viernes, 30 de septiembre de 2011

100 mujeres periodistas convocan a exigir el esclarecimiento del asesinato de Marcela Yarce y Rocío González http://bit.ly/oKLtJw prensa
"Estrategia de la tensión” o cómo inició una campaña de terror mundial el 11 de septiembre de 2001 http://bit.ly/omseH1
Costa Rica reactiva el Consejo Nacional de Asuntos Indígenas, que amenaza procesos autonómicos http://bit.ly/nRMJNj

jueves, 29 de septiembre de 2011

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"Estrategia de la tensión” o cómo inició una campaña de terror mundial el 11 de septiembre de 2001 http://bit.ly/omseH1 911
Impunes, paramilitares que emboscaron caravana en región triqui. Pasividad de PGR y PGJ-#Oaxaca http://bit.ly/n7lDHN copala

martes, 27 de septiembre de 2011

Magistrados del DF, cargos vitalicios para abogados sin méritos http://bit.ly/o12wfc
100 mujeres periodistas convocan a mitin en PGJDF para exigir justicia por Marcela y Rocío. Viernes 12pm, en Río de la Loza y Gral G Hdez
#México, sin hospital para quemados. Negligencia del gobierno perjudica a 13 mil víctimas al año http://bit.ly/r8msSR

lunes, 26 de septiembre de 2011

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Un gober de hueva http://bit.ly/n5A54y caricatura veracruz
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Feminicidios, el DF no está exento. 481 casos impunes en gobierno de Ebrard http://bit.ly/oCPSKf mexico
Cuál PRI contenderá en 2012: ¿el de Peña Nieto o el de Beltrones? Cepeda Neri http://bit.ly/nIdS4X
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De cómo México comenzó a parecerse a la Colombia de 1980… y empeoró. Ensayo de Futuro Moncada http://bit.ly/piqA69
El narcotráfico, engendrado por el Estado mexicano en la década de 1980. Ensayo de Santiago Gallur http://bit.ly/mRHZE2

sábado, 24 de septiembre de 2011

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viernes, 23 de septiembre de 2011

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jueves, 22 de septiembre de 2011

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lunes, 19 de septiembre de 2011

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sábado, 17 de septiembre de 2011

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jueves, 15 de septiembre de 2011

OTAN, Al Qaeda y rebeldes libios ya echaron a Gadafi; y lo que viene no es la democracia sino la Sharía http://bit.ly/n8iy5F Libia

miércoles, 14 de septiembre de 2011

AstraZeneca, Danone y @Accor proponen en Francia pagar más impuestos. En #México deja de pagar 100 MDP http://bit.ly/ojX8dZ

martes, 13 de septiembre de 2011

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102 periodistas asesinados o desparecidos en 11 años de panismo http://bit.ly/qwT1sS periodismo journalism mexico
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lunes, 12 de septiembre de 2011

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Por tus daños colaterales http://bit.ly/qiep8w caricatura calderon mexico
Más de 800 jueces y magistrados del DF, acusados de violar las leyes http://bit.ly/o2e4zT mexico
Cómo ganar la “guerra” en #México si no hay comandante, no hay disciplina y no se conoce el terreno… http://bit.ly/oFo4BL
La herencia de Calderón no sólo será la violencia, sino la corrupción y el tráfico de influencias http://bit.ly/pnHlTw mexico
Revueltas #árabes… Qué tan lejos está #México: Cepeda Neri http://bit.ly/qWJhQv
Cómo deshacer este nudo que capitalistas y gobernantes han impuesto al mundo. Sólo con la espada http://bit.ly/ohCMzC economia
Cómo quejarse ante el IMSS por mal servicio: Luis Adrián Quiroz http://bit.ly/pgpxms
La criminalidad se disparó luego de la firma del TLCAN; las matanzas, con el ASPAN: Moctezuma Barragán http://bit.ly/qjCZXf
Parar las violaciones a los derechos humanos será una tarea de todos: Limeddh http://bit.ly/qWuZdL mexico
Aparición http://bit.ly/nWynCP caricatura
Tiempos violentos http://bit.ly/psn9xX caricatura
Sequía http://bit.ly/nkJ0vH caricatura

domingo, 11 de septiembre de 2011

sábado, 10 de septiembre de 2011

Sequía http://bit.ly/nkJ0vH caricatura
Tiempos violentos http://bit.ly/psn9xX caricatura
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Aparición http://bit.ly/nWynCP caricatura
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Invitación a movilización del gremio de los periodistas mañana domingo 11 sep http://bit.ly/nrEipe medios prensa periodismo

viernes, 9 de septiembre de 2011

jueves, 8 de septiembre de 2011

Ortega, con la popularidad para reelegirse en Nicaragua; “ilegitimidad” del consejo electoral, su obstáculo http://bit.ly/omopG0
Mineros chilenos rescatados hace un año, hoy están desempleados, enfermos y en el olvido http://bit.ly/nAOx2v
Campesinos colombianos reconstruyen comunidad destrozada por paramilitares http://bit.ly/ni4j63 colombia
Procuraduría del DF investiga relación de periodistas asesinadas con inmobiliarias http://bit.ly/mTgglB contralinea prensa medios
Demetrio Sodi, antes priista, luego perredista y ahora panista, dice que “ganará” la ciudad de México en 2012 http://bit.ly/okgnxI

