Velázquez Pineda, quien figuraba en los documentos apócrifos como coacusado del empresario.
Éste habría referido ante sus empleadores que el 13 de enero fue a declarar ante la PGR por un citatorio similar al de la víctima, donde se le acusaba de lavar dinero y enriquecerse ilícitamente. Motivo por el cual requería ayuda financiera de Obses para su defensa.
El 18 de enero, Marmolejo García y su chofer se habrían presentado nuevamente en las oficinas de Obses, para recoger un primer pago de 500 mil pesos. En presencia del exfiscal antilavado, la contadora de Obses, Norma Angélica Ruiz García, entregó al empresario Ramírez Becerril dos sobres que contenían el medio millón, en billetes de 1 mil pesos. Mismos que, a decir del pliego de consignación, le fueron dados a Marmolejo.
Afuera de las oficinas, los agentes Bahena Rivas y Mares Faisal esperaron al exfuncionario federal. “Al tomar conocimiento de la consumación del hecho delictivo”, éstos procedieron al “aseguramiento” del dinero en efectivo, del exfiscal, de su vehículo (un BMW mini, tipo All Black, color negro, modelo 2013) y de su chofer, Tercero Hernández, a quien le endilgaron una coparticipación en la supuesta extorsión.
Sin embargo, fue hasta ese mismo 18 de enero cuando la PGJDF solicitó la colaboración de la PGR para corroborar o descartar la autenticidad de los citatorios contra el empresario, que habrían falsificado los supuestos extorsionadores. Ese mismo día, la Procuraduría General de la República respondió que, tras hacer una búsqueda exhaustiva no había encontrado ninguna averiguación previa ni citatorios en contra del accionista de Obses.
La noche del domingo 20, Marmolejo García fue consignado al Reclusorio Preventivo Norte. Un día después, él y su chofer se presentaron a la rejilla de prácticas del Juzgado 12; allí escucharon los cargos que se les imputan: “desarrollar una conducta de acción en todo momento de carácter doloso”. También, rindieron su declaración preparatoria.
La extorsión agravada que se le imputa al exfiscal duplicaría la pena en su caso, por tratarse de un exintegrante “del cuerpo de seguridad pública”, pues estuvo adscrito a la PGR.
Fuentes allegadas al caso aseguran que Marmolejo intentó justificar el pago del medio millón como parte de sus honorarios por los servicios privados que ofrecía a la empresa Obses de México. 

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  Contralínea 370 / 27 de enero al 3 de febrero de 2013

El “estadista” que no ha sabido conducir al Estado federal


El timón del Estado y la nave estatal son dos metáforas usadas para referirse al gobierno. Platón sugería que “los filósofos-reyes” deberían ser los encargados de dirigir ese timón y conducir a esa nave. Y derivado del concepto jurídico y político de Estado, el término “estadista” califica al individuo de cualidades excepcionales aprendidas en la teoría y práctica de la administración pública. Los que han sido estadistas se cuentan con los dedos de la mano entresacándolos de la historia universal. En nuestro país, estadistas, lo que se llama estadistas, apenas Morelos, Juárez, Cárdenas y, tal vez, con ciertas concesiones Elías Calles. Los demás han sido presidentes del montón: transas, incapaces, rateros, tontos e ingenuos, desde Guadalupe Victoria hasta Calderón, y para ese montón va Peña.

Y dado que los hombres y mujeres en el poder constantemente son objeto de elogios que los llevan a los altares para ser adorados, la Fundación religioso-capitalista estadunidense Apelar a la Conciencia, dirigida por el rabino Arthur Schneier, otorgó a Peña el Premio Estadista Mundial, que éste recibirá en septiembre en Nueva York. Esta organización religiosa busca participar en la explotación y comercialización del petróleo mexicano, igual que los italianos, los chinos, estadunidenses y japoneses (hasta el momento). Así que los de Italia le harán llegar a Peña el nombramiento de Señor Pizza, los de Japón Don Sushi y los de China lo designarán Amigo Arroz. Por títulos no faltará, pero lo de “estadista” sí que es de humor negro por parte de esa secta judía, ya que en el caso de Peña, la nave estatal zozobra al garete y no tiene en el timón a un estadista ni con minúscula; pues abrió frentes al por mayor con sus contrarreformas constitucionales que lo tienen en la mira de la catástrofe.

Un estadista no busca el odio ni el desprecio del pueblo, sino que convoca a los gobernados como fines de los medios económicos y políticos. Pero Peña hizo de los mexicanos medios para sus fines anticonstitucionales; como la enésima violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al nombrar a su favorito “comisionado” en Michoacán, en calidad de gobernador de facto. Un estadista no implanta una tiranía, no arrasa a los ciudadanos con impuestos devastadores, ni privatiza toda la riqueza petrolera. El estadista vela por los intereses del Estado y los defiende a capa y espada. En Michoacán hubiera solicitado al Senado la desaparición de poderes, la designación de un gobierno interino y desde hace 1 año hubiera utilizado a los militares para aprehender a los delincuentes que asuelan a la entidad en una guerra de todos contra todos.

El estadista no actúa como lo ha hecho Peña, quien sólo busca el protagonismo al lado de colaboradores sin ideología democrática dispuestos al motín y al botín, mientras el pueblo sigue remando, empobrecido, corrompido y devastado moralmente por la colaboración sobre todo de las desviaciones religiosas de la Iglesia Católica. Por lo tanto no es un estadista, ni siquiera un político. Es un presidente más del montón, igual que Fox y Calderón; y que asesorado por Salinas y Zedillo, lo llevan a una crisis política en medio del malestar del pueblo.

