sábado, 31 de agosto de 2013

Nódulo en la garganta

Nódulo en la garganta           
 
 
 
Fuente: Contralínea 350 / septiembre 2013
 
 
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Maestros en lucha

Maestros en lucha
 
  
 
Fuente: Contralínea 350 / septiembre 2013
 
 
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Sólo para unos cuantos

Sólo para unos cuantos
 
 
 
 
Fuente: Contralínea 350 / septiembre 2013
 
 
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Y ahora… la opacidad

1. septiembre, 2013 Jorge Meléndez Preciado * Opinión

Vamos de mal en peor, no obstante lo que diga la propaganda gubernamental.



El crecimiento económico, que se pensaba hace tiempo sería de 2 por ciento sin considerar los pronósticos del Banco de México que lo situaba en 3.1 –otra vez Agustín Carstens volvió a fallar–, se prevé en 1.8 por ciento y a la baja…
Emilio Lozoya, el encargado de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que no tiene la menor experiencia en el asunto, dice muy orondo que con la reforma energética sobrará trabajo en áreas como la petroquímica y la exploración de hidrocarburos, aunque únicamente dicha medida producirá 500 mil empleos en los próximos meses. Esto último es ridículo cuando se necesitan más de 1 millón en un año.
The New York Times informa que la estrategia contra la violencia es la misma que la realizada por Felipe Calderón: atrapar capos famosos pero no reducir la violencia.
Tres malas noticias en aspectos importantes y de trascendencia en la vida nacional. Pero, desgraciadamente, como decía el clásico, hay más…
Luego de que el Senado de la República hizo una serie de modificaciones (correctas) a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Cámara de Diputados las comisiones encargadas efectuaron una serie de regresiones que traerán opacidad. Veamos:
Según dichas transformaciones, la última palabra respecto a la información en cuanto a derechos humanos, estabilidad financiera y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai). Además, no se podrá saber cómo gastan sus millonarias sumas los partidos políticos y los sindicatos, no obstante que ambos manejan dineros públicos.
También se quiere desmantelar el Ifai, ampliar a siete comisionados ese organismo, siendo cuatro de ellos, cuando menos, abogados.
Para lograr dichos movimientos, encabezados por el diputado priísta Héctor Gutiérrez, un alfil de Manlio Fabio Beltrones, en colaboración con el Partido Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México, se utilizó la censura en el Canal del Congreso.
Y es que la sesión donde se hicieron las regresiones no se transmitió. Un ejemplo que hemos retrocedido, incluso, en el derecho a la información. Botón de muestra de lo que nos espera de aprobarse la ley energética y la reforma fiscal con IVA en alimentos y medicinas.
Hay que recordar que mediante el impulso del Grupo Oaxaca, donde intervinieron especialistas en la materia, periodistas, académicos y activistas, se logró aprobar la creación del Ifai. Este organismo ha ido avanzando en los últimos 12 años ya que se inició en el sexenio de Vicente Fox.
Es cierto que han existido tropiezos, sobre todo en la era calderonista, pues entraron en su seno individuos poco escrupulosos como Gerardo Laveaga (su actual presidente) y Sigrid Artz, quien trabajaba antes en la Presidencia de la República. No obstante, ello funcionaba con cierto decoro gracias a personajes como Ángel José Trinidad y Jacqueline Peschard.
Recientemente se propuso que desaparecieran los institutos estatales, ya que la mayoría de ellos estaban cooptados por los gobernadores de las entidades. Tanto, que el de Coahuila (en la época de Rubén Moreira) no quiso dar información de la deuda pública al considerarla un secreto de las autoridades. Sabemos que pasó: los empréstitos son por más de 36 mil millones de pesos, lo que sacrificará a la población durante varios sexenios.
Pero, con todo, el Ifai tenía una buena fama, no sólo en México sino en el extranjero, pues era catalogado como uno de los más avanzados en algunas cuestiones, sobre todo por la supervisión de los gastos presidenciales con Fox (recordar las toallas de miles de pesos descubiertas y los manejos de Martita, la Presidenta) y Calderón (prueba de ello son los libros de Anabel Hernández acerca del narco y otras cuestiones, pues la compañera es un as en los terrenos de solicitar y encontrar información).
Si las nuevas medidas aprobadas por los senadores se hubieran adoptado, el avance hubiera sido magnífico. Pero como decíamos: vino el retroceso. Entre los que encabezaron la medida estuvo Arely Madrid Tovilla, quien presidió la sesión y se equivocó frecuentemente, tanto, que causó la hilaridad entre sus compañeros. La chiapaneca extrañamente ha sido cinco veces legisladora, encargada de puestos importantes y una activa priísta de hace años.
Una cuestión más. También se plantea alargar los tiempos para entregar la información en las propuestas de los legisladores de San Lázaro. Como bien apuntan especialistas reunidos –entre ellos Héctor Rubio–: información diferida al máximo ya no sirve para los fines sociales que se necesitan.
Al parecer el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se oponen a esas nuevas y malas prácticas. Tienen razón. De no hacerlo, muchas de las acciones emprendidas por Enrique Peña Nieto y sus subordinados quedarán en lo oscurito, algo terrible ahora que se necesita cada vez más tener claro para qué se efectúan las reformas, qué se obtendrá con ellas y quiénes se beneficiarán de las mismas.
*Periodista

Despenalización de las drogas: virtudes de la mariguana

Despenalización de las drogas: virtudes de la mariguana

1. septiembre, 2013 Edgar González Ruiz * Opinión

La mariguana, lo mismo que otras sustancias, ha sido desde hace décadas objeto de una “guerra” emprendida por gobiernos conservadores –como el que en México presidió Felipe Calderón– no sólo por razones ideológicas sino como un pretexto para justificar la represión y la militarización.


En contraste, ahora comienza a discutirse abiertamente su despenalización, especialmente en la Ciudad de México.
Si se aprueba, quedará de manifiesto que con la llamada “guerra contra las drogas” la sociedad fue engañada, manipulada por una publicidad tendenciosa tanto gubernamental como de muchos medios de comunicación que satanizaron esa sustancia y escandalizaron a la gente exagerando los riesgos de su consumo.
Los saldos de ese engaño fueron por demás sangrientos y lesivos para las libertades personales.
Puritanismo anacrónico
La prohibición de la mariguana es fruto de un puritanismo que reprueba la libertad y el placer.
Es arbitraria, pues igualmente se podrían prohibir muchas otras sustancias o medicamentos que, por el contrario, se consideran legales y benéficos.
Es una intromisión de los gobiernos en la vida personal, al grado de que las autoridades asumen el papel de la divinidad bíblica, y se creen con derecho a dictarle a los ciudadanos: “¡De ese fruto no comerás!”, o para el caso: “¡Esa hierba no fumarás!”.
Es del todo contraproducente, igual que la famosa “ley seca” que se instauró en Estados Unidos a principios del siglo XX que prohibía el consumo y comercio de licores, y que produjo no sólo gansterismo y crímenes, sino el encarcelamiento de muchas personas, simplemente por tomar bebidas alcohólicas.
Imaginemos lo que sería hoy en día un país bajo la “ley seca”, donde la policía y el ejército tomaran como prioridad la persecución de las personas que, para relajarse y estar contentas, decidieran tomarse una copa.
No se acabaría el alcoholismo, pero muchas personas serían tratadas como criminales simplemente por tomar una bebida, decisión totalmente personal.
Se formarían mafias encabezadas por policías y militares y gobiernos conservadores tomarían esa “guerra” como una prioridad.
Eso es exactamente lo que ha ocurrido con la prohibición de la mariguana.
En contrapartida, recientemente se despenalizó la mariguana en algunos territorios de Estados Unidos como Colorado, donde incluso se adoptó la sabia medida de crear un mercado legal para esa droga.
En el resto del mundo, a pesar de la persecución, mucha gente ha probado la mariguana y puede dar fe de sus verdaderos efectos, por lo tanto, de lo absurdo de su prohibición.