miércoles, 7 de septiembre de 2011

Demetrio Sodi, antes priista, luego perredista y ahora panista, dice que “ganará” la ciudad de México en 2012 http://bit.ly/okgnxI
Invitación a conferencia de prensa sobre movilización del gremio de los periodistas http://bit.ly/nrEipe medios prensa periodismo
24 millones cada mes para Fondo de trabajadores del IMSS; dirigente sindical panista estará hasta 2018 http://ow.ly/6nnvD

martes, 6 de septiembre de 2011

24 millones cada mes para Fondo de trabajadores del IMSS; dirigente sindical panista estará hasta 2018 http://ow.ly/6nnvD
Marcha: sociedad y periodistas. Dom 11 de sep 11:00hrs. Del Ángel de la Independencia a la Sec. de Gobernación con manifestación en la PGR
8 campesinos de Atenco, encarcelados sin motivo 4 años, demandan al Estado reparación del daño http://bit.ly/qoloui mexico

lunes, 5 de septiembre de 2011

Ante recesión mundial, el panorama de #México es sombrío. Gobierno aplicará de nuevo medidas que ya fracasaron http://bit.ly/mZ8evf
Diálogo Fuerzas Armadas-Organizaciones No Gubernamentales, más que necesario en el #México de hoy: Sierra http://bit.ly/p4a4KS
Las razones jurídicas y sociales de juzgar a Calderón: Netzaí Sandoval http://bit.ly/nlOYGf mexico
Senador Juan Bueno Torio pretende que periodistas no investiguen su trabajo como servidor público http://bit.ly/qZuOQ5 mexico politica
Desaparición de mujeres y niñas en Chihuahua se dispara desde el Operativo Conjunto ordenado por Calderón http://bit.ly/qOkdFH
Luto en Contralínea http://bit.ly/nRaqJO medios prensa mexico

domingo, 4 de septiembre de 2011

Profunda consternación del Relator de Libertad de Expresión de la ONU ante asesinato de dos periodistas http://bit.ly/p8cSVw Medios prensa

Profunda consternación del Relator de Libertad de Expresión de la ONU ante asesinato de dos periodistas

COMUNICADO DE PRENSA

4 de septiembre de 2011

El Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión manifiesta su más profunda consternación ante el asesinato de Ana María Marcela Yarce Viveros, periodista de la revista Contralínea, y Roció González, periodista independiente, cuyos cuerpos sin vida y atados de los pies fueron encontrados en la ciudad de México el día 1 de septiembre de 2011. Sobre este hecho, al igual que sobre hechos de violencia contra otros periodistas el Relator recomienda a los Estados Unidos Mexicanos que se tomen las medidas necesarias para garantizar una investigación independiente y ágil que permita determinar los hechos y dar con el paradero de los responsables para someterlos a proceso de Ley.

A los familiares de las víctimas de este asesinato, así como, a todos los periodistas de México el Relator expresa su más profundo pésame y la determinación de acompañarlos en estos momentos de dolor y de lucha por la seguridad y la justicia.

El Relator desea además recordar, que en el mes de agosto del 2010 realizo una visita oficial conjunta a México con la Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Catalina Botero, y que durante esta visita se entrevistaron varias veces con periodista de la revista Contralínea por el acoso y hostigamiento legal que han sufrido con el propósito de obligarlos a detener sus investigaciones. Estos hechos se mencionan en el informe de la Visita presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio del presente año. En dicho informe se hace ver que Contralínea ha sufrido una disminución de la publicidad oficial (párrafo 47), ha enfrentado múltiples demandas judiciales arbitrarias como hostigamiento judicial, y cuya solo tramitación podrían llevarla a la quiebra (párrafo 46), su director fue privado de libertad en 2009 y comunicadores de la revista fueron lesionados durante una caravana que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca (párrafo 27).

El Relator desea reiterar que en dicho informe final, al igual que en la conferencia de prensa conjunta al concluir la visita oficial en agosto de 2010 se resaltó el tema de la impunidad en los casos de violencia contra periodistas y comunicadores como una de las causas que genera más violencia.

Estos dos asesinatos se unen al del comunicador social Alberto Millán sucedido la semana pasada en Culiacán, Sinaloa. Con lo que según la CNDH suman ocho los casos de periodistas asesinados en lo que va del año 2011 y 74 desde el año 2000.

United Nations Special Rapporteur Freedom Opinion and Expression
Relator Espe
cial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinion y Expresiòn
www.ohchr.org coreo:freedex@ohchr.org
Phone.: +41 22 9117 9738 (Ginebra) Fax.: +41 22 917 9006
Tel.:
+502 23 680-021 (Guatemal

Diálogo Fuerzas Armadas-Organizaciones No Gubernamentales, más que necesario en el #México de hoy: Sierra http://bit.ly/q5Ncwr

Las Fuerzas Armadas y el diálogo por la paz

Jorge Luis Sierra*

En un esfuerzo hasta hoy infructuoso, grupos de la sociedad civil demandan que los militares participen en una mesa de diálogo para discutir los efectos más graves de la violencia que el gobierno genera en su combate al narcotráfico. Por la respuesta que han recibido y el ambiente tan enrarecido de los últimos meses, se prevé que ese diálogo no ocurrirá en un futuro cercano, al menos no en los términos que demandan los representantes de esos grupos no gubernamentales.

La participación de los militares fue una petición del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el escritor Javier Sicilia, hecha en el contexto del conflicto armado en el que han perecido decenas de miles de mexicanos, entre ellos un número aún desconocido de civiles sin conexión con el narcotráfico. Estos ciudadanos, conocidos en el argot militar como “bajas colaterales” murieron por deambular accidentalmente por una zona de enfrentamiento armado, por atravesar un retén militar o por ser víctimas fatales de la violencia de narcotraficantes que reciben la protección de autoridades locales y federales.