*Periodista

sábado, 25 de enero de 2014

Peña: “La realidad es más pródiga que la más febril fantasía”

 
Los corifeos del peñismo a la izquierda, y más a la derecha con Los Chuchos en primerísimo lugar (Zambrano y Ortega); priístas como José Murat, César Camacho, el lambiscón de José Ángel Gurría y Emilito Rabasa, se sumaron al reconocimiento de una organización religiosa estadunidense, que tiene entre sus miembros a empresarios que vendrán en busca de petróleo, y que declaró a Peña “estadista”, lo que el mexiquense se creyó. A ver a quién se le ocurre designarlo Benemérito II e investirlo como Maximiliano.

Todo ese peñismo está empeñado en seguir haciendo las cuentas alegres con sus cuentos publicitarios de que bajarán los cobros de luz, gasolina y gas, cuando si prosperan sus contrarreformas, será en el mediano plazo de unos 10 años, como mínimo; y si vienen las inversiones como aseguran Meade y Coldwell, no tendrán efectos inmediatos. Peña sueña y anda fuera de la realidad, y como las mascaritas de los carnavales, ya no engaña a nadie. Se ha dejado llevar por su creencia de que es el transformador del país, que como Luis XIV o Luis XV dijeron: “el Estado soy yo”, o “después de nosotros el diluvio”…

La frase que dice que “la realidad es más pródiga que la más febril fantasía” está en la obra Historia universal, de Veit Valentin, editorial Sudamericana, y aplica como anillo al dedo en nuestra realidad, pues Peña y su cártel administrativo sólo están administrando las crisis mexicanas, entre ellas la inseguridad en una “guerra de todos contra todos”; ya que no es suficiente un programa de reformas y contrarreformas político-económicas. Y nadie se opone a la “actualización de la Constitución para ponerla a tono con las necesidades del tiempo”, como propone Hans Kelsen en su magna obra Teoría general del Estado, sino que tales actualizaciones sean sólo para favorecer los intereses de las elites político-económicas, sin atender el interés nacional ni consultar a los ciudadanos sobre temas que se fundamentan en los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que requieren consulta o un Congreso Constituyente y no solamente atender su Artículo 135, sino también el 136, que es fundamento de toda ella.

Peña y sus peñistas del primer círculo –que ya traen entre manos apoderarse de la sucesión presidencial, como Videgaray, Luis Miranda ¡o un general del Ejército si la inseguridad siguen como va!– fantasean con sus dizque “reformas estructurales”, que únicamente buscan un objetivo: atraer inversiones para sacar el petróleo y gas con destino al relleno de los vacíos pozos estadunidenses. Sean cuales sean las reservas del oro negro, no hay un plan para mantener el abasto interno y sobrevivir a la inminente crisis de los energéticos. Peña y su grupo acaricia sus fantasías, mientras la realidad crea problemas que están llevando al Estado federal a su descomposición, porque ya se apoderaron de él las delincuencias encabezadas por el narcotráfico y cuya crisis general provocaron Fox, Calderón y ahora acelera Peña en el contexto de la corrupción de los desgobernadores, militares, policías, marinos (no todos, claro está) y funcionarios venales.

*Periodista

Puro Pancho

Puro Pancho
 
 
 
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/01/manrique-370-fb.jpg http://bit.ly/1geOEmD http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/01/26/puro-pancho/

Red internacional lava dinero de políticos y empresarios

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La Corte puede (y debe) anular las contrarreformas a los Artículos 25, 27 y 28


 
La Corte puede (y debe) anular las contrarreformas a los Artículos 25, 27 y 28

La inconstitucionalidad de una ley puede consistir, no sólo en que ha sido adoptada mediante un procedimiento prescrito por la Constitución, sino por tener un contenido que no debería tener según la Constitución, en la medida que precisamente la Constitución no sólo regula los procedimientos para su reforma sino también determina el contenido[…]. La evaluación de la constitucionalidad de una ley o sus reformas, por parte de un Tribunal Constitucional, implica una respuesta a la cuestión de si esa reforma (ley, decreto), ha sido dictada de acuerdo con la Constitución

Hans Kelsen, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?

Con sus asegunes, la democracia representativa se ha despachado con la cuchara grande, por el abuso de los poderes Legislativo y Ejecutivo federales, y esto está siendo cuestionado por un aumento de las individualidades ciudadanas de la democracia directa. Éstas han estado planteando una petición (Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos): convocar a una consulta popular sobre el tema de trascendencia nacional, como es la reforma energética (Artículo 35 constitucional, fracción VIII).

Y si en esta consulta vota el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado de apoyar la revocación de las contrarreformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales sería vinculatorio para los poderes Ejecutivo (presidente de la República) y Legislativo (diputados federales y senadores). Y se podrá demandar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conociendo del asunto como tribunal constitucional, la anulación de la reforma a esos artículos, y del decreto presidencial que promulgó lo aprobado por el Congreso de la Unión.

La consulta popular, no necesariamente aplicable hasta las elecciones intermedias de 2015, debe presentar un “sí” o un “no” en la papeleta con  respecto de si se está de acuerdo o en desacuerdo con la reforma energética en los términos aprobados por los legisladores y ejecutados por el órgano presidencial. Sea cual sea el resultado, simultáneamente o después de la consulta, presentar ante la Corte la demanda de anulación de la contrarreforma expropiatoria de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el Artículo 136 constitucional, ya que la reforma peñista es contraria a los principios fundamentales de la Constitución establecidos en sus Artículos 25, 27 y 28.

