jueves, 31 de octubre de 2013

Albergues para los peones “acasillados” del siglo XXI

Albergues para los peones “acasillados” del siglo XXI En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, están registrados 17 albergues para jornaleros que le dan servicio a 57 empresas nacionales y trasnacionales, en las que laboran cerca de 16 mil personas. La mayoría se encuentra en la zona Sur de la ciudad y de la Ciénaga, con mayor concentración en los mun... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/11/contraluz-01.jpg http://bit.ly/1aNv1ga http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/11/01/albergues-para-los-peones-acasillados-del-siglo-xxi/

Segundo Encuentro Nacional de Periodistas: la libertad de expresión en México

Segundo Encuentro Nacional de Periodistas: la libertad de expresión en México Inicia Segundo Encuentro Nacional de Periodistas en la Ciudad de México. Participan más de 150 trabajadores de los medios de todo el país. El evento es organizado por la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) y Freedom House.
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miércoles, 30 de octubre de 2013

La reforma hacendaria: la reproducción del neoliberalismo

La reforma hacendaria: la reproducción del neoliberalismo “Evidentemente no es nada popular”, la única frase cierta del discurso presidencial ante la nueva reforma fiscal.
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Agricultores llegarán al DF en demanda de precios justos y seguridad

Agricultores llegarán al DF en demanda de precios justos y seguridad Productores de maíz, frijol y sorgo llegarán en caravana al Distrito Federal con la exigencia de un pago justo por sus productos así como la de terminar con los altos precios de la canasta básica.
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martes, 29 de octubre de 2013

Pueblos indígenas, marginados de la discusión sobre la reforma energética

30. octubre, 2013 Francisco López Bárcenas    Sociedad

Al margen de la discusión de la reforma energética, los pueblos indígenas. Legisladores, políticos, académicos… discuten qué hacer con los recursos energéticos del país, muchos de los cuales se encuentran en territorios de los pueblos originarios, a quienes no se les toma en cuenta. Con una nueva legislación, las trasnacionales buscan acceder a recursos largamente codiciados. El Convenio 169 de la OIT, firmado por México, ni se menciona en las discusiones, y se dispone del uso del subsuelo, el agua y los minerales como si las comunidades indias no existieran


Aunque no se les nombra, la iniciativa de reforma constitucional en materia de producción energética y extracción del petróleo presentadas por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y el presidente de la República, afectan los derechos de los pueblos indígenas, de tal manera que resulta irresponsable y peligroso ignorarlos, por las reacciones que puede generar entre los afectados si estas reformas llegan a concretarse tal y como han sido propuestas. En el presente trabajo se analizan esas implicaciones. Para ello, se expone la forma en que el derecho reconoce a los pueblos indígenas y las comunidades que los integran como sujetos de derecho; de la misma manera se exponen los derechos que se afectarían si la reforma llega a aprobarse, entre ellos el derecho al territorio y los recursos naturales que en él existen; el derecho de los pueblos indígenas al acceso preferente a los recursos naturales existentes en los lugares que habitan y el de la consulta previa. En este contexto se debe llamar la atención sobre la importancia de no ignorar a los pueblos indígenas durante la discusión de las iniciativas de reforma en materia energética y eléctrica.
Antes de entrar al análisis de la forma en que las propuestas de reforma afectan los derechos de los pueblos indígenas, es importante expresar que la reforma energética y petrolera representa la continuidad de lo impulsado por Carlos Salinas de Gortari en 1992, que permitió el acceso a las tierras y recursos naturales al mercado y al capital privado. Un año antes de aquella reforma, el 7 de junio de 1989, el entonces presidente de la República firmó el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual fue ratificado por el Senado el 11 de julio de 1990 y entró en vigor al año siguiente. Por disposición del Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese tratado pasó a formar parte de nuestra “norma suprema” y ninguna ley federal o estatal puede contradecirlo; todavía más, para el caso de que alguna de ellas lo hiciera, las autoridades encargadas de aplicarlas deben ajustar sus actos a las disposiciones del tratado, en este caso el Convenio 169. En ese mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer que en orden jerárquico, después de nuestra Constitución Política, se encuentran los tratados internacionales y después de éstos las leyes federales.
Además de lo dispuesto en el Artículo 133 de la Constitución y su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Artículo 1 de la propia Carta Magna expresa que en los Estados Unidos Mexicanos “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
La disposición es importante, porque si bien y de acuerdo con el Artículo 133 constitucional ya citado los tratados están por debajo de la Constitución federal, pero por encima de las leyes federales, tratándose de tratados sobre derechos humanos –el Convenio 169 lo es– éstos se ubican al nivel de la Constitución, como si de un solo documento se tratara. Una ventaja de esto es que no puede haber contradicción entre la Constitución y los tratados porque deben interpretarse de manera sistemática, además, en caso de contradicción, debe aplicarse la norma más favorable a las personas –en este caso los pueblos indígenas– y todas las autoridades de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en sus diversos niveles, tienen la obligación de aplicarlos. En otras palabras: se amplía el ámbito espacial de aplicación de los tratados de los derechos humanos, así como el de las autoridades obligadas a respetarlos, lo que –de observarse esta disposición constitucional– reditúa en beneficio de los gobernados, en este caso los pueblos indígenas.
Un año después de que el mencionado Convenio 169 entró en vigor, el gobierno mexicano modificó el Artículo 4 de la Constitución Política para reconocer la existencia de los pueblos indígenas. Eso fue lo que se dijo, pero en el decreto del 28 de enero de 1992 lo que se publicó fue una norma declarativa de la pluriculturalidad de la nación mexicana, misma que tiene su sustento en la presencia originaria de los pueblos indígenas. Cuando se introdujeron las reformas al Artículo 27 constitucional, en la fracción séptima, párrafo segundo, se incorporó una norma donde se establecía que “la ley protegerá las tierras de los grupos indígenas”, sin que se expresara a qué tipo de protección se refería y la manera en que se llevaría a cabo. En 2001, la Constitución se volvió a reformar para modificar lo dispuesto en materia de derechos indígenas. El contenido del Artículo 4 pasó al segundo incorporando literalmente el contenido del artículo 1 del Convenio 169 de la OIT que describe lo que debe entenderse por pueblo indígena, además de las comunidades indígenas; de igual manera se incorporaron algunos derechos como el acceso preferente a los recursos naturales existentes en sus territorios y el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, que importan en este caso.
En conclusión, con respecto a la reforma energética y los derechos de los pueblos indígenas, en la actualidad existen tanto en el Convenio 169 de la OIT como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la garantía de la existencia de los pueblos y las comunidades indígenas, el derecho de conservación de sus territorios, el acceso preferente a los recursos naturales que se encuentren en los lugares que habitan y el derecho a ser consultados. Se trata de dos derechos sustantivos y dos procedimentales que resultan afectados directamente –y por lo mismo, los analizaremos enseguida–, pero no son los únicos, existen también el derecho a su cultura, al desarrollo propio y a un medio ambiente sano, entre otros.
Pues bien, la importancia del Convenio 169 de la OIT radica en que por primera vez en la historia de nuestro país se reconocía la existencia jurídica de los pueblos indígenas y lo hacía prescribiendo las disposiciones del Convenio que se aplican “a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. De esta manera el Estado mexicano reconoce que entre los mexicanos, además de individuos existen pueblos, y tienen derechos colectivos, diferentes a los de los individuos, entre los que figuran ser pueblos, tener su territorio y ser consultados cuando en ellos se pretendan realizar actos susceptibles de afectarles de alguna manera. En 2001 esta disposición pasó íntegra a la Constitución Política federal.

Junto con los pueblos indígenas, la Constitución mexicana también reconoce como sujetos de derecho a las comunidades que forman los pueblos indígenas, al identificarlas como “aquéllas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”. Esta disposición ha sido muy controvertida por colocar a las comunidades indígenas en la misma condición jurídica que a los pueblos de los que forman parte, cuando en la realidad social entre ambos existe una relación de generalidad a particularidad, donde la comunidad queda incluida dentro del pueblo y éste se estructura basándose en aquella. Reconocerle personalidad similar a ambos puede llevar a situaciones donde las comunidades se nieguen a formar parte de los pueblos y entonces éstos queden desmembrados o en el mejor de los casos divididos y sin poder reconstituirse. Lo correcto ha sido dotar al primero de la titularidad del derecho y a la segunda como el órgano a través del cual ejercerlo, como parte integrante de aquél. Así, las facultades de las comunidades serían delegadas por el pueblo indígena al que perteneciera.
Visto el reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas, veamos ahora uno de sus derechos que pueden ser afectados por la reforma energética: el derecho al territorio. Como expresamos anteriormente, en 1992, cuando se modificó el Artículo 27 constitucional, se introdujo una norma que mandataba una protección de las tierras de los grupos indígenas, sin especificar cuáles eran éstas y en qué consistía tal protección. La solución se encuentra en lo dispuesto en el artículo 13 del Convenio 169 de la OIT, el cual expresa que los gobiernos tienen la obligación de “respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación”. La misma disposición determina que “la utilización del término ‘tierras’ en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.