Como parte fundamental de este conflicto interno, las Fuerzas Armadas llevan a cabo la mayor parte de sus operaciones contra el narcotráfico en zonas urbanas o cerca de éstas y se enfrentan, de manera planificada o azarosa, con células de delincuentes fuertemente armados. Las quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas se han multiplicado en más del 300 por ciento en los últimos años, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Esta difícil situación ha sido desfavorable para la participación de las Fuerzas Armadas en la mesa de diálogo de grupos ciudadanos con el gobierno federal, porque abriría la posibilidad de sentar a los militares en el banquillo de los acusados y exponerlos directamente ante los reclamos de una sociedad cada vez más arruinada y abatida por todas las partes del conflicto armado.

El gobierno federal responde con una negativa previsible. Éste explica que la presencia de las Fuerzas Armadas no había sido materia de la negociación de las reglas de la mesa de diálogo y que no habría por el momento ninguna representación directa de las instituciones militares en las pláticas con los representantes de la sociedad civil. La Secretaría de Gobernación será la transmisora de cualquier información proveniente de las Fuerzas Armadas y ésta decidirá más adelante si la consulta con los militares se da de forma interna o externa.

La petición de Sicilia, sin embargo, dista mucho de ser extravagante y es otro más de los esfuerzos infructuosos de un diálogo directo de la sociedad civil con militares. De hecho, existen previas experiencias de diálogo directo entre jefes y mandos militares con líderes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos que respaldan la petición hecha por el Movimiento. No todas ellas, sin embargo, han sido satisfactorias para todas las partes.

Los primeros intentos fallidos de diálogo ocurrieron tras el alzamiento armado en Chiapas en enero de 1994, cuando grupos de derechos humanos internacionales pidieron entrevistas con mandos militares durante su investigación de casos de abuso de la fuerza. La información que entregaron los mandos del Ejército fue contraproducente para la institución militar, pues levantó un escándalo internacional por casos de tortura y ejecución extrajudicial en el ejido Morelia, Altamirano y en el mercado de Ocosingo, Chiapas, que terminaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En una respuesta a la presión internacional, el Ejército abrió sus oficinas en los cuarteles militares para recibir quejas de violación de derechos humanos por parte de los civiles. Sin embargo, esto no disminuyó la animadversión del uso de la fuerza militar en el patrullaje en las comunidades indígenas simpatizantes con los movimientos armados.

La relación con los grupos de la sociedad civil se tensó aún más durante las olas subsecuentes de contrainsurgencia para contener a las comunidades autonomistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a las operaciones armadas del Ejército Popular Revolucionario en Guerrero y Oaxaca. La actividad de movimientos armados y las presiones intergubernamentales para confrontarlas con la fuerza militar atrajo de nuevo la atención internacional. Esa situación llevó, al final del sexenio del presidente Ernesto Zedillo, a las primeras reuniones de grupos de derechos humanos con representantes de la Procuraduría de Justicia Militar, la sección de derechos humanos de la V Agencia adscrita de la Secretaría de Defensa Nacional y de la sección V del Estado Mayor Naval de la Armada de México.

Esas reuniones entre defensores de derechos humanos y representantes militares ocurrieron como parte de la comisión intersecretarial para la atención a compromisos internacionales en materia de derechos humanos y en la víspera de la visita a México de Mary Robinson, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, en octubre de 1999. Paradójicamente, la agenda de las reuniones no incluyó el tema militar. Sin embargo, esos acercamientos tuvieron mucha importancia porque fueron las primeras experiencias de diálogo entre defensores de derechos humanos y miembros de las Fuerzas Armadas.

Los intentos posteriores con militares y activistas en el gobierno del presidente Vicente Fox incluyeron un encuentro académico entre organizaciones de derechos humanos y representantes del Ejército, la Armada, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Policía Federal Preventiva en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con el auspicio del gobierno británico. El seminario tenía como objetivo crear enlaces entre las Fuerzas Armadas y los grupos de derechos humanos.

La energía despertada por la alternancia en el gobierno facilitó las reuniones de las organizaciones no gubernamentales con Rafael Macedo de la Concha, en ese entonces procurador general de Justicia Militar. Ésas fueron las primeras y quizá las últimas reuniones directas entre grupos no gubernamentales y un procurador de justicia militar.

Dichas experiencias suavizaron el clima generalmente hostil entre grupos de derechos humanos y mandos militares, pero la falta de continuidad y de una práctica sistemática de conversación impidieron la formación de enlaces preparados para desarrollar ese vínculo.

Aunque en el fondo puedan compartir el interés común de garantizar la viabilidad nacional, ambas partes parecen estar atrapadas siempre en posiciones antagónicas. Hasta el momento, los militares conservan la noción de que los grupos de derechos humanos suelen ser fachada de bandas criminales o insurgentes, mientras que, por su parte, los grupos de la sociedad civil suelen protestar contra la impunidad de los militares en la violación masiva de los derechos humanos.

La comprensión de que seguridad, democracia y derechos humanos forman un todo inseparable aún no parece estar suficientemente desarrollada ni en el medio castrense ni en el medio no gubernamental.

Bien haría el gobierno en permitir la participación de representantes de las Fuerzas Armadas en sus reuniones con grupos de la sociedad civil. De otra manera nunca habrá oportunidad de desarrollar enlaces y lograr una comprensión mutua más cercana a la objetividad.