Si dicha reforma energética aprobada por los diputados federales y senadores del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza fue llevada a cabo conforme a lo dispuesto por el Artículo 135 constitucional, violó lo implantado en el Artículo 136, donde si bien no hay una rebelión que interrumpa la observancia constitucional ni se ha establecido un gobierno contrario a ella, sí se aprobó contraria a varios principios que sanciona la Constitución, al disminuir la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al estado de derecho, cercenar el dominio directo de la nación sobre todos los recursos naturales y limitar las áreas exclusivas sobre el petróleo y los demás hidrocarburos y electricidad; principios con los cuales el Estado, la nación y el gobierno mexicanos ejercen su rectoría, protegen la seguridad y la soberanía de la nación.

La consulta popular se basa en el Artículo 39 constitucional, porque en el pueblo reside esencial y originariamente la soberanía nacional, y éste es otro principio fundamental de la Constitución, a la par del principio de que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Ha de quedar claro que las reformas energéticas que está implantando el peñismo, en complicidad con sus aliados, están obligadas a someterse al imperio de la Constitución, y que según sus principios fundamentales, salvo un Congreso Constituyente nacido de una revolución o una convocatoria exprofesso para ese fin, éstos no pueden reformar la Carta Magna. Pues hacerlo equivale a la violación a esos principios, por lo cual, si la Corte tiene facultades de tribunal constitucional –sin mostrarse bajo control presidencial– y se encuentra dispuesta a funcionar como tal, ha de conocer con el resultado de la consulta popular y la queja constitucional, la petición de revocación y anulación de la reformas, si como todo indica la mayoría de los ciudadanos está en desacuerdo con ellas.

La democracia indirecta debe, no solamente en las elecciones, someterse constantemente a las demandas, críticas y peticiones de la democracia directa, como es ahora el caso de las reformas energéticas, al demandar la nación la realización de la consulta popular y la presentación ante la Suprema Corte de que dichas reformas son violatorias de los principios fundamentales de la Constitución Política vigente de 1917-2012 (Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México: 1808-2012; César Arroyo, Tribunal Constitucional y Estado democrático).

Y en caso de impedir la consulta popular y la Suprema Corte resistirse a conocer de las violaciones a los principios constitucionales, la nación, con sus ciudadanos de vanguardia, deberán demandar el juicio político a Peña Nieto, por querer establecer (Artículo 136 constitucional) “un gobierno contrario a los principios que ella sanciona”, conforme al Artículo 108 constitucional (Otfried Hoffe, Justicia política; Aníbal Pérez-Liñán, Juicio político al presidente y nueva estabilidad política en América Latina; Otto Kirchheimer: Justicia política, empleo del procedimiento legal para fines políticos).

*Periodista

Por qué decimos que nos llevan a un régimen autoritario


26. enero, 2014 Opinión
 
Centro de Colaboraciones Solidarias

El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas exigió al Estado español que investigara de una vez los cientos de miles de desapariciones forzadas del franquismo. Porque son 133 mil desaparecidos, según Amnistía Internacional. España es el segundo país en desaparecidos forzados del mundo tras la Camboya de los jemeres rojos; mucho más que Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay juntos bajo las dictaduras militares.

La ONU también reclamó procesar a los responsables del franquismo de desapariciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero el gobierno de Mariano Rajoy ha hecho oídos sordos (como hizo el del Partido Socialista Obrero Español) y las víctimas de la dictadura franquista han de ir a Argentina a buscar justicia.

Manfred Nowack, relator especial de Derechos Humanos, ha denunciado la falta de voluntad política del gobierno español para acabar con las torturas y los malos tratos a detenidos por policías. Amnistía Internacional ha denunciado casos en España desde 2007 en tres informes. Y asegura que “no sólo hay malos tratos y torturas, sino impunidad de los torturadores”.

Cambiemos de tercio. Jueces, fiscales, catedráticos de derecho y abogados critican con dureza las propuestas del nuevo Código Penal y Ley de Seguridad Ciudadana, porque criminalizan a la ciudadanía y violan sus derechos. Incluso el Consejo del Poder Judicial lamenta que este gobierno supere a Franco y Primo de Rivera, pues va más lejos que esos dictadores, que nunca introdujeron la cadena perpetua en el sistema penitenciario. Y el Partido Popular (PP) sí lo hace, aunque la llame “prisión permanente revisable”.
Para Jueces por la Democracia esa reforma penal es ilegítima, porque la realidad de delitos del país no pide aumentar las conductas a castigar ni las penas. Las tasas de delitos disminuyen desde hace más de 10 años y, según Eurostat (la oficina europea de estadística), España es uno de los países más seguros y menos violentos de Europa.

Esta reforma es ilegítima por innecesaria y por crear un nuevo delincuente: el disidente político. Incluso desde la conservadora Asociación de Jueces Francisco de Vitoria se sostiene que las propuestas “atentan contra derechos fundamentales de las personas, criminalizan conductas sociales y tienen un contenido marcadamente ideológico y político”.

Se afianza el autoritarismo, cuando destacados dirigentes del PP, como Cristina Cifuentes, delegada del gobierno en Madrid, afirma que la ley es muy permisiva con los derechos de reunión y manifestación. Y quiere “modularla”. ¿Modularla? Quieren hacer ilegal la protesta ciudadana para reprimirla a placer. Como en la dictadura franquista.

Pero no sólo de represión viven los autoritarios. Defienden a capa y espada sus intereses de clase. Según el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el nuevo Código Penal no hay instrumentos para acabar con la corrupción. La reforma, denuncia, creará amplios y peligrosos espacios de impunidad y será más difícil combatir la delincuencia organizada y la corrupción.