De acuerdo con esta disposición, el concepto de tierras indígenas es diferente al de tierras no indígenas; es sinónimo de territorio y éste incluye la totalidad del espacio y los recursos que existen en él que los pueblos ocupan o utilizan de alguna manera. Dicho de otro modo, el concepto de territorio incluye la tierra, las aguas, el medio ambiente, el espacio aéreo, los lugares de importancia cultural y lugares sagrados, cualquiera que sea su naturaleza, entre otros elementos. Al respecto, la doctrina jurídica internacional de los derechos indígenas se ha pronunciado en el sentido de que “es difícil separar el concepto de la relación de esos pueblos con sus tierras, territorios y recursos del concepto de sus diferencias y valores culturales.”
Es importante no perder de vista los conceptos de “ocupan” o “utilizan de alguna manera” porque con ellos la protección que las normas del Convenio 169 brindan a los territorios indígenas no se reduce a los casos en que los pueblos indígenas sean propietarios de ellos, sino a todos los que ocupen o utilicen de alguna manera, lo que amplía la protección no sólo a la ocupación permanente sino a la temporal u ocasional. En otras palabras, los conceptos de ocupación o utilización del Convenio 169 no se equiparan al de posesión a que se refiere el derecho civil, que requiere más requisitos –ocupación pública, pacífica, permanente, de buena fe y a título de dueño–, sino a otra diferente, más amplia y con otros objetivos. El Convenio 169 no exige que la ocupación sea pública, aunque se entiende que la mayoría de ellas lo sean, no tiene que ser permanente, se entiende que es de buena fe aunque puede no ser a título de dueño. En el derecho civil, la ocupación tiene sentido como medio para prescribir y obtener la propiedad y en la del Convenio 169 proteger una relación especial para preservar las culturas y los valores espirituales de los pueblos indígenas.
El contenido del artículo 14 es más específico que el anterior. Si el primero se refiere al derecho de los pueblos indígenas a usar y ocupar sus territorios, éste se refiere al derecho de propiedad y posesión. El artículo consta de tres partes. La primera expresa que “deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Nótese que esta norma protege el derecho de propiedad o posesión, según el caso, pero no de la totalidad del hábitat que ocupan o utilizan de alguna manera, sino sólo de las tierras que tradicionalmente ocupan. El derecho es más específico y, por lo mismo, estrecho.
Otra parte de la misma norma expresa que “además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes”. El contenido de esta norma busca regular supuestos donde las tierras ya no son poseídas sólo por los pueblos indígenas, sino también por otros pueblos indígenas o incluso por grupos no indígenas y aquellos guardan una relación cultural o espiritual con las tierras, caso en que deberá protegerse su derecho a ocupar esas tierras, poniendo especial caso en los pueblos nómadas o agricultores itinerantes, como sería el caso de algunos pueblos indígenas del Norte del país.
Las segunda y tercera partes del artículo establecen obligaciones a cargo de los gobiernos para proteger los anteriores derechos. En la segunda se expresa que “los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”; mientras en la tercera determina que “deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”. Una de esas medidas para proteger las tierras debe estar referida a las afectaciones que pudieran generar la explotación del petróleo o la generación de energía hidroeléctrica, eólica o solar, sin importar que sean propietarios, poseedores o usuarios de los lugares donde se puedan producir las afectaciones.
Lo anterior con respecto a los territorios. Veamos ahora lo referente a los recursos naturales. A este respecto, el párrafo sexto del Artículo 2 constitucional establece que, “como parte de su autonomía, los pueblos indígenas pueden acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución”. Hasta ahora los pueblos indígenas no tienen derecho de acceso preferente al petróleo ni a la energía porque son considerados áreas estratégicas, pero con la reforma que pretende privarlos de ese carácter, bien podrían los pueblos exigir que el petróleo o la energía que se pretenda producir en su territorio, antes que permitir que lo extraigan o la produzcan otras personas, les otorguen a ellos los permisos y las facilidades para hacerlo.
Para el caso de que los pueblos renunciaran a su derecho preferente a la explotación del petróleo o generar algún tipo de energía en su territorio, el Estado tendría abierto el camino para otorgar concesiones o permisos a cualquier particular que quisiera hacerlo, pero ante de ello tendría que consultar a los pueblos indígenas según lo determina el Convenio 169 de la OIT, que en su artículo 6 expresa que al aplicar las disposiciones del Convenio, los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Las consultas, según dispone la misma norma jurídica, “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
Además de las anteriores disposiciones generales, el artículo 15 del Convenio contiene otras específicas, referidas a la protección especial de los recursos naturales existentes en los territorios de los pueblos indígenas, incluidos aquellos casos en que pertenezcan al Estado. El mencionado artículo expresa que “los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.

Esta disposición es clara: aun cuando los recursos naturales sean propiedad del Estado –como es el caso del petróleo y de los recursos para la generación de energía eléctrica–, si se encuentran dentro de los territorios de los pueblos indígenas, el Estado tiene la obligación de consultarlos antes de realizar actos de administración, uso o disposición de ellos. Para ello, los gobiernos deben establecer procedimientos para consultar a los pueblos antes de otorgar las concesiones, lo mismo que antes de iniciar las actividades para la exploración o explotación, con el fin de saber si dichas concesiones los perjudicarán y en qué grado, para tomar medidas que eviten o mitiguen el perjuicio, y si no fuera posible, se les indemnice por las afectaciones que puedan sufrir. Ése es un objetivo de la consulta, el otro es participar de los beneficios que aporte la actividad, y si los procedimientos no se establecen en la ley –y las iniciativas no lo contemplan– se violan los derechos de los pueblos indígenas.
Como puede verse, aunque no se les nombre, los pueblos indígenas serán afectados por la reforma petrolera y energética presentada por el presidente de la República al Congreso de la Unión y que éste se apresta a discutir. Con ella, de manera subrepticia, se les pretende seguir despojando, como actualmente sucede con sus territorios y algunos recursos naturales: la tierra, el agua, las minas, los bosques vía explotación y servicios ambientales, entre otros proyectos. Sería bueno que los pueblos reaccionaran ante esta situación y exigieran se les consultara antes de discutir y aprobar o desechar la propuesta presidencial. Sería bueno también que los políticos no olvidaran a los pueblos a la hora de tomar sus decisiones, pues al final esto generaría más problemas de los que ya se viven actualmente entre el Estado y los pueblos indígenas por razones similares.
*Abogado, especialista en derecho indígena y asesor agrario

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 Contralínea 358 / 28 de octubre – 2 noviembre 2013



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lunes, 28 de octubre de 2013

Choca la plataforma Chemul



La plataforma semisumergible Chemul se impacta, fuera de control, contra el Complejo Akal C, en la Sonda de Campeche. El hecho se ha mantenido en secreto por parte de Pemex, pero trabajadores explican que el riesgo de una nueva colisión es alto ante la negligencia gubernamental. En peligro, vidas humanas; en riesgo de pérdida, infraestructura y el propio crudo. Los daños al ambiente podrían ser incalculables