*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington

TEXTO PARA TWITTER: Diálogo Fuerzas Armadas-Organizaciones No Gubernamentales, más que necesario en el México de hoy: Sierra]


Falacias de un criminal

Netzaí Sandoval Ballesteros*

El presidente Felipe Calderón ha quintuplicado la violencia y la muerte en México. Los homicidios dolosos vinculados al crimen organizado pasaron de menos de 3 mil en 2007 a más de 15 mil en 2010. Frente a ello, el Ejecutivo continúa negándose a instrumentar un plan para el regreso del Ejército a los cuarteles a pesar de que existen propuestas serias y contundentes en este sentido, como la presentada por la Universidad Nacional Autónoma de México el pasado 8 de agosto.

Calderón reiteró en su encuentro con el escritor Javier Sicilia su explicación sobre el aumento de las ejecuciones: sostiene que las organizaciones criminales dejaron de ver nuestro país como un espacio para el tránsito de drogas y comenzaron a disputarse los mercados locales.

Los datos lo desmienten. El Distrito Federal es la tercera entidad con mayor número de adictos a las drogas y la primera en el número de personas que consumen drogas ilegales sin llegar a la adicción (Encuesta nacional de adicciones 2008). Sin embargo, la capital del país ocupa el lugar decimotercero entre las entidades con más fallecimientos relacionados con el narcotráfico, de acuerdo con la base de datos de fallecimientos del gobierno federal (actualizada a diciembre 2010). El argumento también es insostenible a nivel internacional. El país con el principal mercado de consumidores de droga en el mundo no es el más violento. Estados Unidos asume una política de tolerancia hacia el consumo de drogas, considera la marihuana como medicina y no vive una guerra interna.

Es claro que la violencia no proviene de un crecimiento del consumo o de la lucha por los mercados locales sino del sesgado intento de Calderón por combatir solamente a algunos cárteles de la droga, en beneficio del cártel de Sinaloa. A partir de la segunda mitad del sexenio de Vicente Fox y durante el gobierno de Calderón, sólo 2 por ciento de los detenidos en relación con la narcoguerra pertenecían a éste (“Organised crime in Mexico: outsmarted by Sinaloa”, The Economist, enero de 2010).

Manuel Clouthier, panista de cepa, señala que “el narco no ha sido tocado en Sinaloa”. Y tiene toda la razón. Las acusaciones en contra de servidores públicos por recibir sobornos de algún cártel son ilustradoras. Por pagos provenientes del cártel de Sinaloa sólo suman 19. En contraste, las acusaciones en contra de los Beltrán Leyva duplican las del de Sinaloa; para el cártel de Tijuana, resultan ser el triple; y por los sobornos provenientes del cártel del Golfo y de los Zetas, hay 13 veces más acusaciones (“Mexico seems to favor Sinaloa cartel in drug war”, mayo de 2010, National Public Radio).

Lo que padecemos es en realidad una guerra capitalista por el monopolio del narcotráfico. A largo plazo, el Chapo será una figura prescindible, tal como sucedió con Osama bin Laden. Joaquín Guzmán Loera será traicionado por los gobiernos mexicano y estadunidense, probablemente cuando decidan legalizar las drogas y tomar el control directo del gran negocio monopólico. Pero por ahora es necesario para eliminar la competencia.

Se descalifica a quienes criticamos la estrategia del gobierno al argumentar que no ofrecemos alternativas. ¿Por qué no escuchan cuando insistimos en dotar de autonomía plena a la Procuraduría General de la República?

Urge instituir protocolos de actuación para los cuerpos policiacos, como lo indica la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Atenco. Debemos ampliar la matrícula en la educación superior de forma inminente. Otra propuesta es combatir realmente el lavado de dinero. Y finalmente, exigir que las autoridades cómplices de los criminales sean juzgadas. Por ello hemos impulsado el juicio penal contra de Felipe Calderón y sus mandos militares ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La competencia de la CPI se actualiza, entre otras cosas, porque México carece de un tipo penal que prevenga posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad. La eventual aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional, que legaliza la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, también ratifica la existencia de una política de Estado violatoria de derechos humanos.

La violación y el ultraje de mujeres se han convertido en una estrategia represiva cotidiana por parte del Ejército que es encubierta y fomentada por Calderón. Ello también actualiza la competencia de la CPI.

Los días 2 y 3 de mayo de 2007 en Nocupétaro, Michoacán, soldados violaron y abusaron de cuatro menores de edad; además, atacaron generalizadamente a la población civil –detenciones arbitrarias, tortura, allanamientos– mientras buscaban narcotraficantes (recomendación 38/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). La decisión de no sancionar a los responsables es evidentemente parte de una política de Estado.

Si quedara alguna duda de la responsabilidad directa de Calderón, hay que recordar que en mayo de 2007 firmó y publicó un decreto para crear el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal bajo el mando directo del Ejecutivo. No obstante, en 2007 sus propias cifras reconocieron 2 mil 826 homicidios ligados a la narcoguerra. Las órdenes directas que giró a ese Cuerpo Especial llevaron a la muerte a muchas de esas personas.

Las decisiones del Ejecutivo Federal arrastran al país a un conflicto armado permanente. Cada día la vida de nuestra sociedad se encuentra más lacerada. Sabemos que Calderón es responsable de la muerte de cerca de 50 mil personas y la desaparición forzada de más de 3 mil (Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 2011). Llevémoslo a él y a los capos que protege ante la CPI para que sean juzgados por sus crímenes.

*Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia

[TEXTO PARA TWITTER: Las razones jurídicas y sociales de juzgar a Calderón: Netzaí Sandoval]


El deterioro de las instituciones

Jorge Meléndez Preciado*

Corrupción, impunidad e intereses extralegales impiden que la justicia funcione, de acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional la anterior se realizó en 2003, llevada a cabo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que concluyó en mayo pasado.

Un amplio grupo –encabezado por el director del Instituto, Héctor Felipe Fix Fierro, y la doctora Julia Isabel Flores Dávila– efectuó la muestra. Se entrevistaron a 2 mil 208 personas de todo el país, en cuatro regiones. Y como siempre, hay algunas cuestiones que destacan. Para siete de cada 10 personas las cosas empeoraron, y el 50 por ciento ve con pesimismo 2012, lo cual muestra claramente que no obstante los innumerables anuncios gubernamentales de “vamos bien”, la gente no lo percibe así. Hay un foco rojo muy brillante para el año electoral que se avecina, algo que debe preocupar a Felipe Calderón y al Partido Acción Nacional, especialmente, pero también a los demás partidos.

El 18 por ciento percibe la situación política muy peligrosa. Lo que nos trae a la memoria los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y Juan Francisco Ruiz Massieu. Varios analistas han alertado sobre ello, por lo que no debemos ignorar la advertencia; menos después de escuchar las campañas de lodo que salpican a todos los grillos, las cuales se exacerbarán más en las jornadas posteriores.

Si bien antes los crímenes, el secuestro y el robo eran lo preocupante lacras que han crecido ciento por ciento o más, según un reciente estudio de organizaciones sociales, hoy lo que amenaza es la violencia generalizada y la delincuencia organizada. Y es verdad, los recientes acontecimientos como el allanamiento y robo al escritor Efraín Bartolomé a quien todavía no le regresan los objetos sustraídos, ni se han detenido a los culpables, policías del Estado de México en activo–, y la balacera ocurrida cerca del estadio de futbol de Torreón, Coahuila, muestran que la violencia ha crecido desmesuradamente y no es ya dolor de cabeza de unos cuantos.

Varias pruebas de ello: campos de cultivo abandonados, emigración a Estados Unidos incluso de ricos, unidades habitacionales abandonadas en el Norte del país, aumento de los feminicidios y de trata de personas. En esto y más está metido el narcotráfico.

Y es que la justicia es deficiente, de acuerdo con el 50 por ciento de la muestra. Para el 60 por ciento, alcaldes y gobernadores hacen poco caso a los habitantes, y el 50 por ciento expresa lo mismo de los jueces y magistrados. En tanto, el Ejecutivo no está tan mal evaluado, seguramente por sus intensas giras donde inaugura obras y otorga favores y por su cotidiana propaganda de “todo va bien”.

Además, que los derechos humanos no se respetan, indica el 60 por ciento, lo que debe ser una llamada de atención a las oficinas encargadas del asunto, las cuales muchas veces piensan que por emitir recomendaciones todos quedarán satisfechos.

El 36 por ciento señala que los políticos son quienes más violan las leyes, después de la policía. Es paradójico: quienes elaboran las normas, y hacen campañas intensivas en radio y televisión para decirnos que los reglamentos nos benefician, son reprobados por sus representados. Nuevamente vemos que la propaganda no hace milagros permanentes, cuando más parciales y distractores.

Cabe desatacar que siete de cada 10 están a favor de un Congreso Constituyente y la elaboración de una nueva Carta Magna, lo cual hará sentirse muy orondo a Porfirio Muñoz Ledo, el principal impulsor de esas iniciativas. Y por lógica, el 50 por ciento señala que la Constitución ya no responde a las necesidades actuales. Esto se acentúa en la zona centro del país y entre las clases con mayor escolaridad, lo que debe llamar la atención de los partidos políticos en sus estrategias rumbo a 2012.

Dos cuestiones trascendentes que empatan con lo anterior: el 60 por ciento está por la revocación de mandato cuando haya faltas graves y el 75 por ciento por transparentar la información, incluso en la llamada “guerra” contra el narcotráfico. En este último asunto, las producciones del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y las series televisivas como El equipo y La teniente sirven de poco a los fines de ensalzar a quienes se enfrentan contra los malosos, pero que en ocasiones utilizan la prepotencia con el fin de resolver supuestos problemas y, en el fondo, violan las leyes.

El 80 por ciento de los mexicanos afirma que no tiene protección contra abusos de la autoridad. A pesar de las múltiples instituciones creadas, autónomas o no, ninguna es confiable a ojos de las personas.

No obstante las violaciones al Estado laico y las reiteraciones de que la Iglesia Católica deba estar presente en nuestra vida cotidiana, en los últimos 10 años de panismo, el 60 por ciento está en contra de que los ministros religiosos opinen de política, lo cual es un balde de agua fría al portavoz de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero, al obispo Onésimo Cepeda Silva, y al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, entre otros.

La encuesta señala que seis de cada 10 opinan que no debe existir enseñanza religiosa en las escuelas, lo que traerá dolores de cabeza a los seguidores del padre Marcial Maciel, y a muchos colegios privados que utilizan el credo supuestamente para impartir educación. De las instituciones, resultan mejor evaluadas las universidades públicas y el Ejército. Al fondo: partidos políticos, diputados y policías. Los tres últimos tienen largos años en esa pésima situación y no rectifican, más bien insisten en deteriorar su imagen.

En síntesis, hay un despertar ciudadano, incipiente, que muestra la necesidad de cambios serios, de fondo, en todos los organismos sociales, a riesgo de que haya inconformidades mayúsculas. Pero ya sabemos que los encargados del poder ven llover y no se mojan, algo muy nítido en esta temporada de aguaceros donde muchos sufren y unos cuantos se ríen del tiempo entre charlas de café y copas.

*Periodista

[TEXTO PARA TWITTER: Políticos y policías, quienes más desconfianza despiertan entre la sociedad: Jorge Meléndez]


La responsabilidad del PRI de Peña Nieto

Martín Esparza Flores*

Una sonora bofetada con guante blanco retumbó en las mejillas de los funcionarios que en su momento acusaron al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sin prueba alguna, de sabotear las líneas subterráneas del Centro Histórico, tras las estruendosas explosiones registradas en las mufas, que por la falta de mantenimiento empezaron a volar tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre de 2009.

Los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) dieron la razón al SME, al determinar que lo obsoleto del cableado y los transformadores con más de 60 años de vida útil, y la falta de mantenimiento oportuno, son las causas fundamentales de las fallas que ponen en riesgo la vida de quienes a diario transitan por el corazón de la ciudad de México.

Es decir, que contra las afirmaciones tendenciosas de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la PGR y de la Secretaría de Energía (la exsecretaria Georgina Kessel Martínez fue de las más entusiastas detractoras del SME en este sentido), el detallado estudio pericial determinó que nunca existió sabotaje alguno; incluso, establece la impericia con que los contratistas de la CFE operan el sistema, al determinar con claridad que en años anteriores a la extinción de LFC, los casos de explosiones en las mufas o fallas técnicas en éstas, “eran escasas”.

Y por si alguna duda queda sobre la certeza del dictamen técnico de la PGJDF, sus peritos intercambiaron información con expertos de la propia CFE, de la PGR, de Bomberos y de Protección Civil. Todas estas áreas confirman que los sabotajes sólo están en las mentes perversas de quienes buscan denostar la lucha del SME.

Ante tal evidencia de irresponsabilidad en el manejo del sector eléctrico en la antes zona de influencia de LFC, se hace más urgente la definición política que debe tomar, en el Congreso, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Enrique Peña Nieto. Esta mayoría de legisladores en la Cámara de Diputados, dirigida por Francisco Rojas, puede impulsar, con el decidido apoyo del Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, Convergencia, Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista, la iniciativa de ley que plantea la creación de una nueva empresa que se interconecte con CFE, desde el centro del país, al Sistema Eléctrico Nacional.

Es urgente que el PRI haga valer, de manera responsable, su condición mayoritaria para mejorar el servicio eléctrico en la capital de la república. La explosión de las mufas en el Centro Histórico son sólo una parte de las innumerables fallas que a diario se registran y que afectan no sólo a miles de hogares, sino a pequeñas y medianas industrias y comercios, cuyas pérdidas se convierten en una amenaza de quiebra.

Los foros organizados por los legisladores del PRI también dan la razón al SME en cuanto al inusual y excesivo cobro en los recibos de luz que afectan a miles de usuarios, sobre todo de escasos recursos, no sólo en la zona centro, sino en todo el país. Dar la pauta a la creación de una nueva empresa contribuiría a poner fin al conflicto social originado tras la extinción de LFC que mandó a la calle a 44 mil electricistas, la causa y razón de la lucha de resistencia del SME.

El reclamo generalizado de una población indignada con el pésimo y costoso servicio eléctrico que recibe desde hace casi dos años, es una poderosa razón para que el PRI de Peña Nieto, asuma su responsabilidad de cara a los grandes problemas del país y apoye la iniciativa de ley a discutirse en el próximo periodo de sesiones, para dar paso a una nueva empresa que sustituya a LFC. Millones de mexicanos se lo agradecerán.

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

[TEXTO PARA TWITTER: La responsabilidad del PRI en la solución del conflicto eléctrico: Martín Esparza]


La violencia económica en México

Marcos Chávez M*

La nueva desgracia que se avecina para la mayoría de los mexicanos es que ante la patente desaceleración productiva, cuyo proceso se inició antes de lo reconocido oficialmente, es decir, previamente a la actual convulsión de los mercados financieros internacionales, y cuya extensión y duración podría ser más amplia que la prevista, el gobierno, otra vez, nada tiene que ofrecer (más allá de volver a repetir sus desgastados conjuros de siempre y de proponer la aplicación de la misma receta para tratar de atenuar la violencia del ciclo económico, cuyos resultados fueron inútiles en 2009, si se considera la profundidad del desplome, 6.1 por ciento, y la duración de la recesión, 15 meses, registrada entre el último trimestre de 2008 y el mismo periodo de 2009).

Como sucedió en aquella ocasión, para tratar de despejar la incertidumbre que se cierne sobre el curso de la economía y la consecuente inquietud social, primero se recurre a la construcción de una fantasiosa realidad. De acuerdo con el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, nuestra “situación económica ante la presente incertidumbre financiera mundial nos posiciona (sic) favorablemente para retomar, si actuamos y tomamos las medidas pertinentes, en la senda del crecimiento económico sostenido”.