Si añadimos que la Fiscalía mira a otro lado ante los posibles delitos del partido del gobierno por su contabilidad B, se opone a que Mariano Rajoy declare en el caso Bárcenas, no investiga la destrucción de discos duros del imputado extesorero Bárcenas y se querella contra el juez Elpidio José Silva, que envió a prisión al expresidente de Caja Madrid (muy amigo de José María Aznar), el escenario resultante es el de un régimen autoritario y bananero. Pero no menos peligroso.

La minoría económica que tiene el poder provocó la crisis. Decidió que era buena ocasión para cargarse el llamado Estado de bienestar y convirtió la crisis en saqueo. Pero la gente reaccionó. Y la minoría empezó a vaciar la democracia, ya muy tocada. Se pasaron por el arco de triunfo la soberanía de los países, colocaron a sus tecnócratas en los gobiernos y forzaron a tirar por el retrete los compromisos electorales. Y gobernó la troika, mientras se violaban derechos cívicos, políticos, económicos y sociales de la gran mayoría ciudadana. Pero como la gente no se quedó quieta (aunque aún no ha reaccionado lo que debiera), ahora toca represión.

En esas estamos. No sólo en España. En toda Europa se cuecen habas represivas. Como ahora en Alemania. Parte de Hamburgo ha sido puesto en estado de excepción para que la policía identifique, registre y detenga cuando quiera. Así responden las autoridades a la magna protesta ciudadana contra el cierre de un centro cultural.

El reto es que la mayoría ciudadana pierda el miedo para que las cosas cambien.

 *Periodista y escritor

Un año de Pacto sin México y 20 de TLCAN


Las palabras no piensan,

si no, tendrían que asumir
su responsabilidad
por los sentimientos que
provocan en quienes las leen

 Adrián Ramírez López, de Poemas disonantes

En México, el realismo mágico de Carlos Fuentes o el florido lenguaje del doble sentido del albur son rasgos culturales que tanto disfrutamos. El primero, como género literario; el segundo, como forma de salpicar con picardía aquello de lo que no se puede decir en público y se cifra dando otro sentido a las palabras, o inventando nuevas para sustituir las innombrables.

Pero tratándose del lenguaje de los partidos políticos y de los discursos oficiales, los diccionarios son incapaces de registrar el significado real de las palabras que ellos usan para enmascarar sus verdaderos fines. Veamos:

-La palabra “por” es una corrupción y/o combinación de dos locuciones latinas: pro y per. En el caso del Pacto por México (1), simplemente la palabra “por” alude a que se firmó por México, refiriéndose al lugar donde se firmó y no a que dicho Pacto se haya firmado en pro de México.

-Cuando los pactantes dicen: “México tiene una sociedad plural. Sus fuerzas políticas representan a millones de mexicanos que les han otorgado con su voto el mandato de representarlos”, ellos lo interpretan como si con el voto se les diera un cheque en blanco para que lo usen en contra de los mexicanos.

-Si los pactantes firman: “la creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo nacional como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad. La tarea del Estado y de sus instituciones en esta circunstancia de la vida nacional debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyan el interés nacional”, están diciendo que por los intereses de ellos en lo nacional, legalizarán los poderes fácticos y preservarán la concentración de riqueza y poder, sin importar la desigualdad.

-Y finalmente cuando los pactantes dicen: “este Pacto nacional no elimina las diferencias ni la competencia política. No pretende ignorar que vinimos de una intensa lucha electoral en la que confrontamos programas de gobierno y disputamos el voto de los mexicanos. Pero una vez terminada la contienda electoral, calificada la elección e instaladas las cámaras del Congreso de la Unión, ha llegado el momento de asumir nuevas responsabilidades comunes con México”, ellos están regocijados diciendo: “Señores, ya estamos aquí, ya tenemos el voto, somos los ganadores, ejercemos el poder político, no tenemos por qué confrontarnos. Pues entonces, manos a la obra y vamos a repartirnos el pastel”.

A 1 año de distancia de la firma de este Pacto y a 20 de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), nuestro Congreso y gobierno han sido tomados por los políticos formados bajo los designios de Washington –en Yale, Harvard, Chicago– aplicando las recetas de Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

La democracia sigue secuestrada. Con un apretón de manos, políticos y empresarios sellaron un Pacto sin México, en el que se marcan con mayor intensidad dos Méxicos: el de la democracia de marketing electoral, los grandes negocios y el libre comercio, en contraste con el México de la democracia popular que se expresa en las calles, ésa a la que se le enfrenta con indiferencia y represión.

A 20 años de la entrada en vigor del TLCAN, podemos afirmar el poder destructivo que dicho acuerdo ha traído para México, Estados Unidos y Canadá. Los pueblos de los tres países padecemos los estragos devastadores de un tratado comercial con alcances metaconstitucionales y metademocráticos. Los derechos económicos sociales, culturales y ambientales sucumben como mercancías en aras del libre comercio y la acumulación de capital.