Los usos de la mariguana

De acuerdo con referencias científicas, esa planta se puede usar en enfermedades como esclerosis múltiple, artritis, paraplejia, glaucoma y epilepsia; estimula el apetito y es efectiva contra náuseas, vómitos, migraña, neuropatías e insomnio, es decir, efectos secundarios de tratamientos antisida, así como de la medicina nuclear y la quimioterapia anticancerosa.
Según Leopoldo Rivera, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis (Ameca), el uso medicinal de la mariguana ha mejorado la calidad de vida de personas que padecen cáncer o VIH/Sida en todo el mundo (http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=6373).
En California, Estados Unidos, se han reportado más de 300 mil casos en que la mariguana retrasa el crecimiento de tumores, atenúa síntomas de enfermedades crónicas, previene la enfermedad de Alzheimer, mitiga dolores (pues es relajante muscular y tiene propiedades antiespasmódicas) o ayuda a tratar el síntoma premenstrual (http://www.lamarihuana.com/cannabis-medicinal/marihuana-10-beneficios-medicos-comprobados/).
Hoy en día, en la Ciudad de México se está abriendo el debate sobre la despenalización de la mariguana.
Desde hace unos meses, el diputado perredista Vidal Llerenas se refirió al uso medicinal de la mariguana como uno de los aspectos en que debe revisarse la legislación sobre las drogas.
Más aún, se afirmó que el Partido de la Revolución Democrática capitalino propondrá una iniciativa para la legalización del uso medicinal de la mariguana, así como reducir las penas por su posesión e integrar “espacios seguros de consumo”, como clubes donde se pueda consumir, adquirir, e informarse sobre su uso, e incluso regular el autocultivo (La Jornada, 4 de junio de 2013).
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Esthela Damián Peralta, ha señalado que con la despenalización de esa droga no se busca “abandonar la lucha contra la delincuencia organizada, sino combatirla con estrategias más eficientes”.
Afirmó que el enfoque internacional que ha prevalecido sobre el combate al uso y tráfico ilegal de estupefacientes y sicotrópicos ha sido el prohibicionismo, la persecución policíaca y la erradicación total de cultivos. “México ha seguido este enfoque el cual se ha acentuado de algunos años a la fecha, sin que el consumo disminuya entre la población, sin que se hayan erradicado los cultivos de manera contundente y sin que haya desaparecido tampoco la delincuencia organizada” (La Jornada on line, 25 de junio de 2013).
El 4 de mayo de 2013, más de 5 mil personas participaron en la XIII Marcha Mundial por la Legalización de la Mariguana en la Plaza de la Solidaridad, en la Ciudad de México. Los asistentes exigieron la regulación de la venta de Cannabis no sólo para reivindicar el derecho personal de consumirla, sino también para reducir la violencia que genera el combate contra dicha sustancia y el poder de los grupos de narcotraficantes (La Jornada, 5 de mayo de 2013).
En el plano recreativo la mariguana tiene grandes virtudes. Puede facilitar la concentración de la mente así como la expresión de los sentimientos, ayudando a que afloren a la conciencia pues es muy relajante.
Además de su efecto tranquilizante, la mariguana también tiene ciertas propiedades alucinógenas.
Produce una alteración en las percepciones: en la percepción el tiempo se alarga mucho, los acontecimientos se prolongan, los sonidos se escuchan más fuertes, los sabores se perciben más finamente, el tacto también se agudiza.
Todos esos efectos, a su vez, le confieren propiedades afrodisíacas, aspecto que escandaliza a las personas conservadoras.
Acerca de esas propiedades, la principal anécdota histórica y literaria se encuentra en los viajes de Marco Polo, donde se narra que había en Oriente Medio una secta que reclutaba y premiaba a sus adeptos haciéndoles consumir hachís (variante de la mariguana), de efecto más fuerte, en compañía de bellísimas mujeres.
Quienes disfrutaban de una noche de amor tan intensa, ya habían conocido el paraíso y eran capaces de todo con tal de volver a vivir esos momentos, por lo que se sometían incondicionalmente a las órdenes de su jefe.
Desde luego, las sensaciones que se experimenten con la mariguana serán agradables o desagradables dependiendo de aquello en lo que la persona se empeñe en concentrarse, además de que consumida en exceso, de una sola vez, puede producir efectos igualmente o más desagradables que los de una borrachera (el llamado “pasón”).
Luego de consumir mariguana, muchos se sienten también más pacíficos y, en general, más “amorosos”, con mayor disposición al afecto y al placer. “Haz el amor y no la guerra”, rezaba la consigna pacifista que en las décadas de 1960 y 1970 se oponía al a guerra de Vietnam.
*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México
Despenalización, Drogas, Mariguana, Guerra, Gobierno, México, Felipe Calderón, Represión, Militarización

La reforma de los artículos 27 y 28 de la Constitución

1. septiembre, 2013 Fabio Barbosa * Opinión

Elevar la extracción de hidrocarburos es el objetivo de diversos ensayos que se vienen realizando desde el gobierno de Vicente Fox. Entre otros (en ese gobierno tan pintoresco, casi lindando con la comicidad), los llamados Contratos de Servicios Múltiples. Su sucesor, otro clown, pero responsable además de la guerra que desgarra este país, también diseñó otros llamados Contratos Incentivados, que tampoco funcionaron, como lo exhibe la reciente licitación de Chicontepec, donde fueron desairadas la mitad de las áreas ofrecidas.

Ahora el gobierno inicia un nuevo ensayo al despejar las restricciones constitucionales como pretende. Podía elegir entre tres modelos: 1) el de concesiones, que es el que los gringos prefieren en los países que someten; 2) el de producción compartida, expresamente prohibida en México por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; y 3) la modalidad que Peña Nieto eligió, llamándola Contrato de Utilidad Compartida. Las empresas extranjeras ya están insertas, y de manera abrumadora, en la exploración y producción de petróleo, pero sólo como “prestadores de servicios”. Peña Nieto quiere convertirlos en socios, como operadores de uno o varios “bloques”. De hecho, desde hace 2 sexenios, las áreas prospectivas de este país están siendo cuadriculadas para señalar las áreas a ofertar, como puede verse, para el caso de las áreas cerca de la frontera con Estados Unidos, en la ilustración que publicamos en estas páginas.

La privatización hace décadas que comenzó

La privatización, entendida como cesión por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) a las empresas privadas de ciertas actividades o áreas geográficas, está en marcha y ha avanzado cotidianamente desde hace décadas. Desde 1982 el Estado empezó a retirarse de la petroquímica y de la reclasificación de decenas de productos, es decir, el retiro de Pemex de esa rama se realizó desde hace más de 30 años, durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Más tarde, a finales de la década de 1990, Zedillo intentó la venta de las plantas petroquímicas.
La perforación de pozos por empresas estadunidenses ha llegado al extremo de realizarse con un tipo de contrato llamado Llave en Mano, en el que todas las actividades y logística quedan a cargo de los extranjeros, quienes entregan el pozo listo para operar. Pero esa era una privatización disfrazada, vergonzante; la de Peña es sin máscara. Como escribió Pablo Gómez, cito no textualmente, se acusaba al gobierno de violar la Constitución; ahora Peña pretende derogar la Constitución.