Las condiciones de verdadera precariedad que reinan en las plataformas petroleras de la Sonda de Campeche se pusieron de manifiesto cerca de la media noche del pasado domingo 6 de octubre, cuando la destartalada plataforma semisumergible de posicionamiento dinámico Chemul sufrió un grave percance, y fuera de control impactó al Complejo Akal C, donde quedó atorada, lo que impidió su avance hacia las tuberías de crudo y aceite, de no ser así, se hubiera provocando un derrame de graves consecuencias.
Y aunque milagrosamente no hubo pérdida de vidas humanas, la investigación posterior que originó este percance estableció que personal de a bordo activó el sistema general de paro de la plataforma de más de 800 toneladas de desplazamiento, dejándola a la deriva, mientras trabajadores petroleros y personal de a bordo esperaban aterrados una funesta colisión. Al quedar atorada con el Complejo Akal C, sólo se registró una fuga de gas que logró ser controlada por el personal de seguridad, quienes actuaron rápidamente para eliminar el peligro y sólo se clasificaron cuantiosos daños materiales.
Al respecto, varios de los trabajadores relataron que la acción que dio origen al percance fue un error, y afirmaron que los momentos más críticos fueron cuando se escucharon los gritos que alertaban sobre un escape de gas. Uno de los operarios calificó este percance como “una noche de terror”.
A pesar del acostumbrado hermetismo que guarda Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre este tipo de accidentes, y de la advertencia a los trabajadores de que si hablaban sobre ello perderán el empleo, quedó una vez más la evidencia de las precarias condiciones de seguridad y navegación que imperan en el área de las plataformas petroleras en la Sonda de Campeche.
Considerada como un auténtico “vejestorio” por la falta de mantenimiento y pese a sus pocos años de operación, la plataforma Chemul es una auténtica colonia marina de 90 metros de eslora (largo), 40 de manga (ancho) y otros 40 de alto. En esta superficie flotante se alberga una zona habitacional con capacidad de hospedaje para 440 pasajeros, cocina, enfermería y servicio médico, estancia, comedor, lavandería, gimnasio, cinematógrafo, cafeterías, lobbys y pasillos de distribución. Cuenta, además, con una zona administrativa donde se alojan las oficinas, tanto de cómputo como generales, sala de juntas y toda la infraestructura propia de una plataforma destinada a la extracción submarina de la industria petrolera.
La falta de mantenimiento de esta embarcación originó que en 2004 fuera enviada para su reparación al puerto de Alabama, de donde regresó a la Sonda de Campeche sin reparación visible alguna, pasando, sucesivamente para su rehabilitación, por las manos de tres compañías diferentes que tampoco le hicieron nada. Sin embargo, estos contratos de rehabilitación, hasta el 31 de diciembre de 2009, reportaron una erogación de 4 mil millones de pesos.
Un par de años antes, en 2007, la Subdirección Corporativa de Administración Patrimonial de Pemex comenzó a vender tramos de esa estructura como desecho ferroso (chatarra). Los datos contenidos en el balance correspondiente indican que se vendieron 40 toneladas por 66 mil 500 pesos, es decir, a 1 mil 662.50 pesos la tonelada, o para que sea más comprensible, a 1.66 pesos el kilogramo. Otras 73.7 toneladas fueron vendidas en 71 mil 500 pesos, es decir, a poco más de 0.98 pesos (noventa y ocho centavos) el kilogramo.
En febrero de 2012, a través del Área de Logística y Mantenimiento de Pemex Exploración y Producción, se llevó a cabo una licitación para la “rehabilitación” de la plataforma Chemul, en la que intervinieron las empresas Oceanografía, SA; Distribuciones Evya, y Mantenimiento Marino de México, conocida también como Triple M. Sin embargo, al conocer el estado en que se encontraba la plataforma petrolera, tanto Oceanografía como Distribuciones Evya decidieron retirarse, con lo que quedó únicamente como postulante Triple M, a quien finalmente le fue concedido el contrato. En ese proceso quedó pendiente la presentación de la oferta económica. Y tras un estudio realizado por esa empresa, el 30 de abril de ese mismo año el director de Triple M, Juan José García González, declinó a través de una carta de disculpa la participación de su empresa, dado que los precios máximos de referencia contemplados para este trabajo estaban por debajo de los precios pactados anteriormente en otros contratos similares, lo que sin duda afectaba la prestación de sus servicios.
Así las cosas. La destartalada plataforma petrolera Chemul continuó trabajando sin mantenimiento, y ahora los gastos ocurridos por este percance se suman al elevado costo que ha ocasionado la plataforma petrolera, no por la ineficiencia de sus marinos y operarios, sino por la desidia, falta de conocimiento y corrupción por parte de los empleados de tierra adentro que desconocen el sistema operativo de estos barcos petroleros de alta especialización.
*Instructor internacional de buceo
 


  

Contralínea 358 / 28 de octubre – 2 noviembre 2013

sábado, 26 de octubre de 2013

Nuestros Lectores

Nuestros Lectores Cartas de nuestros lectores
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Los Cojolites rescatan la cultura del Sur de Veracruz

Los Cojolites rescatan la cultura del Sur de Veracruz El grupo de Los Cojolites nació hace 18 años, en los inicios de un proyecto de recuperación de las expresiones de la cultura de los pueblos del Sur de Veracruz, como la música, la danza, el telar de cintura y la alfarería.
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2012/06/agenda-cultural.jpg http://bit.ly/Ha6tmG http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/10/27/los-cojolites-rescatan-la-cultura-del-sur-de-veracruz/

Contragolpe

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Contralínea 358 / 28 de octubre – 2 noviembre 2013
 
 
 

 
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Trato o truco

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Espionaje, corrupción y cinismo


Cuando Vicente Fox asumió la Presidencia de la República, todos los días recibía en su escritorio una carpeta enviada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Contenía un resumen de lo que ese órgano de inteligencia consideraba importante sobre el país y de urgente atención para el presidente, a fin de tomar las decisiones más adecuadas e inmediatas. También en esa información clasificada como confidencial se incluían asuntos delicados que involucraban a miembros del gabinete, a empresarios, a políticos y a otros destacados personajes de la vida política del país.

Eso era lo normal, lo cotidiano, lo de todos los días. También lo era que Fox, fiel a su costumbre de no leer, evitaba enterarse de los asuntos relevantes para no “estresarse” tan temprano, y por ello esa información secreta de Estado se le entregaba a su esposa Marta Sahagún, quien disfrutaba enterarse de “todos los chismes” del gobierno y de la sociedad, como ella decía.
Una vez concluida religiosamente esa lectura diaria, la primera dama del país le enviaba el valioso documento sobre los asuntos nacionales más importantes a su primogénito Manuel Bribiesca Sahagún, quien también disponía de algunas horas al día para su lectura. Como la información es poder, y más cuando ésta proviene del principal órgano de seguridad nacional, el interés de Bribiesca era ofrecer a empresarios los secretos de Estado y obtener de ello ganancias económicas, pues como él decía: “mi familia no tiene dinero y con algo tenemos que ayudarnos. Pues el hecho de que mi mamá esté casada con el presidente y viva en Los Pinos, eso no nos asegura tener dinero”.
Hace varios años este reportero entrevistó a Manuel Bribiesca a propósito de los negocios que tenía con las empresas Oceanografía y Pemex (Petróleos Mexicanos), y ahí explicó esa breve historia del uso que en Los Pinos se le daba a la información confidencial que elaboraba el Cisen para uso exclusivo del presidente de la República.
Por eso ahora no me sorprende, como a muchos mexicanos, las declaraciones que hace unos días hizo Vicente Fox a propósito del espionaje que la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency) de Estados Unidos hace en todo el mundo y particularmente a México y a los jefes de Estado.
El expresidente Fox declaró a reporteros de la agencias Cuartoscuro, de CNN y de MVS que “no es nada nuevo que haya espionaje en todos los gobiernos del mundo, incluido el mexicano”, y añadió que nadie debería escandalizarse ante las denuncias de espionaje de parte de Estados Unidos, porque ésta es una práctica común de todos los países, incluido México.
 “No es nada nuevo que haya espionaje en todos los gobiernos del mundo, incluido el mexicano, no sé por qué ahora se declara ofendido [el expresidente Felipe Calderón] si también tiene sus agencias de inteligencia, de investigación y de espionaje. Nos espían todo el día a todos los ciudadanos en todas partes del mundo; éste es el mundo hoy”, dijo el exmandatario.
Mientras jefes de Estado reprochan al gobierno de Barack Obama y exigen el cese del espionaje y la intervención en sus telecomunicaciones, porque viola la soberanía y los tratados internacionales de respeto a los derechos humanos, Fox asegura que “no pasa nada” y que eso “es muy normal”. Sin duda al expresidente mexicano no le preocupa porque en realidad nunca estuvo al mando del Estado mexicano, nunca asumió el poder real de la Presidencia de la República y dejó en manos de su esposa, de sus amigos y de los secretarios de Estado, en ese orden, la conducción del país. Y si a eso sumamos que la vida privada de Fox él mismo la hizo pública, pues en realidad la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos casi nada tenía que hacer para espiar al exmandatario.
“El estar haciendo este reclamo mundial de que Estados Unidos no espíe, bueno… ¿Cuándo va a dejar México de espiar? A mí en mi campaña electoral me siguieron paso a paso todos los días con filmaciones, con grabaciones, etcétera; lo hace todo el mundo, es lo que tenemos que entender.
 “Uno debe estar acostumbrado a eso. Todo mundo te hace estas trampas, entonces no hay nada nuevo. Yo no entiendo por qué el escándalo”, dijo el inocente Fox.