La brecha de ricos y pobres se profundiza insultantemente, la soberanía de los pueblos es anulada y los recursos naturales saqueados, la mano de obra sobreexplotada, la contaminación despiadada, y prevalecen la corrupción y la impunidad. Perdimos nuestra soberanía alimentaria y el clamor de que “el campo ya no aguanta más” sucumbe ante los transgénicos, las sequías y la falta de apoyos. “Sin maíz no hay país”, dicen.
Desde 1993 hasta finales de 2012 se han otorgado 43 mil 675 concesiones mineras que representan una superficie territorial de 95 millones 765 mil 800 hectáreas, causando graves daños al ambiente y a la vida de las comunidades cercanas. “Bastaron 3 sexenios para dar concesiones a extranjeros por casi la misma cantidad de tierras repartidas tras la Revolución Mexicana” (Ricardo Mendoza Reséndez, “Entregaron la mitad de México a mineras”, http://razacero.com/?p=724).

Desde 2006, sexenio de Felipe Calderón, se nos impuso una guerra, misma que sigue en ascenso este primer año del Pacto sin México. Una catástrofe humanitaria como nunca en nuestra historia reciente con alrededor de 150 mil ejecutados, 30 mil desaparecidos, miles de desplazados, torturados y prisiones repletas con innumerables casos de “presuntos culpables”.

Durante 2013, las autodefensas, los grupos paramilitares, antítesis de las policías comunitarias y los topiles, representan una fase superior de la guerra que Estados Unidos y el gobierno mexicano han impuesto al pueblo de México. Hacernos creer que el Estado mexicano está rebasado ante la delincuencia es una gran mentira. Los órganos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, las policías estatales y municipales, cuentan con todos los recursos para brindar seguridad al pueblo de México. No habría razón para que las autodefensas disputen territorios, ni justificación para acabar con las guardias comunitarias.

¡Qué vergüenza! Nos engañan y se justifican para sembrar más terror, sangre, dolor y muerte, mientras ellos siguen cosechando grandes ganancias. Así pasó en Colombia, así pasa ahora en México. ¿Tendrá algo que ver el asesor de seguridad de Peña Nieto, el general Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, exjefe de la Policía Nacional Colombiana?

No tenemos seguridad ni justicia. El sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra destaca: “¡Qué buen negocio es la inseguridad! Por un lado, el gobierno no proporciona seguridad a la ciudadanía. Para ésta hay 40 mil policías federales que, más que proteger, hay que protegerse de ellos. Pero para quien pueda pagar y autoprotegerse, hay 600 mil policías privados alquilables. Las ganancias millonarias, por supuesto, van para el mismo círculo político, los patrones, que son juez y parte.”

Fronteras impermeables para los migrantes a quienes se les ha dejado morir, desaparecer, secuestrar, violar, mutilar o extorsionar a manos de los grupos de trata de personas. Según el Movimiento Migrante Mesoamericano, hay unos 70 mil migrantes desaparecidos.

A 20 años de distancia, los partidos políticos se convirtieron en institutos electorales, todos apilados en el centro; la izquierda, la derecha y el parlamentarismo fenecieron en el Pacto sin México. Y no obstante que el Partido de la Revolución Democrática abandonó el Pacto el 28 de noviembre de 2013, las reformas más lesivas a los intereses de los mexicanos estaban siendo aprobadas.

En síntesis, en el primer año del Pacto sin México del gobierno de Enrique Peña Nieto se consolidó una regresión histórica en materia de respeto a las garantías básicas de la población. Vivimos una gravísima situación de vulnerabilidad en todos los ámbitos, empezando por el derecho fundamental al trabajo y a tener un salario justo, debido a las reformas estructurales y las políticas regresivas que tanto daño hacen a los bolsillos de los mexicanos.

Las nuevas generaciones están destinadas a vagar con graves limitaciones de acceso a la educación y al trabajo, debido a las reformas educativa y laboral aprobadas, a pesar de las grandes manifestaciones y protestas.

Cada vez se restringen más los derechos civiles y políticos de la gente a través de leyes para contener manifestaciones de descontento mediante el uso de la fuerza, recurso que se usa sobre todo contra quienes defienden los recursos naturales de las comunidades en contra de los llamados “megaproyectos”.

Vivimos una crisis grave y profunda de violaciones a los derechos humanos en la que el Estado mexicano está apresurando una serie de modificaciones legislativas que inhiben o criminalizan la protesta social.

Desde hace 20 años, cuando los zapatistas irrumpieron en México, los altermundistas en todo el mundo han globalizado las luchas por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Han venido surgiendo movimientos como Ocupa, en Estados Unidos; los Indignados o M-15, en España y el resto de Europa; los movimientos griegos, turcos; los movimientos de los pueblos árabes; en las luchas latinoamericanas se han producido avances esperanzadores de integración en torno a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, o en la Unión de Naciones Suramericanas, por ejemplo; la integración desde Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, etcétera.

“Seguiremos luchando. Nuestro reto es la unidad, la confluencia de esfuerzos, ampliar nuestra visión de los alcances de los derechos humanos y reivindicar los derechos de la Madre Tierra. Practicar el modelo del buen vivir en armonía entre nosotros mismos, los demás y la naturaleza” (Reflexión desde la fe, carta del presbítero José Alejandro Solalinde Guerra enviada a Enrique Peña Nieto, presidente de la República Mexicana).

*Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC

Política derechista: leyes contra las marchas


 
La política de prohibir o restringir las marchas y protestas sociales responde, por un lado, a un mecanismo de defensa de los sectores poderosos que se sienten vulnerables ante la capacidad de respuesta ciudadana, organizada generalmente en las redes sociales y expresada en las calles.

Empresarios, legisladores, funcionarios y políticos, de cualquier partido que sean, suelen defender sus propios intereses y privilegios, que ocasionalmente se ven cuestionados en algunos espacios críticos de la prensa y cotidianamente en el ciberespacio y en las calles. Por eso, tales personajes ven con agrado las leyes que restringen las críticas espontáneas y directas de la sociedad.