Pero los gringos están “desilusionados”

Como anotamos, Peña Nieto estuvo ante tres posibilidades: 1) la opción gringa de concesiones es el modelo que firmó Porfirio Díaz con el gringo Doheny, de la Huasteca Petroleum Company, y el inglés Pearson, de la Compañía El Águila. Ellos incluso compraron enormes extensiones de tierra y eran dueños del suelo y lo que encontraran en el subsuelo; 2) un segundo tipo de contrato, el de producción compartida, establece que el gobierno y el contratista se repartan los hidrocarburos en los porcentajes convenidos y cada quien hace lo que quiera con su parte. Los yanquis podrían venderla o incluso guardarla como parte de sus “reservas estratégicas”, para sacarlas al mercado en el futuro.
Pero en la modalidad de “utilidad compartida”, que es la tercera posibilidad, los socios no podrán registrar los volúmenes de hidrocarburos que descubran como parte de sus activos, sino sólo los ingresos, en pesos mexicanos, que esperan recibir. Ese registro lo harán en sus estados financieros.
Las reservas de hidrocarburos de una empresa petrolera son parte de los activos, lo que les permite mejorar su calificación crediticia y obtener financiamientos para el desarrollo de proyectos, de ahí que la prensa gringa y el Partido Acción Nacional (PAN), que intentó establecer el Contrato de Concesiones porque la secretaria de Energía durante el gobierno de Calderón fungía al mismo tiempo como miembro del Consejo de Administración de una empresa extranjera, se manifiestan como “desilusionados” ante la iniciativa de Peña.
Los propagandistas del modelo de concesiones auguran que el tipo de contrato que anunció Peña no será lo suficientemente “atractivo” para los inversionistas; que la propuesta de Peña no podrá “competir” con las rebajas y todo lo que ofrecen los contratos, por ejemplo, de los dictadores africanos u otros desesperados por “apresurar el progreso” y “la felicidad de sus pueblos”, como también promete Peña Nieto…

Hoy ni Peña Nieto sabe qué tipo de contrato prevalecerá

En resumen, la iniciativa sólo adelantó una propuesta general que se resume en reformar la Constitución. La forma concreta la establecerá la legislación secundaria, que será discutida primero en el Senado y, luego de ser aprobada, pasará a la Cámara de Diputados; posteriormente a los congresos locales, donde, por lo menos 17, tendrían que votar afirmativamente por la nueva Constitución.
Pero aquí no terminan estos ejercicios de poder. Este es un problema político que se decidirá según la correlación de fuerzas. En primer lugar una movilización muy vigorosa podría lograr cambios. Desde luego constatamos condiciones muy desfavorables, pero nada está escrito…
Si la Constitución se modifica queda abierto el camino para que en la legislación secundaria se establezca cualquier modelo de contrato. Algún grupo de empresarios anunció que cabildeará una propuesta para que se establezcan los tres modelos y los inversionistas elijan a su conveniencia.
Según la percepción de los neoliberales sobre la correlación de fuerzas, podrían dejar la iniciativa de Peña tal como la envió y avanzar al modelo de concesiones para otro episodio, en otra Legislatura.
Así, es muy probable que el contenido concreto de la verdadera reforma sólo la conozcamos hasta que, eventualmente: 1) se publique la legislación secundaria; 2) cuando se conozca el texto de los primeros contratos, que permitirá conocer la interpretación de los abogados; y 3) cuando, evento con incertidumbres, que podría ocurrir o no, en 2014, se firmen las primeras licitaciones y pueda saberse si los inversionistas lo encontraron atractivo o lo rechazaron, como ocurrió con la última licitación en Chicontepec.
La defensa de la Constitución y de los recursos naturales es una lucha que tiene que librarse. La reforma constitucional equivale a la derogación de los aspectos esenciales que condensan conquistas históricas de este país. Su derogación abre la caja de Pandora de más desastres. Aun manteniendo diferencias, si las hay, es preciso realizar esfuerzos unitarios con todos los que hoy resisten a la iniciativa de Peña. Invito también a mis lectores a la concentración del 8 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México y también a las otras en los próximos meses, en defensa, sea mucho o poco, del petróleo mexicano.
*Investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México

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La vida cotidiana en medio del narcotráfico


En el pasado, era un lugar común pensar que la violencia del narcotráfico sólo tocaba a quienes se atrevían a meterse con él. La creación de narcoestados o narcolocalidades ha vaciado de contenido esa noción. El tráfico de drogas y la violencia asociada con él pueden tocar a cualquier ciudadano, en cualquier momento, en cualquier lugar. Un momento de mala suerte, una mala elección, una decisión apresurada o un paso imprudente pueden acelerar ese contacto.