La NSA espió a Calderón

Ávido de los reflectores, Vicente Fox habló después de que salió una noticia en el medio alemán Der Spiegel, de que Estados Unidos espió en 2010 el correo electrónico del expresidente Felipe Calderón.
De acuerdo con esa información, el exagente estadunidense Edward Snowden proporcionó la información de que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés) espió las comunicaciones del exmandatario mexicano y varios miembros de su gabinete.
La información sustraída de los archivos de la NSA revela que, bajo el nombre de la operación Flatliquid, en mayo de 2010 la NSA espió los correos de Felipe Calderón como parte de un operativo de la Unidad de Operaciones de Acceso a la Medida, desde San Antonio, Texas.
La revista alemana Der Spiegel informa que la NSA se habría infiltrado en un servidor de la Presidencia de la República para acceder al correo, que también era usado por otros miembros del gabinete. La agencia tuvo acceso a comunicaciones diplomáticas, económicas y de seguridad.
Según los documentos internos de la NSA, en otra operación llamada Whitetamale, en agosto de 2009, se tuvo acceso a los correos electrónicos de varios funcionarios de alto rango de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular era el polémico policía Genaro García Luna.
En 1 año, esa operación arrojó 260 informes secretos que permitieron a los políticos estadunidenses llevar a cabo conversaciones exitosas sobre cuestiones políticas y planificar las inversiones internacionales.
 “El tono del documento que la NSA califica como un tremendo éxito en el monitoreo de los objetivos mexicanos muestra la agresividad con la que la agencia de inteligencia supervisa a su vecino del Sur”, dice la revista.

Veracruz, en crisis política y económica

Del cínico espionaje internacional al despilfarro y abuso de caciques políticos en la provincia mexicana. La disputa política y la guerra sucia que libran desde hace muchos años el exgobenador veracruzano Fidel Herrera y el político panista Miguel Ángel Yunes ha vuelto a las primeras planas de la prensa.
La semana pasada el hijo de Miguel Ángel Yunes, el senador panista Fernando Yunes Márquez, envió un comunicado para dar cuenta de que en el Senado de la República todos los partidos políticos aprobaron por unanimidad solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación del priísta Fidel Herrera Beltrán por “los 12 millones de dólares que obtuvo del crimen organizado”.
En la sesión del 23 de octubre, los senadores, incluidos los priístas, aprobaron un punto de acuerdo presentado por Fernando Yunes Márquez para exhortar a la PGR de que informe sobre el avance de las investigaciones en contra de los 57 servidores públicos federales y estatales denunciados por el desvío de recursos públicos para campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz.
También pidieron informes para conocer si hay alguna investigación derivada de las declaraciones de José Carlos Hinojosa, excontador de la organización delictiva Cártel del Golfo, quien testificó ante la Corte del Distrito Oeste del estado de Texas, Estados Unidos, que en 2004 entregó la cantidad de 12 millones de dólares al entonces candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

Nepotismo en gobierno veracruzano

En las últimas semanas, algunos espacios noticiosos del estado de Veracruz revelaron un descarado caso de nepotismo del secretario de Educación del gobierno estatal, que encabeza el priísta Javier Duarte, quien ahora no sólo tiene que atender las justas demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, organización que está muy activa en esa entidad, sino controlar a su secretario Adolfo Mota Hernández, responsable precisamente de la educación en Veracruz.
En la prensa local se reveló que la esposa, la hermana, los primos y cuñados de Mota Hernández fueron incluidos en la nómina de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Por ejemplo, su esposa Beatriz Palacios Guzmán, RFC PAG B7603137R1, aparece como profesora de asignatura B de la Escuela de Experimentación Pedagógica Normal, con un salario de 3 mil 524.44 pesos; la hermana del secretario, Lizbeth Mota Hernández, RFC MOHL771008534, es profesora titular C de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana con un salario de 18 mil 655.84 pesos; el cuñado Carlos Edher Pérez López, RFC PELC750702JD7, es prefecto y maestro de educación especial, con dos salarios que arrojan un total de 17 mil 104.78 pesos; un primo, Felipe de Jesús Collinot Mota, RFC COMF811216B89, trabaja como escolta en la Secretaría y tiene asignado un salario por 10 mil pesos. La lista sigue y hay otros seis familiares de Adolfo Mota Hernández, quien ha encontrado en la Secretaría de Educación del gobierno del estado de Veracruz la agencia de colocaciones para toda su familia. Un caso más de corrupción en esa empobrecida entidad.
*Periodista



Contralínea 358 / 28 de octubre – 2 noviembre 2013


Ingrid y Manuel: pobreza, miseria y el mentiroso discurso peñista para combatirlas

27. octubre, 2013 Álvaro Cepeda Neri *    Contrapoder

Ante el discurso mentiroso del peñismo para combatir la pobreza (sólo en unos cuantos municipios), la pinza ciclónica de Ingrid y Manuel que sembró la muerte y el desastre en el 80 por ciento del territorio –al arribar por el Océano Pacífico y el Golfo de México– abortó la pavorosa miseria, hambruna y el olvido político-económico en el que sobreviven varios millones de mexicanos; quienes habitan en las márgenes de los ríos, en laderas montañosas o a los costados de caminos labrados a fuerza de transitar (descalzos o con rústicos huaraches); porque presidentes municipales, desgobernadores y el presidente de la República en turno dejaron de cumplir con sus obligaciones desde que el neoliberalismo económico se implantó en 1988, y que el peñismo busca llevarlo hasta sus últimas consecuencias con su intentona de privatizar el petróleo. Del salinismo al peñismo no han importado los pobres. Es más, sobran, empezando por los indígenas y los sectores bajos de una población que ha llegado a los 115 millones. De éstos, al autoritarismo y al neoliberalismo le sobran 80 millones de mexicanos.

Cada sexenio, una y otra vez, se ha puesto en marcha contra ellos la “solución final”, al desmantelar las conquistas del Estado de bienestar y quebrar por robos al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que el neoliberalismo económico es un nazismo, y el autoritarismo político un neofascismo. Poco a poco los regímenes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde 1946 hasta 2000, que se radicalizaron de 2000 a 2012 con el Partido Acción Nacional, han ido cercando las libertades constitucionales, y con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) incrustado en el Pacto por Peña, van contra el derecho a manifestarse públicamente para criticar a los funcionarios y disentir de éstos cuando imponen sus contrarreformas… Que apunta al peñismo para completar el cierre del círculo nazi-fascista-empresarial. Por parejas están llevando a la sociedad al desastre: Salinas-Zedillo, Fox-Calderón y Peña-Videgaray, o Peña-Miranda o Peña-Osorio… Sea éste o aquél el designado como sucesor, cuya posición también reclama Eruviel Ávila para cuando el PRI llegue –si llega– a 2018, con un candidato que perderá ante un adversario del PRD si es Cárdenas o López Obrador, salvo que un independiente se salte las trancas para el viraje democrático-representativo y democrático-directo.
Peña y sus peñistas llevan casi 1 año, y ya demostraron que son buenos para nada. Desgobernaron al Estado de México a sangre y fuego como en San Salvador Atenco (con las enseñanzas del cártel de Atlacomulco, cuyo prominente personaje ahora es el secuestrador de niños Arturo Montiel, tío de Peña Nieto), y creyeron que el país era algo semejante. Transaron con Salinas y Pedro Aspe para privatizar Petróleos Mexicanos y ejecutar la contraexpropiación. Con la corrupta Rosario Robles diseñaron su programa para dizque combatir la pobreza en 700 municipios, cuando hay muchos millones de pobres en hambruna y sin escuelas que sobreviven a muy duras penas.
Están abandonados. Sin asistencia médica y sólo algunos maestros heroicos recorren kilómetros a pie, para impartir clases a los alumnos desnutridos y enfermos… Mientras Televisa y los cocacoleros envenenan mediática y refresqueramente a quienes no tienen agua potable ni servicios sanitarios; con sus caminos y puentes mal construidos (la constructora Ingenieros Civiles Asociados, ICA, confesó haber construido, con otras empresas, la autopista del sol al ahí se va), para ir a vender ostiones, artesanías, etcétera y sacrificando sus vidas familiares ancladas en el pasado primitivo, con sus “casas” de cartón o madera mal cortada, pero eso sí, presas de impuestos y cobros indebidos por las raterías de los desgobernadores, de policías y militares a los que siempre quisiéramos ver en labores de ayuda, como ahora en los recientes desastres, y no coludidos con los narcos y el abuso del poder público.
La pareja Peña-Robles había escogido 400 municipios pobres, cuando están en condiciones de pobreza extrema casi todos los 3 mil 47 municipios que integran nuestro amenazado federalismo, mismo que empieza a zozobrar por las medidas que se están proponiendo para pasar silenciosamente del Estado federal al Estado unitario o Estado centralista ya imperante por el peso del presidencialismo priísta y panista. En esos lugares sobreviven los mexicanos en comunidades como las de Guerrero, Oaxaca, Veracruz. Y los presidentes de la República, los desgobernadores y los funcionarios municipales ven su beneficio y no gobiernan en beneficio del pueblo, si es que sigue vigente el Artículo 39 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Lo cierto es que la pareja Ingrid-Manuel puso al descubierto, con desgracias por delante, el empobrecimiento nacional, ya que esos mexicanos han sido olvidados por negligencia de los gobernantes. El programa sacado de la chistera del Pacto por Peña para combatir la pobreza peñista está abortado. Cuando mucho, 400 municipios están más o menos bien, pero carecen de escuelas, drenaje, servicios sanitarios y un buen gobierno democrático y republicano, de lo que tanto hablan en sus discursos.
El peñismo anda desatado con discursos ante los mismos damnificados. No para de hablar, de lucirse. Tiene frentes por todas partes porque no supo cómo organizar su Presidencia, que anda a tontas y locas emitiendo reformas (contrarreformas) sin la menor planeación, sin estrategia política y congelando el gasto público, creando la recesión que a pasos agigantados va a una severa depresión, alza de precios, despido de empleados, etcétera. Por si algo faltara, Ingrid y Manuel dejaron en la miseria a los más pobres. Marinero de buen tiempo, Peña y su grupo tienen motín a bordo: empresarios, maestros, agricultores, mineros, cañeros, ejidatarios, indígenas, banqueros… Mientras lleva adelante (“porque no hay marcha atrás”, dice Peña) la privatización del petróleo y la cuestión energética.
 