Por otro lado, la supresión de las marchas es, en particular, una maniobra derechista ante su incapacidad para manifestarse en las calles, pues no cuentan con el apoyo social necesario. La derecha quiere prohibir las marchas porque éstas suelen ser afines a la izquierda y a los sectores progresistas.
La derecha y las marchas

Empero, la derecha también ha tratado de recurrir a las protestas callejeras, lo cual cada día le es más difícil.
La famosa marcha de 2004 contra los secuestros y la inseguridad fue, en los años recientes, la única ocasión en que la derecha logró reunir a mucha gente, aunque haya sido ocultando sus motivos reales.

En esa ocasión, las televisoras y muchos espacios radiofónicos estuvieron animando a la gente a participar en el evento organizado por la ultraderecha y encaminado en realidad contra el gobierno del Distrito Federal. Hoy, la televisión ya no tiene el mismo poder de convocatoria que hace 10 años.

En 2007, la ultraderecha trató de movilizar a la gente de la capital contra la despenalización del aborto, pero no lo logró, ni obtuvo ningún resultado positivo para sus integrantes. En el caso del matrimonio homosexual, ni siquiera lo intentó.

El declive moral de la Iglesia Católica en el mundo actual también es un factor que afecta a la derecha mexicana, de raíz católica; de suerte que en 2012 la visita del papa retirado, Benedicto XVI, no despertó un gran entusiasmo popular, ni siquiera en la muy religiosa entidad de Guanajuato.

En contrapartida, las principales movilizaciones populares en los últimos años, si nos referimos concretamente a la Ciudad de México, han sido: las marchas contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y en apoyo a su triunfo electoral, de 2005 a 2007, y las movilizaciones contra las privatizaciones y alzas de servicios y bienes nacionales, que a su vez derivan de políticas económicas de tendencias neoliberales.

Hoy en día las protestas sociales suelen expresar demandas afines al bienestar de los sectores populares y contrarias a los grandes intereses económicos.

Enemigos de las protestas

Tanto en México como en España, personajes vinculados al Opus Dei han promovido leyes para restringir las protestas sociales.

En México, el diputado panista Jorge Francisco Sotomayor Chávez, egresado de la Universidad Panamericana, del Opus Dei, ha cobrado notoriedad por promover la iniciativa para restringir las protestas públicas, mientras que en España, donde acaban de aprobarse normas en el mismo sentido, su promotor fue el ministro del interior Jorge Fernández Díaz, personaje vinculado a grupos ultracatólicos, como el Opus Dei (La Jornada, 30 de noviembre de 2013).

El propio Fernández se refirió públicamente a sus afinidades con ese grupo, por ejemplo en entrevista concedida a La Gaceta (www.intereconomia.com/noticias-gaceta/iglesia/nuevo-ministro-interior-explica-su-reencuentro-dios-despues-anos-darle-espal).

También promotora de la ley contra las marchas es la diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Laura Iraís Ballesteros Mancilla, conocida porque en 2008 se hizo público que una empresa creada por Iraís recibió del Centro de Investigación y Seguridad Nacional 1 millón de pesos para llevar a cabo labores de espionaje en el Congreso de la Unión.

Otra panista enemiga de las protestas sociales es Mariana Gómez del Campo, quien durante el sexenio pasado llegó a los primeros niveles de la política derechista, avalada por sus relaciones familiares, pues es prima segunda de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón.

La hoy senadora y exintegrante de la asamblea de representantes del Distrito Federal, de 2009 a 2012, ha promovido, desde hace tiempo, medidas para limitar la libertad de expresión, imponer horarios a las marchas y protestas y en algunos casos aplicar sanciones a sus participantes.

Como ella misma ha señalado, para sus proyectos contra la protesta social se inspira en experiencias como la de España, donde, de acuerdo con el comentario de Víctor Martínez González (“Prohibido quejarse”, Contralínea 365, 16 de diciembre de 2013), “a partir de ahora, protestar […] puede salir muy caro […]. El gobierno español prepara una ley de seguridad ciudadana que contempla multas de entre 1 mil euros por insultar o fotografiar policías, hasta 30 mil euros por perturbar la seguridad en actos públicos, deportivos, religiosos y culturales […].

“[…] La nueva ley busca también sancionar un mayor número de conductas en la vía pública, como convocar y participar en protestas frente a las principales instituciones del Estado, paralizar desahucios, acudir ‘encapuchado’ a una manifestación o los abucheos y las concentraciones frente al domicilio de los políticos […].”

Por otra parte, Mariana Gómez del Campo se ha jactado de contar con el apoyo de legisladores y políticos de otros partidos: Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido de la Revolución Democrática (www.revistapersonae.com.mx/?p=1185), lo que es comprensible si atendemos a que la política contra las protestas sociales es una defensa de los poderosos contra los débiles, de los ricos contra los pobres.

A los privilegiados no les gusta que los débiles los critiquen libremente, como ocurre en las marchas y protestas callejeras, sino que quisieran recibir siempre el trato convenenciero y servil que les prodigan muchos de los llamados “grandes” medios de comunicación.

Por su parte, la derecha quiere anular, mediante leyes represivas, las expresiones populares que suelen ser contrarias a sus ideas y proyectos.

Otro enemigo de las protestas sociales es el ultraderechista Federico Döring, coordinador de la bancada panista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien ha proclamado abiertamente que una de las primeras aplicaciones de la legislación contra ellas será la defensa de la denominada “reforma energética”.