Ajenos a los movimientos políticos, estratégicos o macroeconómicos que alteren el curso del narcotráfico para bien o para mal, el ciudadano de a pie sigue viviendo a veces en forma terrible la vida cotidiana en las ciudades controladas por el narcotráfico.
Un ejemplo es lo que le pasó a Andrés, un joven trabajador. Hace unas semanas Andrés enfrentó directamente el poder de los narcos. Un día desafortunado, Andrés terminó de llenar el tanque de gasolina de su auto, se subió a él, lo encendió y salió de la gasolinera. No avanzó ni 2 metros cuando una camioneta que iba a exceso de velocidad chocó contra su auto destrozándolo. La camioneta también quedó deshecha. Pérdida total.
Andrés resultó ileso y pudo observar que un individuo salía de la camioneta chocada y comenzaba a bajar unos paquetes parecidos a los que los federales exhiben como trofeo cuando han confiscado un cargamento de droga. El individuo rápidamente subió los paquetes a un taxi que iba atrás de la camioneta. Al terminar, el taxi se alejó a toda velocidad con los paquetes. Mientras, Andrés observaba que llegaban más vehículos con más desconocidos, todos armados.
Con mal modo, el individuo le dijo a Andrés que todo había sido por “su culpa” y que le tenía que pagar la camioneta. Pero ya.
Andrés no podía creer lo que le estaba sucediendo. Los desconocidos lo subieron a otra camioneta y se lo llevaron a un lugar que él desconocía, pero sabía perfectamente que ahí era donde tableaban a todos los ciudadanos que llegan a tener un problema con los narcos de la ciudad. Ahí comenzó el segundo calvario… Le llamaron a la familia: había que reunir el dinero, si no…
Los parientes prometieron a los desconocidos que juntarían el dinero. El acuerdo fue que los narcos no golpearían al joven si la familia llevaba el dinero. Los narcos entregaron entonces a Andrés a la policía municipal que lo retuvo hasta que la familia llegara con el dinero.
Pagada la “multa”, Andrés obtuvo su libertad. En un sólo día perdió su auto, fue víctima de un secuestro y su familia se hizo de una deuda que sólo pagará con varios años de trabajo.
¿Qué hubiera pasado si la familia, su esposa, sus hijos hubieran viajado con él en el momento del accidente vial? La asociación entre la policía municipal y los narcos locales se ha tornado una pesadilla para los habitantes de la ciudad. Nadie debe permitirse que una patrulla municipal lo detenga por una falta de tránsito, porque eso significa que la persona ha entrado en contacto directo con una organización criminal.
Los vínculos entre las bandas criminales y las policías municipales son tan fuertes que los policías saben que existe de hecho una “doble jefatura”; una es la oficial, la designada por las autoridades municipales, y otra es la “real”, la que imponen los comandantes de la organización criminal que domina la plaza. No siempre hay acuerdo o coordinación entre las dos autoridades, pero la oficial siempre debe estar supeditada a la “real” si no quiere ser víctima de tortura, asesinato o desaparición…
Bernardo ha vivido toda su vida en la frontera y es comerciante. Sostiene un local en un centro comercial que se ha convertido en el lugar de choque frecuente entre narcos y las fuerzas federales. Por ahí cerca están las unidades habitacionales donde viven los narcos: viviendas abandonadas por los trabajadores de las maquiladores que decidieron irse de la ciudad antes de que algo pasara. Los narcos que invadieron esos departamentos parecen estar acostumbrado, a enfrentar a las fuerzas federales en las cercanías del lugar. Todo eso ya lo sabe Bernardo. Casi se puede decir que se ha adaptado, a tal grado que permite que, durante los tiroteos, los usuarios del centro comercial se metan corriendo a refugiarse en su negocio. De hecho, eso pasa en todos los locales del centro comercial.
Es difícil sostener un negocio en esas condiciones. Una opción podría ser dejar el local e irse a otro centro comercial, pero tampoco hay muchos lugares para elegir y prácticamente todos han sido escenario de enfrentamientos, ya sea entre bandas rivales del narcotráfico o entre las fuerzas federales y alguna de ellas. La ciudad es aparentemente tranquila, pero cuando hay enfrentamientos se vuelve un campo de batalla.
Bernardo debe seguir adelante con su negocio; es lo único que tiene para sobrevivir. Con gusto cruzaba la frontera y se quedaba a vivir del otro lado, pero tampoco se le antoja la vida de un indocumentado. Años atrás su ciudad era apacible, se podía salir de noche, estar en la calle, caminar con tranquilidad, respirar aire de pueblo, pero esa ciudad ya no existe. Ahora lo único que queda es un lugar donde varios ciudadanos han optado por recurrir a la clandestinidad para denunciar desde Twitter dónde hay ponchallantas, transitan vehículos con hombres armados, ocurren enfrentamientos o se oyen disparos.
En estas ciudades todos dicen saber dónde viven los narcos, los “meros meros”. Todos saben en qué discoteca están, en qué bar. Las noticias circulan de voz en voz, de texto en texto, de celular en celular, pero nadie dice nada por temor a sufrir las consecuencias. La “adaptación” ha llegado a extremos. Algunos opinan que a veces es mejor enterarse que un vecino, un compañero de la escuela, o un joven de la cuadra se ha pasado del lado de los narcos, porque así habría la manera de enterarse de cosas. Nunca está por demás saber cómo se mueve el peligro o qué tan cerca está.
Algunas zonas, sin embargo, ya no son para la gente común. Por ahí ya nadie transita. Nadie se atreve a ir. Sólo los soldados pasan por ahí en convoyes fuertemente armados. Esas zonas están cercanas al río. El Río Bravo, con sus curvas caprichosas que entran y salen de uno u otro país, forma golfos, bolsones de territorios, estrangulados por cuellos de botella. Ahí se asientan los centros de operación de los narcos. Nadie se acerca ni de día ni de noche a esos rincones de la ciudad. La gente que vive ahí sufre de falta de transporte. No hay escuelas, centros de trabajo cercanos, parques, ni consultorios médicos. Para ir de compras hay que caminar y caminar hasta encontrar una ruta de transporte público.
En uno de esos lugares vive Carlos, uno de los jóvenes llamados ninis: no estudia, no trabaja. Vive en un predio invadido, en una zona controlada por narcos. Ahí llegan las personas que no tienen ningún otro lugar a dónde ir: migrantes deportados de Estados Unidos que no quieren regresar a sus pueblos de origen porque no tienen dinero para pagarle al Coyote, personas en el desempleo crónico, niños huérfanos o abandonados, familias donde los dos padres consumen drogas. De hecho, los padres de Carlos las consumen. Su padre no vive ahí. Abandonó a su madre. Meses atrás, sus hermanas también abandonaron a la madre porque ésta las quería forzar a consumir drogas. Él sí le hizo caso a su mamá y sí consume las drogas que le regalan los narcos por simpatía o como pago a los pequeños servicios que les llega a hacer. Un día le avisaron que lo iban a “ascender”. Le dieron dos pistolas escuadra, un rifle, dos granadas. A partir de ahí iba a participar con ellos en “otras cosas”…
Ninguno de esos jóvenes tendría por qué saber que en 1 década y media el gasto militar del mundo se ha duplicado hasta alcanzar 2 billones de dólares en 2012. A pesar de eso, la violencia en el mundo, en el país y en la propia ciudad, sigue igual o peor. Eso sí lo saben muy bien.
Aunque viven prácticamente junto a Estados Unidos, la gente de la frontera tiene una noción vaga de que el país vecino tiene el gasto militar más grande del orbe. Aunque tiene un interés especial por reforzar la seguridad de la frontera, en la práctica Estados Unidos dedica el enorme presupuesto militar para afrontar los retos a su seguridad en otras partes del mundo: Oriente Medio, el Norte de África, Asia Central. La frontera con México es importante y la seguridad está reforzada, pero ese territorio sigue siendo una zona abandonada, con los índices de pobreza más altos de todo Estados Unidos, con el récord más bajo de inversión federal, con los niveles más altos de obesidad infantil.
Ha habido cambios a la militarización mundial. De hecho, a partir de la crisis económica global de 2008, Estados Unidos y 18 países, principalmente europeos, redujeron sus presupuestos militares en más del 10 por ciento. Los países emergentes, en cambio, lo incrementaron. México está lejos de ser un país emergente, pero también aumentó su gasto militar. Ese incremento sí se notó en la frontera.
Andrés, Bernardo y Carlos sólo perciben en su vida diaria que la ciudad ahora está llena de soldados. Lo nuevo quizá es que también abundan los marinos. Desde su lugar en la vida, lo que observan ellos son helicópteros militares sobrevolando la ciudad, convoyes militares que pasan con los soldados apretando el gatillo de las ametralladoras calibre .50, camionetas con policías estatales que ahora parecen soldados por el estilo de sus uniformes y el calibre de sus armas.
Quizá Carlos, el nini, nunca llegue a tener plena conciencia de que los gobiernos están respondiendo con soldados, vehículos y helicópteros para detener a los narcos, pero hacen nada o muy poco por ganarse las zonas como la que él habita a punta de gasto social, pavimentación, alumbrado público, construcción de escuelas, apertura de centro de capacitación para el trabajo y promoción de empleo. Carlos ve muchos soldados, pero no ve maestros ni escuelas.
Bernardo, por su parte, está preocupado por el negocio. ¿Qué éxito puede tener un negocio ubicado en la zona donde los narcos y los federales se enfrentan a cada rato? La gente debe salir de compras, pero en estas circunstancias, ya no es sencillo tener, ni siquiera imaginar, un domingo familiar, tranquilo, en el centro comercial. ¿Qué implicaciones tendrá para negocios como el suyo el rumbo que tome el gobierno para resolver la falta de crecimiento económico? La violencia ha tenido un impacto destructivo en los negocios de la zona, pero en el fondo, la falta de crecimiento está obligando al cierre de los pequeños negocios.
El daño de la violencia y el impacto de la falta de crecimiento en la microeconomía de las ciudades donde impera el narcotráfico están ocultos o disfrazados en las cifras gruesas de la estadística nacional o de los informes de gobierno. Si las zonas fronterizas han estado prácticamente fuera de los planes de desarrollo nacional es posible que el abandono se agrave con la terquedad gubernamental de invertir en seguridad, pero no en desarrollo económico. Los conflictos armados están acabando con lo que resta del turismo, la industria restaurantera o la hotelera.
La investigación internacional ha encontrado que una historia de conflictos armados obstaculiza la modernización nacional y contribuye indirectamente a agravar el problema del hambre. En el caso mexicano, ahora estamos viendo cómo las grandes obras de infraestructura nacional quedaron paralizadas con la obsesión de usar la fuerza militar y naval como el arma única de combate al narcotráfico.
La inversión en más soldados y marinos y el aumento del presupuesto para operaciones militares no han llevado en realidad a un alivio de los mexicanos en materia de seguridad. Eso lo saben muy bien Andrés y Bernardo. Carlos está posiblemente en otra situación: cuando lo reclutaron los narcos él dejó de ser un nini, aunque eso por supuesto no será jamás un alivio para él, ni para su familia, ni mucho menos para la sociedad.
*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional; egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, DC, Estados Unidos

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Diez años del Informe DESCA

1. septiembre, 2013 Centro Vitoria * Opinión

Área de Investigación del Centro Vitoria

El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC (Centro Vitoria), próximo a cumplir 30 años de labor, publicó de 1987 a 1998 un informe anual sobre los derechos a la vida, la integridad física y síquica, la libertad y la propiedad, señalando las violaciones de las que fueron objeto numerosas víctimas, además de las acciones y omisiones de las autoridades ante esa situación. De esta manera se convirtió, posiblemente, en el primer organismo nacional que realizó año con año esta tarea. Después de un periodo y ante la realidad que se vivía en el día a día en México, se dio paso a organizar un pequeño equipo con el fin de investigar cuál era el estado que guardaban los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Es así que desde noviembre de 2002 se procuró y se estableció como proyecto institucional la labor de generar una investigación que de manera anual diera cuenta del avance, retroceso y violaciones que en materia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) hay en México. Finalmente, en 2013 se da a conocer el primer Informe sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México, también llamado Informe DESCA. A lo largo de 1 década, la publicación ha seguido fielmente el principio del Centro Vitoria de servir solidariamente a la sociedad en la lucha contra la impunidad y en la promoción de una cultura de derechos humanos en el país.
Hemos querido contribuir a la visibilización y documentación de casos de violaciones a los DESCA, principalmente alimentación, salud, vivienda, educación, medio ambiente y derechos laborales y cómo impactan en las poblaciones mayormente discriminadas; pero también integrar y brindar un panorama general y sustancial de la situación de los derechos ahí abordados a partir del análisis de la legislación, la política pública e indicadores socioeconómicos, tanto a nivel nacional como en el Distrito Federal.
En cada uno de estos informes se ha buscado realizar, promover, difundir y desarrollar la investigación y el análisis de los derechos humanos con una perspectiva multidisciplinaria y acorde con la realidad de nuestro país y nuestra ciudad, siempre avanzando, contribuyendo en la identificación de vacíos o necesidades que con respecto al estudio de los derechos humanos existen.
La realización de esta publicación no ha sido tarea fácil. Nos hemos enfrentado a la desconfianza y al escepticismo, pero en el camino también hemos ganado experiencia y la confianza de la sociedad e incluso de algunas instituciones de gobierno. El Informe ha servido de espacio de denuncia para movimientos sociales y ha contribuido con insumos en diversos espacios de incidencia en los que participa la organización, como los programas de derechos humanos en toda la República Mexicana.
Cada año el estudio ha sido perfeccionado con ejes de análisis como la no discriminación, perspectiva de género, participación ciudadana, exigibilidad de los DESCA, entre otros. Gracias a ello hemos establecido marcos teóricos y metodologías de sistematización y análisis de casos con perspectiva de derechos humanos. Durante todos estos años hemos aprendido y hemos compartido métodos de documentación, investigación y análisis, los cuales han sido, incluso, base para otras organizaciones civiles y movimientos sociales que también realizan labor de investigación o que han puesto en práctica este modelo de investigación con perspectiva de derechos a sus casos particulares.
En cada proyecto hemos procurado actuar con el rigor de la investigación social, algo que se consideraba una misión casi imposible para cualquier sector que no viniera de la academia; pero le hemos agregado el plus de trabajar desde la sociedad civil, desde el contacto directo con las víctimas, sin perder de vista la objetividad y, sobre todo, la parte humana. Con ello hemos intentado hacer notar que el estudio y análisis de los derechos humanos son más que números y objetos de estudio, y que tienen que ver más con la dignidad de las personas.
Esperamos que las autoridades cumplan con sus obligaciones para restituir los saldos negativos ahí arrojados y, con ello, garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, pues ¿cómo se resuelve una problemática si no se conocen sus causas? Con estas publicaciones celebramos 10 años de lucha incansable con la que podamos contribuir a la difusión, promoción y defensa de los derechos humanos en México.


Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/09/01/diez-anos-del-informe-desca/

La nación impedirá la Contraexpropiación Petrolera

1. septiembre, 2013 Álvaro Cepeda Neri * Contrapoder

Para Cuauhtémoc Cárdenas, y en memoria de Lázaro Cárdenas del Río

Solamente los desnacionalizados no entienden que el rescate del petróleo con la Expropiación de 1938 no es el pasado, sino historia defensiva; esto mientras, sobre todo los estadunidenses, sigan con su actual declaración discriminatoria de la libre circulación humana.



La defensa del recurso petrolero no se trata de una historieta al estilo de Krauze, Aguilar Camín y demás comparsas (Gustavo Ogarrio ha escrito certero ensayo: “Los redentores neoliberales”, en La Jornada Semanal del 12 de junio de 2013) que insisten en echar abajo Petróleos Mexicanos (Pemex) y de plano abrir más incursiones de capitales privados en esa empresa, como lo plantean, desde Noruega, estadunidenses e ingleses que pasan por alto que sus historias no son la nuestra. Pemex representa, pues, la defensa nacional, y para hacerla más eficaz económicamente se necesita invertir el despojo del cual es víctima por el presidencialismo; dejarle el 70 por ciento que va al fisco para su autofinanciamiento; erradicar la corrupción de la cúpula sindical, la voracidad de los actuales empresarios, las transas de su cuerpo directivo y los abusos, que desde Alemán a Peña se aprovechan de esa riqueza para su personal beneficio y presentan a Pemex como en quiebra para privatizarla.
Peña, como Calderón, Fox, Zedillo y Salinas, va en la ruta de una mayor participación privada directa en Pemex tras saquear la empresa y usar el 70 por ciento que le quitan de sus ventas para el pago de los millonarios sueldos de la alta burocracia y los constantes subsidios a la cúpula sindical para tener su complicidad. Además de tener recursos sobrantes para la corrupción de funcionarios, engorda de presupuestos de ingresos, pagos de más a los empresarios que rentan perforadoras, etcétera. En su enésimo viaje, ahora a Londres y Dublín, Peña Nieto se fue de la lengua y dejó abierta la posibilidad de reformar el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que la rectoría, control y propiedad de las áreas estratégicas de la economía, corresponden al Estado y a la nación. Y Pemex, con todo lo que implica, es un área estratégica desde 1938, cuando el pueblo, como democracia directa, y su gobierno con Lázaro Cárdenas, así lo implantaron en la Ley Suprema de toda la Unión. No hay otra lectura ni interpretación si se ha de ser consecuente, de manera histórica, con aquella conquista económica, social y política.
Y el peñismo no tiene ningún derecho a cuestionarla si es que juró “guardar y hacer guardar la Constitución”. Ese peñismo se empecina en pasar por encima de la historia mexicana donde se consigna que “todas las sociedades humanas han necesitado tener sentido de su valía y de su sistema de valores que, como verdades humanas se encuentran en la historia […], verdades que vale la pena proclamar, unas grandes y otras pequeñas, unas generales y otras técnicas; por lo que es menester que enseñemos a los hombres a enjuiciar con perspectiva histórica las transformaciones sociales…” (JH Plumb, La muerte del pasado, ediciones Barral, 1974). Y así afianzar nuestra identidad con lo más perdurable de nuestra historia.
Busca el peñismo y sus corifeos, que invocan el pasado –no la historia–, llevar a cabo la Contraexpropiación Petrolera. Y se escudan en el Pacto por Peña (no por México), el pacto entre partidos y el pacto empresarial para completar al neoliberalismo económico, al que ya le han salido réplicas sociales y políticas de la democracia directa en Atenas, Madrid, Roma, París… y en todo Brasil, donde sus capitalismos salvajes han sembrado desempleo, delincuencia, pobreza, inseguridad…, anunciando más y más revueltas que llevan en sus protestas, potencialmente a una tercera y última guerra mundial o, al fin, la revolución mundial de los pueblos. Si en nuestro país el peñismo se atreve a la privatización de Pemex, en lugar de impedir su saqueo y cortar de tajo la corrupción, entonces que se prepare para la respuesta de la democracia directa de la nación para impedir la Contraexpropiación Petrolera.
Dicha Contraexpropiación equivale a establecer un gobierno contrario a los principios que la Constitución sanciona. Y el Artículo 27 en sus términos petroleros, es uno de esos principios. El peñismo estaría incurriendo en una rebelión que busca interrumpir la observancia constitucional (Artículo 136 del único pacto histórico vigente: el pacto Constitucional). Y la democracia directa, la nación como pueblo, “tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, ya que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste” (Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
*Periodista

TEXTOS RELACIONADOS:


Merrill Rippy: “El petróleo y la Revolución Mexicana”

1. septiembre, 2013 Álvaro Cepeda Neri * Ex Libris
 

[…] ante el peligro que no es ciertamente una intervención armada, está respondiendo el pueblo. La Revolución constituida en gobierno […] salvará el honor de México Lázaro Cárdenas: 23 de marzo de 1938

Como tesoros en bibliotecas públicas y privadas, hay colecciones de lo que fue la revista trimestral Problemas agrícolas e industriales de México, publicada de 1946 a 1956. La dirigía Manuel Marcué Pardiñas y en ella colaboraron eminentes escritores, políticos e investigadores que analizaron las cuestiones de la política económica y las inversiones empresariales en las más diversas actividades. En ella se ventilaron crítica y fundadamente los problemas nacionales, y abrevaron quienes se interesaron por la nación que entraba a la etapa de una posrevolución que se fue transformando en una contrarrevolución. Ahora el priísmo-empanizado quiere desterrar del nacionalismo democrático el último gran acto de la Revolución y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su amenazado Artículo 27; cuando sustentado en la democracia directa, el cardenismo expropió la riqueza natural no renovable del petróleo de manos de la voracidad inglesa, estadunidense y los propios que traicionaban esa conquista.
El historiador Merrill Rippy fue autor del número de esa revista dedicado al petróleo. En el prólogo escribió: “México desempeñó algo así como el papel de un David arrojando piedras durante una generación a un Goliat semejante al Ave Fénix: la industria petrolera internacional, que no se dejaba matar y que, cuando resultaba herida, recibía el socorro de las grandes potencias. Lo sorprendente fue que en esas circunstancias se asestara el golpe final a Goliat”. Lázaro Cárdenas [será necesario, contra el priísmo-empanizado, aquello de: ‘¡Lázaro, sal fuera!’] y la nación rescataron de las inversiones privadas lo que según López Velarde ‘nos escrituró el Diablo’”; pero hoy los panistas quieren escriturárselo a los empresarios de allá y de aquí. El ensayo de Rippy conserva su actualidad, y en 15 capítulos nos pone al tanto de esa Expropiación Petrolera; hoy en el filo de una contraexpropiación con nombre de modernización y apellidos de reaccionaria y contrarrevolucionaria.
Entre sus capítulos están: “La herencia española en la legislación minera mexicana. Evolución de la legislación sobre minas: 1884-1909”; “La Revolución y la legislación minera mexicana”; “Las reclamaciones internacionales y la política mexicana”; “El petróleo, la plata y la deuda mexicana”; “La huelga de los petroleros en 1937”; “Expropiación: meta alcanzada”; “La expropiación: repercusiones dentro y fuera de México”; una amplísima bibliografía y dos apéndices. Al consumarse la Expropiación se “consideró como el único acto en la lucha de vida o muerte contra el imperialismo petrolero”.
Este tratado nos permite comprender la hazaña que el 23 de marzo de 1938, ante una manifestación obrero-popular, “adquirió las proporciones de una declaración nacional con un desfile que duró todo el día ante Palacio Nacional, como prueba de apoyo al presidente Cárdenas”. Y en estos momentos, de estar en contra o a favor de la cuestión petrolera, es parte del debate entre las elites de los partidos, los intereses empresariales y un presidencialismo que busca, con la palanca petrolera, remover un estancado crecimiento económico atrapado en los enfrentamientos entre militares-marinos-policías, ciudadanos ajenos a la delincuencia y el creciente desempleo.
Ficha bibliográfica:
Autor: Merrill Rippy
Título: “El petróleo y la Revolución Mexicana”
Editorial: Revista Problemas agrícolas e industriales de México, volumen VI, número 3, julio-septiembre, 1954
*Periodista

Tropas del Ejército y agentes del Cisen contra el SME

Tropas del Ejército y agentes del Cisen contra el SME


Dos instituciones encargadas de la seguridad nacional fueron utilizadas contra el Sindicato Mexicano de Electricistas durante el sexenio pasado: la Sedena y el Cisen. La primera envió soldados –disfrazados de policías– a las instalaciones de la entonces paraestatal Luz y Fuerza del Centro para desalojar a los trabajadores. Entre las misiones ordenadas a la tropa destacan fingirse policías o civiles y contener los “ataques”, “sabotajes” o acciones “terroristas” de los “transgresores de la ley”. Además, supuestos agentes del organismo de inteligencia civil infiltraron el movimiento no sólo para monitorearlo, sino para generar violencia y desprestigio. De todo da cuenta un expediente entregado por los electricistas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Ilegal”, el uso de las instituciones de seguridad nacional contra movimientos sociales, señala integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional

Tercera de seis partes
Primera parte / Segunda parte

Un expediente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abierto por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), documenta la utilización de instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano para reprimir al movimiento obrero: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
De acuerdo con los documentos recabados por el SME y presentados ante el organismo internacional, tropas del Ejército Mexicano y agentes del Cisen fueron utilizados durante el sexenio de Felipe Calderón para despojarlos de su fuente de trabajo y, luego, para reprimir, desprestigiar y extinguir el movimiento.
En el documento, con el que los electricistas buscan probar en tribunales internacionales la ilegalidad de la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, se integra una copia de un expediente abierto en tribunales militares mexicanos contra un efectivo del Ejército que se negó a disfrazarse de policía para ocupar las instalaciones eléctricas. También evidencian el acoso de “infiltrados de la Secretaría de Gobernación” que buscaban no sólo recabar información de las acciones que tomarían los trabajadores, sino de sabotear y desprestigiar a la organización gremial.

Tropa militar disfrazada de policía

El expediente abierto en tribunales militares da cuenta de la utilización de tropas del Ejército Mexicano para expulsar de su lugar de trabajo a los integrantes del SME. En los documentos –de los cuales Contralínea posee copia– se asienta que efectivos de la 37 Zona Militar fueron disfrazados de policías e, incluso, se les dio la orden de apostarse en posición de tiro ante las manifestaciones (“ataques”) que pudieran suscitarse.
La irrupción de los militares en instalaciones de la entonces paraestatal Luz y Fuerza del Centro ocurrió alrededor de las 23:00 horas del 10 de octubre de 2009. El gobierno de Felipe Calderón ejecutaba la extinción de la empresa fundada en 1903 y para ello echaba mano, oficialmente, de la Policía Federal para que tomara todas las instalaciones eléctricas de la región centro del país. Sin embargo, partes militares, pliegos de consignas y oficios –todos documentos internos de la Sedena– señalan que fueron tropas, materiales y vehículos del Ejército Mexicano los que ejecutaron la toma de las instalaciones.
El caso que se documenta en tribunales militares es el de la Subestación Eléctrica San Bartolo, ubicada en Tizayuca, Hidalgo. Hasta la fecha, la versión oficial ha señalado que fueron policías los que tomaron las instalaciones. Durante los últimos 3 años del sexenio de Felipe Calderón, las autoridades aseguraron que los efectivos castrenses sólo se utilizaron contra el crimen organizado y que no se emplearon en el cierre de la paraestatal Luz y Fuerza. Sin embargo, documentos oficiales señalan que en las instalaciones de San Bartolo se estableció un destacamento de seguridad militar e incluso una “base de operaciones”.
Para ello, los militares fueron disfrazados de policías y las unidades castrenses también fueron camufladas de policiacas. Incluso dos fotos publicadas en los diarios El Universal y Reforma el 12 de octubre de 2009 –en las que se alcanzaban a observar soldados y vehículos militares– motivaron un mensaje FCA “extraurgente” al interior del Ejército Mexicano.
En el documento –con folio 33063, fechado el 12 de octubre de 2009 y con la referencia “Restricción de movimientos”–, se aprecia una enérgica reprimenda del comandante de la Primera Región Militar al comandante de la 22 Zona Militar por las fotografías aparecidas en los medios citados:
En los periódicos “se aprecia una fotografía de un vehículo militar de 6.5 toneladas, con las siglas 0325277, perteneciente al 25 Batallón de Infantería (Toluca, Estado de México), no obstante haber comunicado telefónicamente y posteriormente en mensaje FCA 41726, del 11 de octubre de 2009, que estaban suspendidas las supervisiones y relevos en vehículos militares y con personal uniformado que permita su identificación como militar, debiendo realizarlas con uniforme azul o civil y en vehículos que no tengan características militares […]”.
Por el desacato, el comandante de la Primera Región Militar ordena tres “acciones”:
“a) Se le ratifica la orden de imponer correctivo disciplinario debidamente fundado y motivado al comandante del 25 Batallón de Infantería.
“b) Realizar una investigación remitiendo el resultado antes de las 1800 del 15 de octubre de 2009 [sic].
“c) Ratificar y supervisar que la totalidad de los organismos bajo su mando estén enterados que están suspendidas las supervisiones y relevos en vehículos militares y con personal uniformado a las instalaciones de la extinguida Compañía de Luz y Fuerza del Centro (todo movimiento a estas instalaciones), agradeciéndole realizarlas […] de civil y con uniforme azul y en vehículos que no tengan características militares [sic].”
De acuerdo con el artículo 125 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: “Los uniformes y las divisas en el Ejército y Fuerza Aérea estarán especificados en el Reglamento respectivo y son de su uso exclusivo, por lo que no podrán ser utilizados por personas, corporaciones o dependencias que les sean ajenas. Quienes violen estas disposiciones quedarán sujetos a lo que dispone la ley penal de la materia”.
Por su parte, el Reglamento de Uniformes, Divisas y Equipo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su Manual Gráfico para el Uso de Uniformes, Divisas y Equipo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establecen un detallado y estricto sistema del uso del uniforme de los militares en funciones. En ningún caso se establece la posibilidad de disfrazar a los efectivos castrenses de policías o civiles mientras se desempeñan en sus bases de operaciones o destacamentos de seguridad.
Los efectivos del Ejército Mexicano permanecieron en las instalaciones eléctricas por varios meses, como se puede apreciar en documentos oficiales emitidos posteriormente.
En otro mensaje FCA, con folio 41357 y también de carácter extraurgente, se da cuenta del relevo de servicios en el Destacamento de Seguridad en las instalaciones eléctricas de San Bartolo, Tizayuca, efectuado el 25 de diciembre de 2009. Entonces se encontraban en el lugar un oficial y 27 elementos de tropa.
Para el 11 de marzo de 2010 –5 meses después de la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro– el mismo número de efectivos se encontraban en la subestación eléctrica de Tizayuca, Hidalgo, como se desprende del oficio 3308 de la Comandancia del Tercer Batallón de Ingenieros de Combate, en el que el entonces coronel de zapadores Diplomado de Estado Mayor, comandante del batallón, le informa al general de brigada diplomado de Estado Mayor, comandante de la 37 Zona Militar, del despliegue operativo y el estado de la fuerza.
En el documento se señala el despliegue operativo de 17 unidades, entre destacamentos, bases de operaciones, retenes y vigilancia.
En efecto, en la relación se incluye la Base de Operaciones Subestación Eléctrica San Bartolo, en la que los 27 elementos de tropa y el oficial (teniente de zapadores Eglo Jesús Noriega Vázquez) tenían como misión “proporcionar seguridad a las instalaciones”. Pero también se revela la presencia castrense en otras instalaciones de Luz y Fuerza del Centro con la misma misión.
En el Centro Nacional de Control Eléctrico, ubicado en la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal, se instaló un destacamento de seguridad con un oficial y 20 efectivos de tropa. Al frente se encontraba el subteniente de zapadores Natanael Barrera Velázquez.

En la Subestación Eléctrica Lechería, ubicada en Tultitlán, Estado de México, se instaló una base de operaciones, con un oficial y 27 elementos de tropa. El comandante era el teniente de zapadores Marcos Gerardo Mendoza Pérez.
Otras instalaciones de Luz y Fuerza –como talleres y bodegas– también estuvieron ocupadas por militares, según el documento: en las instalaciones de Los Reyes, ubicadas en Texcoco, Estado de México, se desplegaron 17 elementos de tropa bajo el mando del teniente de zapadores Arturo Cruz Gaytán; y en las de San Joaquín Coapango, también ubicadas en Texcoco, se enviaron 18 efectivos encabezados por el teniente de zapadores Alberto de la Cruz Felipe.
El expediente abierto en tribunales militares también incluye la designación del teniente de zapadores Marcos Gerardo Mendoza Pérez como comandante del Destacamento de Seguridad de la Subestación Eléctrica San Bartolo –ubicada en el municipio hidalguense de Tizayuca–, en sustitución del teniente de zapadores Gabriel Alberto Guzmán Ruiz, a partir del 16 de marzo de 2010 y “hasta nueva orden”.
En el oficio 3534 se leen las actividades que debería realizar el nuevo comandante en la subestación eléctrica: “[…] deberá apegarse en todo momento a las consignas establecidas, partes vitales de la instalación resguardada, planes de seguridad y de defensa, entre otros, así como la siguiente misión:
“Proporcionar seguridad física a las instalaciones de la Subestación Eléctrica y garantizar la seguridad del personal que labora en la misma, así como evitar actos de sabotaje y terrorismo por parte de transgresores de la ley, exhortándolo a poner toda su astucia y profesionalismo en la seguridad de la citada instalación vital [sic].”
El mismo documento contiene la fatiga (servicio que se cumple en un turno establecido) del personal oficial y tropa destacados en la Subestación Eléctrica San Bartolo. En efecto, como comandante aparece Mendoza Pérez; y como comandante segundo, el sargento segundo de zapadores Juan González Santillán. La lista se completa con 18 soldados más.
Pero el expediente también cuenta con el pliego de consignas a las que tenía que sujetarse el comandante. Entre ellas:
“2. Este servicio tienen por objeto dar seguridad física a la Subestación Eléctrica San Bartolo, considerando su instalación como base de operaciones y vigilancia, debiendo asegurar la conservación del orden en las inmediaciones de la misma.
“[…] 4. No permitirá la presencia de vendedores ambulantes a inmediaciones de su servicio y mucho menos su acceso al interior de la misma.
“5. A partir de las 21:00 horas y hasta el término de las horas de oscuridad marcará el alto a cualquier persona extraña, vehículo militar o civil que se aproxime al puesto de seguridad.
“[…] 9. En caso de ser atacada la base de operaciones, instruirá al personal que se encuentre apostado se proteja utilizando los accidentes del terreno y parapetos, a fin de no ser blanco redituable a los atacantes, debiendo de tener conocimiento del sector de tiro que le corresponda [sic].
“10. Cuando una persona desconocida se encuentre a inmediaciones del puesto y porte o haga uso de cámaras fotográficas, procederá a averiguar de inmediato su propósito y si procede a su detención momentánea, dando parte a la 37 Zona Militar, Tercer Batallón de Infantería y al jefe de Vigilancia para recibir las indicaciones correspondientes [sic].”



Martín Esparza Flores, secretario general del SME, considera que los expedientes a los que tuvieron acceso prueban que la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue “una decisión autoritaria: es ilegal usar a las Fuerzas Armadas en época de paz y contra un sindicato; además, fueron obligados a disfrazarse de policías; ¿y la normativa nacional e internacional sobre el uso de los uniformes militares?”.
Y es que los efectivos del Ejército ocuparon las instalaciones eléctricas sin que hubiera motín alguno y sin que el sindicato hubiera desacatado una notificación de abandonar sus centros de trabajo.
“Además entraron con lujo de violencia, pues rompieron cristales y a los trabajadores les quitaron sus credenciales. Muchos de ellos fueron prácticamente secuestrados durante días, porque a varios los obligaron a permanecer ahí trabajando de manera forzada”, agrega Esparza Flores.
Lo que considera la ilegal utilización de las instituciones del Estado mexicano contra el SME es la punta de lanza en el expediente que el 24 de mayo pasado se comenzó a integrar en la CIDH.
“Nos recibió personalmente en Washington el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza. Le explicamos. Él conoce perfectamente el caso. Estamos aportando más elementos. Pero uno de los más importantes, tal vez el más contundente, es la falta del debido proceso y el abuso de las Fuerzas Armadas”, señala el líder sindical.


Los elementos de la Sedena no fueron los únicos funcionarios de instituciones de seguridad nacional utilizados contra una organización legal de trabajadores, el SME. También elementos del Cisen fueron infiltrados en las instalaciones y actividades del sindicato. Su misión no sólo era recabar información de la lucha legal y social que desarrollaba la organización gremial, sino provocar hechos de violencia e incidir en las decisiones que tomaban los trabajadores movilizados.
Los electricistas han reunido un expediente de 320 fotografías con los rostros de quienes han identificado como espías y saboteadores. A algunos de ellos los han increpado y han obtenido declaraciones –grabadas en audio o video– donde los policías encubiertos reconocen pertenecer a alguna institución gubernamental. Los trabajadores siempre entregaron a los espías a las corporaciones policiacas de la ciudad y, en un caso, a funcionarios del gobierno federal.
“Yo personalmente le entregué al exsecretario de Gobernación, Francisco Blake Mora [fallecido el 11 de noviembre de 2011, cuando se accidentó el helicóptero en que viajaba] un disco de 250 fotografías de personas involucradas o infiltradas en nuestro movimiento. Y le informamos de aquellos que detectamos y que pusimos a disposición de las autoridades.”
—¿Y las autoridades hicieron las investigaciones correspondientes? ¿Se sancionó a alguien por esos hechos? –se le pregunta a Martín Esparza.
—En ningún momento. Todos los casos que presentamos en Gobernación y en los ministerios públicos nunca caminaron. Siempre nos enfrentamos a funcionarios y jueces de consigna que se alinearon a la política gubernamental de destruir el movimiento.
—¿Los infiltrados lograron incidir en las acciones y las decisiones que tomó el sindicato?
—Muchas veces. En varias protestas en las que hubo violencia, quienes agredían eran ellos. Tenemos fotografías de los hechos. Y hasta enfrentamos las denuncias correspondientes. Detectamos que ellos eran los que rompían cristales de algunas patrullas y vehículos.


Destacan tres casos de elementos del Cisen descubiertos en distintas ocasiones. De ellos, los trabajadores cuentan con copias de las respectivas credenciales de elector que portaban en ese momento y las grabaciones de los diálogos que sostuvieron.
Uno de ellos habría participado en el inicio de la gresca entre policías e integrantes del SME el 11 de abril de 2011. A decir de Martín Esparza, se montó una provocación cuando los trabajadores se encontraban frente a los policías. Por esos hechos sigue preso el trabajador Jorge Ulises Uribe Gaona. No sería el único caso en hechos de violencia en que los supuestos infiltrados incitaban a la violencia.
Otro supuesto integrante del Cisen se encontraba en una de las acciones más emblemáticas de la lucha del SME: la huelga de hambre iniciada a finales de noviembre de 2009. Uno de los huelguistas no era trabajador de Luz y Fuerza. “Era de los que decía que la dirigencia ya había vendido el movimiento y que la única solución se conseguiría por la vía armada; y cuando comenzamos a averiguar más de él y revisamos su mochila, resulta que tenía fotos de los mismos de la huelga de hambre; y sus credenciales eran falsas”, dice Martín Esparza.
Un supuesto agente de inteligencia más habría sido sorprendido en una asamblea celebrada en la sede de Antonio Caso del SME. Este policía fue entregado directamente a las autoridades federales que lo reclamaron.
“No podíamos conocer a todos los compañeros trabajadores y jubilados. Somos miles. Entonces sí tuvimos que tomar determinaciones, como que no podíamos permitir el ingreso a las instalaciones ni que participaran en las marchas si no presentaban su credencial. Es que, además, varios de esos infiltrados estaban apuntados hasta en los grupos de trabajo. Llegaban con sus gorras y sus playeras del SME, pero no eran trabajadores”, explica Esparza.
Para el dirigente obrero el uso de militares y agentes encubiertos contra los movimientos sociales es ilegal. “Se trata de un acto autoritario, porque todos tenemos el derecho a la protesta; pero también es un asunto de malversación de fondos, porque se están derrochando recursos en actividades que están fuera de la ley”.
A decir de la diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, es “ilegal” el uso de las instituciones de seguridad del Estado mexicano contra movimientos sociales abiertos, legales y legítimos. “Simplemente no está dentro de las facultades que señala la ley”.
Contralínea solicitó entrevista con el director de Comunicación Social de la Sedena, general brigadier Martín Terrones Calvario, acerca de la utilización de soldados, disfrazados de policías en la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
 

Infografía:

  

Introducción:
Opacidad y violación a los derechos humanos en nombre de la “seguridad nacional”

Primera parte:
Organismos de seguridad nacional, fuera de control social

Segunda parte:
Instituciones de seguridad nacional, contra la población

Tercera parte: 

Tropas del Ejército y agentes del Cisen contra el SME





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