A diferencia de Estados Unidos –que atraviesa una turbulencia por “gastar más de lo que tiene”– o de la “profunda inestabilidad” que ha generado el escepticismo de que países como Grecia, España y Portugal puedan poner en orden sus cuentas públicas, “México ha trabajado para reducir el impacto desfavorable que tienen los choques externos sobre la economía nacional a través del saneamiento de las finanzas públicas, el refinanciamiento y la reducción del endeudamiento externo de su deuda a largo plazo con tasas más bajas, el orden monetario, la flexibilidad cambiaria, la acumulación de reservas internacionales para defender la moneda y el fortalecimiento del sistema financiero”. Por ello, “México ha salido bien librado”, aunque Cordero agrega, cautelosamente, que “si bien es imposible garantizar que estamos perfectamente blindados, que nunca nos va a volver a pasar nada, nadie puede asegurar eso, sí podemos asegurar que nunca más habrá una crisis… o al menos en este momento no hay condiciones para que se origine una en México como las que se generaron en las décadas de 1980 y 1990”.

Después de su apología a “la favorable conducción económica”, Cordero recurre a la letanía de las cuentas alegres. Para enfrentar cualquier choque externo y garantizar un eventual ajuste ordenado, se dispone de 136 mil millones de dólares por concepto de reservas internacionales y la línea de crédito flexible abierta por el Fondo Monetario Internacional, poco más de 70 mil millones. La fallida “fortaleza financiera” de 2008-2009 ahora aparece revestida como el “blindaje financiero”.

Ante el escenario de incertidumbre y volatilidad internacional, ¿qué medidas preventivas se han adoptado oficialmente? Para “mitigar los efectos adversos”, añade Cordero, se han realizado “reuniones con los diferentes actores económicos y políticos del país: cámaras empresariales, líderes parlamentarios, intermediarios financieros y comisiones reguladoras del sistema financiero mexicano”; a los que se les ha presentado “la estrategia integral de financiamiento para mejorar las condiciones crediticias del sector rural”; “el lanzamiento de programas de impulso al financiamiento de la banca de desarrollo para pequeñas y medianas empresas”; “el anuncio de programas para fortalecer el financiamiento de infraestructura y desarrollo de empresas mexicanas”; y la “presentación de programas de garantías para el refinanciamiento de la deuda pública de estados y municipios”.

Es decir, en sentido práctico, nada. Pese a que a principios de junio de 2011 el banco central señaló que el ritmo del crecimiento empezó a desacelerarse desde finales del primer trimestre del año, y que la crisis financiera y la menor actividad en Estados Unidos lo obligó a reducir su meta de expansión para 2011 (de 4-5 por ciento a 3.8-4.8 por ciento, y 2012, de 3.8-4.8 por ciento a 3.5-4.5 por ciento) así como en la creación de empleos (575 mil-675 mil vacantes este año, 25 mil menos respecto del cálculo hecho en el trimestre anterior, y 570 mil-670 mil para 2012), tales ajustes, empero, son irrelevantes. Subestiman la situación interna y externa, y la capacidad oficial y de la economía para asimilar el desorden mundial.

Las metas del producto interno bruto (PIB) manifiestan una declinación respecto de 2010 (5.4 por ciento) y no un proceso de recuperación del crecimiento sostenido. En nada contribuyen a recuperar el potencial histórico del crecimiento de 1950-1982 (6.1 por ciento). Ni siquiera permiten que el calderonismo iguale la mediocre tasa media de 1983-2006 (2.5 por ciento). Su sexenio promedia 1.8-2.2 por ciento, en el mejor de los casos, por lo que el PIB durante el ciclo neoliberal priísta-panista cayó 2.1-2.3 por ciento, o más. En materia de empleo serían inservibles: sólo generarían la mitad de las 1.3 millones de plazas formales requeridas anualmente.

¿Qué se ofrece oficialmente a los próximos marginados del mercado laboral? Nada, más que reforzar las filas del desempleo, la informalidad, la migración o, lo más grave, de la delincuencia. De todos modos, éstos no tienen nada que envidiar a los que logran ocuparse, debido a la inestabilidad e inseguridad laboral, los bajos salarios, las decrecientes prestaciones recibidas, la falta de servicios de salud y la imposibilidad de jubilarse alguna vez, aunque sea indignamente.

El gobierno panista exagera la supuesta fortaleza de la economía. Hasta el momento las secuelas de las diferentes fases de la crisis sistémica irresuelta iniciada en 2007, el colapso financiero, la depresión (desplome del producto y el consumo, altas tasas de desempleo y de quiebras de empresas), los problemas fiscales y de endeudamiento de los estados, y las nuevos síntomas de la deflación (recesión con baja de precios), se ha concentrado básicamente en los países avanzados. En 2009 la economía del Grupo de los Siete (G7) decreció 3.7 por ciento; la Unión Europea 4.1 por ciento; la de los países subdesarrollados creció 2.7 por ciento; y la de América Latina y el Caribe cayó 1.7 por ciento. En 2010 se reactivaron 2.8 por ciento, 1.8 por ciento, 7.3 por ciento y 6.1 por ciento, en cada caso. El mundo subdesarrollado resintió sus efectos, pero no en la misma intensidad, y su recuperación fue más rápida y con mejores tasas económicas. Unos por la reducción de su dependencia con dicha región y la reorientación de sus exportaciones (minerales, alimentos y otros productos primarios) hacia China. Otros, como Argentina, descansaron en su mercado interno y en una política económica estatal activa (mayores salarios reales, apoyos a las familias, el gasto público, los altos precios de los commodities, el tipo de cambio competitivo, la administración de comercio que sostienen el superávit externo). México, en cambio, en 2009 y 2010 ha tenido uno de las peores tasas de crecimiento de América Latina, similar a los países más humildes de la región.

En lo que va de 2011, la mayoría de los países del mundo resienten una declinación en su expansión, sobre todo desde el segundo trimestre, en consonancia con el nuevo desorden financiero mundial y sus efectos negativos sobre el sector real, así como por la deflación que empieza a resentirse en el G7 y la Unión Europea.

México no es la excepción. Sin embargo, su desaceleración se inició antes de la renovación de la salvaje especulación financiera y contracción del mundo industrializado. A partir del segundo trimestre de 2011, cuando creció 7.6 por ciento, se redujo el ritmo de crecimiento hasta ubicarse en 3.6 por ciento en el segundo trimestre de 2011. Y caerá aún más, en sincronía con la contracción estadunidense, debido a la dependencia estructural y la falta de políticas contracíclicas.

La mayor parte de las actividades productivas, los sectores primario, secundario (la minería, las manufacturas y la construcción) y terciario (el comercio, el transporte, los servicios financieros) ya muestran su desaceleración. Incluso, algunas como la minería o las manufacturas de fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón y la industria química, están en recesión; los servicios educativos, de salud y de asistencia social, estancados; las compras y las ventas al mayoreo y al menudeo se debilitan, al igual que el crédito vigente real de la banca comercial destinado a la vivienda, social y residencial; la construcción, el sector agropecuario, la minería y la industria, pese a la política monetaria que mantiene las tasas de referencias reales en casi cero por ciento y negativas las pagadas a los ahorradores, en detrimento de su patrimonio. Lo mismo sucede con la tasa nominal de crecimiento de las exportaciones totales: en mayo de 2010 ésta fue de 43 y de 27 por ciento. No fue mayor debido a las ventas petroleras. Las no petroleras declinaron de 41 a 18 por ciento. Esas mismas tasas registran las manufacturas. En junio de 2010 las exportaciones de la industria automotriz crecieron 99.5 por ciento; en 2011 aumentaron 27 por ciento.

El gasto público real en inversión presupuestaria que pudo atenuar el ciclo se contrajo 10 por ciento en el primer trimestre de 2011. El consumo de la población nada ha podido hacer a favor de la demanda porque el poder de compra de los salarios reales es lamentable y el alza del desempleo tiene efectos contractivos.

La desaceleración se explica por factores internos. Los externos sólo complican los problemas, pese al “blindaje financiero”. La adversidad mundial se transmite por mecanismos conocidos: el financiero, el comercial y el productivo. El pánico del mercado bursátil (su índice ha caído 9 por ciento en lo que va de 2011), la entrada especulativa de capitales y la incertidumbre afectan el nivel de la moneda (desde el 23 de julio pasado a la fecha se ha depreciado 6 por ciento), lo que afecta las tarifas de las importaciones, presiona a la inflación y desalienta a la inversión productiva. Un alza de los réditos aceleraría la caída económica.

Del lado comercial y productivo se resentirá aún más la dependencia estructural de Estados Unidos. El sector orientado del mercado local está aletargado por el débil poder de compra de la población. El “moderno”, el exportador, depende de la demanda estadunidense. El consumo privado, que representa el 70 por ciento del PIB, declinó de 3.1 por ciento en el último trimestre de 2010 a 1.6 por ciento en el segundo de 2011, afectado por el desempleo, la caída de los salarios reales y los altos niveles de endeudamiento, entre otros factores. La inversión productiva declinó de 7.4 a 4.2 por ciento. El gasto público en consumo e inversión que había crecido 0.1 por ciento decreció en 2.2 por ciento. El ritmo de crecimiento anual se desaceleró de 3.5 por ciento en el tercer trimestre de 2010 a 1.6 por ciento en el segundo de 2011.

La política monetaria y fiscal contracíclica impuesta por el gobierno estadunidense se agotó sin que se superara la crisis iniciada en 2007 y se consolidara la reactivación. Ahora ésta última declina y se impondrá un ajuste fiscal procíclico en lo que resta del mandato de Barack Obama, lo que debilitará aún más a la economía en lo que resta de este año.

Lo anterior será mortal para la economía mexicana que coloca el 80 por ciento de sus exportaciones en aquel mercado. En junio de 2010 las ventas anualizadas a ese país aumentaron en 44 por ciento; en junio de 2011 apenas crecieron 22 por ciento. Desde el punto de vista de las estadísticas estadunidenses, entre junio de 2009 y junio de 2010 su importación total de bienes mexicanos se expandió en 39 por ciento; en junio de 2011 por 16 por ciento. Las compras de equipo y transporte bajaron de 87 a 16 por ciento; las de equipos electrónicos y de cómputo de 29 a 1 por ciento; Las petroleras de 46 a 38 por ciento; las de equipo eléctrico de 24 a 12 por ciento. Todas representan el 64 por ciento de las importaciones. A medida que decline su demanda afectará más a la producción mexicana.

A nadie debe sorprender que a finales de 2011 la economía estadunidense inicie una segunda recesión que se desarrollaría hacia 2012. Lo más preocupante es que ese país se hunda en una depresión similar a la japonesa, que duró de 1992 a 2002. Cualquiera de los dos escenarios serían desastrosos para México, cuyo gobierno neoliberal priísta-panista no sólo no hizo nada para reducir la dependencia estructural, sino que, por el contrario, la agravaron desde la firma del Tratado de Libre Comercio. Le vendieron el alma al diablo y nos arrastran hacia su averno. Nuestro futuro inmediato es sombrío: recesión y más estancamiento económico, mayor descomposición social e inestabilidad política que podrían ser saludables porque pueden forzar a un cambio postneoliberal, aunque muy costoso también.

*Economista

[TEXTO PARA TWITTER: Ante recesión mundial, el panorama de México es sombrío. Gobierno aplicará de nuevo medidas que ya fracasaron]