Leemos en su artículo publicado en Excélsior el 15 de diciembre de 2013: “en unos meses se verán manifestaciones en contra a las modificaciones emanadas de la reforma energética cuando se discutan las leyes secundarias; así lo han expresado los opositores a la reforma, por ello es importante darle garantías al Congreso de la Unión para que realice su trabajo de manera adecuada […]”.

En suma, la legislación contra las protestas sociales es un episodio más de los poderosos y del PAN contra el pueblo de México.

*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México

Noventa y nueve poemas de amor y poesía mexicana

 
¿Que no se lee poesía? ¿Entonces porqué hay libros de versos? Son preguntas respondidas por los libros de versos y quienes los adquieren. Hay quienes los declaman; y, mientras haya quienes los inspiren, se escribirán invocando lo bello, el amor, la amistad, la decepción… Los compositores de canciones también son poetas y algunos las expresan con sus voces. Libros como 99 poemas mexicanos de amor, que compilaron Leticia Quiroz y César Arístides, son una “muestra de poesía mexicana, intensa, magnífica por su elocuencia y murmuraciones, amena y arrebatada, candorosa y llena de malicia, define el amor y lo sentencia, lo oculta, lo estrangula y juega con sus indecisiones, nos habla del encuentro carnal y espiritual, de la aspiración enferma que produce el amor y de la inevitable ruptura; se asoman al olvido fatal cuando el amor deja sólo su invisible presagio”; o la Antología general de la poesía mexicana. De la época prehispánica a nuestros días, con selección, prólogo y notas de Juan Domingo Argüelles, en casi 900 páginas tamaño cuartilla. Y pesa lo que vale, literariamente. Son más de 100 poetas con mucho más de 1 mil poemas. Ambos libros se complementan, con la ventaja para el primero de que, por su tamaño, cabe en una mano. De ninguno de los dos pueden mencionarse los nombres de los poetas en esta página, donde el reducido espacio nos obliga a ir al grano. La Antología general de la poesía mexicana es más que una antología. Es una completísima selección de poemas divididos en “Época prehispánica”; “Época colonial”; “Independencia”; “Siglo XX y los albores del Siglo XXI”. Están citados en el prólogo casi todos los poetas mexicanos, su circunstancia histórica y sus creaciones. Y hay ausencias, pero “por muy grande que sea o por muy abarcadora que pretenda ser toda antología es una muestra y no puede equivaler, de ningún modo, a una enciclopedia o a un diccionario, menos aún a un directorio”.

Ambos libros merecen lectores que todavía vibren con la música de la versificación, pues sus creadores volcaron en ellos sus sentimientos en cadenas de flores con espinas de amargura sobre “lo bello y lo sublime”, y que al decir de Immanuel Kant: “Lo sublime conmueve, lo bello encanta”. Estas antologías son un manantial de palabras con el sentido estremecedor de poemas que lograron encender luces de belleza, ensartadas con la variedad de los sentimientos humanos. Entre las motivaciones para promover la lectura, se debe impulsar la lectura de poesía, que con la prosa compaginan dos creaciones humanas. Las poesías de estos dos libros son cantos a la vida de sus creadores, quienes endulzan la desbordada imaginación de sus fantasías. Dos libros que son un tesoro. En ellos los lectores hallarán el poema que no escribieron, pero que alguna vez pensaron. Son libros para visitarlos, y al abrirlos, encontrar el verso que conmueve para remover recuerdos pasados y presentes.

Ficha bibliográfica:

Autores: Selección de Leticia Quiroz y César Arístides

Título: 99 poemas mexicanos de amor

Editorial: Grijalbo

Autor: Selección de Juan Domingo Argüelles

Título: Antología de la poesía mexicana

Editorial: Océano de México

*Periodista

Violaciones a los derechos humanos en San Pedro Mártir

 
El pueblo de San Pedro Mártir está localizado al Sur de la Ciudad de México. Ha sido una comunidad, desde siempre, que alberga en su interior una profunda solidaridad, que brinda desinteresadamente a movimientos, organizaciones y colectivos sociales que se organizan para defender sus territorios, sus derechos y su dignidad en el Distrito Federal y en el país. San Pedro Mártir es así un testimonio de esperanza, justicia y convivialidad comunitaria urbana. Su proceso organizativo de más de 40 años le otorga además el título de pueblo fraterno, de pueblo hermano.

Lamentablemente hoy día sufre graves violaciones a sus derechos humanos. En septiembre de 2011 inició una lucha pacífica contra la imposición ilegal de una gasolinera en su territorio que, entre otras cosas, pone en riesgo los derechos a la vida y a la movilidad de sus habitantes. Para octubre de ese mismo año las y los vecinos instalaron el campamento Ixtliyólotl (“Por la vida y la dignidad”), con la finalidad de impedir su establecimiento. Todo ello con base en las constantes irregularidades que el proceso de construcción implica: en ningún momento se informó a la comunidad sobre dicho inmueble, y cuando lo solicitó, tampoco se le proporcionó información. Sus principales preocupaciones ahora tienen que ver con el peligro que esta gasolinera le acarrea y con los daños al medio ambiente que ocasionaría; así como el nulo proceso de participación de sus habitantes para elegir y opinar sobre el modelo urbano que más les beneficiaría en su territorio.