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Contralínea 358 / 28 de octubre – 2 noviembre 2013


Historias de la reacción: Maximiliano y el clero

27. octubre, 2013 Edgar González Ruiz *    Opinión

Con tal de imponer sus dogmas y sus intereses al resto de la sociedad, la jerarquía católica ha secundado las peores causas a lo largo de la historia de México. Rechazó la Independencia y la Reforma liberal; alentó la intervención francesa y el Imperio de Maximiliano; se congració con Porfirio Díaz; se opuso a la Revolución; respaldó a Victoriano Huerta, y en épocas más recientes fue cómplice de Salinas y del Partido Acción Nacional.

A mediados del siglo XIX recibió calurosamente a Maximiliano, de quien se distanció al considerar que no otorgaba al clero todos los privilegios que éste anhelaba.
Entre los conservadores mexicanos que impulsaron la llegada de Maximiliano a México se contó, además de Juan Nepomuceno Almonte (1803-1869) –hijo del cura José María Morelos, prócer de la Independencia–, el prelado Pelagio Antonio Labastida y Dávalos (1816-1891), quien en enero de 1863 viajó a Miramar con el fin de entrevistarse con Maximiliano “para excitar al príncipe austriaco, en nombre de la religión y de todo el episcopado mexicano, a que aceptase la santa y gloriosa misión para que lo había predestinado con sus impenetrables secretos la providencia divina” (http://memoriapoliticademexico.org/Biografias/LyDPA16.html).

Del servilismo al desengaño

Dos meses después, el 10 de abril de 1863, Maximiliano y Carlota, quienes usurparían el gobierno de México apoyados por Napoleón III, juraban sobre los evangelios “asegurar por todos los medios el bienestar, la prosperidad, la independencia e integridad de la nación” (F Ibarra de Anda Carlota, Ediciones Xóchitl, México, 1944, página 71).
Carlota no se había olvidado de agradecer a la española Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, su apoyo a la expedición contra México, a la que presentaba, a la vez, como una cruzada en defensa del catolicismo y como una reconquista de México, luego de 4 décadas de independencia, iniciada en 1821.

Por eso, le escribía en estos términos:

 “Vuestra Majestad, que siempre favorece el bien, parece visiblemente elegida por la Providencia para iniciar una obra que puede llamarse santa. […] Por el nuevo vigor que debe dar a la religión entre un pueblo donde las discordias civiles no han podido entender todavía la fe ardientemente católica de sus antepasados. […] Los mexicanos son de raza española, y por ello es que esa infortunada nación busca en Vos su porvenir después de cuarenta años” [sic].
En abril de 1864, en ruta hacia México, Maximiliano y Carlota pasarían a visitar a Pío IX, otro de los personajes interesados en el éxito de las fuerzas invasoras y de los conservadores. En ese mismo año la jerarquía católica mexicana recibió con entusiasmo delirante al invasor, encabezado por el pretendido emperador Maximiliano.
En carta fechada el 12 de junio, Labastida y Dávalos, que era arzobispo de México, decía que “Vuestras Majestades [Maximiliano y Carlota] representan la misericordia de un Dios de ternura y bondad, que condolido de nuestros males, quiere salvarnos una vez más…”, y se refería a “las demostraciones entusiastas y tiernas con que han sido recibidos desde el primer momento en que pisaron las playas de ésta su nueva Patria” [sic] (“Salutación del Arzobispo de México a Maximiliano” en Benito Juárez. Documentos, discursos y correspondencia, Secretaría del Patrimonio Nacional, México, 1966, Tomo 9, página 93).
Hacía notar que Maximiliano había partido a conquistar México “con las bendiciones del vicario de Jesucristo” y que el intruso había rendido “sus homenajes filiales y regios ante el trono de la Reina de Anáhuac la víspera de entrar en la Capital de su Impero” [sic].
En sus desmesurados elogios aseguraba que el arribo de Maximiliano y Carlota significaba “el advenimiento de los bellos días, de los días de virtud y felicidad…” y llegaba al extremo de comparar al sediciente soberano nada menos que con ¡Jesucristo! La Iglesia mexicana, escribía: “Se congratula llena de un santo júbilo como el profeta con Jerusalem [sic] cuando estaba para venir el Salvador del mundo. Ella ve en Vuestras Majestades a los enviados del cielo para enjugar sus lágrimas, para reparar todas las ruinas y estragos que han sufrido aquí al creencia y la moral…” [sic].
Con el mismo tono desmesurado, el conservador prelado deseaba “para la imperial estirpe y familia, para su reinado y gobierno, abundantes bendiciones, copiosas gracias y esa gloria que se merece en la equidad, en la justicia, que se acrisola con la caridad cristiana y que, no pudiendo quedar aprisionada en los límites del espacio ni en el cómputo del tiempo, se incorpora en la del mismo Dios y viven en la eternidad” (obra citada, página 94).
El mismo día, los obispos mexicanos emitían una carta pastoral donde saludaban el advenimiento del Imperio y exaltaban “las excelentes condiciones de este gran príncipe, su catolicismo neto, su piedad y la protección consiguiente que otorgará con gusto a nuestro Ministerio, así como las elevadas dotes, esclarecidas prendas, singulares virtudes y tierno amor hacia nosotros de su augusta esposa nuestra emperatriz” (obra citada, página 99).
En esa pastoral, se disponía que en todas las parroquias y catedrales del país se elevaran preces por el “emperador” y que “en todas las misas que se celebren en lo sucesivo […] se dará la colecta pro electo Imperatore” (obra citada, página 100).
En un reportaje publicado el 26 de junio de 1864, un periodista estadunidense describió el apoteósico recibimiento que el clero organizó para Maximiliano en la capital del país el 12 de junio, donde “las iglesias y sus torres fueron engalanadas y las campanas de Catedral y demás iglesias cercanas llenaban el aire con su incesante repique”, mientras que las calles lucían, en prosa y en verso, inscripciones con exhortaciones y elogios para el invasor.
“Resultaba evidente que los sacerdotes fueron los autores de muchas de ellas pues la cuestión religiosa apareció con chocante frecuencia. A Maximiliano y Carlota se les calificaba no sólo como los salvadores de México sino como los salvaguardas de la religión de todos los habitantes del globo” (“Magnífico reportaje de un corresponsal estadounidense sobre la entrada triunfal de Maximiliano a México”, en Benito Juárez. Documentos…, Tomo 9, página 106).
Como parte del recibimiento, el arzobispo condujo a Maximiliano en la Catedral a un trono “especialmente erigido” para él.
En carta dirigida a Eugenia de Montijo el 18 de junio, Carlota insistiría en que la aventura imperial era a la vez religiosa y dinástica, pues con motivo de su entrada en la capital afirmaba:
“La vista de la Virgen de Guadalupe me ha impresionado mucho; era como una gran reparación histórica el homenaje rendido a la protectora de los indios por un descendiente de Carlos V (Maximiliano de Habsburgo) presto a sentarse en el trono de Moctezuma…” (Fortino Ibarra de Anda, Carlota: la emperatriz que gobernó, página 85).
A decir del célebre liberal Ignacio Ramírez, el Nigromante, “el clero mexicano, acaudillado por el papa, y seducido por una promesa, vendió la Independencia de la República a los franceses y el incienso de los altares a Maximiliano” (citado en Guillermo Dellhora, La Iglesia Católica ante la crítica en el pensamiento y en el arte, México, 1929, página 290).
A su vez, Maximiliano hacía visible su afinidad con el clero, en las grandes celebraciones religiosas, en Catedral, donde su corte “ostentaba un lujo espléndido”, como anotó Juan de Dios Peza.
En esas ocasiones acompañaban al autodenominado emperador de México no sólo su guardia palatina y toda la servidumbre imperial, sino los oficiales del Ejército y de la Gendarmería, las autoridades municipales, ministros, magistrados, e incluso el presidente y los miembros de la Academia Imperial de Ciencias y Literatura, todos ellos vestidos con vistosos uniformes (Juan de Dios Peza, “Un Jueves de Corpus en tiempo de Maximiliano”, en Memorias, reliquias y retratos, Porrúa, México, 1990, páginas 258-262).
Pero el idilio entre Maximiliano y el clero no fue duradero, pues el Vaticano y los obispos esperaban que el invasor les otorgara demasiados privilegios que colocaran a la Iglesia Católica, sin tolerancia para ninguna otra, prácticamente en la situación que gozaba durante la Colonia.

Mensaje secreto de Pío IX

Maximiliano provocó la ira del papa al proponerle un concordato de nueve puntos, entre los que se incluían estos: 1. “El Gobierno Mexicano tolera todos los cultos que no estén prohibidos por las leyes; pero protege el católico, apostólico, romano, como religión del Estado”; 2. “El tesoro público proveerá a los gastos del culto católico y del sostenimiento de sus ministros…”; 3. “Los sacerdotes católicos administrarán gratuitamente los sacramentos, sin poder cobrar a los fieles”; 4. “La Iglesia cede y traspasa al Gobierno mexicano todos los derechos con que se considera, respecto de los bienes eclesiásticos que se declararon nacionales durante la República” [sic].
También se contemplaba revisar la situación de las órdenes religiosas (punto 6), del registro civil (punto 8) y de la administración de cementerios (punto 9), así como establecer entre el Estado y la Iglesia una relación similar a la que regían entre la Iglesia y los reyes de España (punto 5).
Enemigo encarnizado del liberalismo y del socialismo, Pío IX (1792-1878), el papa que instauró la infalibilidad pontificia y luchó tenazmente por preservar el poder temporal de la Iglesia, se escandalizó ante esas propuestas que consideró nada menos que atentatorias contra los derechos clericales.
En diciembre de 1864 envió a México a su representante, el nuncio Pedro Francisco Meglia, arzobispo de Damasco, quien fue recibido con honores por Maximiliano y por las tropas francesas.
Con relación a la propuesta de concordato, se negó terminantemente a aceptar el primer punto, referente a la libertad de cultos, pues juzgaba esa propuesta “contraria a la doctrina de la Iglesia y a los sentimientos de la Nación mexicana, enteramente católica” (“El nuncio rechaza el proyecto de concordato…” en Benito Juárez. Documentos, discursos y correspondencia, Secretaría del Patrimonio Nacional, México, 1966, Tomo 9, página 483).
También expresó el “horror” que al clero le causaba una mera indemnización, mediante subsidios, por las expropiaciones sufridas a raíz de las leyes de Reforma; que la Iglesia quería seguir recibiendo recursos de sus fieles y que no estaba dispuesta a ceder parte alguna de sus bienes.
En contraparte, la Santa Sede proponía un pacto donde el clero tuviera todo tipo de derechos y restituciones prácticamente sin cortapisas ni obligaciones: restablecimiento de las órdenes religiosas, a criterio sólo del papa, restitución total de bienes a la iglesia, abolición de las leyes de Reforma y de “todas aquellas contrarias a los sagrados derechos de la Iglesia” (página 483).
En misiva del 29 de diciembre de 1864, Meglia le hacía saber al gobierno de Maximiliano que la misión que le había encomendado el papa era “restituir los sagrados derechos de la Iglesia” y “reparar los agravios hechos a la misma”, y manifestaba el desencanto clerical ante el “Gobierno Imperial”, de cuyo actuar tenía “otras esperanzas y lisonjeras promesas” [sic].
El propio Pío IX, quien en 2000 sería beatificado por el igualmente reaccionario Juan Pablo II, había escrito una carta confidencial a Maximiliano donde le explicaba las exigencias de la Iglesia en el ámbito material y económico, así como la exigencia de que “…para devolver lo más pronto posible los días felices a la Iglesia, es menester, antes que todo, que la religión católica, con exclusión de todo otro culto disidente, continúe siendo la gloria y el apoyo de la Nación mexicana…” (“Carta Confidencial del Papa Pío IX a Maximiliano”, página 478).
En la misma misiva lanzaba poco velados reproches al espurio gobernante, a quien le advertía que “Dios omnipotente […] os ha elegido para gobernar esa Nación católica, con el objeto único de cicatrizar sus llagas y de volver a honrar su religión santísima” [sic], por lo que lo exhortaba a “que hagáis a un lado toda consideración humana” y “haceos digno de las bendiciones de Jesucristo, príncipe de los pastores” (página 477).
Los conflictos entre Maximiliano y el clero se fueron haciendo cada vez más fuertes, al grado de que en enero de 1865, Carlota escribía a la emperatriz Eugenia, consorte de Napoleón III, que “gracias al Nuncio y al clero la situación es tan tensa como jamás creí que podría llegar a serlo en este país” [sic] (página 640).
En su etapa de confrontación con el clero se atribuye a Maximiliano haber dicho que “…él era más católico que muchos otros soberanos, y no cedería a las amenazas de Roma; pues no tenía más responsabilidad que para con Dios y su conciencia de soberano; que los arzobispos y obispos mexicanos no comprendían su época ni el verdadero catolicismo; que a muchos de ellos les faltaba un corazón cristiano; que si el Papa le excomulgaba, sería el cuarto archiduque de Austria que lo hubiera sido” [sic] (Guillermo Dellhora, La Iglesia Católica ante la crítica en el pensamiento y en el arte, página 281).
Más allá de la historia del efímero imperio mexicano, que concluyó con el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, Querétaro, el 19 de junio de 1867, las exigencias de Pío IX y del clero de la época estaban condenadas a una derrota aplastante en el porvenir.
No sólo en México jamás se volvió a imponer en la Constitución Política la fórmula de la intolerancia religiosa, sino que hoy en día ningún país de América contempla en sus leyes ese régimen, pues en todos se acepta la libertad de cultos, y Costa Rica es el único donde la religión católica es la del Estado.
*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México


Contralínea 358 / 28 de octubre – 2 noviembre 2013

Irak: la memoria de corto plazo

27. octubre, 2013 Jorge Luis Sierra *    Estratégicamente

Erbil, Irak. ¿Cómo es posible que el sufrimiento de toda una nación pase al olvido en unos cuantos años? Hace 1 década, Irak estaba lleno de corresponsales extranjeros, observadores internacionales y miembros de los grupos de derechos humanos. Ahora esa realidad cedió el paso a otra donde lo que sucede en esta nación ya no es noticia. La violencia ahuyentó a muchos defensores internacionales de derechos humanos y las agencias de prensa prácticamente abandonaron Irak y se mudaron de país.

Con la salida de las tropas estadunidenses, el nuevo Ejército iraquí, con una fuerza de poco más de 270 mil soldados sin armamento pesado, ha enfrentado solo los embates de grupos terroristas que se niegan a desaparecer y que han resurgido con nuevos patrones de violencia. Los ataques siguen siendo suicidas y la naturaleza de los explosivos es de fabricación casera. Para controlar la situación, aunque sea de manera precaria, las fuerzas de seguridad iraquíes han montado cinturones de control alrededor de la ciudad para controlar el paso de armas y explosivos. A pesar de ellos, las bombas siguen explotando en las calles de Bagdad con la misma regularidad que la de hace 1 década.
La violencia se ha expandido a otras ciudades que habían estado relativamente a salvo de los ataques terroristas y las confrontaciones armadas. Una de ellas es Erbil, la capital de Kurdistán, en la zona Norte de Irak que congrega prioritariamente a la población kurda. La condición autónoma de esta región le había servido para mantenerse ajena a la guerra civil que prevalece en otras partes del país. Esa sensación de seguridad comenzó a cambiar con el primer ataque terrorista en 7 años contra las oficinas del Asayish, la agencia antiterrorista de Kurdistán.
Por la tarde del 29 de septiembre de 2013, un grupo de combatientes suicidas intentó penetrar el complejo de seguridad a bordo de una camioneta tipo van. Al percatarse de la operación, los guardias de seguridad del edificio dispararon contra el vehículo en un intento de contener el ataque inminente. El conductor de la van pereció con los disparos de la guardia del complejo policial, pero alcanzó a activar la bomba y provocó la muerte de varias personas, entre ellas guardias de seguridad y civiles que caminaban en los alrededores de las entradas del cuartel.
Una columna de humo se levantó tras la explosión y se veía a varios kilómetros de distancia. Antes de que las agencias de prensa publicaran la noticia, los ciudadanos iraquíes ya habían dado varias primicias de lo ocurrido a través Twitter y Facebook.
Según los ciudadanos, las fuerzas de seguridad intentaban controlar el lugar del incidente cuando ocurrió una segunda explosión. La estimación oficial fue de seis agentes del Asayish muertos, víctimas del ataque, y de al menos otros seis atacantes también muertos. Más de 40 personas resultaron heridas.
El Asayish y las fuerzas de seguridad de Kurdistán cerraron todo el perímetro alrededor del atentado. La ciudad quedó prácticamente partida en dos. Durante varias horas. Los pasajeros que llegaron ese día al aeropuerto internacional de Erbil quedaron varados por horas. Nadie podía entrar ni salir. Los hoteles de la ciudad sellaron sus puertas con una vigilancia rigurosa. Ningún automóvil podía estacionarse frente a los hoteles. La tranquilidad de Erbil se fue restableciendo poco a poco. Ya al anochecer, la gente salía de nuevo a hacer compras. Hacía ya 7 años que no ocurría un ataque similar en esta ciudad, favorecida por la existencia de petróleo, la presencia de empresas internacionales y un boom en la industria de la construcción.
Para los iraquíes, el ataque era atribuible a Al Qaeda. Ellos mencionaban que un sitio de internet del Estado Islámico de Irak y al-Sham, una organización vinculada con Al Qaeda, había reivindicado la autoría del atentado.
Otras versiones mencionaban la participación de militantes simpatizantes de los grupos vinculados con Al Qaeda en Siria. Yahia Kubaisi, un analista del Instituto de Estudios Estratégicos de Irak, dijo a la agencia Reuters que grupos islámicos sirios pudieron ser los responsables del ataque en venganza por el apoyo del gobierno autónomo de Kurdistán a los kurdos que los combaten en Siria.
Ese mismo día, en la zona de Sur de Bagdad, un ataque suicida contra una mezquita chiíta dejó 26 personas muertas y cerca de 50 heridas. A pesar del ataque, Erbil se había mantenido a salvo de la ola de violencia que afecta a casi la mitad del territorio iraquí. Seis de las nueve regiones que rodean a Erbil hacia el Sur han registrado más de 10 ataques terroristas cada una.
En los últimos meses, la situación en Irak se ha deteriorado con un promedio de 20 bombazos al día, situación que se equipara con el inicio de la insurgencia iraquí contra la ocupación de la coalición militar encabezada por Estados Unidos. El día más difícil que recuerdan los iraquíes es el 28 de agosto pasado, cuando cerca de 100 personas murieron en Bagdad, víctimas de bombazos aleatorios por toda la ciudad.
En apenas 5 días, a finales de agosto y principios de septiembre pasados, 300 personas perecieron en atentados. En el 46 por ciento de esos casos los ataques ocurrieron principalmente con explosivos activados a control remoto, el 17 por ciento fueron ataques suicidas y el 31 por ciento fueron ataques con armas de fuego.
En octubre de 2003 (cuando el autor de esta columna recorrió este país como periodista) todo Irak estaba afectado por una ola incontenible de ataques suicidas y de operaciones con explosivos improvisados detonados a control remoto. Era el inicio de las operaciones armadas de la insurgencia sunita, particularmente de los remanentes del ejército y las fuerzas de seguridad de Sadam Husein, que fueron disueltos tras la ocupación militar de las tropas de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos. En ese entonces, las calles de Bagdad estaban saturadas de convoyes y retenes militares estadunidenses, mientras un enjambre de helicópteros artillados sobrevolaba la ciudad. Al Sur de Irak, en la provincia de Nayaf, la saturación militar era menor, pero podía advertirse la presencia de las milicias chiítas que trataban de proteger sus territorios, en particular las tierras sagradas de Babilonia y el cementerio monumental de Kufa (Caldea), donde reposan los restos de cerca de 2 millones de chiítas.
Ahora Estados Unidos ha retirado la mayor parte de sus tropas y la situación en Irak depende ahora de las fuerzas policiales que la población percibe como ineficientes y represivas.
La atención internacional ya no está puesta en Irak, dijo un bloguero iraquí en una conversación sucinta sobre la violencia en su país. La violencia, dijo, ha pasado a ser ya parte de la vida cotidiana, casi no hay corresponsales extranjeros en el país y las condiciones ya no son llamativas para las agencias de información internacional.
El joven bloguero contó que la nueva ola de ataques ha obligado a los iraquíes a comprar teléfonos celulares para comunicarse entre sí cuando ocurre un incidente de violencia y subir la información a las redes sociales. Hace 10 años no había servicio de telefonía celular en Irak, la infraestructura había sido bombardeada por ataques aéreos de la coalición militar internacional y los iraquíes quedaban incomunicados cada vez que un ataque ocurría; entonces las tropas de Estados Unidos sellaban el lugar y recogían víctimas fatales, heridos y arrestaban a cualquier varón en edad militar que estuviera en el perímetro cercano.
Ahora los iraquíes han tomado los teléfonos celulares como una herramienta de denuncia de lo que sucede en su país. Algunos han aprovechado el acceso móvil a internet y las redes sociales y plataformas de blog para hablar de otros temas fundamentales para la sociedad como los problemas de desertificación, la destrucción ecológica y la discriminación a las mujeres. Al mismo tiempo, los problemas de ataques a la libertad de expresión se han incrementado. Algunos blogueros y periodistas están recibiendo amenazas por mensajes de texto luego de criticar a los jeques locales.
En las últimas semanas dos periodistas han sido asesinados en Irak, según reportes de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Periodistas Iraquíes. Aunque la violencia no ha cesado e Irak y sigue siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas, la sociedad civil ha tenido un avance importante. Hace 10 años no había movimiento de derechos humanos porque cualquier intento de formar organizaciones que los defendiera era reprimido de inmediato. Ahora es diferente.
Aunque la visión de algunos jóvenes iraquíes es un poco pesimista, el futuro de Irak puede ser promisorio. Es una nación fuerte, con petróleo, con una población noble que necesita liberarse de las ocupaciones militares, los ataques terroristas, de la corrupción y la destrucción ecológica. La prosperidad de Erbil puede ser un ejemplo.
*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional; egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, DC, Estados Unidos


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Contralínea 358 / 28 de octubre – 2 noviembre 2013

De la cólera al cólera

27. octubre, 2013 Jorge Meléndez Preciado *    Opinión

Luego del aparente mundo idílico que prefiguraba el famoso Pacto por México, donde se proponen reformas para modificar el rostro nacional, hemos llegado a un estado de incertidumbre en el cual las catástrofes han mostrado lo ruinoso de nuestro país y hasta una enfermedad que puede transformarse en epidemia.

Vamos del enfado de millones al cólera, que ya ha causado algunas muertes y ha dejado centenas de víctimas.
El mencionado Pacto, dicen columnistas (Ricardo Alemán y Joaquín López-Dóriga, distantes de la izquierda), tiene contados sus días. Quizá a finales de octubre se dé por concluido. Nadie sabe bien a bien qué resultados serios dé, pero eso sí, habrá mostrado, como siempre, que a los políticos les importa muy poco que el país vaya a la deriva y, sobre todo, que la inmensa mayoría de la población continúe viviendo con enormes carencias y sin posibilidades de futuro cierto.
De las muchas reformas que se propusieron los tres partidos que dieron el campanazo respecto a que habría una mejor situación, todas están truncas, y algunas realmente no son más que nuevos parches en un tejido que requiere un cambio de fondo.
La reforma laboral, por ejemplo, lejos de aumentar el empleo, lo que ha traído es una mayor desocupación, el aumento de los despidos y que el trabajo sea algo sin reglas, al dar incluso los elementos para que los empresarios puedan despedir sin mayores obstáculos a sus trabajadores.
La tan mentada reforma educativa, que se suponía el pivote para la transformación social, continúa empantanada y ha sido rechazada cada vez por más sectores. No sólo los maestros, sino estudiantes de normales, universitarios y hasta padres de familia.
Las protestas aumentan no sólo en los estados donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tenía implantación, sino en otros como Veracruz, con sus grandes manifestaciones, y Quintana Roo, en la cual recientemente hubo un enfrentamiento de pronóstico reservado entre docentes y policías.
Las modificaciones en telecomunicaciones, que supuestamente iban a evitar que el duopolio televisivo y el oligopolio radiofónico hicieran de las suyas, son letra muerta. El Instituto Federal de Telecomunicaciones , organismo para regular las nuevas situaciones, nació impugnado en la mayoría de sus integrantes y no ha podido dictaminar nada. Los mandones en la pantalla chica hacen de las suyas.
Televisa, por ejemplo, continúa adquiriendo empresas de televisión de paga, ya que entiende que allí está el negocio mayor. Pero se decía que nadie podía acaparar los mercados y las audiencias. Eso no importó al señor Emilio Azcárraga. Y Tv Azteca se dio el lujo de impugnar que el Estado pudiera utilizar sus tiempos oficiales, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó que hiciera lo que le viniera en gana, como es su práctica frecuente.
La reforma fiscal ha sido puesta en entredicho por muchos: grupos empresariales, partidos políticos, dueños de mascotas, representantes de universidades privadas, los que manejan a los equipos de futbol, que son millonarios en serio –a decir de la Federación Mexicana de Futbol que los agrupa–, y hasta los que participan en el negocio de los toros.
Lo que tendremos, más que una reforma, es nuevamente un Frankestein que estará dotado de muchas partes inconexas y causará horror a todos los que somos causantes ineludibles. Mientras tanto no se tocó a los evasores, a los informales y a muchos otros que utilizan a sus abogados para evitar la ley.
En el caso de Petróleos Mexicanos, si bien hay una oposición sistemática no sólo de la izquierda sino de muchos grupos nacionalistas, a quienes lejos de ganárselos el gobierno los agredió y los movilizó, la situación es problemática. Ya se sabe que intentará sacar esta modificación a como dé lugar, pero también debemos recordar que el Congreso de la Unión puede aprobar lo que sea, pero las calles, las redes, las presiones harán que muchos paguen a fin de cuentas esta forma de conducir un país que ya está lejos del “callar y obedecer”.
La reforma política es una interrogante. El Partido Revolucionario Institucional está dispuesto a ceder en el Instituto Nacional Electoral (INE), no obstante que se le quite poder a sus gobernadores y en la reelección de autoridades y legisladores, pero no querrá ceder en la segunda vuelta, en que el gabinete sea refrendado en las cámaras y en que el presidente sea un verdadero servidor público.
Así pues, habrá avances en la forma pero no en el contenido, por lo que otra vez se anunciará en unos años, o a final de sexenio, que nuevamente tendremos que “ajustar” las cosas para que los abusos, desde el conteo de sufragios hasta las tarjetas Monex, pasando por la inequidad en medios, no hagan que millones desconfíen de los resultados.
Y si ya tuvimos las desgracias de los fenómenos Manuel e Ingrid, ahora resurgió el cólera, la enfermedad que se ceba en los pobres. El asunto no es nuevo según la Organización Panamericana de la Salud: se fue incubando entre el 17 de agosto y el 17 de septiembre pasados. ¿Por qué no se hizo nada a tiempo? Interrogante siempre conocida pero jamás contestada por las autoridades.
Curiosamente, las entidades con más personas dañadas son Hidalgo, con 145 casos, y el Estado de México, con nueve (Miguel Ángel Osorio Chong y Enrique Peña Nieto en el imaginario). Aunque también hay problemas en Veracruz, San Luis Potosí y el Distrito Federal.
No es todavía una epidemia pero hay preocupación oficial; tanta, que se empezarán a utilizar los tiempos oficiales (berrinche de Ricardo Salinas Pliego) en los medios para llamar a la prevención y a que acudan los que se sienten con síntomas (diarrea, vómito, etcétera) a las clínicas.
Así pues, tenemos lo mismo la cólera de los mexicanos por la ineptitud oficial, que el cólera, enfermedad que si hubiera buenos servicios sanitarios no se hubiera propagado (recado a Mercedes Juan y anteriores titulares de la Secretaría de Salud).
*Periodista
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Contralínea 358 / 28 de octubre – 2 noviembre 2013

De austeridad, derechos y pillajes

27. octubre, 2013 Xavier Caño *    Opinión

En España ya hay 1 millón 800 mil familias con todos sus miembros en el desempleo. Cuatro de cada 10 familias no pueden hacer frente a gastos imprevistos y tienen dificultades para pagar facturas.

Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias
Esa situación tiene mucho que ver con la austeridad presupuestaria impuesta: los recortes. Una austeridad que pretenden justificar porque esos “recortes dolorosos” son para “ahorrar”, para reducir el déficit. Pero el gobierno del Reino de España recorta, sí, pero no ahorra. Gasta más que el año pasado. En agosto el déficit público ya subía a 48 mil millones de euros; 8 mil 400 millones más que el déficit autorizado por la Unión Europea para todo el año.
Joan Arnau nos revela que las subvenciones del gobierno a las empresas eléctricas han aumentado ¡un 28 por ciento! Y el pago de intereses de la deuda ha subido más de 9 por ciento. Se recorta sanidad, educación, sueldos, prestaciones a desempleados… Ahora las pensiones. Y al mismo tiempo se dan miles de millones del erario a la banca. Dice Arnau que es el atraco perfecto.
¿Cuánto dinero público, de la ciudadanía que paga impuestos, es para los bancos? El Banco de España ha informado que las ayudas públicas a bancos y cajas de ahorros de 2009 a 2013 fueron de 61 mil 366 millones de euros. Pero esa cifra no incluye otras ayudas como avales, compra de activos tóxicos… Según el economista Carlos Sánchez Mato, a finales de 2012 el sector financiero español había recibido ya más de 632 mil millones de euros de ayudas públicas. En esa astronómica cantidad se incluyen también los grandes préstamos a bajísimo interés del Banco Central Europeo, que también provienen de los impuestos de la ciudadanía. Un dineral.
La austeridad no asegura reducir el déficit, sino el descenso de actividad económica y es una vía hacia la recesión. No es problema propio de España, ni siquiera sólo de Europa. Según un estudio de la británica Jubilee Debt Campaign, Jamaica, Pakistán, Filipinas, El Salvador, Irlanda y Grecia dedican más de la quinta parte de sus ingresos a pagar intereses de la deuda. Y un informe elaborado por Isabel Ortiz y Mathew Cummins descubre que de 2010 a 2012, 98 gobiernos de otros tantos países disminuyeron salarios públicos y presupuestos de sanidad y educación. En 86 países, además, rebajaron las pensiones; en otros 32 se hizo el despido más fácil y barato; además de aumentar el IVA sobre productos básicos en 94 países más, lo que supone un aumento de precios.
El informe de Intermón Oxfam, La trampa de la austeridad, denuncia que “si continúan las medidas de austeridad, en 2025 habrá de 15 a 25 millones de europeos más que serán pobres”. Oxfam afirma además que “hay semejanzas claras entre los programas europeos de austeridad y las ruinosas políticas de ajuste estructural impuestas a América Latina, Este Asiático y África subsahariana de 1980 a final de los noventa” [sic], con los nefastos resultados conocidos. Se repite la historia.
No nos engañemos, la austeridad tiene como fin principal desmontar el Estado social y pagar a los bancos. Ahora el Consejo de Europa (creado en 1949 por una Europa basada en la democracia y los derechos humanos) ha publicado un informe sobre España, en el cual denuncia de forma explícita que una excesiva austeridad viola los derechos humanos y “los recortes en presupuestos sociales, educativos y de salud han conducido a un preocupante aumento de la pobreza de las familias en España”.
Bajo el paraguas de la austeridad, la ciudadanía sufre un saqueo incesante de sus bienes y rentas; una sistemática violación de sus derechos. Pero además pretenden que comulguemos con ruedas de molino al presentarnos esa rapiña como algo inevitable. Como rayos en una tormenta o el sabor salado del agua de mar.

Pero es falso.

Esta austeridad destructora no es más que una versión sofisticada y elaborada de un atraco a gran escala, un robo vulgar, masivo, o un pillaje organizado. Un saqueo evidente de las rentas de las clases trabajadoras desviadas hacia el capital y los capitalistas.
Es decir que menos falacias sobre la necesidad y lo inevitable de las políticas de austeridad perpetradas. Los atracos, robos, pillajes y saqueos son crímenes muy graves y no hay presunta necesidad que valga que los justifique.
*Periodista y escritor



Contralínea 358 / 28 de octubre – 2 noviembre 2013