Las autoridades, por el contrario, han privilegiado los intereses económicos de empresas dedicadas, en este caso, a la distribución de gasolina, y no titubean en aplicar la ley a personas que a su juicio son incómodas y se oponen al “desarrollo de la Ciudad”. Así lo constatamos el pasado 25 de diciembre, cuando alrededor de las 6 y media de la mañana, aprovechando las circunstancias especiales de asueto de esa fecha, fue sorpresivamente desalojado el campamento con extremo y excesivo uso de la fuerza pública, sin mayor argumento que el de “ocupan un espacio privado”. El despliegue de granaderos ascendió a más de 500 elementos, lo cual deja entrever la colusión entre el gobierno de la delegación de Tlalpan y el gobierno central del Distrito Federal para beneficiar a la empresa CorpoGas.

La defensa de los vecinos no ha sido sólo a través de actos pacíficos de resistencia. También tiene un componente jurídico. Han ganado varios juicios relacionados con los permisos ilegales de construcción de la gasolinera. Las instancias judiciales les han dado razón favorable a sus demandas, pues se ha demostrado cómo las autoridades permitieron indebidamente la construcción, violando, entre otros, el uso de suelo y las normas ambientales. Los tres juicios iniciados por las y los habitantes dan cuenta de ello. En este momento aguardan la resolución de un amparo interpuesto en contra de una resolución que benefició a la empresa gasolinera, sin que los impartidores de justicia hayan ido al fondo del asunto. Ahora al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, encargado de administrar justicia en los casos en donde haya controversias entre personas físicas y morales, y las autoridades de la administración pública y paraestatal del Distrito Federal, le toca resolver este caso, que esperamos sea a favor de los derechos humanos del pueblo de San Pedro Mártir. De lo contrario quedará más al descubierto la descomposición institucional por la que pasan los órganos encargados de garantizar los derechos de las personas y de los colectivos.

Este caso es uno más de los tantos que se presentan hoy en el Distrito Federal. En cada uno de ellos es evidente que el desarrollo de la Ciudad se hace conforme a los intereses económicos de unos cuantos, dejando de lado el derecho colectivo que las y los habitantes de determinado territorio tienen para ser consultados y elegir qué modelo de ciudad es adecuado y conforme a una vida de calidad, digna y sustentable.

El Gobierno del Distrito Federal incurre constantemente en conflictos de este tipo con personas que por décadas han habitado ciertas zonas. Casos emblemáticos hay muchos. Por ejemplo, el de la Supervía Poniente, que violentó múltiples derechos de personas en la delegación La Magdalena Contreras. También el de la Arena Ciudad de México, y en últimas fechas el que existe entre habitantes del Oriente de la Ciudad y la administración central, debido a la construcción de la Autopista Urbana Oriente. El caso de San Pedro Mártir es otro de ellos.

Sin duda se han venido diluyendo poco a poco los compromisos que los gobiernos de la Ciudad habían venido haciendo con sus habitantes. En el gobierno de Marcelo Ebrard se logró la firma de una Carta por el Derecho a la Ciudad, la cual contiene los lineamientos necesarios para transitar hacia una ciudad democrática, con justicia, garantía de nuestros derechos humanos y conforme a la responsabilidad ambiental. Ahora vemos cómo ese cometido se hace a un lado.

El derecho a la ciudad sigue siendo, sin embargo, impulsado por movimientos sociales, en respuesta al erróneo desarrollo de ciudades basado simplemente en la lógica del mercado, el lucro y la acumulación del capital. Este derecho exige considerar a la Ciudad como un espacio en el que las personas satisfagan sus necesidades vitales, en el que no sea suficiente conformarse con lo que ya está, sino por el contrario transformarlo radicalmente y crear nuevas propuestas urbanísticas en beneficio de una vida digna para las comunidades, y no tanto para los intereses económicos de unos cuantos.

Este derecho protege a las personas y colectividades de violaciones a su dignidad. Combina derechos económicos, políticos, sociales, civiles, culturales y ambientales sobre la base del interés común en proclamar nuevas formas de convivialidad en la Ciudad, que hallan relación con la sustentabilidad, la democracia y el desarrollo económico. Así como con propuestas vinculadas a la reproducción y gestión del hábitat, el manejo responsable de los bienes comunes, el disfrute equitativo del espacio público y la movilidad de las personas.

El derecho a la ciudad debiera ser el eje rector en la transformación de las megalópolis. Sin embargo lo que predomina en la Ciudad de México es la urbanización con poca o nula perspectiva de derechos humanos y sustentabilidad. Los casos mencionados son clave para entender cómo el gobierno del Distrito Federal falta a su compromiso con procesos de participación, democratización y respeto a los derechos humanos, establecidos incluso en su propia legislación. La actual administración y su política “decidamos juntos” tiene el principal reto de transformar la Ciudad, posibilitar que emerjan o persistan alternativas al modelo hegemónico de desarrollo, que las personas y sus colectivos sean partícipes de todos los espacios de decisión y de las acciones que nos posibiliten nuevos escenarios de convivencia y habitabilidad.

Será imposible una garantía plena de los derechos humanos mientras no se atiendan aspectos fundamentales mencionados en la Carta por el Derecho a la Ciudad, tales como el pleno ejercicio de la ciudadanía de todas las personas, con independencia de su edad o género, así como su participación sobre el uso y propiedad del territorio, lo que implica que las personas que habiten la Ciudad decidan sobre la distribución y usufructo que se haga de ellos. También es urgente que se tenga un manejo sustentable de los recursos energéticos y los bienes comunes naturales. Todo lo cual en su conjunto nos llevará al disfrute democrático y equitativo de la Ciudad.

San Pedro Mártir lucha ahora por sus derechos. Pero a través de su lucha y experiencia nos demuestra el anhelo constante por construir otra Ciudad, basada en una cultura de derechos, legalidad y buen vivir.
*Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC